La causa Cuadernos sumó este jueves un testimonio explosivo. Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía Cristina Fernández de Kirchner, declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 que fue presionado y amenazado en el juzgado de Claudio Bonadio para incriminar al entorno de la ex presidenta, y admitió que mintió en su declaración de 2018.

“Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas”, afirmó Silva durante la audiencia. Y agregó: “Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”.

La confesión del testigo sorprendió a todas las partes presentes en el juicio y golpeó uno de los relatos que durante años sostuvo la acusación en la denominada causa Cuadernos, utilizada políticamente contra Cristina Kirchner.

Silva reveló además que cuando fue citado al juzgado de Bonadio durante la instrucción de la causa se sintió amenazado por funcionarios judiciales. “Me sentí mal”, declaró ante los jueces. Según relató, le dijeron que debía contar “todo” y que “pensara en sus hijas” antes de prestar declaración.

El encargado del edificio de Juncal y Uruguay explicó que Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, solía llevar un portafolio y ocasionalmente “un bolsito de mano”, pero negó haber visto los bolsos y valijas que figuraban en su declaración original firmada durante la investigación de Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Durante su testimonio, Silva también relató un episodio ocurrido en el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner que dejó expuesta la presión ejercida durante la investigación. Según contó, escuchó cuando el comisario a cargo le informó a Bonadio que el procedimiento había terminado sin resultados positivos.

“Señor Bonadio, el allanamiento se da por terminado, no hay nada”, recordó que dijo el jefe policial. Y agregó que del otro lado del teléfono escuchó los gritos del juez: “No. Hasta que no encuentren algo se quedan hasta mañana”.

“Yo lo escuché perfectamente”, insistió Silva, al tiempo que explicó que Bonadio “estaba a los gritos”.

Las declaraciones del testigo reabrieron los cuestionamientos sobre la instrucción de la causa Cuadernos, denunciada desde distintos sectores por irregularidades, presiones sobre imputados y utilización política del aparato judicial en el marco de la persecución contra Cristina Kirchner.

La Casa Rosada avanza con llamativo apuro en el ascenso de Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar y hombre de extrema confianza de Karina Milei, pese a que su nombre aparece vinculado a una investigación judicial por supuestas irregularidades millonarias en contrataciones y compras oficiales.

El Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego PE 133/26 para promover a Ibáñez al grado de general de división, con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2025. De aprobarse, quedará a un solo escalón del máximo rango del Ejército Argentino: teniente general.

La decisión sorprendió incluso dentro del Congreso porque el ascenso no fue incluido en el paquete habitual de promociones militares, sino que ingresó junto a un lote de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes. El movimiento fue interpretado como un intento de blindar políticamente al jefe de la Casa Militar en medio del avance de las investigaciones.

Ibáñez está bajo la lupa junto a la exdirectora de Logística Florencia Gastaldi y al expiloto presidencial Juan Pablo Pinto por presuntas maniobras irregulares en compras de repuestos, mantenimiento de aeronaves y contrataciones vinculadas a la Agrupación Aérea Presidencial. Según trascendió, la Justicia investiga supuestos pedidos de retornos del 10% en licitaciones adjudicadas a proveedores cercanos al organismo.

Uno de los casos más sensibles involucra la compra de un avión Embraer ERJ-140LR por más de 4 millones de dólares, pese a que una aeronave similar habría sido cotizada posteriormente en poco más de 2 millones. También aparecen cuestionadas contrataciones millonarias de vehículos y alquileres para actos oficiales realizadas mediante licitaciones exprés, con oferentes únicos y proveedores repetidos.

La Casa Militar depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei, quien vuelve a quedar en el centro de las sospechas por la protección política de funcionarios de su círculo más íntimo.

Ibáñez además quedó recientemente envuelto en la polémica por el endurecimiento de restricciones a periodistas en la Casa Rosada. Desde la Casa Militar impulsaron una denuncia por supuesto “espionaje ilegal” contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno tras un informe televisivo emitido por TN. La presentación fue finalmente desestimada por la Justicia.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe en el que advirtió que los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implicarán un costo fiscal de hasta u$s1.395 millones anuales para el Estado nacional. El estudio analiza el impacto de las exenciones impositivas y asegura que gran parte de los desembolsos corporativos ya estaban programados antes de la sanción de la ley.

