“Lo más importante de esa reunioncita en La Rural es confirmar que Milei, que dice que no hay plata para los jubilados, ni para los discapacitados, ni para el Garrahan, ni para las universidades, le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una crítica frontal al presidente Javier Milei, a pocas horas del anuncio de la baja de retenciones al agro, al denunciar que mientras se aplica un brutal ajuste sobre jubilaciones, educación y salud, el Gobierno beneficia a “uno de los sectores que más plata tiene en este país”.

Desde San José 1111, en un mensaje enviado a la multitudinaria marcha de antorchas en homenaje a Eva Perón en Moreno, CFK desarmó uno de los principales dogmas del oficialismo: “Lo más importante de esa reunioncita en La Rural es confirmar que Milei, que dice que no hay plata para los jubilados, ni para los discapacitados, ni para el Garrahan, ni para las universidades, ahí no le importa el superávit fiscal. En La Rural no le importa. Y le regala plata a uno de los sectores más ricos de la Argentina”.

El mensaje llegó el mismo día en que Milei, desde el palco de la Sociedad Rural Argentina, atacó uno de los pilares históricos del peronismo: la justicia social, a la que calificó como un “parásito mental”. La respuesta de la exmandataria no se hizo esperar. “Si algo me faltaba para saber que estoy del lado correcto de la historia y de la vida es ver y oír cómo festejan que esté presa tanto en la Sociedad Rural como el embajador propuesto por Trump”, afirmó Cristina, en alusión al diplomático Peter Lamelas.

La líder del peronismo denunció también el “desgobierno para los ricos” y cuestionó duramente al Poder Judicial por la entrega de terrenos a la Sociedad Rural: “La frutilla del postre de este desgobierno para los ricos la tuvimos hoy a la mañana, en el predio que la Sociedad Rural le robó a los argentinos en una maniobra en serio de defraudación al Estado. Por eso el presidente de La Rural dice que en Argentina hay justicia independiente: se robaron un terreno impresionante y el Poder Judicial no hizo nada”.

En medio del plan de ajuste que Milei califica como “el más grande de la historia de la humanidad”, el Gobierno decidió beneficiar al sector agroexportador mientras bloquea en el Congreso cualquier intento de recomposición para los jubilados. Cristina volvió a poner el foco en la incoherencia del discurso libertario: “No hay plata para nadie porque hay que cuidar el superávit fiscal… Sin embargo, en La Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores más poderosos”.

“Patria o Lamelas”

Otro de los tramos más filosos de su intervención fue su denuncia sobre la subordinación de la política exterior argentina. Cristina advirtió que Peter Lamelas, el embajador estadounidense propuesto por Donald Trump, actúa como “interventor” en el país. “Su misión explícita es vigilar a los gobernadores, frenar acuerdos con China y asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece”, ironizó.

“Hoy estamos transitando un intento de destrucción. Es un nuevo intento de destrucción de lo argentino y de subordinación total de nuestros intereses nacionales”, denunció la exmandataria, y remató: “Hace exactamente 80 años era Braden o Perón. Ahora es Patria o Lamelas. Lamelas. Casi, casi pornográfico”.

Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, acompañó el mensaje desde Hurlingham, donde encabezó un plenario de Fuerza Patria. En un tono igualmente combativo, señaló: “La Argentina es un territorio en disputa. ¿Quién carajo se cree que es ese señor? Acá el pueblo argentino vota. Acá, el pueblo argentino elige”.

Dólares al colchón y catástrofe económica

Finalmente, Cristina apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el fracaso de sus políticas: “Al Toto Caputo no le sale una. Nada de lo que dice se cumple. Iban a hacer que los argentinos sacaran los dólares del colchón. Sin embargo, los datos del BCRA muestran lo contrario: cada vez más argentinos compran dólares para guardarlos, no para invertir”.

Y advirtió sobre las consecuencias del modelo libertario: “Argentina cada vez debe más dólares y al mismo tiempo se fugan más dólares al colchón, a la caja de seguridad, al exterior. Dólares que se sustraen del crecimiento y desarrollo de la economía argentina. Una verdadera y auténtica catástrofe. Esto no termina bien”.

