Federico Ramos Nápoli, hasta ahora secretario de Karina Milei en el sector de comunicación digital, pegó el salto desde la Secretaría General de la Presidencia, al sector de energía atómica.

En una nueva muestra de designaciones arbitrarias dentro del gobierno de Javier Milei, Federico Ramos Nápoli, un abogado sin experiencia en energía nuclear, fue nombrado al frente de Dioxitek, la empresa estatal encargada de producir y abastecer el combustible necesario para el funcionamiento de las centrales nucleares del país. A pesar de no contar con la formación ni la trayectoria necesarias para el puesto, percibirá un sueldo mensual de 6,5 millones de pesos, en un contexto de ajuste salarial y despidos en diversos sectores del Estado.

El nuevo funcionario llega a este cargo tras desempeñarse como secretario de Karina Milei en el área de comunicación digital, un ámbito completamente ajeno a la actividad nuclear. Antes de eso, su experiencia laboral se limitaba a trabajos en la Casa de la Moneda, asesorías en la AFIP y el Banco Central, sin ninguna vinculación con la industria energética. Su nombramiento rompe con la práctica habitual de que el puesto sea ocupado por profesionales con formación y experiencia en el sector nuclear, algo esencial en una empresa de alta especialización científica y tecnológica.

Dioxitek: una empresa estratégica en manos inexpertas

Dioxitek es una empresa clave dentro del complejo nuclear argentino. Se encarga de la producción de polvo de dióxido de uranio, un insumo fundamental para la fabricación de los elementos combustibles que utilizan las centrales nucleares de Embalse y Atucha. También produce fuentes selladas de Cobalto 60, utilizadas para la esterilización de insumos médicos, el tratamiento de enfermedades como el cáncer y la preservación de alimentos.

Por la importancia de sus actividades, la conducción de la empresa históricamente ha recaído en especialistas del sector con conocimientos técnicos y experiencia en la industria. Sin embargo, la llegada de Ramos Nápoli representa un quiebre en esa lógica, colocando al frente de la compañía a un funcionario cuyo único mérito parece ser su cercanía con el círculo íntimo del poder libertario.

Mientras el gobierno ajusta, aumentan los sueldos de los propios

La decisión del gobierno de Milei resulta aún más polémica si se considera el contexto en el que se da: mientras se eliminan subsidios, se congelan salarios y se despide personal en distintos organismos del Estado, se otorgan sueldos millonarios a militantes sin credenciales para ocupar cargos estratégicos.

Dioxitek no ha estado exenta de la motosierra libertaria. Sus instalaciones en Formosa han sido reducidas al mínimo en cuanto a personal, y el año pasado el gobierno despidió a 36 técnicos especializados. Además, la paralización de la obra pública ha dejado a la empresa con cuantiosas deudas y ha frenado la construcción de una nueva planta de producción de dióxido de uranio.

Sin embargo, mientras se recorta el presupuesto en ciencia y tecnología y se limita la inversión en el sector nuclear, el gobierno no tiene reparos en asignar un sueldo millonario a un abogado sin antecedentes en la materia. La contradicción es evidente: no hay recursos para el desarrollo del sector, pero sí para sostener funcionarios leales a la causa libertaria.

Un patrón que se repite

Este nombramiento no es un hecho aislado, sino parte de un patrón en el que se premia la militancia libertaria por sobre la idoneidad. A lo largo de la gestión de Milei, se han visto casos similares de designaciones en áreas sensibles del Estado, donde personas sin la preparación adecuada han sido colocadas en puestos de gran responsabilidad, generando preocupación sobre el impacto que esto podría tener en sectores estratégicos del país.

El caso de Federico Ramos Nápoli es solo un ejemplo más de cómo el gobierno de La Libertad Avanza prioriza la fidelidad ideológica sobre la capacidad técnica, incluso en áreas donde la falta de experiencia puede tener consecuencias graves. En un país con una larga tradición en el desarrollo de la energía nuclear, poner al frente de una empresa clave a alguien sin conocimientos en la materia no solo es irresponsable, sino que pone en riesgo la continuidad y seguridad de una industria fundamental para el futuro energético de Argentina.

El gobierno de Javier Milei y sus periodistas obsecuentes hicieron todo lo posible para tratar de desligar a los libertarios de la “marcha antifacistas”. Pero esos intentos no salieron muy bien. El propio Jony Viale terminó elogiando a una persona que aseguró que “Videla se quedó corto”. La referencia, obviamente, era al genocida argentino.

