La empresa Algieri S.A., una de las contratistas más recurrentes de las administraciones del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, volvió a quedarse con una millonaria licitación del Gobierno porteño.

En esta oportunidad, fue preadjudicada para realizar obras complementarias en la estación Pueyrredón de la Línea B, que ya había sido remodelada el año pasado, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el destino de los recursos públicos y la reiteración de contratos a un reducido grupo de empresas.

La nueva adjudicación comprende la finalización de los trabajos en la estación Pueyrredón y la puesta en valor de las estaciones Sáenz Peña, Pasco y Alberti, de la Línea A, además de intervenciones en Dorrego. La licitación había sido lanzada en febrero y cuenta con un presupuesto oficial superior a los 11.233 millones de pesos.

Lo que genera cuestionamientos no es solamente el monto de la obra, sino el historial de la empresa con las distintas administraciones del PRO. Desde que Jorge Macri asumió la Jefatura de Gobierno, en diciembre de 2023, Algieri S.A. ya acumuló al menos cinco adjudicaciones o preadjudicaciones de gran magnitud, varias de ellas vinculadas a infraestructura urbana y transporte.

Entre esos contratos figura la reorganización del Centro de Trasbordo Plaza Constitución, adjudicada en junio de este año por 6.548 millones de pesos, además del servicio de mantenimiento de espacios verdes, otorgado en 2025 mediante una unión transitoria de empresas, y otras obras de puesta en valor de estaciones de subte en las líneas B y D.

La estación Pueyrredón representa un caso llamativo. Después de permanecer cerrada durante varios meses por una remodelación concluida en 2025, ahora vuelve a ser objeto de una nueva contratación para ejecutar trabajos complementarios, una situación que alimenta interrogantes sobre la planificación de las obras y el uso eficiente de los fondos públicos.

Una contratista con larga historia en las gestiones del PRO

La presencia de Algieri S.A. en la obra pública porteña no comenzó con Jorge Macri. Durante los ocho años de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la firma obtuvo al menos nueve licitaciones y adjudicaciones, según registros del Boletín Oficial de la Ciudad.

Entre las principales se encuentran la urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31), la remodelación de Plaza Lavalle, el proyecto Calle Verde Yerbal, obras de mitigación e infraestructura comunal, intervenciones en edificios públicos y diversos contratos de mantenimiento de espacios verdes.

La continuidad de estas adjudicaciones durante distintas administraciones del mismo espacio político alimenta las críticas y sospechas de quienes sostienen que el sistema de contrataciones porteño concentra una parte importante de la obra pública en un grupo reducido de empresas con fuerte presencia histórica en los gobiernos del PRO.

Mientras la Ciudad destina miles de millones de pesos a nuevas licitaciones, la repetición de los mismos adjudicatarios vuelve a abrir el debate sobre la transparencia, la competencia real en los procesos licitatorios y la necesidad de garantizar una distribución más amplia y equitativa de los contratos públicos.

El gobernador bonaerense defendió la soberanía sobre Vaca Muerta, cuestionó la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional y advirtió que los recursos naturales deben ponerse al servicio del desarrollo nacional y no de las exigencias del organismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta y reivindicó que los recursos estratégicos de la Argentina deben destinarse al desarrollo del país, en contraposición a las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

“A la directora del FMI le digo que el petróleo que fue a ver es argentino“, afirmó Kicillof durante un acto realizado este miércoles en Lomas de Zamora. El mandatario bonaerense sostuvo que esa riqueza energética “tendría que usarse para el desarrollo y la industria nacional, para que los argentinos puedan acceder a la energía a un precio posible”, en un mensaje dirigido tanto al organismo internacional como a la administración libertaria.

Las declaraciones llegaron después de que Georgieva recorriera por primera vez Vaca Muerta, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. La visita fue interpretada por distintos sectores como un fuerte respaldo del FMI al modelo económico extractivista del Gobierno y al papel que los recursos energéticos podrían desempeñar para garantizar el cumplimiento del programa acordado con el organismo.

