Los propios libertarios habían señalado a Espert por sus vínculos con un narco antes de sumarse a Javier Milei y La Libertad Avanza.

Los vínculos entre José Luis Espert y el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado no son un invento opositor ni una denuncia aislada: fueron expuestos por referentes de La Libertad Avanza mucho antes de que el diputado libertario se sumara a las filas de Javier Milei. Es decir, el propio espacio que hoy lo cobija había advertido sobre sus contactos turbios, sus manejos dudosos y su oportunismo político.

En octubre de 2023, el entonces candidato del PRO a diputado bonaerense y actual presidente del bloque de LLA en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, lo acusó públicamente de ser un “valijero” y de “subirse al avión de un narcotraficante”. Las palabras no dejaban margen a la duda: dentro del mileísmo sabían de la relación con Machado y lo señalaban como alguien dispuesto a negociar con cualquiera para asegurarse un lugar en la política.

Aún más dura fue la diputada Lilia Lemoine, que en febrero de 2023 denunció que a Espert “lo bancaba un narco” en 2019, lo acusó de haberse metido a hacer política solo por dinero, de ser misógino y hasta de robarse fondos de boletas en 2021. Sus declaraciones no fueron aisladas: también lo describió como “una persona traicionera” con “problemas con narcos” y hasta vinculó un atentado contra su camioneta con el financiamiento de campaña de Machado.

Lo llamativo es que, pese a estas advertencias públicas y documentadas, Espert terminó siendo integrado al oficialismo libertario como si nada hubiera pasado. Las denuncias de sus propios compañeros quedaron enterradas bajo la conveniencia política de sumar figuras, incluso con un pasado rodeado de sospechas.

Lejos de la transparencia y la “lucha contra la casta” que proclama Milei, el caso de Espert revela la doble vara del oficialismo: mientras se jactan de mano dura contra los narcos, no tienen reparo en abrir las puertas a un dirigente que sus propios referentes asociaron con el financiamiento oscuro del narcotráfico. Una muestra más de la hipocresía y la falta de coherencia que atraviesa a La Libertad Avanza.

La nueva restricción del Banco Central limita el acceso a los dólares financieros y castiga a pequeños ahorristas, mientras los analistas advierten que la presión se trasladará al mercado paralelo.

El Gobierno de Javier Milei volvió a cerrar el grifo cambiario con una norma que restringe aún más la operatoria de divisas para individuos. La Comunicación “A” 8336 del Banco Central inhabilita durante 90 días a toda persona que compre dólar oficial para operar con MEP o CCL, y viceversa. En la práctica, la medida acorrala a los pequeños ahorristas y empuja a miles de demandantes hacia el circuito informal.

Especialistas consultados señalan que la decisión reducirá la liquidez en los dólares financieros y abrirá la puerta a movimientos bruscos de precios, con un riesgo creciente de presión sobre el tipo de cambio oficial. La brecha cambiaria, advierten, quedará aún más atada a la dinámica del blue, que aparece como la única válvula de escape frente a un mercado formal cada vez más clausurado.

En agosto, las compras de particulares ya habían caído casi 40 % por el encarecimiento del “dólar ahorro” y las trabas crecientes. Ahora, la restricción se profundiza y consolida un esquema en el que la mayoría de la población queda excluida del acceso a divisas legales, mientras las grandes empresas encuentran resquicios para seguir operando.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, celebró la medida con la frase “se cortó un kiosco de unos pocos”. Sin embargo, el trasfondo muestra otra realidad: un gobierno que preserva las reservas a fuerza de castigar a los sectores medios, mientras la dolarización de la economía avanza por canales paralelos y sin control.

El rescate financiero que negocia el Gobierno con Washington incluye exigencias sobre recursos estratégicos, lo que alimenta las críticas de quienes denuncian una entrega de soberanía a cambio de dólares.

El Gobierno nacional intensifica sus gestiones para obtener apoyo económico de Estados Unidos, pero la ayuda viene acompañada de condiciones que despiertan fuertes cuestionamientos. Detrás del salvavidas financiero aparece el interés norteamericano por los minerales críticos de Argentina, con el litio en primer plano.

