La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo que el nombramiento del teniente general Carlos Presti al frente de Defensa es un “gesto deliberado” para confrontar con los organismos de derechos humanos y quebrar consensos básicos de la democracia.

Estela de Carlotto volvió a marcar distancia del rumbo oficial y calificó como una “provocación innecesaria” la decisión del Gobierno de colocar al teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa. La histórica referente advirtió que el gesto “rompe reglas de convivencia democrática que costó demasiado construir”.

En declaraciones radiales, Carlotto sostuvo que el nombramiento de un militar en actividad “desconoce reclamos de décadas” y “revive sombras del pasado que la Argentina ya pagó con dolor”. “Es una falta de respeto. No sólo no corresponde, sino que además es peligroso. No podemos naturalizar que se alteren principios básicos porque al Presidente se le ocurre experimentar con instituciones”, señaló.

La dirigente afirmó que el Gobierno “está jugando con fuego” y que sus decisiones “mortifican a un país que ya bastante tiene con la crisis diaria”. Consideró que el Poder Ejecutivo “debería estar trabajando para calmar los ánimos, no para tensar la cuerda con medidas que hieren la memoria colectiva”.

“Las políticas de Estado son responsabilidad de los civiles. La democracia se sostiene respetando esa premisa, no forzándola para justificar aventuras ideológicas”, agregó.

El Gobierno defendió la designación al destacar la “trayectoria impecable” de Presti y reivindicar el regreso de militares a la conducción del área. Sin embargo, las palabras oficiales solo profundizaron el malestar entre organismos de derechos humanos, que ven en el movimiento un intento por “reescribir el pasado” y desmantelar acuerdos construidos desde 1983.

Para Carlotto, el problema excede nombres propios: “No podemos vivir pendientes de qué ocurrencia tendrá hoy el Presidente. La Argentina merece estabilidad y respeto por su historia. Esto va en sentido contrario”.

Con el decreto ya en vigencia, la tensión vuelve a instalarse en un terreno especialmente sensible para la sociedad argentina, que observa cómo decisiones del oficialismo reabren debates que parecían saldados desde hace cuatro décadas.

“China es más complementaria que Estados Unidos para Argentina, China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos, Estados Unidos todo eso se lo produce”, dijo el ex presidente Mauricio Macri en una entrevista con Seúl. Volvió a tomar distancia de Javier Milei pero esta vez en un tema muy delicado, porque el gobierno depende exclusivamente del apoyo financiero norteamericano.

“Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”, castigó Macri, que también supo cultivar un excelente vínculo con EEUU durante su presidencia. Eso le permitió acceder a un financiamiento multimillonario. Sin embargo, marcó diferencias con la política de Milei.

“Yo logré, a pesar de la presión de Obama y de Trump, que fue tremenda; Obama con sus buenas maneras y Donald a lo Donald, decir ‘no, somos mejores amigos pero yo a mi relación con China la mantengo'”, dijo.

La empresa Essen despidieron al 10 por ciento de su personal en los últimos días, por el efecto de la incorporación de productos importados para diversos eslabones de su producción. Milei lo hizo: la emblemática empresa argentina empieza a importar después de 40 años.

Según la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la firma echó a 30 de sus 300 empleados: 20 eran trabajadores efectivos y 10 figuraban como contratados.

El diario BAE publicó el viernes pasado que Essen es “la fábrica de piezas de aluminio fundido con esmalte vitrocerámico más grande del mundo” y que, “desde hace 45 años, fabricaron más de 30 millones de ollas y sartenes”.

Una vez más, desde Washington salieron a sacarle las papas del fuego al Gobierno de Javier Milei. A mediados de octubre, Estados Unidos decidió intervenir directamente para evitar que Argentina incumpliera con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Departamento del Tesoro giró al país el equivalente a 872 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs), una inyección decisiva para que el Gobierno pudiera afrontar el pago inminente que vencía a principios de noviembre.