Great visit to @YPFoficial’s Loma Campana operations with @LuisCaputoAR and @HoracioMarin_ok. Seeing Vaca Muerta firsthand highlighted the talent, innovation & entrepreneurship that public and private companies are deploying to drive Argentina’s bright energy future. pic.twitter.com/1oby72tsWu

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2026

Kicillof también cuestionó el modelo económico que impulsa la Casa Rosada y rechazó la idea de que la economía atraviese un proceso de recuperación. “La macro no está ordenada porque la gente no llega a fin de mes. Tienen miedo de perder el trabajo; ese es el orden para el FMI”, sostuvo.

En la misma línea, aseguró que la política económica está profundizando el deterioro de la producción y el consumo. “La industria está liquidada y el comercio también. Nos dicen que la situación económica es extraordinaria y que somos un orgullo. ¿Dónde está eso? Hay familias que no pueden pagar los servicios ni la comida y terminan endeudándose primero con los bancos, después con las billeteras virtuales y finalmente con prestamistas”, señaló.

El gobernador advirtió además que el escenario social es de una gravedad inédita y afirmó que “estamos en una situación que no hubo nunca”, incluso peor que la crisis de 2001 en algunos indicadores. “Es una crueldad y un abandono deliberado”, concluyó.

La visita de Georgieva a Vaca Muerta se produjo durante su paso por la Argentina para respaldar el programa económico del Gobierno nacional. Tras reunirse con funcionarios, la titular del FMI aseguró que el país “está por un buen camino” y consideró que, por el momento, “no habrá necesidad de más fondos”. Sus declaraciones reforzaron el respaldo del organismo a la gestión de Milei, en medio de un fuerte ajuste económico y de crecientes cuestionamientos por el impacto social de las medidas oficiales.

La situación económica en la Argentina es cada vez más apremiante. El ajuste de Javier Milei aprieta cada vez más el bolsillo de millones de argentinos. El que salió a defender el programa libertario fue el periodista Luis Majul. “Si no podés darte un gustito, no te lo des”, reclamó.

“Se te rompió el auto, tres palenques, usás la tarjeta y te rompe todo la tarjeta”. En virtud de eso, brindó una suerte de “consejos” para “llegar a fin de mes”: “Dato número uno, no usemos la tarjeta para endeudarnos, lo dijo más de una vez Mariana Shaalo y todos los expertos en finanzas”.

Seguido a ello, prosiguió: “Dato número dos, no te endeudes si tu patrimonio o tus recursos no te dan para pagar esa deuda. Dato número tres, si querés darte un gustito y no podés darte un gustito, evitá darte el gustito, es la mejor manera de no endeudarse”. Desde luego esto generó críticas en redes sociales, ya que usualmente las deudas se originan por gastos impostergables o por eventualidades sumamente onerosas. A contramano de su estilo de vida ostentoso, Majul no quiere que los argentinos se den un “gustito”.

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió a diferentes temas de la actualidad en una entrevista radial, luego de que se conociera la decisión de Cristina Kirchner de recurrir a la ONU por su situación de proscripción judicial.

“La realidad económica era muy diferente con Cristina gobernando”, recordó el dirigente peronista. “Milei nos llevó a un sacrificio que no tiene resultados. Sólo quieren la implosión de la sociedad”, advirtió en diálogo con AM 530. En el mismo sentido, se refirió a la propuesta de Cristina: “Si alguien quiere ser candidato, que lo diga. Todos pueden menos Cristina”, señaló. Y agregó: “En esta carta que publicó hoy, Cristina manifestó su voluntad de participar de la vida política”.

“Es hora que, de cara a lo que viene, que cuando un candidato le diga que va a industrializar el país, mejorar la producción y las prestaciones, también diga de dónde va a sacar los recursos para hacerlo. Más allá del diagnóstico, hay que explicar el cómo”, destacó Máximo.

En el mismo sentido, formuló: “Nuestra insistencia sobre la candidatura de Cristina pone nerviosos a muchos, Es la única que demostró el coraje para defender los intereses de la gente”. “Debatamos qué Argentina queremos. Más allá de las intenciones personales”, cerró.