“Ah esta señora es lo mejor de la vida”, escribió Viale luego de publicar el video con la referencia a la última dictadura.

El periodista es sin dudas uno de los más fervientes defensores del gobierno nacional, capaz que contar que “el presidente fue editado” en relación a su frase vinculando a la homosexualidad con la pedofilia. Todo sea por la pauta.

La crisis en el campo se está acelerando de manera alarmante y arrastra a empresas clave del sector. Esta semana arrancó con la apertura del concurso preventivo de acreedores de Los Grobo Agropecuaria, Agrofina y SanCor. ¿No ven el modelo exitoso de Javier Milei?

La empresa fundada por la familia Grobocopatel había entrado en default en diciembre pasado por una deuda de apenas 100 mil dólares y arrastró su controlada Agrofina, que produce agroquímicos. A mediados de enero, se sumó el default de unos 30 millones de dólares. La deuda total ascendería a algo más de 200 millones de dólares.

El esquema económico de Milei, qué básicamente se basa en un dólar súper barato, está golpeando la competitividad de las empresas, incluso de aquellas ubicadas en sectores muy rentables, como el agropecuario.

IRSA comenzó la primera etapa del ambicioso desarrollo ubicado frente al Río de la Plata. La estrecha relación entre Milei y Elsztain genera sospechas de conflictos de interés y beneficios mutuos.

IRSA, liderada por Eduardo Elsztain, sigue adelante con su proyecto “Ramblas del Plata” en el terreno de la antigua Ciudad Deportiva de Boca, ubicado en Puerto Madero Sur. Esta iniciativa busca convertir la zona en un complejo residencial, comercial y de oficinas de alta gama, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la modernidad. En su primera etapa, se prevé la venta de 126.000 m² de terrenos, lo que representará un 18% de la superficie total.

Detalles del proyecto y su distribución

Este desarrollo, anteriormente conocido como “Costa Urbana”, abarcará 71,6 hectáreas. De ese total, 32 hectáreas se cederán a la Ciudad de Buenos Aires para la creación de un parque público, mientras que el resto del espacio se destinará a la construcción de 6.400 viviendas, oficinas, comercios, un hotel de lujo y un paseo costero peatonal. También se planea una urbanización innovadora que pretende restaurar la conexión de la ciudad con el Río de la Plata. El plan maestro fue aprobado por la Legislatura porteña en 2021, después de más de una década de negociaciones. IRSA adquirió el terreno en 1997 por 50 millones de dólares.

El proyecto se llevará a cabo en tres fases. La primera fase se centrará en la urbanización de la bahía central, con una mezcla de viviendas, comercios y un paseo costero. La segunda fase expandirá hacia el área urbana de la ciudad, mientras que la tercera fase se concentrará en la península, con vistas directas al Río de la Plata. Las obras comenzarán en los próximos meses y se prevé la entrega de las primeras unidades para 2028, con la finalización del proyecto estimada en unos diez años.

Mercado y precios

“Ramblas del Plata” apunta a un público de clase media-alta y alta, con precios estimados en 6.000 dólares por metro cuadrado. Este es el retorno de IRSA al sector de la construcción de viviendas, un área en la que no invertía desde el desarrollo de Horizons en Vicente López, inaugurado en 2010.

La cercana relación entre Javier Milei y Eduardo Elsztain ha desatado preocupaciones sobre posibles actos de corrupción y conflictos de interés. Elsztain, presidente de IRSA y dueño del Hotel Libertador, donde Milei pasó sus últimos meses de campaña y comenzó su gobierno, parece ser uno de los mayores beneficiados por las políticas de la actual administración.

Este vínculo ha generado críticas luego de que se conociera que Milei decidió no mudarse a la Quinta de Olivos, alegando la falta de reformas para acomodar a sus cuatro perros. Mientras tanto, el presidente se alojó en el lujoso Hotel Libertador, a un costo de aproximadamente 450 dólares por día, lo que acumuló una factura cercana a los 45.000 dólares. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es que el presidente no pudo llevar a sus mascotas al hotel, lo que ha levantado aún más sospechas sobre las verdaderas razones detrás de su negativa a mudarse a Olivos y quién asumió el elevado costo del hospedaje.

