Un nuevo informe de la UCA revela que el 35% de los niños en Argentina padeció inseguridad alimentaria en 2024. El 16% directamente pasó hambre. El recorte en políticas sociales, la desocupación y la falta de asistencia marcan el deterioro en un país que produce alimentos para 400 millones de personas.

En un país donde abundan los granos, la carne y la fruta, uno de cada tres niños no come lo suficiente. Según un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), más de 4,3 millones de niños y adolescentes en Argentina atravesaron inseguridad alimentaria durante 2024. El 16,5% directamente sufrió hambre severa.

El dato, dramático por sí solo, refleja una tendencia en alza que se agravó desde la asunción del gobierno de Javier Milei, que profundizó el ajuste en programas sociales, recortó comedores y congeló partidas alimentarias en nombre del “déficit cero”. Mientras se eliminan subsidios y se aplican recetas de shock económico, la infancia paga el costo más alto.

El estudio, titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, muestra cómo el colapso del poder adquisitivo y la desprotección estatal generaron un escenario que combina pobreza estructural con abandono institucional.

El precio del ajuste

Lejos de ser un problema nuevo, el hambre infantil se agravó a niveles récord. El informe analiza datos desde 2010, pero resalta tres momentos críticos: 2018, 2020 y el actual 2024. La diferencia, subraya el trabajo, es que hoy el Estado prácticamente se retiró del territorio: sin redes de contención, el impacto es más profundo y sostenido.

Los hogares más afectados son aquellos con empleo informal, monoparentales o con varios niños a cargo. La inestabilidad laboral y el deterioro de los ingresos configuran un mapa de riesgo en el que millones de niños no acceden a proteínas, vitaminas ni nutrientes esenciales para su desarrollo.

Consecuencias físicas y cognitivas

La inseguridad alimentaria no solo implica comer menos, sino también comer mal. La falta de nutrientes impacta en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los chicos. La desnutrición temprana genera problemas de aprendizaje, baja talla, enfermedades crónicas e incluso mayor mortalidad infantil.

“La infancia argentina está viviendo una emergencia silenciosa, que no se ve en los titulares pero que marcará al país por generaciones”, alertó Ianina Tuñón, una de las autoras del informe.

La geografía del hambre

Hasta hace pocos años, el Área Metropolitana de Buenos Aires concentraba los casos más graves. Hoy, el hambre se federalizó: el interior del país muestra cifras similares o peores, sin el respaldo de redes comunitarias o políticas públicas. La distancia, también, es una forma de exclusión.

Hambre y precarización: el binomio del modelo

Los datos son concluyentes: entre quienes viven en hogares con trabajadores desocupados o subempleados, más de la mitad de los niños padeció inseguridad alimentaria crónica. A esto se suma el deterioro de los indicadores de empleo, informalidad y pobreza, en un contexto de recesión inducida por políticas de ajuste extremo.

Mientras el gobierno busca “achicar el Estado”, los comedores barriales no dan abasto, los alimentos no llegan y los niños, literalmente, no tienen qué comer.

Conclusión: el futuro hipotecado

En el país del pan y la carne, hay chicos que se acuestan con hambre. Y un gobierno que, en lugar de garantizar derechos, los recorta. Las cifras no son números: son nombres, historias, cuerpos en desarrollo que hoy no encuentran amparo.

En la Argentina de Milei, el sacrificio es para los más débiles. Y el futuro, si no cambia el rumbo, será más injusto y más corto.

Piden la indagatoria de Javier Milei y la detención de Mauricio Novelli y Hayden Davis por su presunta participación en la criptoestafa del token $LIBRA, que dejó miles de damnificados y generó transferencias millonarias bajo sospecha.

El pedido judicial por la causa $LIBRA tomó impulso este lunes: el abogado querellante Gregorio Dalbón solicitó formalmente ante la jueza María Servini que se cite a declaración indagatoria al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Además, requirió la detención inmediata de Mauricio Novelli y Hayden Davis, acusándolos de ocupar roles clave en lo que se investiga como una presunta estafa cripto. Según Dalbón, existen riesgo de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación, por lo que también solicitó que se active una notificación roja de Interpol para Davis, ciudadano estadounidense.