De acuerdo con la investigación, el escenario base de resignación fiscal se ubica en los u$s1.069 millones al año, con un piso de u$s786 millones según el volumen de exportaciones. El principal factor de esta pérdida de recursos estatales es la disminución de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, que bajó del 35% al 25% para las corporaciones adheridas. Esta reducción en Ganancias representa una merma de u$s545 millones anuales, con especial beneficio en los desarrollos de gas natural licuado (GNL) y minería. Asimismo, entre 2025 y 2028 se prevé un impacto adicional de u$s430 millones por año debido a las franquicias arancelarias y la devolución del IVA durante la etapa constructiva.

El fisco también dejará de percibir unos u$s107 millones anuales por la flexibilización de las retenciones a las exportaciones, un esquema que favorece a emprendimientos de litio y plata. En este marco, la petrolera estatal YPF posee un rol central, ya que concentra el 68,5% de las inversiones totales aprobadas bajo el régimen. El CEPA cuestionó la efectividad del RIGI como motor de nuevos capitales, tras detectar que siete de los doce proyectos vigentes contaban con anuncios previos o estudios avanzados. El organismo concluyó que el sistema otorga privilegios cambiarios y aduaneros extraordinarios a planes económicos que se hubieran ejecutado de todas formas, reseñó Política Argentina.

Por último, el informe alertó sobre los riesgos de la propuesta denominada “SuperRIGI”, una ampliación que reduciría aún más el Impuesto a las Ganancias hasta el 15%.

Horas después de la irrupción de Javier Milei en una clase de economía de la Universidad de San Andrés, docentes de esa casa de estudios publicaron una carta en defensa de la educación pública.

El presidente llegó acompañado de su custodia y de la diputada Lilia Lemoine —además es su maquilladora— a la cátedra de Federico Sturzenegger, correspondiente al programa de la Maestría en Economía. La visita tuvo un comienzo accidentado: a pedido del profesor Juan Carlos de Pablo, Milei debió intervenir personalmente para indicarles a sus custodios que permitieran el ingreso de los alumnos al aula.

Desde el gobierno calificaron la presentación como una clase magistral de Macroeconomía Avanzada, aunque los contenidos desarrollados por el presidente se corresponden con los de Macroeconomía I de cualquier carrera de Ciencias Económicas. Milei desplegó conceptos muy elementales, lo que hizo que algunos alumnos no pudieron evitar algunos bostezos.

La visita ocurrió cinco días después de la multitudinaria marcha universitaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, la presencia de Milei en una de las universidades privadas más prestigiosas del país fue leída como una provocación. Quienes recogieron el guante fueron los propios docentes de San Andrés.

“Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso”, expresa la carta, que reúne decenas de firmas.

Con 138 votos a favor, el oficialismo logró aprobar la llamada “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, que elimina regulaciones y protecciones sobre sectores considerados clave para la industria, la ciencia, la tecnología y la defensa nacional.

La iniciativa fue respaldada no sólo por La Libertad Avanza, sino también por el PRO, la UCR y gobernadores aliados. Acompañaron los diputados vinculados a Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, además de integrantes del interbloque Provincias Unidas. El peronismo, la izquierda y algunos bloques provinciales rechazaron el proyecto, aunque reunieron apenas 96 votos, 42 menos que el oficialismo.

La oposición advirtió que detrás de la derogación de normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno se esconde un avance sobre herramientas legales que protegían activos estratégicos del Estado y empresas nacionales sensibles. Entre ellas aparecen Arsat, Nucleoeléctrica Argentina, Fabricaciones Militares, Tandanor y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, compañías que ya habían sido incluidas por Milei en el primer intento de privatizaciones de la ley Ómnibus.

Durante el debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, alertó que el proyecto apunta a “liquidar empresas estratégicas para la ciencia, la tecnología y la defensa”. También cuestionó la derogación de la Ley de Bienes Culturales, sancionada en 2003 para evitar que compañías argentinas endeudadas quedaran en manos extranjeras. Según explicó, esa normativa no sólo protegía medios de comunicación sino también empresas vinculadas al desarrollo tecnológico y la defensa nacional.

