La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó con dureza los datos publicados por el Indec sobre pobreza e indigencia en el primer semestre de 2025. Mientras el organismo oficial informó que el índice bajó al 31,6% y el Gobierno celebró que 12 millones de personas salieron de esa condición, el gremio estatal aseguró que la realidad es “el doble” y que más del 62% de la población vive en la pobreza.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, acusó al Ejecutivo de “utilizar electoralmente al Indec y sus publicaciones”. En ese sentido, señaló que existe “una interpretación maliciosa” de los números y que se omitió deliberadamente el salto de 12 puntos de pobreza registrado tras la devaluación de diciembre de 2023. “Ese pico es responsabilidad de este Gobierno, fruto de la devaluación que aplicaron y la consecuente aceleración de la inflación”, sostuvo.

Aguiar también cuestionó la supuesta mejora del mercado laboral. “El presidente pretende confundirnos y ocultar indicadores negativos: la desocupación crece, los pocos empleos creados son precarios y la pérdida del poder adquisitivo es significativa. Esta supuesta mejoría no se traduce en una mejora general del trabajo ni de los ingresos”, advirtió.

Desde el sindicato remarcaron además que la medición oficial presenta limitaciones metodológicas: solo contempla a 31 centros urbanos (29 millones de personas) y se apoya en ingresos declarados, sin contrastar con los ingresos reales. “En la estructura de consumo que mide el Gobierno no se contempla el peso real de servicios, transporte y alquileres, que en algunos casos absorben hasta el 64% de los salarios”, precisó Aguiar.

En base a un informe elaborado por delegados de ATE en el Indec, el dirigente concluyó que la pobreza real supera el 62% de la población: “Si actualizamos el mecanismo de medición y sumamos a quienes sobreviven apenas por encima de la línea de pobreza, es evidente que el drama social continúa y se agrava día a día”.

La medida, que el Gobierno había anunciado hasta el 31 de octubre, duró apenas tres días y terminó concentrando sus beneficios en las principales compañías exportadoras, dejando afuera a la mayoría de los productores.

La publicación del listado definitivo de las empresas que se beneficiaron con el esquema de retenciones cero encendió la bronca en buena parte del agro. La medida, que el Gobierno había anunciado hasta el 31 de octubre, duró apenas tres días y terminó concentrando sus beneficios en las principales compañías exportadoras, dejando afuera a la mayoría de los productores.

El Ejecutivo informó este miércoles por la noche que el cupo de U$S 7.000 millones en liquidación de granos fue alcanzado en menos de 72 horas, lo que precipitó el final del régimen. Desde entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA) reclamaron que la ventaja se extienda y pidieron que el beneficio se traduzca en mejores precios para el mercado local.

Quiénes fueron las grandes ganadoras

Según el agrónomo y ex funcionario de Agricultura Javier Preciado Patiño, las empresas que más se favorecieron al registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) fueron las mismas que habitualmente concentran el negocio exportador. El ranking, que totalizó 19,5 millones de toneladas entre granos y subproductos, quedó así:

• Louis Dreyfus Company (LDC): 3,546 millones de toneladas
• Cargill: 3,500 millones
• Bunge: 2,675 millones
• AGD: 2,506 millones
• Cofco: 1,868 millones
• Molinos Agro: 1,459 millones
• Viterra: 1,439 millones
• ADM: 678.000 toneladas
• CHS: 479.000 toneladas
• ACA: 373.000 toneladas
• Amaggi: 364.000 toneladas
• Otros: 700.000 toneladas

En solo tres días, los gigantes exportadores aprovecharon un beneficio que para muchos productores quedó en la nada.

Repercusiones y tensiones

La rapidez del esquema generó una avalancha internacional: China habría reservado unos 20 buques en apenas dos días, mientras que India concretó una compra récord de 300.000 toneladas de aceite de soja.

Ante las críticas del agro, desde las exportadoras salieron a defenderse. Juan García Fuentes, de LDC, sostuvo: “No podemos ser los malos de la película. Es irrisorio pensar que productores e industria están en veredas opuestas. Estamos todos en el mismo barco”.

