La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof estrecharon lazos con una reunión clave en la Ciudad de Buenos Aires para consolidar una estrategia electoral conjunta en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, refleja un claro gesto de unidad frente a las amenazas que emergen del avance de La Libertad Avanza y el PRO, fuerzas que buscan arrebatar el control en la principal jurisdicción electoral del país. Este encuentro fue el segundo contacto directo entre los referentes en menos de una semana, luego de un primer diálogo telefónico que sirvió para limar asperezas y afianzar la coordinación.

Pese a las tensiones del pasado, donde Axel Kicillof mantuvo distancia pública en momentos claves dentro del Partido Justicialista, la necesidad de presentar un frente unido ante el desafío electoral superó las diferencias. La presencia de Máximo Kirchner en la reunión reforzó el mensaje de cohesión y compromiso político en torno al proyecto que impulsa el oficialismo.

Mientras tanto, en la calle y en el terreno político, la oposición intensifica su campaña. Los libertarios, confiados en captar votos en la Tercera Sección Electoral, apuestan por candidaturas pegadas al partido de Macri y a operadores mediáticos de poca monta. Sin embargo, el movimiento peronista responde con señales claras de fortaleza interna, comenzando por la propia foto de unidad de sus principales figuras.

La estrategia apunta a neutralizar la dispersión del voto y consolidar el apoyo en cada uno de los distritos, conscientes de que los comicios de septiembre y octubre serán decisivos para definir la correlación de fuerzas en el Congreso.

Con esta reunión, Cristina, Máximo y Kicillof envían un mensaje contundente: ante la amenaza opositora, la respuesta es la unidad y la coordinación firme, sellando una alianza que, en los próximos meses, buscará imponerse en la provincia más decisiva del país.

La ministra de Seguridad mantiene con dinero público a su agrupación de militantes “Halcones Republicanos”, acomodándolos en cargos estatales y repartiendo contratos dentro de su ministerio, e incluso organizando encuentros pagos con funcionarios.

Con un discurso inflexible contra la corrupción y la promesa de transparencia como bandera, Patricia Bullrich no ha dejado de repetir que llegó para “ordenar” el Estado. Pero en los hechos, la ministra de Seguridad sostiene con dinero público a su agrupación juvenil Halcones Republicanos, colocándolos en cargos estatales, repartiendo contratos dentro de su ministerio, y hasta organizando encuentros pagos con funcionarios, mientras presenta todo como una cruzada ética.

La estructura política que acompaña a Bullrich desde hace años no es casual ni improvisada: está pensada para ocupar espacios del Estado en cada gestión, no solo para mantener fidelidad política, sino también para sobrevivir en los años de vacas flacas. Así, los Halcones Republicanos, su agrupación juvenil de línea dura, no sólo siguen su trayecto del PRO a La Libertad Avanza, sino que han sido premiados con puestos dentro del Ministerio de Seguridad, sin tapujos. ¿Y la meritocracia proclamada por la ministra? bien gracias.

Su ex vicepresidente en Jóvenes PRO y ahora mano derecha en los Halcones, Iván Velasco, hoy es secretario del Consejo de Seguridad Interior. Le siguen otros miembros de la comisión directiva, como Sofía Dutallaz Piñar, Camille Molina, Francisco Chagnier, Benjamín Larsen, Marcos Casal y más: todos con suculentos contratos estatales, todos con vínculos directos con Bullrich, todos parte de la estructura que se financia desde el Estado, mientras se presentan como “defensores del orden, la república y la libertad”.

🚨URGENTE🚨

Patricia Bullrich fue grabada anoche borracha bailando con adolescentes en una muy lujosa fiesta de Puerto Madero

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— SIDE twitera (@ladoblevara_) May 11, 2025

A esto se suma la rebautizada ONG Ícona —antes Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, intervenido por irregularidades y desvío de fondos— ahora presidida por María Oneto, quien fuera la recaudadora de su campaña presidencial. Lejos de desaparecer, Ícona sigue ofreciendo “conversaciones íntimas” con funcionarios públicos a cambio de entradas que oscilan entre $350.000 y $500.000, otra forma de monetizar el acceso al poder bajo el ropaje de lo institucional.

Bullrich parece seguir al pie de la letra la fórmula que tanto critica: utilizar recursos del Estado para beneficio político propio, financiar militancia con fondos públicos y ofrecer acceso a funcionarios como si se tratara de un producto VIP. Mientras tanto, su relato de “ética republicana” y su prédica contra la “casta política” se desmoronan frente a una realidad que exhibe una red de favores, designaciones cruzadas y captación de recursos estatales para sostener su capital político.

