El Banco Nación preadjudicó un contrato por casi $4.000 millones a una empresa que, hasta diciembre, integraba el presidente de la Cámara de Diputados.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva sospecha de favoritismo y conflicto de intereses. El Banco Nación preadjudicó un contrato por $3.933.026.507,98 a Tech Security SRL, una empresa vinculada directamente a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Hasta diciembre de 2023, Menem era socio activo de la firma. Al asumir su cargo en el Congreso, cedió sus acciones a sus hermanos, Fernando Nicolás Menem (abogado y cofundador de la empresa) y Eduardo Adrián Menem, que se sumó oficialmente a la sociedad en ese mismo mes. La información está respaldada por registros públicos y el Boletín Oficial del 4 de julio, donde se publicó la licitación correspondiente.

La contratación prevé brindar servicios de seguridad privada durante 24 meses, con opción a dos prórrogas anuales, en lugares clave como la Casa Central del banco, Aeroparque y sedes administrativas. Junto a Tech Security, fue preseleccionada la firma Briefing Security SA, por un monto mucho menor: $237 millones.

La empresa beneficiada ya tenía contratos con el Estado y vínculos con el oficialismo. Tech Security estuvo a cargo de la seguridad en la presentación del libro de Milei en el Luna Park, en un servicio valuado en $35 millones, y tiene presencia activa en el fútbol argentino, especialmente en partidos de River Plate.

Como se ve en una captura de febrero de 2024, el nexo familiar de Menem con la firma levanta serias dudas sobre la transparencia en las contrataciones públicas. Mientras el gobierno recorta en salud, educación y salarios, la “casta” parece seguir cobrando.

La morosidad en el pago de saldos bancarios del sector privado registró un aumento durante mayo, según datos del Banco Central. Cada mes aumenta la cantidad de familias que no pueden pagar la tarjeta de crédito. La situación se explica por la caída del salario real de millones de argentinos que cada mes pierden poder adquisitivo.

Este incremento impactó tanto en los créditos destinados a hogares como en el financiamiento a empresas, abarcando préstamos y tarjetas de crédito. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado ascendió a 2,6% en mayo, lo que representa un incremento de 0,4 puntos con respecto a abril.

En cuanto a la morosidad por segmento, el coeficiente de mora del crédito destinado a los hogares totalizó 4,5% en mayo, mostrando un aumento entre puntas de mes.

La limitación operativa de los aviones adquiridos a Dinamarca por pedido del Reino Unido, sumada al giro diplomático del Gobierno en el reclamo de soberanía, agita críticas internas y cuestionamientos sobre la política de defensa nacional.

El malestar entre las filas militares volvió a encenderse tras conocerse que los 24 aviones F-16 que el Gobierno argentino compró a Dinamarca vendrán con limitaciones impuestas por el Reino Unido, en especial la reducción del alcance de sus radares, supuestamente para “no representar una amenaza” para las fuerzas británicas en las Islas Malvinas.

La decisión, avalada por el ministro de Defensa, Luis Petri, expuso un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada y sectores tradicionalmente ligados a la defensa nacional, incluyendo figuras cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según trascendidos, el radar de tiro de las aeronaves estará restringido a un radio de 60 millas, lo que las haría inoperantes ante cualquier intento de aproximación a las islas ocupadas, donde el Reino Unido dispone de armamento con alcance superior a las 200 millas.

La compra, además de contradictoria con la retórica de “austeridad” del gobierno de Javier Milei, representa —según voces castrenses— una cesión explícita de soberanía técnica ante intereses extranjeros. “Estos aviones no tienen piezas británicas, pero igual se aceptaron las condiciones de un miembro de la OTAN. Es una entrega disfrazada de modernización”, criticó un alto oficial en reserva.

Petri, por su parte, defendió la adquisición argumentando que permitirá “modernizar la Fuerza Aérea” y aseguró que la empresa danesa Terma Global brindará mejoras sustanciales en los sistemas electrónicos. Pero los cuestionamientos no cesan: se cuestiona que la compra fue pactada sin una hipótesis de conflicto clara, y se advierte que la subordinación operativa a requerimientos de otra potencia mina cualquier estrategia defensiva real.