En la misma línea, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, subrayó: “Conseguir U$S 7.000 millones en tan pocos días implicó un enorme esfuerzo financiero. Todas las operaciones se hicieron bajo la Ley vigente y el decreto presidencial”.

La mirada desde afuera

El impacto de las fugaces retenciones cero también se sintió en el exterior. Los sojeros estadounidenses expresaron en un tuit su molestia ante la baja temporal de impuestos en Argentina, que compite directamente con ellos en el mercado chino. En ese marco, analistas en EE.UU. advierten que su país no permitirá que la Argentina reduzca de manera permanente las retenciones al campo.

ASA Responds to Argentina Soybean Actions: U.S. #farmers cannot wait and hope any longer. ASA is calling on President Trump and his negotiating team to prioritize securing an immediate deal on #soybeans with China. https://t.co/ugr9H7vE08 #AgPolicy #AgEcon #Tariffs pic.twitter.com/6sOEaVHrv0

— American Soybean Association (@ASA_Soybeans) September 24, 2025

Distintas consultoras privadas advierten sobre canastas desactualizadas: el Indec sigue usando la estructura de consumo de 2004/05, sin adecuarla a los datos de la ENGHo 2017/18. Esta desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar los gastos reales de los hogares.

La Universidad Católica Argentina (UCA) salió rápidamente a cuestionar los números oficiales sobre pobreza e indigencia publicados por el Indec para el primer semestre de 2025. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), los datos oficiales exageran la magnitud del alivio social y presentan un panorama demasiado optimista en relación con la realidad que viven los hogares argentinos.

El Indec informó que la pobreza cayó a niveles cercanos al 30%, lo que implicaría una reducción drástica respecto del 52,9% de un año atrás. Sin embargo, la UCA sostuvo que esa caída, si bien es real, está “sobrerrepresentada” y se explica más por cambios metodológicos y por el atraso en la actualización de las canastas de referencia que por una mejora estructural en las condiciones de vida.

“Sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social”, enfatizó el Observatorio que dirige Agustín Salvia.

Las principales críticas de la UCA al Indec

• Problemas de medición en contextos de alta volatilidad: cuando los precios suben o bajan bruscamente, medir pobreza solo por ingresos se vuelve menos preciso.
• Cambios metodológicos en la Encuesta Permanente de Hogares: las nuevas formas de captación de ingresos registran más entradas laborales y no laborales, lo que genera avances positivos, pero rompe la comparabilidad con series previas.
• Canastas desactualizadas: el Indec sigue usando la estructura de consumo de 2004/05, sin adecuarla a los datos de la ENGHo 2017/18. Esta desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar los gastos reales de los hogares.
• Impacto de tarifas y precios regulados: la recomposición de 2024 dejó al descubierto que las canastas oficiales no captan con precisión la presión del costo de vida actual.

El ODSA-UCA recomendó que el Indec actualice de manera urgente las canastas de referencia, evalúe cómo los nuevos instrumentos de captación de ingresos afectan las series históricas y transparente sus efectos, con el fin de generar indicadores más consistentes que reflejen tanto los logros como las persistentes dificultades de inclusión económica, laboral y social.

Coincidencias con consultoras privadas

El diagnóstico de la UCA va en línea con advertencias recientes del sector privado. Un informe de la consultora Equilibra calculó que, tras corregir la subdeclaración de ingresos y actualizar la Canasta Básica Total, la pobreza real entre octubre 2024 y marzo 2025 sería hasta 8,6 puntos porcentuales mayor que la cifra oficial, superando el 43%.

Ambos análisis ponen en tela de juicio el mensaje de alivio social difundido por el Gobierno en un contexto electoral y reavivan el debate sobre la confiabilidad y la transparencia de las estadísticas públicas en un escenario de alta inestabilidad económica.

El malestar en el campo contra Javier Milei y Luis “Toto” Caputo es total. Productores denuncian que el Gobierno montó un negocio multimillonario para las cerealeras al habilitar exportaciones por 7.000 millones de dólares sin retenciones, mientras ellos quedaron excluidos de cualquier beneficio.

