El ex presidente Eduardo Duhalde lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro político de Javier Milei, al señalar que una derrota electoral en octubre podría poner en riesgo la continuidad de su mandato.

“Es muy posible que peligre la continuidad del Presidente si pierde en octubre”, afirmó en diálogo con El Destape 1070, al analizar la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Según sostuvo, un revés electoral dejaría a Milei en “una situación muy difícil”, agravada por los juicios por corrupción que lo rodean y por el enojo creciente de la ciudadanía.

Duhalde también apuntó contra la interpretación oficialista de los resultados: “Milei no hace una lectura correcta del resultado electoral, pero tampoco sé qué podría hacer cuando el gran problema que tienen ellos está vinculado con la corrupción y con el enojo de la gente”.

🗣️"Si el Gobierno pierde en octubre lo pondría en una situación muy difícil"

Eduardo Duhalde se refirió a la continuidad de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo en caso de perder en las elecciones legislativas nacionales#PaloyZanahoria 🥕 pic.twitter.com/8dsm2zZ6lb

— El Destape 1070 (@eldestape_radio) September 16, 2025

Si bien aclaró que no vislumbra un escenario de Asamblea Legislativa porque “tenemos vicepresidente”, insistió en que la gobernabilidad del oficialismo quedaría seriamente comprometida tras un eventual tropiezo en las urnas.

En cuanto a la política provincial, destacó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof “acertó con el desdoblamiento electoral” y consideró que esta estrategia fue clave para la victoria en Buenos Aires: “Sin el desdoblamiento, este resultado no se hubiese dado. Gracias a esto y al triunfo bonaerense, ahora estamos más convencidos de que se puede ganar bien el mes que viene”.

Sobre el plano nacional, Duhalde cuestionó la reciente cadena nacional en la que Milei anunció el envío del Presupuesto 2026 al Congreso. Aunque reconoció que el mandatario “quiere cambiar su forma de ser” y lo notó “muy ordenadito hablando”, remarcó que “no entiende la importancia de la producción” y que el país “está muy quedado en el sector productivo”.

Finalmente, recordó que Milei llegó al poder “por los defectos de los gobiernos anteriores” y puso en duda su optimismo: “Lo veo absolutamente convencido cuando dice que lo peor ya pasó, pero es muy difícil convencer a quienes ya hemos gobernado”.

Más allá de los discursos oficiales, los números son claros: el Presupuesto 2026 proyecta un nuevo recorte en la inversión destinada a la educación universitaria.

En términos del Producto Bruto Interno (PBI), la partida para el sector pasó de representar el 0,718% en 2023 a 0,569% en 2024, descendió a 0,495% en 2025 y, de acuerdo al proyecto enviado por Javier Milei al Congreso, caerá todavía más en 2026, hasta el 0,462%.

Este retroceso se produce en vísperas de una masiva movilización universitaria convocada para este miércoles 17 en la Plaza de los Dos Congresos, donde se busca respaldar el rechazo parlamentario al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

La comparación histórica tampoco deja lugar a dudas: el nivel de inversión proyectado para 2026 es equivalente al de 2003, cuando el país aún trataba de recuperarse de la crisis de 2001.

El deterioro se refleja también en los salarios docentes, que se redujeron un 29,1% entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Según datos del Consejo Universitario Nacional, alrededor de 10.000 docentes dejaron sus cátedras en los últimos años. El organismo calcula que se necesitarían 7,3 billones de pesos para sostener el sistema en condiciones mínimas, pero el proyecto oficial prevé solo 4,8 billones.

Para Claudio Martínez, periodista y divulgador científico, esta caída presupuestaria revela la raíz del conflicto: “Las universidades son fábricas de conocimiento. Su modelo económico no necesita un país de personas cultas y formadas”.

El debate parlamentario y la movilización social de esta semana marcan un punto de inflexión: no se trata únicamente de un presupuesto, sino de la definición del rumbo que tomará el país en relación con el conocimiento, la innovación y el futuro de la educación pública.

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Macri, Javier González Fraga, y a su entonces vice, Lucas Llach, junto a otros 24 exdirectores del Banco Nación y de la agroexportadora Vicentin, en el marco de la causa que investiga un presunto fraude contra el Estado por más de US$260 millones.

