La salida de la economista ocurre en pleno proceso de revisión del acuerdo con el Fondo. Su rol técnico y político había sido central en la relación con el gobierno de Javier Milei.
La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, dejará su cargo a fines de agosto para volver a la Universidad de Harvard como profesora de economía. La economista india ocupó un lugar clave en el diseño y monitoreo del programa argentino con el FMI, y mantuvo una relación cercana con Javier Milei y Luis Caputo, participando activamente en reuniones técnicas y de alto nivel.
Durante su gestión, lideró análisis macroeconómicos fundamentales y tuvo un papel decisivo en la supervisión de países con programas de alto impacto, como Argentina y Ucrania. Su salida fue anunciada por la propia directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó su aporte como “una líder intelectual sobresaliente” y subrayó su capacidad para abordar crisis complejas con mirada técnica y sensibilidad política.
La renuncia de Gopinath llega en un momento crítico para el gobierno argentino, que busca asegurar nuevos desembolsos del Fondo y renegociar metas en medio de la creciente presión cambiaria y el deterioro de reservas. Su ausencia podría afectar la fluidez del diálogo técnico y el respaldo interno al programa, en un contexto donde el FMI mantiene en suspenso el giro previsto para junio.
Al despedirse, Gopinath expresó que se va “profundamente agradecida” por su paso por el FMI y que espera seguir contribuyendo desde la academia a los debates sobre finanzas internacionales y macroeconomía global. Su reemplazo, aún no anunciado, deberá asumir en medio de tensiones crecientes en la relación entre el organismo y la Argentina.
A esto se suma la intervención en el mercado de futuros, donde el Banco Central vendió contratos por unos 2.700 millones de dólares para frenar expectativas de devaluación.
Más de 5.200 millones de dólares salieron del país desde mayo y el Gobierno de Javier Milei no logra frenar la sangría de divisas. Según el centro CIFRA de la CTA, la fuga de capitales absorbió el 44 % del primer desembolso del FMI, en un contexto donde la formación de activos externos superó todos los promedios mensuales registrados por el Banco Central desde 2003. A pesar del ingreso de fondos del organismo internacional, las reservas netas cerraron julio con un saldo negativo de 9.575 millones de dólares, muy lejos de la meta fijada para diciembre.
Frente a este escenario, el Gobierno lanzó una serie de instrumentos financieros como Lecaps, Bopreales y Bonte 2030, con el objetivo de contener la presión cambiaria, pero las licitaciones fracasaron o tuvieron rendimientos negativos. Incluso se reintrodujeron herramientas que habían sido eliminadas, como los pases pasivos diarios, para absorber liquidez y evitar que se vuelque al dólar. La falta de confianza quedó clara cuando los bancos decidieron no canjear en su totalidad sus LEFI por Lecaps, obligando al Ministerio de Economía a lanzar una segunda licitación con mayores tasas.
A esto se suma la intervención en el mercado de futuros, donde el Banco Central vendió contratos por unos 2.700 millones de dólares para frenar expectativas de devaluación. Sin embargo, el tipo de cambio aumentó y persiste la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para acumular reservas. El FMI suspendió el desembolso previsto para junio por 2.028 millones de dólares, mientras evalúa si otorgará el siguiente, pautado para septiembre. La presión también llega desde la cuenta corriente, impulsada por la apertura importadora, los viajes al exterior y el pago de intereses.
El panorama se agrava con los próximos compromisos de deuda: más de 10.000 millones de dólares entre agosto y diciembre, casi 29.000 millones en 2026 y 36.000 millones en 2027, sumando obligaciones del Tesoro, el Banco Central, provincias y grandes empresas. Algunas ya entraron en default, como Generación Mediterránea, Celulosa y Agrofina. Con los mercados de crédito cerrados y el endeudamiento en alza, el modelo económico se vuelve cada vez más insostenible, advierte CIFRA, que señala como núcleo del problema la fuga constante de capitales y la dependencia absoluta del financiamiento externo.
El asunto tomo una magnitud tal que ahora el Congreso activará una comisión para tratar salarios y atención médica.
