La hipocresía es total. El presidente Javier Milei dio un discurso por el Día del Maestro en el que les agradeció a los docentes y omitió hablar sobre el ajuste que su gobierno realiza sobre el área. “Ustedes son los que están ahí todos los días haciéndolo posible”, dijo al dirigirse a los maestros, que perdieron casi un 30 por ciento de su sueldo desde que asumió el libertario. Desde fines de 1990 que no hay un ajuste tan brutal sobre la educación.

“Los maestros tienen la noble tarea de estar formando una nueva generación de niños que serán los líderes del mañana”, agregó. ¿Por qué entonces un ajuste tan grande sobre ellos?

Como el delirio siempre puede superarse, después el presidente compartió un video realizado por IA donde dialogaba con Sarmiento, que le decía: “Así que critican sus formas, don Javier. No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaban de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco”.

Según datos del Banco Central, las compras de dólares por parte de los argentinos aumentaron 35% mensual en julio, hasta superar los u$s3.000 millones. Al mismo tiempo, las ventas retrocedieron 13%, hasta apenas u$s608 millones. La explicación es obvia: la gente cree que el dólar súper barato no durará mucho y quieren comprar antes de que aumente el precio.

El modelo de Javier Milei no cierra por ningún lado: con inflación corriendo al 35% anual, el dólar planchado se abarata mes a mes. Para la economía es una bomba atómica que encarece los productos nacionales. Pero el modelo se muerde la cola: porque ese dólar barato es una tentación para los argentinos que cuentan con ahorros, que son cada vez menos pero todavía un número considerable. Más compra de dólar, más presión sobre el precio del billete verde.

Para el gobierno es una encrucijada: si mantiene el dólar atrasado, sufre la actividad y con la inflación corriendo al 2% mensual, se profundiza el atraso. Si devalúa, la actividad también sufre y se dispara la inflación. El modelo no cierra.

Una demanda colectiva cuestiona los costos de determinados préstamos de la plataforma y reclama revisar los intereses cobrados durante los últimos tres años. La presentación advierte sobre CFTEA que pueden superar el 1.300%, mientras crece el endeudamiento y la morosidad de los hogares.

En un escenario de creciente endeudamiento de las familias y dificultades cada vez mayores para llegar a fin de mes, Mercado Pago vuelve a quedar bajo la lupa. Una demanda colectiva cuestiona ante la Justicia los costos aplicados a determinados créditos de la plataforma y advierte que, en algunos casos, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) puede alcanzar el 1.375,94%.

La presentación fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo apunta contra Mercado Libre S.R.L., titular de Mercado Pago, y surgió a partir de los casos de dos consumidoras.

El planteo busca que se revisen los costos financieros aplicados durante los últimos tres años y que, si la Justicia determina que existieron cobros indebidos, se ordene su devolución. ACFRA pretende además que una eventual sentencia favorable tenga alcance colectivo y pueda beneficiar a otros usuarios que hayan atravesado situaciones similares.

Créditos al alcance de un clic, pero con costos millonarios

La controversia adquiere especial relevancia en un contexto en el que el crédito dejó de ser para muchas familias una herramienta para financiar consumos extraordinarios y pasó a convertirse en un recurso para cubrir gastos cotidianos y llegar a fin de mes.

Las plataformas digitales facilitaron el acceso al financiamiento: en pocos pasos y sin concurrir a un banco, un usuario puede obtener dinero de manera inmediata. Pero esa misma facilidad puede convertirse en un problema cuando quien solicita el préstamo ya tiene sus ingresos comprometidos y debe afrontar costos financieros elevados.

Según ACFRA, determinados préstamos ofrecidos por Mercado Pago presentan condiciones que podrían resultar desproporcionadas y configurar una práctica abusiva. En las líneas de consumo y préstamos personales cuestionadas, las tasas nominales anuales (TNA) informadas van desde el 48% hasta el 249%.

