Especialistas advierten que el faltante de gas durante la ola polar no fue un episodio aislado, sino el resultado de la falta de inversión y la imprevisión del Gobierno. Pese al superávit energético, millones de usuarios quedaron expuestos por la falta de infraestructura.

Pasado el pico de la ola de frío que dejó sin suministro de gas a hogares, industrias y estaciones de servicio en al menos siete provincias, crece la preocupación por la posibilidad de que la situación se repita. Para los expertos del sector energético, la causa no fue solo el clima extremo, sino una gestión errática y descoordinada por parte del Gobierno nacional.

El viernes pasado, la Secretaría de Energía anunció el fin de las restricciones y aseguró que las presiones en los gasoductos se habían normalizado. Sin embargo, el comunicado dejó más dudas que certezas, sobre todo en torno al restablecimiento de los contratos interrumpibles y la capacidad real del sistema para afrontar nuevos picos de consumo.

“Seguro que puede volver a pasar si ya pasó una vez”, sostuvo Martín Borenstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPyS). Según el especialista, el colapso expuso “una mala gestión ante eventuales imprevistos” y una clara “falta de previsión” tanto del ENARGAS como de las autoridades políticas.

El economista Santiago Urbiztondo, de FIEL, consideró que el problema fue “operativo”, aunque reconoció que sin inversiones adicionales y una señal clara de precios para moderar la demanda, el riesgo persiste. Aun cuando Argentina produce gas suficiente, explicó, no cuenta con un sistema de transporte adecuado para cubrir los picos de consumo.

La crisis energética golpea en un contexto de aparente abundancia: en 2024 el país registró un superávit energético superior a los 5.600 millones de dólares, y este año se consolidaron exportaciones desde Vaca Muerta hacia Brasil y otros destinos. Pero ese saldo favorable no se traduce en previsión ni mejoras para los usuarios.

El Gobierno, que proclama eficiencia y orden fiscal, mostró en este episodio las consecuencias concretas del ajuste y la desinversión en sectores estratégicos. Mientras se celebra el equilibrio de las cuentas públicas, miles de argentinos enfrentan el invierno sin garantías mínimas de suministro. Y el próximo frente frío podría volver a poner al sistema —y a la política energética del oficialismo— contra las cuerdas.

Lejos quedaron los días en los que el ministro de Luis Caputo aseguraba que el dólar iba a estar cerca de la banda de 1000 pesos. Desde hace días no deja de moverse a la alza y se acerca a los 1300 pesos. ¿Fin de la fiesta financiera?

El gobierno apeló al endeudamiento externo y a la bicicleta financiera para mantener el dólar súper barato. Esa política está entrando en un cuello de botella porque endeudarse es caro porque el riesgo país no baja, el FMI ya no es una opción y la bicicleta financiera empieza a no ser un negocio viable porque Economía no puede mantener el dólar estable. Todo mal.

Solo esta semana, el dólar subió casi 3%, la tasa del mes. Es decir, el que quiso hacer bicicleta financiera en julio ya perdió. Todo indica, además, que el dólar seguirá subiendo cada día hasta ubicarse más cerca de los 1400 pesos, como le exigió el FMI al gobierno. Y mientras tanto: ¿Qué pasará con la inflación?

En el marco de una protesta por despidos masivos en la histórica alimenticia, la Gendarmería Nacional desalojó con violencia a los trabajadores que defienden sus puestos laborales. Denuncian al menos ocho heridos y repudian la creciente criminalización de la protesta laboral.

La Gendarmería Nacional reprimió este lunes a trabajadores de la empresa alimenticia Georgalos que realizaban una protesta en la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, en rechazo a una nueva tanda de despidos. El operativo dejó al menos ocho heridos y varios manifestantes fueron detenidos de manera preventiva, según denunciaron voceros sindicales y organizaciones de derechos humanos.