A este escandalo se suma la reciente difusión de un video donde Patricia Bullrich aparece bailando en una fiesta con jóvenes militantes de su espacio político, varios de ellos aparentemente menores de edad, este hecho bochornoso reavivó los cuestionamientos sobre su conducta pública y privada. En redes sociales y en ámbitos políticos, las críticas no tardaron en llegar, alimentadas por la percepción de que la ministra no solo incurre en actitudes impropias de su investidura, sino que además podría haber estado en un estado inconveniente para una funcionaria de su rango. Mientras se muestra como la garante del orden y los valores republicanos, su presencia en este tipo de eventos privados expone una desconexión preocupante entre su prédica moralista y su accionar personal.

¿Es esta la nueva transparencia? No, es simplemente la vieja política de la cual proviene la ministra Bullrich ahora presentada con una nueva careta de meritocracia y lucha contra la casta.

Florencia Carignano acusó a Gerardo Milman de ser el ideólogo del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y desató una feroz pelea con las diputadas libertarias.

La diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, protagonizó un momento explosivo en el Congreso al acusar sin filtros a Gerardo Milman de estar detrás del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. “Estás aceptando que estamos en democracia y no nos mandaste a gatillar a ninguno”, lanzó, mientras el recinto se estremecía por la dureza de sus palabras.

El clima ya caldeado terminó por explotar cuando Lilia Lemoine y Nadia Márquez intentaron interrumpir su discurso. Carignano no se guardó nada y las fulminó con un “Callate vos, loca” y más tarde, directamente, un “Callate la boca, gato”, generando una ola de gritos e intervenciones desde todos los bloques.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, intentó calmar los ánimos, sin éxito. Márquez reclamó que las diputadas libertarias son agredidas por “ser rubias” o por “hablar mucho”, y afirmó estar harta de la violencia discursiva. “No tengo huevos, pero me los inflaron”, lanzó, visiblemente alterada.

Lemoine contraatacó por redes sociales, acusando a Carignano de representar lo peor del “feminismo kirchnerista” y reclamando sanciones. La escena, más propia de un programa de chimentos que de un debate legislativo, dejó en evidencia la fractura total en el Congreso y el tono cada vez más beligerante del oficialismo y la oposición.

Ayer, Diputados aprobó proyecto opositor que dispone un modesto aumento de 7,2% en las jubilaciones y ordena la restitución de la moratoria por dos años. Se trata de una suba mensual de alrededor de 30 mil pesos para millones de jubilados que hoy ganan menos de 400 mil pesos.

Para el gobierno de Javier Milei ese posible incremento es “demagogia populista” y por eso le pidió al Senado que no lo apruebe. De hacerlo, lo vetará.

Por su parte, el vocero Adorni, que gana alrededor de 4 millones de pesos al mes, aseguró que “el camino populista” se terminó. E insistió con el veto de avanzar la iniciativa. La oposición pretende que se suban las jubilaciones y el bono que se destina a los trabajadores pasivos de menores ingresos. Es una suba irrelevante que podría aliviar a millones de personas. Mientras, cada mes se destinan miles de millones de pesos al pago de la deuda, que Milei no deja de incrementar.

La Libertad Avanza, el PRO y la mayor parte de UCR no dieron quórum y se sumaron solo cuando la oposición lo consiguió

Pese a los intentos del gobierno nacional para hacer caer la sesión y la amenaza de veto por parte de Milei, la oposición consiguió quórum para avanzar y la Cámara de Diputados aprobó así el aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y la actualización del bono de $70.000 a $110.000.

Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, los bloques opositores lograron la media sanción en una mejora económica para los jubilados que ahora deberá debatir el Senado, aunque el Presidente ya anticipó su veto a todo lo que se apruebe.

La Libertad Avanza, el PRO y la mayor parte de UCR no dieron quórum y se sumaron solo cuando la oposición lo consiguió, aunque se desmarcaron de la postura del bloque los radicales Fabio Quetglas, Julio Cobos, Natalia Sarapura, y Mario Barletta, quienes fueron clave para ayudar al quórum.

La sesión alcanzó el quorum gracias a que, a diferencia del primer intento frustrado hace dos semanas, estuvieron presentes cuatro de los cinco legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jujeño Jorge Rizzotti -cercano al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir-; los radicales Natalia Sarapura y Fabio Quetglas (UCR), que se sumaron a Julio Cobos (el único radical que estuvo en la anterior sesión frustrada) y Lourdes Arrieta, exdiputada libertaria.

