La líder de la Coalición Cívica aseguró que la iniciativa responde a intereses vinculados a magnates de Silicon Valley y al narcotráfico, y afirmó que incluso podría denunciar al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich por el delito de traición a la patria.

La discusión por el proyecto del Gobierno para modificar la ley de tierras sumó un nuevo foco de tensión tras las explosivas declaraciones de Elisa Carrió, quien acusó a la administración de Javier Milei de impulsar una iniciativa que pone en riesgo la soberanía nacional y favorece intereses extranjeros vinculados al poder tecnológico global y al narcotráfico.

La líder de la Coalición Cívica sostuvo que la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, actualmente en debate en el Senado, podría habilitar la entrega de territorios estratégicos, recursos naturales, agua y zonas de frontera a capitales extranjeros. “Es el modelo que quieren Peter Thiel, Silicon Valley y los narcos”, afirmó, al advertir que la Argentina podría convertirse en el primer laboratorio de un “tecnofeudalismo” donde existan “Estados sin impuestos dentro del Estado”.

Carrió reveló que analizó el último borrador del proyecto enviado por Patricia Bullrich y cuestionó especialmente el límite del 25% de tierras que podrían adquirir personas o sociedades extranjeras. Según explicó, ese porcentaje podría concentrarse en una misma provincia o en áreas sensibles de frontera, afectando la integridad territorial del país.

La exdiputada consideró que la reforma debilita los mecanismos de control estatal y sostuvo que la protección de las zonas fronterizas no puede quedar sujeta a decisiones de gobernadores o funcionarios del Poder Ejecutivo, ya que involucra directamente la soberanía nacional.

En ese marco, lanzó una de sus advertencias más contundentes al asegurar que, si la ley es aprobada, está dispuesta a denunciar penalmente al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich por el delito de traición a la patria. Además, afirmó que los impulsores del proyecto ya podrían estar alcanzados por el artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe delegar facultades extraordinarias que comprometan el orden constitucional.

Durante la entrevista, Carrió vinculó la iniciativa con los intereses del empresario tecnológico Peter Thiel, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, y aseguró que detrás de la reforma existe un proyecto para facilitar el establecimiento de enclaves con escaso control estatal destinados a grandes corporaciones tecnológicas y otros actores con enorme capacidad financiera.

“¿Para qué reivindicar Malvinas si después permitimos que compañías extranjeras controlen territorios estratégicos?”, cuestionó, al insistir en que la reforma representa un riesgo para la integridad territorial argentina y profundiza la controversia en torno a uno de los proyectos más sensibles impulsados por el Gobierno.

El exfuncionario macrista y denunciante estrella prestó declaración testimonial en el tribunal, pero no pudo aportar pruebas ni sostener sus propias acusaciones sobre la obra pública. Su testimonio dejó expuestas las inconsistencias de la investigación armada durante el gobierno de Cambiemos.

Lo que prometía ser una jornada clave para sostener una de las acusaciones más mediáticas de los últimos años terminó convirtiéndose en un verdadero fiasco. El exadministrador de Vialidad Nacional y exministro de Energía del macrismo, Javier Iguacel, naufragó estrepitosamente durante su declaración en el juicio oral de la denominada “Causa Cuadernos”, al mostrarse incapaz de fundamentar las irregularidades que él mismo denunció en los medios de comunicación y en la fase de instrucción.

Convocado al estrado en calidad de testigo y uno de los principales impulsores de la teoría sobre la cartelización de la obra pública, Iguacel quedó acorralado ante las preguntas técnicas de las defensas. A lo largo de su exposición, el exfuncionario debió admitir reiteradamente que no le constaban los hechos de manera directa, que muchas de sus afirmaciones se basaban en “suposiciones” o “informes periodísticos” y que no contaba con documentación respaldatoria para acreditar los supuestos retornos o sobreprecios denunciados.