Según trascendió, los acuerdos contemplan la apertura de licitaciones provinciales a empresas estadounidenses, exigencias de transparencia en los contratos y un rol de supervisión sobre la gobernabilidad interna. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el respaldo de Washington “es una decisión geopolítica” y admitió que el desembolso de fondos estará ligado a inversiones en el “sector real”.

La hoja de ruta no es nueva: en agosto de 2024 se firmó un Memorándum de Cooperación con EE.UU. que habilita a ese país a acceder a información sobre cadenas de suministro de minerales críticos. En la práctica, esto implica que las provincias deberán compartir datos sensibles de sus recursos, especialmente litio, tierras raras y cobre.

Especialistas advierten que Argentina, pese a poseer más del 50 % de las reservas mundiales de litio, solo obtiene alrededor del 10 % del valor agregado. El esquema que propone el acuerdo refuerza el lugar de proveedor subordinado de materia prima, mientras la transformación industrial y las mayores ganancias seguirán quedando fuera del país.

Otro aspecto polémico es la exigencia de “orden institucional” y de disciplina en el Congreso como condición para liberar fondos. Caputo confirmó que esta cláusula forma parte de las conversaciones, lo que en la práctica subordina decisiones políticas locales a la agenda de Washington.

En un contexto de vencimientos de deuda que superan los USD 65.000 millones entre 2026 y 2027, críticos sostienen que el Gobierno de Milei se coloca contra la pared y acepta concesiones que hipotecan soberanía sobre los recursos estratégicos.

La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 15 y el 24 de septiembre, confirma la abrupta caída del gobierno de Milei en la consideración de la ciudadanía. Dos de cada tres personas se manifiestan descontentas con la situación actual.

El relevamiento indica que el 66% de los consultados se declara insatisfecho con la marcha general de las cosas, mientras que solo un 32% manifiesta satisfacción. 

La aprobación al gobierno de Javier Milei se ubica en 39%, tres puntos menos que en la medición de julio, en tanto que la desaprobación asciende al 58%. 

La relación entre el diputado liberal José Luis Espert (es candidato ahora a renovar su banca) y el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en la Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos por una denuncia de narcotráfico y fraude, suma un nuevo capítulo.

De acuerdo con registros contables incorporados al expediente de tribunales federales de Texas, Estados Unidos, un fideicomiso manejado por Machado y su socia, la empresaria norteamericana Debra Lynn Mercer-Erwin, habría transferido 200 mil dólares a Espert en febrero de 2020. La anotación aparece en un documento validado por un gran jurado y fiscales del distrito Este de Texas, que procesaron a ambos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. ¿Espert y La Libertad Avanza no dirán nada?

Mercer-Erwin fue condenada en noviembre pasado a 16 años de prisión en Estados Unidos, mientras que Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma, a la espera de que la Corte Suprema defina su futuro. La operatoria de la que se lo acusa no es menor: un esquema Ponzi montado sobre la supuesta compraventa de aviones, donde naves inexistentes o ficticias se revendían una y otra vez para captar adelantos o préstamos.

El detalle del fideicomiso, llamado Aircraft Guarantee Corp, incluye cientos de movimientos entre 2016 y 2020. En el renglón 920 de un excel que contabiliza egresos (“wire out”), aparece consignada la transferencia a Espert. Ese dato vuelve a poner bajo la lupa al economista, que hasta ahora evitó responder consultas sobre el tema. Tampoco Machado ni su abogado quisieron hacer declaraciones, según reseñó una investigación del periodista Sebastián Lacunza.

El impacto político es evidente. En un contexto en el que La Libertad Avanza intenta mostrarse como fuerza adalid de la “transparencia” frente a la casta, la revelación de un vínculo financiero con un empresario procesado por narcotráfico y fraude internacional resulta explosiva. Más aún porque plantea una disyuntiva incómoda para Espert: explicar el origen y la justificación de esos fondos o cargar con el costo del silencio.

La deuda de Iosfa, que a comienzos de 2024 rondaba los 120 mil millones de pesos, escaló a casi 240 mil millones bajo la actual conducción de Petri, revelando la profundidad del derrumbe financiero.