El funcionario atribuyó ese deterioro a la fuerte devaluación aplicada al inicio del mandato libertario, en una admisión que contradice el relato oficial sobre una supuesta recuperación sostenida del poder adquisitivo.

Durante una entrevista, el nuevo vocero oficial Adrián Ravier sostuvo que el Gobierno recibió “la peor herencia de la historia” y justificó la brusca devaluación implementada en diciembre de 2023 al afirmar que era necesario “corregir la brecha cambiaria” provocada por la coexistencia de múltiples tipos de cambio.

“Cuando uno inicia un mandato con una devaluación del 118% como le tocó a este gobierno el primer día, los salarios reales caen. Con lo cual caemos en un pozo en el primer trimestre de 2024. De ahí para adelante todo mejora”, afirmó el vocero. Sin embargo, incurrió en un error conceptual al hablar de una “devaluación del 118%”: una moneda no puede devaluarse más del 100% de su valor, por lo que en realidad se refería a un aumento del tipo de cambio oficial.

La admisión más contundente llegó cuando comparó la situación actual con las administraciones anteriores. “Si uno compara los salarios reales hoy con respecto a noviembre de 2023; con respecto a 2017, que fue el año de mayor actividad y salarios reales del gobierno de Macri; o si compara con algún momento en que la Argentina, con estímulos artificiales, logró altos niveles de actividad e ingresos, entonces hoy estamos un poquito abajo”, reconoció.

Las declaraciones de Ravier se producen apenas días después de que asegurara que los salarios reales venían creciendo, una afirmación que fue desmentida por las propias estadísticas oficiales. Según el INDEC, los salarios registrados retrocedieron un 0,3% en mayo y acumulan caídas en ocho de los últimos nueve meses. Además, el economista Nadín Argañaraz señaló que los salarios reales del sector privado registrado se ubican un 3,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023, lo que refuerza el reconocimiento del vocero sobre el deterioro del poder adquisitivo durante la gestión libertaria.

La ex presidenta afirmó que la inhabilitación perpetua constituye “la pena principal” de la condena, mientras que los seis años de prisión representan “apenas la accesoria”. En ese sentido, aseguró que el objetivo de la decisión judicial es impedir que vuelva a competir electoralmente y privar a una parte de la sociedad del derecho a elegir el proyecto político que representa.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella tras la condena en la amañada y cuestionada causa Vialidad. En una extensa carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia, sostuvo que la verdadera finalidad de la sentencia es impedir su participación política y denunció que es víctima de una maniobra de “proscripción política”.

La exmandataria explicó que acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU al considerar que en Argentina fueron vulneradas garantías fundamentales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y la independencia judicial. Además, denunció la existencia de un “machismo estructural” dentro del Poder Judicial y sostuvo que fue juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político.

En su presentación internacional, Cristina estará acompañada por los juristas Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, a quienes convocó para encabezar esta nueva etapa de su estrategia judicial. Según explicó, buscará que el organismo de Naciones Unidas analice las irregularidades denunciadas durante el proceso y someta la actuación de los jueces argentinos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

La expresidenta también vinculó la persecución judicial con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y sostuvo que el fenómeno del lawfare trasciende a la Argentina, al afirmar que en distintos países se utiliza al sistema judicial como una herramienta para excluir de la competencia electoral a dirigentes con respaldo popular.

“Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal”, sostuvo en la carta, donde además ratificó que continuará utilizando todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el reconocimiento de su inocencia y revertir la inhabilitación que le impide volver a presentarse a elecciones.

A través de un DNU, el presidente autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas en el ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”, organizado por EE. UU. La decisión saltea el debate en la Cámara de Diputados y reabre la controversia por el control del Congreso sobre el envío de tropas al exterior.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei autorizó la salida del territorio nacional de tropas y medios de las Fuerzas Armadas para participar en el ejercicio militar multinacional “PANAMAX 2026”, llevado a cabo en la República de Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto de 2026.

