La ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich, salió a marcarle la cancha a Mauricio Macri y dejó en evidencia la incomodidad del Gobierno con la figura del expresidente, a quien consideran un lastre político en medio de la campaña.

En una entrevista televisiva, Bullrich advirtió que si Macri quiere hablar con el mandatario “tiene que hacerlo directamente”, en un mensaje que sonó más a portazo que a gesto de unidad. Mientras tanto, en la Casa Rosada bajaron la persiana a cualquier encuentro entre Milei y el líder del PRO, descartando fotos de campaña que, según fuentes oficiales, “no suman nada y pueden espantar votos”.

El oficialismo intenta sostener el relato de cambio y orden, pero en los hechos se ve obligado a administrar tensiones con un aliado cada vez más incómodo. Macri, que hace apenas un año era figura de consulta permanente en la oposición, hoy es señalado por su “alto nivel de imagen negativa” y relegado a un rol secundario que confirma su pérdida de peso político.

En este escenario, Bullrich busca capitalizar su alineamiento con Milei para reposicionarse dentro del PRO y en el tablero electoral, mientras la campaña libertaria intenta despegarse de un expresidente al que ya ni siquiera invitan a los actos. Una jugada que desnuda la fragilidad de las alianzas tejidas por el Gobierno y que anticipa más ruido que certidumbre rumbo a octubre.

La administración de Donald Trump busca acelerar un acuerdo estratégico con la Argentina que combine apoyo financiero inmediato a cambio de subordinación geopolítica y presencia militar estadounidense en territorio argentino.

El entendimiento que negocian ambos gobiernos incluiría un desembolso del Tesoro estadounidense para que la Argentina pueda afrontar compromisos de deuda por US$4.000 millones en enero y US$4.500 millones en julio. Los equipos técnicos del ministro de Economía, Luis Caputo, ya trabajan con funcionarios cercanos al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para definir los detalles.

Presencia militar en el sur

En la Casa Rosada reconocen que uno de los puntos sensibles de las exigencias estadounidenses es la presencia de fuerzas norteamericanas en Ushuaia, donde avanza la construcción de una Base Naval Integrada que Washington busca tutelar. El antecedente que se menciona en las Fuerzas Armadas es la base estadounidense de Rota en España , que como un enclave militar, otorga a Washington un espacio exclusivo para operaciones de EE.UU en condiciones de extraterritorialidad e inmunidad para sus fuerzas. Para concretar esta posibilidad, el Ejecutivo necesitaría la aprobación del Congreso para permitir el ingreso de tropas extranjeras.

La proyección estratégica incluye el control del Atlántico Sur, la Antártida y el pasaje de Drake, un corredor bioceánico clave que conecta el Atlántico con el Pacífico. Desde la Casa Rosada tratan de justificar la entrega de soberanía señalando que la cooperación con EE.UU. apunta también a contrarrestar la presencia británica y chilena en la región aunque se trata o bien de una burda mentira o de un grosero error de lectura histórica y geopolítica igual al cometido por la junta militar galtierista en Malvinas, ya que Trump reivindicó recientemente su alianza inclaudicable y perpetua con el Reino Unido de Gran Bretaña.

Contrapeso a China

El acuerdo tiene como trasfondo el objetivo de limitar la injerencia china en América Latina. Además de la cancelación del swap, el Gobierno estaría dispuesto a dar de baja el Radio Telescopio Chino-Argentino (CART) en San Juan, un proyecto de cooperación científica con Beijing.

Washington ya incidió en decisiones recientes, como la compra de aviones F-16 de segunda mano, respaldada por un paquete de sostenimiento de US$941 millones. El jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, confirmó en el Senado de EE.UU. que su misión es “contrarrestar la influencia china en la Argentina” mediante programas de financiamiento y ventas militares.

Ampliación de la alianza

La agenda bilateral también contempla el ingreso de la Argentina a la OTAN como socio “extra-OTAN”, la compra de equipamiento militar como blindados Stryker, fragatas y submarinos, y el fortalecimiento de la cooperación en Defensa a través de programas estadounidenses.