En el extremo superior, una TNA del 249% se traduce en una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 863,48% y un CFTEA máximo del 1.375,94%. Este último indicador incorpora, además de los intereses, impuestos y otros costos asociados al financiamiento, por lo que permite dimensionar el costo total de una operación en términos anualizados.

El dato requiere una aclaración: el 1.375,94% no significa que ese porcentaje se cobre directamente sobre cada cuota o sobre el capital prestado, sino que expresa de manera anualizada el costo financiero total de determinadas operaciones.

Qué responde Mercado Pago

Desde la compañía explicaron que las condiciones de cada préstamo se determinan mediante un sistema propio de evaluación de riesgo. Según esa explicación, los costos más elevados corresponden principalmente a créditos de bajo monto otorgados a personas sobre las que existe poca información respecto de sus antecedentes crediticios.

La empresa también señaló que aproximadamente el 2% de los préstamos corresponde al segmento de mayor costo. De esta manera, Mercado Pago sostiene que las diferencias entre las tasas responden al perfil de riesgo de cada cliente.

Sin embargo, la magnitud de los costos cuestionados vuelve a abrir el debate sobre qué precio pagan los consumidores con menor acceso al sistema financiero tradicional. La comparación con los préstamos bancarios tampoco es estrictamente equivalente, ya que las condiciones dependen del monto, el plazo y el perfil de cada usuario, aunque los CFTEA denunciados aparecen por encima de los registrados en numerosas líneas de préstamos personales de bancos tradicionales.

Un reclamo que podría alcanzar a millones de usuarios

Espasandín sostuvo en el streaming Contra Ataque que muchos consumidores recurren a estos préstamos para afrontar necesidades económicas concretas y terminan asumiendo costos que la asociación considera excesivos.

Sobre esa base, ACFRA busca que el reclamo iniciado a partir de dos casos particulares pueda extenderse a otros usuarios que se encuentren en una situación equivalente. La organización estima que el universo potencial podría alcanzar a unos siete millones de personas en todo el país, aunque se trata de una proyección de la entidad demandante y no de una cantidad de consumidores damnificados reconocida por la Justicia.

Ahora será el tribunal el que deberá determinar si los costos financieros cuestionados se ajustaron a la normativa vigente y si existieron cobros que correspondan ser restituidos. También deberá definir, en caso de una eventual sentencia favorable, el alcance que podría tener el reclamo colectivo.

El caso vuelve a poner el foco sobre una de las caras más problemáticas del boom del crédito digital: la posibilidad de conseguir dinero en cuestión de minutos reduce las barreras de acceso al financiamiento, pero también puede facilitar el ingreso a un circuito de deuda difícil de abandonar.

En momentos en que la morosidad y el endeudamiento de los hogares alcanzan niveles preocupantes, la discusión ya no pasa solamente por la facilidad para obtener un préstamo, sino por cuánto termina pagando una familia por acceder a esos pocos clics que le permiten resolver una urgencia económica.

Nicolás Morzone protagonizó un escandaloso episodio en el Concejo Deliberante de La Plata. Acusó al CECIM de ser una “agrupación kirchnerista”, cuestionó a los excombatientes por criticar a Javier Milei y reivindicó una eventual escalada militar contra el Reino Unido.

La renovada centralidad que el gobierno de Javier Milei decidió darle a la cuestión Malvinas ya comenzó a dejar algo más que declaraciones presidenciales. En La Plata, el concejal del PRO Nicolás Morzone, aliado del oficialismo libertario, protagonizó un fuerte episodio político al convertir el debate sobre la soberanía argentina en una suerte de arenga belicista, mientras atacaba a los propios excombatientes que cuestionaron al Presidente.

Durante el tratamiento de un proyecto de adhesión al último mensaje de Milei sobre Malvinas, Morzone cargó contra el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, que había calificado el discurso presidencial como un acto de “hipocresía extrema”.

