El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que reduce los subsidios al gas en zonas frías y reclamó al Senado que rechace la iniciativa. “Lo que pone en riesgo son las tarifas y, por lo tanto, las condiciones de vida de millones de argentinos”, advirtió.

Durante una actividad en Florencio Varela, Kicillof calificó como “muy tremendo” que el oficialismo haya logrado avanzar con el ajuste “con apoyo del Congreso nacional” y alertó que la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei “va a traer consecuencias de todo tipo” sobre una sociedad golpeada por la crisis económica.

El mandatario bonaerense sostuvo además que algunos aspectos del proyecto “están mal directamente, son ilegales”, y dejó abierta la posibilidad de impulsar presentaciones judiciales si la norma es finalmente aprobada por el Senado. “Le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”, insistió.

En otro tramo de sus declaraciones, Kicillof cuestionó la política energética nacional y comparó la situación argentina con las medidas tomadas en otros países frente al aumento internacional de la energía. “En todo el planeta hubo gobiernos que tomaron medidas para amortiguar el impacto del aumento de la energía. Todos menos Milei, que decidió transferirle el costo a los hogares”, afirmó.

Según planteó, el impacto de las tarifas ya se refleja en la vida cotidiana de millones de familias. “La gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes”, señaló.

El gobernador también respondió a recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien admitió que el margen para profundizar el ajuste fiscal es limitado. “Hace mucho que no se puede ajustar más”, retrucó Kicillof, y advirtió sobre “problemas de acceso a remedios, a cuestiones básicas y una situación cada vez más complicada producto de la desocupación y la caída de los salarios”.

Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría. Un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la… pic.twitter.com/ac23SpSPxf

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2026

La todopoderosa Karina Milei le cerró las puertas a la senadora Patricia Bullrich luego de que ésta exigiera públicamente que el vocero presidencial presente su declaración patrimonial, un expediente que mantiene al gobierno en aprietos desde hace más de dos meses. La tensión se suma a la guerra abierta entre Santiago Caputo y Martín Menem, que ya dejó a Javier Milei en una posición incómoda.

Según trascendió, Bullrich no fue convocada a la reunión del próximo lunes, aunque sí está en la lista para el encuentro de la mesa política del martes. La semana pasada Milei le había gritado a Bullrich, según reconoció la propia senadora.

Karina no le perdona a la ministra haber salido a presionarla públicamente sobre el caso Adorni, hombre de estricta confianza de “la jefe”. Se sabe: Bullrich toma distancia del gobierno porque quiere ser candidata a presidente si al gobierno le sigue yendo mal.

Durante una charla en la Universidad Austral, Macri cuestionó el estilo de conducción de Milei y lo definió como “un liderazgo emocional”, en una de las críticas más directas que expresó hasta ahora hacia el Presidente.

Además, el líder del PRO contradijo públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien días atrás había asegurado que el programa económico libertario “hizo exactamente lo opuesto” a la experiencia de Cambiemos.

Macri reconoció que, al igual que el actual gobierno, su gestión también buscó apoyo político de Donald Trump para fortalecer la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al FMI. Pero después no supo lograr que el Fondo entienda el programa”, afirmó.

La declaración relativiza el intento del oficialismo de diferenciar completamente el rumbo económico actual del implementado durante Cambiemos y deja en evidencia puntos de contacto entre ambas administraciones en relación con el respaldo internacional y las conversaciones con el organismo.

Macri incluso sugirió que Milei consiguió un apoyo más decidido de Trump que el que recibió su propio gobierno. “La gran diferencia entre el anterior y este es que Trump está entre la finitud de la vida. A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo y lo hizo”, sostuvo.

Las declaraciones vuelven a exponer el delicado vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza: coincidencias económicas y respaldo legislativo, pero crecientes diferencias políticas y de liderazgo entre Macri y Milei.

La interna libertaria escaló a un nivel de máxima tensión y ya impacta de lleno en el funcionamiento del Gobierno. Karina Milei decidió excluir a Patricia Bullrich de las reuniones de gabinete luego del ultimátum público que la ministra lanzó contra Manuel Adorni para que presente su declaración jurada patrimonial.