El corte, que se había iniciado de forma pacífica durante la mañana, fue respondido por las fuerzas federales con balas de goma, gases lacrimógenos y una fuerte presencia de efectivos, en un accionar que los manifestantes calificaron como desmedido. “Estábamos defendiendo nuestros puestos de trabajo y nos respondieron con palos”, denunció uno de los trabajadores afectados.

La represión ocurre en un contexto de creciente ajuste económico, caída del consumo y cierre de plantas industriales. Georgalos —una de las empresas más emblemáticas del sector alimenticio— había anunciado semanas atrás la cesantía de decenas de empleados, bajo el argumento de una supuesta “reestructuración”.

Distintos espacios sindicales y sociales responsabilizaron al gobierno nacional por el uso de fuerzas federales para sofocar la protesta.

El vocero presidencial Manuel Adorni es conocido por sus papelones mediáticos. La semana pasada trató de mentiroso a todos los periodistas que hablaron de un escándalo en Aduanas cuando un empresario muy cercano a Javier Milei entró 10 valijas sin ningún tipo de control.

Ahora se confirmó con cámaras de Aeroparque que una empleada de Leonardo Scatturice, empresario ultralibertario, entró a la Argentina con 10 valijas que no fueron controladas por la Aduana. Ya no hay dudas porque los videos son muy claros. ¿Qué traían la valija? ¿Plata negra para el gobierno? Todas las preguntas son válidas ante el silencio atroz del gobierno.

Hasta ayer, la versión oficial había sido que “la persona entra con una sola valija, es imposible entrar 10, son todas mentiras”, según declaró con su soberbia habitual Adorni. Mintió. Ahora las imágenes no dejan dudas.

Según recientes revelaciones de la revista británica The Economist, el gobierno de Javier Milei mantiene conversaciones militares reservadas con el Reino Unido que podrían implicar un abrupto cambio de enfoque histórico respecto al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas debilitando la posición argentina.

De acuerdo al semanario británico, el Ejecutivo argentino estaría explorando un entendimiento con Londres que destrabaría el embargo británico a la venta de armamento y abriría la puerta a una alianza más estrecha con la OTAN, a cambio de moderar —o incluso desactivar— su posición sobre las islas.

El artículo describe un “diálogo militar secreto” entre ambos países, con el objetivo de forjar un nuevo acuerdo estratégico en el Atlántico Sur, visto como clave tanto para los intereses de Estados Unidos como para contrarrestar la influencia creciente de China y Rusia en la región.

Entre los principales incentivos que motivan a Buenos Aires está el acceso a armas de segunda mano de Estados Unidos y sus aliados, hoy sujetas al veto británico impuesto tras la guerra de 1982. Este embargo limita la capacidad de Argentina para adquirir equipamiento militar moderno, dado que muchos sistemas occidentales contienen componentes de origen británico.

La presión de Washington sobre Londres también es un factor central. Estados Unidos busca que Argentina se mantenga alineada con los estándares militares de la OTAN y teme que, sin acceso a equipamiento occidental, el país pueda volcarse hacia proveedores como China ,Rusia o peor aun desarrolle sus propios sistemas de armas y colabore con países de los BRICS. En este sentido, la reciente compra de aviones de segunda mano F-16 a Dinamarca —sin componentes británicos— es una muestra de cómo el gobierno de Milei ha logrado sortear parcialmente esas restricciones. En este sentido no son pocos los que confiesan que el hecho de que el “rearme argentino” como algunos voceros oficialistas lo han dado a llamar, este auspiciado por los Estados Unidos, es la mayor garantía de seguridad que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña. Confirmado este punto de vista, recientemente un medio británico especializado “UK Defense Jornal” en temas de defensa destaco en un articulo lo siguiente:

“Además de los problemas financieros, Argentina enfrenta importantes limitaciones diplomáticas. Dado que los F-16 son de fabricación estadounidense, cualquier uso significativo de los aviones requeriría la aprobación de Estados Unidos, especialmente para el mantenimiento y las piezas. Esta dependencia hace muy poco probable que Argentina pueda desplegarlos contra las fuerzas británicas sin enfrentar mayores obstáculos”.