La visita de Holsey a Ushuaia y su interés en el abastecimiento de submarinos refuerzan la expectativa de un acuerdo más profundo. El Gobierno de Milei busca así consolidar un nuevo alineamiento estratégico con Washington, a cambio de respaldo económico en un año de fuertes compromisos financieros.

Según un informe privado el 86% de los trabajadores en Argentina afirma que su salario no cubre sus necesidades básicas. Además, el 58% de quienes integran la fuerza laboral señala que su poder adquisitivo se redujo en los últimos meses.

La crisis del salario en Argentina se profundiza: el 86% de los trabajadores afirma que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, mientras que un 58% asegura haber perdido poder adquisitivo en los últimos meses. Como consecuencia, la mayoría de los asalariados no logra conservar su sueldo más allá de la segunda semana del mes.

El deterioro del ingreso golpea con fuerza en el plano local: seis de cada diez argentinos consideran que su situación económica personal empeoró en el último tiempo, la proporción más alta entre los países relevados en la encuesta. Apenas un 10% reporta una mejora, y un 32% dice mantenerse igual.

“Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida y garantizar condiciones acordes para los trabajadores”, advirtió Federico Barni, CEO de Bumeran.

El peso de los gastos y la contracción del consumo

El alquiler es el principal gasto para el 43% de los asalariados, seguido por la alimentación (30%), el pago de deudas (12%) y, en menor medida, educación, transporte y salud. Esta estructura de gastos explica la débil recuperación del consumo: de acuerdo con Scentia, el consumo masivo cayó 1,9% en agosto, mientras que las ventas minoristas de las pymes se contrajeron 2,6% frente al mismo mes de 2024.

Un salario que se evapora

La duración del ingreso es otro termómetro de la fragilidad económica. Según Bumeran:

26% de los trabajadores afirma que el sueldo solo les alcanza para dos semanas.

24% debe destinarlo por completo al pago de cuentas apenas lo cobra.

16% logra estirarlo a tres semanas.

13% admite que le dura menos de siete días.

Apenas 11% consigue llegar a fin de mes.

En este contexto, el 89% de los argentinos no puede ahorrar. Entre quienes logran hacerlo, un 31% invierte en fondos, un 25% compra dólares, un 18% elige acciones o bonos y solo un 12% mantiene su dinero en cuentas de ahorro.

Más deuda, menos margen

La insuficiencia de ingresos empuja al endeudamiento: el 72% de los trabajadores admite tener algún tipo de deuda. La morosidad bancaria ya muestra señales de alarma: en julio, el incumplimiento general alcanzó el 3,2%, mientras que el atraso en préstamos a familias trepó al 5,6%, el nivel más alto desde 2008, según el CEPA.

El Banco Central advierte además que el 7,2% de los préstamos personales presenta irregularidades, cifra similar a la de 2020, y que los atrasos en el pago de tarjetas de crédito ya llegan al 4,8%.

Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina y actual referente del Movimiento Arraigo y del colectivo Grito de Alcorta, analizó la coyuntura económica y las últimas decisiones oficiales en torno al campo. Con un tono crítico, apuntó contra la eliminación de retenciones y advirtió sobre sus consecuencias.

“La baja de retenciones sirve a tres mil personas que tienen los quince millones de toneladas de granos y a las siete u ocho grandes exportadoras dueñas de esa soja; al resto del país no”, señaló Peretti, quien además consideró que la medida “seguramente fue pactada con CIARA”, la cámara que nuclea a la industria aceitera.

Para el dirigente agrario, la decisión no solo afecta las finanzas del Estado sino que también golpea directamente a la población: “Al pueblo lo jode porque esto tiene impacto inflacionario. Se ataca uno de los pilares de nuestra institucionalidad, como lo es financiar al Estado. Y la harina es el consumo social por excelencia en Argentina”, declaró en diálogo con FM La Patriada y AGENCIA PACO URONDO.

Peretti recordó que desde hace décadas viene planteando la necesidad de retenciones segmentadas, “una propuesta que el peronismo nunca asumió orgánicamente”. En ese sentido, destacó a dirigentes como Agustín Rossi, Juan Grabois y Wado de Pedro, a quienes definió como referentes que “entienden muy bien el tema”.