La decisión de Karina no sólo profundiza el enfrentamiento con Bullrich, sino que agrega otro frente de conflicto a una administración atravesada por disputas internas cada vez más agresivas y visibles. El episodio ocurre mientras crece la guerra política entre Santiago Caputo y Martín Menem, una pelea que ya empieza a incomodar incluso al propio Javier Milei.

En la Casa Rosada confirmaron que Bullrich no fue convocada a la reunión de gabinete del próximo lunes, aunque sí participaría del encuentro de la mesa política previsto para el martes. Sin embargo, la propia ministra les transmite a sus interlocutores que esa mesa “no sirve para nada”, reflejando el deterioro del vínculo con el núcleo duro libertario.

La tensión se disparó luego de que Bullrich presionara públicamente a Adorni para que transparentara su patrimonio, un tema sensible que mantiene incómodo al Gobierno desde hace más de dos meses. Según admitió la propia ministra, durante la última reunión de gabinete Milei la retó duramente por haber instalado el tema puertas afuera.

Cerca de Bullrich interpretan la exclusión como un intento de disciplinamiento político encabezado por Karina Milei, acostumbrada —según describen en ese sector— a marginar a quienes cuestionan sus decisiones. Pero advierten que la ministra no piensa aceptar el desplante en silencio.

“Ella no es Marra ni los otros”, afirman en su entorno, en referencia a que Bullrich conserva estructura, peso político y vínculos propios dentro del oficialismo. La advertencia escala aún más: “Ella puso todo y ahora la maltratan al pedo. Ahora que se la banquen”.

En el oficialismo ya temen que el conflicto derive en una fractura más profunda. Algunos sectores libertarios incluso empiezan a especular con un posible eje político entre Bullrich, el espacio de “Las Fuerzas del Cielo” vinculado a Caputo y Mauricio Macri como contrapeso al armado de Karina Milei.

En paralelo, cerca de Bullrich aseguran que la ministra busca consolidarse como “el plan A del establishment”, aunque también circula otra hipótesis: convertirse en una alternativa de emergencia para Milei en caso de un escenario electoral adverso. Bajo esa lógica, Bullrich impulsaría un acuerdo político más amplio que incluiría un entendimiento con Macri, incluso negociando el futuro electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

El clima de confrontación interna ya dejó de ser un ruido de fondo y empieza a mostrar consecuencias concretas dentro del Gobierno. Con Karina Milei endureciendo su control político y Bullrich decidida a resistir, la disputa amenaza con abrir una nueva etapa de inestabilidad en el oficialismo.

Una disposición administrativa firmada en las últimas horas habilitó el ascenso de 246 agentes a las categorías más altas del escalafón, en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de transparencia y el impacto salarial de la medida.

La polémica crece porque muchos de los ascensos habrían sido otorgados sin concursos ni criterios públicos claros, beneficiando a funcionarios y empleados cercanos a la conducción del organismo. Con las recategorizaciones, varios de los promovidos pasarán a cobrar salarios que rondan los seis millones de pesos mensuales, desatando indignación tanto en sectores políticos como entre trabajadores de la propia administración pública.

Desde distintos espacios opositores denunciaron que ARCA se convirtió en “una caja de privilegios” mientras el Gobierno sostiene un discurso de ajuste y recorte del gasto estatal. El caso amenaza con escalar políticamente debido al volumen de ascensos y al millonario costo que implican las nuevas designaciones dentro del organismo recaudador.

La causa Cuadernos sumó este jueves un testimonio explosivo. Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía Cristina Fernández de Kirchner, declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 que fue presionado y amenazado en el juzgado de Claudio Bonadio para incriminar al entorno de la ex presidenta, y admitió que mintió en su declaración de 2018.

“Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas”, afirmó Silva durante la audiencia. Y agregó: “Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”.