Clínicas y sanatorios de Rosario suspendieron la atención a gendarmes, militares, prefectos y sus familias por la deuda acumulada del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). En el sur de Santa Fe, el recorte afecta a casi 20 mil afiliados, que hoy se encuentran a la deriva en medio de una crisis sanitaria inédita.

La caída de las prestaciones golpea de lleno a quienes integran las fuerzas federales desplegadas en Rosario, epicentro de la lucha contra el narcotráfico. Mientras el gobierno de Luis Petri y Patricia Bullrich se muestra activo en lo discursivo en materia de seguridad, deja sin cobertura médica a quienes arriesgan su vida en el territorio más violento del país.

“Si tengo que llevar a mi hija a la guardia no sé a dónde ir”, expresó Alejandro Sortino, delegado de ATE en Iosfa, quien aseguró que en 35 años de trabajo jamás presenció una situación semejante. Casos críticos se multiplican: desde embarazadas que no pudieron acceder a una cesárea hasta pacientes oncológicos sin medicación.

La deuda de Iosfa, que a comienzos de 2024 rondaba los 120 mil millones de pesos, escaló a casi 240 mil millones bajo la actual conducción, revelando la profundidad del derrumbe financiero. Clínicas y sanatorios cortan convenios región por región según la tolerancia de los prestadores privados, dejando sin servicios básicos a miles de afiliados.

El próximo martes, trabajadores de ATE y familias de las fuerzas de seguridad se movilizarán en Rosario para reclamar el fin del vaciamiento. “Estamos mendigando salud”, denunció Sortino.

La obra social, que alguna vez fue referencia en orden administrativo y cobertura integral, hoy se hunde en un escenario de descontrol que expone la improvisación y el fracaso de la gestión Petri–Bullrich, incapaz de garantizar siquiera la atención médica mínima a quienes deberían estar protegidos por el Estado.

Según la denuncia, el principal damnificado sería el Estado, ya que se estima que mediante esta operación se dejarán de recaudar retenciones por un monto cercano a los 1.500 millones de dólares.

La decisión del Gobierno de eliminar temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos, hasta agotar un cupo de 7 mil millones de dólares, derivó en un verdadero escándalo político y judicial. Una denuncia penal fue presentada contra el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y las cinco principales empresas exportadoras de granos, acusados de “administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El mecanismo denunciado consistió en liberar de retenciones las exportaciones durante apenas 72 horas, período en el que las agroexportadoras registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19 millones de toneladas de granos, asegurándose ventas futuras a precio pleno, sin deducción de impuestos. Según la presentación judicial, este ardid habría ocasionado al Estado un perjuicio fiscal de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.

Mientras tanto, los productores primarios solo vieron un aumento parcial en los precios, de alrededor del 15% en la soja, muy por debajo de la rebaja que capturaron las multinacionales. La medida generó indignación en el sector agrícola y abrió sospechas sobre un entramado de connivencia entre funcionarios nacionales y empresas privadas que habrían concentrado operaciones en esas horas críticas para apropiarse del beneficio.

La denuncia anónima, presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apunta a un accionar coordinado entre funcionarios y firmas como Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill, que habrían actuado como partícipes necesarios de la maniobra. Según el escrito, las resoluciones oficiales dictadas el 23 y 24 de septiembre —que extendieron la vigencia y alcance del beneficio— fueron claves para consolidar el negocio privado en detrimento de las arcas públicas.

El caso, ya en manos del fiscal Sergio Rodríguez, podría convertirse en una de las causas de corrupción más resonantes del actual gobierno, no solo por el volumen del dinero en juego, sino porque la denuncia habría surgido desde dentro de la propia administración pública, lo que alimenta la sospecha de un entramado irregular cuidadosamente diseñado.

Con los productores enfrentados al Ejecutivo, el Estado como principal damnificado y las exportadoras bajo la lupa, el escándalo por las retenciones 0% amenaza con convertirse en un nuevo foco de crisis política y judicial para la gestión Milei.