El ex federado también se detuvo en la política provincial y nacional. Cuestionó a los dirigentes cordobeses, a quienes acusó de encarnar “un provincialismo conservador de derecha” y de haber empujado a Córdoba de su tradición industrial hacia “la Córdoba sojera”. En la misma línea, advirtió que “Córdoba es el núcleo central del pensamiento de extrema derecha en el país, con la Fundación Mediterránea que primero nos puso a Domingo Cavallo y ahora nos quiere encajar a Juan Schiaretti”.

Finalmente, Peretti amplió la mirada y convocó a un acuerdo político amplio frente a los compromisos internacionales: “Yo llamaría a todos los bloques, gobernadores y candidatos de todas las provincias y firmaría el no reconocimiento de ningún pacto con el extranjero que no haya sido avalado por el Congreso ni por las autoridades populares”.

El presidente mostró como trofeo un mensaje impreso que le regaló el magnate republicano, mientras las promesas de auxilio financiero siguen sin cifras ni plazos.

El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos con una agenda cargada de encuentros y puestas en escena: se reunió con Donald Trump, participó de la Asamblea General de la ONU y buscó mostrarse como un líder respaldado por la derecha global.

Un tuit convertido en trofeo

Uno de los momentos más llamativos fue el regalo que Trump le entregó: un tuit impreso en el que lo elogiaba como un “líder fantástico y poderoso” y le daba su “total respaldo para la reelección”. Milei no dudó en mostrarlo como un trofeo, elevando un gesto puramente simbólico al nivel de aval político internacional.

El episodio revela la estrategia de Milei: transformar lo anecdótico en propaganda. Ese papel firmado por Trump no resuelve la inflación, la pobreza ni la deuda externa, pero sirve para reforzar su narrativa de “legitimidad internacional” y alineamiento con la derecha mundial.

Expectativas económicas sin precisiones

En el plano económico, Milei habló de auxilios financieros por parte de Estados Unidos y de un respaldo explícito de Trump en ese terreno. Sin embargo, no hubo cifras, plazos ni condiciones concretas. Todo se limitó a promesas vagas que dejan más dudas que certezas.

Con vencimientos de deuda por miles de millones de dólares en los próximos meses y un escenario social cada vez más crítico, la falta de definiciones es preocupante. Los gestos y las fotos pesan poco si no se traducen en alivio económico real.

Se trata del consumo más bajo en agosto desde 2021, durante la pandemia de COVID-19, cuando la demanda había alcanzado 11.660,06 GWh.

La demanda eléctrica registró en agosto una fuerte caída del 3,7% interanual en todo el país, encendiendo las alarmas sobre el freno de la actividad económica. Según el informe de Fundelec, el consumo total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) alcanzó los 11.719,3 GWh, por debajo de los 12.171,4 GWh del mismo mes de 2024. Se trata del nivel más bajo para un agosto desde 2021, en plena pandemia.

El retroceso no fue solo interanual: respecto a julio, el consumo se derrumbó 9,2%, lo que confirma la contracción de la demanda. En lo que va de 2025, la caída acumulada es de 0,5%, consolidando la tendencia negativa.

Capital y GBA, los más afectados

El desplome fue aún mayor en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, donde las distribuidoras EDENOR y EDESUR registraron bajas de 5,4% y 4,9%, respectivamente, lo que arroja un promedio conjunto del 5,2% en la zona más densamente poblada del país.

Golpe en todos los sectores

El ajuste en el consumo se sintió de forma generalizada:

• Residencial: representó el 47% del total, con una baja del 5,2%.
• Comercial: 27% del total, con una merma del 2,3%.
• Industrial: 26% del consumo, con una caída cercana al 2,5%.

Provincias: mayoría en rojo

En agosto, 19 provincias y distribuidoras tuvieron descensos, con casos críticos como Chubut (-19%), La Rioja (-8%), Mendoza (-6%) y San Juan (-6%). Solo seis jurisdicciones marcaron subas, destacándose Santa Cruz (+14%).