La controversia se intensificó tras el nombramiento de Nicolás Pakgojz, un alto ejecutivo de IRSA, como nuevo titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Este organismo tiene un papel clave en la gestión de los bienes inmuebles del Estado nacional, incluidos los contratos y las operaciones inmobiliarias. La designación de Pakgojz ha sido vista como un claro favor para Elsztain, quien ha sido beneficiado en el pasado por políticas y contratos estatales ventajosos.

El vínculo entre Milei y Elsztain no es nuevo. Desde la campaña presidencial, IRSA fue uno de los grupos económicos que respaldaron al líder libertario. Además de su cargo en IRSA, Elsztain también lidera el Banco Hipotecario, Cresud y BrasilAgro, y ha estado involucrado en el escándalo de los Panamá Papers por tener cuentas en paraísos fiscales.

El hecho de que Milei se haya alojado en el hotel de un empresario que ahora tiene a un ejecutivo en una posición clave de la administración estatal plantea dudas sobre la transparencia del gobierno. La AABE, bajo su gestión, otorga a IRSA una posición estratégica para influir en decisiones cruciales sobre propiedades estatales, lo que genera un evidente conflicto de intereses.

Esta situación no solo pone de relieve un posible delito de dádivas, sino que también deja en evidencia cómo los intereses empresariales parecen influir en las políticas públicas del gobierno. Mientras Milei acusa a otros sectores de corrupción, su estrecha relación con un empresario que se beneficia de favores del Estado expone una contradicción que socava su discurso de austeridad y transparencia.

Tras la multitudinaria movilización en repudio a sus declaraciones en Davos, Javier Milei insiste en negar el sentido de sus propios dichos.

Horas después de la histórica Marcha Federal Antifascista y Antirracista, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para intentar desviar la atención de las críticas por su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. Alegó que su intervención había sido editada para tergiversar sus declaraciones.

“Me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado, cuando la versión completa del mensaje no brinda lugar a dudas”, manifestó el mandatario.

En un giro polémico, Milei replicó una publicación de la cuenta oficial de la Escuela Austríaca de Economía que calificó la marcha del sábado como “pro pedofilia” y celebró que, pese a la movilización, “la imagen de Milei sube”. Además, el mensaje aseguraba que “la mayoría de los argentinos” entienden al presidente y que sus detractores quedan “en jaque” por las supuestas “operaciones que realizan”.

La Marcha Federal, realizada en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades del país, surgió en repudio a las declaraciones del presidente en Davos. Durante su intervención, Milei había lanzado un virulento ataque contra el progresismo, en lo que denominó una explicación sobre la “cultura woke”, término utilizado por la ultraderecha.

“Es el resultado de subversión cultural. El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado”, afirmó el presidente, quien además vinculó la homosexualidad con la pedofilia.

La Argentina salió a la calle a decirle BASTA a Milei

La multitudinaria Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista movilizó a miles de personas en Buenos Aires y otras ciudades del país en respuesta al discurso de odio del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos.

La protesta fue impulsada por el colectivo LGBT+ y contó con el apoyo de sectores políticos y sindicales. Milei, quien vinculó a la comunidad con la pedofilia en sus declaraciones, intentó luego desmentir sus palabras y responsabilizó al periodismo, la oposición y el colectivo LGBT+ por supuestos intentos de dañarlo.

La hermana del presidente intentó contraponer su actividad proselitista a la multitudinaria marcha antifascista, pero la convocatoria fue decepcionante: “había mas vendedores de panchos que gente afiliándose”, afirmó un militante libertario.

La hermana del presidente intentó contraponer su convocatoria a la Marcha Federal Antifascista, pero la falta de interés fue evidente y la asistencia, paupérrima.

El intento de Karina Milei por demostrar fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires terminó en un estrepitoso fracaso. La “jornada de afiliación masiva” organizada por La Libertad Avanza este sábado en la Plaza Arenales de Villa Devoto no logró despertar el interés del público y apenas reunió a un puñado de seguidores. Pese al esfuerzo de la dirigencia libertaria y la movilización de militantes, en el mejor momento no lograron superar las 200 personas, una cifra irrisoria para un evento de esta magnitud.

El acto, pensado para competir directamente con la multitudinaria Marcha Federal Antifascista, quedó opacado no solo por la escasa asistencia, sino también por la indiferencia de los vecinos. Mientras la manifestación opositora recorría la Avenida de Mayo con miles de personas, el evento de Karina Milei languidecía en una plaza con más transeúntes ocasionales y vendedores ambulantes que interesados en afiliarse.