Las claves del desmoronamiento del testimonio de Iguacel:

• Sin pruebas concretas: Pese a haber sido el motor de la denuncia que inició el raid judicial contra exfuncionarios y empresarios, Iguacel reconoció que no presenció ningún pago ilegal ni detectó pruebas físicas directas de la existencia de una asociación ilícita en los expedientes de Vialidad.
• Inconsistencias técnicas: Al ser consultado sobre las auditorías internas que su propia gestión encargó en Vialidad Nacional, el testigo debió admitir que esos informes técnicos no arrojaron evidencias de sobreprecios en la construcción de rutas ni certificaron obras pagadas y no ejecutadas.
• Acorralado por las defensas: Las preguntas de los abogados defensores dejaron en evidencia el sesgo político de sus denuncias originales, exponiendo la falta de rigor metodológico en las acusaciones que sirvieron para armar la causa durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una causa acorralada por sus propias debilidades

El fallido paso de Iguacel por el Tribunal Oral Federal representa un golpe demoledor para la estrategia de la fiscalía y reafirma los cuestionamientos sobre cómo se instruyó el expediente bajo la doctrina del extinto juez Claudio Bonadio.

Para las defensas, la fragilidad exhibida por el denunciante estrella demuestra que el expediente se sostuvo sobre una construcción mediática y política más que sobre elementos probatorios sólidos. La caída del testimonio de Iguacel acelera el desgaste de una causa emblemática que, al llegar a la etapa de juicio oral y público, empieza a mostrar sus grietas más profundas.

La vicepresidenta firmó la resolución para habilitar la participación remota de la senadora mendocina por motivos de salud. La medida destaca en medio de la tirante relación entre la conducción de la Cámara alta y el bloque opositor.

En una decisión que marca un paréntesis en la permanente confrontación política dentro del Congreso, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, autorizó formalmente a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a participar y votar de manera virtual en las próximas sesiones de la Cámara alta.

La resolución firmada por la presidencia del cuerpo responde a un pedido presentado por la legisladora mendocina fundado en razones de salud que le impiden trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Con esta habilitación excepcional, el bloque de Unión por la Patria mantendrá su esquema completo de bancas para las discusiones clave que se avecinan en el recinto.

Las claves del aval de la Presidencia del Senado:

• Sustento reglamentario: La autorización se encuadró en las herramientas de conectividad y participación remota que quedaron contempladas en el reglamento de la Cámara para situaciones justificadas de fuerza mayor o licencias médicas.
• Preservación del quórum y los votos: Para el bloque opositor, la presencia virtual de Fernández Sagasti resulta estratégica de cara a votaciones con números sumamente finos, donde cada banca es decisiva para inclinar la balanza.
• Un gesto institucional en un clima tenso: La firma de Villarruel fue leída en los pasillos de la Cámara alta como un cumplimiento estricto del rol institucional, marcando un contraste con la lógica de confrontación plena que domina la agenda parlamentaria.

El tablero político en la Cámara alta

La habilitación remota se produce en un contexto de altísima intensidad en el Senado, donde el Ejecutivo busca destrabar leyes clave mientras la oposición articula mayorías para ponerle frenos a decretos y proyectos oficiales.

Con el esquema de sesiones listo y los números al límite, la decisión de garantizar la conectividad de la senadora mendocina asegura que las próximas batallas legislativas se libren con la totalidad de los votos en juego sobre la mesa.

El Ministerio de Salud de la Nación fue allanado por orden del juez federal Ernesto Kreplak en la causa que investiga al menos 114 muertes por fentanilo adulterado vinculado a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Además fueron detenidas dos ex funcionarias libertarias. ¿El círculo se cerrará sobre Rodrigo Lugones, ministro de salud mileista?

En el marco de la causa que investiga el fentanilo adulterado se realizó hoy un allanamiento en el Ministerio de Salud de la Nación. Fuentes cercanas a la causa afirmaron que se fue a buscar documentación y se secuestraron registros de ingresos y egresos y reuniones de la cartera sanitaria correspondientes a 2023 y 2024.

Además, Nélida Agustina Bisio de ANMAT y Gabriela Mantecón Fumado, ex directora de INAME quedaron detenidas en la causa que investiga la muerte de mas de 100 personas y al menos 50 pacientes con lesiones graves y serán indagadas en las próximas horas por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

La causa comenzó en 2024, cuando se detectó un lote de fentanilo para uso médico adulterado. Desde la oposición y entre familiares de las víctimas hubo criticas por el virtual vaciamiento de organismos de control, que colaboraron a que el lote se distribuya sin los controles regulares que tienen este tipo de insumos.

