Un informe del IARAF advierte que la decisión oficial costará al Estado cerca de US$ 1.000 millones en 2025, una cifra que equivale a casi la mitad del superávit previsto y que compromete las metas firmadas con el Fondo Monetario Internacional.

La administración de Javier Milei anunció la eliminación de retenciones al complejo oleaginoso y cerealero hasta octubre de 2025 en busca de acelerar la liquidación de divisas, pero la medida amenaza con dinamitar el delicado esquema fiscal que el propio Gobierno había presentado como su principal logro. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo ascendería a 0,15% del PBI, lo que equivale a unos US$ 1.000 millones, cifra equivalente al 46% del superávit comprometido para el año próximo.

El estudio calcula que, dependiendo del nivel de liquidación de soja y maíz, la pérdida de recursos podría escalar hasta los US$ 1.600 millones, comprometiendo de lleno los compromisos asumidos con el FMI. Aunque parte de ese agujero se compensaría con mayor recaudación de ganancias e IVA, el impacto neto seguiría siendo negativo y dejaría al Tesoro con menos margen para sostener el ajuste.

En los hechos, la decisión representa una transferencia directa de renta desde el Estado hacia el núcleo más concentrado del agroexportador, en un país donde la mayoría de la población enfrenta caída del poder adquisitivo, recesión y dificultades crecientes para cubrir gastos básicos. El Gobierno eligió beneficiar al sector con mayor capacidad de presión, aun a costa de hipotecar el equilibrio de las cuentas públicas que prometía preservar.

Con este giro, Milei no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales, sino que exhibe la contradicción central de su programa: recorta jubilaciones, subsidios y gasto social, mientras otorga a los grandes exportadores una concesión que erosiona el mismo superávit que usa como bandera.

El gobierno libertario consiguió un gesto de apoyo financiero desde Washington, pero los indicadores oficiales confirman que la economía argentina atraviesa un proceso de contracción, con caída en la producción, consumo debilitado y señales de mayor desocupación en los próximos meses.

El alivio político que Javier Milei obtuvo tras el anuncio de respaldo de la administración Trump apenas alcanzó para calmar a los mercados. Bonos y acciones reaccionaron con leves mejoras, aunque sin lograr disipar las sombras que proyecta la economía real. El Indec anticipa un escenario de recesión abierta, con retrocesos en la actividad industrial, dificultades en el comercio y una tendencia preocupante en el empleo.

La Encuesta de Tendencia de Negocios refleja que casi un 23% de los empresarios industriales espera una baja en la producción entre septiembre y noviembre, mientras más de la mitad de las firmas reconoce que sus pedidos ya se ubican por debajo de lo normal. El panorama laboral tampoco es alentador: un 16,5% prevé recortes de personal frente a un exiguo 4% que espera contratar.

En el frente del consumo, supermercados y autoservicios mayoristas describen situaciones cada vez más deterioradas: más de un tercio admite atravesar un momento “malo” y casi un 40% reconoce dificultades crecientes para acceder al crédito. El Indec corroboró que en el segundo trimestre la economía retrocedió en todos sus frentes: caída del PBI, menor inversión, reducción del consumo y exportaciones en baja.

Aunque el gobierno destaca la desaceleración inflacionaria como uno de sus logros, el costo social de la estrategia es visible. Con el salario en retroceso y el endeudamiento de los hogares en alza, amplias franjas de la población se ven obligadas a financiar productos básicos o postergar consumos elementales.

En este marco, el “salvavidas” de Trump aparece como un recurso político más que como una respuesta concreta a la crisis estructural. Los analistas ya advierten que cualquier ayuda futura estará atada a condiciones duras, con riesgo de nuevas recetas de ajuste que podrían agudizar aún más la pérdida del poder adquisitivo.

Diputados opositores presentaron un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la intención de avanzar luego en una moción de censura. El mecanismo, previsto en la Constitución de 1994, permitiría remover al funcionario con el voto de la mayoría absoluta de la Cámara baja. En la Casa Rosada la iniciativa cayó como un baldazo de agua fría. “Esto es golpismo”, advirtieron desde el entorno presidencial, reconociendo la preocupación que despierta la jugada parlamentaria.