La medida también coincide con otros gestos diplomáticos del Ejecutivo que generaron rechazo, como el abandono del reclamo por la soberanía de Malvinas en foros internacionales y la aceptación tácita del “derecho a la autodeterminación” de los isleños. Para muchos analistas, el Gobierno prioriza su alineamiento geopolítico con potencias anglosajonas por encima de los intereses históricos de la Nación.

El episodio deja a la vista una grieta dentro del oficialismo entre el ala internacionalista del presidente Milei —obsesionado con su figura global— y una base militar e ideológica que ve con recelo el abandono de valores ligados a la defensa nacional. En tiempos de ajuste brutal y con un Estado replegado de funciones esenciales, el debate por la soberanía vuelve a ocupar un lugar incómodo, pero inevitable.

Con guardias mínimas y apoyo de organizaciones sociales, gremiales y políticas, personal del Hospital Garrahan se moviliza este jueves a Plaza de Mayo para exigir el fin del ajuste en salud pública.

Los trabajadores del Hospital Garrahan encabezan este jueves una nueva jornada de protesta, con paro de actividades y una movilización desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. La medida, impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (ApyT) y respaldada por ATE, se da en rechazo al desfinanciamiento del hospital y en defensa del sistema público de salud, cada vez más golpeado por los recortes del Gobierno nacional.

La jornada comenzó a las 7 con la interrupción de tareas, garantizando solo las guardias y la atención a pacientes internados. “Estamos hartos de las promesas vacías mientras cierran servicios, achican presupuestos y despiden trabajadores”, señalaron desde ApyT. A la protesta se suman también pacientes, familiares y organizaciones sociales y políticas que denuncian el vaciamiento del Garrahan y de hospitales como el Posadas, el Clínicas y el Bonaparte.

“Marchamos por nuestros derechos, por nuestros compañeros y por los chicos y chicas que dependen de un sistema de salud que el Gobierno está dejando caer a pedazos”, remarcaron desde la agrupación Salud en Marcha, que también manifestó su apoyo a residentes y profesionales precarizados.

La movilización, que parte desde el Congreso a las 16, apunta directamente contra las políticas del presidente Javier Milei y su ministro de Salud, a quienes acusan de “aplicar la motosierra en áreas sensibles” y poner en riesgo la salud de millones de argentinos.

En Plaza de Mayo, se prevé un acto con la participación de referentes sindicales y de agrupaciones de izquierda como el FIT y el Nuevo MAS, que acompañarán con sus tradicionales postas sanitarias. “Lo que está en juego es la supervivencia misma del sistema público de salud”, advierten los convocantes.

Desde este miércoles se aplica la tercera etapa del ajuste tarifario dispuesto por el Gobierno nacional. Todos los usuarios del transporte público pasarán a pagar $451,01 el pasaje mínimo.

El boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumenta un 6,1% desde este miércoles, como parte del ajuste tarifario trimestral que fue aprobado por el Ejecutivo en mayo.

El incremento afecta a 103 líneas de colectivos que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero que están bajo control del Gobierno nacional. A partir de hoy, el pasaje mínimo pasa de $424,91 a $451,01.

Se trata del último tramo de una suba total del 21,52%, que fue aplicada en tres etapas por la Secretaría de Transporte. La primera actualización se dio el 23 de mayo, cuando el boleto pasó de $371,13 a $397,11. La segunda fue el 16 de junio, elevando la tarifa mínima a $424,91.

Con estos aumentos, se cierra una etapa de actualización tarifaria luego de ocho meses sin cambios, ya que la última suba previa se había registrado en agosto de 2024. Esto había generado un desfasaje respecto a las tarifas de los colectivos que dependen del gobierno bonaerense o porteño, los cuales siguen un esquema de actualización mensual ligado a la inflación, más un 2% adicional. En julio, esas líneas subieron un 3,5%.

El nuevo cuadro tarifario alcanza a las siguientes líneas nacionales:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Nuevas tarifas desde el 16 de julio

Suburbanas Grupo I

(Líneas que conectan CABA con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

• 0-3 km: $451,01 – SUBE sin nominar: $717,11
• 3-6 km: $502,43 – SUBE sin nominar: $798,86
• 6-12 km: $541,13 – SUBE sin nominar: $860,40
• 12-27 km: $579,87 – SUBE sin nominar: $921,99
• Más de 27 km: $618,35 – SUBE sin nominar: $983,18

En el marco de la causa que juzga el ataque del presidente al joven Ian Moche, la madre del influencer denunció que el periodista Tomás Díaz Cueto reconoció que la buscan “hacer mierda” y que no les “interesa la verdad”.

