Santiago Bausili reconoció que parte de las reservas de oro se encuentra en la capital británica, luego de haber señalado ante el Senado que el oro estaba en Suiza. Desde el peronismo reclamaron que el titular del Banco Central regrese al Congreso para explicar la contradicción, en momentos en que el Gobierno profundiza su discurso sobre soberanía nacional y Malvinas.

El Banco Central reconoció este lunes que las reservas de oro de la Argentina se encuentran depositadas en Londres, una revelación que vuelve a poner bajo cuestionamiento la gestión de uno de los principales activos estratégicos del país y expone una fuerte contradicción entre la retórica nacionalista del Gobierno y sus decisiones concretas.

La admisión fue realizada por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, quien quedó nuevamente en el centro de la polémica después de que desde el peronismo reclamaran que vuelva al Senado para brindar explicaciones. El planteo apunta especialmente a sus anteriores declaraciones ante los legisladores, cuando había asegurado que el oro de las reservas se encontraba en Suiza y no en territorio británico.

La diferencia no es menor. Mientras el Gobierno multiplica sus apelaciones a la defensa de la soberanía nacional, endurece su discurso en torno a Malvinas y busca exhibir una renovada agenda nacionalista, el propio Banco Central confirmó que un activo estratégico de la Argentina está depositado en Londres, bajo jurisdicción británica.

El contraste adquiere todavía mayor gravedad por tratarse de las reservas de oro del país, uno de los activos que integran el patrimonio del Estado argentino y cuya administración permanece bajo responsabilidad del Banco Central.

Ante este escenario, desde el PJ exigieron que Bausili regrese al Senado para aclarar qué ocurrió y, fundamentalmente, por qué brindó una información diferente cuando fue consultado específicamente por el destino de las reservas. La controversia ya no se limita, entonces, al lugar físico donde se encuentra el oro, sino que alcanza directamente a la transparencia con la que las autoridades informan sobre la administración de los activos del país.

La revelación también deja expuesta una paradoja política: mientras el Gobierno busca apropiarse de una retórica de defensa de la soberanía y vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su discurso, uno de los principales activos estratégicos argentinos permanece en Londres.

Así, entre los discursos sobre soberanía y las decisiones concretas sobre los recursos nacionales, vuelve a abrirse un interrogante incómodo para la administración de Javier Milei: ¿qué significa defender la soberanía en el discurso cuando los activos estratégicos del país terminan bajo custodia británica?

El hijo del canciller integra Argentina Global, una fundación que trabaja junto a la Embajada británica y el Foreign Office en programas para jóvenes líderes. El dato se conoce mientras Quirno negocia bajo el auspicio de Estados Unidos un acuerdo que podría comprometer la estrategia argentina sobre Malvinas y el Atlántico Sur.

La política exterior del Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar bajo una fuerte lupa por sus vínculos con Estados Unidos y el Reino Unido. En medio del giro discursivo del oficialismo sobre la cuestión Malvinas, un dato familiar vuelve a encender las alarmas: Pablo Quirno Jr., hijo del canciller argentino, integra desde al menos 2021 el área de Comercio, Inversiones e Integración de la fundación Argentina Global, una organización que mantiene actividades de cooperación con la Embajada británica y el Foreign Office.

El vínculo adquiere especial sensibilidad porque Argentina Global participa en la selección de jóvenes argentinos para programas de liderazgo vinculados al Reino Unido. Según información difundida por El Destape, la fundación fue creada por la exfuncionaria macrista Paola Di Chiaro, quien desde el inicio de la gestión de Milei está al frente de la Secretaría de Malvinas, el área de la Cancillería responsable de la defensa diplomática de los reclamos argentinos sobre el Atlántico Sur.

La coincidencia resulta particularmente incómoda: el hijo del canciller forma parte de una organización que desarrolla vínculos con instituciones británicas mientras su propio padre conduce la política exterior argentina y tiene bajo su órbita la cuestión de las islas cuya soberanía disputa la Argentina con el Reino Unido.

Un vínculo que cobra otra dimensión por las negociaciones con EEUU

“Junior”, como es conocido, no mantiene un vínculo oculto con la organización. Su nombre y fotografía aparecen en la página oficial de Argentina Global y participó de distintas actividades públicas de la fundación.

El problema político no pasa, entonces, por la existencia en sí misma de su actividad profesional, sino por el particular contexto en el que ese vínculo adquiere relevancia.