Desde que se creó la figura del jefe de Gabinete en la reforma constitucional, nunca prosperó una censura de este tipo. El oficialismo sabe que alcanzar la mayoría absoluta —más de la mitad de los diputados— no es sencillo, pero admite que la posibilidad, por primera vez en décadas, es real.

El proyecto fue presentado por legisladores de Encuentro Federal, entre ellos Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Nicolás Massot. La propuesta cita a Francos a una interpelación “con el objeto de iniciar una moción de censura”, y enumera como causales la ilegalidad del decreto 685/2025, el incumplimiento de la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad y “cualquier otra cuestión que decida incluir el pleno al momento de la comparecencia”.

En Balcarce 50 admiten que la ofensiva los tomó por sorpresa. “No veo a los gobernadores dando el visto bueno para votar esto, no debería pasar”, se esperanzó un funcionario, aunque reconoció que el escenario los inquieta. “No vemos la hora de que llegue octubre”, deslizó, en alusión a las próximas elecciones legislativas.

La movida opositora se vincula directamente con la ley de emergencia nacional en discapacidad. El Congreso sancionó la norma pese al veto del presidente Javier Milei, e incluyó la obligación de incorporar partidas presupuestarias específicas para su implementación. Desde el Gobierno argumentan que el texto no precisa de dónde saldrán los fondos, lo que viola el artículo 5° de la Ley 24.629. Esa controversia se convirtió en el eje del enfrentamiento que hoy tiene en la mira a Guillermo Francos.

La Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al PAMI restituir la entrega gratuita de medicamentos a jubilados y pensionados, al hacer lugar a un amparo colectivo que cuestionaba el recorte en la cobertura dispuesto por el Gobierno nacional.

El fallo, dictado por el Juzgado Federal Nº 2, extiende la medida cautelar que frena la aplicación de las resoluciones oficiales que habían limitado el acceso pleno a los fármacos. De esta manera, el instituto deberá garantizar nuevamente el 100% de la cobertura en el marco del programa Vivir Mejor.

“Me acaban de notificar que salió favorable el amparo que presentamos para que todos los jubilados y jubiladas que tenían los medicamentos gratis recuperen la cobertura total”, celebró el senador nacional Mariano Recalde, impulsor de la acción judicial junto al Centro de Jubilados VDP 27 de Abril y a beneficiarios afectados. El legislador calificó la decisión como “una excelente noticia” para los 480.000 adultos mayores porteños y advirtió que el recorte previo había sido “injusto, inhumano y riesgoso para la salud”.

MEDICAMENTOS GRATIS PARA LOS JUBILADOS DE LA CIUDAD

La Justicia falló a favor del amparo que presentamos para que le devuelvan a los jubilados los medicamentos gratuitos de PAMI que les sacó Milei.

Una excelente noticia que ojalá se replique en el resto del país. No hay… pic.twitter.com/qUmAgCWO6r

— Mariano Recalde (@marianorecalde) September 22, 2025

La resolución, firmada el 22 de septiembre, también resguarda la validez de trámites en curso y prestaciones ya otorgadas, a fin de evitar perjuicios adicionales.

En las últimas semanas, tribunales de Tucumán, Córdoba y Mendoza habían dictado fallos similares, lo que configura un escenario de crecientes traspiés judiciales para el Ejecutivo en su intento de avanzar con un ajuste en el sistema de medicamentos.

“El fallo ratifica que la salud no se negocia. Vamos a seguir defendiendo a nuestros jubilados hasta que se restituya plenamente este derecho en todo el país. Ojalá se replique en todas las provincias. No hay libertad si tenés que elegir entre comer o comprar tus remedios”, concluyó Recalde.

“Todas las opciones están sobre la mesa para estabilizar la economía Argentina”, escribió el jefe de las finanzas de la mayor economía del mundo.

El gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico. En un sorpresivo giro, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este lunes que Washington está dispuesto a entregarle a Argentina la ayuda económica que sea necesaria para evitar un colapso inminente. La declaración llega en medio de un escenario político y financiero extremadamente delicado para la administración libertaria, cuyo plan económico —diseñado por el ministro Luis Caputo— no ha logrado estabilizar al país.