Otros legisladores que facilitaron el quorum fueron cinco de los siete diputados que responden al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y la diputada Fernanda Avila, cercana al gobernador Raúl Jalil. Además, estuvo presente Vilma Ripoll, diputada de izquierda que, por cuestiones de salud, no pudo estar presente en la última sesión frustrada.

El máximo tribunal desestimó el planteo de la vicepresidenta que recusó al ministro Ricardo Lorenzetti por presunta parcialidad manifiesta y falta de independencia. Se postuló el domingo, salió el fallo el miércoles .

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó este jueves el recurso de recusación presentado por Cristina Fernández de Kirchner contra el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa Vialidad , uno de los casos judiciales más resonantes que involucran a la vicepresidenta.

Este fallo da por cerrado el trámite de recusación y abre el camino para que el Jurado de Enjuiciamiento retome la discusión sobre si corresponde o no elevar a juicio político la acusación contra la vicepresidenta por presuntas irregularidades en el otorgamiento de contratos viales durante su gestión como presidenta.

La recusación se había presentado bajo el argumento de que Lorenzetti mantenía una posición sesgada y de antipatía institucional hacia CFK , algo que el propio magistrado negó. La Corte consideró que no existían motivos válidos para apartarlo del procedimiento , dejando en claro que seguirá conduciendo el proceso hasta su desenlace.

Este paso judicial marca un nuevo hito en un proceso que ha sido calificado por sectores kirchneristas como “una campaña de persecución judicial” , mientras que desde sectores opositores se lo ve como parte de una redefinición institucional del rol de la justicia en temas políticos .

La decisión de la Corte no implica una condena ni un juicio político automático, pero sí permite que se avance en un escenario donde la tensión entre el poder político y el judicial sigue siendo una constante.

Se postuló el domingo, salió el fallo el miércoles

Este viernes se conoció el fallo de la Corte, justo tres días después de que Cristina Fernández anunciara públicamente su decisión de postularse como precandidata en la tercera sección electoral bonaerense , un territorio estratégico que incluye ciudades como La Plata, Berisso, Ensenada, Mar del Plata y otras localidades del interior provincial .

Esa decisión política, tomada este lunes, fue interpretada por sus aliados como un movimiento para consolidar unidad dentro del peronismo federal y frenar tensiones internas. Pero también generó inmediatas reacciones desde el oficialismo, que aprovechó para redoblar el discurso judicial contra la vicepresidenta.

Muchos analistas y figuras del arco político opositor ya señalan la coincidencia en el tiempo entre el anuncio electoral y la celeridad judicial : ¿Es casualidad que justo ahora se empiecen a resolver trámites pendientes en causas que la involucran?

Sea como fuere, el cronograma electoral y el calendario judicial comienzan a entrelazarse , y eso promete tensiones crecientes a medida que se acerquen las PASO de agosto y las legislativas de octubre.

Familiares, profesionales y organizaciones se movilizaron este miércoles para exigir la declaración de emergencia nacional en discapacidad, denunciar recortes en prestaciones y rechazar el discurso oficial que estigmatiza a las personas con necesidades especiales.

Miles de personas se concentraron este miércoles frente al Congreso Nacional en una nueva movilización por la declaración de emergencia nacional en discapacidad , un reclamo colectivo que busca frenar los recortes en programas esenciales y garantizar el acceso a tratamientos, medicamentos y apoyo educativo para quienes más lo necesitan.

Entre los asistentes se encontraban familiares de personas con discapacidad, trabajadores de la salud, la educación y otras áreas vinculadas a la atención de personas con necesidades especiales , que denunciaron una progresiva reducción de recursos y una falta de respuesta institucional ante situaciones críticas.

Florencia , madre de Santiago , un adolescente de casi 15 años diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), contó su experiencia: “Por todos los recortes le sacaron la psicopedagoga que tenía, que la Junta Médica justificó diciendo que no la necesita”. Y agregó: “Estar acá para mí es todo un desafío. Soy hiperacúsica, tengo problemas sensoriales y me puede dar un meltdown , pero lo hago por mi hijo”.

En diálogo con Minuto Uno, Florencia expresó: “Nunca imaginé en mi vida que iba a vivir semejante crueldad. Nunca me sentí desamparada, vulnerable, que nadie nos protege y hoy en día hay libertad de insultar o vapulear o hacer bullying a un chico de 12 años, nada menos que el Presidente. Es como que hay una inmunidad total”, en clara referencia a declaraciones públicas del presidente Javier Milei.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad , explicaron que detrás de ciertas declaraciones oficiales podría haber intereses económicos: “Las organizaciones de y para personas con discapacidad están enfrentando el discurso que el gobierno despliega y que dirigentes de obras sociales hace tiempo vienen planteando: ‘¿Cuánto le cuesta a la gente, que no es familiar, la atención de un discapacitado?’, ‘¿por qué yo tengo que pagar la atención de tu hijo con discapacidad?’. Esta situación y afirmaciones pueden ser una cuestión ideológica, pero también la realidad muestra que es una cuestión económica para ciertos interesados”.