La respuesta del concejal fue particularmente llamativa. En lugar de discutir los argumentos planteados por los veteranos, decidió descalificarlos políticamente y llegó a definir al CECIM como una “agrupación kirchnerista”.

Pero el momento más polémico de su intervención llegó cuando reivindicó abiertamente la posibilidad de una salida bélica.

“Los derechos se conquistan y si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra”, sostuvo Morzone desde su banca.

La frase no fue una metáfora aislada. El concejal avanzó en una defensa explícita de una política exterior de mayor alineamiento con Estados Unidos y Occidente y planteó que la cuestión Malvinas debe ser abordada con una lógica de confrontación y preparación militar.

“Cuando hay que discutir realmente el dominio, es con el cuchillo entre los dientes, preparándose para todo, para la máxima instancia”, afirmó, apelando incluso a una referencia a Henry Kissinger, una figura fuertemente cuestionada por su papel en la política exterior estadounidense y su respaldo a dictaduras latinoamericanas.

Morzone fue todavía más lejos al celebrar la posibilidad de profundizar la cooperación militar con Washington.

“Celebro que el presidente de la Nación quiera llevar adelante un acuerdo con Estados Unidos para generar una gran militarización y un fortalecimiento de nuestra defensa nacional”, sostuvo.

El planteo expone una definición política que va mucho más allá de la reivindicación histórica de la soberanía sobre las islas: la defensa de Malvinas aparece asociada a una mayor subordinación estratégica a Estados Unidos y a una eventual escalada militar con el Reino Unido.

Ataques contra los excombatientes

El concejal también dirigió buena parte de su discurso contra los integrantes del CECIM, que habían cuestionado el giro discursivo de Milei sobre Malvinas y advertido que podía estar siendo utilizado como recurso político frente al deterioro de la gestión y de la imagen presidencial.

“¿En qué se han transformado? ¿Quién les pide tanto? ¿La Cámpora?”, disparó Morzone contra los veteranos.

También cuestionó que hubieran calificado de “sinvergüenza” e “hipócrita” al Presidente por su anuncio sobre Malvinas y sostuvo que esas críticas suponían renunciar a los valores por los cuales los propios excombatientes habían combatido.

El argumento provocó una fuerte reacción de los concejales peronistas, que acusaron a Morzone de “cobarde”, “sinvergüenza” y “maleducado” por atacar a los veteranos desde su banca.

Lejos de retroceder, el concejal redobló sus cuestionamientos y afirmó que el CECIM había sido “desnaturalizado” hasta convertirse en una “agrupación kirchnerista”, una acusación que profundizó la tensión dentro del recinto.

De Malvinas a la militarización

La discusión terminó derivando en un verdadero escándalo dentro del Concejo Deliberante platense. Ante los gritos cruzados, debió intervenir el presidente del cuerpo, Marcelo Galland, aunque la tensión no disminuyó.

Morzone incluso cuestionó a una concejal peronista en términos despectivos y reclamó que fuera retirada del recinto. Finalmente, la situación obligó a pasar a un cuarto intermedio y los enfrentamientos continuaron en los pasillos del Palacio Municipal.

El episodio deja expuesta una particular deriva del nuevo discurso oficialista sobre Malvinas. Una cuestión histórica que durante décadas fue sostenida como una política de Estado y cuya recuperación se plantea constitucionalmente por medios pacíficos aparece ahora acompañada, desde sectores aliados al Gobierno, por discursos que relativizan el costo de una eventual guerra y reivindican una creciente militarización.

Y el dato político no es menor: Morzone no sólo es un dirigente del PRO alineado con Milei. También cuestionó la política exterior del propio Mauricio Macri por considerar insuficiente su alineamiento con Estados Unidos, y reivindicó una mayor “verticalidad” respecto de Washington y Occidente.