La decisión judicial, tomada tras un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita luego de cinco años de pesquisa, incluyó también la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los imputados, con el objetivo de evitar maniobras de ocultamiento patrimonial.

Los implicados

Entre los convocados figuran, además de González Fraga y Llach, el exdirector del Nación Carlos Castellani. Por parte de Vicentin fueron citados Daniel Buyatti, Alberto Macua, Herman y Roberto Vicentin, Martín Colombo y Máximo Padoan, integrantes de la cúpula que llevó a la empresa a la cesación de pagos en 2019.

La acusación

De acuerdo con la fiscalía, entre agosto y diciembre de ese año, las autoridades del Banco Nación concedieron créditos irregulares a Vicentin aun cuando la compañía ya acumulaba deudas impagas, había perdido su calificación crediticia y se encontraba en riesgo de default.

La operatoria incluyó la liberación de garantías, la otorgación de nuevos préstamos por más de US$105 millones y la simulación de un plan de cobro que en los hechos favoreció la falta de pago. Parte de esos fondos —alrededor de US$16 millones— habrían sido derivados a cuentas en paraísos fiscales, mientras que otra porción se encubrió mediante facturación apócrifa por casi $223 millones.

El fiscal Pollicita señaló que los funcionarios macristas del Nación “se apartaron deliberadamente de la conducta debida para beneficiar a los empresarios, en claro perjuicio del Estado”.

Lo que viene

Las indagatorias se llevarán a cabo entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre. Están citados exdirectores, gerentes y síndicos del banco, así como los principales responsables de la agroexportadora.

El tribunal destacó la “gran complejidad” de los hechos, que involucran a una de las compañías más influyentes del sector agroindustrial y al mayor banco público del país.

Lo que en su momento se presentó bajo el lema “Somos todos Vicentin”, hoy aparece resignificado: cuando se defrauda al Estado, los estafados “somos todos”.

El presidente Javier Milei anunció la reactivación de la obra pública y aseguró que el superávit fiscal permitirá al Estado “financiar al sector privado” para llevar adelante proyectos de infraestructura y logística.

Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) señalaron que las definiciones del mandatario “son muy confusas” y generan más dudas que certezas. La mayoría de los empresarios perdieron la confianza en el gobierno nacional.

“El texto del presupuesto destina apenas el 0,4% del PBI a obra pública, cuando lo que se necesita es alrededor del 5% solo para mantener en pie la infraestructura existente”, advirtió Ricardo Griot, vicepresidente de Camarco, en declaraciones a FM La Patriada.

El dirigente empresario remarcó que la ambigüedad oficial se arrastra desde hace meses: “La lectura ha sido muy confusa desde hace bastante tiempo. No tenemos claro si realmente va a haber un cambio en este esquema”.

Griot también describió el deterioro acumulado en el sector: “Para volver al nivel de diciembre de 2023 necesitaríamos entre 10.000 y 20.000 millones de dólares”.

El mercado cambiario cerró la jornada de ayer con nuevas tensiones. A pesar de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei intentó transmitir calma y reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal, el dólar retomó la senda alcista y el riesgo país se disparó, alcanzando su mayor nivel en los últimos doce meses.

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró a $1.480 para la venta, mientras que el promedio de las entidades financieras lo ubicó en torno a $1.482. En el segmento mayorista, la divisa terminó en $1.469, con un incremento leve respecto del día anterior. El paralelo, en tanto, volvió a presionar al alza y se vendió a $1.465, unos diez pesos más que en la rueda previa. El presupuesto que presentó Milei, de esta manera, nace muero: dice que el dólar estará al 1350 para fin de año. Imposible.

La suba se produjo en un contexto de incertidumbre política y financiera. Lejos de disipar las dudas, la cadena presidencial no logró frenar la demanda de dólares ni la inquietud de los inversores, que siguieron buscando cobertura frente a un escenario volátil.

El otro dato negativo de la jornada fue el salto del riesgo país, que trepó hasta los 1.225 puntos básicos, el valor más elevado en casi un año. La combinación de presión cambiaria, caída de reservas y desconfianza en la capacidad del Gobierno para sostener sus compromisos de deuda alimentó la escalada del indicador, que refleja el costo adicional que paga Argentina para financiarse en los mercados internacionales.

Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires y de facultades de la UBA ocuparon sus sedes en rechazo a la decisión de Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto suma adhesión sindical y promete una multitudinaria marcha al Congreso.

La tensión en el sistema universitario crece tras el veto del Gobierno a la Ley de Financiamiento Universitario. En las últimas horas, el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) quedó bajo control de sus estudiantes, que decidieron la toma en asamblea, mientras que facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) replicaron la medida con ocupaciones y pernoctes.

León Rodríguez, presidente del centro de estudiantes del CNBA, sostuvo que la decisión responde a los “ataques constantes del Gobierno a la educación pública” y calificó el veto como “un punto final a una serie de ajustes que venimos sufriendo desde el año pasado”. En la UNA, más de 350 estudiantes de Artes Dramáticas aprobaron por unanimidad la ocupación de la sede.

En paralelo, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA confirmaron que se sumarán con tomas nocturnas desde este martes, en la antesala de la Marcha Federal Universitaria convocada para el miércoles 17 de septiembre. Ese día, las universidades públicas realizarán un paro total de actividades con el respaldo de Conadu, Conadu Histórica, Feduba, Fatun y otros gremios.

El reclamo trascendió el ámbito académico: la CGT anunció que marchará bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”, mientras que la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y ATE confirmaron medidas de fuerza para acompañar la protesta. La jornada se perfila como una demostración masiva contra la política educativa del Gobierno, en un frente común que unifica a sindicatos, estudiantes y docentes.

La UIA y los empresarios pymes coincidieron en reclamar al Gobierno medidas urgentes para evitar que el ajuste fiscal y la apertura económica profundicen la recesión en la industria y en el mercado interno.

El discurso presidencial en torno al Presupuesto 2026 generó señales encontradas en el sector productivo. Si bien la Unión Industrial Argentina (UIA) valoró la reducción del déficit y la promesa de estabilidad macroeconómica, remarcó que el equilibrio fiscal por sí solo no alcanza para sostener a la industria nacional.

El titular de la UIA, Martín Rappallini, alertó que una apertura acelerada de la economía, sin reformas que reduzcan el llamado “costo argentino”, podría poner en riesgo al entramado productivo local. Entre los puntos reclamados mencionó modernización laboral, menor presión tributaria, infraestructura, financiamiento accesible y capacitación de calidad. “No se trata solo de ordenar las cuentas, sino de garantizar igualdad de condiciones frente a la competencia externa”, señaló.

Desde el sector pyme, el tono fue más crítico. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que el plan económico “no tiene como ingrediente la industria, las exportaciones ni el mercado interno” y pidió un diálogo real con los empresarios para dar sustentabilidad a la producción. “Valoramos el objetivo del superávit, pero hay errores que no son negociables: la industria es la generadora de riqueza y debe ser parte de la transformación”, afirmó.

Un informe de coyuntura elaborado por el IPA mostró que, si bien la actividad económica creció en términos interanuales, el repunte responde más a un rebote estadístico que a una reactivación genuina. El consumo interno sigue débil, la producción industrial no alcanza los niveles previos a la crisis y las pymes enfrentan graves problemas de financiamiento.

La advertencia es clara: sin medidas específicas para apuntalar la economía real, el plan oficial corre el riesgo de reducir la industria argentina a un rol marginal en medio de la recesión.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó distancia tanto del presidente Javier Milei como del expresidente Mauricio Macri al rechazar la frase “lo peor ya pasó”, utilizada por ambos mandatarios en distintos momentos de crisis.

En cadena nacional, Milei lanzó la expresión que recordó inevitablemente al 2018, cuando Macri la utilizó poco antes de que Argentina se hundiera en la deuda con el FMI y en una de sus peores crisis económicas. Sin embargo, Bullrich —que fue funcionaria de ambos gobiernos— se desmarcó rápidamente.

En una entrevista con TN, negó haber recurrido a ese tipo de diagnóstico:
“Yo no dije ‘lo peor ya pasó’”, aclaró con firmeza, marcando distancia tanto del discurso actual de Milei como del fallido pronóstico macrista de cuyo gobierno fue parte.