En el marco del juicio que investiga el hostigamiento público del presidente Javier Milei contra Ian Moche —el joven autista de 12 años que milita por los derechos de las infancias neurodivergentes—, nuevas declaraciones complican aún más el cuadro de violencia que rodeó el episodio. Esta semana, la madre del niño, Marlene Spesso, denunció públicamente que el periodista Tomás Díaz Cueto reconoció que el objetivo de ciertos sectores libertarios no es esclarecer la verdad, sino directamente causar daño.

“A nosotros no nos interesa la verdad, nos interesa hacer mierda a tu vieja”, relató Spesso en una entrevista con Jorge Rial, afirmando que su hija recibió ese mensaje por WhatsApp y que el contenido ya fue incorporado a la causa judicial. Según la madre de Ian, este tipo de ataques no son hechos aislados sino parte de una campaña sistemática para amedrentar a su familia. “Fue terrible para nosotros”, aseguró en diálogo con Jorge Rial.

El juicio que investiga el retuit del presidente Milei contra Ian, ocurrido en junio, se tramita en la Justicia Federal de La Plata. Allí, el juez Alberto Recondo dio curso a la denuncia y pidió explicaciones formales al mandatario, al considerar que su publicación desde una cuenta oficial (con tilde gris en X) constituye un acto institucional.

La incorporación de nuevas pruebas, como el mensaje atribuido a Díaz Cueto, profundiza la causa y expone las redes de acoso que orbitan en torno al presidente y su entorno más fanático.

¿Quien es Tomás Díaz Cueto? el periodista fanático de Milei que atacó a la madre de Ian Moche

Tomás Díaz Cueto es un periodista ultra militante de Javier Milei que cobró notoriedad por su fuerte respaldo al gobierno de La Libertad Avanza. Durante un tiempo, trabajó como movilero en el programa de Horacio Cabak en LN+, pero fue despedido recientemente del canal por su extrema posición a favor del gobierno de los hermanos Milei.

Según reveló Ángel de Brito en su programa, su salida de LN+ respondió a su exposición excesiva y a un fanatismo político que resultó incómodo incluso para un canal afín al gobierno: “Desde el canal piensan que está demasiado expuesto y es un momento muy crítico para estar haciendo móviles de actualidad en la calle”.

Por su parte, la periodista Julieta Argenta aportó otra versión interna que circula en la redacción: Díaz Cueto ya había sido observado por recursos humanos debido a distintos escándalos. “Hace unos meses le hackearon el celular y fue a pedir ayuda al canal porque temía que se filtraran fotos y videos que había mandado. Estaba asustado y eso ya les había llamado la atención”, reveló.

Actualmente, Díaz Cueto mantiene una activa cuenta de Instagram desde donde publica a diario recortes de noticieros y fragmentos de entrevistas, muchas veces sacados de contexto, para atacar a artistas, referentes sociales y políticos opositores a Milei. A través de ese canal, promueve un discurso de odio que alimenta el clima de agresividad sobre el que justamente advierten organismos de derechos humanos y la familia de Ian Moche.

El dirigente vecinal de la localidad de Caseros, de vínculos con el gobernador Rogelio Frigerio (JxC), aclaró que si bien no es parte de La Libertad Avanza, expresó su afinidad con las políticas del gobierno nacional y defendió el ajuste a los jubilados con una repudiable frase.

El intendente de Caseros, Oscar Francou, desató la indignación al justificar los recortes a los jubilados con una frase que generó amplio rechazo. Durante una reunión de intendentes vecinalistas realizada en Cerrito, Francou defendió el ajuste impulsado por el gobierno nacional y no dudó en afirmar que “para mejorar las jubilaciones, tienen que morirse muchos jubilados”.