La postal que dejó la Exposición Rural de Palermo fue tan simbólica como brutal: el mismo público que ovacionó la baja de retenciones a productos del agro, estalló en aplausos cuando el presidente Javier Milei confirmó que vetará el aumento de $22.000 para jubilados.

El discurso del presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo dejó una imagen que sintetiza con crudeza el rumbo económico y político del actual gobierno: el mismo público que ovacionó la baja de retenciones para el sector agroexportador, celebró con igual entusiasmo que el Gobierno vete una ley que otorgaba un incremento de $22.000 a los jubilados y jubiladas del país.

Este doble aplauso —por el alivio fiscal al campo y por el ajuste a los sectores más vulnerables— es mucho más que una postal. Es una demostración contundente de hacia dónde se está reorientando el flujo de los recursos del Estado: desde los jubilados, pensionados, personas con discapacidad y trabajadores informales, hacia los sectores concentrados de la economía, particularmente los grandes productores del agro y los exportadores.

La ovación que delata prioridades

Durante su intervención en la Exposición Rural, Milei anunció la baja “permanente” de retenciones a productos clave del complejo agroexportador: soja, carne, maíz, sorgo y girasol. La medida fue recibida con una ovación por parte de los asistentes, representantes de uno de los sectores más privilegiados de la economía argentina.

Pero el segundo gran aplauso de la jornada fue aún más revelador: se produjo cuando el Presidente confirmó que vetará la ley sancionada por el Congreso que aumentaba el bono previsional de $70.000 a $110.000 y establecía un incremento del 7,2% en las jubilaciones mínimas, llevándolas de $309.000 a $331.000. Medidas urgentes en un contexto donde más del 70% de los jubilados no alcanza la canasta básica.

“El superávit fiscal es el ancla que nos lleva al futuro”, dijo Milei, y calificó la ley como un “tribuneo sensiblero financiado con el bolsillo ajeno”. Tildó a los legisladores que la impulsaron de “genocidas del futuro”, y nuevamente fue aplaudido de pie.

La números reales detrás del discurso oficial

La defensa del superávit fiscal como bandera del ajuste tiene, sin embargo, una lógica selectiva. El costo de la ley vetada, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), representaba un 0,2% del PBI para lo que queda del año y un 0,41% anualizado. El bono previsional, por su parte, implicaba un costo de 0,12% del PBI. En total, el paquete significaba menos del 0,5% del producto anual.

Por otro lado, la baja de retenciones al agro representa un sacrificio fiscal de entre 0,1% y 0,3% del PBI, de acuerdo a distintos analistas económicos. En otras palabras, lo que el Estado deja de recaudar para beneficiar al sector más rentable del país, es casi idéntico a lo que se niega a invertir para mejorar los ingresos de quienes viven con lo mínimo en condiciones de supervivencia.

Lo mismo ocurre con otras políticas vetadas o eliminadas: la moratoria previsional (0,2% del PBI), las iniciativas vinculadas a personas con discapacidad (entre 0,22% y 0,42% del PBI) y programas sociales ajustados en nombre de la “racionalidad fiscal”.

Una transferencia de abajo hacia arriba

Lo que se está ejecutando no es solo un ajuste fiscal, sino una transferencia directa de recursos desde los sectores más pobres y dependientes del Estado hacia los más poderosos y concentrados de la economía. No se trata de una cuestión técnica, sino profundamente política y moral.

Mientras se niega una suma de $22.000 a jubilados que cobran menos que la canasta de pobreza, se otorga un alivio millonario a productores agropecuarios que exportan con ganancias en dólares. Según cálculos de economistas del propio sector, la baja de retenciones implica un alivio de US$ 40 por hectárea para los productores de soja que alquilan campo (dos tercios del total), lo que multiplicado por las 17 millones de hectáreas sembradas equivale a unos US$ 700 millones de transferencia fiscal. Ese monto es comparable, por ejemplo, al reclamo que la provincia de Buenos Aires mantiene ante Nación por la deuda de coparticipación.

¿Estímulo productivo o gesto electoral?