La presentación judicial destaca que todos los implicados habrían mantenido reuniones en la Casa Rosada en los días previos al lanzamiento del token. Cada uno habría cumplido un rol funcional: Milei promocionó públicamente la criptomoneda desde su cuenta oficial en X (ex Twitter); Karina habría brindado respaldo institucional; Novelli organizó la estrategia de difusión y captación de inversores; y Davis se encargó del diseño técnico y la canalización de los fondos.

También se apunta a una serie de transferencias sospechosas realizadas por Hayden Davis, por montos superiores a los 500.000 dólares, poco después de mantener encuentros con funcionarios del gobierno. Según consta en la causa, esas operaciones fueron rastreadas en plataformas como Bitget. Incluso se menciona que Davis habría devuelto alrededor de 5 millones de dólares a algunos damnificados, como el influencer financiero estadounidense David Portnoy, tras el colapso del token.

La causa $LIBRA

El escándalo estalló el 14 de febrero de 2025, cuando se lanzó el token $LIBRA como parte del denominado proyecto “Viva la libertad”. Apenas tres minutos después de su creación, Javier Milei publicitó la criptomoneda desde sus redes sociales. Ese mensaje provocó que el precio pasara de menos de un centavo a casi 5 dólares en apenas 40 minutos, disparando la capitalización de mercado del activo a varios miles de millones de dólares.

La mayoría del circulante —cerca del 70 al 80 %— estaba en manos de los fundadores del proyecto. En el pico de precio, vendieron sus participaciones y provocaron una caída abrupta del valor, de entre el 85 y el 90 %, en cuestión de horas. Se estima que más de 40.000 personas perdieron sus ahorros, mientras unos pocos se llevaron ganancias millonarias.

La maniobra fue caracterizada por especialistas como un clásico caso de “rug pull“: inflar artificialmente el precio de un token para luego vaciar su valor en beneficio de los creadores. En solo un día, las ganancias acumuladas por el círculo íntimo de desarrolladores habrían alcanzado los cientos de millones de dólares.

Desde entonces, la justicia argentina y también tribunales en EE.UU. investigan el caso. En Argentina se ordenaron medidas sobre los bienes de Milei y su hermana, como la inhibición de cuentas, el levantamiento del secreto bancario y el seguimiento de transferencias. En paralelo, en EE.UU. se tramita una demanda colectiva contra los promotores del token y se espera una audiencia de descubrimiento anticipado en agosto, con foco en empleados de Kelsier Ventures, empresa cofundada por Davis.

En simultáneo, el Congreso argentino aprobó la conformación de una comisión investigadora en Diputados para interpelar a funcionarios y figuras del gobierno implicadas en el caso. La oposición incluso analiza la posibilidad de impulsar un juicio político contra Milei, por su presunta responsabilidad moral, política e institucional en la difusión de un esquema financiero fraudulento.

El fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, dictaminó que la cuenta en X del presidente Javier Milei no es de carácter personal, sino que lo representa como Jefe de Estado.

Un reciente dictamen fiscal determinó que la cuenta en X (ex Twitter) del presidente Javier Milei es de carácter institucional, lo que podría tener un fuerte impacto en la causa que investiga su rol en la promoción de la criptomoneda $Libra, vinculada a un megafraude internacional.

El fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, concluyó que la cuenta de Milei lo representa oficialmente como Jefe de Estado, alejándose así de la defensa esgrimida por el Gobierno, que intentó desvincular al mandatario de las publicaciones cuestionadas alegando que se trataba de su “cuenta personal”.

El dictamen se dictó en el marco de la denuncia presentada por la familia de Ian Moche, el joven con autismo que fue atacado por Milei desde redes sociales tras pronunciarse contra el ajuste en el área de discapacidad. Según el fiscal, la cuenta del mandatario posee la “tilde gris” que otorga la red social X únicamente a jefes de Estado y altos funcionarios gubernamentales, dejando claro su carácter institucional. “Se encuentra registrado como usuario el Sr. Javier Milei, con tilde gris, indicando como perfil ‘Economista’, quien es el actual Presidente de la Nación”, señala el documento.