La exdirectora del Registro Nacional de Tierras y coautora de la Ley de Tierras vigente, Florencia Gómez, se refirió al proyecto de reforma de Javier Milei. “Buscan favorecer a empresarios muy ricos, esto no es para que migrantes que bajen de los barcos. Quieren ceder tierras estratégicas. La ley actual se sacó en 2012 cuando el gobierno de Cristina veía que cada vez que viajábamos por el mundo para vender productos nos hablaban de comprarnos tierras”, contó. 

En ese sentido, Gómez continuó: “Dicen que ahora quieren ceder en lo que hace al máximo permitido nacional pero pretenden eliminar otras restricciones, como adquirir tierras en lugares estratégicos”, explicó.

“La ley actual quería evitar que venga un Lewis y se compre las tierras que rodean a un lago y luego se queda con el lago, porque nadie puede llegar. Se quiso evitar a los Lewis del futuro. Esta ley saca esas restricciones”, aseguró. 

“El proyecto de Milei quiere sacar los topes para las provincias y las sub-regiones. Una provincia completa podría estar en manos de una empresa extranjera”, agregó Gómez en diálogo con AM 530.

“Hay muchísima gente que está consustanciada con esta causa, la del jueves va a ser una marcha muy grande, no tengo dudas. Mucha gente sin pertenencia política está muy preocupada por esta ley”, cerró.

El abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez, identificado con el espacio político de Javier Milei y con estrechos vínculos con el Presidente y su hermana Karina Milei, volvió a quedar en el centro de la polémica tras lanzar una serie de violentas declaraciones en el canal de streaming Carajo, donde llegó a proponer “bombardear con napalm el Conurbano”.

Los dichos fueron pronunciados durante una emisión del programa de streaming libertario La Trinchera, donde el militante oficialista Sarubbi Benítez describió al Conurbano bonaerense como “una inmensa porción de gente que ya no tiene salvación” y aseguró que allí “ya no hay retorno” por un supuesto problema “cultural y de marginalidad”.

Al enumerar posibles “soluciones”, el abogado afirmó que una de ellas sería la “esterilización”. “La primera sería, bueno, la esterilización, esa me gustó, de hecho es muy buena, en serio”, expresó, antes de redoblar la apuesta con nuevas propuestas de extrema violencia.

En ese sentido, planteó cercar todo el Conurbano con “un muro de 15 metros de altura con snipers arriba” para impedir el paso de personas y sostuvo que el ingreso y la salida del territorio deberían resolverse de manera “totalmente arbitraria”, según la “portación de cara” y definiendo previamente quiénes serían “las personas que uno considera que hay que salvar”.

🚨 Polémica en Carajo, el 6-7-8 libertario

Durante el programa La Trinchera, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez realizó una serie de polémicas declaraciones sobre el Conurbano bonaerense: habló de "esterilización", propuso "un muro de 15 metros con francotiradores" y planteó… pic.twitter.com/0YeAeveuJZ

— LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 4, 2026

Propuesta libertaria: Aplicar la doctrina Gaza en el conurbano

Sin embargo, la declaración que provocó mayor repudio llegó cuando propuso utilizar armamento incendiario sobre la población. “La tercera, que quizás a priori presupuestariamente hablando puede parecer un poco cara, pero en realidad no lo es… es de todas las mañanas tirar napalm desde aviones“, afirmó durante la transmisión. En ese mismo intercambio, los participantes también hicieron referencias a la práctica militar conocida como “roof knocking”, utilizada por Israel en la Franja de Gaza.

Los fragmentos del programa se viralizaron rápidamente en redes sociales y despertaron una ola de cuestionamientos por el tenor de las expresiones, consideradas por numerosos usuarios como una apología de la violencia contra millones de bonaerenses.

La polémica también volvió a poner bajo la lupa al canal oficialista Carajo, no es la primera vez que sus contenidos generan rechazo: en emisiones anteriores ya había sido cuestionado por expresiones discriminatorias, ataques contra periodistas y dirigentes políticos, comentarios considerados homofóbicos y la utilización de una imagen generada con inteligencia artificial para ridiculizar a un dirigente político atribuyéndole rasgos de síndrome de Down.

