La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 15 y el 24 de septiembre, confirma la abrupta caída del gobierno de Milei en la consideración de la ciudadanía. Dos de cada tres personas se manifiestan descontentas con la situación actual.
El relevamiento indica que el 66% de los consultados se declara insatisfecho con la marcha general de las cosas, mientras que solo un 32% manifiesta satisfacción.
La aprobación al gobierno de Javier Milei se ubica en 39%, tres puntos menos que en la medición de julio, en tanto que la desaprobación asciende al 58%.
La relación entre el diputado liberal José Luis Espert (es candidato ahora a renovar su banca) y el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en la Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos por una denuncia de narcotráfico y fraude, suma un nuevo capítulo.
De acuerdo con registros contables incorporados al expediente de tribunales federales de Texas, Estados Unidos, un fideicomiso manejado por Machado y su socia, la empresaria norteamericana Debra Lynn Mercer-Erwin, habría transferido 200 mil dólares a Espert en febrero de 2020. La anotación aparece en un documento validado por un gran jurado y fiscales del distrito Este de Texas, que procesaron a ambos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. ¿Espert y La Libertad Avanza no dirán nada?
Mercer-Erwin fue condenada en noviembre pasado a 16 años de prisión en Estados Unidos, mientras que Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma, a la espera de que la Corte Suprema defina su futuro. La operatoria de la que se lo acusa no es menor: un esquema Ponzi montado sobre la supuesta compraventa de aviones, donde naves inexistentes o ficticias se revendían una y otra vez para captar adelantos o préstamos.
El detalle del fideicomiso, llamado Aircraft Guarantee Corp, incluye cientos de movimientos entre 2016 y 2020. En el renglón 920 de un excel que contabiliza egresos (“wire out”), aparece consignada la transferencia a Espert. Ese dato vuelve a poner bajo la lupa al economista, que hasta ahora evitó responder consultas sobre el tema. Tampoco Machado ni su abogado quisieron hacer declaraciones, según reseñó una investigación del periodista Sebastián Lacunza.
El impacto político es evidente. En un contexto en el que La Libertad Avanza intenta mostrarse como fuerza adalid de la “transparencia” frente a la casta, la revelación de un vínculo financiero con un empresario procesado por narcotráfico y fraude internacional resulta explosiva. Más aún porque plantea una disyuntiva incómoda para Espert: explicar el origen y la justificación de esos fondos o cargar con el costo del silencio.
La deuda de Iosfa, que a comienzos de 2024 rondaba los 120 mil millones de pesos, escaló a casi 240 mil millones bajo la actual conducción de Petri, revelando la profundidad del derrumbe financiero.
Clínicas y sanatorios de Rosario suspendieron la atención a gendarmes, militares, prefectos y sus familias por la deuda acumulada del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). En el sur de Santa Fe, el recorte afecta a casi 20 mil afiliados, que hoy se encuentran a la deriva en medio de una crisis sanitaria inédita.
La caída de las prestaciones golpea de lleno a quienes integran las fuerzas federales desplegadas en Rosario, epicentro de la lucha contra el narcotráfico. Mientras el gobierno de Luis Petri y Patricia Bullrich se muestra activo en lo discursivo en materia de seguridad, deja sin cobertura médica a quienes arriesgan su vida en el territorio más violento del país.
“Si tengo que llevar a mi hija a la guardia no sé a dónde ir”, expresó Alejandro Sortino, delegado de ATE en Iosfa, quien aseguró que en 35 años de trabajo jamás presenció una situación semejante. Casos críticos se multiplican: desde embarazadas que no pudieron acceder a una cesárea hasta pacientes oncológicos sin medicación.
La deuda de Iosfa, que a comienzos de 2024 rondaba los 120 mil millones de pesos, escaló a casi 240 mil millones bajo la actual conducción, revelando la profundidad del derrumbe financiero. Clínicas y sanatorios cortan convenios región por región según la tolerancia de los prestadores privados, dejando sin servicios básicos a miles de afiliados.
El próximo martes, trabajadores de ATE y familias de las fuerzas de seguridad se movilizarán en Rosario para reclamar el fin del vaciamiento. “Estamos mendigando salud”, denunció Sortino.
La obra social, que alguna vez fue referencia en orden administrativo y cobertura integral, hoy se hunde en un escenario de descontrol que expone la improvisación y el fracaso de la gestión Petri–Bullrich, incapaz de garantizar siquiera la atención médica mínima a quienes deberían estar protegidos por el Estado.