La operación, registrada tanto en la web del FMI como en la del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) estadounidense, confirmó el movimiento: las tenencias de DEGs de Argentina aumentaron en 640,8 millones, mientras que las reservas de Estados Unidos cayeron exactamente en el mismo monto, prueba de que el Tesoro norteamericano vendió estos activos especiales al Gobierno argentino.
Se trató de otro gesto de respaldo político y financiero de alto nivel por parte de la administración de Donald Trump hacia la frágil gestión de Javier Milei.

Los DEGs —un activo de reserva internacional compuesto por una canasta de cinco monedas: dólar, euro, renminbi, yen y libra— fueron apenas una pieza de una jugada más amplia. Días antes, Washington había coordinado una intervención cambiaria de 1.900 millones de dólares para frenar la presión sobre el dólar en plena recta final previa a las elecciones legislativas argentinas. Dicha movida fue dirigida por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Como parte de ese esquema, quedó confirmada también la activación de una línea de swap entre el Tesoro de Estados Unidos y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), algo que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ya había adelantado en octubre. El mecanismo replica el modelo aplicado con Qatar en 2023, donde la transferencia de DEGs funciona como puente financiero para sostener pagos urgentes.

Estados Unidos ganó 70 millones de dólares —y el BCRA sumó más deuda en moneda extranjera

El salvataje no fue gratuito para Argentina. Según la consultora 1816, el Tesoro estadounidense obtuvo cerca de 70 millones de dólares de ganancia entre intereses y rendimientos. Bessent defendió la operación asegurando que el “puente económico argentino genera ganancias para el pueblo estadounidense”.

En octubre, Estados Unidos había comprado pesos argentinos por unos 2.000 millones de dólares para contener la corrida cambiaria. Esos pesos fueron colocados en Letras del BCRA hasta fin de mes. Una vez concluida la maniobra, Washington desarmó su exposición en moneda local y activó el swap.

El resultado fue contundente:
“El BCRA pasó de deberle pesos a Estados Unidos a deberle dólares”, sintetizó la consultora. Esa conversión implicó sumar un nuevo pasivo en moneda extranjera por 2.500 millones de dólares.

Este movimiento golpeó duramente las cuentas del Banco Central. Las estimaciones indican que las reservas netas cayeron en 3.500 millones de dólares respecto del balance previo, dejando al país aún más lejos de los objetivos acordados con el FMI para fines de 2025.

La propia gerencia de Legales realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) tras recibir dos denuncias internas por presuntos pagos indebidos, formuladas el 19 y 20 de agosto pasado por técnicos de la planta ubicada en Córdoba.

Un nuevo escándalo de corrupción comienza a tomar forma en FAdeA, la empresa estatal bajo la órbita del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri. La propia gerencia de Legales realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) tras recibir dos denuncias internas por presuntos pagos indebidos, formuladas el 19 y 20 de agosto pasado por técnicos de la planta ubicada en Córdoba. A ello se suma una filmación que muestra a una secretaria retirando dólares en efectivo, lo que encendió todas las alarmas y motivó la apertura de actuaciones oficiales.

FAdeA, heredera de la histórica Fábrica Militar de Aviones, es responsable del diseño y mantenimiento de aeronaves y del desarrollo de tecnología aeroespacial. Por esta razón, el caso golpea de lleno al ministro Petri, cuyo ministerio ya estaba bajo fuerte sospecha por la venta irregular de terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

Acuerdos irregulares y una filmación comprometedora

Según reveló meses atrás el portal Primereando, el actual presidente de FAdeA, Julio Manco —quien asumió en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla— habría impulsado acuerdos dudosos para el mantenimiento de aeronaves con las firmas Hangar Uno y Alta Aviación.

En ese contexto, trascendió la existencia de un video en el que una empleada vinculada al gerente comercial Pablo Salort aparece retirando 10.000 dólares en efectivo, luego de haber solicitado 30.000. La situación se habría originado tras contratos inflados y presuntos retornos relacionados con la contratación de servicios de mantenimiento.

