El proyecto logró la adhesión mayoritaria en la legislatura porteña, excepto La Libertad Avanza. Ahora le corresponde al Poder ejecutivo de la Ciudad promulgar la norma.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó este jueves la ley que garantiza la gratuidad del subte para jubilados, pensionados y retirados que perciban hasta dos jubilaciones y media del haber mínimo, lo que alcanzará aproximadamente al 65% de los jubilados de la Ciudad.

El proyecto fue aprobado con una amplia mayoría: 44 votos a favor y 6 abstenciones, todas provenientes del bloque de La Libertad Avanza (LLA), cuyos legisladores decidieron no acompañar la iniciativa. Las abstenciones corresponden a Juan Pablo Arenaza, Rebeca Fleitas, María Luisa González Estevarena, Silvia Imas, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert.

Desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) destacaron que se trata de “un pequeño alivio para los que más están sufriendo” las consecuencias de las políticas nacionales, y subrayaron que fue posible gracias al trabajo conjunto de todo el arco opositor. También remarcaron que el beneficio será irrestricto, funcionará todos los días y deberá renovarse cada cinco años.

SUBTE GRATIS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Acabamos de conseguir en la Legislatura la aprobación de la gratuidad del boleto de subte para jubilados y pensionados que cobren hasta 2,5 haberes mínimos. pic.twitter.com/zrVmOVg0D8

— Legisladores UP CABA (@diputados_caba) July 17, 2025

¿Qué establece la norma?

• Beneficiarios: Jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con domicilio en CABA y con ingresos que no superen dos jubilaciones y media mínimas según ANSES.
• Alcance: El pase gratuito se podrá usar sin límite horario durante toda la semana.
• Trámite: El pase se gestionará en todas las estaciones cabeceras de subte y sedes comunales mediante una tarjeta magnética.
• Renovación: El beneficio tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación indefinida siempre que se mantengan los requisitos. Si el pase no se usa durante dos años seguidos, se dará de baja automáticamente.

Con la sanción ya aprobada por la Legislatura, el Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene ahora la responsabilidad de promulgar la ley para que pueda comenzar a aplicarse.

Un nuevo escandalo sacude al Gobierno de Javier Milei que terminó con la denuncia a propios funcionaros los cuales habrían filtrado información a Estados Unidos para favorecer a los fondos buitre en el juicio por YPF y que la Argentina le entregue la empresa pública a Norteamérica.

Un verdadero terremoto político sacude al Gobierno de Javier Milei tras la denuncia de un nuevo escándalo de gravedad institucional: funcionarios de su propia gestión habrían filtrado información confidencial a Estados Unidos para beneficiar a los fondos buitre y facilitar la entrega de YPF a intereses extranjeros.

La Procuración del Tesoro, organismo clave en la defensa jurídica del Estado, despidió de manera inmediata a 60 empleados luego de tomar conocimiento de la posible filtración de datos estratégicos en pleno juicio internacional por la expropiación de YPF. Si bien el Ejecutivo habla oficialmente de una “reestructuración”, detrás de esta abrupta purga se esconde una acusación explosiva: la posible venta de información sensible para perjudicar deliberadamente a la Argentina en un caso judicial histórico.

El foco de las sospechas recae sobre la figura de Santiago Caputo, principal asesor del presidente y uno de los nombres más poderosos en la mesa chica del Gobierno. El titular de la Procuración durante los hechos, Santiago Castro Videla, habría llegado al cargo con el aval directo de Caputo, lo que alimenta las tensiones internas en el oficialismo.

La denuncia señala que la filtración habría incluido detalles críticos sobre la estrategia legal del país frente a Burford Capital, el fondo buitre que logró un fallo favorable de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para quedarse con el 51% de las acciones Clase D de la petrolera estatal. Aunque recientemente una Cámara de Apelaciones en EE.UU. suspendió la cesión de las acciones, el proceso judicial sigue abierto y la maniobra denunciada podría haber debilitado la defensa argentina de manera irreparable.

Mientras el Gobierno busca minimizar el tema con discursos de “eficiencia” y “austeridad”, la gravedad del escándalo es inocultable: se investiga una traición a los intereses nacionales que podría terminar con la entrega de una de las empresas más emblemáticas del país al poder financiero extranjero. La polémica crece y el caso promete nuevas revelaciones que podrían sacudir aún más a una gestión ya marcada por la crisis y el conflicto.

La vicepresidenta se solidarizó con el cura argentino Gabriel Romanelli y se diferenció de la Cancillería argentina.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se diferenció una vez más del gobierno nacional y condenó con firmeza el bombardeo perpetrado por las fuerzas israelíes contra la iglesia católica Sagrada Familia en la Franja de Gaza, un ataque que dejó cuatro personas muertas y siete heridas, entre ellas el sacerdote argentino Gabriel Romanelli de estrechos vínculos con el Papa Francisco.