El informe de The Economist también detalla cómo el Ministerio de Defensa argentino, liderado por Luis Petri, impulsa la integración del país como “socio global” de la OTAN, una categoría superior al actual estatus de “aliado extra OTAN” obtenida por Argentina en los 90s al calor de las relaciones carnales del menemismo. Al mismo tiempo, Argentina se ha incorporado a iniciativas como la Fuerza Marítima Combinada en Medio Oriente y ha intensificado su participación en ejercicios militares internacionales, incluso con fuerzas británicas.

Sin embargo, el acercamiento no está exento de tensiones internas. Mientras Defensa impulsa el diálogo con Londres, la Cancillería argentina mantiene reservas, consciente de la carga simbólica y política que tiene el reclamo por la soberanía de las islas.

El gobierno británico, por su parte, sigue firme en mantener el embargo militar, aunque reconoce “una apertura para un nuevo acuerdo estratégico en el Atlántico Sur”, potenciado por la postura atípica de Milei respecto a Malvinas y su genuflexa subordinación a Washington.

En este contexto, un informe del Center for Maritime Strategy en EE.UU. advirtió que la región podría convertirse en un nuevo foco de tensiones geopolíticas. El documento incluso plantea la posibilidad de establecer una base permanente de buques de guerra estadounidenses en las Islas Malvinas, en caso de conflicto global o de una nueva escalada en el Atlántico Sur.

La hipótesis de una renuncia implícita o progresiva al reclamo de soberanía por parte del gobierno argentino ha generado preocupación, especialmente considerando que China y Rusia —rivales estratégicos de Washington— continúan respaldando abiertamente la posición histórica de Argentina sobre las islas.

Con un Milei funcional a los intereses geoestratégicos de EE.UU. y el Reino Unido, la soberanía sobre Malvinas parece estar siendo relegada en favor de beneficios materiales e inserción internacional, un giro que podría marcar un antes y un después en la política exterior argentina.

Mientras los argentinos luchan contra la inflación, un pastor amigo de Milei asegura que 100.000 pesos se le convirtieron en dólares… por milagro divino.

El entorno de Javier Milei sigue generando polémica, pero esta vez por declaraciones más cercanas a la fe que a la economía. Un pastor evangélico muy cercano al presidente argentino aseguró haber vivido un “milagro económico” cuando recibió 100.000 pesos en efectivo de un fiel, los guardó en su casa y, según contó él mismo, estos se transformaron en dólares. La historia, publicada por Crónica , da cuenta de un relato cargado de misticismo que pone en evidencia el tipo de vínculos que rodean al mandatario libertario.

Lo llamativo del caso no es solo la naturaleza sobrenatural del testimonio religioso, sino que haya sido difundido públicamente sin que ninguna autoridad del gobierno lo desmienta. Al contrario: el pastor asegura tener una relación directa con Milei y haber compartido múltiples encuentros espirituales con él, incluso antes de que fuera presidente. Esto abre preguntas sobre el peso real que tienen ciertos líderes religiosos en las decisiones políticas del Ejecutivo.

Mientras Argentina atraviesa una crisis económica profunda, con inflación récord y una moneda que pierde valor cada día, este tipo de relatos parecen flotar en otra realidad. ¿Cómo explicarle a un jubilado que debe hacer malabarates para llegar a fin de mes, que hay quien asegura haber visto billetes locales convertirse en divisas por obra divina? Es difícil no ver en estas declaraciones una desconexión absoluta con la vida real de millones de argentinos.

Milei ha construido su imagen pública sobre un discurso supuestamente racional, basado en el liberalismo económico y la crítica al intervencionismo estatal. Sin embargo, su entorno inmediato parece moverse entre la fe, los milagros y las redes eclesiásticas. Esta contradicción entre el mensaje económico y las prácticas políticas y personales del presidente empieza a ser imposible de ignorar.