En cuanto a la matriz energética, la generación térmica siguió liderando con el 50,3% de la oferta. La hidráulica, en retroceso, aportó solo el 19,4%, un 15% menos que en 2024. Las renovables alternativas representaron el 17,6%, mientras que la energía nuclear aportó un 7,7% y las importaciones un 4,9%.

Con este panorama, el desplome de la demanda eléctrica aparece como un indicador directo de la crisis económica: hogares que consumen menos, comercios que reducen su actividad y una industria que pierde fuerza.

Ante la fuerte suba del dólar y la urgencia de conseguir divisas, el Gobierno eliminó en forma transitoria las retenciones a todos los granos y a las carnes bovinas y avícolas hasta el 31 de octubre, o hasta alcanzar un ingreso de 7.000 millones de dólares. La medida, de claro sesgo electoral, tendrá un costo fiscal estimado entre 1.000 y 1.800 millones de dólares y, según los gobernadores de las principales provincias agropecuarias, es oportunista, transitoria y dañina para las cuentas públicas: equivale a resignar el 0,25% del PBI.

Los decretos firmados por Javier Milei fijaron en cero los derechos de exportación de cereales, oleaginosas y carnes, con el objetivo de forzar una rápida liquidación de divisas. El trasfondo es evidente: la derrota en Buenos Aires y la escalada cambiaria profundizaron un cuadro de recesión, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo. El propio Gobierno admite que, como efecto inmediato, los precios de alimentos básicos —leche, harina, carnes y aceites— sufrirán nuevas remarcaciones.

El beneficio alcanza sobre todo a grandes productores y exportadoras que todavía conservaban stock a la espera de una devaluación mayor, mientras que los pequeños agricultores ya liquidaron sus granos en junio. Desde la Federación Agraria advirtieron que la decisión “favorece a las multinacionales y no al productor chico”. Tras el anuncio, el Ejecutivo reunió a la Mesa de Enlace, que celebró a medias y pidió la eliminación definitiva de las retenciones.

La maniobra apunta a sostener artificialmente el tipo de cambio hasta las elecciones del 26 de octubre. Según cálculos del Iaraf, el costo fiscal directo será de unos 1.000 millones de dólares, equivalente a casi la mitad del superávit proyectado para 2026. La oposición recuerda que ese monto es similar al presupuesto que Milei vetó para universidades y el Hospital Garrahan con el argumento de la falta de recursos.

Los gobernadores provinciales salieron al cruce. Axel Kicillof cuestionó el “cambio de discurso” del oficialismo, que hasta hace semanas defendía las retenciones como garantía del superávit. Maximiliano Pullaro advirtió que “no se pueden usar con fines electorales” y Martín Llaryora pidió un plan productivo estable: “Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por especulación financiera o electoral”.

Un informe del IARAF advierte que la decisión oficial costará al Estado cerca de US$ 1.000 millones en 2025, una cifra que equivale a casi la mitad del superávit previsto y que compromete las metas firmadas con el Fondo Monetario Internacional.

La administración de Javier Milei anunció la eliminación de retenciones al complejo oleaginoso y cerealero hasta octubre de 2025 en busca de acelerar la liquidación de divisas, pero la medida amenaza con dinamitar el delicado esquema fiscal que el propio Gobierno había presentado como su principal logro. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo ascendería a 0,15% del PBI, lo que equivale a unos US$ 1.000 millones, cifra equivalente al 46% del superávit comprometido para el año próximo.

El estudio calcula que, dependiendo del nivel de liquidación de soja y maíz, la pérdida de recursos podría escalar hasta los US$ 1.600 millones, comprometiendo de lleno los compromisos asumidos con el FMI. Aunque parte de ese agujero se compensaría con mayor recaudación de ganancias e IVA, el impacto neto seguiría siendo negativo y dejaría al Tesoro con menos margen para sostener el ajuste.

En los hechos, la decisión representa una transferencia directa de renta desde el Estado hacia el núcleo más concentrado del agroexportador, en un país donde la mayoría de la población enfrenta caída del poder adquisitivo, recesión y dificultades crecientes para cubrir gastos básicos. El Gobierno eligió beneficiar al sector con mayor capacidad de presión, aun a costa de hipotecar el equilibrio de las cuentas públicas que prometía preservar.