A través de su cuenta de X, Villarruel no dudó en señalar directamente a las fuerzas de Israel como responsables del ataque y expresó su “apoyo y solidaridad al Padre Gabriel Romanelli y a toda la feligresía de la Parroquia Sagrada Familia en Gaza, que hoy sufrieron el bombardeo de las fuerzas israelíes”. Además, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad al Padre Gabriel Romanelli y a toda la feligresía de la Parroquia Sagrada Familia en la Franja de Gaza, que hoy sufrieron el bombardeo de fuerzas israelíes. Envío asimismo mis condolencias a las familias de los cuatro muertos y la… pic.twitter.com/lBGdp0JP1H

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2025

Esta declaración de la vicepresidenta contrasta abiertamente con la postura tibia de la Cancillería argentina, claramente condicionada por la sumisión del presidente Javier Milei a la política israelí. Mientras Villarruel condenó el bombardeo sin eufemismos, la Cancillería, bajo la conducción de Gerardo Werthein, evitó siquiera mencionar a las fuerzas de Israel y se limitó a expresar una “seria preocupación”.

Villarruel, de marcada fe católica, también destacó la labor del Padre Romanelli: “Hace carne las palabras de Cristo de amar al prójimo permaneciendo junto a sus fieles y refugiados, abriendo las puertas de nuestra Iglesia a quienes sufren el conflicto armado”, sostuvo. Además, pidió a la Virgen de Luján que proteja al sacerdote y a todos los misioneros argentinos, remarcando una sensibilidad cristiana que choca con el presidente Milei, quien incluso ha declarado su conversión al judaísmo y mantiene un alineamiento incondicional y genuflexo con el Estado de Israel.

El comunicado oficial del gobierno fue claramente edulcorado, sin señalar responsabilidades y eludiendo cualquier condena. La Cancillería apenas mencionó “hechos ocurridos” y confió en que Israel “brindará la asistencia necesaria”, sin cuestionar el ataque a un lugar sagrado y sin mencionar el grave saldo de muertos y heridos.

Con esta nueva declaración, Villarruel vuelve a posicionarse como una voz disonante dentro del gobierno, exponiendo la complicidad de Milei ante los crímenes cometidos en Gaza y reivindicando la defensa de las víctimas, el cristianismo y el respeto a los derechos humanos.

“No estuve reunido, no tengo nada que ver, repito, no tengo nada que ver, y creo que es un grave error, si usted me pregunta, el marco de relación que se ha planteado entre el Presidente y la Vicepresidenta, es el preanuncio de problemas mayores”, describió Miguel Pichetto que fue consultado sobre si se juntó con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La posible reunión con Villarruel es una bomba atómica porque hablaría de que diferentes sectores políticos se están juntando ante una crisis económica que parece cada vez más grave. El salario cayó un 5% en los primeros 5 meses del año, mientras la inflación está en el 2% mensual. No hay bolsillo que aguante.

Mientras, el dólar sube todos los días y ya está en 1300 cuando el gobierno había dicho que podía estar en 1000 pesos o “menos”. Tanto la actividad doméstica como los mercados financieros empiezan a ver que el modelo libertario no cierra por ningún lado. Inflación alta, recesión, salario a la baja. No cierra por ningún lado.

“Ya lo vimos con Menem: bajar la inflación a cualquier costo, sin cuidar el resto, termina mal”, advirtió el medio financiero.

Un lapidario informe del Financial Times expuso las crecientes fisuras que está generando la política económica del gobierno argentino en la economía real. El prestigioso diario británico, tradicional defensor del libre mercado, lanzó una dura advertencia sobre los efectos negativos del rumbo económico impulsado por Javier Milei.

En un artículo publicado el 14 de julio, y reforzado luego en declaraciones radiales, Michael Stott —editor para América Latina del Financial Times— cuestionó la sostenibilidad del modelo libertario. “Lejos de consolidarse, el experimento económico de Milei ya empieza a mostrar sus grietas en la economía real”, afirmó.

La sobrevaluación del peso es el principal eje de las críticas. “El peso está muchísimo más fuerte que al inicio del gobierno y esa sobrevaluación distorsiona toda la política económica”, señaló Stott. Según el análisis, el tipo de cambio artificialmente apreciado asfixia la competitividad exportadora, impide la acumulación de reservas y profundiza el desequilibrio externo. “Ya lo vimos con Menem: bajar la inflación a cualquier costo, descuidando el resto, termina mal”, recordó el editor, en una clara referencia a los riesgos históricos que enfrenta Argentina.

Uno de los síntomas más evidentes de esta distorsión es el récord de turismo al exterior. Entre enero y abril, más de 8,4 millones de argentinos viajaron fuera del país, un 68 % más que el año pasado. “El balance turístico se volvió fuertemente negativo”, subrayó Stott, ilustrando cómo el “peso potente” incentiva el gasto en el extranjero mientras debilita la producción local.