De hecho, Manco habría intentado despedir a los empleados que presentaron las denuncias internas, lo que reforzó aún más las sospechas sobre la operatoria.

Contratos modificados y beneficios extraordinarios para una empresa privada

La gestión anterior había firmado un contrato con Alta Aviación que incluía el arrendamiento de un hangar por 10.000 dólares mensuales y horas técnicas a 45 dólares. Pero ese acuerdo no llegó a formalizarse debido a la renuncia de Sibilla.

Ya en funciones, Manco renegoció condiciones sorprendentemente más favorables para la empresa privada: redujo en un 80% el costo mensual del hangar, bajó la tarifa técnica a 25 dólares e incorporó seis meses de gracia. Esta mejora sustancial encendió aún más las sospechas de corrupción.

El contrato fue firmado únicamente por Manco y no pasó por el directorio de FAdeA, integrado por Emilio Magnaghi y el brigadier Francisco Leguiza.

El pedido de dólares y la reacción interna

El episodio del retiro de dólares se produjo cuando la secretaria de Salort se presentó en las oficinas de Alta Aviación para solicitar un adelanto en efectivo. Ante la sorpresa del personal de la empresa, se realizó una llamada a FAdeA para verificar la operatoria. Allí confirmaron que la empleada pertenecía al entorno de Salort, pero desconocían cualquier instrucción oficial que justificara ese pedido.

Personal de Ventas y Compras de FAdeA, incluido Juan Ronco, formalizó las denuncias ante la gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance, Julia Enríquez. Poco después de conocida la grabación, el gerente comercial Pablo Salort presentó su renuncia, que fue inmediatamente aceptada.

La OA abre una investigación preliminar

Tras recibir las denuncias, Enríquez abrió dos expedientes internos —Caso 1/2025 y Caso 2/2025—, tomó medidas de resguardo probatorio y remitió la documentación a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa, a cargo de Martín Camps. Además, notificó a la OA, tal como exige la normativa vigente.

Según publicó Ámbito Financiero, la OA confirmó el 14 de noviembre que ya existe una investigación preliminar en curso (registro SISA Nº 23.563), iniciada por una denuncia ingresada el 23 de septiembre de 2025. Mientras dure el proceso, la causa se mantendrá bajo estricta reserva.

Un ex macrista: El ascenso de Julio Manco

Manco inició su carrera en el Grupo HSBC en 2005 y llegó a la Secretaría de Directorio del banco. En 2016 fue convocado por el gobierno de Mauricio Macri para desempeñarse en la Presidencia de la Nación y más tarde estuvo a cargo de la flota aérea presidencial.

Tras su salida en 2019, regresó al Estado en 2024 de la mano de Javier Milei. Luego de la renuncia de Sibilla, se conformó un nuevo directorio en FAdeA con Manco al frente.

En lugar del megacrédito inicial previsto, las entidades financieras evalúan ahora una asistencia mucho más moderada y de corto plazo.

Según reveló The Wall Street Journal (WSJ), el ambicioso paquete de rescate por US$20.000 millones que bancos estadounidenses —entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup— habían contemplado para apuntalar al gobierno de Javier Milei quedó suspendido. En lugar de ese megacrédito, las entidades evalúan ahora una asistencia mucho más acotada y de corto plazo.

El WSJ detalló que el plan original combinaba un swap cambiario de US$20.000 millones entre el Tesoro de EE.UU. y Argentina con una línea de financiamiento privada por un monto equivalente. El esquema surgió cuando la administración Milei “parecía estar bajo presión”, pero —de acuerdo con el diario— ese contexto cambió después de las elecciones legislativas de octubre.