Desde el oficialismo se argumenta que esta baja impositiva busca incentivar la liquidación de divisas del campo para asegurar la estabilidad cambiaria de cara a los próximos meses, especialmente en el período electoral. Sin embargo, productores como Néstor Roulet admiten que, aun con la baja, muchos seguirán perdiendo dinero. Y algunos referentes del agro ya advierten que prefieren “cautela” antes que entusiasmo frente al anuncio.

En la práctica, la medida funciona más como un gesto político hacia el electorado rural y empresarial, que como una solución estructural para el sector. Al mismo tiempo, sirve como mensaje de disciplina fiscal hacia los organismos internacionales y el establishment financiero, en detrimento del 70% de jubilados que cobra por debajo de la línea de pobreza.

La escena en Palermo no fue solo una foto: fue un símbolo. El Presidente defendiendo el ajuste, atacando a los más débiles y premiando a los más poderosos. Y un auditorio celebrándolo.

Mientras los sectores concentrados del agro se benefician con la baja de impuestos, los jubilados —quienes trabajaron toda su vida y hoy apenas sobreviven— reciben un veto como respuesta. La dirección es clara: se está consolidando un modelo de país que invierte menos en derechos sociales y más en ganancias privadas. Que aplaude el ajuste abajo y premia el privilegio arriba.

Una redistribución al revés. Y lo más preocupante: con aplausos.

Un colapso inédito del sistema eléctrico dejó sin luz a cerca de 500 mil usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante la madrugada de este sábado. No hay explicaciones oficiales hasta el momento.

El apagón, que sorprendió a miles de personas en plena ola de frío invernal, se extendió por varias horas y afectó tanto a hogares como a servicios esenciales.

Lo más preocupante es que, hasta el momento, ni el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ni las empresas distribuidoras brindaron explicaciones oficiales sobre las causas del corte. La falta de información generó malestar e incertidumbre entre los usuarios afectados que deben afrontar tarifas cada vez mas onerosas y recibir un servicio ineficiente.

El episodio representa una falla sin precedentes en el suministro eléctrico durante el invierno, cuando la demanda energética aumenta significativamente por las bajas temperaturas. A pesar de la magnitud del corte, no se anunciaron medidas concretas ni planes de contingencia.

Este nuevo apagón vuelve a poner en foco la fragilidad del sistema eléctrico que comienza a sentir los efectos de la motosierra libertaria y la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades responsables.

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, fundada por Marcos Galperin, enfrenta un creciente malestar entre vendedores y usuarios por las elevadas comisiones que aplica en cada transacción.

Las quejas, que se repiten cada vez con más fuerza en redes sociales, denuncian que los cargos pueden superar fácilmente el 20% del valor de los productos, afectando seriamente la rentabilidad de quienes intentan comercializar a través del sitio.

El descontento volvió a cobrar fuerza luego de que la empresa anunciara una nueva medida que, a partir del 8 de julio, diferenciará los cargos por provincia según la alícuota de Ingresos Brutos de cada jurisdicción. Esta decisión implica aumentos de comisiones para vendedores de Córdoba, Santa Fe y Jujuy, y reducciones para otras cinco provincias. Lejos de calmar los ánimos, el anuncio profundizó la sensación de injusticia entre los comerciantes afectados.

“Te sacan todo”: el reclamo sostenido de los vendedores

Las críticas son cada vez más frecuentes y directas. En la red social X (ex Twitter), muchos vendedores relatan su experiencia. “¿Cómo no van a tener ganancias si se llevan como el 20% de comisión (o más) por cada venta?”, escribió el usuario @TheBairesMarket.

Otros van más allá, como @CosmelRA, quien afirma haber dejado la plataforma: “MercadoLibre va en declive. Alta comisión, casi el 20%, el envío demora cuatro días, y el valor de la venta se paga recién a los 25 días. Fatal”.

El problema no se reduce solo al porcentaje de comisión. Según explicó el usuario @GustriGol, la estructura de costos incluye además un cargo fijo por unidad, que agrava la situación especialmente para productos de bajo precio: “La comisión es de 15.5% y, si el producto cuesta menos de $33.000, se le suma un costo fijo de $2400 por unidad. Eso termina licuando cualquier margen de ganancia”.