Ni siquiera la presencia de figuras clave del mileismo, como la diputada Lilia Lemoine, la nueva jefa del bloque en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, y el cineasta oficialista Santiago Oría, logró salvar la jornada. De hecho, Oría tuvo que recurrir a planos cerrados para evitar que las imágenes evidenciaran la desolación del acto.

El fiasco se da en un contexto de negociaciones entre el oficialismo y el PRO de Mauricio Macri por el armado electoral de 2025. Lejos de consolidarse como una fuerza dominante en la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza sufrió un traspié que deja en evidencia sus dificultades para expandir su base de apoyo.

JAJAJAJAJAJAJ boludo la photoshopearon tanto a Karina que ahora se parece a Myriam Bregman 💀 pic.twitter.com/8FLDlXobd8

— TUGO News (@TugoNews) February 1, 2025

Para colmo, la campaña de difusión también se convirtió en motivo de burla. La imagen promocional, que pretendía generar expectativa con la silueta de Karina Milei, terminó siendo comparada en redes sociales con la diputada de izquierda Myriam Bregman. Como ironizó un militante libertario presente en el acto: “Había más pancheros que gente para afiliarse”.

El resultado es innegable: la apuesta de Karina Milei fracasó estrepitosamente, dejando en evidencia las dificultades del oficialismo para sostener su influencia más allá de las redes sociales y en especial la poca convocatoria que genera la figura de “el jefe”.

El rompehielos británico se paseo frente a las costas argentinas con la bandera del gobierno de ocupación ilegal de las Islas Malvinas, ante el silencio absoluto del ministerio de Luis Petri y en la Cancillería.

Mientras el Gobierno de Javier Milei se muestra intransigente con Bolivia y levanta banderas de soberanía en sus discursos, el Reino Unido continúa vulnerando la soberanía argentina en el Atlántico Sur con la complicidad del silencio oficial.

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur denunció la presencia del rompehielos británico RRS Sir David Attenborough en aguas argentinas, enarbolando la bandera ilegal de “Falklands”. La embarcación navegó por el estrecho de Le Maire, que separa la Isla Grande de Tierra del Fuego de la Isla de los Estados, tras partir desde el archipiélago ocupado con destino a la base antártica británica de Rothera.

Ante este hecho, la provincia reclamó una postura más firme del Gobierno nacional en la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, manifestó su preocupación por lo que calificó como un “nuevo avasallamiento británico”. A través de sus redes sociales, sostuvo que es urgente adoptar medidas más contundentes frente a estas acciones unilaterales que vulneran los derechos argentinos en la región.

Dachary explicó que, si bien el buque tiene permitido transitar por el estrecho de Le Maire amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, este tipo de episodios afectan los intereses nacionales. “La pregunta es: ¿Tenemos forma de remediarlo? Sí. ¿Cómo? Mediante la creación de normas internas complementarias que restrinjan dichos permisos de paso a buques de entidades no reconocidas por nuestro país. Esto permitiría, mínimamente, que navíos que enarbolen la ilegítima bandera de nuestras Islas Malvinas no naveguen en aguas territoriales no usurpadas”, manifestó.

En esta misma línea, anunció la elaboración de un proyecto de ley que será presentado en el Congreso, con el objetivo de reforzar la defensa de la soberanía argentina.

Atento al nuevo avasallamiento británico con la presencia del rompehielos y buque científico RRS Sir David Attenborough en nuestras costas, con bandera ilegal, es imperativo adoptar
una política de estado más firme y decidida ante estos sistemáticos actos unilaterales que… pic.twitter.com/aBrP4lnfiw

— Andrés Dachary (@ADachary) January 30, 2025

Incursiones británicas y la pasividad del Gobierno

Hace unos días, diputados de Unión por la Patria solicitaron al Poder Ejecutivo que brinde explicaciones sobre un vuelo de la Real Fuerza Aérea británica que se habría acercado a rutas comerciales argentinas. La inquietud surgió a raíz del trayecto del Airbus 400M matrícula ZM42, que partió desde una base de la OTAN en las Islas Malvinas y generó preocupación por su proximidad con aviones de Aerolíneas Argentinas y Flybondi en el Atlántico Sur.