Mientras Quirno encabeza la Cancillería, el Gobierno avanza en negociaciones bajo el auspicio de Estados Unidos que, según cuestionamientos de sectores opositores y especialistas, podrían terminar encuadrando la cuestión Malvinas dentro de una estrategia geopolítica más amplia de Washington para el Atlántico Sur y la Antártida.

La eventual incorporación de la disputa a la lógica de la denominada Doctrina Donroe plantea interrogantes de enorme gravedad para la política exterior argentina: qué lugar ocuparía la soberanía nacional frente a los intereses estratégicos estadounidenses y británicos y qué consecuencias tendría para la posición histórica de la Argentina sobre Malvinas.

Soft power británico, hard power estadounidense

La preocupación se profundiza por la superposición de vínculos.

Por un lado, aparece el soft power británico, desplegado mediante programas de formación, intercambio y selección de jóvenes líderes. Por otro, el Gobierno argentino profundiza su alineamiento estratégico con Washington y su cooperación en materia de defensa, inteligencia y seguridad.

En el medio queda la cuestión Malvinas, una disputa de soberanía que involucra directamente al Reino Unido y que, además, tiene una dimensión estratégica que excede ampliamente al archipiélago: Atlántico Sur, recursos naturales, rutas marítimas y proyección antártica.

Por eso, la presencia del hijo del canciller en una organización con vínculos institucionales británicos genera interrogantes que la Cancillería debería despejar con absoluta transparencia, especialmente cuando su titular participa de negociaciones internacionales que podrían redefinir el marco geopolítico en el que se discute la soberanía argentina.

El poco creíble “giro malvinero de Milei”

El contraste se vuelve todavía más fuerte por el reciente giro discursivo de Milei sobre Malvinas.

Después de una política exterior marcada por el alineamiento con Washington y por una relación particularmente estrecha con Londres, el Gobierno comenzó a recuperar la reivindicación de la soberanía como uno de los ejes de su discurso.

Pero el cambio genera dudas sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Se trata de un cambio estratégico de la política exterior o de un recurso electoral frente al desgaste de la gestión?

La pregunta cobra fuerza porque funcionarios centrales del Gobierno realizaron en el pasado declaraciones que relativizaron conceptos vinculados con la soberanía. El propio Quirno, según declaraciones citadas en el debate público, llegó a calificarla como un concepto anticuado. A eso se suma la conocida admiración de Milei por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas.

La contradicción es difícil de ignorar: el Gobierno que ahora busca presentarse como defensor de Malvinas es el mismo que profundizó su alineamiento con Estados Unidos y el Reino Unido y que sostiene una política exterior fuertemente subordinada a la agenda estratégica de Washington.

Malvinas como salvavidas electoral

El temor es que la causa Malvinas termine convertida en un salvavidas electoral, utilizado para recuperar iniciativa política en un momento de fuerte desgaste del Gobierno.

El problema es que una utilización coyuntural de la cuestión podría tener consecuencias mucho más profundas que una simple maniobra discursiva. Si detrás del nuevo relato malvinero existe una negociación que incorpora al Atlántico Sur a los intereses estratégicos de Washington, la Argentina podría terminar cediendo margen de autonomía precisamente en el terreno en el que afirma defender su soberanía.

En ese escenario, el vínculo del hijo del canciller con Argentina Global adquiere una dimensión política inevitable. No porque ese vínculo demuestre por sí mismo una irregularidad, sino porque expone una trama de relaciones que merece explicaciones públicas cuando se cruza con la política oficial sobre Malvinas.

La pregunta de fondo es inquietante: ¿el Gobierno está recuperando la causa Malvinas para defender la soberanía argentina o para revestir de épica nacional una política exterior cada vez más alineada con Washington y Londres?

La respuesta será decisiva. Porque detrás de la retórica patriótica no sólo está en juego una bandera electoral: está en juego la autonomía argentina sobre el Atlántico Sur y la capacidad del país para sostener, sin tutelas extranjeras, su histórico reclamo de soberanía sobre las islas.

La morosidad en los créditos a las familias volvió a aumentar en julio y alcanzó el 18% del total de los préstamos, según el Monitor Mensual de Crédito a las Familias elaborado por Eco Go y la Universidad Austral. El indicador acumula 21 meses consecutivos de subas y registró un aumento de 10,3 puntos porcentuales en la comparación interanual. Es récord absoluto en Argentina en el siglo XXI.