El Foro también respondió al polémico mensaje del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo , quien afirmó que “su discapacidad no es problema del Estado”. Desde la organización señalaron: “La atención de las personas con discapacidad, salvo lo que proviene de los fondos públicos que surge de los impuestos que pagan los ciudadanos, se cubre con los aportes privados dentro de un sistema de seguro social, como por ejemplo, una operación de apéndice. Nadie se queja de por qué tiene que pagar esa operación, ya que se entiende que la pagó él o su grupo familiar a través de los aportes a un sistema de seguro solidario”.

La protesta forma parte de un “supermiércoles” de movilizaciones que incluyó además la marcha habitual de jubilados y la conmemoración por el Ni Una Menos , que fue trasladada para sumarse a “unir las luchas”.

La diputada nacional Lilia Lemoine , militante de La Libertad Avanza, sin formación académica y promotora de teorías conspirativas sacadas de YouTube, como el terraplanismo, reaccionó con desprecio al reclamo de los profesionales del Hospital Garrahan: “Tenés la libertad de hacer otra cosa”.

Mientras los médicos residentes del Hospital Garrahan exigen sueldos dignos que reflejen su carga horaria y responsabilidad profesional, la diputada nacional Lilia Lemoine —militante de La Libertad Avanza, sin formación académica y promotora de teorías conspirativas como el terraplanismo— reaccionó con desprecio: “Tenés la libertad de hacer otra cosa”, fue su insultante respuesta a los reclamos del personal de salud.

La polémica estalló en redes sociales tras un tuit en el que Lemoine ironizó: “Nadie tiene por qué pagar por tus sueños. Yo soñaba con ser astronauta. ¡Quiero que me paguen mi sueño ya!” La diputada, que acaba de recibir un nuevo aumento y pasará a cobrar más de 3 millones de pesos mensuales, desestimó el pedido de médicos que ganan apenas una fracción de ese monto, pese a contar con años de formación y trabajar jornadas agotadoras en uno de los hospitales pediátricos más importantes del país.

Leandro Crisso, residente de segundo año en el Garrahan, le respondió con contundencia: “Somos médicos matriculados. Están gobernando, háganse cargo”. Lemoine no se quedó atrás y redobló la apuesta: “Siempre podés renunciar y trabajar de algo que te convenga. ¿Por qué yo pude y otros no?”, escribió, equiparando su recorrido personal con la realidad de profesionales de la salud pública.

Pero la legisladora fue más allá, poniendo en duda la necesidad de sostener la formación médica: “Si dejan de formarse pediatras ahí sí, veremos qué pasa”. Incluso se quejó de que a los médicos se los “cuide más que a un albañil o a una cocinera”, ignorando por completo el rol estratégico y especializado que cumplen en el sistema de salud.

Crisso explicó que su sueldo es de 830 mil pesos más un bono de 200 mil, y remarcó la hipocresía de Lemoine: “Desde su comodidad de ganar 3.9 millones siendo diputada, es fácil opinar”.

El episodio volvió a encender la indignación pública: una diputada que llegó al Congreso sin experiencia ni títulos, que difunde discursos anticientíficos y teorías marginales, y que hoy cobra un salario millonario, le dice a los médicos que sostienen la salud infantil del país que “se dediquen a otra cosa” si no están conformes.

En un país donde el personal de salud es esencial y ha demostrado una vocación incuestionable, la respuesta de Lemoine no solo es desubicada, sino insultante.

Mientras la narrativa oficial insiste en que la economía argentina transita un camino de recuperación, la realidad demuestra lo contrario: la recesión avanza sin freno y los cierres de empresas se multiplican, encendiendo todas las alarmas sobre una bomba de tiempo en el mercado laboral.

Casos como el de Lácteos Verónica y la metalúrgica Futura evidencian que lejos de una reactivación, el país atraviesa un proceso de contracción profunda que pone en jaque a miles de trabajadores. En Santa Fe, las tres plantas de Verónica permanecen paralizadas, dejando a más de 700 empleados sin cobrar sus salarios en tiempo y forma y sin respuestas concretas por parte de la empresa, que acumula cheques rechazados por más de 800 millones de pesos. La desconfianza crece no solo entre los trabajadores, sino también entre los productores tamberos, generando una parálisis productiva casi total.