En su intervención, Francou reconoció las dificultades financieras que atraviesan los municipios tras los recortes de fondos por parte del gobierno de Javier Milei, pero aun así expresó un firme respaldo a la actual gestión:

“Más allá de que nos guste o no nos guste, o que venga menos dinero, yo creo que venimos por el buen camino”, aseguró.

El momento más polémico llegó cuando se refirió a los haberes jubilatorios. Francou afirmó que “hay cosas que van a llevar mucho tiempo”, como un aumento de las jubilaciones, y luego agregó:

“Mejorarles los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a bajar, y recién allí cobren mejor los demás. Bueno… qué sé yo”.

📍En Cerrito, el intendente de Caseros, Oscar Francou, lanzó una polémica frase sobre los jubilados:
💬“Mejorar sus sueldos va a llevar a que se mueran muchos para que cobren mejor los demás”.
📅 Lo dijo en la asamblea vecinalista.
📌 Aún no se disculpó. pic.twitter.com/5uukfBcpOb

— Radio La Voz (@radiolavoz901) July 15, 2025

La frase no pasó desapercibida, ya que fue pronunciada frente a intendentes, viceintendentes, concejales y dirigentes vecinalistas. Para cerrar su exposición, Francou aclaró que su respaldo no respondía a una simpatía política por el oficialismo libertario, sino a una convicción sobre la necesidad de continuar con los ajustes:

“Estas cosas están bien y tenemos que profundizarlas. Creo que, en el corto plazo, tenemos que empezar a mejorar”.

Las declaraciones del intendente rápidamente encendieron la polémica, especialmente por la crudeza con la que se refirió a la situación de los jubilados en un contexto de fuerte ajuste económico.

A partir del 11 de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py y el fuero Penal Económico comenzarán a regirse por el nuevo Código Procesal Penal Federal.

En una resolución firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se estableció que desde las 00:00 del 11 de agosto próximo comenzará a regir el sistema acusatorio en Comodoro Py, en el marco de la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal.

El nuevo modelo traslada la conducción de las investigaciones al Ministerio Público Fiscal, encargándose de impulsar o desestimar causas, solicitar medidas coercitivas como allanamientos o interceptaciones telefónicas, y decidir eventuales nulidades . En tanto, los jueces de garantía asumirán un rol moderador, supervisando garantías procesales, decidiendo sobre detenciones y elevación a juicio, y mediando entre fiscalía y defensa.

Las audiencias serán orales, públicas y grabadas, y sujetas a plazos estrictos diseñados para evitar dilaciones extremas en causas complejas; se planean caducidad de plazos de hasta tres años (seis para casos más complejos).

El Ministerio de Justicia argumenta que este formato agiliza los casos: la experiencia en 12 provincias donde ya funciona el sistema muestra una caída de la duración de las causas a un promedio de 50 días, con sentencias en un mes en Rosario y en 48 horas en Viedma Sin embargo, fiscales y la Procuración General alertaron sobre una serie de deficiencias: falta de recursos humanos, vacantes en fiscalías y juzgados, insuficiencias tecnológicas y edilicias, y demoras en peritajes técnicos como extracción forense de celulares El procurador Eduardo Casal advirtió que “como estamos, es imposible llegar al 11 de agosto” sin poner al día las condiciones mínimas

En contraposición, el informe del INECIP sostiene que las fiscalías cuentan con suficientes recursos y que los reclamos responden a una resistencia a perder poder dentro del edificio judicial inecip.org. El organismo alerta sobre una posible “máscara técnica” para mantener el statu quo y frenar la redistribución del poder a favor de la fiscalía

Bajo el eufemismo de “gastos no especificados”, los fondos reservados crecieron exponencialmente y no es posible auditarlos para saber en qué se utilizan. El Ministerio que conduce Bullrich evitó dar respuestas al respecto.

Patricia Bullrich aumentó más de 1.800% el presupuesto destinado a gastos reservados bajo la etiqueta de “gastos no especificados”, una partida que se disparó de forma escandalosa y sin ningún tipo de control público ni auditoría. A pesar de las consultas oficiales, el Ministerio de Seguridad se negó a explicar los motivos detrás de semejante incremento.