No obstante, la pata privada del paquete nunca llegó a avanzar. Según el WSJ, los bancos aguardaban una definición del Tesoro sobre qué garantías o colaterales podrían utilizar para cubrirse ante un eventual incumplimiento argentino. “El préstamo del sector privado no despegó porque los bancos esperaban instrucciones sobre qué colaterales podían usar para cubrirse de pérdidas”, afirmó el periódico. Esa respuesta no llegó y el interés por el salvataje de gran escala se fue diluyendo.

Ante el freno del megacrédito, las discusiones se habrían desplazado hacia una alternativa más limitada: un préstamo puente de alrededor de US$5.000 millones mediante una operación de recompra (repo). Bajo este esquema, Argentina entregaría una cartera de inversiones a cambio de dólares para cubrir un vencimiento de deuda de unos US$4.000 millones en enero. La idea sería devolver el préstamo en pocos meses, mediante la emisión de nueva deuda en los mercados.

El WSJ advierte, sin embargo, que este mecanismo también conlleva riesgos: los bancos quedarían expuestos si el mercado se deteriora y Argentina no logra colocar bonos para repagar la operación. Las conversaciones, según el diario, siguen en una etapa inicial y podrían modificarse o incluso desactivarse.

Mientras tanto, el Tesoro de EE.UU. mantiene su respaldo político y financiero a la administración Milei. Aunque no se conoce cuánta parte del swap de US$20.000 millones ya fue utilizada, datos del Banco Central muestran un aumento de US$2.500 millones en los swaps de corto plazo entre septiembre y octubre. Además, EE.UU. transfirió unos US$900 millones en DEG, el activo de reserva del FMI.

Un portavoz del Tesoro aseguró que “Estados Unidos mantiene su confianza en el presidente Milei y en el ministro Caputo”, resaltando su compromiso con los principios económicos que guían la cooperación bilateral. El secretario del Tesoro incluso afirmó recientemente que “el puente económico argentino ya generó ganancias para el pueblo estadounidense”.

Pese a ello, el operativo despertó críticas por la falta de transparencia. Brad Setser, exsubsecretario del Tesoro durante la administración Obama, remarcó que “básicamente no hay información sobre cómo se está usando ese dinero”, algo inusual tratándose de recursos provenientes de los contribuyentes.

La redefinición del paquete —señala el WSJ— muestra que el apoyo financiero a Argentina continúa, aunque con un alcance más limitado y bajo criterios más cautelosos que los imaginados inicialmente.

La Justicia Federal hizo lugar al amparo colectivo y declaró que la ANDIS actuó “ilegalmente” y ordenó reestablecer de forma definitiva todas las pensiones que fueron revocadas por el Gobierno. 

El juzgado federal 2 de Catamarca falló este jueves sobre la cuestión de fondo de la denuncia colectiva contra las pensiones no contributivas por “invalidez laboral” que fueron suspendidas por el Gobierno. El mismo juzgado ya había fallado también en primera instancia sobre el mismo tema y había ordenado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir todas las pensiones. En el fallo de este jueves, la Justicia Federal hizo lugar al amparo colectivo y declaró que la ANDIS actuó “ilegalmente” y ordenó reestablecer de forma definitiva todas las pensiones que fueron revocadas. 

“Hacer extensivo a todo el territorio nacional la medida cautelar dictada el 12 de setiembre de 2025 y en consecuencia ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro horas (24h)… restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas…, pague el importe de los haberes de pensión retenidos…; y… se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada… y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral; II) Conferir la representación adecuada del frente actor… a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores y a la Asociación Azul; […]”, argumenta el fallo del juzgado federal 2 de Catamarca. La Justicia estableció 24 horas de plazo. 

En el Gobierno están confiados: creen que Karina Milei no será involucrada por la Justicia en el caso Spagnuolo

Si bien es un tema que genera rispideces y malhumor y el Gobierno prefiere silenciarlo, en Casa Rosada están confiados y creen que Karina Milei no será involucrada por la Justicia en el caso Spagnuolo. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se negó a declarar este miércoles y no respondió las preguntas del fiscal Franco Picardi. Dijo que es inocente y negó los hechos que se le imputan. Ahora, en Casa Rosada quieren que “hable” la Justicia.

