José Luis Michelena, concejal de La Libertad Avanza en Ezeiza, protagonizó un explosivo momento en la última sesión del cuerpo al descargar su furia contra el vocero presidencial Manuel Adorni y las políticas económicas del Gobierno nacional. “Nos están cagando a todos”, lanzó sin filtros, y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei: “Está entregando todo”. La intervención descolocó a su propio bloque y cosechó los aplausos de los concejales peronistas. Como consecuencia, Michelena fue expulsado de LLA.

El edil justificó su postura con su propia experiencia como comerciante. “Yo tenía seis negocios en la costa y los cerré a casi todos”, reveló, antes de disparar contra la dinámica interna del bloque libertario: “¿Es un bloque? ¿Los estoy descolocando? Porque me caliento cuando no estoy de acuerdo con algo y me dicen que tengo que estar”. La declaración expuso las tensiones que, según el concejal, atraviesan a quienes disienten dentro del espacio.

Lejos de bajar el tono, Michelena profundizó su cuestionamiento: “Nos están vendiendo, nos están despedazando y no puedo soportar cerrar la boca simplemente porque no hay que acusar a Adorni. Que vaya preso si es culpable”. Sus palabras resonaron con especial fuerza en un recinto donde sus propios correligionarios miraban en silencio.

Para cerrar, el concejal trazó una polémica comparación con la situación judicial de Cristina Kirchner: “Le ponen una pulsera a la ex presidenta con razón o sin razón, desconozco porque no estoy en la Justicia, pero este tipo se lava las manos”. Y concluyó con una frase que sintetizó su ruptura con el oficialismo: “Algunos quieren defender lo indefendible”.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, se registró el cierre de más de 24.000 empresas en Argentina, pasando de 512.357 unidades productivas registradas a 488.177. Este fenómeno ubica a la gestión actual como el período de mayor destrucción neta de unidades productivas en sus primeros 26 meses de mandato, superando los registros de cualquier administración desde que se cuenta con series comparables. Es gracioso: en un acto en el MALBA, el mandatario destacó a los empresarios y dijo que por fin “el Estado les sacó el pie de la cabeza”. ¿Si es así por qué cierran empresas todos los días?

El impacto recayó de manera desproporcionada sobre las pequeñas y medianas empresas: el 99,6% de los empleadores que desaparecieron durante los primeros 22 meses de gestión tenían hasta 500 trabajadores, lo que implica la salida del mercado de más de 20.000 pymes, frente a apenas 81 empresas de mayor tamaño que dejaron de operar. Entre las grandes firmas que cerraron operaciones o retiraron filiales del país se encuentran Bimbo, PepsiCo, Danone, Puma, Bridgestone, HSBC, Clorox, Mercedes-Benz, Exxon Mobil y Procter & Gamble, entre otras.

Los sectores más golpeados en cantidad de empresas cerradas fueron transporte y almacenamiento (5.239 empleadores menos), comercio mayorista y minorista (4.593), servicios inmobiliarios (3.101), industria manufacturera (2.436) y servicios profesionales (2.315). En el caso de la industria, la utilización de la capacidad instalada promedió el 57,9% en 2025, el nivel más bajo de los últimos diez años exceptuando la pandemia, y la producción acumuló una caída del 7,9% en el bienio 2024-2025, posicionando a Argentina como el segundo país con mayor retroceso industrial en una muestra de 56 naciones.

Según un informe de la consultora Fundar, la caída en la cantidad de empresas es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia, y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003. El correlato laboral es directo: desde la asunción de Milei se perdieron más de 236.000 empleos formales, y cada cierre de empresa equivale, en promedio, a 15 puestos de trabajo menos. Las causas estructurales señaladas por especialistas incluyen la apertura comercial, el tipo de cambio bajo, la retracción del mercado interno y fuertes subidas de costos en servicios, financiamiento y alquileres.

En las últimas horas, el Ministerio de Defensa entregó a la Justicia el historial de sueldos, designaciones y documentación laboral de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El escándalo que envuelve a la familia Adorni sumó un nuevo capítulo judicial y amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para el Gobierno nacional. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa entregó a la Justicia el historial de sueldos, designaciones y documentación laboral de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán y a cargo del juez federal Sebastián Casanello, apunta a determinar si el patrimonio del legislador libertario tuvo un crecimiento injustificado desde su desembarco en cargos públicos nacionales, adonde llegó de la mano de su hermano.

El expediente se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien puso bajo sospecha la evolución patrimonial de Francisco Adorni y cuestionó la velocidad con la que canceló un crédito millonario otorgado por el Banco Provincia. Según la legisladora, los ingresos declarados por el diputado libertario no alcanzarían para justificar el incremento de bienes registrado entre 2024 y 2025.