La medida elude el trámite parlamentario ordinario en el Congreso de la Nación, atribución que la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 28) otorga al Poder Legislativo para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales.

El bypass al Congreso y el argumento del DNU

Según el texto oficial, el Poder Ejecutivo había enviado oportunamente al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley para autorizar el Programa de Ejercitaciones Combinadas. Sin embargo, al no haber obtenido tratamiento en la Cámara de Diputados y ante la inminencia del ejercicio, el Presidente —en Acuerdo General de Ministros— optó por firmar un DNU. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia para firmar algo así?

Entre los considerandos de la medida se argumenta que:

• Razones de oportunidad: La invitación cursada por el Gobierno de los Estados Unidos exigía el despliegue inmediato de las tropas.
• Capacidades militares: Participar de “PANAMAX 2026” mejora la interoperabilidad, la integración doctrinal y la estandarización de procedimientos del Instrumento Militar argentino.
• Costos y operatividad: Quedar fuera privaría a las Fuerzas Armadas de la actualización de doctrinas y validación de procedimientos junto a socios estratégicos de la región.
• Financiamiento: Los gastos serán absorbidos por la Jurisdicción 45 (Ministerio de Defensa) – Subjurisdicción 24 (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas).

El decreto fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su control posterior, pero su vigencia es inmediata a partir de su publicación.

¿Qué es el ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”?

PANAMAX es uno de los adiestramientos militares conjuntos y combinados más importantes del Hemisferio Occidental. Organizado y patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) en coordinación con las fuerzas de seguridad de Panamá, se realiza periódicamente con la participación de más de una docena de países aliados de la región (como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, entre otros).

Claves del ejercicio:

• Objetivo principal: Garantizar la seguridad, la defensa y la operatividad del Canal de Panamá, un cuello de botella estratégico para el comercio marítimo global y la economía internacional.
• Escenarios y operaciones: Simula respuestas multinacionales ante amenazas a la infraestructura crítica bajo el marco ficticio de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
• Rol de las fuerzas argentinas: A través del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE) del Estado Mayor Conjunto, las tropas especiales argentinas participan en el planeamiento y la ejecución de operaciones de alto riesgo en entornos selváticos, marítimos y urbanos.

La decisión de enviar tropas mediante DNU reactiva la discusión institucional sobre los límites de las facultades ejecutivas respecto al control civil y legislativo sobre las Fuerzas Armadas, un principio sensible en la historia democrática argentina.

El dólar cerró este viernes otra jornada alcista y volvió a marcar un récord nominal. Fue la tercera rueda consecutiva de subas para el tipo de cambio oficial, en un mercado que llegó al cierre con más demanda de cobertura y con los bonos bajo presión. La tensión también se reflejó en el riesgo país, que volvió a subir a 437 puntos, en una señal de mayor cautela entre los inversores.

En las pantallas del Banco Nación, el dólar minorista terminó en $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, su valor más alto desde la implementación del nuevo esquema cambiario. El dólar mayorista cerró en torno a $1.489, mientras que el MEP finalizó cerca de $1.515, el contado con liquidación alcanzó $1.574. Por su parte el blue terminó en $1.550, con una leve baja del 0,3%. 

Todo se da mientras el FMI está en el país – su titular en Casa Rosada – y desde el gobierno de Javier Milei agitan la posibilidad de una devaluación del 20% antes de fin de año. ¿Todo marcha según el plan?

El proyecto busca fortalecer el control democrático, garantizar la transparencia y evitar que el Poder Ejecutivo firme nuevos endeudamientos sin aprobación parlamentaria.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para reforzar el rol del Congreso en las decisiones sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La iniciativa establece que cada nuevo acuerdo que el Poder Ejecutivo pretenda suscribir con el organismo deberá ser debatido y aprobado previamente por el Parlamento mediante una ley específica.

La presentación coincidió con el anuncio de la visita a la Argentina de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien llegará al país por primera vez en ocho años para desarrollar una agenda de trabajo con el gobierno de Javier Milei.