Frente a este panorama, no son pocos los comerciantes que optan por migrar hacia otras plataformas de venta. “ML ya no sirve, se paga demasiado en comisiones. Por eso muchos están pasándose a marketplace, donde no se cobra comisión y se puede ofrecer mejor precio”, señaló el usuario @moriluir.

Una plataforma dominante que enfrenta críticas crecientes

Aunque Mercado Libre sigue siendo líder en el comercio electrónico regional, la acumulación de quejas por parte de sus propios vendedores plantea un desafío creciente. Las altas comisiones, la falta de alternativas y el poder de negociación asimétrico entre la empresa y los comerciantes están generando un clima de descontento que podría terminar empujando a muchos fuera del sistema.

Kristi Noem, llegará este domingo a la Argentina. tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y con la ministra de seguridad Patricia Bullrich.

Este domingo aterriza en Argentina una figura central del ala más dura del trumpismo: Kristi Noem, actual secretaria del Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) de Estados Unidos y una de las ejecutoras más férreas de la política antiinmigrante impulsada por Donald Trump. Noem, ampliamente conocida por su retórica xenófoba y su trato inhumano hacia los inmigrantes —especialmente los latinoamericanos—, mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Noem ha construido su perfil político en torno a una narrativa de criminalización de los migrantes, promoviendo una política de deportaciones masivas, detenciones arbitrarias y vigilancia fronteriza extrema. Como jefa del Homeland Security, lidera las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dos organismos acusados por múltiples organizaciones de derechos humanos de violaciones sistemáticas contra personas migrantes.

En su cuenta de X (ex Twitter), Noem mantiene fijada una publicación de febrero en la que presume el lanzamiento de una multimillonaria campaña internacional que advierte a los migrantes indocumentados que serán expulsados de inmediato y se les prohibirá reingresar a Estados Unidos. “Esto sirve como una fuerte advertencia a los inmigrantes indocumentados criminales para que no vengan a Estados Unidos. Si lo hacen, serán perseguidos y deportados”, afirma el mensaje, que finaliza con un agradecimiento explícito a Donald Trump.

Su visita a la Argentina no es casual: Noem estrechó lazos con Milei durante el encuentro que ambos mantuvieron en Mar-a-Lago, la residencia del magnate republicano. Ahora, el gobierno libertario busca reforzar vínculos con el ala dura del trumpismo, en línea con su agenda de seguridad y control migratorio. Bullrich, por su parte, intentará obtener detalles de las prácticas de vigilancia fronteriza estadounidenses, en momentos en que impulsa una política de “fronteras seguras” y militarización interna.

Kristi Noem tiene un largo recorrido en la política republicana: fue congresista, lideró la legislatura de Dakota del Sur, y gobernó ese estado antes de asumir en enero de este año como máxima autoridad del Departamento de Seguridad Interior. Desde entonces, su gestión ha estado marcada por medidas punitivas contra migrantes, redadas masivas y una retórica racista que estigmatiza a comunidades enteras.

Su visita se suma a una serie de desembarcos de figuras clave del entorno de Trump en Argentina. En abril llegaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el jefe del Comando Sur estadounidense, Alvin Holsey. En mayo fue el turno del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Ahora, con Noem, se refuerza la sintonía entre el gobierno de Javier Milei y el trumpismo más radical, en una agenda que pone en riesgo los derechos humanos y refuerza políticas de exclusión.

El Presidente acusó al grupo de “extorsionador” debido a la “falta de pauta y sobres” y lo calificó como “el gran operador argentino”.

El presidente Javier Milei volvió a cargar con dureza contra el Grupo Clarín, a quien acusó de “extorsionar” al gobierno debido a la “falta de pauta oficial y sobres”, en una nueva escalada del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el multimedios más poderoso del país.

“Clarín es el gran operador argentino”, disparó Milei, en una declaración que no deja lugar a dudas sobre su percepción del rol que el conglomerado mediático cumple en la escena política y económica nacional. Con estas palabras, el mandatario profundizó su embestida contra la corporación dirigida por Héctor Magnetto, señalándola como una fuerza que intenta condicionar al gobierno a través de operaciones mediáticas.

