La ex funcionaria del PAMI en La Plata y actual diputada nacional suplente de La Libertad Avanza, Viviana Aguirre, lanzó una serie de acusaciones de extrema gravedad contra dirigentes del oficialismo y contra el propio presidente Javier Milei.

Aguirre recordó que hace más de un año impulsó una denuncia vinculada a manejos irregulares en el PAMI, aunque cuestionó que la causa judicial nunca avanzó. Según afirmó, junto a Raúl Simonetto detectaron hechos de corrupción en la contratación de geriátricos, donde se habrían intentado imponer prestadores sin licitación, vinculando esas maniobras a referentes del espacio oficialista.

En ese marco, señaló a Sebastián Pareja y a Juan Esteban Osaba, a quienes acusó de haberle exigido sumas millonarias, y describió la existencia de un circuito de pagos ilegales que, lejos de haber sido desarticulado, se habría potenciado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Aguirre sostuvo que cuenta con pruebas de las malas condiciones en las que se encuentran adultos mayores internados, a pesar de que el Estado paga cifras que van de uno a tres millones de pesos por cada afiliado. Apuntó directamente a la conducción del organismo, encabezado por Esteban Leguizamo, a quien vinculó con la Casa Rosada y con el ministro Guillermo Francos.

En el plano político, aseguró que, aunque no pagó por su candidatura, aportó más de 15 millones de pesos a la campaña presidencial. A partir de allí, dijo sentirse estafada al comprobar que la promesa de cambio se transformó en lo que calificó como un escenario aún más corrupto.

Las críticas más duras las dirigió contra Javier y Karina Milei, a quienes acusó de ser “estafadores internacionales” y hasta los responsabilizó de habilitar maniobras con fentanilo contaminado para perjudicar políticamente a Axel Kicillof. También relató que durante la campaña mantuvo contacto directo con el presidente, a quien le transmitió información sobre las irregularidades, pero que el mandatario dejó de responderle.

Finalmente, Aguirre consideró que La Libertad Avanza encarna “el gobierno más corrupto de la historia” y pidió que el peronismo se unifique para desplazar al oficialismo, al que definió como una amenaza social de magnitud.

Renuncia del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y filtraciones que salpican a Karina Milei y “Lule” Menem desatan alarma en Casa Rosada en plena campaña electoral.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo golpe político tras la salida de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en medio de un escándalo por presuntas irregularidades que involucran a figuras clave del oficialismo. La filtración de audios que comprometerían a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem encendió las alarmas en Balcarce 50, donde calificaron la jornada como “uno de los días más negros” de la gestión.

La crisis estalló mientras el Ejecutivo sufría una derrota parlamentaria con la aprobación de la emergencia en discapacidad, un revés que se suma a tensiones con gobernadores y negociaciones fallidas en Diputados. Dentro del oficialismo reconocen que el caso “puede ser más explosivo que $LIBRA”, el escándalo que ya había sacudido al Gobierno meses atrás.

En un intento por contener el daño, se reunió el núcleo duro libertario integrado por Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo. “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, declaró el jefe de Gabinete durante un encuentro en el Council of the Americas, en un gesto que no logró disipar el clima de desconfianza.

El impacto político se proyecta directamente sobre la campaña nacional. Los audios filtrados circulan en la recta final hacia las elecciones de octubre y salpican al denominado “triángulo de hierro” libertario. En paralelo, la Casa Rosada intenta frenar el avance legislativo opositor y cerrar filas para evitar que la crisis se transforme en un factor de desgaste irreversible.

El escándalo llega en un momento de máxima fragilidad para el oficialismo, que apuesta a mejorar su posición en el Congreso, mientras enfrenta una interna cada vez más expuesta y una opinión pública atenta a los signos de corrupción en un Gobierno que hizo de la transparencia una de sus banderas.

La norma obtuvo 62 votos a favor y solo ocho en contra, consolidando un nuevo revés legislativo para el Gobierno de Javier Milei.

