Es por la compra de cuatro buques guardacostas al astillero francés Naval Group, con un frondoso historial de corrupción.

La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad vuelve a quedar envuelta en un escándalo de corrupción tras la denuncia de un presunto fraude millonario en la compra de cuatro buques patrulleros a la empresa francesa Naval Group. La operación, que supera los 325 millones de dólares, ha sido señalada por licitación direccionada, exclusión de astilleros nacionales y posibles sobreprecios, generando un fuerte rechazo en la industria naval argentina.

Este nuevo caso se suma a las denuncias que Bullrich ya enfrentó en su anterior paso por la cartera de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue acusada de compras de armamento y equipamiento con sobreprecios y de favorecer a determinados proveedores de origen israelí en licitaciones irregulares.

En 2018, la misma empresa francesa Naval Group –entonces llamada DCNS– vendió cuatro patrulleros tipo OPV-90 clase “Gowind” a la Armada Argentina en una compra directa, con un costo señalado como excesivo, uno de los cuales ya era usado y presentó además problemas en su planta de propulsión. Ahora, nuevamente bajo la gestión de Bullrich, la compañía es beneficiada en un proceso plagado de sospechas.

Una licitación a medida de una empresa con historial de corrupción

La compra de estos cuatro Offshore Patrol Vessel (OPV) fue impulsada inicialmente en noviembre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero Bullrich decidió mantenerla y acelerar el proceso tras asumir en diciembre. A pesar de los reclamos de astilleros argentinos y la Comisión Asesora de la Industria Naval (CAIN), que pedían extender el plazo de la licitación o directamente anularla por favorecer a un proveedor extranjero, el Ministerio de Seguridad avanzó con la adjudicación a Naval Group.

La firma francesa acumula denuncias internacionales por sobornos y corrupción en contratos militares en países como Malasia, India y Brasil. En 2017, fue señalada en el “Ranking de Corrupción Militar” elaborado por la Fletcher School de la Universidad de Tufts, lo que refuerza las sospechas sobre la transparencia de la licitación argentina.

Sospechas de fraude y perjuicio para la industria nacional

El ingeniero naval Raúl Podetti, quien llevó el caso a la justicia federal ante el juzgado de María Servini, denunció que la compra de los barcos implica una “defraudación millonaria” en dólares, ya que al construirse al menos uno de los barcos en el extranjero, se evitan impuestos nacionales por valores de entre 20 y 30 millones de dólares por unidad.

Además, Podetti señala que el astillero argentino SPI, al que se le asignó la construcción de tres de los barcos, no tiene la capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto. “No dispone del equipamiento necesario para botar un barco de 85 metros de eslora”, advirtió. Esto refuerza la sospecha de que la maniobra podría derivar en que los buques sean fabricados íntegramente en Francia y luego importados, evadiendo impuestos.

Por otro lado, los denunciantes cuestionan la necesidad de la compra, ya que la Prefectura Naval Argentina cuenta con cuatro patrulleros similares en la Base de Mar del Plata con pocas horas de navegación, lo que hace que la adquisición parezca más una operación comercial favoreciendo a Naval Group que una necesidad real de modernización.

Vínculos con el acuerdo entre Milei y Macron

El proceso de compra de estos barcos tomó aún más velocidad tras la reunión entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron en noviembre de 2023. En ese encuentro, ambos mandatarios cerraron un acuerdo que incluye la adquisición de submarinos y patrulleros por una suma total de aproximadamente 2 mil millones de dólares, financiados por Francia.

Este vínculo diplomático genera aún más suspicacias sobre la falta de competencia real en la licitación y el rol de la gestión de Bullrich en favorecer a la empresa francesa, desestimando los reclamos del sector naval argentino.