Según la presentación, revelada por el medio de noticias Perfil, Espert habría recibido el 1 de febrero de 2020 un giro de 200 mil dólares proveniente directamente de la organización criminal de Machado.

Una denuncia penal presentada por el dirigente y abogado Juan Grabois vincula al diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, con el narcotraficante Fred Machado, actualmente detenido y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.

Según la presentación, revelada por Perfil, Espert habría recibido el 1 de febrero de 2020 un giro de 200 mil dólares proveniente directamente de la organización criminal de Machado.

Demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso

✍️Claudio Mardoneshttps://t.co/qZQheE0GcZ

— Perfil.com (@perfilcom) September 28, 2025

La acusación se apoya en documentos oficiales de la Justicia estadounidense, donde constan pagos realizados por Machado y por su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 años de prisión por su rol en la estructura delictiva.

El escrito también advierte sobre un crecimiento patrimonial del 789% de Espert desde su relación con Machado, lo que refuerza las sospechas sobre posibles vínculos económicos irregulares.

La relación entre ambos no sería reciente: en 2019, Espert agradeció públicamente el apoyo de “Fred” durante la presentación de su libro en Viedma, Río Negro, ciudad natal del narcotraficante.

La denuncia abre un escenario complejo, con implicancias legales y políticas que podrían afectar la imagen pública y la proyección electoral de Espert.

En un nuevo episodio que deja en evidencia serias falencias en materia de seguridad digital, la cuenta oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) en la red social X fue hackeada y utilizada para difundir mensajes promocionando criptomonedas.

Durante la mañana, en la cuenta oficial de la fuerza aparecieron tres posteos en inglés en los que se invitaba a invertir en dos monedas virtuales, $MIRA y $XPL, incluyendo enlaces que derivaban a supuestos sitios de compra. Uno de los mensajes decía: “Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”

El primer tuit fraudulento se publicó a las 10:44, y recién cerca de las 12:30 la situación fue controlada. Para entonces, el episodio ya se había viralizado y puesto en ridículo a la institución que, paradójicamente, se presenta como garante de la lucha contra el ciberdelito.

Ante el escándalo, la PFA emitió un comunicado oficial en el que reconoció haber sido víctima de un “ataque informático internacional cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”.

Este incidente se suma a la lista de traspiés en la gestión de Patricia Bullrich, exponiendo un nuevo papelón en el Ministerio de Seguridad y dejando en evidencia la falta de resguardo digital en una de las fuerzas más importantes del país.

Las cadenas de autoservicios advierten que los proveedores trasladan subas anticipadas en aceites, yerba y galletitas, mientras el consumo sigue estancado en gran parte del país.

Los supermercadistas encendieron las alarmas frente a nuevas listas de precios enviadas por los proveedores, que reflejan incrementos de hasta un 7% en productos sensibles al dólar como aceites, yerbas y galletitas. La advertencia llega en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y ventas paralizadas.

Las cadenas nucleadas en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) señalan que estas subas son “especulativas” y reclaman retrotraer los precios a niveles anteriores. “No responden a aumentos reales de costos, sino a reacciones anticipadas”, advirtieron en un comunicado.

Víctor Palpacelli, presidente de FASA, precisó que los incrementos no fueron homogéneos: mientras aceites y galletitas treparon hasta un 7%, las yerbas mostraron un rango de subas entre 2,7% y 7%. En contraste, algunos productos de cuidado personal redujeron sus valores como gesto de contención.

El comunicado conjunto pidió responsabilidad empresarial: “No se puede trasladar todo al consumidor. Si no se corrige, estas maniobras sólo agravarán la inflación y profundizarán la pérdida de ingresos de los hogares”.

En el interior, la situación preocupa especialmente. Las ventas se mantienen en niveles históricamente bajos y los supermercadistas advierten que cada suba expulsa a más familias del consumo básico. “La presión es doble: justificar precios y al mismo tiempo intentar sostener las ventas”, resumen desde el sector.

Los empresarios consideran que una corrección inmediata es clave para evitar un nuevo espiral inflacionario que golpee tanto a consumidores como a la propia cadena de comercialización.