El proyecto propone reemplazar el esquema vigente por un régimen más amplio que garantice un mayor control institucional sobre los compromisos financieros asumidos por el Estado. En ese sentido, limita la posibilidad de que el Ejecutivo cierre acuerdos sin intervención del Congreso, prohíbe expresamente el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobarlos y descarta la delegación de esas facultades a una comisión bicameral.

La iniciativa, compuesta por 22 artículos, cuenta con el respaldo de otros 15 diputados de Unión por la Patria: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López. Además, propone derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública para establecer un nuevo marco normativo.

Un mayor control democrático

El proyecto dispone que cada operación de crédito con organismos financieros internacionales sea autorizada mediante una ley especial que detalle el monto máximo del préstamo, el plazo de amortización, las condiciones del financiamiento y el destino de los fondos. De esta manera, busca garantizar que decisiones con fuerte impacto sobre la economía nacional cuenten con el debate y el respaldo de los representantes elegidos por la ciudadanía.

Asimismo, declara la nulidad absoluta de los acuerdos que impongan condicionamientos sobre la regulación del movimiento de capitales en el país y establece que los funcionarios que suscriban compromisos por fuera del procedimiento previsto podrán ser responsabilizados por los daños ocasionados al Estado.

El texto también cuestiona el DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —equivalentes a unos 20.000 millones de dólares— sin tratamiento previo en el Congreso. Según la iniciativa, este tipo de decisiones deben quedar sujetas al control parlamentario y, en caso de incumplir la nueva normativa, podrían ser revisadas e incluso declaradas nulas.

Soberanía económica y transparencia

Entre los principios que orientan el proyecto se destacan la soberanía económica, la corresponsabilidad entre acreedor y deudor, la legitimidad de las políticas macroprudenciales, la sostenibilidad de la deuda en función de la capacidad real de pago, la transparencia con control democrático y el fortalecimiento del multilateralismo.

En ese marco, el texto sostiene que el FMI también debe asumir responsabilidades cuando incumple sus propias normas o aprueba programas con motivaciones políticas. Como antecedente, cita una evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del propio organismo sobre el acuerdo firmado con la Argentina en 2018, donde se registraron cuestionamientos internos respecto del cumplimiento de los criterios de acceso excepcional y se calificó la operación como una “zona gris”.

Además, recuerda que, entre mayo de 2018 y el momento de elaboración de ese informe, salieron del país 45.100 millones de dólares por formación de activos externos del sector privado, una cifra superior a los 44.500 millones de dólares desembolsados por el FMI durante ese programa, un antecedente que la iniciativa considera necesario tener presente para evitar que vuelvan a repetirse experiencias similares.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, encabezó una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, junto al titular de esa cartera, Luis Caputo. Apoyó el brutal ajuste del gobierno y al mismo tiempo advirtió sobre lo que puede pasar con las pymes y el empleo por las propias políticas del FMI. Insólito.

En este marco, la titular del organismo celebró el fortalecimiento de la posición externa de la Argentina y la acumulación de reservas por parte del BCRA, pero alertó por la situación que atraviesa el país en materia de empleo y empresas.

“Los riesgos siempre están allí. Los riesgos tienen que gestionarse. Ahora, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo se administra el riesgo de los procesos políticos en el país que tienen altos y bajos? Construyendo políticas fuertes en el periodo que tenemos ahora y también construyendo amortiguadores fuertes”, indicó Georgieva. Desde que gobierna Javier Milei no paran de destruirse empresas y aumentar el desempleo. Más riesgo que ese.

“Lo que recomendamos no es solo por el entorno nacional, sino porque también nosotros vivimos en un mundo que tiene más tendencia a sufrir shocks y hay riesgos exógenos que también están presentes. Los países no pueden predecir lo que es posible que pase o no, pero sí tienen control sobre las políticas nacionales. Las políticas fuertes que brinden confianza a las personas en el país, en Argentina y también a la comunidad internacional. Esa es la mejor forma de gestionar el riesgo o los riesgos, tanto nacionales como externos o exógenos”, sostuvo.