Si se analiza el impacto por cantidad de personas y no solo por los montos adeudados, la proporción de deudores en mora trepó al 26,6% del total de titulares de crédito. Esto implica un incremento de 0,3 puntos porcentuales en el mes y de 8,3 puntos porcentuales frente a julio de 2025.

El gobierno de Javier Milei insiste en que es un tema de las personas que “se endeudaron para comprarse una televisión por el mundial”, aunque todos los datos desmientan ese relato. “Nadie les puso un arma en la cabeza, que se arreglen”, insistió el presidente ante el periodista libertario Luis Majul.

Manuel Adorni transita los últimos días del plazo que le otorgó la Justicia para presentar su descargo en la causa que investiga su patrimonio. El exjefe de Gabinete de Javier Milei tiene tiempo hasta este miércoles para responder el requerimiento de justificación patrimonial formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que un informe técnico detectara una serie de inconsistencias en la evolución de sus bienes y gastos.

El plazo original había sido prorrogado por 15 días hábiles a pedido de la defensa de Adorni. El juez federal Ariel Lijo aceptó el planteo y extendió el tiempo disponible para que el exfuncionario pudiera acceder a la documentación incorporada al expediente y preparar su respuesta. La nueva fecha límite vence esta semana. Se acabaron los días en que Adorni y Milei aseguraban que el ex candidato libertario “no tiene nada que ocultar porque es honesto”.

Ante la justicia, Adorni deberá justiciar gastos por más de 500 millones de pesos que la justicia no entiende cómo hizo teniendo en cuenta sus declaraciones juradas. ¿Cómo pasó de tener una vida austera a la compra de propiedades y viajes por el mundo a hoteles de lujos? Nadie lo sabe. Y por ahora, Adorni tampoco lo puede explicar.

Juan Manuel Olmos denunció que Santiago Bausili no fue claro sobre el destino de los lingotes enviados fuera del país. La AGN aseguró que el Banco Central restringió el acceso a documentación clave y cuestionó que todavía no pueda determinarse con precisión qué ocurrió con el oro entre junio de 2025 y mayo de 2026.

El destino de las reservas de oro que el Gobierno trasladó al exterior vuelve a quedar bajo la lupa. Las explicaciones del Banco Central no lograron despejar las dudas y ahora el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, cuestionó duramente las condiciones impuestas por la autoridad monetaria para acceder a la información sobre los movimientos de los lingotes.

“El presidente del BCRA no ha sido claro respecto al oro argentino en el exterior”, sostuvo Olmos en declaraciones al canal C5N. Y apuntó directamente contra Santiago Bausili: “Debería poner transparencia en el BCRA y no hacer una ensalada para no informar qué pasó con el oro entre junio de 2025 y mayo de 2026”.

El titular de la AGN relató que el organismo encargado de controlar las cuentas públicas se encontró con sucesivas restricciones para acceder a la información. “Primero pidieron que no retiremos materiales de la entidad, luego no nos dejaron acceder a los datos concretos y finalmente no pudimos llevarnos siquiera capturas de la documentación”, explicó.

Para Olmos, la situación resulta particularmente grave porque la AGN tiene precisamente entre sus funciones controlar y auditar el manejo de los recursos del Estado. “Podríamos habernos negado desde la AGN a hacer un procedimiento en estas condiciones, pero preferimos hacerlo de todas maneras porque queremos saber por qué se llevaron el metal precioso de la Argentina”, afirmó.

🗣️ Juan Manuel Olmos: "El presidente del BCRA debe ser más transparente"

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— C5N (@C5N) September 14, 2026

La auditoría sobre el oro sigue abierta

Olmos aclaró que la aprobación de los balances contables generales del Banco Central correspondientes a 2023 y 2024 no implica que haya quedado auditado el destino de los lingotes depositados fuera del país.

La diferencia es central: mientras las cuentas generales de la autoridad monetaria fueron convalidadas, la revisión específica sobre las operaciones vinculadas al oro continúa abierta.

Según explicó el titular de la AGN, uno de los principales obstáculos está dado por los extensos plazos que se tomó el Banco Central para entregar los expedientes solicitados por los auditores. La falta de documentación disponible y las restricciones para conservar evidencia dificultan, de esta manera, reconstruir con precisión la ruta seguida por las reservas.