Más de 2.200 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad federales presentaron su baja voluntaria en la primera mitad del año, marcando un récord de deserciones respecto a períodos anteriores. La situación, que refleja un creciente malestar por los bajos salarios y la crisis en la atención médica, obligó al Congreso Nacional a intervenir.
Tras la publicación del informe por parte del portal Misiones Online, desde el Senado confirmaron la creación de una subcomisión específica para investigar el deterioro salarial y las fallas en la cobertura de salud que afectan tanto a personal activo como retirado.
El senador misionero Enrique Martín Goerling, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Seguridad Interior, reconoció la gravedad del problema. “Los reclamos son reales”, afirmó, y adelantó que ya se trabaja en una línea directa para atender estas demandas que atraviesan a las fuerzas armadas y a las de seguridad federales.
Las cifras alarmantes se atribuyen principalmente a sueldos bajos y a la crítica situación de la obra social IOSFA, que brinda cobertura a más de 600.000 personas entre militares, gendarmes, prefectos y sus familias. Las quejas abarcan desde demoras en atención médica hasta cortes de servicios y cobros excesivos, especialmente en provincias del interior donde las opciones son limitadas. A ello se suma el malestar por los altos descuentos mensuales destinados a la obra social, que van desde 100 mil a más de 300 mil pesos, sin una contraprestación adecuada.
Goerling, cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, confirmó que IOSFA se encuentra bajo auditoría interna, pero remarcó que los problemas se arrastran desde gestiones anteriores y que la situación es mucho más crítica fuera de Buenos Aires.
El legislador adelantó que la subcomisión no solo investigará la situación sanitaria, sino también las condiciones salariales y laborales de los efectivos. Aunque aclaró que la política salarial es potestad del Poder Ejecutivo, el Congreso se compromete a ejercer un rol activo de fiscalización, recepcionando reclamos y peticionando ante las autoridades correspondientes.
En paralelo, se analiza la creación de un observatorio para monitorear las situaciones de las policías provinciales, dada la creciente cantidad de denuncias por abusos o conflictos internos.
Finalmente, Goerling señaló que la Bicameral ya está estudiando las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Seguridad vía decreto, modificaciones que también impactan en las condiciones laborales y alimentan el descontento entre el personal. “Estamos ante una situación delicada que requiere atención urgente para evitar un colapso aún mayor en el sistema”, advirtió.
El jefe del Gabinete de Asesores abandonó su cargo tras sus polémicas declaraciones. Continúa al frente de Nucleoeléctrica, mientras crecen las versiones de reacomodamientos internos en la mesa chica del gobierno.
Demian Reidel presentó su renuncia como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia, una salida que se da en medio de un clima de tensión interna en el oficialismo. El funcionario había sido protagonista meses atrás por su frase incendiaria ante empresarios extranjeros: “El problema de Argentina es que está poblada por argentinos”.
El Ejecutivo oficializó su salida este lunes a través del decreto 481/2025, aunque la dimisión tiene vigencia desde el 17 de julio. No se dieron explicaciones públicas ni se nombró aún a su reemplazo. Reidel, sin embargo, seguirá al frente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), clave en el desarrollo del plan nuclear nacional.
A través de sus redes sociales, el economista intentó mostrar un perfil técnico y comprometido: anunció que se abocará de lleno a la ejecución del “Plan Nuclear Argentino”, que incluye un reactor modular y una nueva empresa, YPF Nuclear. También insistió en que su “compromiso con el gobierno es total”, pese al cambio de funciones.
El perfil de Reidel, formado en Harvard y con pasado en JP Morgan, venía siendo promocionado por Javier Milei como uno de sus cerebros económicos. Pero sus declaraciones altisonantes, sumadas al desgaste interno, aceleraron su salida. Su frase despectiva sobre los argentinos generó fuerte rechazo en sectores sociales y sindicales, que lo acusaron de “despreciar al pueblo que gobierna”.
El alejamiento se produce poco después de que Santiago Caputo fuera corrido de los centros de decisión. En ese contexto, crecen los rumores de que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, estaría consolidando su poder en la cúpula libertaria y promoviendo un rediseño del círculo presidencial.