¿Hasta cuándo seguirán pasando cosas… “milagrosas” mientras el país sigue hundiéndose?

La Cámara Federal de Casación Penal retiró el recurso contra la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, un giro que deja sin efecto el intento de trasladarla a una unidad carcelaria.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el intento de revertir la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner , luego de que el fiscal general Mario Villar decidiera retirar el recurso presentado por la Fiscalía en contra de esta modalidad de cumplimiento de pena.

La decisión fue comunicada minutos antes del inicio de la audiencia oral en la que se analizarían cuestiones vinculadas a las condiciones de la prisión domiciliaria, como el uso de tobillera electrónica, el régimen de visitas y la validez del domicilio elegido en el barrio porteño de Constitución .

El fiscal Villar se desligó del planteo de Luciani y Mola

El criterio de Villar se opone al de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola , quienes habían apelado la prisión domiciliaria y solicitaban que Cristina Kirchner cumpla su condena en una unidad carcelaria , o alternativamente, que sea trasladada a otro domicilio distinto al de San José 1111.

Tras el retiro del recurso por parte de Villar, la Cámara no tiene margen para revisar la modalidad de detención , por lo que queda firme la continuidad de CFK en prisión domiciliaria.

No obstante, Villar mantiene el pedido para que se evalúe el cambio de domicilio , argumentando que el actual “no aporta mayores garantías” debido a las constantes concentraciones de militantes en el barrio, lo cual “incrementa el riesgo” para la seguridad del lugar.

“La sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución”, señaló Villar en su escrito.

Por su parte, Luciani y Mola insistieron en sus críticas , señalando que desde el Ministerio de Seguridad se identificaron unidades penitenciarias viables donde podría cumplir la pena, y rechazaron que haya “trato inhumano” en ese tipo de alojamiento.

También destacaron que Cristina Kirchner no difiere en condiciones de salud ni de edad de otros condenados en el mismo proceso, quienes ya están cumpliendo sus penas en unidades carcelarias.

Los fiscales adjuntaron imágenes de las aglomeraciones frente al edificio donde reside CFK, incluyendo personas en balcones y terrazas de viviendas cercanas, y citaron un informe de la Procuración General de la Ciudad que advierte sobre disturbios, ruidos molestos y afectación de servicios esenciales en el barrio.

“El barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia”, remarcaron Luciani y Mola.

A pesar del retiro del recurso por parte de Villar, la disputa por el lugar donde debe cumplirse la prisión domiciliaria sigue abierta , y será definida en la audiencia correspondiente.

El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Menem, Alberto Kohan, lanzó una polémica propuesta al cuestionar duramente el funcionamiento del Congreso de la Nación y sugerir su posible disolución, al considerar que se ha convertido en un freno para la gestión del presidente Javier Milei.

“En los gobiernos parlamentarios vos podés disolver el Parlamento, si llega un momento que se convierte en un obstáculo. Y no estoy yendo para los regímenes autoritarios”, expresó Kohan tratando de justificarse, al referirse a los incidentes ocurridos en la Cámara de Diputados durante una sesión especial convocada por la oposición. En ese contexto, hubo fuertes cruces e insultos entre legisladores mientras se discutían proyectos como el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan.

El exfuncionario menemista calificó el accionar parlamentario de este año como “tristes espectáculos” y planteó la necesidad de repensar el sistema institucional argentino:

“A veces me pongo a pensar si no habrá que replantearse el sistema”.

Kohan también criticó la estructura actual del Congreso, particularmente el tamaño del Senado, y lo comparó con el de otros países:

“Estados Unidos, con 500 millones de habitantes, tiene 100 senadores. Nosotros, con 52 millones, tenemos 72 senadores. Fue uno de los errores de la reforma del ’94”.