“Todas las opciones están sobre la mesa”, aseguró Bessent en un mensaje en X, donde sugirió posibles compras de deuda argentina en dólares, inyecciones directas de divisas o incluso una línea de swap para proveer dólares de emergencia. Sus palabras generaron un alivio inmediato en los mercados: los bonos subieron, el peso se fortaleció y el índice Merval trepó más de un 6%. Sin embargo, la euforia inicial choca con una realidad mucho más dura: sin el salvavidas del Tesoro estadounidense, el gobierno de Milei podría desmoronarse en cuestión de meses.

La vulnerabilidad de la economía argentina es inocultable. El país ya agotó el respaldo del FMI con un préstamo de US$20.000 millones en abril, y hoy enfrenta falta de reservas, un riesgo país desbordado y una corrida cambiaria que obligó al Banco Central a vender US$1.100 millones en apenas tres días. A esto se suma la reciente derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires —el distrito más grande del país—, que dejó políticamente golpeado al presidente.

La tensión se agrava con denuncias de presunta corrupción que alcanzan a la hermana y asesora más cercana de Milei, Karina, aumentando la desconfianza de inversores y opositores. Mientras tanto, la economía real sigue mostrando señales de debilidad: caída de la producción, estancamiento en la recuperación, desempleo elevado y un costo de vida que la mayoría de los argentinos considera insoportable.

Criticas desde Wall Street

El futuro del dólar y de la política cambiaria argentina se convirtió en tema central en un encuentro privado de banqueros de Wall Street en Nueva York. Allí, el diagnóstico fue contundente: el ministro de Economía, Luis Caputo, se verá obligado más temprano que tarde a eliminar las bandas cambiarias y liberar el tipo de cambio.

“Si no lo hacen, se van a desangrar”, advirtió uno de los ejecutivos presentes en la reunión realizada en una entidad financiera de Manhattan. Aunque la discusión se dio antes de que el Banco Central vendiera US$ 678 millones para sostener el techo de la banda, el consenso fue unánime: el esquema ya está agotado.

El evento, que reunió a más de 150 referentes del sector, contó con la participación de voces influyentes como Armando Armenta (AllianceBernstein), Pablo Goldberg (BlackRock), Lucas Martin (BofA Securities) y Roberto Sifon-Arevalo (S&P Global Ratings). Todos coincidieron en que, tras la vulneración del sistema, las bandas cambiarias deben ser reconfiguradas o directamente eliminadas.

Pese a la tensión, algunos inversores internacionales mantienen una visión menos pesimista que los locales y creen que el Gobierno aún puede llegar bien a octubre. Sin embargo, remarcan que el esquema cambiario y monetario debe replantearse con urgencia.

Aunque el gobierno presume de haber logrado contener la inflación, lo cierto es que la crisis cambiaria y política amenaza con sepultar su margen de maniobra. Sin el permanente respaldo externo, el “plan Milei-Caputo” parece condenado al fracaso.

La directora del FMI elogió el rumbo del Gobierno libertario, mientras en Argentina se multiplican los escándalos de corrupción y el malestar social por el ajuste.

El Fondo Monetario Internacional, a través de su directora gerente Kristalina Georgieva, salió a respaldar al presidente Javier Milei y celebró las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bressent. Según Georgieva, Argentina “necesita políticas sólidas de estabilización” para sostener la credibilidad de su plan económico.

El aval internacional, sin embargo, contrasta con la realidad local. El gobierno de Milei acumula derrotas en el Congreso, enfrenta fracturas con los gobernadores y está atravesado por denuncias de coimas que involucran a funcionarios de su círculo íntimo. La situación política deja en evidencia que los aplausos desde afuera no logran frenar la crisis interna.

Desde Washington, el FMI repite el mismo libreto de siempre: ajuste, disciplina fiscal y “estabilidad” como receta para el crecimiento. Pero en Argentina esas medidas se traducen en inflación persistente, recortes en áreas sensibles como discapacidad y universidades, y un creciente descontento social.