¿Cuánto oro salió de la Argentina?

Entre junio y agosto de 2024, el Banco Central realizó cuatro operaciones de envío que, según la información consignada, involucraron un total de 1.000 lingotes de oro con destino al exterior.

Cuando los técnicos de la AGN solicitaron los dictámenes y las actas correspondientes para verificar las operaciones, el BCRA invocó el secreto financiero. El argumento utilizado por la entidad fue que la difusión de esa información podía favorecer maniobras especulativas en los mercados contra los activos del Estado.

Pero la respuesta del Banco Central generó nuevas controversias.

La alternativa ofrecida a los auditores consistió en permitirles leer la documentación de manera presencial en las pantallas de la entidad, pero sin posibilidad de retirar copias, sacar fotocopias o tomar imágenes de los documentos.

Para el equipo técnico de la AGN, esas condiciones no resultaban suficientes para reunir la evidencia necesaria y respaldar adecuadamente su trabajo de auditoría.

El problema, entonces, ya no pasa solamente por cuánto oro fue trasladado al exterior, sino también por una pregunta todavía más sensible: ¿dónde están exactamente esos activos y qué ocurrió con ellos una vez que salieron del país?

Las dudas sobre Suiza y el Reino Unido

A las críticas de Olmos se sumaron cuestionamientos desde el Congreso. La senadora nacional justicialista Juliana Di Tullio llegó a acusar a la conducción del Banco Central de brindar información falsa sobre la ubicación final de los activos.

Según la legisladora, la falta de documentación entregada por el organismo que conduce Bausili impide comprobar si los lingotes continúan depositados en Suiza o fueron trasladados al Reino Unido.

Así, el misterio sobre el oro argentino permanece abierto mientras crecen los reclamos para que el Banco Central explique de manera documentada qué cantidad de reservas salió del país, bajo qué condiciones, dónde fue depositada, quién tomó las decisiones y cuál es actualmente su situación.

La discusión adquiere una dimensión adicional por tratarse de reservas pertenecientes al patrimonio del Banco Central, en un contexto en el que la autoridad monetaria sostiene que sus decisiones sobre los activos buscan preservar la estabilidad financiera.

Por ahora, sin embargo, la falta de acceso pleno a la documentación mantiene abiertas las preguntas y alimenta un creciente cuestionamiento político e institucional: si el oro argentino fue trasladado al exterior, el Gobierno deberá explicar con precisión dónde está y qué se hizo con él.

La crisis industrial se profundiza y alcanza un nuevo nivel de alarma: en apenas siete meses de 2026, las empresas que recurrieron a Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) ya igualaron a todas las que lo hicieron durante 2025. En paralelo, se acelera la desaparición de compañías, aumenta la mora y se multiplican los cierres y despidos.

El Gobierno confirmó que hasta el 31 de julio se abrieron 163 expedientes, apenas uno menos que los 164 registrados durante todo 2025 y muy por encima de los 131 de 2024. El dato surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por el medio PERFIL y expone la velocidad con la que se deteriora el entramado productivo.

Los números oficiales muestran una situación cada vez más difícil para las empresas. En poco más de un semestre se concentró prácticamente la misma cantidad de Procedimientos Preventivos de Crisis que durante los doce meses del año anterior. Se trata de un mecanismo utilizado por compañías que atraviesan situaciones de emergencia y buscan evitar despidos masivos, suspensiones o incluso un cierre.

El escenario adquiere mayor gravedad al observar qué ocurre con esos expedientes. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Trabajo, 24 procedimientos ya derivaron en acuerdos homologados, 42 continúan en trámite y otros 19 fueron cerrados o enviados a guarda temporal.

Capital Humano, además, advirtió que se trata de expedientes dinámicos, cuyos estados pueden modificarse con el paso del tiempo, al igual que la cantidad de trabajadores involucrados y las medidas propuestas.

Una señal de alarma para la industria

En los dos años y medio de gestión de La Libertad Avanza, los PPC ya alcanzan los 458 expedientes. El volumen resulta significativo incluso frente a otros períodos de crisis: 2025 y 2026 ya superan los pedidos registrados en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando hubo 158, y se encaminan a igualar los 183 de 2018.

La comparación resulta particularmente significativa porque aquellos años estuvieron acompañados por fuertes contracciones de la actividad económica, mientras que el actual deterioro del entramado empresario se produce incluso después del rebote estadístico de 2025, cuando el PBI creció 4,4%.