Según el negocio, las grandes exportadoras agrupadas en CIARA coparon al Banco Central con órdenes de liquidación y en apenas 72 horas agotaron el cupo. El decreto oficial ya preveía que, alcanzado ese tope, volverían las retenciones, con lo cual solo quienes tenían espalda financiera pudieron aprovechar la ventana.

El resultado: once cerealeras se repartieron el negocio, con gigantes como Bunge, LDC, Cofco y Cargill a la cabeza. En el sector calculan que ese acuerdo les dejó una ganancia extraordinaria de unos 2.000 millones de dólares en apenas tres días. Ahora saldrán a comprar la producción de miles de pequeños y medianos productores pero pagarán menos porque ya volvió la retención. ¿Solo fue un negocio o habrá un 3% para alguien?

En las entidades rurales hablan de traición. Desde la Mesa de Enlace admiten que “el Gobierno buscó esto” y en Federación Agraria remarcan que “el grano ya estaba en manos de los exportadores”. En otras palabras, mientras Caputo cerraba el trato en una mesa chica, los productores quedaron al margen y, otra vez, “la vieron pasar”.

El dueño del polémico laboratorio Suizo Argentina aportó más de US$100.000 para el evento presidencial del 6 de octubre, donde el presidente presentará su nuevo libro.

La esperada presentación del nuevo libro de Javier Milei, “La construcción del milagro”, ya está rodeada de un escándalo que golpea de lleno al oficialismo. El acto, previsto para el 6 de octubre en el Movistar Arena, será financiado por Eduardo Kovalivker, accionista principal de la droguería Suizo Argentina, una empresa involucrada en la causa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Un alquiler millonario con olor a corrupción

Según reveló el periodista Pablo Duggan en C5N, el alquiler del estadio supera los 100 mil dólares, suma que fue cubierta por Kovalivker. El acuerdo económico se cerró incluso antes de que trascendieran los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de Discapacidad, donde se expone un sistema de retornos ilegales del 3% en contratos de medicamentos. En esas grabaciones aparece mencionada repetidamente la droguería Suizo Argentina, junto con Karina Milei y la familia Menem.

El financiamiento del acto desnuda la cercanía entre la familia Kovalivker y el oficialismo. Jonathan Kovalivker, hijo de Eduardo y actual presidente de la droguería, fue el encargado de recaudar fondos para la fiscalización de La Libertad Avanza en 2023, confirmando que el vínculo no es solo empresarial, sino también político y electoral.

Editorial, negocios y ultraderecha

La trama también alcanza al plano editorial. Kovalivker publicó al menos cinco libros en Hojas del Sur, la editorial de Andrés Mego, organizador de la llamada “Derecha Fest” y responsable de difundir a referentes ultraconservadores como Agustín Laje y Nicolás Márquez. La misma editorial será la encargada de publicar el libro de Milei.

Un apellido bajo la lupa judicial

La familia Kovalivker arrastra antecedentes de allanamientos e investigaciones judiciales por maniobras financieras y societarias. Pese a esa situación procesal abierta, Eduardo decidió financiar con dólares frescos el show político más caro del país, reforzando así su peso en el esquema de poder libertario.

Lo que debía ser la celebración de un lanzamiento editorial se transformó en un nuevo capítulo de sospechas sobre la transparencia del gobierno. Para muchos, “La construcción del milagro” no es más que la construcción de un milagro financiero privado, sostenido por empresarios cuestionados y montado en un estadio de lujo pagado con dinero manchado por la corrupción.

Lorena Villaverde intentó sacar un préstamo hipotecario en Cipolletti, Rio Negro, pero se lo rechazaron. El crédito habría sido aprobado tras la intervención del presidente del banco.

El entorno político de Karina Milei vuelve a quedar bajo la lupa tras conocerse que Lorena Villaverde, candidata a senadora por Río Negro y una de sus principales aliadas en la provincia, accedió a un préstamo irregular del Banco Nación por 225 millones de pesos.