Según la denuncia, el principal damnificado sería el Estado, ya que se estima que mediante esta operación se dejarán de recaudar retenciones por un monto cercano a los 1.500 millones de dólares.
La decisión del Gobierno de eliminar temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos, hasta agotar un cupo de 7 mil millones de dólares, derivó en un verdadero escándalo político y judicial. Una denuncia penal fue presentada contra el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y las cinco principales empresas exportadoras de granos, acusados de “administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El mecanismo denunciado consistió en liberar de retenciones las exportaciones durante apenas 72 horas, período en el que las agroexportadoras registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19 millones de toneladas de granos, asegurándose ventas futuras a precio pleno, sin deducción de impuestos. Según la presentación judicial, este ardid habría ocasionado al Estado un perjuicio fiscal de entre1.000 y 1.500 millones de dólares.
Mientras tanto, los productores primarios solo vieron un aumento parcial en los precios, de alrededor del 15% en la soja, muy por debajo de la rebaja que capturaron las multinacionales. La medida generó indignación en el sector agrícola y abrió sospechas sobre un entramado de connivencia entre funcionarios nacionales y empresas privadas que habrían concentrado operaciones en esas horas críticas para apropiarse del beneficio.
La denuncia anónima, presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apunta a un accionar coordinado entre funcionarios y firmas comoBunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill, que habrían actuado como partícipes necesarios de la maniobra. Según el escrito, las resoluciones oficiales dictadas el 23 y 24 de septiembre —que extendieron la vigencia y alcance del beneficio— fueron claves para consolidar el negocio privado en detrimento de las arcas públicas.
El caso, ya en manos del fiscal Sergio Rodríguez, podría convertirse en una de las causas de corrupción más resonantesdel actual gobierno, no solo por el volumen del dinero en juego, sino porque la denuncia habría surgido desde dentro de la propia administración pública, lo que alimenta la sospecha de un entramado irregular cuidadosamente diseñado.
Con los productores enfrentados al Ejecutivo, el Estado como principal damnificado y las exportadoras bajo la lupa, el escándalo por las retenciones 0% amenaza con convertirse en un nuevo foco de crisis política y judicial para la gestión Milei.
Según la presentación, revelada por el medio de noticias Perfil, Espert habría recibido el 1 de febrero de 2020 un giro de 200 mil dólares proveniente directamente de la organización criminal de Machado.
Una denuncia penal presentada por el dirigente y abogado Juan Grabois vincula al diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, con el narcotraficanteFred Machado, actualmente detenido y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.
Según la presentación, revelada por Perfil, Espert habría recibido el 1 de febrero de 2020 un giro de 200 mil dólares proveniente directamente de la organización criminal de Machado.
Demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso
La acusación se apoya en documentos oficiales de la Justicia estadounidense, donde constan pagos realizados por Machado y por su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 años de prisión por su rol en la estructura delictiva.
El escrito también advierte sobre un crecimiento patrimonial del 789% de Espert desde su relación con Machado, lo que refuerza las sospechas sobre posibles vínculos económicos irregulares.
La relación entre ambos no sería reciente: en 2019, Espert agradeció públicamente el apoyo de “Fred” durante la presentación de su libro en Viedma, Río Negro, ciudad natal del narcotraficante.
La denuncia abre un escenario complejo, con implicancias legales y políticas que podrían afectar la imagen pública y la proyección electoral de Espert.
En un nuevo episodio que deja en evidencia serias falencias en materia de seguridad digital, la cuenta oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) en la red social X fue hackeada y utilizada para difundir mensajes promocionando criptomonedas.
Durante la mañana, en la cuenta oficial de la fuerza aparecieron tres posteos en inglés en los que se invitaba a invertir en dos monedas virtuales, $MIRA y $XPL, incluyendo enlaces que derivaban a supuestos sitios de compra. Uno de los mensajes decía: “Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”
El primer tuit fraudulento se publicó a las 10:44, y recién cerca de las 12:30 la situación fue controlada. Para entonces, el episodio ya se había viralizado y puesto en ridículo a la institución que, paradójicamente, se presenta como garante de la lucha contra el ciberdelito.
Ante el escándalo, la PFA emitió un comunicado oficial en el que reconoció haber sido víctima de un “ataque informático internacional cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”.
Este incidente se suma a la lista de traspiés en la gestión de Patricia Bullrich, exponiendo un nuevo papelón en el Ministerio de Seguridad y dejando en evidencia la falta de resguardo digital en una de las fuerzas más importantes del país.