El Senado aprobó por amplia mayoría la ley que declara la emergencia en pediatría, en una sesión que dejó en evidencia el aislamiento del oficialismo. La iniciativa, que apunta a garantizar atención médica infantil y mejorar las condiciones laborales del personal de salud, cosechó 62 votos afirmativos contra apenas ocho negativos.

El proyecto contó con el respaldo de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el rechazo quedó circunscripto a La Libertad Avanza y dos senadores aliados, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero (PRO).

La normativa obliga al Estado a garantizar el funcionamiento de hospitales pediátricos, recomponer salarios del personal de salud –con una base no inferior al nivel real de noviembre de 2023– y eximir del impuesto a las Ganancias a quienes realicen guardias o tareas críticas. También faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas del Ministerio de Salud y utilizar fondos de emergencia sanitaria. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal será de $65.573 millones entre julio y diciembre de 2025.

Durante el debate, senadores de distintas bancadas coincidieron en la gravedad de la situación. Luis Juez (PRO) afirmó: “No hablo como opositor, hablo como padre: la esperanza está en hospitales como el Garrahan”. Alicia Kirchner (UxP) cuestionó la política económica del Gobierno: “La timba financiera no repara. El futuro del país es nuestra infancia”. Guadalupe Tagliaferri (PRO) subrayó: “Gobernar es resolver problemas, no seguir culpando al pasado”.

La sanción de esta ley refuerza la serie de derrotas legislativas que viene acumulando el Gobierno en un Congreso donde su margen de maniobra sigue siendo mínimo.

El dólar oficial volvió a subir este jueves en el segmento mayorista, en una jornada marcada por la persistente volatilidad del mercado y las tasas récord de las cauciones bursátiles.

La divisa de referencia para las operaciones mayoristas trepó 4 pesos y cerró en $1.305, acumulando así su segunda rueda consecutiva en alza. En tanto, el dólar minorista avanzó hasta los $1.322,03 para la venta, según el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA).

El movimiento se da en paralelo a la brusca disparada de las cauciones bursátiles, que el miércoles llegaron a tocar un pico de 150% antes de retroceder al 70% al cierre, reflejando el nerviosismo de los operadores y la dificultad de estabilizar las expectativas en el mercado cambiario.

La combinación de presión sobre el tipo de cambio y tasas en niveles extraordinarios vuelve a exponer la fragilidad del esquema financiero, mientras el Gobierno intenta contener las tensiones sin perder control sobre la dinámica inflacionaria.

El saldo de la balanza comercial argentina sufrirá un fuerte recorte respecto a 2024, según cálculos de consultoras privadas. Las importaciones se expanden con fuerza y la menor liquidación del agro limita el ingreso de divisas.

El comercio exterior argentino enfrenta un panorama menos favorable en 2025. De acuerdo con proyecciones del sector privado, el superávit comercial rondará los US$ 6.000 millones, lejos de los casi US$ 19.000 millones que se habían anticipado a fines del año pasado.

La corrección obedece a la aceleración de las compras externas en un contexto de apertura gradual y mayores necesidades de insumos, mientras que las exportaciones se mantendrán prácticamente estancadas.

La consultora ACM advirtió que las importaciones podrían aumentar entre US$ 13.000 y US$ 16.000 millones en relación a 2024, mientras que el flujo exportador no mostraría variaciones de peso. Bajo este escenario, la balanza seguirá siendo positiva, pero con un margen mucho más estrecho.

En la misma línea, LCG alertó que la estacionalidad del segundo semestre y la reducción en la liquidación del complejo agroexportador presionarán sobre las cuentas externas y el tipo de cambio.

Las cifras oficiales acompañan esa tendencia: en julio, el superávit fue de US$ 988 millones, la mitad que un año atrás. En abril, las exportaciones sumaron US$ 6.664 millones, apenas 2,3% más que en 2024, mientras que las importaciones treparon 37,3% interanual hasta US$ 6.460 millones.