Aquí está la basura inmunda del gran operador argentino Clarín. Para variar mintiendo. Naturalmente seguirán operando porque les duele la falta de pauta y sobres.
Y como si esto fuera poco, no se van a quedar con TELEFÓNICA.
¿Están extorsionando?
Fin. https://t.co/ghKoAARxRY

— Javier Milei (@JMilei) July 25, 2025

La crítica de Milei se da en un contexto de tensión creciente, en el que el presidente ha optado por desafiar abiertamente a los grandes medios de comunicación que –según sostiene– formaban parte de una red de privilegios alimentada por el dinero público. “Se terminó el negocio de la pauta millonaria”, ha repetido en varias ocasiones, en línea con su discurso de ajuste del gasto estatal y transparencia.

Este nuevo round con Clarín marca un punto álgido en la relación entre la Casa Rosada y el emporio comunicacional, y refuerza la narrativa de Milei sobre la resistencia que enfrenta por parte de sectores del poder tradicional que ven amenazados sus intereses. Mientras tanto, desde el Grupo Clarín aún no hubo una respuesta oficial a las acusaciones del jefe de Estado.

Chats, documentos oficiales y vínculos con el Ministerio de Seguridad exponen una trama que va más allá de una simple infracción administrativa.

Una denuncia anónima destapó una de las tramas político-policiales más graves desde el regreso de la democracia. Lo que comenzó como una sospecha sobre una veintena de efectivos de la Policía Ecológica bonaerense terminó por confirmar la existencia de una red interna de apoyo partidario al candidato libertario Maximiliano Bondarenko. Con documentos oficiales, chats de WhatsApp, uso de recursos públicos y contactos con el Ministerio de Seguridad, el caso ya está en manos de la justicia y podría derivar en detenciones.

La causa, que recayó en la fiscalía platense de Juan Cruz Condomí Alcorta, surgió tras detectarse que 24 agentes, entre ellos dos comisarios, integraban un grupo de WhatsApp denominado “Grupo Rocket”, desde donde organizaban tareas proselitistas en favor de Bondarenko, mientras cumplían funciones activas en dependencias policiales. Uno de los mensajes clave del grupo rezaba: “Estoy yendo para la Casa Rosada”, lo que confirma una conexión directa con el poder central.

Maximiliano Bondarenko fue concejal de Florencio Varela y actualmente se desempeña como referente de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral bonaerense. Abiertamente alineado con Patricia Bullrich y Javier Milei, fue uno de los impulsores de la candidatura libertaria en el conurbano sur. Su historial político muestra un derrotero de saltos partidarios: en 2015 ingresó al Concejo Deliberante por el Frente Renovador, luego se acercó a Juntos por el Cambio y más recientemente fue adoptado como figura por el espacio libertario. Hoy, su nombre vuelve a estar en el centro del escándalo.

Entre las pruebas que obran en la investigación figuran documentos oficiales emitidos desde computadoras de la Policía Ecológica con membrete de La Libertad Avanza, dirigidos al intendente de Florencio Varela para obtener información estratégica sobre cámaras de seguridad y móviles policiales. En los hechos, los efectivos actuaban como asesores de campaña de Bondarenko, en horario laboral y con recursos del Estado.

Según el periodista Nicolás Lantos, el objetivo de este grupo no era solamente electoral. Se encontraron mensajes que hacían alusión a un plan de purga dentro de la estructura policial, con la intención de desplazar cuadros jerárquicos y posicionar a referentes afines. El proyecto político era ambicioso: desde colaborar en la campaña hasta soñar con el control del Ministerio de Seguridad bonaerense si La Libertad Avanza lograba hacer pie en la provincia.

Uno de los policías involucrados, el comisario Manuel Ortiz Valenzuela, tiene antecedentes preocupantes. Ya en 2005 había sido desafectado de la fuerza por el entonces ministro León Arslanián por presuntas irregularidades vinculadas a hechos de corrupción. Sin embargo, reapareció en funciones gracias a una designación judicial y hoy figura entre los principales sospechados de liderar la red operativa pro-Bondarenko.

Consultado por el caso, el gobernador Axel Kicillof fue claro: “La verdad que la cuestión esta es delicada, tiene que ver con una investigación que está llevando asuntos internos de la propia policía y que ya fue a sede judicial. Así que para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas, hay leyes y hay que respetarlas, nada más que eso”.