Por su parte, Futura, una histórica firma metalúrgica de Gualeguaychú, anunció su cierre definitivo tras más de 50 años de actividad. La empresa alegó falta de ventas y pérdida de competitividad como causas del cierre. A sus trabajadores solo se les ofreció un retiro voluntario con pago parcial de indemnizaciones, y en caso de rechazo, deberán iniciar acciones legales. Este patrón se repite en numerosos sectores industriales a lo largo del país.

La supuesta recuperación también queda en entredicho en Tucumán, donde el reciente desembarco de Coca-Cola en el Ingenio Bella Vista, a través de su subsidiaria Arca Continental, trajo promesas de desarrollo, innovación y empleo. Sin embargo, la primera medida fue el despido de 60 trabajadores, provocando protestas y un nuevo foco de tensión laboral. Las declaraciones optimistas de las autoridades locales, que auguraban “más oportunidades y movimiento económico”, hoy contrastan con la quema de cubiertas y la incertidumbre que vive la comunidad de Bella Vista.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno sostiene una narrativa de “recuperación sólida y ordenada”. Pero los hechos demuestran lo contrario: las empresas cierran, la producción cae, el empleo formal se destruye y las inversiones reales no alcanzan a contener el deterioro. La bomba del desempleo ya está encendida y cada nuevo cierre agrega mecha a una situación explosiva, situación que podría agravarse en los próximos meses con la apertura importadora impulsada por el gobierno nacional.

Lejos de ser excepciones, los casos de Verónica, Futura y Bella Vista son reflejo de una economía atrapada entre el ajuste, la falta de consumo interno y una crisis de confianza que recorre toda la cadena productiva. La brecha entre el relato oficial y la vida cotidiana de miles de trabajadores crece a cada hora. Mientras en los discursos se celebra la inversión, en las calles se multiplican las protestas. La recesión no es un dato aislado: es la realidad que golpea con fuerza, desmintiendo cualquier promesa de reactivación sostenible.

Mientras el gobierno le pasa la motosierra al Hospital Garrahan, a las jubilaciones y universidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo del empresario amigo de Milei, Gerardo Werthein gasta fortunas en escandalosas licitaciones.

El gobierno de Javier Milei continúa aplicando un ajuste despiadado que golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables. Uno de los casos más indignantes es el del Hospital Garrahan, símbolo de la salud pediátrica pública, que sufre recortes presupuestarios que amenazan su normal funcionamiento. Sin embargo, mientras se cercenan recursos vitales para niñas y niños, en otro rincón del Estado se despliega una opulencia escandalosa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por el empresario y amigo personal de Milei, Gerardo Werthein, acaba de adjudicar una licitación por 183.456.000 pesos para el alquiler de una flota de vehículos de alta gama con chofer, un gasto difícil de justificar en medio del brutal ajuste que impone el gobierno.

La licitación —tramitada bajo el número 26-0001-LPU25 y oficializada el 2 de junio de 2025— establece una Orden de Compra Abierta por seis meses, con posibilidad de prórroga por otros seis. El contrato contempla más de 3.500 horas de servicio de autos blindados, modelos “premium” como Mercedes Benz Clase C, BMW Serie 3 y Audi A5, además de vans y minibuses. Todos los vehículos deben ser modelo 2019 o más nuevos, con tapizados de cuero, llantas de aleación, climatizador bizona y otros lujos.

Y no solo se exige lujo en los vehículos: los choferes deben vestir uniforme formal, estar disponibles 24/7 y tener teléfonos a bordo. En caso de cualquier inconveniente, el proveedor tiene solo 15 minutos para reemplazar el vehículo, un nivel de exigencia que bordea lo ridículo en un país donde el transporte público se deteriora y millones no llegan a fin de mes.

El servicio no será solo para delegaciones extranjeras, sino también para “funcionarios nacionales” e incluso “invitados especiales” cuya jerarquía ni siquiera se especifica. Es decir, un gasto elitista y discrecional financiado por el bolsillo de los contribuyentes.

De las cuatro empresas que se presentaron, solo una fue admitida: QUICK CAR S.A., que se llevó los siete renglones del contrato. Las otras fueron descartadas por irregularidades, lo que deja en evidencia la escasa competencia real del proceso.

La contradicción es flagrante: mientras se ajusta con crueldad al Garrahan, se destinan millones a garantizar traslados de lujo para una minoría privilegiada del poder. Este contrato no solo desmiente el discurso de “austeridad” que pregona Milei, sino que exhibe con crudeza cómo la “casta” sigue más viva que nunca, ahora blindada en autos de alta gama y alejada del drama cotidiano de la mayoría.