En paralelo, el Gobierno recorta a mansalva áreas estratégicas con el argumento de que “no hay plata”, desmantela organismos públicos y somete a auditorías exhaustivas a las universidades nacionales. Sin embargo, los fondos secretos para Seguridad crecen sin freno y sin rendir cuentas a nadie.

El incremento de estos recursos coincide con un alarmante avance en el uso de facultades represivas, como detenciones sin orden judicial y ciberpatrullajes indiscriminados, habilitados por un decreto que eludió el debate parlamentario. Pese a haber prometido que cualquier reforma policial pasaría por el Congreso, Bullrich impuso cambios por decreto, amparándose en una emergencia que también usó para realizar compras millonarias bajo sospecha, como ya marcó la Auditoría General de la Nación.

El Decreto 383 establece una Policía Federal reconvertida, con facultades ampliadas para espiar y detener sin control judicial, mientras se consolida una estructura de inteligencia oculta, sin control político ni rendición de cuentas.

Según datos oficiales, las partidas de “Servicios no especificados” y particularmente la subcategoría “Otros n.e.p.” (otros no especificados) se dispararon de $2.600 millones a casi $49.000 millones. Se trata de fondos públicos usados de forma absolutamente opaca y sin destino conocido.

Este esquema se replica en áreas de Inteligencia: el gasto reservado supera el 90% de ejecución a mitad de año, mientras áreas sensibles como salud, vivienda, agua potable y urbanismo sufren recortes drásticos. En contraste, el presupuesto de Seguridad Interior creció de 1,76% a 2,43%, en un brutal cambio de prioridades.

Mientras el Poder Judicial y organismos como el CELS denuncian que el decreto habilita prácticas inconstitucionales —como detenciones arbitrarias, espionaje sin control y criminalización de la protesta—, el ministerio se niega a entregar información pública sobre sus áreas de inteligencia, desobedeciendo incluso fallos judiciales que lo exigen.

Bullrich concentra poder y recursos en un sistema de seguridad sin control, con fondos que se multiplican de manera opaca, mientras el ajuste recae sobre la mayoría de la sociedad. Un modelo peligroso que recuerda las peores prácticas de la historia argentina.

Mientras el presidente Javier Milei sostiene un discurso de “desmantelamiento del Estado”, su gobierno avanza en la consolidación de un aparato de vigilancia con la creación de un Consejo Académico para la formación de agentes encubiertos, tanto presenciales como digitales.

La medida, oficializada por el Ministerio de Seguridad a través de las resoluciones 828 y 829/2025, refuerza la lógica del espionaje gubernamental y sienta las bases para un Estado policial con proyección a largo plazo.

Lejos de reducir el poder estatal, el Ejecutivo impulsa una estructura académica dedicada exclusivamente a profesionalizar el espionaje interno, con especial énfasis en las redes sociales. Bajo la conducción de Patricia Bullrich, se establece un cuerpo especializado de “agentes encubiertos digitales”, encargado de infiltrarse en entornos físicos y virtuales bajo el pretexto de combatir el delito.

Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el nuevo Consejo funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, y tendrá como tareas centrales definir contenidos curriculares, capacitar aspirantes, perfeccionar agentes ya activos e incluso intervenir en la formación de jueces y fiscales. El organismo estará dirigido por el profesor Ricardo Ángel Basílico, designado por tres años.

La creación de esta “agencia académica” supone la institucionalización del espionaje doméstico, consolidando un mecanismo de control estatal sobre la ciudadanía en un contexto de creciente conflictividad social. Con la excusa de adaptar las investigaciones a “los desafíos del entorno digital”, el gobierno sienta un peligroso precedente: el uso del aparato estatal para vigilar y perseguir actividades en redes sociales bajo un barniz de legalidad e invocando viejos y peligrosos discursos de seguridad nacional.

El protocolo aprobado contempla un despliegue encubierto que abarca desde delitos económicos hasta “redes delictivas en línea”, una categoría lo suficientemente ambigua como para habilitar el monitoreo masivo. Esta decisión marca un quiebre del Estado de Derecho, favoreciendo prácticas de control social mientras se restringen las libertades civiles, todo ello en nombre de la seguridad.

El contraste es evidente: mientras Milei anuncia un supuesto achicamiento del Estado, consolida áreas clave del aparato represivo, institucionalizando la vigilancia digital como política de Estado.