La sucursal de Cipolletti había rechazado inicialmente la carpeta crediticia de Villaverde por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, tras gestiones en Buenos Aires y la supuesta intervención directa de Daniel Trillard, presidente del Banco Nación y allegado a la legisladora, el crédito fue aprobado en tiempo récord. Una fuente interna del banco, consultada por el portal LPO, no dudó en calificar el hecho de “escándalo”.

El préstamo le permitió a Villaverde adquirir una lujosa propiedad en el barrio cerrado Los Patricios II, valuada en 395 mil dólares. Paradójicamente, la vivienda no figura en su última declaración jurada en el Congreso, donde sí constan otros bienes: propiedades en Escobar, terrenos en Las Grutas y Neuquén, además de vehículos de alta gama y una lancha.

La operación financiera se suma a un historial controvertido: embargos millonarios en causas civiles por estafas inmobiliarias, denuncias por robo de boletas, afiliaciones falsas y hasta un procesamiento en Estados Unidos por tráfico de drogas, según registros del estado de Florida. Estas versiones contradicen la defensa pública de Villaverde, quien en el Congreso aseguró tener las “manos limpias” mientras mostraba un certificado de antecedentes.

El escándalo golpea directamente al armado político de Karina Milei, apodada “El Jefe”, quien apadrinó la candidatura de Villaverde en Río Negro. Para la oposición, el caso pone en cuestión el manejo de poder e influencias en instituciones clave como el Banco Nación.

Villaverde niega todo. “Es completamente falsa esa información. No recibí ningún préstamo irregular del Banco Nación ni de ninguna otra entidad. Estas operaciones mediáticas buscan ensuciarme porque saben que La Libertad Avanza crece en Río Negro”, aseguró.

Mientras tanto, el crédito millonario otorgado contra la normativa vigente sigue siendo investigado y amenaza con transformarse en un nuevo dolor de cabeza para el oficialismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, les dio un negocio fenomenal a las empresas que se dedican a la exportación de granos y carne en la Argentina. Son 7 multinacionales que se llevaron ganancias del 30% en dólares en solo 40 días a costa de los productores, que no verán ningún beneficio de la supuesta baja de retenciones.

El negocio fue el siguiente: los exportadores le dieron al Banco Central los 7 mil millones de dólares que necesitaba a cambio de declaraciones juradas con venta de granos y carnes. Ellos se llevarán el precio pleno de la retención vendida ¡declarada!

Ahora, con retenciones de nuevo, porque la medida duraba hasta llegar a los 7 mil millones de dólares, empezarán a comprar granos y carne a los productores para cumplir con las declaraciones juradas que presentaron. ¿A cuanto comprarán? Muy barato: el precio de la tonelada descontada la retención. Un negocio redondo para ellas. Para los productores, un engaño descomunal.

La economía argentina sigue dando muestras de un deterioro profundo, con un consumo masivo en franca caída que golpea de lleno a los bolsillos. Según los datos difundidos por el Indec, julio fue un mes muy negativo tanto en supermercados como en autoservicios mayoristas, con caídas que reflejan el impacto directo del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

El organismo conducido por Marco Lavagna dio a conocer las encuestas de ventas que exponen un escenario alarmante para la administración de Javier Milei, que llega a las elecciones con un mercado interno paralizado y las compras en niveles históricamente bajos.

En supermercados, las ventas apenas crecieron un 1% respecto de julio de 2024, pero retrocedieron 2,1% frente a junio de 2025. Se trata de la contracción más fuerte desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió con un programa económico que priorizó la estabilidad fiscal por sobre la actividad.

Si bien el acumulado enero-julio todavía muestra una mejora interanual de 3,5%, las ventas se ubican por debajo de los registros de fines de 2024, lo que evidencia que la recesión derivada de la política de ajuste está asfixiando al consumo interno, motor central de la economía.