Desde Comodoro Py ya comenzaron a analizar los movimientos salariales y administrativos del dirigente libertario durante su paso por el Ministerio de Defensa y por el Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares (IAF), donde ocupó cargos estratégicos tras la llegada de Javier Milei al poder.

La Justicia sospecha de un “presunto incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, período en el que Francisco Adorni pasó a integrar la estructura nacional bajo la órbita política de su hermano Manuel, uno de los hombres más cercanos al Presidente.

En sus declaraciones juradas, el diputado informó un salto patrimonial de más de $40 millones en apenas un año. Entre los movimientos observados aparecen la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación acelerada de un crédito de $60 millones, operaciones que despertaron dudas en la fiscalía.

Pero el caso no termina ahí. La investigación también incluirá informes de ARCA, ARBA, AGIP, Migraciones, Banco Central, UIF y registros de propiedades, con el objetivo de reconstruir toda la trama financiera y patrimonial del legislador libertario. Incluso se cruzarán datos con la causa que ya investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

En medio del creciente escándalo, Francisco Adorni intentó despegarse de las críticas lanzando un polémico sorteo de becas financiadas con fondos públicos para estudiantes secundarios de La Plata. La movida, difundida en redes sociales, fue interpretada por opositores y usuarios como un intento desesperado por mejorar la imagen del apellido Adorni justo cuando la presión judicial comenzaba a crecer.

La estrategia generó aún más controversia: mientras el oficialismo sostiene un discurso contra “la casta” y el gasto estatal, las críticas apuntaron a que el legislador utilizó recursos públicos para realizar una campaña de posicionamiento personal.

El avance de la causa golpea además las aspiraciones políticas de Francisco Adorni, que ya se perfilaba como posible candidato libertario para disputar la intendencia de La Plata en 2027. Ahora, el apellido Adorni quedó definitivamente bajo la lupa judicial y política.

Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un explosivo pedido de informes al Gobierno de Javier Milei por el envío de dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a Bolivia, en medio de las denuncias por represión estatal y creciente conflictividad social en ese país.

La oposición advierte que podría tratarse de un nuevo episodio de asistencia encubierta a fuerzas represivas, reeditando el antecedente del envío de armamento durante el gobierno de Mauricio Macri en 2019.

La iniciativa, encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por referentes como Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, exige conocer qué tipo de carga transportaban las aeronaves militares, quién autorizó la operación y cuáles son los acuerdos vigentes entre la Argentina, Bolivia y el programa “Escudo de las Américas”, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las sospechas crecieron luego de que el diputado opositor boliviano Rolando Pacheco denunciara públicamente que los Hércules argentinos no estarían trasladando ayuda humanitaria sino materiales destinados a reforzar la represión contra las protestas sociales que reclaman la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira.

“Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión”, afirmó Marino, quien advirtió que “la sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza”.

El reclamo opositor pone nuevamente bajo la lupa el rol de la Argentina en la crisis boliviana y revive el escándalo internacional por el envío de armas y municiones antidisturbios al régimen de facto de Jeanine Áñez tras el golpe de Estado de 2019, una causa judicial que todavía continúa abierta.

Además del pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social y contra “toda forma de represión estatal e injerencia externa” en Bolivia. Allí cuestionó el alineamiento del gobierno de Milei con los comunicados del Departamento de Estado de Estados Unidos, al considerar que omiten las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

“La Argentina no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez”, sostuvo el legislador, quien insistió en que “ningún recurso del Estado argentino puede ser utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano”.

La Justicia puso bajo la lupa una polémica licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia y el caso amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno de Javier Milei.

El expediente, que involucra directamente a Karina Milei, ya comenzó a ser analizado por el fiscal federal Ramiro González, quien pidió al Ejecutivo toda la documentación vinculada al proceso.

La contratación cuestionada corresponde al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Antes de definir si avanza formalmente con una investigación penal, el fiscal solicitó acceder al expediente completo para conocer el estado actual de la licitación y determinar si existieron irregularidades.

Según trascendió, el principal foco de sospecha apunta a la participación de las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA. De acuerdo con un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ambas empresas integrarían un mismo grupo económico, situación que podría haber generado una competencia ficticia dentro del proceso licitatorio.

“El procedimiento podría haber sido simulado para aparentar una compulsa entre oferentes”, sostienen los cuestionamientos incorporados al expediente judicial, una situación que abre interrogantes sobre la transparencia de la contratación promovida desde el área que conduce la hermana del Presidente.

La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza hoy enfrentada políticamente con el oficialismo. En la presentación judicial se mencionan posibles delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario.

La licitación pública N° 23-0005-LPU26 quedó así en el centro de una investigación que vuelve a colocar a Karina Milei en una situación incómoda y suma un nuevo capítulo de tensión política para la Casa Rosada.