Así, mientras el Gobierno busca presentarse como un nuevo abanderado de la causa Malvinas, uno de sus aliados políticos en La Plata ofrece una versión particularmente preocupante de ese giro: veteranos cuestionados por sus críticas, diplomacia subordinada a alianzas militares y una frase que debería encender todas las alarmas: “Si hay que ir a la guerra, se irá”.

A 44 años de la guerra, la discusión sobre Malvinas vuelve a ocupar el centro de la escena. Pero esta vez, al menos en el discurso de algunos aliados del oficialismo, la reivindicación de soberanía parece venir acompañada de una peligrosa fascinación por la confrontación militar.

Manuel Adorni vuelve a quedar contra el reloj. Este viernes vence el plazo que le otorgó la Justicia para explicar el crecimiento de su patrimonio y, según trascendió, su defensa analiza pedir una nueva postergación.

El argumento sería que necesita más tiempo para revisar el contenido del celular del contratista Matías Tabar, testigo clave de la causa. Sería una nueva demora para responder por más de 20 puntos que la Fiscalía considera todavía sin aclarar.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá definir este viernes si finalmente presenta las explicaciones requeridas por la Justicia sobre la evolución de su patrimonio o si vuelve a pedir más tiempo. El vencimiento del plazo llega en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya obligó al exfuncionario a solicitar una primera prórroga de 15 días.

Ahora, la defensa podría volver a recurrir al pedido de una extensión, esta vez por una o dos semanas, según trascendió en ámbitos judiciales. El argumento estaría relacionado con el acceso al contenido del teléfono celular del contratista Matías Tabar, considerado un testigo clave en la investigación.

La eventual nueva postergación adquiere particular relevancia porque la Justicia viene reclamando respuestas sobre una serie de inconsistencias patrimoniales que Adorni todavía debe explicar. El fiscal federal Gerardo Pollicita le exigió aclaraciones sobre más de 20 puntos vinculados con la evolución de sus bienes entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Entre los principales interrogantes aparece una diferencia de aproximadamente $43 millones entre los ingresos comprobados y los gastos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La Fiscalía también intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados durante ese período.

Los dólares, el pendrive, los Bitcoin y las explicaciones pendientes

Uno de los puntos centrales del expediente es la explicación sobre US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin en 2014, operación que, según su propio relato, le habría permitido obtener una ganancia de otros US$300.000.

La Justicia espera que el exfuncionario presente documentación que permita respaldar el origen y la evolución de esos fondos, algo que hasta el momento no habría aportado.

A esto se suman las dudas sobre el financiamiento de las obras realizadas en su propiedad del country Indio Cuá y la compra de un departamento en Caballito.

En su última declaración jurada, Adorni informó un patrimonio de $944,5 millones, cifra que fue rectificada en varias oportunidades y que continúa bajo análisis de los investigadores.

El celular de Tabar, la nueva explicación para pedir más tiempo

El nuevo argumento de la defensa estaría relacionado con el material extraído del teléfono de Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia que las reparaciones realizadas en la propiedad de Adorni habrían tenido un costo de US$245.000.

Desde el entorno del exfuncionario cuestionan esa cifra y sostienen que las obras no habrían alcanzado ese valor. Por eso, pretenden analizar las conversaciones y facturas vinculadas con el contratista antes de responder al requerimiento fiscal.

Adorni había solicitado acceder a esas comunicaciones y el material le fue entregado la semana pasada. La defensa pretende ahora utilizar esa información para preparar su descargo.

El punto es que, de prosperar el pedido ante el juez federal Ariel Lijo, el reloj volvería a ponerse en pausa para Adorni. Después de haber obtenido ya una primera prórroga, una nueva extensión volvería a postergar las explicaciones sobre cuestiones que la Fiscalía considera relevantes para determinar el origen y la evolución de su patrimonio.

Una definición que vuelve a demorarse

La presentación de la declaración jurada constituye una instancia previa a una eventual indagatoria. Si las explicaciones no convencen a los investigadores, Adorni podría ser citado en calidad de acusado, a partir de un eventual pedido de la Fiscalía y de la decisión del juez Lijo.