En el proceso judicial promovido por IAN MOCHE contra @JMilei se produjo una actuación judicial que impacta directamente en el caso LIBRA.
El Señor Fiscal Federal Nº 2 de La Plata Doctor Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que estaba habilitada la competencia federal en razón…

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) July 13, 2025

Para el abogado de la familia Moche, Andrés Gil Domínguez, esta definición del fiscal impacta de lleno en el expediente que investiga la promoción fraudulenta de la cripto $Libra. “Este dictamen desarma la principal defensa de Milei: ya no puede decir que lo hizo desde una cuenta privada, ahora queda probado que sus mensajes son emitidos en calidad de Presidente”, subrayó Gil Domínguez.

La causa por $Libra investiga a Milei por haber promocionado desde sus redes una criptomoneda utilizada en una estafa de alcance internacional que perjudicó a miles de ahorristas. La validación del carácter oficial de su cuenta refuerza su responsabilidad directa y podría agravar su situación judicial.

El juez federal Alberto Recondo ya avaló la posición del fiscal y ratificó la competencia federal para avanzar con la causa. Mientras tanto, la denuncia presentada por la familia Moche también sigue en pie: reclaman que el Presidente elimine un posteo que desató una ola de hostigamiento digital contra Ian, incluyendo la difusión de datos personales del joven.

“Cada día que pasa, el daño se agrava y la Justicia tiene que intervenir con urgencia”, señaló Gil Domínguez. Hasta el momento, Milei se niega a borrar la publicación, que sigue visible desde su cuenta institucional, ahora bajo la lupa de la Justicia.

En el Chaco, la Justicia federal destapó una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.

Un verdadero escándalo político sacude a La Libertad Avanza en la provincia del Chaco, luego de que la Justicia federal destapara una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.

La investigación, que lleva adelante la fiscalía federal de Resistencia, ya reveló más de 20 casos de falsificación de firmas sobre un total de 25 personas citadas hasta el momento. Esto significa que más del 80% de los afiliados consultados hasta ahora niega haberse sumado a las filas del partido de Javier Milei. La maniobra deja al descubierto cómo desde el espacio libertario se aprovecharon de personas de sectores sociales desprotegidos para inflar su padrón partidario.

Los testimonios recabados son contundentes. Entre las víctimas figuran personas mayores con enfermedades discapacitantes, jubilados y ciudadanos que ni siquiera saben leer ni escribir. Algunos, incluso, no saben firmar. Uno de los casos es el de un hombre de 65 años que aseguró bajo juramento nunca haberse afiliado a La Libertad Avanza y cuya supuesta ficha partidaria incluía datos falsos como un estado civil incorrecto y una firma apócrifa. Otro caso es el de un hombre de 72 años que descubrió su falsa afiliación al consultar por internet y confirmó que la firma registrada no era la suya.

El patrón se repite: adultos mayores, personas sin estudios formales, con enfermedades que les impiden firmar o desplazarse, y vecinos del interior chaqueño, donde la pobreza es más profunda, fueron incorporados irregularmente al padrón del partido sin su consentimiento.

El epicentro de la investigación apunta directamente al presidente del partido libertario en Chaco y titular de ANSES provincial, Alejandro “Capi” Rodríguez, un dirigente vinculado políticamente a la familia Menem. La principal hipótesis de la Justicia es que se utilizaron bases de datos oficiales —posiblemente de ANSES o PAMI— para ejecutar la maniobra fraudulenta, aprovechando el acceso privilegiado a información sensible de los sectores más vulnerables.

El caso expone no solo la ilegalidad de las afiliaciones truchas, sino también un preocupante desprecio por los derechos de personas que se encuentran en situaciones de extrema fragilidad. La jueza Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini continúan con la investigación, que podría destapar un entramado de manipulación política y uso de recursos públicos con consecuencias penales y políticas para La Libertad Avanza.

La causa sigue creciendo, así como la indignación social ante un espacio político que, lejos de representar la “libertad”, terminó explotando a los más indefensos para engordar su estructura partidaria.