Para el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, el caso va aún más allá: “Estaban organizando una purga policial. Esto ya lo vivimos en los 90, cuando policías retirados manejaban la fuerza y eso derivó en el crimen de José Luis Cabezas. Es peligroso y antidemocrático”.

Pese a la gravedad del asunto, el gobierno nacional se mantiene en silencio. Patricia Bullrich, lejos de repudiar la injerencia política en la fuerza, usó el escándalo como plataforma para relanzar la campaña de LLA en la provincia. “Kicillof odia a la policía”, dijo, victimizando al candidato investigado y transformando el episodio en una oportunidad de propaganda.

Mientras La Libertad Avanza denunciaba sin pruebas un supuesto fraude electoral, se descubrió que sus propios cuadros planificaban desde adentro del Estado una estrategia para condicionar al sistema democrático. La evidencia es contundente: lo que operaba en la comisaría no era solo un grupo de campaña, sino una red de poder con ambiciones institucionales.

El escándalo recién comienza. La pregunta ahora es hasta dónde llega el “Grupo Rocket” y cuántos más como él se están incubando bajo el paraguas libertario.

Con relatos ficticios casi idénticos sobre juicios laborales y sin pruebas concretas, cuentas afines al oficialismo viralizaron en redes sociales una narrativa destinada a instalar la necesidad de una reforma laboral.

El Gobierno de Javier Milei activó a pleno su maquinaria digital para militar la reforma laboral, desplegando trolls y comunicadores oficialistas que, en una campaña coordinada, inundaron las redes con relatos casi calcados de empleadores “perjudicados” por juicios laborales. Sin pruebas concretas y repitiendo estructuras narrativas sospechosamente similares, estas publicaciones buscaron instalar la idea de que la legislación vigente “ahoga” a las pymes y desalienta el empleo.

La estrategia, rápidamente detectada por usuarios, reveló la coordinación del aparato comunicacional libertario. Historias que en apariencia mostraban experiencias personales de pequeños empresarios se replicaron con mínimos cambios: alguien abre un local, contrata empleados “en blanco” y termina arruinado por una denuncia laboral —siempre con cifras similares y el mismo final trágico. El mensaje es uno solo: la solución es una “reforma laboral moderna”.

Dos de los casos más difundidos fueron los publicados por la cuenta fan del periodista oficialista Esteban Trebucq (@peladodelatv), el usuario @indignadoxd y el influencer Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_), quienes repitieron el libreto casi al pie de la letra. De hecho, el propio Casaretto admitió que no vivió el caso y que otros simplemente replicaron su historia. Al quedar en evidencia la maniobra, varias cuentas eliminaron sus posteos, aunque el contenido ya había sido ampliamente compartido por cuentas con fuerte presencia oficialista.

Peeero…que parecida la anécdota! 🙄

Los difusores de “buenas noticias en #MileiLandia” @peladodelatv y @Fran_Casaretto_ tuvieron una experiencia muy bonita e igual de positiva ❤️

No seas mal pensado kuka mandril! Jamás podrían ser parte de un libreto que les bajan de… pic.twitter.com/aaQgnb3B4q

— Carlos Riello (@riellodecba) July 23, 2025

No se trata de un error aislado, sino de una táctica ya conocida: instalar una idea fuerza mediante relatos emocionales, virales y sin verificación. En este caso, el objetivo es claro: demonizar los derechos laborales y justificar su desguace bajo el lema de una “modernización necesaria”.

Pero lo que se presenta como espontáneo y genuino forma parte de una operación deliberada para manipular el debate público. La falta de evidencias, la repetición estructural y la aparición sincronizada de los mensajes revelan una estrategia propagandística clásica, basada en la apelación al miedo y la empatía falsa.

Volvieron los collages militantes. Como en 2011. pic.twitter.com/0URelOeKKG

— Tuits Borrados (@TuitsBorrados) July 23, 2025

Desde el sindicalismo y los sectores del trabajo organizado ya alertaron sobre este frente digital. Denuncian que esta ofensiva busca legitimar una reforma regresiva que solo pretende debilitar la posición de los trabajadores, flexibilizar las condiciones de contratación y facilitar despidos con menores costos para las empresas.