Sarubbi Benítez, además, acumula denuncias por presuntos delitos de extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación de la ley antidiscriminatoria, antecedentes que vuelven a colocar sus declaraciones bajo un fuerte escrutinio público.

En una jugada relámpago que encendió todas las alarmas en el Congreso, Mahiques anunció el envío masivo de designaciones judiciales a la Cámara alta. Sectores opositores advierten sobre un intento de acomodar jueces “ad hoc” y garantizar un blindaje tribunero para el oficialismo.

En un movimiento de altísimo volumen político que promete desatar una tormenta institucional, el Gobierno nacional envió 203 pliegos de jueces, fiscales y defensores al Senado para cubrir las vacantes en los tribunales de todo el país. La confirmación, a cargo del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, fue leída de inmediato por amplios sectores políticos como una maniobra estratégica de la Casa Rosada para copar el Poder Judicial y garantizarse impunidad de cara a los expedientes sensibles que acorralan a la gestión.

Lejos de tratarse de un mero trámite administrativo para agilizar la justicia, el masivo desembarco de nombres propuesto por Javier Milei apunta a casilleros decisivos en la Justicia Federal y en los fueros donde se tramitan desde denuncias por corrupción y contratos del Estado, hasta las presentaciones colectivas contra el ajuste económico y las medidas del Ejecutivo.

Las claves de la sospecha por el “copamiento” judicial:

• El control de los juzgados clave: La lista incluye postulantes para despachos de primera instancia y cámaras de apelaciones estratégicas, lo que le permitiría al oficialismo tejer una red de contención frente a futuras investigaciones penales o reveses judiciales.
• Alertas por “jueces ad hoc”: Desde la oposición salieron a denunciar que el apuro por aprobar este paquete busca nombrar magistrados afines al proyecto libertario, condicionando la independencia del Poder Judicial para los próximos años.
• La rosca en el Senado: Con un recinto fragmentado, la aprobación de las 203 candidaturas dependerá de negociaciones bajo mesa. Denuncian que el Gobierno ofrecerá cobertura en provincias a cambio del voto de senadores dialoguistas para blindar sus propios pliegos.

Blindaje judicial en tiempos de ajuste

La jugada se produce en el momento de mayor erosión política del Gobierno, salpicado por el descontento social y los severos cuestionamientos a sus decretos. Para analistas y legisladores opositores, armar una “Justicia adicta” es la última trinchera del Ejecutivo para frenar los amparos que frenan sus reformas y, al mismo tiempo, asegurarse la tranquilidad penal cuando los funcionarios deban rendir cuentas ante los tribunales.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, lanzó una de sus críticas más duras contra el presidente Javier Milei al afirmar que “quiere llenar de ‘otras Malvinas’ todo el territorio de la República Argentina”, al cuestionar el proyecto oficial para modificar la Ley de Tierras.

“Milei ha sido mandado por el poder económico mundial de la ultraderecha a llenar el territorio argentino de otras ‘Malvinas’, es decir, enclaves extranjeros en suelo nacional cuyos ocupantes se apropian de los recursos en su beneficio y eluden nuestras leyes fundacionales“, sostuvo el jefe comunal.

En ese sentido, diferenció la ocupación británica de las Islas Malvinas de lo que, según afirmó, busca el Gobierno nacional: “Nuestras islas fueron ocupadas por la fuerza de las armas; las nuevas y múltiples ‘Malvinas’ que impulsa Javier Milei, desde La Quiaca hasta Ushuaia, serán ocupadas por efecto del proyecto de extranjerización del suelo argentino”.

MILEI QUIERE LLENAR DE “OTRAS MALVINAS” TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. EN ESO CONSISTE EL PROYECTO DE EXTRANJERIZACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS.
NO A LA LEY DE EXTRANJERIZACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS

— Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 3, 2026

Espinoza aseguró que la iniciativa oficial representa un salto respecto de anteriores procesos de privatización. “Ya no se trata de ‘entregar a precio vil’ o de ‘vender al mejor postor’ el patrimonio nacional; ahora se trata de regalar nuestros recursos y convertir grandes porciones del territorio en propiedades privadas no reguladas por nuestras leyes”, afirmó.