Las cadenas de autoservicios advierten que los proveedores trasladan subas anticipadas en aceites, yerba y galletitas, mientras el consumo sigue estancado en gran parte del país.
Los supermercadistas encendieron las alarmas frente a nuevas listas de precios enviadas por los proveedores, que reflejan incrementos de hasta un 7% en productos sensibles al dólar como aceites, yerbas y galletitas. La advertencia llega en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y ventas paralizadas.
Las cadenas nucleadas en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) señalan que estas subas son “especulativas” y reclaman retrotraer los precios a niveles anteriores. “No responden a aumentos reales de costos, sino a reacciones anticipadas”, advirtieron en un comunicado.
Víctor Palpacelli, presidente de FASA, precisó que los incrementos no fueron homogéneos: mientras aceites y galletitas treparon hasta un 7%, las yerbas mostraron un rango de subas entre 2,7% y 7%. En contraste, algunos productos de cuidado personal redujeron sus valores como gesto de contención.
El comunicado conjunto pidió responsabilidad empresarial: “No se puede trasladar todo al consumidor. Si no se corrige, estas maniobras sólo agravarán la inflación y profundizarán la pérdida de ingresos de los hogares”.
En el interior, la situación preocupa especialmente. Las ventas se mantienen en niveles históricamente bajos y los supermercadistas advierten que cada suba expulsa a más familias del consumo básico. “La presión es doble: justificar precios y al mismo tiempo intentar sostener las ventas”, resumen desde el sector.
Los empresarios consideran que una corrección inmediata es clave para evitar un nuevo espiral inflacionario que golpee tanto a consumidores como a la propia cadena de comercialización.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó con dureza los datos publicados por el Indec sobre pobreza e indigencia en el primer semestre de 2025. Mientras el organismo oficial informó que el índice bajó al 31,6% y el Gobierno celebró que 12 millones de personas salieron de esa condición, el gremio estatal aseguró que la realidad es “el doble” y que más del 62% de la población vive en la pobreza.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, acusó al Ejecutivo de “utilizar electoralmente al Indec y sus publicaciones”. En ese sentido, señaló que existe “una interpretación maliciosa” de los números y que se omitió deliberadamente el salto de 12 puntos de pobreza registrado tras la devaluación de diciembre de 2023. “Ese pico es responsabilidad de este Gobierno, fruto de la devaluación que aplicaron y la consecuente aceleración de la inflación”, sostuvo.
Aguiar también cuestionó la supuesta mejora del mercado laboral. “El presidente pretende confundirnos y ocultar indicadores negativos: la desocupación crece, los pocos empleos creados son precarios y la pérdida del poder adquisitivo es significativa. Esta supuesta mejoría no se traduce en una mejora general del trabajo ni de los ingresos”, advirtió.
Desde el sindicato remarcaron además que la medición oficial presenta limitaciones metodológicas: solo contempla a 31 centros urbanos (29 millones de personas) y se apoya en ingresos declarados, sin contrastar con los ingresos reales. “En la estructura de consumo que mide el Gobierno no se contempla el peso real de servicios, transporte y alquileres, que en algunos casos absorben hasta el 64% de los salarios”, precisó Aguiar.
En base a un informe elaborado por delegados de ATE en el Indec, el dirigente concluyó que la pobreza real supera el 62% de la población: “Si actualizamos el mecanismo de medición y sumamos a quienes sobreviven apenas por encima de la línea de pobreza, es evidente que el drama social continúa y se agrava día a día”.
La medida, que el Gobierno había anunciado hasta el 31 de octubre, duró apenas tres días y terminó concentrando sus beneficios en las principales compañías exportadoras, dejando afuera a la mayoría de los productores.
La publicación del listado definitivo de las empresas que se beneficiaron con el esquema de retenciones ceroencendió la bronca en buena parte del agro. La medida, que el Gobierno había anunciado hasta el 31 de octubre, duró apenas tres días y terminó concentrando sus beneficios en las principales compañías exportadoras, dejando afuera a la mayoría de los productores.
El Ejecutivo informó este miércoles por la noche que el cupo de U$S 7.000 millones en liquidación de granos fue alcanzado en menos de 72 horas, lo que precipitó el final del régimen. Desde entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA) reclamaron que la ventaja se extienda y pidieron que el beneficio se traduzca en mejores precios para el mercado local.