La renuncia de Reidel se suma a la ya larga lista de bajas y recambios en menos de ocho meses de gestión. El gabinete de Milei, cada vez más reducido y volátil, enfrenta así nuevas señales de inestabilidad política mientras intenta sostener su discurso de “refundación” del Estado.
La empresa petrolera estatal YPF aplicó un incremento promedio del 2,5% en los precios de sus combustibles a partir de las 0 del domingo. La medida afecta a todas las estaciones del país. El incremento empeorará el poder adquisitivo de millones de argentinos que se mueven en auto. ¿Esta vez sí lo registrará el INDEC?
En lo que va del 2025, el salario promedio de los trabajadores cayó más del 5% por las políticas de ajuste del gobierno de libertario que tienen al mundo del trabajo como su principal víctima.
Mientras, el INDEC sorprende cada mes con datos sobre la suba de precios que indican que la misma no supera el 2% mientras millones de argentinos sufren a diario un ajuste que cada vez se hace más insostenible.
El antimileismo se ha convertido en el nuevo dato destacado de la política argentina y ya supera la mitad de la población con un 53,6%. Así lo aseguró la nueva encuesta de Zuban-Córdoba. Hace unos meses, era del 46%.
Según el estudio, desde enero la identificación con los libertarios bajó 4,3% y la resistencia a La Libertad Avanza subió 7,1%.
Según el mismo trabajo un 38,3% de los consultados expresó su intención de votar al oficialismo en las próximas elecciones mientras que el 52,8% pretende castigarla con su voto. Se encienden luces rojas para un gobierno que por ahora solo ajustó a millones de argentinos.
Según un informe publicado por el diario Perfil, el gobierno de Javier Milei ya enfrenta serias dificultades para llegar con financiamiento suficiente al segundo semestre, justo cuando la demanda de dólares suele ser más alta y además, en un contexto electoral que le suma incertidumbre al gobierno.
Luis “Toto” Caputo volvió a hacer lo que mejor sabe: en apenas 45 días se esfumaron 5.300 millones de dólares, lo que representa el 44% del primer desembolso que el Fondo Monetario Internacional (FMI) giró a la Argentina. Según un informe publicado por el diario Perfil, el gobierno de Javier Milei ya enfrenta serias dificultades para llegar con financiamiento suficiente al segundo semestre, justo cuando la demanda de dólares suele ser más alta y, además, coincidirá con el clima electoral.
Desde la llegada de los fondos, el mercado cambiario mostró fuertes tensiones. El precio del dólar se disparó hasta tocar el límite superior de la banda establecida por Caputo y su equipo, obligando al gobierno a intervenir en el mercado de futuros para evitar un desborde mayor.
El informe de Perfil, apoyado en datos del Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina (CIFRA), señala que desde la flexibilización cambiaria hasta mediados de abril, la formación de activos externos (FAE) sumó 2.021 millones de dólares en abril y otros 3.226 millones en mayo. En conjunto, ya se esfumaron más de 5.200 millones, casi la mitad de los 12.000 millones ingresados tras el acuerdo de Milei con el FMI.
Para ponerlo en perspectiva, CIFRA remarcó que la fuga de mayo superó los promedios mensuales registrados desde 2003, e incluso dejó atrás los niveles alcanzados durante la debacle financiera de los años 2018 y 2019 bajo Mauricio Macri, cuando Caputo también fue pieza clave.
Alarmas encendidas
El economista Carlos Melconian fue tajante al analizar la situación: “En estos tres meses se fueron 10.000 millones de dólares de personas humanas. Ya se comieron Vaca Muerta”, advirtió en declaraciones a Radio Rivadavia. Según Melconian, el actual tipo de cambio “no es de equilibrio, le metas la tasa que le metas”.
Las advertencias también llegan desde el exterior. El Financial Times advirtió que esta fuga meteórica puede dejar a la Argentina sin los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda con acreedores privados, comprometiendo cualquier intento futuro de volver a los mercados internacionales.
Pese al drenaje feroz, en la Casa Rosada mantienen optimismo sobre la próxima revisión del FMI correspondiente a junio, de la cual esperan con ansias otros 2.000 millones de dólares. Sin embargo, todos los analistas coinciden:Milei y Caputo van a necesitar un waiver porque no lograrán cumplir la meta de reservas netas.