Cuando el periodista le recordó que la frase la había pronunciado el Presidente, la ministra insistió en diferenciarse: “Bien, pero en marzo [de 2018] estábamos mejor que ahora. Ahí empezó la guerra política”.

El gesto de Bullrich no pasó desapercibido: buscó lavarse las manos del fracaso económico del macrismo y, al mismo tiempo, mostrarse cautelosa frente a un Milei que apuesta a instalar optimismo en medio de un panorama angustiante e incierto.

El ministro de Defensa, Luis Petri, vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por un intento de desprenderse de 13.000 hectáreas estratégicas del Ejército en La Calera, Córdoba, un área de altísimo valor inmobiliario rodeada de barrios privados y proyectos de lujo.

La maniobra, que nunca fue formalizada, ya generó un fuerte pedido de explicaciones en el Congreso y reavivó las sospechas sobre el rumbo de su gestión.

El diputado del PRO, Oscar Agost Carreño, presentó un pedido formal para que Petri dé cuenta de la operación. Según advirtió, el plan despierta serias dudas por tratarse de un posible negocio privado a costa del patrimonio estatal. El interrogante es inevitable: ¿qué gana el Estado desprendiéndose de tierras militares estratégicas en una zona tan codiciada? Para muchos, la respuesta es clara: se trataría de una nueva privatización encubierta, bajo el eufemismo de “optimización de recursos”.

EXPLICACIONES YA‼️

Desde ámbitos militares nos llegó una alerta grave sobre la posible venta o cesión de 13.000 hectáreas en el camino a La Calera. Se habla de negociaciones bajo la mesa, como canjes impositivos o de deuda, sin definición clara de Defensa ni del Ministerio… pic.twitter.com/Te1KGyVMrZ

— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 12, 2025

El caso de La Calera encaja a la perfección con el manual del gobierno de Javier Milei, dispuesto a rematar activos estatales sin medir costos políticos ni patrimoniales. Pero la polémica llega en el peor momento para Petri, quien ya enfrenta un escenario crítico dentro y fuera de su ministerio.

La obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se encuentra al borde del colapso financiero, con denuncias internas que responsabilizan directamente a su conducción. A esto se suma una investigación judicial sobre contrataciones con la droguería Suizo-Argentina, que pone bajo sospecha a la cartera de Defensa por posibles hechos de corrupción. Y como si fuera poco, Petri sostiene una doble agenda: la de ministro y la de candidato a diputado por Mendoza, un cruce de intereses que mina su credibilidad.

La venta de las 13.000 hectáreas promete convertirse en un nuevo campo de batalla político. Varios bloques legislativos ya advirtieron sobre el riesgo de desprenderse de bienes estratégicos de las Fuerzas Armadas para favorecer negocios privados. Lo que está en juego no es solo el patrimonio militar, sino también la transparencia de un ministerio que acumula denuncias y parece más enfocado en maniobras políticas que en defender los recursos del Estado.

En este escenario, la figura de Luis Petri se tambalea entre sospechas de corrupción, mala gestión y oportunismo electoral. Lo que debería ser una conducción firme al servicio del interés nacional se convierte, cada vez más, en un símbolo de crisis y desconfianza en el gobierno de Javier Milei.

El Wall Street Journal, el diario más influyente en el mundo de las finanzas de EEUU, consideró que Karina Milei se convirtió en un peligro para Javier Milei tras los escándalos de corrupción. Considerando que el modelo del gobierno se basa en la deuda externa, el artículo del Wall Street Journal no debe pasar desapercibido.

El diario destaca que mientras Milei eligió a un egresado de Harvard para la desregulación y a un ex banquero de Wall St para manejar la economía, confió en una pequeña vendedora de tortas en Instagram como su principal socia para gobernar.

“Karina Milei está envuelta en un su propio escándalo de corrupción, centrado en denuncias por coimas de compañías farmacéuticas”, explicaron. Milei luchó mucho para no ser un “fenómeno barrial” y lo está logrando gracias a Karina. Aunque no de la mejor manera.

Según el análisis dos periodistas del diario neoyorquino, las denuncias afectaron el aura outsider del presidente e influyeron en la derrota en la Provincia. El fracaso electoral sacudió los mercados y despertó preocupación en los inversores extranjeros sobre el desempeño del gobierno para las elecciones de octubre.