Quiénes fueron las grandes ganadoras
Según el agrónomo y ex funcionario de Agricultura Javier Preciado Patiño, las empresas que más se favorecieron al registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) fueron las mismas que habitualmente concentran el negocio exportador. El ranking, que totalizó 19,5 millones de toneladas entre granos y subproductos, quedó así:
Louis Dreyfus Company (LDC): 3,546 millones de toneladas
Cargill: 3,500 millones
Bunge: 2,675 millones
AGD: 2,506 millones
Cofco: 1,868 millones
Molinos Agro: 1,459 millones
Viterra: 1,439 millones
ADM: 678.000 toneladas
CHS: 479.000 toneladas
ACA: 373.000 toneladas
Amaggi: 364.000 toneladas
Otros: 700.000 toneladas
En solo tres días, los gigantes exportadores aprovecharon un beneficio que para muchos productores quedó en la nada.
Repercusiones y tensiones
La rapidez del esquema generó una avalancha internacional: China habría reservado unos20 buques en apenas dos días, mientras que India concretó una compra récord de300.000 toneladas de aceite de soja.
Ante las críticas del agro, desde las exportadoras salieron a defenderse. Juan García Fuentes, de LDC, sostuvo: “No podemos ser los malos de la película. Es irrisorio pensar que productores e industria están en veredas opuestas. Estamos todos en el mismo barco”.
En la misma línea, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, subrayó: “Conseguir U$S 7.000 millones en tan pocos días implicó un enorme esfuerzo financiero. Todas las operaciones se hicieron bajo la Ley vigente y el decreto presidencial”.
La mirada desde afuera
El impacto de las fugaces retenciones cero también se sintió en el exterior. Los sojeros estadounidensesexpresaron en un tuit su molestia ante la baja temporal de impuestos en Argentina, que compite directamente con ellos en el mercado chino. En ese marco, analistas en EE.UU. advierten que su país no permitirá que la Argentina reduzca de manera permanente las retenciones al campo.
Distintas consultoras privadas advierten sobre canastas desactualizadas: el Indec sigue usando la estructura de consumo de 2004/05, sin adecuarla a los datos de la ENGHo 2017/18. Esta desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar los gastos reales de los hogares.
La Universidad Católica Argentina (UCA) salió rápidamente a cuestionar los números oficiales sobre pobreza e indigencia publicados por el Indec para el primer semestre de 2025. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), los datos oficialesexageran la magnitud del alivio socialy presentan un panorama demasiado optimista en relación con la realidad que viven los hogares argentinos.
El Indec informó que la pobreza cayó a niveles cercanos al 30%, lo que implicaría una reducción drástica respecto del 52,9% de un año atrás. Sin embargo, la UCA sostuvo que esa caída, si bien es real, está “sobrerrepresentada”y se explica más por cambios metodológicos y por el atraso en la actualización de las canastas de referencia que por una mejora estructural en las condiciones de vida.
“Sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social”, enfatizó el Observatorio que dirige Agustín Salvia.
Las principales críticas de la UCA al Indec
Problemas de medición en contextos de alta volatilidad: cuando los precios suben o bajan bruscamente, medir pobreza solo por ingresos se vuelve menos preciso.
Cambios metodológicos en la Encuesta Permanente de Hogares: las nuevas formas de captación de ingresos registran más entradas laborales y no laborales, lo que genera avances positivos, pero rompe la comparabilidad con series previas.
Canastas desactualizadas: el Indec sigue usando la estructura de consumo de 2004/05, sin adecuarla a los datos de la ENGHo 2017/18. Esta desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar los gastos reales de los hogares.
Impacto de tarifas y precios regulados: la recomposición de 2024 dejó al descubierto que las canastas oficiales no captan con precisión la presión del costo de vida actual.
El ODSA-UCA recomendó que el Indecactualice de manera urgente las canastas de referencia, evalúe cómo los nuevos instrumentos de captación de ingresos afectan las series históricas y transparente sus efectos, con el fin de generar indicadores más consistentes que reflejen tanto los logros como las persistentes dificultades de inclusión económica, laboral y social.
Coincidencias con consultoras privadas
El diagnóstico de la UCA va en línea con advertencias recientes del sector privado. Un informe de la consultoraEquilibra calculó que, tras corregir la subdeclaración de ingresos y actualizar la Canasta Básica Total, la pobreza real entre octubre 2024 y marzo 2025 sería hasta 8,6 puntos porcentuales mayor que la cifra oficial, superando el 43%.
Ambos análisis ponen en tela de juicio el mensaje de alivio social difundido por el Gobierno en un contexto electoral y reavivan el debate sobre la confiabilidad y la transparencia de las estadísticas públicas en un escenario de alta inestabilidad económica.