Miles de trabajadores, médicos y pacientes movilizaron en todo el país contra el desfinanciamiento del sistema público. Advirtieron por la falta de medicamentos, vacunas y el deterioro de hospitales.

Más de 60.000 personas participaron este miércoles de la Marcha Federal por la Salud Pública, una de las movilizaciones sanitarias más importantes de los últimos años, en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.

La protesta comenzó frente al Ministerio de Salud de la Nación y culminó en Plaza de Mayo, donde trabajadores sanitarios, médicos, pacientes, sindicatos, universidades y organizaciones sociales denunciaron un fuerte deterioro del sistema público de salud y alertaron por las consecuencias directas que ya sufren millones de personas.

Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, las columnas reclamaron contra los recortes presupuestarios, la falta de medicamentos, el vaciamiento de programas sanitarios y la crisis que atraviesan hospitales y centros de atención en todo el país.

Durante el acto central, las organizaciones aseguraron que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40% respecto de 2023 y advirtieron que más de 742.000 personas perdieron cobertura médica en medio del aumento de las prepagas y la caída del empleo formal.

Además, denunciaron que los hospitales públicos ya trabajan con niveles de ocupación cercanos al 90% incluso antes de la llegada del invierno, mientras crecen las dificultades para acceder a tratamientos, estudios y atención médica.

Uno de los reclamos más fuertes estuvo dirigido al desmantelamiento del programa Remediar. Según expusieron los convocantes, la política de medicamentos gratuitos pasó de entregar 79 remedios esenciales a apenas 3, dejando sin cobertura a millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público.

También hubo fuertes críticas por los recortes en el PAMI, las demoras en el Calendario Nacional de Vacunación y el deterioro de áreas sensibles como salud mental, discapacidad y prevención de enfermedades.

“El ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria: se está traduciendo en enfermedad y muerte”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, durante la movilización.

Las organizaciones advirtieron además sobre el crecimiento de enfermedades prevenibles y alertaron por el aumento de casos de sarampión, coqueluche, hepatitis A y meningitis debido a la caída en las campañas de vacunación.

En el documento consensuado que se leyó frente a Plaza de Mayo, los manifestantes señalaron que “la salud es un derecho humano fundamental y no una mercancía” y exigieron al Gobierno nacional la restitución urgente de programas recortados, el envío de medicamentos y vacunas y una mesa federal para enfrentar la crisis sanitaria.

La protesta tuvo réplicas en distintas provincias y reunió a gremios, hospitales, asociaciones de pacientes, estudiantes universitarios y trabajadores estatales en una nueva demostración de rechazo al ajuste del Gobierno nacional sobre áreas sensibles del Estado.

El periodista Carlos Pagni volvió a sacudir la escena política con una fuerte denuncia sobre presuntos negocios vinculados al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, una de las figuras más influyentes del gobierno de Javier Milei.

En medio de la feroz interna que atraviesa a La Libertad Avanza, el columnista advirtió que las disputas no sólo exponen una pelea de poder, sino también un entramado de intereses económicos que rodea al oficialismo.

“No todo es Adorni, no todos son los Menem, no todo es Karina Milei. Daría la impresión de que también alrededor de Caputo hay negocios”, lanzó Pagni en su análisis político, poniendo el foco sobre el hombre al que muchos dentro del Gobierno señalan como el verdadero arquitecto del poder libertario.

El periodista apuntó especialmente contra los hermanos Neuss, empresarios y amigos de la infancia de Caputo, quienes —según sostuvo— se habrían convertido en algunos de los grandes beneficiados del actual esquema político. “Con la palanca casi familiar que tienen con Santiago Caputo, se quedan con negocios muy importantes”, afirmó, y remarcó la preocupación que existe en sectores empresarios de la energía por el avance de ese grupo.