El retroceso en las proyecciones de superávit refleja tanto la recomposición de importaciones como el límite en la generación de divisas genuinas, lo que enciende alertas sobre la estabilidad cambiaria en la segunda mitad del año.

En una nota publicada el miércoles 19 de agosto en La Nación, el gobierno nacional dejó trascender que invertirá cerca de 266 millones de dólares en la construcción del satélite ARSAT SG1 (también denominado ARSAT 3), un proyecto que permanece congelado desde la gestión de Mauricio Macri.

El artículo, firmado por el periodista Pablo Fernández Blanco, asegura que la Casa Rosada “tomó en los últimos meses una decisión trascendente” al ordenar la reactivación del plan, pese al ajuste presupuestario generalizado. Según la publicación, el satélite —que tendría como objetivo brindar internet en zonas rurales— costará 265,8 millones de dólares, de los cuales 243,8 millones provendrían de un crédito de la CAF, mientras que el resto quedaría a cargo del Estado argentino.

Además, el artículo afirma que la fabricación estará a cargo de INVAP, la empresa estatal con sede en Río Negro que cuenta con la capacidad tecnológica para llevar adelante el desarrollo, y que “el proyecto está en marcha” tras haberse normalizado pagos atrasados con proveedores internacionales.

Sin embargo, desde INVAP niegan categóricamente haber tenido contacto con el gobierno nacional sobre este tema. En diálogo con Periferia, voceros de la compañía señalaron que no existe gestión oficial ni directiva alguna vinculada al ARSAT SG1. Lo mismo ocurre con ARSAT, que no confirmó avances en la iniciativa.

El contraste entre la versión oficial publicada en La Nación y las declaraciones de INVAP genera más dudas que certezas. Mientras el medio habla de una reactivación firme, de contratos ya regularizados y de un lanzamiento previsto en tres años, en la empresa adjudicataria aseguran desconocer cualquier decisión gubernamental en ese sentido.

El propio artículo de La Nación presenta la apuesta como una “hendija desarrollista” dentro del gobierno de Javier Milei, un enfoque difícil de sostener en un contexto en el que la administración libertaria desfinancia áreas estratégicas como ciencia, tecnología y energía, al mismo tiempo que lanza anuncios rimbombantes, como el ya cuestionado “plan nuclear”.

El satélite ARSAT SG1 está diseñado para ser compatible con lanzadores como el Ariane VI, el Falcon 9 de SpaceX o el Glenn, lo que permitiría reducir costos y ampliar las alternativas de proveedores. Pero, por ahora, más que un programa en marcha, parece ser —según Periferia— una promesa electoral sin sustento real.

Según un informe de la Policía Federal de Brasil (PF), el exmandatario habría redactado una carta dirigida al presidente argentino Javier Milei en la que solicita asilo político en territorio argentino.

La crisis judicial que rodea al ex presidente Jair Bolsonaro sumó un capítulo explosivo. Según un informe de la Policía Federal de Brasil (PF), el exmandatario habría redactado una carta dirigida al presidente argentino Javier Milei en la que solicita asilo político en territorio argentino. El documento fue hallado en su propio celular, incautado durante las investigaciones por la supuesta trama golpista que analiza el Supremo Tribunal Federal (STF).

Un archivo clave en la investigación

De acuerdo con la PF, el escrito —de 33 páginas— fue guardado el 10 de febrero de 2024, apenas dos días después de la Operación Tempus Veritatis, que obligó a Bolsonaro a entregar su pasaporte. En la misiva, redactada en primera persona, el expresidente se describe como “perseguido por motivos políticos” y solicita asilo “en régimen de urgencia”.

Aunque la carta no lleva firma, los metadatos apuntan a que fue creada y editada por un usuario registrado como Fernanda Bolsonaro, presuntamente vinculada a la familia del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

El nexo con la intentona golpista

El hallazgo se incorpora al mismo informe en el que la PF imputó a Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por intentar obstruir el proceso judicial sobre el fallido intento de golpe. Los investigadores sostienen que el documento tenía como fin “viabilizar la evasión del expresidente hacia la República Argentina” en un contexto en que se agravan las acusaciones por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y formación de organización criminal.