Lejos de fortalecer a Milei, el respaldo de Georgieva muestra hasta qué punto el Gobierno se sostiene en el visto bueno de los organismos internacionales y no en el consenso interno. La foto de Milei con el FMI podrá servir para los mercados, pero no resuelve la pérdida de legitimidad política ni el deterioro de la vida cotidiana de millones de argentinos.

Obligado por el Congreso, Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero lo hizo con una trampa para que no se aplique.

El Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, oficializó la promulgación de la norma. Sin embargo, el artículo 2 suspendió su aplicación hasta que el Congreso “incluya las partidas presupuestarias”, es decir, el Ejecutivo trasladó la responsabilidad y dejó la ley en suspenso de manera indefinida. De este modo, Milei convirtió un triunfo popular en un texto vacío.

La ley había sido votada por amplia mayoría en ambas cámaras, con el objetivo de declarar la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y garantizar los recursos mínimos para sostener un sistema al borde del colapso. El Gobierno, en cambio, argumentó que costaría “3 billones de pesos”, apenas el 0,35% del PBI, un monto ínfimo si se compara con los recursos que Milei destina al pago de deuda y beneficios a sectores concentrados.

Entre las medidas más importantes que ahora quedan frenadas figuran la creación de una pensión no contributiva, el acceso garantizado al Programa Incluir Salud, la actualización mensual de aranceles, compensaciones económicas de emergencia a prestadores y beneficios fiscales para empleadores que contraten personas con discapacidad. En otras palabras, derechos concretos que Milei decidió bloquear.

El mensaje político es claro: por más que el Congreso le haya marcado el límite, Milei se niega a ceder en su plan de ajuste y prefiere desconocer la voluntad popular antes que garantizar derechos básicos. Con esta maniobra, el Presidente no solo ataca a las personas con discapacidad, sino que también erosiona la institucionalidad y convierte a la ley en papel mojado.

La última encuesta nacional de Zuban Córdoba, titulada “Lo peor ya pasó”, muestra que el oficialismo atraviesa su etapa más crítica desde el inicio de la gestión. El 60,9% de los argentinos cree que el país va en la dirección incorrecta y un 61,6% desaprueba el desempeño del Gobierno.

En cuanto a las figuras principales de La Libertad Avanza, el estudio refleja un marcado deterioro:

• Javier Milei: el 59,6% tiene una opinión negativa de su gestión, confirmando una caída sostenida desde principios de año.
• Karina Milei: la 68,2% de imagen desfavorable ubica a la secretaria general de la Presidencia como una de las dirigentes más cuestionadas, a pesar de su rol clave en la estructura de poder libertaria.

Voto castigo y debilidad electoral

La encuesta revela que la derrota en Buenos Aires fue vista por el 60,2% de los encuestados como un voto castigo por corrupción y economía, mientras que solo el 7,2% lo atribuyó a la calidad de los candidatos. En ese marco, el 63,8% reclama un cambio de rumbo político y económico.

De cara a las legislativas, el panorama es adverso para el oficialismo:

• El 57% asegura que votará para castigar al Gobierno, contra un 33,7% que lo apoyaría.
• El 68,6% percibe que el Ejecutivo salió debilitado tras el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpica a Karina Milei y Lule Menem.

Además, un 64,7% desaprueba el estilo de liderazgo presidencial y un 65,9% cree que la gestión manejó mal las últimas crisis. Para la consultora, lejos de haberse superado la etapa más difícil, “lo peor no pasó”.

En este día de la primavera @Zuban_Cordoba nos comparte la última encuesta nacional sobre la gestión del presidente Milei. 👎 pic.twitter.com/NcpATnBKwF

— Aԃɾιáɳ Uɾɾυƚια 🇦🇷 (@AdrianUrrutia0k) September 21, 2025

Escenario en Buenos Aires

En el distrito más decisivo del país, donde vota más del 38% del padrón, la oposición aparece fortalecida: el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, lidera con 41,8%, superando por 10 puntos al oficialista José Luis Espert, que alcanza el 31,9%.

El informe advierte, sin embargo, que el peronismo tampoco debería caer en el triunfalismo, ya que si bien el 54,2% mantiene una visión crítica del kirchnerismo, el rechazo hacia Milei resulta aún mayor: 56,1% se declara antimileísta, frente al 44,5% que se identifica como antikirchnerista.