La Fraternidad hace su segundo día de protesta en reclamo de aumentos salariales. Los trenes del Conurbano circulan a ritmo exasperante y miles de pasajeros quedan varados sin alternativa

Por segundo día consecutivo, los trenes del AMBA sufren fuertes demoras y cancelaciones debido a una medida de fuerza del gremio de maquinistas La Fraternidad. Las formaciones circulan a reglamento, con una velocidad que no supera los 30 km/h, generando caos en las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. La línea Roca es la única que mantiene su servicio habitual.

La protesta se originó por reclamos salariales insatisfechos, que incluyen la falta de respuesta en paritarias, deficiencias del sistema de ART (riesgos del trabajo) y el deterioro de las condiciones laborales. Según el gremio, no existe hasta ahora “una propuesta superadora” que contemple sus demandas.

La situación ya se siente con fuerza en los principales accesos a la Ciudad: el aumento del flujo vehicular por la baja de trenes dispara embotellamientos y obliga a miles de usuarios a buscar medios alternativos para llegar a sus destinos. El pico de congestión se espera para las horas de la tarde, cuando la demanda se concentre.

Este conflicto ferroviario actúa como síntoma de una crisis más amplia en el transporte público del AMBA, desgastado por la desinversión estatal. Usuarios y sindicatos denuncian la falta de mantenimiento, la escasez de material rodante y la desidia de la gestión nacional y provincial para atender el colapso cotidiano.

Cada día sin solución refuerza la sensación de abandono de las autoridades: el paro deja al descubierto la falta de una hoja de ruta clara para garantizar movilidad digna para quienes dependen del tren. El reclamo de La Fraternidad no puede seguir siendo ignorado en un área metropolitana que se colapsa con los servicios básicos.

Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron halladas asesinadas en una casa de Florencio Varela. La fiscalía investiga a una banda narco transnacional y ya hay cuatro detenidos. La brutalidad del crimen encendió la alarma en todo el país y colectivos feministas convocaron movilizaciones.

El país quedó estremecido tras conocerse el triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron encontrados en una vivienda alquilada de Florencio Varela durante la madrugada del miércoles. Según la principal hipótesis de la fiscalía, el crimen fue ejecutado por una organización narcotraficante transnacional que opera en el Bajo Flores, en un aparente ajuste de cuentas.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que hay cuatro detenidos por homicidio agravado, aunque advirtió que la trama involucra a más responsables. En paralelo, familiares y colectivos feministas marcharon en La Matanza, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires para exigir justicia. La familia de una de las víctimas denunció que, horas después de hallarse los cuerpos, hombres armados dispararon contra la casa de Lara, lo que profundizó el clima de terror.

El gobernador Axel Kicillof llamó a “ser serios y responsables” frente a un hecho que refleja cómo el narcotráfico “no conoce fronteras y reproduce todas las formas de la violencia machista”. Desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia, advirtieron que los femicidios en contextos de narco criminalidad son “una feroz expresión de la deshumanización y el descarte”, y exigieron una investigación con perspectiva de género.

Las jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes a la noche, cuando una cámara de seguridad registró cómo subían a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en La Tablada. Según la investigación, creyeron que iban a una fiesta, pero en realidad cayeron en una trampa. Los peritajes confirmaron que fueron asesinadas esa misma noche con golpes, puñaladas y fracturas, y que incluso intentaron calcinar uno de los cuerpos para borrar huellas.

El allanamiento en Florencio Varela reveló la escena del crimen: manchas hepáticas, olor a cloro, tierra removida y la camioneta incendiada a pocas cuadras de allí. Dos personas fueron detenidas en la casa y luego se sumaron los dueños del lugar. La causa quedó bajo secreto de sumario, pero las autoridades aseguraron que la violencia con la que actuó la banda “buscaba enviar un mensaje ejemplificador”.

En las últimas horas trascendió un dato espeluznante: la tortura a las tres chicas fue transmitida en vivo por TikTok a miembros de la banda en Villa Zavaleta, con un mensaje que decía: “Miren lo que les pasa a los que nos roban”. El hallazgo confirma el grado de brutalidad del crimen y abre interrogantes sobre la impunidad con la que operan las redes narco en el país.