Entre los episodios mencionados apareció una licitación vinculada a Transener, la principal empresa de transporte eléctrico del país. Pagni relató que durante el proceso el sistema informático colapsó y, tras su restablecimiento, terminó imponiéndose la oferta presentada por los Neuss, pese a las sospechas que rodearon el procedimiento. El caso derivó en una denuncia ante la Procuración de Investigaciones Administrativas y alimentó nuevas críticas sobre la transparencia en áreas estratégicas del Estado.

El conductor también señaló intereses del mismo grupo empresario en la Hidrovía y reveló un dato aún más delicado: supuestas presiones desde el entorno de Caputo para favorecer a los Neuss en una licitación petrolera en Chubut. Según Pagni, desde las oficinas del asesor presidencial habrían existido llamados para influir en el proceso. Caputo, por su parte, rechaza cualquier vinculación irregular.

La denuncia adquiere mayor dimensión porque surgió en el marco de la guerra interna libertaria detonada por la cuenta de X @PeriodistaRufus, atribuida por el propio Caputo a Martín Menem. Desde ese perfil se deslizaron acusaciones directas sobre el crecimiento de los negocios de la familia Neuss y su cercanía con el asesor presidencial. La paradoja no pasó inadvertida para Pagni: la ofensiva que Caputo utilizó para golpear a Menem terminó exponiendo sospechas que también alcanzan a su propio círculo de poder.

Las declaraciones del periodista reavivaron el debate sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios del modelo libertario y hasta qué punto la promesa anticasta convive con una red de negocios, influencias y favoritismos en las sombras del Gobierno.

El senador libertario quedó en el centro de las críticas y las burlas tras lanzar una insólita explicación sobre la fuerte caída del consumo en Argentina durante una entrevista televisiva en TN.

En un intento por justificar los alarmantes números de la economía desde la llegada de al Gobierno, el legislador aseguró que una de las causas de la retracción económica sería la baja natalidad.

“El consumo cayó porque cada vez nacen menos niños“, afirmó al aire, dejando atónitos tanto a los periodistas en el estudio como a miles de usuarios en redes sociales, donde sus declaraciones rápidamente se viralizaron entre críticas, memes y comentarios irónicos.

Mientras el mercado interno atraviesa una profunda recesión, con caída de ventas, cierre de comercios y pérdida del poder adquisitivo, Paoltroni eligió apelar a una teoría disparatada para intentar despegar al oficialismo de la crisis económica.

Senador de La Libertad Avanza
"El consumo cayó porque cada vez nacen menos niños"

Lo pelotudo tenés que ser para seguir creyéndole semejantes ganzadas a este gobierno pic.twitter.com/WwwZn8cJKC

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 20, 2026

La insólita excusa fue tomada por muchos como una muestra del desconcierto del oficialismo frente al derrumbe del consumo y volvió a encender el debate sobre las explicaciones que sectores libertarios ofrecen ante el deterioro de la situación económica.

En internet, las reacciones no tardaron en multiplicarse y cientos de usuarios calificaron al senador como “vergonzoso”, cuestionando el nivel de argumentación utilizado para defender el modelo económico del Gobierno.

En pleno desfinanciamiento militar, la Dirección de Remonta y Veterinaria lanzó una insólita licitación privada donde el Estado no pagará con pesos, sino con fruta fresca cosechada en Mendoza.

En un hecho inédito que expone con crudeza la falta de presupuesto y liquidez, el Ejército Argentino oficializó un mecanismo de contratación digno de la era del trueque: ofrece pagar con toneladas de membrillo fresco la compra de repuestos para una camioneta. La ingeniería administrativa fue impulsada por la Dirección de Remonta y Veterinaria a través de la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26, con el fin de reparar una Chevrolet S10 modelo 2010 perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional, en San Rafael, Mendoza.

La particularidad de la convocatoria es que el contrato se adjudicará al proveedor que “ofrezca recibir la menor cantidad de membrillos” a cambio del listado de 31 autopartes solicitadas, que incluyen desde kits de embrague hasta pastillas de freno. Al tratarse de una permuta directa de bienes perecederos que la fuerza no pudo colocar en el mercado, el sistema informático de compras del Estado (COMPR.AR) se vio colapsado técnicamente, obligando a los oferentes a fijar un precio artificial de $0,000001 para poder cargar sus propuestas en una plataforma que no está diseñada para el comercio en especies.