La confesión del testigo sorprendió a todas las partes presentes en el juicio y golpeó uno de los relatos que durante años sostuvo la acusación en la denominada causa Cuadernos, utilizada políticamente contra Cristina Kirchner.

Silva reveló además que cuando fue citado al juzgado de Bonadio durante la instrucción de la causa se sintió amenazado por funcionarios judiciales. “Me sentí mal”, declaró ante los jueces. Según relató, le dijeron que debía contar “todo” y que “pensara en sus hijas” antes de prestar declaración.

El encargado del edificio de Juncal y Uruguay explicó que Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, solía llevar un portafolio y ocasionalmente “un bolsito de mano”, pero negó haber visto los bolsos y valijas que figuraban en su declaración original firmada durante la investigación de Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Durante su testimonio, Silva también relató un episodio ocurrido en el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner que dejó expuesta la presión ejercida durante la investigación. Según contó, escuchó cuando el comisario a cargo le informó a Bonadio que el procedimiento había terminado sin resultados positivos.

“Señor Bonadio, el allanamiento se da por terminado, no hay nada”, recordó que dijo el jefe policial. Y agregó que del otro lado del teléfono escuchó los gritos del juez: “No. Hasta que no encuentren algo se quedan hasta mañana”.

“Yo lo escuché perfectamente”, insistió Silva, al tiempo que explicó que Bonadio “estaba a los gritos”.

Las declaraciones del testigo reabrieron los cuestionamientos sobre la instrucción de la causa Cuadernos, denunciada desde distintos sectores por irregularidades, presiones sobre imputados y utilización política del aparato judicial en el marco de la persecución contra Cristina Kirchner.

La Casa Rosada avanza con llamativo apuro en el ascenso de Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar y hombre de extrema confianza de Karina Milei, pese a que su nombre aparece vinculado a una investigación judicial por supuestas irregularidades millonarias en contrataciones y compras oficiales.

El Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego PE 133/26 para promover a Ibáñez al grado de general de división, con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2025. De aprobarse, quedará a un solo escalón del máximo rango del Ejército Argentino: teniente general.

La decisión sorprendió incluso dentro del Congreso porque el ascenso no fue incluido en el paquete habitual de promociones militares, sino que ingresó junto a un lote de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes. El movimiento fue interpretado como un intento de blindar políticamente al jefe de la Casa Militar en medio del avance de las investigaciones.

Ibáñez está bajo la lupa junto a la exdirectora de Logística Florencia Gastaldi y al expiloto presidencial Juan Pablo Pinto por presuntas maniobras irregulares en compras de repuestos, mantenimiento de aeronaves y contrataciones vinculadas a la Agrupación Aérea Presidencial. Según trascendió, la Justicia investiga supuestos pedidos de retornos del 10% en licitaciones adjudicadas a proveedores cercanos al organismo.

Uno de los casos más sensibles involucra la compra de un avión Embraer ERJ-140LR por más de 4 millones de dólares, pese a que una aeronave similar habría sido cotizada posteriormente en poco más de 2 millones. También aparecen cuestionadas contrataciones millonarias de vehículos y alquileres para actos oficiales realizadas mediante licitaciones exprés, con oferentes únicos y proveedores repetidos.

La Casa Militar depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei, quien vuelve a quedar en el centro de las sospechas por la protección política de funcionarios de su círculo más íntimo.

Ibáñez además quedó recientemente envuelto en la polémica por el endurecimiento de restricciones a periodistas en la Casa Rosada. Desde la Casa Militar impulsaron una denuncia por supuesto “espionaje ilegal” contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno tras un informe televisivo emitido por TN. La presentación fue finalmente desestimada por la Justicia.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe en el que advirtió que los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implicarán un costo fiscal de hasta u$s1.395 millones anuales para el Estado nacional. El estudio analiza el impacto de las exenciones impositivas y asegura que gran parte de los desembolsos corporativos ya estaban programados antes de la sanción de la ley.