El proyecto, impulsado por la diputada Ana María Ianni, señala que el hecho tuvo lugar el 13 de enero a las 14:20. Según el portal Agenda Malvinas, el avión militar voló a unos 64 kilómetros de la ruta comercial, en una zona cercana a la provincia de Santa Cruz. Uno de los aspectos más llamativos del incidente es que, en el momento de mayor aproximación a los vuelos argentinos, el avión apagó su transpondedor. Esto impidió determinar con exactitud la distancia real con las aeronaves comerciales, lo que hace sospechar que la separación pudo haber sido aún menor. Los registros del vuelo fueron verificados a través de la plataforma Flightradar24 y fuentes periodísticas.

En el documento, los legisladores remarcan la importancia de proteger la soberanía nacional y solicitan al Gobierno que investigue el hecho. Además, advierten que este tipo de acciones por parte del Reino Unido generan malestar en la región patagónica, en particular en Santa Cruz, donde la cuestión territorial es un tema sensible. Por ello, exigen que se adopten medidas concretas y se informe al Congreso sobre los resultados de la investigación.

El caso del James Cook

En diciembre pasado, al buque británico de investigación científica RRS James Cook se le había rechazado la solicitud de efectuar investigaciones oceanográficas en aguas de jurisdicción argentina.

El 20 de agosto, la Embajada del Reino Unido en Argentina presentó una solicitud para que el buque “James Cook”, de pabellón británico, realizara campañas de investigación científica marina en aguas jurisdiccionales nacionales entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, la Dirección General de Consejería Legal Internacional (DICOL) de la Cancillería argentina advirtió que la solicitud no cumplía con la antelación mínima requerida y que dificultaba el desarrollo normal del procedimiento de autorización.

A pesar de esto, la Armada y el Servicio de Hidrografía Naval elevaron una opinión en la que aseguraban que las tareas científico-técnicas previstas por el buque no vulneraban los intereses nacionales ni la capacidad de control y vigilancia del Estado argentino. Además, se permitió el embarque de un oficial naval argentino en calidad de observador. Llamativamente el informe agregó: “Los datos oceanográficos a colectar durante el tránsito del buque (conductividad, temperatura y profundidad, así como los análisis de corrientes) tienen aplicación militar y pueden ser usados en los ámbitos de defensa”.

El buque de investigación RRS James Cook pertenece al Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural (NERC), un organismo público dependiente del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología del gobierno británico.

El Radar de la empresa Leo Labs

La observación realizada por la Armada sobre las capacidades duales del RSS James Cook, recuerda también al caso de la antena radar de la empresa británica Leo Labs en Tierra del Fuego, la cual fue suspendida por el gobierno anterior por su potencial de uso dual (civil-militar) tal como quedó demostrado en un informe técnico del ministerio de defensa entonces encabezado por Jorge Taiana y también según los datos publicados por la misma empresa que son de acceso publico.

El informe del ministerio destacaba entre otros aspectos:  “pueden brindar alerta temprana y Conciencia Situacional Espacial (SSA por sus siglas en inglés) en la órbita baja en la Argentina. Esto significa que, desde nuestro propio territorio nacional, podrá monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar (actividad que utiliza proyectos de satélites de órbita baja). Interceptar datos, comunicaciones y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves” …”La banda de operación declarada por la empresa coincide con la banda de operación de las estaciones terrenas de emisión y recepción de datos en banda S, recepción en banda X y K de los satélites argentinos”.

El “Área Marina Protegida” (AMP) de Georgias decretada unilateralmente por el Reino Unido en 2024.

A inicios del pasado año, el Reino Unido de Gran Bretaña amplió de manera arbitraria la posesión de inmensos espacios marítimos en el Atlántico Sudoccidental bajo el pretexto ambiental de conformar un Área Marina Protegida (AMP) estableciendo de esta manea restricciones totales a la navegación y pesca sobre casi 170.000km2 adicionales del Mar Austral.  Estas acciones del gobierno de ocupación británico se enmarcan en una agresiva política de fortalecimiento y expansión de su presencia en el Atlántico Sur, la que incluye la construcción de una renovada infraestructura portuaria y logística que busca rivalizar con el proyecto del polo logístico antártico que Argentina decidió llevar adelante en Tierra del Fuego (obra que hoy esta ralentizada y sin mayores novedades sobre su continuidad) que tiene como finalidad ser una puerta de entrada al continente antártico para el país y para terceros, y que se combinará con la recuperación y modernización integral de la base antártica Petrel cuyas características la tornan una pieza estratégica en la política Antártica Argentina.