El antecedente más extremo sigue siendo 2020, cuando los PPC llegaron a 498 en medio del impacto de la pandemia. Sin embargo, la velocidad que muestran los expedientes durante 2026 vuelve a encender las alarmas sobre la capacidad de las empresas para atravesar el actual escenario.

Menos empresas y una economía cada vez más frágil

El aumento de los PPC no aparece aislado. Desde noviembre de 2023, la Argentina perdió 30.633 empresas, equivalentes al 6% del total de empleadores formales, según el relevamiento mensual de Fundar.

La magnitud de la destrucción del tejido productivo convierte al período en uno de los más negativos de las últimas décadas: durante los primeros 30 meses de la actual gestión se registra, según ese relevamiento, la peor caída de la cantidad de empleadores formales para ese tramo de un gobierno.

Sólo en mayo de 2026 dejaron de existir 2.371 compañías. El retroceso acumula además 16 meses consecutivos de caída intermensual y 27 bajas interanuales seguidas.

Mientras tanto, los indicadores de actividad muestran que el crecimiento de la economía es profundamente desigual. El EMAE registró en junio una expansión interanual del 2,7%, pero buena parte del impulso provino de sectores como minería, pesca, agricultura y energía. La industria, el comercio y la construcción, actividades de mayor peso en el empleo y el mercado interno, exhiben un desempeño considerablemente más débil.

Las distintas proyecciones también anticipan una segunda mitad del año complicada. Estimaciones privadas apuntan a un crecimiento inferior al esperado inicialmente y advierten sobre el deterioro registrado durante el segundo trimestre y, particularmente, durante julio.

La otra alarma: empresas cada vez más endeudadas

A la pérdida de compañías se suma una creciente tensión financiera. El 47% de las empresas industriales tuvo dificultades para afrontar alguna de sus obligaciones financieras y un 9,2% no pudo cumplir con la totalidad de sus pagos, de acuerdo con la UIA.

La mora empresarial también se disparó. Según Equilibra, pasó del 0,7% en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de 2026, multiplicándose por cinco en menos de dos años.

En términos absolutos, las personas jurídicas en cesación de pagos aumentaron de 16.212 a casi 37.500, mientras que entre las empresas con préstamos menores a $5 millones —segmento que comprende a una amplia mayoría de las Pymes— la irregularidad llega al 9,3%.

Construcción y comercio aparecen entre los sectores con mayores niveles de mora, precisamente dos actividades que también sufren el enfriamiento de la economía.

La situación revela además un cambio en las estrategias de supervivencia empresarial. Las compañías no sólo recurren al crédito bancario: muchas están acumulando deuda impositiva y demorando pagos a proveedores para sostenerse. Dentro de la industria manufacturera, textiles y cuero presentan uno de los cuadros más delicados, con una morosidad cercana al 14,6%.

De los expedientes a los cierres: la crisis ya tiene consecuencias concretas

Los números comienzan a traducirse en decisiones empresariales concretas. En las últimas semanas se multiplicaron los anuncios de cierres de plantas, reducción de personal y abandono de la producción local.

La textil Will Der cerró su planta productiva en Las Flores y bloqueó el ingreso de 120 trabajadores en Pacheco. Unilever, por su parte, avanzó con el cierre de su fábrica de vegetales deshidratados en Mendoza y desvinculó a 60 trabajadores.

La cadena supermercadista marplatense Toledo también atraviesa una fuerte crisis laboral, mientras que Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 operarios de una de sus plantas avícolas.

En San Juan, la fabricante de galletitas Tía Maruca cerró definitivamente después de operar con apenas el 52% de su capacidad instalada. En Catamarca, Indumentaria Catamarca prepara el cierre de su planta tras reducir su plantilla de 150 trabajadores a apenas 20.

A este panorama se suma Peabody, que anunció su salida de la producción local después de 16 años y comenzó a desmantelar maquinaria para trasladar la fabricación a Paraguay, en medio de un concurso preventivo y pasivos que rondan los $40.000 millones.

Los 163 Procedimientos Preventivos de Crisis registrados en apenas siete meses son, en este contexto, mucho más que una cifra administrativa. Son una señal temprana de empresas que buscan ganar tiempo antes de aplicar suspensiones, reducir personal o abandonar definitivamente la actividad.