La causa analiza el crecimiento patrimonial del exfuncionario desde su ingreso a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida del Gobierno en junio de este año.

Por ahora, el interrogante vuelve a ser el mismo: responder las preguntas de la Justicia o pedir más tiempo. Y si finalmente se concreta la nueva prórroga, Adorni habrá conseguido nuevamente postergar una explicación sobre un patrimonio que los investigadores todavía consideran cargado de inconsistencias.

Javier Milei quedó cuarto entre los dirigentes libertarios con mejor imagen y para los votantes de LLA está por debajo de Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Diego Santilli. El presidente también está peor considerado que Myriam Bregman y Axel Kicillof según un estudio de D’Alessio IROL-Berensztein.

Tomando en cuenta a los votantes libertarios y del peronismo, Francos es el único dirigente político que tiene diferencial positivo, aunque solo es de 1 y una negativa de 44. Patricia Bullrich cosecha -12 con 43 de positiva y 55 de negativa, Santilli alcanza los 37 de positiva y 57 de negativa (-18), mientras que Milei obtiene 34 de positiva y 62 de negativa y un diferencial de -28.

Si se consideran solamente los votantes libertarios, el orden cambia, pero Milei sigue quedando cuarto: Bullrich lidera con 89, le sigue Francos con 81, Santilli con 77 y Milei con 76.

Bregman, que tiene buena recepción entre los votantes peronistas, es la opositora mejor ponderada, con 40 de positiva y 56 de negativa, seguida por Kicillof con 40 de positiva y 58% de negativa. Ambos superan a Milei. Juan Grabois con 33 y 62 de negativa y Cristina con 30 de positiva y 65 de negativa completan los cuatro puestos top entre opositores.

Acorralado por la oposición en el Congreso, ante la consulta sobre los envíos del oro al exterior, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, respondió que no había nada de lo que preocuparse porque fueron revisados por auditorías internas, externas y por la propia Auditoría General de la Nación: “2023, 2024 y 2025 (…) están y no tienen comentarios”, aseguró.

Sin embargo, la propia Auditoría General de la Nación (AGN) no solo no pudo auditar la transferencia de los lingotes de oro, sino que recibió una respuesta, como mínimo, llamativa: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”.

Cuando, por primera vez, la AGN solicitó información y documentación para llevar a cabo la auditoría, ya habían tomado nota de cuatro transferencias (18/06/24, 02/07/24, 31/07/24 y 13/08/24). Según consta en la documentación oficial, en cada una de ellas, se enviaron 250 lingotes. ¿Dónde está el oro del Banco Central? ¿En Suiza o en Inglaterra?

En ese momento, el Central no se negó explícitamente, sino que entorpeció cualquier posibilidad de que se llevase a cabo. Por un lado, la entidad no entregó al equipo de auditores de la AGN el material necesario para avanzar con los trabajos de auditoría (actas, dictámenes y otras actuaciones). Por el otro, según pudo reconstruir este medio a partir del relato de fuentes calificadas, el Banco Central se escudó detrás del argumento de la confidencialidad para no permitir el acceso a la información a pesar de que hay ejemplos que demuestran que la AGN “está acostumbrada a trabajar con documentación confidencial y sensible como en el caso de las vacunas por el COVID”.

El pollo ya desplazó a la carne vacuna como la proteína más consumida por los argentinos y la industria espera que la brecha se amplíe durante 2026.

Desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) proyectan que el consumo de pollo superará los 50 kilos por habitante al año, después de cerrar 2025 en torno a los 49 kilos, mientras que la carne vacuna se ubica actualmente en torno a los 47 kilos por habitante. El consumo de carne vacuna está en el piso histórico. Milei lo hizo.