La actividad cayó 4,3% interanual en abril, el empleo volvió a retroceder y más de la mitad de las empresas no espera mejoras. El sector opera con apenas el 40% de su capacidad instalada y crece la preocupación por la recesión industrial.

La industria metalúrgica atraviesa otro momento crítico y sigue acumulando números en rojo durante el gobierno de Javier Milei. En abril, la actividad cayó un 4,3% interanual y un 1,3% respecto de marzo, mientras que el empleo volvió a retroceder, según informó la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).

El panorama golpea incluso frente a 2025, un año que ya había sido muy negativo para el sector. En el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026, la caída alcanza el 6,2%, consolidando un escenario de fuerte recesión industrial.

Además, el empleo metalúrgico cayó 2,3% en comparación con abril del año pasado y volvió a registrar una baja mensual. Desde ADIMRA advirtieron que la utilización de la capacidad instalada apenas llegó al 40,9%, seis puntos menos que un año atrás, reflejando “un uso muy acotado del aparato productivo”.

Salvo algunos sectores vinculados al agro, como maquinaria agrícola y carrocerías, el resto de la actividad mostró retrocesos importantes. Fundición cayó 13,6%, bienes de capital 4,8%, equipos eléctricos 4,5% y equipos médicos 5,6%.

El derrumbe también impacta sobre cadenas clave de la economía, como la construcción, la industria automotriz, el petróleo, la minería y el consumo interno, sectores que siguen sin mostrar señales de recuperación.

En paralelo, crece la preocupación empresaria por el futuro inmediato. Según el relevamiento de ADIMRA, la mitad de las empresas metalúrgicas aseguró que no espera mejoras para el próximo trimestre, en medio de una economía marcada por la caída de la producción, el ajuste y la pérdida del poder adquisitivo.

La presión judicial sobre Manuel Adorni se duplica: detectaron billeteras virtuales con movimientos por más de 100.000 dólares que se suman a los escandalosos pagos en negro por la remodelación de su mansión.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo explosivo que complica drásticamente su situación en Comodoro Py. La Justicia logró identificar dos nuevas billeteras virtuales vinculadas al funcionario, las cuales operaban a través de plataformas como Binance, Lemon, Bitso y Over. Según revelaron fuentes judiciales, estas carteras digitales registran movimientos superiores a los 100.000 dólares desde el año 2022 a la fecha, abriendo una nueva línea de investigación sobre fondos no declarados.

En paralelo al frente cripto, el avance en la causa inmobiliaria sumó pruebas demoledoras. El contratista Matías Tabar se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita y entregó chats, facturas y remitos que reconstruyen cómo se financió la lujosa reforma en el country Indio Cua. Tabar ratificó que el valor total de la obra ascendió a 245.000 dólares y que se pagó íntegramente en efectivo, iniciándose con un anticipo “en mano” de 94.000 dólares.

Toda la documentación aportada por el constructor ya fue incorporada al expediente para cruzar los gastos reales con las declaraciones juradas en blanco de Adorni, las cuales muestran una asimetría total con el nivel de vida exhibido. El escándalo, bautizado en los pasillos políticos como el “Adornigate”, obligó al presidente Javier Milei a recibir de urgencia al funcionario en la Quinta de Olivos, en un intento por contener los daños de una causa que ya erosiona de manera irreversible el relato de transparencia oficialista.

Los bonos soberanos en dólares operaron en rojo y registraron caídas de hasta 1,7%, encabezadas por el Global 2046. También retrocedieron el Bonar 2029, el Global 2035 y el Global 2038. En paralelo, el riesgo país trepó 2,1% hasta los 536 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan, luego de haber tocado esta semana su nivel más bajo en tres meses. Duró poco la euforia del gobierno de Javier Milei.

La presión también golpeó a las acciones argentinas. El índice S&P Merval cayó 1,5% en la Bolsa porteña, mientras que los ADRs que cotizan en Wall Street registraron desplomes de hasta 5,6%. Entre las mayores bajas aparecieron Grupo Supervielle, Edenor, BBVA Argentina y Telecom Argentina.

El movimiento ocurrió apenas un día después de que se conociera el dato de inflación de abril, que marcó un 2,6% y mostró una desaceleración respecto de marzo. Desde el Gobierno buscaron capitalizar el índice como una señal de “normalización” económica. El presidente Javier Milei celebró el dato en redes sociales y sostuvo que el IPC está “retornando a la normalidad” pese a “los intentos golpistas de la política y el shock externo”.