En resumen, el guion parece repetirse: el Toto Caputo lo hizo de nuevo. Una lluvia de dólares que en tiempo récord se convirtió en un desierto.
Al tratarse de un fideicomiso no auditado, el Poder Ejecutivo puede disponer de esos fondos con total discrecionalidad, sin auditorias, controles externos ni obligación de rendir cuentas.
Mientras miles de argentinos pagan impuestos cada vez que cargan nafta o GNC, el gobierno de Javier Milei mantiene paralizadas obras claves para evitar inundaciones, acumulando recursos que deberían destinarse a proteger a la población.
Cada litro de combustible líquido vendido en el país incluye un 5% de recargo, y en el caso del GNC la alícuota asciende al 9%. Estos montos, aportados de manera obligatoria por automovilistas y transportistas, alimentan el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado en 2001 tras la catastrófica inundación que azotó la provincia de Buenos Aires. Su objetivo siempre fue claro: financiar obras para prevenir desastres hídricos.
Sin embargo, un documento oficial muestra que durante el primer trimestre de 2025 el Fondo recaudó $41.201 millones, una cifra récord que representa un aumento real del 304% respecto a años anteriores, impulsado por la suba del precio de los combustibles tras la desregulación del mercado impulsada por Milei.
Lo escandaloso es que, a pesar de esta recaudación histórica, el gobierno prácticamente no utilizó esos fondos para obras, acumulando un superávit de $37.948 millones en tan solo tres meses. Es decir, el dinero que debería destinarse a evitar inundaciones está siendo retenido por el Estado sin que se informe en qué se está utilizando.
Más grave aún: al tratarse de un fideicomiso no auditado, el Ejecutivo puede disponer de esos fondos con total discrecionalidad, sin controles externos ni obligación de rendir cuentas. Esto ocurre mientras gran parte de la región pampeana ya enfrenta excesos hídricos y las proyecciones climáticas indican que las lluvias seguirán castigando a las zonas productivas y pobladas del país.
En resumen, el documento oficial confirma que el gobierno de Mileise “encanuta” los recursos que miles de argentinos pagan cada vez que cargan combustible, ignorando las necesidades urgentes de obras hidráulicas y dejando a miles de personas bajo la amenaza de futuras inundaciones.
El escándalo de las contrataciones al clan Menem en el Banco Nación generó una fuerte conmoción interna. Desde el oficialismo reconocieron que Milei está “descompuesto” de la furia, convencido de que el caso golpea su bandera “anticasta” en plena recta final hacia las elecciones legislativas.
El escándalo por la millonaria contratación del Banco Nación al clan Menem desató una tormenta en el corazón del poder. Javier Milei reaccionó con furia tras conocerse que la entidad estatal adjudicó casi 4.000 millones de pesos a Tech Security, la empresa vinculada a Fernando y Adrián Menem, hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La bronca del Presidente fue tal que no solo descargó contra los Menem, sino que también le reprochó duramente a su propia hermana Karina Milei, principal sostén político del riojano dentro del Gobierno. Karina no solo avaló la permanencia de Martín Menem en Diputados, sino que también promovió a su primo “Lule” Menem como su mano derecha en la Secretaría General de la Presidencia.
La adjudicación generó una fuerte conmoción interna. Funcionarios del propio oficialismo reconocieron que Milei está “descompuesto” de la furia, convencido de que el escándalo golpea su bandera de “anticasta” en plena recta final hacia las elecciones legislativas.
El vínculo de los Menem con Tech Security no es menor: el propio Martín Menem fue socio fundador de la empresa y solo “cedió” sus acciones a su hermano Adrián cuando asumió en la Cámara Baja, buscando eludir incompatibilidades legales. Sin embargo, la operación salió a la luz y reactivó las sospechas sobre los negocios paralelos del histórico clan riojano.
No es secreto que Milei nunca quiso a Menem como presidente de Diputados, prefería al macrista Cristian Ritondo. Ya en febrero había quedado marcado tras el escándalo de la empresa cripto Libra, donde incluso fue apodado “el señor de la Wallet” por su cercanía con el esquema que vació cuentas de miles de ahorristas.