Los analistas locales esperan un avance de la inflación al 1,9% durante el mes de junio, luego de lo que fue la marca mensual de mayo de 1,5%. Mientras la economía se cae a pedazos la inflación no cede y está en niveles históricos altísimos, por ejemplo, por encima del promedio de los gobiernos kirchneristas.

Además, la inflación en dólares es récord a nivel mundial lo que explica que los argentinos paguen precios desorbitantes en esa moneda. Vale para un café o para una moto. Cualquier precio en Argentina es varias veces superior a lo que se paga incluso en países desarrollados. Eso explica la caída del turismo local y el crecimiento en el exterior.

Con la inflación alta y la economía paralizada, es lógico que aparezcan ruidos políticos y económicos con movimientos en los mercados financieros. ¿A dónde va la economía de un país con deuda récord y precios en dólares impagables?

En una decisión que ya generó un fuerte rechazo en organizaciones de pacientes y especialistas en salud, el Gobierno redujo drásticamente el presupuesto destinado a los niños y adolescentes con cáncer, mientras aumentó de forma escandalosa los recursos para la conducción del Instituto Nacional del Cáncer (INC).

Pese a que el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer —creado por la ley 27.674— buscaba garantizar ayuda económica y acceso a tratamientos, la partida para 2025 fue recortada un 34% en comparación con 2023: pasó de $1.500 millones a apenas $1.007 millones. Lo más alarmante es que, hasta el momento, no se ejecutó ni un solo peso de esos fondos este año.

Mientras se recortan recursos para los más vulnerables, el Ejecutivo incrementó en un 420% el presupuesto para el rubro “conducción” del Instituto Nacional del Cáncer, llevándolo de $702 millones en 2023 a $3.655 millones en 2025. Es decir, mientras se ajusta a los pacientes, se quintuplican los recursos para la estructura burocrática.

Este giro de prioridades se produce después de que el pasado 6 de marzo el Gobierno eliminara la autonomía del Instituto Nacional del Cáncer, absorbiéndolo dentro del Ministerio de Salud bajo el argumento de “mayor eficiencia”, algo que en los hechos se tradujo en un ajuste para los programas esenciales y una expansión de la burocracia administrativa puesta a dedo por el gobierno.

No sólo los fondos para asistencia a niños se vieron afectados. Los recursos para investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer se mantienen congelados respecto a 2024, apenas subiendo de $205 millones en 2023 a $336 millones en 2025, un aumento insuficiente frente a la inflación. En cambio, el dinero para la conducción del organismo se disparó muy por encima de lo que el propio Ejecutivo había proyectado en su presupuesto para este año.

“Es gravísimo”, denunció Sandra Cirone, presidenta de la asociación civil Llegaremos a tiempo. “El Instituto garantizaba el acceso a diagnósticos, tratamientos y cuidados paliativos para todos los pacientes del país. Ahora no hay quién garantice esto, y lo estamos viendo todos los días con chicos que no pueden acceder ni siquiera a un acompañamiento básico para el dolor”, alertó.

Los recortes golpean a familias enteras, especialmente en provincias donde la situación es más precaria. Cirone expuso casos dramáticos, como el de un adolescente de 17 años que enfrenta quimioterapia sin poder costear el tratamiento para preservar su fertilidad, recurriendo a colectas solidarias ante la ausencia total del Estado.

Por si fuera poco, el cierre de centros de referencia como la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) en varias provincias dejó a muchos pacientes sin orientación ni acceso a medicamentos esenciales. Trámites que antes se resolvían con mayor celeridad ahora quedan a la deriva, con riesgos de demoras o pérdidas en el sistema.

Mientras se multiplican los testimonios de abandono y sufrimiento, las organizaciones sociales han sido convocadas a una mesa de trabajo, aunque la justicia sigue sin avanzar en las causas judiciales abiertas por la falta de entrega de medicamentos.

La indignación crece: el ajuste lo pagan los más indefensos, mientras los despachos oficiales se llenan de fondos.