Sin embargo, la reacción del mercado financiero fue muy distinta y volvió a subir el riesgo país. El gobierno no puede mostrar que el model es sustentable en el tiempo, con un ajuste que cada vez golpea más sobre la economía real, excepto sectores muy particulares que no demandan mucha mano de obra. El ajuste golpea a su vez sobre la recaudación y sobre las posibilidades futura de pagar deudas. No todo sale de acuerdo al plan.

Luego del reclamo del jefe de la Armada contra el desfinanciamiento del área propiciado por el Gobierno de Javier Milei, la vicepresidenta y actual rival de este último, Victoria Villarruel, sumó presión al criticar la compra de un avión en mal estado para la Fuerza Aérea.

“Gravísimo. Varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?”, cuestionó Villarruel.

La nueva embestida de la titular del Senado volvió a dejar expuesta la fractura política dentro del oficialismo, atravesada desde hace meses por acusaciones cruzadas, reproches públicos y un progresivo corrimiento de Villarruel de las áreas vinculadas a Seguridad y Defensa, espacios que consideraba parte del acuerdo político original de 2023.

Asimismo, la titular del Senado de la Nación reavivó su disputa con el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri -con quien ya había tenido roses en redes sociales- a quien responsabiliza por el deterioro de las condiciones del personal militar. El conflicto escaló incluso al plano judicial luego de que Villarruel lo denunciara por “calumnias e injurias” tras haber sido acusada de “golpista” y de apostar “por el fracaso del Gobierno”.

Las críticas también estuvieron atravesadas por la situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que Villarruel definió como “totalmente quebrada”, y por las presuntas irregularidades en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR en 2025, una compra que, según trascendió, habría sido direccionada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y múltiples fallas técnicas detectadas tras la adjudicación. Entre ellas, se mencionaron signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial, además de que la aeronave ya estaba pintada con los colores de la Fuerza Aérea antes de oficializarse la operación, reseñó Política Argentina.

El dato surge del Inform Risk Index, una herramienta elaborada por organismos vinculados a Naciones Unidas y la Unión Europea para medir el riesgo de crisis humanitarias y desastres en 191 países.

Cuando Javier Milei prometía durante la campaña que la Argentina podría convertirse en “Alemania en 20 años”, el mensaje apuntaba a un país ordenado, próspero y desarrollado. Sin embargo, apenas un año y medio después del inicio de su gestión, la Argentina acaba de quedar, por primera vez en su historia reciente, en condiciones de ser considerada receptora de ayuda humanitaria internacional.

El dato surge del Inform Risk Index, una herramienta elaborada por organismos vinculados a Naciones Unidas y la Unión Europea para medir el riesgo de crisis humanitarias y desastres en 191 países. En su última edición, la Argentina aparece en el puesto 94 y deja de ser catalogada como un país de “riesgo bajo” para ingresar en la categoría de “riesgo medio”.

No se trata de un detalle técnico ni estadístico. El índice es utilizado por gobiernos y organismos internacionales para orientar la asignación de fondos de cooperación y asistencia. Hasta ahora, la Argentina quedaba afuera de muchos programas porque era considerada una nación con capacidades suficientes para responder a crisis sociales y económicas. Eso cambió.

El deterioro se explica principalmente por tres variables que el informe considera centrales: el aumento de la vulnerabilidad socioeconómica, el debilitamiento de la capacidad estatal de respuesta y el deterioro de indicadores estructurales vinculados a desigualdad, infraestructura y protección social.

La dimensión que más impactó en la recategorización del país fue la de “vulnerabilidad”, donde se evalúan factores como desigualdad económica, pobreza, brecha de género, deterioro de ingresos y condiciones sociales. A eso se suma la caída en la capacidad de respuesta institucional, asociada al retroceso de la inversión pública, el deterioro de infraestructura y el debilitamiento de áreas sensibles del Estado.

Especialistas que trabajan desde hace años en cooperación internacional admiten que la situación representa un quiebre histórico. “Siempre fuimos un país de riesgo bajo. Este año aparecemos en rojo”, señaló una fuente del sector humanitario con más de 15 años de experiencia.

La paradoja es contundente: mientras el Gobierno sostiene un discurso de estabilidad macroeconómica y promete un futuro de prosperidad comparable al de las principales potencias europeas, la Argentina empieza a ser observada internacionalmente con parámetros similares a los que se aplican a países que requieren asistencia externa para afrontar crisis sociales.

El informe además advierte que la tendencia podría agravarse. La paralización de la obra pública, el deterioro de rutas, la pérdida de capacidad estatal y el retiro de políticas de contención social podrían profundizar en los próximos años los indicadores que hoy colocan al país en una zona inédita de vulnerabilidad.

De la promesa de convertirse en Alemania, a entrar en la lista de países que podrían necesitar ayuda humanitaria: el contraste resume, para muchos analistas, el verdadero saldo social del ajuste.