En este sentido la estrategia británica en el Atlántico Sur busca por un lado apuntalar la proyección de Londres sobre el continente antártico, donde los reclamos territoriales si bien están contenidos por el marco del tratado antártico, vale resaltar que los de Gran Bretaña se superponen casi en su totalidad con los de nuestro país y con buena parte del área ambicionada por Chile. El tratado antártico y sus protocolos si bien no caducan, podrán ser revisados a partir del 2048, quedando la puerta abierta a posibles reformas en cuanto al tipo de actividades que podrían permitirse, entre ellas posibilidades de exploración y explotación de recursos, con el trasfondo de la disputa geopolítica entre China y EEUU donde los recursos naturales tienen un papel central. Llegar a esta instancia desde una posición de fortaleza será fundamental para los actores con intereses en dicho continente y el Reino Unido tomo ya nota de ello.

Por otro lado, la construcción de un puerto de aguas profundas en las islas permitirá al gobierno de ocupación avanzar con sus proyectos extractivistas en los espacios marítimos usurpados, tanto en materia pesquera (la principal fuente de ingresos de las islas) pero en especial los relacionados a los hidrocarburos, además del potencial uso militar de dicha infraestructura.

¿Soberanía o doble discurso?

La política en torno a Malvinas o exacerbado también las diferencias al interior del gobierno libertario, vaste recordar el acuerdo que tuvo como protagonista a la ex canciller Diana Mondino y a su par del Reino Unido, David Lammy. La declaración firmada por ambos establece medidas humanitarias vinculadas a los reclamos de las familias de las víctimas de la guerra de 1982 y una serie de prerrogativas para el Reino Unido como “conservación de pesquerías” y la “reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba”.

El acuerdo Mondino-Lammy, se enmarca en el conocido como “Paraguas de soberanía” que se estableció entre Argentina y el Reino Unido en la declaración conjunta del 19 de octubre de 1989 en Madrid y que significó que ambas partes podían discutir asuntos sobre el Atlántico Sur sin que esto significara una renuncia al reclamo soberano. Sin embargo, en la práctica esta formula permitió que el Reino Unido de Gran Bretaña avanzara de manera unilateral en actividades de pesca y exploración de hidrocarburos, sin que Argentina pudiera evitarlo. La formula aplicada durante el gobierno de Carlos Saul Menem fue nuevamente reflotada durante el gobierno de Mauricio Macri y que se materializo con el comunicado conjunto Foradori-Duncan cuyo contenido no fue tratado en el Congreso Nacional pero que en la practica implicó importantes concesiones a los ocupantes británicos sin ningún beneficio para la Argentina. Este acuerdo firmado por la ex canciller Mondino generó una fuerte reacción de la vicepresidenta Victoria Villarruel quien manifestó su inconformidad a través de un tuit en su cuenta oficial de la red social X.

Todos saben lo que representa Malvinas para mi y que ese es mi límite y me obliga a expedirme.

La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de… pic.twitter.com/XvHauR7ftV

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 27, 2024

Mientras el Gobierno se rasga las vestiduras con discursos de soberanía y endurece su postura con países de la región como Venezuela, Colombia o Bolivia, permite que los británicos sigan avanzando sobre los intereses argentinos en el Atlántico Sur sin mayores consecuencias. La pasividad frente a estas incursiones y la falta de medidas concretas exponen un doble discurso que deja en evidencia quiénes son los verdaderos titiriteros detrás de la política exterior del gobierno libertario.

En los últimos días, la planta argentina de Toyota ubicada en el partido de Zárate ha comenzado una nueva ola de despidos sin causa que amenaza con extenderse en los próximos meses.

La profundización de la crisis económica en Argentina comienza a dejar fuertes secuelas en la industria automotriz, con despidos masivos que reflejan el deterioro del sector. En los últimos días, la planta de Toyota en Zárate inició una nueva ola de despidos sin causa, afectando inicialmente a una veintena de trabajadores, aunque fuentes internas advierten que la cifra podría escalar hasta 200 empleados en el corto plazo.

La caída de la demanda y el contexto recesivo que atraviesa el país bajo el gobierno de Javier Milei han forzado a la automotriz japonesa a realizar ajustes en su plantilla. Aunque la empresa ha intentado mitigar el impacto con programas de retiros voluntarios, la magnitud de la crisis ha llevado a decisiones más drásticas, generando incertidumbre entre los trabajadores.