Una alarma para octubre

Con un 61% que cree que el Gobierno perderá las elecciones si no corrige el rumbo, los datos de Zuban Córdoba colocan al oficialismo en una situación de vulnerabilidad inédita. El contraste entre el eslogan oficial de que “lo peor ya pasó” y los números de rechazo ciudadano configuran un escenario de incertidumbre creciente rumbo a octubre.

“Si no lo hacen, se van a desangrar”, advirtió uno de los ejecutivos presentes en la reunión realizada en una entidad financiera de Manhattan. Aunque la discusión se dio antes de que el Banco Central vendiera US$ 678 millones para sostener el techo de la banda, el consenso fue unánime: el esquema ya está agotado.

Tras la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, el futuro del dólar y de la política cambiaria argentina se convirtió en tema central en un encuentro privado de banqueros de Wall Street en Nueva York. Allí, el diagnóstico fue contundente: el ministro de Economía, Luis Caputo, se verá obligado más temprano que tarde a eliminar las bandas cambiarias y liberar el tipo de cambio.

“Si no lo hacen, se van a desangrar”, advirtió uno de los ejecutivos presentes en la reunión realizada en una entidad financiera de Manhattan. Aunque la discusión se dio antes de que el Banco Central vendiera US$ 678 millones para sostener el techo de la banda, el consenso fue unánime: el esquema ya está agotado.

El evento, que reunió a más de 150 referentes del sector, contó con la participación de voces influyentes como Armando Armenta (AllianceBernstein), Pablo Goldberg (BlackRock), Lucas Martin (BofA Securities) y Roberto Sifon-Arevalo (S&P Global Ratings). Todos coincidieron en que, tras la vulneración del sistema, las bandas cambiarias deben ser reconfiguradas o directamente eliminadas.

Pese a la tensión, algunos inversores internacionales mantienen una visión menos pesimista que los locales y creen que el Gobierno aún puede llegar bien a octubre. Sin embargo, remarcan que el esquema cambiario y monetario debe replantearse con urgencia.

En paralelo, la atención está puesta en las gestiones de Javier Milei y Caputo con el Tesoro de Estados Unidos para garantizar los pagos de deuda a futuro. En este marco, la reunión prevista entre Milei y Donald Trump en Nueva York, durante la Asamblea de la ONU, será observada como una prueba clave, así como los contactos con Scott Bessent, referente del Tesoro norteamericano.

El objetivo argentino es obtener un blindaje financiero para afrontar vencimientos por US$ 10.000 millones en 2026, con la posibilidad de acceder al Fondo de Estabilización Cambiaria de EE.UU., que en el pasado apoyó a países de la región como Brasil y México.

Por ahora, lo que quedó claro en Manhattan es que la paciencia de los mercados tiene un límite y que la presión del dólar vuelve insostenible el actual esquema de bandas cambiarias.

Desde comienzos de mes, la inestabilidad cambiaria se trasladó a surtidores con subas de entre 4% y 5% no anunciadas al público, mientras los alimentos aceleran. De acuerdo con Analytica, el rubro registra un alza del 0,2%, con picos en verduras (6,1%) y frutas (5,1%); en consumo masivo se observan incrementos más moderados en lácteos (0,5%) y café, té, yerba y cacao (0,8%). A esto se suma la presión de los servicios, con la medicina prepaga que ajusta entre 1,6% y 1,99%.

En una nota detallada de DataClave se dice que el antecedente inmediato también enciende alertas: los precios mayoristas de agosto subieron 3,1% y acumulan 15,7% en lo que va del año, por encima del 1,9% de la inflación minorista del mismo mes. El movimiento en mayoristas anticipa tensiones hacia adelante, sobre todo cuando la cadena de costos incorpora dólar y combustibles.

El propio Javier Milei reconoció en una entrevista con el Grupo Clarín que “habrá salto de precios” pero aclaró que “eso no es inflación, no hay que confundir”. El presidente parece cada vez más desconectado con la realidad que afecta a millones de argentinos que ven pulverizados sus salarios cada mes. ¿Está bien el presidente?