La situación se agrava con la pérdida de competitividad de las exportaciones industriales y la caída de las reservas del Banco Central, que no logra recomponer sus arcas porque el gobierno mantiene el dólar planchado. “El presidente tiene el aplauso empresarial más fuerte de las últimas décadas, pero no hay inversiones reales. Los empresarios no abren las billeteras”, remarcó Stott, dejando en evidencia la desconfianza que persiste pese a las señales del mercado financiero.

El informe también pone la lupa sobre el retiro de grandes empresas. Multinacionales como Telefónica e Itaú están vendiendo activos y sacando dólares del país, aprovechando el tipo de cambio favorable, en lugar de apostar por el crecimiento local. “Eso no genera confianza a largo plazo”, concluyó Stott.

A pesar de los elogios que recibe Milei desde los sectores financieros, el Financial Times advierte que la economía real sigue estancada y empieza a mostrar signos de un preocupante deterioro estructural.

El Banco Nación preadjudicó un contrato por casi $4.000 millones a una empresa que, hasta diciembre, integraba el presidente de la Cámara de Diputados.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva sospecha de favoritismo y conflicto de intereses. El Banco Nación preadjudicó un contrato por $3.933.026.507,98 a Tech Security SRL, una empresa vinculada directamente a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Hasta diciembre de 2023, Menem era socio activo de la firma. Al asumir su cargo en el Congreso, cedió sus acciones a sus hermanos, Fernando Nicolás Menem (abogado y cofundador de la empresa) y Eduardo Adrián Menem, que se sumó oficialmente a la sociedad en ese mismo mes. La información está respaldada por registros públicos y el Boletín Oficial del 4 de julio, donde se publicó la licitación correspondiente.

La contratación prevé brindar servicios de seguridad privada durante 24 meses, con opción a dos prórrogas anuales, en lugares clave como la Casa Central del banco, Aeroparque y sedes administrativas. Junto a Tech Security, fue preseleccionada la firma Briefing Security SA, por un monto mucho menor: $237 millones.

La empresa beneficiada ya tenía contratos con el Estado y vínculos con el oficialismo. Tech Security estuvo a cargo de la seguridad en la presentación del libro de Milei en el Luna Park, en un servicio valuado en $35 millones, y tiene presencia activa en el fútbol argentino, especialmente en partidos de River Plate.

Como se ve en una captura de febrero de 2024, el nexo familiar de Menem con la firma levanta serias dudas sobre la transparencia en las contrataciones públicas. Mientras el gobierno recorta en salud, educación y salarios, la “casta” parece seguir cobrando.

La morosidad en el pago de saldos bancarios del sector privado registró un aumento durante mayo, según datos del Banco Central. Cada mes aumenta la cantidad de familias que no pueden pagar la tarjeta de crédito. La situación se explica por la caída del salario real de millones de argentinos que cada mes pierden poder adquisitivo.

Este incremento impactó tanto en los créditos destinados a hogares como en el financiamiento a empresas, abarcando préstamos y tarjetas de crédito. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado ascendió a 2,6% en mayo, lo que representa un incremento de 0,4 puntos con respecto a abril.

En cuanto a la morosidad por segmento, el coeficiente de mora del crédito destinado a los hogares totalizó 4,5% en mayo, mostrando un aumento entre puntas de mes.

La limitación operativa de los aviones adquiridos a Dinamarca por pedido del Reino Unido, sumada al giro diplomático del Gobierno en el reclamo de soberanía, agita críticas internas y cuestionamientos sobre la política de defensa nacional.

El malestar entre las filas militares volvió a encenderse tras conocerse que los 24 aviones F-16 que el Gobierno argentino compró a Dinamarca vendrán con limitaciones impuestas por el Reino Unido, en especial la reducción del alcance de sus radares, supuestamente para “no representar una amenaza” para las fuerzas británicas en las Islas Malvinas.

La decisión, avalada por el ministro de Defensa, Luis Petri, expuso un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada y sectores tradicionalmente ligados a la defensa nacional, incluyendo figuras cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según trascendidos, el radar de tiro de las aeronaves estará restringido a un radio de 60 millas, lo que las haría inoperantes ante cualquier intento de aproximación a las islas ocupadas, donde el Reino Unido dispone de armamento con alcance superior a las 200 millas.

La compra, además de contradictoria con la retórica de “austeridad” del gobierno de Javier Milei, representa —según voces castrenses— una cesión explícita de soberanía técnica ante intereses extranjeros. “Estos aviones no tienen piezas británicas, pero igual se aceptaron las condiciones de un miembro de la OTAN. Es una entrega disfrazada de modernización”, criticó un alto oficial en reserva.