“Vamos a dejar actuar al Poder Judicial. Que se investigue qué pasó”, afirmó a El Destape en estricto off una fuente inobjetable del primer anillo de confianza de Karina Milei. “Al final van a a ver que ni ella ni los Menem tienen nada que ver”, dijo este dirigente de LLA a este portal. Y ratificó: “No estamos preocupados, no va a pasar nada”. 

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa.

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, un predio perteneciente a la Armada Argentina.

La presentación —registrada el 10 de noviembre bajo el código KLGZ-246— detalla presuntas irregularidades, vicios en el procedimiento y omisiones de deberes de funcionario público, y coloca bajo la lupa una operación realizada en el marco del Decreto 950/2024, mediante el cual el Gobierno habilitó la venta de más de 400 propiedades estatales bajo el argumento de “innecesariedad”.

El inmueble, considerado la principal herramienta del país para la protección de objetivos digitales estratégicos, fue vendido por 34 millones de dólares al fideicomiso Madero 6. Según la denuncia, la enajenación se concretó sin un plan de transición adecuado, sin previsión presupuestaria y sin evaluar las consecuencias estratégicas que podría generar un ciberataque durante el traslado, lo que comprometería directamente la responsabilidad de las máximas autoridades de Seguridad y Defensa.

Una cadena de responsabilidades que apunta al corazón del Ministerio de Defensa

La denuncia señala en primer lugar al general de brigada Luis Guimpel, comandante Conjunto de Ciberdefensa, como responsable directo de la infraestructura, los activos críticos y la seguridad del organismo. Se le reprocha no haber elevado objeciones ante el Estado Mayor Conjunto (EMCO) ni ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pese al riesgo de vender el predio sin una sede alternativa ni presupuesto asignado.

También es mencionado el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, autoridad máxima de la estructura de la cual depende el Comando de Ciberdefensa. La denuncia sostiene que Isaac debió evaluar y objetar la desafectación de un activo estratégico sin contar con un plan de contingencia ni con una nueva instalación que cumpla requisitos de seguridad.

A ello se suma el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay, cuyo rol en la planificación y supervisión de la política de infraestructura militar es puesto bajo sospecha. El texto pide investigar si Rozas Garay participó en la decisión de catalogar el inmueble como “innecesario” y si articuló adecuadamente con el EMCO y la AABE para evitar riesgos a la seguridad nacional.

La denuncia subraya, además, que la venta del edificio dejó al país en una situación de vulnerabilidad estratégica ante posibles ciberataques, dado que la nueva sede —un edificio en la calle Junín, perteneciente a la Fuerza Aérea— aún no cuenta con garantías plenas en materia de seguridad digital y física.

La expresidenta aseguró que todas las visitas están autorizadas por la Justicia y apuntó contra el Gobierno y los medios por la controversia.

Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro de la escena política este miércoles luego de que se viralizara una fotografía tomada en San José 1111, la casa donde cumple prisión domiciliaria, en la que aparece reunida con un grupo de nueve economistas jóvenes. La difusión de esa imagen generó un fuerte revuelo público y abrió interrogantes alrededor de los términos de su régimen de visitas. Frente a ese escenario, la expresidenta decidió responder directamente desde sus redes sociales.

En un extenso mensaje publicado en X, la líder del PJ cuestionó la controversia generada y afirmó que el encuentro se realizó dentro de los parámetros establecidos por la Justicia. “El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”, escribió.

Acto seguido, lanzó la pregunta que encabezó el eje de su defensa: “¿Cuál es el problema?”. Según explicó, todos los participantes ingresaron a su domicilio con autorización judicial. “No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal”, remarcó, desmintiendo versiones que insinuaban un incumplimiento del régimen impuesto.