En un domingo caliente, la vicepresidenta Victoria Villarruel siguió redoblando la apuesta contra Javier Milei y le pidió que “ahorre en viajes y en la SIDE” y deje de ajustar sobre los jubilados y la personas con discapacidad.

La interna entre Villarruel y Milei parece no tener vuelta atrás y la vicepresidenta lo dejó claro con muchos mensajes en sus cuentas sociales donde apuntó contra el libertario, al que acusó de gastos exhorbitantes en viajes por el mundo y en la SIDE, mientras pregona una defensa del superávit fiscal a pesar de cualquier cosa.

Luego, el presidente volvió a cargar contra Villarruel al difundir al funcionario Oría que tuiteó: “Además de traidora, una DEMAGOGA y BRUTA en términos económicos”. Oría fue publicista de la campaña de Milei y Villarruel.

Entre enero y mayo, la inversión extranjera directa (IED) mostró un preocupante saldo neto negativo de u$s1.679 millones, producto de mayores egresos que ingresos. A pesar del fin del cepo y de los incentivos oficiales, los dólares siguen sin llegar.

Pese al levantamiento del cepo cambiario y los esfuerzos oficiales por atraer capitales, la inversión extranjera directa (IED) en Argentina registró entre enero y mayo un saldo neto negativo de u$s1.679 millones, el peor resultado en al menos diez años. Lejos de llegar nuevos fondos, salieron más dólares de los que ingresaron, una señal alarmante para la economía en un momento clave de reformas.

Según datos del Banco Central, los ingresos por IED sumaron apenas u$s551 millones en los primeros cinco meses del año. En cambio, los egresos se aceleraron, profundizando una tendencia que ya se había observado en 2024, cuando la IED cayó 54% respecto al año anterior. La salida de capitales se intensificó este año en un contexto de incertidumbre política, fragilidad legislativa del Gobierno y reformas estructurales sin consolidar.

Desde el sector financiero advierten que la eliminación del cepo el pasado 14 de abril no funcionó como un atractivo para nuevas inversiones, sino como una vía de escape. “La liberación cambiaria facilitó la repatriación de capitales en lugar de fomentar proyectos productivos”, señalaron desde una consultora. Además, factores globales como altas tasas de interés internacionales y la baja en el precio del litio contribuyeron a desalentar el flujo de capitales hacia el país.

La dinámica mensual muestra esa volatilidad: sólo en marzo y mayo hubo saldos positivos (u$s97 y u$s109 millones, respectivamente), mientras que en febrero se registró una salida neta de más de u$s1.000 millones, un verdadero desplome. Sectores como la minería y la industria manufacturera siguen activos, pero no alcanzan para compensar la fuga generalizada.

Ni el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni los proyectos de infraestructura anunciados —como un oleoducto en Río Negro o un buque de licuefacción— lograron cambiar las expectativas. Grandes bancos internacionales como J.P. Morgan, Wells Fargo y Morgan Stanley aún mantienen una postura de cautela y escepticismo, señalando el alto riesgo país y la necesidad de mayor estabilidad institucional.

Con esta salida neta de capitales, Argentina enfrenta un serio desafío: recuperar la confianza de los inversores extranjeros. Analistas coinciden en que el retorno de la IED dependerá de que el Gobierno logre estabilizar la macroeconomía, fortalecer las reglas de juego y ofrecer garantías reales a quienes decidan apostar por el país.

La vicepresidenta cruzó fuerte a Milei y le reclamó que le pague a los jubilados lo que corresponde y reduzca los gastos “en viajes y en la SIDE”.

Tras la polémica sesión en el Senado que habilitó la aprobación de leyes claves en materia previsional y de discapacidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con dureza a las críticas del presidente Javier Milei, quien la tildó de “traidora” por permitir el avance de proyectos que, según el Ejecutivo, atentan contra el equilibrio fiscal.

A través de sus redes sociales, Villarruel no solo defendió su accionar institucional, sino que además lanzó una serie de mensajes directos hacia la Casa Rosada. En uno de ellos, fue categórica:

“Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorren en viajes y en la SIDE y listo”, escribió en su cuenta de Instagram.