La estimación sectorial se ubica incluso por encima de las últimas mediciones oficiales. La Secretaría de Agricultura señaló recientemente que el consumo de carne aviar se encuentra cerca de los 48 kilos por habitante al año, luego de una expansión sostenida que comenzó a acelerarse durante las décadas del 90 y 2000.

El fiscal federal Franco Picardi citó a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, para tomarle declaración testimonial en la causa en la que se investigan hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La audiencia se realizará vía zoom, para lo cual el fiscal libró exhortó de colaboración a la Fiscalía General de Bolivia, según confirmaron fuentes judiciales. La testigo sobrevivió a un ataque a balazos y se sospecha que fue Cerimedo, hombre muy cercano a los hermanos Milei hasta el año pasado.

Ante los medios bolivianos, Beller aseguró tener muchos audios de Cerimedo hablando sobre lo que pasaba en ANDIS con el cobro de coimas a funcionarios libertarios. “Fernando me dijo que la plata era para Karina”, dijo Beller y explicó que tiene pruebas. Vale recordar que la mujer de Cerimedo fue funcionaria de primer nivel en ANDIS.

DIN S.A., una firma especializada en ingeniería, estructuras metálicas y construcción de naves industriales, dejó de operar después de más de medio siglo de actividad, en una nueva señal de alarma sobre el deterioro del entramado productivo nacional.

La empresa, fundada en septiembre de 1970, acumuló más de 600 obras a lo largo de su historia y participó de algunos de los grandes proyectos de infraestructura, energía y minería del país. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra el Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, una gigantesca estructura metálica de 100 metros de largo por 100 de ancho y 27 metros de altura, que demandó más de 2.000 toneladas de acero.

DIN también participó de la construcción de la nueva terminal de partidas de Ezeiza, conocida como “El Zeppelin”, y desarrolló proyectos para sectores estratégicos como la minería, el agro, la energía y Oil & Gas. En el ámbito minero intervino, entre otros emprendimientos, en Pascua Lama y Veladero, en San Juan.

Durante su etapa de mayor expansión, la compañía llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes en su planta de Belén de Escobar, utilizando tecnología de control numérico y sistemas de soldadura automática. Con el paso de las décadas, construyó una trayectoria vinculada a plantas fabriles, puentes, centros logísticos, hangares, terminales aeroportuarias y grandes instalaciones industriales.

El cierre de una empresa con más de medio siglo de historia en el contexto de un país que se desindustrializa

La última etapa de DIN comenzó en junio de 2024, cuando la compañía fue incorporada al Grupo GOVAN, dedicado a la construcción y la industria del acero. La operación había sido presentada como el inicio de una nueva fase para la empresa, pero apenas dos años después el grupo resolvió discontinuar sus actividades como parte de una reorganización.

Desde GOVAN señalaron que los proyectos que habían impulsado la adquisición de DIN, principalmente vinculados con el sector minero, no alcanzaron los niveles de actividad previstos. Frente a ese escenario, el grupo decidió concentrar sus recursos en otras operaciones y avanzar con el cierre de la firma.

La decisión también tuvo consecuencias sobre sus trabajadores. Según explicó la empresa, se buscó reubicar a la mayor cantidad posible de empleados en otras plantas y compañías del grupo, mientras que quienes no pudieron ser trasladados accedieron a retiros voluntarios.

El cierre de DIN vuelve a encender las alarmas sobre el rumbo de la industria argentina. Una empresa fundada hace más de 50 años, que llegó a producir miles de toneladas de estructuras metálicas y participó en obras emblemáticas del país, terminó dejando de operar en un contexto de fuerte deterioro de la actividad productiva.

La desaparición de DIN no constituye solamente el cierre de otra fábrica: representa también la pérdida de capacidades industriales, conocimientos técnicos y una trayectoria construida durante generaciones. En un país que necesita recuperar inversión, producción y empleo industrial, la desaparición de compañías históricas constituye una señal especialmente preocupante.