No es la foto… es la Economía estúpido.

El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un… pic.twitter.com/taPtEeJAjU

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 19, 2025

Cristina también apuntó contra los cuestionamientos que la señalaban por supuestamente “hacer política” dentro de su domicilio. Aseguró que la indignación mediática no tenía que ver con la cantidad de personas presentes, ni con la naturaleza del encuentro: “La verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el ‘número de personas’, ni que estaba ‘haciendo política’. Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

La expresidenta recordó además que en semanas anteriores mantuvo reuniones similares y que en todos los casos difundió públicamente las imágenes sin ocultamientos. Para ella, la reacción actual se debe exclusivamente al contenido del encuentro, enmarcado en un debate económico que, según planteó, contrasta con las políticas impulsadas por la administración nacional.

Mientras el oficialismo evita pronunciarse formalmente sobre el episodio, el posteo volvió a activar la polarización política y alimentó el debate sobre los límites -legales y simbólicos- del ejercicio político desde una prisión domiciliaria. Cristina Kirchner, por su parte, eligió una estrategia clara: no solo justificar la reunión, sino convertirla en un nuevo capítulo de confrontación con el Gobierno y los medios que critica.

“Es como tu primer préstamo: tus padres firmaron para ello, nosotros básicamente firmamos juntos y estamos recibiendo una gran tarifa”, afirmó el funcionario de Donald Trump.

“Somos como sus padres” “Es como tu primer préstamo: tus padres firmaron para ello, nosotros básicamente firmamos juntos y estamos recibiendo una gran tarifa“. La frase que Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, lanzó en una entrevista con Fox Business dejó algo más que una metáfora paternalista: dejó expuesta la mirada desde Washington hacia la Argentina de Javier Milei. En medio de las críticas internas en Estados Unidos por el nuevo acuerdo financiero con Buenos Aires, Bessent defendió la decisión del gobierno de Donald Trump apelando a una imagen que resume la relación: una Argentina tratada como un adolescente mantenido, incapaz de sostenerse sin la asistencia permanente de su “figura parental” norteamericana.

La declaración llegó tras las controversias generadas por el reciente acuerdo comercial y el swap activado para rescatar al gobierno argentino. Democratas y opositores en Washington cuestionaron por qué Estados Unidos debería involucrarse en el rescate de un país que, según ellos, muestra abierta animosidad hacia parte del sistema político norteamericano. La respuesta de Bessent fue tajante: hay una lógica geopolítica que pesa más que cualquier disputa doméstica.

El funcionario explicó que el préstamo proviene del Fondo de Estabilización de Intercambio y aclaró que “nunca ha perdido dinero”. Insistió en que la asistencia no solo es segura, sino conveniente para los intereses estadounidenses: “Obtuvimos ganancias con ello”, afirmó, generando sorpresa en Argentina.

Bessent detalló que Estados Unidos utilizó su propia hoja de balance “para estabilizar a la Argentina”, subrayando una vez más el rol de tutor que se arroga Washington. El mensaje político quedó todavía más claro cuando, tras la oficialización del swap con el Banco Central y la frase de Trump asegurando que Argentina “se está muriendo”, el secretario del Tesoro afirmó que el objetivo es evitar “otro Estado fallido en América Latina”.

En esa lógica, Estados Unidos aparece como el adulto responsable que interviene para evitar el colapso de un país que, en su lectura, lleva décadas de malas decisiones. De hecho, Bessent no dudó en culpar al peronismo por ese deterioro: “Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive derivadas del izquierdismo radical del peronismo son cruciales”.

Según Bessent, el nuevo acuerdo de estabilización no es un rescate sino “un puente hacia un futuro económico mejor para la Argentina”. Pero su metáfora inicial deja ver otra cosa: para Washington, Milei gobierna un país aún dependiente, inmaduro, que necesita supervisión constante. Y Estados Unidos, en ese relato, sigue siendo el padre que lo sostiene para que no se hunda.