La tensión escaló luego de que el Senado aprobara iniciativas impulsadas por la oposición: un aumento en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Ante esto, Villarruel dejó en claro que priorizó las urgencias sociales por sobre la disciplina partidaria.

Frente a los cuestionamientos sobre su supuesta deslealtad al presidente, Villarruel contraatacó:

“¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacelo reclamar a él, que yo la educación no la pierdo nunca”, escribió en respuesta a un seguidor.

Y agregó, con tono irónico:

“No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”, en alusión a Karina Milei y la diputada Lilia Lemoine.

Villarruel también criticó la falta de diálogo dentro del Ejecutivo:

“Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, sostuvo.

En cuanto a los proyectos votados, la vicepresidenta argumentó que las iniciativas ya contaban con media sanción de Diputados y fueron tratadas con mayoría simple, pese a la controversia sobre los dos tercios que exige el reglamento para determinados temas.

“No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, sentenció, en alusión directa al bloque oficialista que no logró frenar el tratamiento.

Las leyes aprobadas incluyen un aumento real del 7,2% para jubilaciones y pensiones, un incremento del bono de $70 mil a $110 mil ajustado por inflación, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.

Con este cruce, la tensión entre Villarruel y Milei alcanzó su punto más álgido desde el inicio del gobierno. La vicepresidenta rompió el silencio con un mensaje claro: su rol institucional está al servicio de quienes más lo necesitan, aunque eso implique incomodar al propio presidente.

La Cámara Federal de San Martín anuló la resolución del Ministerio de Economía que afectaba la autonomía municipal, el fallo destacó que la resolución de Caputo impedía a los municipios realizar inversiones en áreas clave como la salud y la educación.

El Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota en los tribunales. La Cámara Federal de San Martín declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía que restringía el cobro de tasas municipales, al considerar que atentaba contra la autonomía de los municipios y generaba un grave perjuicio social.

El fallo representa un duro golpe para las ambiciones del oficialismo, que intentaba avanzar con una normativa que impedía a los municipios incluir ciertos conceptos en sus tasas si no estaban directamente vinculados con servicios contratados. Esto generó un fuerte rechazo por parte de intendentes, quienes advirtieron que la medida ponía en jaque el financiamiento de servicios esenciales como la recolección de residuos, obras públicas, salud, y mantenimiento de infraestructura.

Uno de los primeros en alzar la voz fue el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien denunció que la medida del Ministerio de Economía —bajo la conducción de Luis Caputo— desfinanciaba deliberadamente a los gobiernos locales. Gracias a la intervención judicial, se destraban ahora obras que estaban paralizadas en su distrito debido a la resolución anulada.

La sentencia judicial no solo reafirma el principio constitucional de la autonomía municipal, sino que también cuestiona el intento del Gobierno nacional de condicionar a los municipios mediante recortes que —según los intendentes— buscan forzarlos a adherir a las políticas de ajuste de La Libertad Avanza.

La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 jefes y jefas comunales de todo el país, había advertido con firmeza sobre el carácter inconstitucional de la resolución. En un documento conjunto, los intendentes señalaron que la medida del Ministerio de Economía evidenciaba un “profundo desconocimiento del federalismo y de la Constitución Nacional”, al intentar debilitar las potestades tributarias de los municipios.

“El ministro Caputo desconoce por completo la economía real de una comuna”, expresaron en el comunicado, y lo acusaron de “intentar desviar la atención con fake news económicas” para responsabilizar a las tasas municipales del aumento del costo de vida, cuando los verdaderos responsables —sostienen— son los tarifazos impulsados por el propio Gobierno.

Además, los intendentes advirtieron que eliminar las facultades tributarias de los municipios equivale a condenar a millones de vecinos y vecinas a un deterioro severo en servicios clave como salud, educación, seguridad y asistencia social.

Con este fallo, la Justicia vuelve a poner un freno a una política nacional que busca recentralizar recursos a costa de los gobiernos locales. Se trata de otra señal de advertencia al Ejecutivo, en un contexto de creciente conflictividad institucional y social.