La PF recordó, además, que en diciembre de 2023 Bolsonaro ya había comunicado al juez Alexandre de Moraes su intención de viajar a Buenos Aires para asistir a la asunción de Javier Milei, entre el 7 y el 11 de ese mes.

El Gobierno logró mantener en pie el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones gracias a una combinación de abstenciones estratégicas y el alineamiento de legisladores provinciales. La exgobernadora del PRO María Eugenia Vidal.

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la entrerriana Marcela Antola —referenciada en Rogelio Frigerio— y los cuatro diputados misioneros que responden a Carlos Rovira fueron determinantes para que la Casa Rosada alcanzara el tercio necesario y blindara la decisión presidencial.

La paradoja quedó expuesta en el caso de Vidal, quien semanas atrás en Córdoba había declarado que “los jubilados no pueden esperar una respuesta”, pero este miércoles cambio de discurso y optó por abstenerse. Su postura, junto a la de Antola y los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, achicó el número de votos necesarios para la oposición y facilitó que, con apenas 83 voluntades, el oficialismo sostuviera el recorte.

El clima en el recinto fue tenso. Tras la derrota previa del oficialismo en la votación sobre la emergencia en discapacidad, los diputados opositores denunciaron “negociaciones espurias” y acusaron al Gobierno de canjear recursos por votos. “No sean crápulas, cambiar ATN por jubilados es corrupción”, lanzó el formoseño Fernando Carbajal. En la misma línea, el radical Pablo Juliano acusó a quienes variaron su posición de “traicionar a los jubilados que no llegan a fin de mes”.

La bancada peronista también expuso sus críticas. Germán Martínez, jefe del bloque, interrumpió el debate para advertir que “los derechos de los jubilados no pueden estar arriba de ninguna mesa de negociación” y apuntó contra quienes habían habilitado el tratamiento y luego “miraron para otro lado”.

Además de las abstenciones decisivas, hubo ausencias que favorecieron a Milei, como la de la macrista Silvia Lospennato, el rionegrino Agustín Domingo y el formoseño Gerardo González, recientemente distanciado de La Libertad Avanza pero vinculado a Gildo Insfrán.

Dentro de la UCR, el cordobés Rodrigo De Loredo aportó nueve votos en favor del rechazo al veto, aunque recibió críticas por intentar inicialmente una fórmula intermedia. “De Loredo, felpudeaste todo el año, ahora hay que votar a favor o en contra”, lo increpó el diputado del FIT, Christian “Chipi” Castillo. Finalmente, el bloque radical quedó dividido: mientras algunos respaldaron a los jubilados, otros, como Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Gerardo Cipolini, Atilio Benedetti y Soledad Carrizo, se alinearon con el oficialismo bajo la influencia de Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Frigerio.

El desenlace fue categórico: la oposición reunió 160 votos, pero no alcanzó los dos tercios requeridos. La abstención de seis legisladores se transformó en el salvavidas político de Milei, que logró consolidar su veto.

Así, no habrá aumento ni moratoria: los haberes jubilatorios seguirán atados a la política de ajuste del Gobierno, que en nombre del “equilibrio fiscal” vuelve a postergar a uno de los sectores más castigados por la inflación y la crisis económica.

En las últimas horas trascendieron audios comprometedores de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei, en los que detalla un sistema de coimas en la compra de medicamentos que involucra directamente a Karina Milei y a los hermanos Menem.

La crisis política dentro del oficialismo sumó un capítulo explosivo. En las últimas horas trascendieron audios comprometedores de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei, en los que detalla un sistema de coimas en la compra de medicamentos que involucra directamente a Karina Milei y a los hermanos Menem.

En esas grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo asegura que existe un mecanismo de recaudación ilegal a través de la droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovalivker y con lazos estrechos con Martín y Eduardo “Lule” Menem. Según el funcionario, la empresa exige a los proveedores un retorno del 8%, del cual el 3% va a parar a Karina Milei, la todopoderosa secretaria general de la Presidencia.

“Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%”, se lo escucha decir al funcionario en un encuentro informal. Spagnuolo insiste en que el Presidente no participa del negocio, pero reconoce que se trata de “toda la gente de él” la que recauda a través de estos contratos.

El caso estalla en un momento especialmente delicado: Karina Milei ya se encuentra golpeada por el escándalo Libra, y ahora vuelve a quedar en el ojo de la tormenta por una trama de corrupción que la conecta con un negocio multimillonario de medicamentos.

La filtración, que habría contado con la intervención de Santiago Caputo, sacude el tablero político. Caputo y su socio Rodrigo Lugones ya enfrentan cuestionamientos por la crisis sanitaria del fentanilo adulterado, y las tensiones internas en el gobierno se multiplican. En este contexto, las acusaciones contra los Menem y la hermana del Presidente potencian la disputa entre las distintas facciones del oficialismo.

Los audios son contundentes: Spagnuolo describe cómo la droguería vinculada a los Menem centraliza la recaudación ilegal y presiona a los proveedores. También relata cómo Lule Menem intentó colocar funcionarios en la Andis con el aval de Karina, a quienes señala como parte de un esquema organizado de corrupción.

La denuncia contra la Suizo Argentina ya había surgido en 2023, impulsada por la ministra Sandra Pettovello, y señalaba contratos por más de 27 mil millones de pesos. Ahora, con la voz del propio Spagnuolo detallando la operatoria, la causa adquiere una nueva dimensión y compromete directamente a la hermana del Presidente.

Este nuevo escándalo deja a Karina Milei en una posición política frágil. Si el “caso Libra” había erosionado su poder, las revelaciones sobre las coimas en medicamentos podrían marcar un punto de no retorno para la figura central del armado presidencial.

Tras el rechazo al veto de Milei a la Ley de Discapacidad, cuatro diputados abandonaron la bancada oficialista y acusaron al Gobierno de “robar en nombre del Presidente”.

La interna libertaria explotó en el Congreso. Mientras Javier Milei procesaba en la Casa Rosada el rechazo de la Cámara de Diputados a su veto a la ley de emergencia en discapacidad, el bloque de La Libertad Avanza sufrió una fractura: Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Carlos D’alessandro y Gerardo González anunciaron que abandonan la bancada para conformar un nuevo espacio bajo el nombre de “Coherencia”.

Las tensiones venían de larga data. Los legisladores que rompieron filas apuntaron directamente contra la conducción de Martín Menem, presidente de la Cámara baja. En el pasado ya se habían dado episodios al límite, como cuando en marzo, en medio de un debate, un legislador le arrojó agua a Lilia Lemoine, referente cercana al Presidente. Ella fue la primera en tildar a los disidentes como “traidores”, acusando especialmente a Pagano de trabajar “desde el primer día” para destruir el bloque.

La réplica desde “Coherencia” no tardó en llegar: “Los traidores son los que roban en nombre del Presidente, ninguno de nosotros lo hizo y no vamos a avalar eso”, respondieron con dureza los nuevos disidentes. La decisión se da en paralelo a un creciente malestar con el armado nacional de La Libertad Avanza y a la intervención de Karina Milei, a través de su operador Eduardo “Lule” Menem.

Uno de los más críticos, Carlos D’alessandro, sostuvo que el Gobierno lo “defraudó” y que la conducción actual está perdiendo los principios con los que nació La Libertad Avanza. “No hay democracia, estamos perdiendo lo que el Presidente nos enseñó. No aceptamos tutelajes ni negociados, no vinimos para ser casta”, lanzó en declaraciones radiales.

La ruptura también ocurre en medio del escándalo por supuestos audios del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que habría reconocido pedidos de coimas. El funcionario quedó en la mira de la Casa Rosada y su futuro se definirá en las próximas horas, mientras el oficialismo enfrenta una crisis política que golpea de lleno en plena campaña electoral.