Ahora, el caso Tech Security colmó la paciencia presidencial. Según trascendió desde el círculo íntimo, Milei ya tomó la decisión de desplazar a los Menem después de las elecciones legislativas. En Balcarce 50 reconocen que la pelea interna entre Karina Milei y Santiago Caputo agravó la situación, pero la bronca del Presidente es personal: no está dispuesto a permitir que casos de corrupción interna destruyan su imagen frente a la sociedad.
“Después de octubre se tienen que ir todos”, resumió un funcionario cercano a Milei, que no descartó que puedan estallar más escándalos ligados a los Menem.
Al parecer, el exfutbolista no soportó las constantes agresiones de un cocinero al que también acusaron de estar pasado de copas y que luego subió la apuesta con sus dichos.
“Argentina no va a negociar con las partes demandantes”. De esta manera el vocero presidencial, Manuel Adorni, le cerró las puertas este viernes a un eventual diálogo con los fondos buitre, que obtuvieron en primera instancia un fallo favorable en el juicio por la expropiación de YPF y exigen el pago de 16.099 millones de dólares. En paralelo, los propios demandantes aclararon que su interés no es quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera -y el control de la compañía-, sino que buscan que el Gobierno deposite una “garantía” para tramitar la apelación en marcha.
En primer lugar, el vocero presidencial celebró el fallo que suspendió la entrega de acciones Clase D, ordenada por Loretta Preska el 30 de junio pasado. “Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF. En consecuencia, la decisión de la jueza se encuentra temporalmente suspendida”, dijo Adorni en conferencia de prensa.
En ese marco, el portavoz aclaró que “esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida si mantiene la suspensión durante todo el tramite de apelación de entrega de las acciones” y remarcó que “no hay un plazo determinado para eso”.
Adorni realizó estas declaraciones horas después de que el gobierno de Estados Unidos volviera a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF. El apoyo se concretó tras una presentación escrita del Departamento de Justicia, que se ofreció como amicus curiae en la causa.
El gobierno de Donald Trump pidió que se suspenda la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana, evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva correctamente en la instancia de apelación.
La presentación se concretó en las tres causas vinculadas a la entrega de acciones de YPF, iniciadas por demandantes distintos: Petersen Energía Inversora S.A.U. (Case: 25-1687, a cargo de Burford Capital), Eton Park Capital Management (Case: 25-1689) y Bainbridge Fund Ltd. (Case: 25-1686), que corresponde a una parte todavía impaga de la deuda en default del 2001.
Con este apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Gobierno se animó a cerrar nuevamente la posibilidad de iniciar contactos con los fondos para analizar un acuerdo extrajudicial. “Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier discusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos”, sentenció Adorni.
Fondos buitre no quieren controlar YPF
En medio de la presentación del Departamento de Justicia y de los dichos de Adorni, se conoció que los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera, si es que las reciben como parte del cobro del juicio ganado.
Los fondos presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía. Así lo informó el especialista Sebastián Maril, quien además precisó que los demandantes también manifestaron su oposición a que Argentina apele sin presentar una garantía financiera.
De acuerdo a la interpretación de Maril, este planteo, presentado en las últimas horas ante la justicia estadounidense, modifica el escenario procesal del caso.
Es que los beneficiarios del fallo expresaron que no aceptarán una apelación sin garantía. Según Maril, consideran que si Argentina pierde la apelación sin haber dejado una garantía suficiente, será difícil luego ejecutar el fallo por 16.099 millones de dólares.
En esta línea, indicaron que si reciben acciones de YPF como parte de un eventual cobro, no buscarán conservarlas y que tratarán de restituirlas por un mecanismo adecuado. O sea, venderlas.
Cómo sigue el juicio por YPF
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el Estado debía pagar 16.099 millones de dólares por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de la empresa.
Argentina apeló y el caso está ahora en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con la apelación y evitar una ejecución inmediata del fallo, el país debe ofrecer una garantía financiera. Sin embargo, todavía no lo hizo.