La combinación de PPC en ascenso, pérdida sostenida de empresas, aumento de la mora, caída de sectores clave y cierres de plantas configura un cuadro cada vez más preocupante para el entramado industrial argentino. Y el dato más inquietante es la velocidad: 2026 todavía no llegó a su último cuatrimestre y ya igualó, en sólo siete meses, todos los pedidos de crisis registrados durante 2025.

Un nuevo estudio de opinión pública expone el acelerado desgaste del proyecto libertario, lastrado por la recesión y el ajuste tarifario. En un hipotético escenario de balotaje, la distancia a favor del gobernador bonaerense se estira a casi 9 puntos.

El impacto social de las medidas económicas impuestas por la Casa Rosada comenzó a pasarle una factura directa a las pretensiones electorales del oficialismo. Un reciente estudio de opinión pública realizado por la consultora Tendencias reveló que Javier Milei acumula un nivel de rechazo del 55,8% a nivel nacional, consolidando un techo electoral cada vez más rígido que condiciona de manera severa la continuidad del modelo libertario rumbo a las presidenciales de 2027.

El sondeo expone por primera vez en lo que va del año un escenario de ventaja para la oposición en primera vuelta. Axel Kicillof encabeza las preferencias con el 33,7% de los votos frente al 32,4% del actual mandatario, reflejando un estancamiento en la base de apoyo oficialista que contrasta con el crecimiento constante del descontento ciudadano. La pérdida del liderazgo en las encuestas muestra las primeras grietas visibles en el capital político que el Gobierno exhibía hasta hace pocos meses.

La brecha se profundiza de forma drástica al proyectar un eventual escenario de balotaje entre ambas figuras. En la definición mano a mano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires alcanza un 46,1% frente al 37,4% de Milei, estirando la diferencia a casi nueve puntos porcentuales. La cifra de rechazo hacia el Presidente se convierte en su principal obstáculo, impulsada por votantes desencantados y sectores medios ahogados por la pérdida de poder adquisitivo.

Los números confirman que el consenso social en torno al ajuste fiscal salvaje y el congelamiento salarial ha comenzado a resquebrajarse. Ante la falta de resultados económicos tangibles y el encarecimiento diario de la vida, la narrativa oficialista pierde tracción frente a una sociedad que empieza a demandar una alternativa política. Con estos indicadores, la estrategia de polarización que alimentó el Poder Ejecutivo empieza a jugar en contra de su propia supervivencia política.

En medio del feroz ajuste fiscal que destruye salarios, jubilaciones y partidas para la educación, el Gobierno libertario destinó un desembolso millonario para adquirir cuatro aeronaves militares y equipamiento bélico a Washington.

Mientras el discurso oficial insiste de forma sistemática en que “no hay plata” para financiar a las universidades públicas, actualizar los haberes previsionales o reactivar la obra pública paralizada, la administración de Javier Milei dio un nuevo paso en su alineamiento geopolítico con la compra de cuatro helicópteros de guerra UH-60L Black Hawk a Estados Unidos. La operación, aprobada por el Departamento de Estado norteamericano, implica un desembolso estimado en 140 millones de dólares para material bélico.

La transacción fue celebrada públicamente por el embajador estadounidense Peter Lamelas y contempla el envío inicial de cuatro unidades reacondicionadas, además de repuestos, motores, sistemas de navegación avanzada y capacitación para las Fuerzas Armadas. Desde Washington destacaron que el acuerdo busca reforzar la seguridad de un “aliado importante” en Sudamérica, dejando al descubierto la subordinación de la política exterior argentina a los intereses de la Casa Blanca.

El desvío de cuantiosos recursos económicos hacia el reequipamiento militar contrasta fuertemente con la realidad que atraviesan los sectores más vulnerables del país. Para la gestión libertaria, la prioridad fiscal no reside en atender la emergencia social ni en sostener las capacidades productivas de la economía, sino en profundizar una agenda de militarización y sobreactuación ideológica que solo reporta beneficios políticos para la potencia del norte.

Esta nueva adquisición se suma a una serie de desembolsos en materia de defensa que exponen la doble vara del Poder Ejecutivo en el manejo del gasto público. Mientras se recortan los medicamentos a jubilados y se ahoga financieramente a las provincias, la Casa Rosada demuestra que los fondos estatales sí aparecen cuando se trata de cumplir con los compromisos y exigencias de la agenda geopolítica estadounidense.