Aunque reconoció que el país necesita tiempo para mejorar sus instituciones —“Inglaterra tiene 800 años de sistema legislativo y aún así tiene líos”—, insistió en que la situación actual del Parlamento argentino obstaculiza la posibilidad de llevar adelante cambios profundos y propuso en ese contexto a una salida a la Fujimori aunque maquillada de parlamentarismo británico.

En una línea más política, Kohan elogió a Milei y lo vinculó ideológicamente con el expresidente Menem:

“Milei es menemista en el fondo de todo porque reconoce lo que Menem hizo durante su gobierno. Ojalá sepa cómo aplicar la autoridad”.

Finalmente, subrayó la necesidad de renovación política:

“Hoy estamos en una época en la que necesitamos algo distinto y no se puede seguir gobernando con los mismos de siempre”.

El socavamiento financiero a las provincias y las exigencias partidarias impuestas desde Buenos Aires enfrían los acuerdos distritales. El “libertarismo puro” choca con los intereses de los gobernadores aliados.

El sociólogo, investigador de sociedad, cultura y religiones, Fortunato Mallimaci, dialogó con Caballero de día acerca de los vínculos entre la política y la religión en el gobierno de Javier Milei y las implicancias institucionales de su discurso mesiánico.

El experimento electoral que La Libertad Avanza pretende replicar en las provincias comienza a evidenciar grietas. Gobernadores que hasta hace poco se mostraban abiertos al diálogo con la Casa Rosada ahora se repliegan, molestos por las imposiciones de Karina Milei y la falta de respuestas ante las urgencias financieras locales.

Mientras desde Buenos Aires se pretende imponer nombre, color y listas en cada distrito, los aliados naturales del oficialismo nacional encuentran cada vez menos motivos para subordinar sus marcas locales a un sello que, más allá del éxito en la Ciudad, no ha logrado tracción masiva en el interior.

La negativa del radical Gustavo Valdés en Corrientes a sellar una alianza electoral con el Gobierno marcó un punto de inflexión. En la Rosada temen un “efecto contagio” entre gobernadores que hasta ahora sostenían con pinzas su cercanía a la administración libertaria.

El pedido de Milei no es menor: que todos los frentes provinciales se llamen La Libertad Avanza, lleven el color violeta y se construyan sobre las condiciones impuestas desde Capital. Para fuerzas con poder territorial consolidado –como la UCR en Mendoza o Corrientes–, el costo simbólico y operativo resulta desproporcionado frente a los beneficios inciertos.

En paralelo, la presión fiscal, la eliminación de transferencias discrecionales y la paralización de obras nacionales alimentan el malestar incluso entre los mandatarios más permeables al armado electoral libertario. Gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Claudio Poggi (San Luis) exigen garantías económicas que el Ejecutivo no parece dispuesto a ofrecer.

La situación se agrava por las internas dentro del propio oficialismo. En provincias como Chaco o Córdoba, los armados están cruzados por tensiones sobre las listas y los liderazgos. Mientras tanto, en la Ciudad, el laboratorio libertario prepara su apuesta fuerte: enfrentar al PRO con una boleta encabezada posiblemente por Patricia Bullrich para el Senado, como parte de la guerra fría entre los hermanos Milei y Jorge Macri.

En resumen, lo que en 2023 fue un aluvión electoral disruptivo, en 2025 podría transformarse en una fuerza encerrada en su propio diseño centralista, sin capacidad real de seducir a los jefes territoriales que le dieron aire en el Congreso. La supuesta “federación de libertarios” corre el riesgo de deshilacharse antes de ver la luz.

Un avión del empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi y vinculado al Gobierno, registró múltiples irregularidades, según la Justicia, al ingresar al país en febrero de este año. Manuel Adorni había asegurado que se cumplieron con todos los controles.