De acuerdo con la investigación, el escenario base de resignación fiscal se ubica en los u$s1.069 millones al año, con un piso de u$s786 millones según el volumen de exportaciones. El principal factor de esta pérdida de recursos estatales es la disminución de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, que bajó del 35% al 25% para las corporaciones adheridas. Esta reducción en Ganancias representa una merma de u$s545 millones anuales, con especial beneficio en los desarrollos de gas natural licuado (GNL) y minería. Asimismo, entre 2025 y 2028 se prevé un impacto adicional de u$s430 millones por año debido a las franquicias arancelarias y la devolución del IVA durante la etapa constructiva.

El fisco también dejará de percibir unos u$s107 millones anuales por la flexibilización de las retenciones a las exportaciones, un esquema que favorece a emprendimientos de litio y plata. En este marco, la petrolera estatal YPF posee un rol central, ya que concentra el 68,5% de las inversiones totales aprobadas bajo el régimen. El CEPA cuestionó la efectividad del RIGI como motor de nuevos capitales, tras detectar que siete de los doce proyectos vigentes contaban con anuncios previos o estudios avanzados. El organismo concluyó que el sistema otorga privilegios cambiarios y aduaneros extraordinarios a planes económicos que se hubieran ejecutado de todas formas, reseñó Política Argentina.

Por último, el informe alertó sobre los riesgos de la propuesta denominada “SuperRIGI”, una ampliación que reduciría aún más el Impuesto a las Ganancias hasta el 15%.

Horas después de la irrupción de Javier Milei en una clase de economía de la Universidad de San Andrés, docentes de esa casa de estudios publicaron una carta en defensa de la educación pública.

El presidente llegó acompañado de su custodia y de la diputada Lilia Lemoine —además es su maquilladora— a la cátedra de Federico Sturzenegger, correspondiente al programa de la Maestría en Economía. La visita tuvo un comienzo accidentado: a pedido del profesor Juan Carlos de Pablo, Milei debió intervenir personalmente para indicarles a sus custodios que permitieran el ingreso de los alumnos al aula.

Desde el gobierno calificaron la presentación como una clase magistral de Macroeconomía Avanzada, aunque los contenidos desarrollados por el presidente se corresponden con los de Macroeconomía I de cualquier carrera de Ciencias Económicas. Milei desplegó conceptos muy elementales, lo que hizo que algunos alumnos no pudieron evitar algunos bostezos.

La visita ocurrió cinco días después de la multitudinaria marcha universitaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, la presencia de Milei en una de las universidades privadas más prestigiosas del país fue leída como una provocación. Quienes recogieron el guante fueron los propios docentes de San Andrés.

“Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso”, expresa la carta, que reúne decenas de firmas.

Con 138 votos a favor, el oficialismo logró aprobar la llamada “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, que elimina regulaciones y protecciones sobre sectores considerados clave para la industria, la ciencia, la tecnología y la defensa nacional.

La iniciativa fue respaldada no sólo por La Libertad Avanza, sino también por el PRO, la UCR y gobernadores aliados. Acompañaron los diputados vinculados a Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, además de integrantes del interbloque Provincias Unidas. El peronismo, la izquierda y algunos bloques provinciales rechazaron el proyecto, aunque reunieron apenas 96 votos, 42 menos que el oficialismo.

La oposición advirtió que detrás de la derogación de normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno se esconde un avance sobre herramientas legales que protegían activos estratégicos del Estado y empresas nacionales sensibles. Entre ellas aparecen Arsat, Nucleoeléctrica Argentina, Fabricaciones Militares, Tandanor y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, compañías que ya habían sido incluidas por Milei en el primer intento de privatizaciones de la ley Ómnibus.

Durante el debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, alertó que el proyecto apunta a “liquidar empresas estratégicas para la ciencia, la tecnología y la defensa”. También cuestionó la derogación de la Ley de Bienes Culturales, sancionada en 2003 para evitar que compañías argentinas endeudadas quedaran en manos extranjeras. Según explicó, esa normativa no sólo protegía medios de comunicación sino también empresas vinculadas al desarrollo tecnológico y la defensa nacional.