En una insólita arenga dentro del Concejo Deliberante de La Plata, el edil Nicolás Morzone llamó a ir a un conflicto armado con el Reino Unido. El episodio expone el nivel de radicalización y el alineamiento sin matices de sectores del PRO con las posturas geopolíticas de la gestión libertaria.

En el marco de una acalorada sesión en el Concejo Deliberante de La Plata, el concejal del PRO Nicolás Morzone desató una fuerte polémica al lanzar un discurso belicista sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El edil, un abogado de 34 años que no realizó el servicio militar ni enfrentó las consecuencias de una contienda, sorprendió a sus pares al afirmar que “si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra”, encendiendo inmediatos repudios en el recinto.

La provocadora arenga evoca de forma inevitable las páginas más oscuras de la historia argentina, asociándose de inmediato con la retórica empleada por la dictadura militar en 1982. Utilizar un reclamo pacífico e irrenunciable como causa patriótica para agitar una aventura bélica no solo resulta irresponsable, sino que denota una peligrosa liviandad frente al dolor de miles de familias y al sacrificio de los excombatientes.

Durante su intervención, el concejal macrista aprovechó además para respaldar los anuncios internacionales del presidente Javier Milei, alineándose con las posturas del oficialismo libertario que apuestan por la militarización y la sobreactuación ideológica por encima de la diplomacia tradicional. Al mismo tiempo, lanzó descalificaciones hacia organizaciones de veteranos y bloques opositores, obligando a la interrupción de la sesión del cuerpo deliberativo.

El episodio deja al descubierto la deriva discursiva de un sector de la política que, imbuido del clima de época impulsado por el Gobierno, abandona el consenso democrático y la vía diplomática para caer en provocaciones efectistas. Mientras el país atraviesa una profunda crisis socioeconómica, la agitación irresponsable del conflicto armado demuestra el nivel de desconexión de ciertos dirigentes con la realidad cotidiana y el respeto a la memoria nacional.

El Presidente intentó mostrar cercanía en una dependencia oficial, pero fue recibido con silbidos y cantos de protesta por parte de los trabajadores. El episodio refleja el creciente descontento social e institucional que genera el ajuste sistemático del Gobierno sobre el sector público.

El clima de tensión social e inestabilidad política que rodea a la gestión libertaria volvió a quedar al descubierto durante la llegada de Javier Milei al Palacio Sarmiento, sede central del área educativa nacional. Lo que la comitiva oficial planificó como un recorrido de rutina para la foto institucional terminó convirtiéndose en un estrepitoso episodio de repudio generalizado, cuando decenas de trabajadores y transeúntes acorralaron al mandatario al grito unánime de “¡Fuera, fuera!”.

Las imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales mostraron el tenso momento en que el Jefe de Estado descendió de su vehículo rodeado por un desmedido operativo de seguridad. Lejos de la recepción favorable que el oficialismo intenta construir mediante sus redes sociales, la realidad de la calle le devolvió a Milei una lluvia de abucheos, insultos y expresiones de rechazo por el desmantelamiento de las políticas públicas y los despidos masivos en la administración central.

El episodio refleja el profundo malestar que se respira en las dependencias estatales, donde la licuación de los salarios, las amenazas constantes de cierre de organismos y la pérdida de estabilidad laboral minaron cualquier margen de tolerancia hacia la conducción del Ejecutivo. Los trabajadores del Palacio Sarmiento canalizaron en un grito colectivo la indignación frente a una gestión que desprecia lo público y criminaliza la protesta.

Esta muestra espontánea de repudio no representa un hecho aislado, sino la consolidación de un desgaste acelerado de la imagen presidencial frente a la sociedad. La brecha entre los discursos triunfalistas del Gabinete y el impacto concreto del ajuste en el día a día de las familias trabajadoras se vuelve cada vez más insostenible, reduciendo el margen del mandatario para mostrarse en espacios públicos sin custodia blindada.

Frente a la escalada del descontento, la respuesta oficial volvió a ser el repliegue y la descalificación de las protestas, argumentando presuntas intencionalidades políticas. Sin embargo, la reacción en las puertas del Palacio Sarmiento dejó en evidencia que el rechazo al programa de gobierno es amplio, genuino y atraviesa a los distintos sectores de la comunidad que defienden el rol del Estado.