El intendente también sostuvo que, mientras otros países protegen sus recursos estratégicos, “Javier Milei no”, y advirtió que el Gobierno pretende abrir la puerta a la apropiación extranjera de activos clave como el litio, el shale gas, el agua dulce, el shale oil y la producción agropecuaria.

“Argentina tiene litio para disputar el liderazgo mundial, cobre para transformar su matriz exportadora, oro, plata y uranio para desarrollar la energía nuclear. Pero Javier Milei procura regalarles las tierras que los contienen a sus jefes, los magnates mundiales“, remarcó.

Finalmente, Espinoza vinculó esta política con la situación de las Islas Malvinas y advirtió: “Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras, lo mismo pasará con todos nuestros recursos“.

Para cerrar, citó una frase de Manuel Belgrano: “Debemos conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos del extranjero los medios con que forzosamente nos quita las grandes riquezas en perjuicio general de la Nación”, y concluyó: “Sigue vigente”.

La desregulación del sistema de practicaje impulsada por el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, desató un fuerte conflicto que mantiene paralizados los principales puertos exportadores del país.

Un paro por tiempo indeterminado de los prácticos ya dejó 140 buques sin operar, provocando demoras, desvíos de cargas al exterior y un fuerte impacto sobre el comercio internacional argentino.

La medida de fuerza comenzó en la madrugada del lunes 3 de agosto en rechazo al Decreto 690/2026, que modifica las reglas de la actividad de prácticos y pilotos, profesionales indispensables para asistir a los capitanes en maniobras complejas y en la navegación por canales, pasos fluviales y accesos portuarios. Su conocimiento de las corrientes, profundidades y riesgos de cada zona resulta clave para la seguridad de las operaciones.

El Gobierno sostiene que la reforma elimina requisitos que considera obsoletos, habilita una mayor competencia entre prestadores, permite la libre contratación de prácticos por parte de los usuarios y actualiza las condiciones para eximir del uso obligatorio del servicio. Además, reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de la zona y dominio del inglés, en línea con estándares internacionales.

Sin embargo, el conflicto ya comenzó a generar fuertes consecuencias. En una nota enviada a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyM), el Centro de Navegación —que reúne a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino— advirtió que al menos 140 buques permanecen a la espera de la confirmación de los servicios de practicaje y pilotaje, una cifra que podría incrementarse con el correr de las horas a medida que nuevos barcos deban ingresar o salir de la Vía Navegable Troncal.

La entidad también alertó que varias operaciones previstas en puertos argentinos fueron canceladas y redireccionadas hacia el puerto de Montevideo y terminales del sur de Brasil. Según señalaron, la situación afecta a los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, los complejos del Up River, Quequén y Bahía Blanca, entre otros, provocando pérdidas de operaciones de transbordo que habían sido recuperadas para la Argentina tras años de trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Con el conflicto sin una resolución a la vista, crece la preocupación por el impacto económico de la paralización portuaria. La continuidad del paro amenaza con profundizar las demoras logísticas, encarecer los costos del comercio exterior y afectar el ingreso de divisas en uno de los sectores más estratégicos para la economía argentina.

El presidente Javier Milei descartó que el gobierno contemple algún plan de ayuda para los millones de argentinos endeudados. “Nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse”, los culpó. No tuvo la misma respuesta que ante, por ejemplo, las empresas energéticas a las que se le condenó una millonaria deuda. Algunos endeudados son mejores que otros…

Al igual que Luis Caputo, el presidente se desentendió de un problema que afecta al 12,8% de las familias argentinas, según el último informe del Banco Central. Según una encuesta de Opina Argentina, la mitad de los argentinos se endeudó para pagar gastos cotidianos, como la comida.

Milei dijo que el salto de la morosidad es un “problema entre privados”. “¿Es correcto que yo le haga pagar a usted eso?”, preguntó en una entrevista con Luis Majul.

El presidente sostuvo que “obviamente” los endeudados tienen responsabilidad y se mostró poco empático con la situación que atraviesan millones de argentinos. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse? Bueno”, afirmó.

“Decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás. Eso no está bien”, agregó Milei y dijo que el gobierno “fomenta” que los bancos refinancien las deudas.