Desde el Ejército salieron a justificar la operación asegurando que el mecanismo es “jurídicamente válido, transparente y económicamente razonable”. Sin embargo, en los pasillos de las Fuerzas Armadas la medida causó un fuerte malestar y se leyó como una muestra del ahogo presupuestario extremo que sufren las delegaciones del interior, justo en una semana donde la cúpula militar viene reclamando de forma abierta inversiones en tecnología ante el ministro de Defensa. La insólita licitación cierra el próximo 27 de mayo, día en que se sabrá cuántos kilos de fruta vale el tren delantero de una 4×4 oficial.

El empresario Gerardo Ferreyra, exvicepresidente de Electroingeniería SA, lanzó explosivas declaraciones que vuelven a poner bajo la lupa el origen y la construcción de la denominada “causa Cuadernos”, el expediente judicial impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri y utilizado para perseguir y proscribir políticamente a Cristina Fernández de Kirchner.

En declaraciones radiales, Ferreyra describió con detalles cómo fue presionado por el fiscal federal Carlos Stornelli para que se acogiera a la figura del arrepentido y declarara contra la expresidenta y el exmandatario Néstor Kirchner. “Tenía que decir que colaboré con ‘los mugrientos’”, reveló el empresario sobre la frase que, asegura, escuchó directamente de boca del fiscal.

La declaración golpea el corazón de una causa que durante años fue presentada mediáticamente como el mayor escándalo de corrupción de la Argentina, pero que desde sus inicios acumuló denuncias por irregularidades, extorsiones y utilización política de la Justicia. Ferreyra sostuvo que todo el expediente “se organizó con fines políticos, no jurídicos”, y denunció que existió un mecanismo sistemático de coerción para fabricar testimonios contra dirigentes kirchneristas.

Según contó, las presiones comenzaron apenas fue detenido e incomunicado. Después de tres días, fue llevado a declarar ante Stornelli. “Me dijo que la ley del arrepentido la estaban estrenando y que si colaboraba me iba con mi familia; si no, iba a ir preso”, recordó. Cuando preguntó de qué debía arrepentirse, recibió la respuesta que terminó revelando públicamente: debía admitir supuestas maniobras de corrupción junto a “los mugrientos”, en referencia a los Kirchner.

Ferreyra aseguró que se negó a mentir y rechazó firmar declaraciones falsas sobre sobreprecios o pago de coimas. “No tenía nada de qué arrepentirme”, afirmó. Sus palabras reavivan las denuncias sobre el uso de la prisión preventiva como método de presión psicológica y disciplinamiento judicial durante el macrismo.

La trama geopolítica de la causa cuadernos

Pero el empresario fue más allá y vinculó el armado de la causa Cuadernos con intereses geopolíticos internacionales. Según explicó, la ofensiva judicial apuntó especialmente contra empresarios argentinos que trabajaban con capitales chinos en proyectos estratégicos de infraestructura y financiamiento. “Había que sacar a China de la región”, sostuvo, al señalar que Electroingeniería participó en acuerdos vinculados a represas, centrales energéticas y obras ferroviarias impulsadas junto al gigante asiático.

En ese sentido, Ferreyra relacionó la causa con una avanzada regional que también tuvo expresiones en Brasil y Ecuador. Recordó el proceso judicial que terminó con la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva y mencionó la existencia de investigaciones similares en otros países latinoamericanos. Para el empresario, existió una estrategia coordinada para desplazar gobiernos populares y perseguir dirigentes que promovían vínculos económicos independientes de Estados Unidos.

Las confesiones del exdirectivo de Electroingeniería vuelven a alimentar las denuncias de lawfare realizadas en reiteradas oportunidades por Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que la causa Cuadernos fue utilizada como herramienta de persecución política, condicionamiento electoral y proscripción.

Mientras el juicio oral continúa avanzando, las revelaciones de Ferreyra abren nuevos interrogantes sobre el accionar de fiscales, jueces y operadores judiciales durante la etapa de instrucción. También dejan expuesto el funcionamiento de un entramado político, judicial y mediático que, según denunció, buscó construir condenas anticipadas antes que investigar hechos concretos.