Petri, por su parte, defendió la adquisición argumentando que permitirá “modernizar la Fuerza Aérea” y aseguró que la empresa danesa Terma Global brindará mejoras sustanciales en los sistemas electrónicos. Pero los cuestionamientos no cesan: se cuestiona que la compra fue pactada sin una hipótesis de conflicto clara, y se advierte que la subordinación operativa a requerimientos de otra potencia mina cualquier estrategia defensiva real.

La medida también coincide con otros gestos diplomáticos del Ejecutivo que generaron rechazo, como el abandono del reclamo por la soberanía de Malvinas en foros internacionales y la aceptación tácita del “derecho a la autodeterminación” de los isleños. Para muchos analistas, el Gobierno prioriza su alineamiento geopolítico con potencias anglosajonas por encima de los intereses históricos de la Nación.

El episodio deja a la vista una grieta dentro del oficialismo entre el ala internacionalista del presidente Milei —obsesionado con su figura global— y una base militar e ideológica que ve con recelo el abandono de valores ligados a la defensa nacional. En tiempos de ajuste brutal y con un Estado replegado de funciones esenciales, el debate por la soberanía vuelve a ocupar un lugar incómodo, pero inevitable.

Con guardias mínimas y apoyo de organizaciones sociales, gremiales y políticas, personal del Hospital Garrahan se moviliza este jueves a Plaza de Mayo para exigir el fin del ajuste en salud pública.

Los trabajadores del Hospital Garrahan encabezan este jueves una nueva jornada de protesta, con paro de actividades y una movilización desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. La medida, impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (ApyT) y respaldada por ATE, se da en rechazo al desfinanciamiento del hospital y en defensa del sistema público de salud, cada vez más golpeado por los recortes del Gobierno nacional.

La jornada comenzó a las 7 con la interrupción de tareas, garantizando solo las guardias y la atención a pacientes internados. “Estamos hartos de las promesas vacías mientras cierran servicios, achican presupuestos y despiden trabajadores”, señalaron desde ApyT. A la protesta se suman también pacientes, familiares y organizaciones sociales y políticas que denuncian el vaciamiento del Garrahan y de hospitales como el Posadas, el Clínicas y el Bonaparte.

“Marchamos por nuestros derechos, por nuestros compañeros y por los chicos y chicas que dependen de un sistema de salud que el Gobierno está dejando caer a pedazos”, remarcaron desde la agrupación Salud en Marcha, que también manifestó su apoyo a residentes y profesionales precarizados.

La movilización, que parte desde el Congreso a las 16, apunta directamente contra las políticas del presidente Javier Milei y su ministro de Salud, a quienes acusan de “aplicar la motosierra en áreas sensibles” y poner en riesgo la salud de millones de argentinos.

En Plaza de Mayo, se prevé un acto con la participación de referentes sindicales y de agrupaciones de izquierda como el FIT y el Nuevo MAS, que acompañarán con sus tradicionales postas sanitarias. “Lo que está en juego es la supervivencia misma del sistema público de salud”, advierten los convocantes.

Desde este miércoles se aplica la tercera etapa del ajuste tarifario dispuesto por el Gobierno nacional. Todos los usuarios del transporte público pasarán a pagar $451,01 el pasaje mínimo.

El boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumenta un 6,1% desde este miércoles, como parte del ajuste tarifario trimestral que fue aprobado por el Ejecutivo en mayo.

El incremento afecta a 103 líneas de colectivos que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero que están bajo control del Gobierno nacional. A partir de hoy, el pasaje mínimo pasa de $424,91 a $451,01.

Se trata del último tramo de una suba total del 21,52%, que fue aplicada en tres etapas por la Secretaría de Transporte. La primera actualización se dio el 23 de mayo, cuando el boleto pasó de $371,13 a $397,11. La segunda fue el 16 de junio, elevando la tarifa mínima a $424,91.

Con estos aumentos, se cierra una etapa de actualización tarifaria luego de ocho meses sin cambios, ya que la última suba previa se había registrado en agosto de 2024. Esto había generado un desfasaje respecto a las tarifas de los colectivos que dependen del gobierno bonaerense o porteño, los cuales siguen un esquema de actualización mensual ligado a la inflación, más un 2% adicional. En julio, esas líneas subieron un 3,5%.

El nuevo cuadro tarifario alcanza a las siguientes líneas nacionales:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Nuevas tarifas desde el 16 de julio

Suburbanas Grupo I

(Líneas que conectan CABA con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

• 0-3 km: $451,01 – SUBE sin nominar: $717,11
• 3-6 km: $502,43 – SUBE sin nominar: $798,86
• 6-12 km: $541,13 – SUBE sin nominar: $860,40
• 12-27 km: $579,87 – SUBE sin nominar: $921,99
• Más de 27 km: $618,35 – SUBE sin nominar: $983,18