Mientras el Gobierno agita fantasmas y fabrica historias, los sindicatos advierten que la verdadera historia es otra: detrás de cada relato armado hay un intento por barrer con décadas de derechos laborales conquistados. Y esta batalla, hoy, también se libra en el terreno de las redes sociales.

Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio inicio al proceso para desprenderse de activos estratégicos en el sector energético. No habrá acciones para trabajadores ni tasación estatal. La operación, impulsada por Caputo, repite los métodos de los ’90.

En un nuevo paso hacia el desguace del Estado, el gobierno de Javier Milei oficializó el inicio de la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales compañías públicas del sector energético, clave en la generación y transporte de electricidad en el país.

A través de la Resolución 1050/2025 firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este viernes, se anunció la venta de las acciones que ENARSA posee en CITELEC S.A., sociedad que controla la mayoría accionaria de TRANSENER, operadora del sistema nacional de transporte de energía en alta tensión. En concreto, el Estado comenzará a desarmar su participación en una estructura crítica de soberanía energética.

El proceso, que se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional, será conducido por la llamada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, nuevo organismo creado al calor del ajuste. La licitación será ejecutada en un plazo de ocho meses y no contempla participación obrera ni reserva de acciones para los trabajadores, descartando cualquier atisbo de propiedad participada como preveía la ley de privatizaciones de 1989.

La tasación del paquete accionario no será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino que se delegará a un banco público, bajo la excusa de que el valor se estima según “ingresos futuros”. Un mecanismo que, en los hechos, abre la puerta a ventas subvaluadas de activos estratégicos.

La decisión forma parte del plan de “reordenamiento” del Estado que impulsa el oficialismo, aunque en los hechos implica la cesión de estructuras claves al capital privado, en muchos casos extranjero. Mientras se recortan subsidios y se disparan las tarifas, el Ejecutivo liquida lo poco que queda de control estatal en un sistema energético que ya sufre apagones, desinversión y concentración.

Enarbolando el discurso de eficiencia, Milei y Caputo replican el libreto privatizador de los años noventa, pero sin siquiera los matices institucionales de aquella época. A la vista, se consolida un esquema en el que las ganancias quedan en manos de privados y los costos, una vez más, los pagará la sociedad.

El Presidente celebró en redes sociales el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional usando términos despectivos. El organismo elogió el “ancla fiscal” y el ajuste, mientras millones de argentinos siguen sumidos en la pobreza.

Javier Milei volvió a recurrir a su retórica provocadora para anunciar un nuevo hito en su política económica: la aprobación técnica por parte del FMI de la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas. “No apto para mandriles…”, escribió el mandatario en redes sociales, en una muestra más de desprecio por las voces críticas y la deliberación democrática.

El Fondo destacó en su comunicado el “fuerte arranque” del programa libertario, celebrando la desinflación, el acceso a mercados internacionales y la reducción de controles cambiarios. También elogió el ajuste fiscal y la contracción monetaria como pilares del modelo. Sin embargo, el diagnóstico contrasta con la realidad que atraviesan millones de argentinos: caída del poder adquisitivo, récords de pobreza y un mercado interno en recesión profunda.

La aprobación definitiva del acuerdo, que implicará un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares, queda ahora en manos del directorio ejecutivo del Fondo. El gobierno lo presenta como un logro, aunque a costa de un severo recorte del gasto público, congelamiento de salarios reales y profundización de la desigualdad.

Economistas independientes advierten que la euforia oficialista es peligrosa. “El FMI no elogia resultados sociales, sino disciplina fiscal. El crecimiento que mencionan no se ve en la calle”, explicó una fuente consultada. A su vez, distintos sectores sociales y sindicales advierten que el rumbo pactado con el organismo amenaza con consolidar un modelo económico excluyente.

Lejos de moderarse, Milei redobló su estilo confrontativo y celebró el acuerdo con descalificaciones. Mientras tanto, la Argentina real enfrenta un invierno sin reactivación, con tarifas en alza, alimentos inaccesibles y un futuro hipotecado.