Con este giro, Milei no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales, sino que exhibe la contradicción central de su programa: recorta jubilaciones, subsidios y gasto social, mientras otorga a los grandes exportadores una concesión que erosiona el mismo superávit que usa como bandera.

El gobierno libertario consiguió un gesto de apoyo financiero desde Washington, pero los indicadores oficiales confirman que la economía argentina atraviesa un proceso de contracción, con caída en la producción, consumo debilitado y señales de mayor desocupación en los próximos meses.

El alivio político que Javier Milei obtuvo tras el anuncio de respaldo de la administración Trump apenas alcanzó para calmar a los mercados. Bonos y acciones reaccionaron con leves mejoras, aunque sin lograr disipar las sombras que proyecta la economía real. El Indec anticipa un escenario de recesión abierta, con retrocesos en la actividad industrial, dificultades en el comercio y una tendencia preocupante en el empleo.

La Encuesta de Tendencia de Negocios refleja que casi un 23% de los empresarios industriales espera una baja en la producción entre septiembre y noviembre, mientras más de la mitad de las firmas reconoce que sus pedidos ya se ubican por debajo de lo normal. El panorama laboral tampoco es alentador: un 16,5% prevé recortes de personal frente a un exiguo 4% que espera contratar.

En el frente del consumo, supermercados y autoservicios mayoristas describen situaciones cada vez más deterioradas: más de un tercio admite atravesar un momento “malo” y casi un 40% reconoce dificultades crecientes para acceder al crédito. El Indec corroboró que en el segundo trimestre la economía retrocedió en todos sus frentes: caída del PBI, menor inversión, reducción del consumo y exportaciones en baja.

Aunque el gobierno destaca la desaceleración inflacionaria como uno de sus logros, el costo social de la estrategia es visible. Con el salario en retroceso y el endeudamiento de los hogares en alza, amplias franjas de la población se ven obligadas a financiar productos básicos o postergar consumos elementales.

En este marco, el “salvavidas” de Trump aparece como un recurso político más que como una respuesta concreta a la crisis estructural. Los analistas ya advierten que cualquier ayuda futura estará atada a condiciones duras, con riesgo de nuevas recetas de ajuste que podrían agudizar aún más la pérdida del poder adquisitivo.

Diputados opositores presentaron un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la intención de avanzar luego en una moción de censura. El mecanismo, previsto en la Constitución de 1994, permitiría remover al funcionario con el voto de la mayoría absoluta de la Cámara baja. En la Casa Rosada la iniciativa cayó como un baldazo de agua fría. “Esto es golpismo”, advirtieron desde el entorno presidencial, reconociendo la preocupación que despierta la jugada parlamentaria.

Desde que se creó la figura del jefe de Gabinete en la reforma constitucional, nunca prosperó una censura de este tipo. El oficialismo sabe que alcanzar la mayoría absoluta —más de la mitad de los diputados— no es sencillo, pero admite que la posibilidad, por primera vez en décadas, es real.

El proyecto fue presentado por legisladores de Encuentro Federal, entre ellos Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Nicolás Massot. La propuesta cita a Francos a una interpelación “con el objeto de iniciar una moción de censura”, y enumera como causales la ilegalidad del decreto 685/2025, el incumplimiento de la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad y “cualquier otra cuestión que decida incluir el pleno al momento de la comparecencia”.

En Balcarce 50 admiten que la ofensiva los tomó por sorpresa. “No veo a los gobernadores dando el visto bueno para votar esto, no debería pasar”, se esperanzó un funcionario, aunque reconoció que el escenario los inquieta. “No vemos la hora de que llegue octubre”, deslizó, en alusión a las próximas elecciones legislativas.

La movida opositora se vincula directamente con la ley de emergencia nacional en discapacidad. El Congreso sancionó la norma pese al veto del presidente Javier Milei, e incluyó la obligación de incorporar partidas presupuestarias específicas para su implementación. Desde el Gobierno argumentan que el texto no precisa de dónde saldrán los fondos, lo que viola el artículo 5° de la Ley 24.629. Esa controversia se convirtió en el eje del enfrentamiento que hoy tiene en la mira a Guillermo Francos.