Un escándalo sacude al Gobierno de Javier Milei tras confirmarse que un jet privado vinculado a su entorno más cercano ingresó al país con 10 valijas sin control aduanero, provenientes de Miami. Las nuevas pruebas difundidas por la Justicia revelan que el vuelo, operado por la empresa Royal Class y perteneciente al empresario Leonardo Scatturice —nuevo dueño de Flybondi y asesor con línea directa a la Casa Rosada—, violó múltiples protocolos de ingreso al país el pasado 26 de febrero.

Imágenes, valijas y un “orden de arriba”

La aeronave, un Bombardier N18RU, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery con una tripulación que incluía a Laura Belén Arrieta, azafata y militante de la CPAC, el espacio fundamentalista y ultraconservador internacional que hoy articula con sectores del Gobierno libertario. En el avión también viajaban José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. Según imágenes obtenidas por la Justicia y reveladas este domingo por el programa ¿Y mañana qué? (TN), el avión declaró solo cinco valijas, pero se observa el ingreso de diez al territorio nacional sin pasar por el escáner ni control policial.

Estas revelaciones contradicen directamente la versión oficial. El vocero presidencial Manuel Adorni había negado cualquier irregularidad y aseguró que el avión fue sometido a los “controles de rutina”. Sin embargo, el dictamen judicial apunta a una “orden directa del personal aduanero” para desviar a los pasajeros sin revisión, en un contexto donde no había congestión ni razones operativas para el trato preferencial.

Zonas grises y una Justicia en alerta

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) lidera la causa, que ya arrojó evidencias sobre graves irregularidades: falta de registros migratorios precisos, inconsistencias en los datos del origen y destino del vuelo (figura Fort Lauderdale, pero salió de Opa-locka, Miami) y vacíos de vigilancia en las grabaciones del hangar privado donde el avión permaneció ocho días. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por su parte, tampoco dejó constancia del movimiento de la aeronave.

La sospecha de connivencia estatal en un posible caso de contrabando no solo se sostiene en los registros irregulares, sino también en el perfil del empresario al mando del avión.

Scatturice: del espionaje a los negocios con el Estado

Leonardo Scatturice no es un nombre más. Ex agente de inteligencia y vinculado al mundo de los espías —cercano a Fernando Pocino y enfrentado a Antonio Stiuso—, hoy opera desde Miami como lobbista y organizador de eventos para la CPAC. Su empresa, Tactic Global, tiene nexos con el trumpismo y ha proveído al Estado argentino a través de plataformas como Educ.Ar y Trenes Argentinos.

En los últimos meses, su cercanía a Santiago Caputo, cerebro estratégico del Gobierno quien esta fortaleciendo el aparato de espionaje del triangulo de hierro del gobierno, se volvió cada vez más visible. Fue clave en la designación de Andrés Vázquez al frente de la DGI y, junto a Arrieta, orquestó la participación de Javier Milei en la CPAC de Washington, donde el presidente anunció su intención de firmar un tratado de libre comercio con Donald Trump.

El escándalo también expone una nueva dimensión del conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Fue el canal TN quien accedió al dictamen judicial de más de 60 páginas y lo difundió en medio del enfrentamiento con el oficialismo. Así, mientras el Ejecutivo intenta desmentir cualquier anomalía, parte del aparato mediático —hasta hace poco afín al mileísmo— exhibe pruebas del tratamiento privilegiado que recibió el vuelo del entorno presidencial.

Una sombra sobre el discurso anticasta

El caso de “los bolsos de Milei” golpea directamente la retórica anticorrupción del presidente que se suma a otros escándalos como el de la criptoestafa de $Libra y el destino de los fondos reservados de la SIDE. Mientras se ajustan cuentas, se reducen partidas sensibles y se proclama una cruzada contra los privilegios de la casta, un jet privado vinculado al poder aterriza en Aeroparque, burla todos los controles y desaparece ocho días después rumbo a París.

La Justicia sigue investigando. Pero los hechos ya desataron un temblor político que deja al descubierto una red de influencias, opacidad y privilegios que contradicen de lleno el relato libertario.