Los despidos han sido acompañados de indemnizaciones agravadas, una estrategia que busca evitar conflictos gremiales, pero que no disimula la gravedad de la situación. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) ha alertado que este tipo de ajustes no son exclusivos de Toyota. Otras automotrices como General Motors también han comenzado a reducir personal en sus plantas, lo que evidencia la delicada situación del sector.

Desde el gremio advierten que la continuidad de la crisis amenaza con un mayor ajuste en la industria automotriz, poniendo en peligro cientos de empleos en un mercado que enfrenta una caída en las ventas y dificultades para sostener la producción. Mientras tanto, los trabajadores despedidos se enfrentan a un panorama desolador, con pocas opciones de reinserción laboral en un país donde el desempleo sigue en ascenso.

El Gobierno de Javier Milei aplicará desde febrero un nuevo recorte en los subsidios en las tarifas de luz y de gas natural a unos 9,5 millones de hogares que pertenecen a los segmentos de ingresos medios y bajos.

El Gobierno de Javier Milei aplicará desde febrero un nuevo recorte en los subsidios a las tarifas de electricidad y gas natural, afectando a 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos. Esta medida se suma a un aumento en las boletas, que el próximo mes tendrán una suba del 1,5% en electricidad y del 1,6% en gas, encareciendo aún más el costo de vida para millones de argentinos.

Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial oficializan un ajuste en la bonificación que reciben los usuarios sobre el precio de la energía. A partir de ahora, los hogares de menores ingresos (Nivel 2) verán reducida su bonificación del 71,2% al 65%, mientras que los de ingresos medios (Nivel 3) la verán bajar del 55,94% al 50%. En el caso del gas natural, el recorte será del 55% al 50% para el Nivel 3, mientras que los de menores ingresos tendrán una leve mejora del 64% al 65%.

Este ajuste se enmarca dentro del plan del ministro de Economía, Luis Caputo, para reducir el gasto en subsidios y avanzar hacia el equilibrio fiscal aunque en la practica implica una transferencia fenomenal de recursos a las empresas, mientras que para los hogares que dependen de estas ayudas para afrontar sus facturas, el impacto será inmediato y se traducirá en una mayor presión sobre sus ingresos.

Los datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) indican que hasta diciembre 9,5 millones de usuarios de energía eléctrica recibían subsidios, de los cuales 6,3 millones pertenecen al Nivel 2 y 3,2 millones al Nivel 3. En el caso del gas, 5,3 millones de hogares accedían a la ayuda estatal, con 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3.

Además del recorte en los subsidios, el Gobierno evalúa reducir el límite de consumo bonificado: actualmente, los usuarios de Nivel 2 tienen cubiertos hasta 350 kWh por mes y los de Nivel 3 hasta 250 kWh mensuales, pero podrían verse disminuidos en los próximos meses.

Mientras el Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan frenar la inflación y sanear las cuentas públicas, la realidad es que millones de familias deberán afrontar boletas más caras en un contexto de creciente pérdida del poder adquisitivo. Con la economía aún golpeada por la recesión y la caída del consumo, el ajuste tarifario aparece como una nueva carga sobre los sectores más vulnerables.

Un informe del Bank of America confirmó que el acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional incluye la liberación del cepo y una devaluación de alrededor del 30% para unificar los tipos de cambio. ¿Se cae el acuerdo?

A muchos analistas le sorprendió que equipos técnicos del FMI abandonaran el país sin la firma de un acuerdo. Por ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, desmiente que le hayan pedido una devaluación de la moneda. ¿Qué pasará?

El gobierno se aferra al dólar súper barato como estrategia para llegar a octubre con relativa estabilidad de precios. Sabe que una devaluación del 30% podría impactar sobre los precios domésticos y a eso podría sumarse la inestabilidad que genera la salida del cepo (cualquier corrida bancaria puede generar en una crisis económica).

Por otro lado, el gobierno necesita dólares ya que las reservas internacionales están por debajo de los 30 mil millones de dólares, un monto similar al que dejó la gestión del Frente de Todos, cuando se reconocía que se estaba en una situación muy delicada. Sin reservas más robustas tampoco podrá mantener el tipo de cambio en torno a los 1000 pesos. ¿Y ahora?