Un patrón de corrupción repetido

Este escándalo refuerza el patrón de irregularidades que ya rodearon a Bullrich en el pasado. Durante el gobierno de Macri, su gestión en Seguridad fue cuestionada por compras directas de equipamiento militar con sobreprecios y adjudicaciones a proveedores sin licitación competitiva. En 2018, la compra de los patrulleros a Naval Group ya había sido señalada por haber costado el doble de su valor de mercado. A esto se suma el escandalo durante esos mismos años por la compra de cinco viejos cazabombarderos “Super Etendard Modernisé” (SEM) que llegaron totalmente fuera de servicio y que aun permanecen postrados en los hangares de la Aviación Naval de la Armada con futuro incierto.

Ahora, con una nueva denuncia en curso, la ministra vuelve a estar en el centro de un posible esquema de corrupción estructural dentro del Ministerio de Seguridad. Mientras la justicia investiga si se trata de un “delito en curso”, como sugirió la jueza Servini, las sospechas sobre la transparencia de la operación siguen creciendo.

Además, recusó al juez Manuel José García Mansilla designado por Milei, denunció que su nombramiento carece de imparcialidad y que no cumplió con los procedimientos constitucionales correspondientes.

Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de revertir su condena en la causa Vialidad, que la enfrenta a una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación judicial se da en un contexto de creciente tensión política, con un Poder Judicial fuertemente cuestionado y un gobierno que no oculta su intención de verla tras las rejas.

El recurso llega luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara su Recurso Extraordinario sin abordar, según su defensa, las violaciones a sus derechos constitucionales. En este marco, Kirchner recusó al juez Manuel José García Mansilla, designado por el presidente Javier Milei, denunciando que su nombramiento carece de imparcialidad y no cumplió con los procedimientos constitucionales correspondientes.

Uno de los puntos más críticos del planteo de Kirchner es la injerencia del propio Milei en el proceso judicial. El presidente afirmó en reiteradas ocasiones que la exmandataria “va a ir presa”, lo que, según su defensa, representa una presión inadmisible sobre el Poder Judicial y pone en duda la imparcialidad del tribunal. En ese contexto, Kirchner impulsó una sesión especial en el Senado para rechazar la designación de García Mansilla, alegando que su nombramiento viola la Constitución Nacional.

El avance del caso hacia la Corte Suprema marca un punto de inflexión en la disputa judicial que enfrenta la ex presidenta. El máximo tribunal deberá pronunciarse no solo sobre la validez de la condena, sino también sobre la independencia del sistema judicial en un escenario de creciente polarización política. Para su defensa, el proceso estuvo plagado de irregularidades y responde a una estrategia de persecución para sacarla del juego político.

Mientras la Corte analiza el expediente, la figura de Cristina Kirchner sigue dividiendo aguas en la sociedad argentina. Sus seguidores la ven como una víctima de un lawfare instrumentado por el poder económico y mediático, mientras que sus detractores sostienen que debe cumplir la condena por corrupción. La decisión del tribunal no solo impactará su futuro político y judicial, sino que también pondrá a prueba la credibilidad del sistema judicial en un contexto donde el oficialismo no oculta su voluntad de avanzar sobre otros sectores del Estado.

Así, el recurso de queja presentado por Kirchner ante la Corte Suprema no es solo un trámite judicial más, sino un capítulo clave en la disputa por el poder y el control de la Justicia en Argentina. El fallo que emita el máximo tribunal no solo definirá su destino, sino que también marcará el rumbo del país en un escenario de creciente enfrentamiento institucional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a hablar y como suele hacerlo, trajo más dudas que certezas. Hace una semana dijo que el acuerdo con el FMI era por 20 mil millones de dólares y que ingresarían inmediatamente a las reservas. 

“Las reservas se van a ir a 50 mil millones y se van a despejar todas las dudas”, mintió hace solo 5 días. Hoy las reservas totales son de 25 mil millones. 

Ayer, en una entrevista con el vocero oficialista Luis Majul el ministro cambió el relato: dijo que el primer desembolso será “superior al 40%” de los 20 mil millones en negociación. Es decir, en una semana pasó de 20 mil millones a 6 mil millones. 

Después, el ministro volvió con el mismo discurso que ya tuvieron tanto él mismo (era funcionario), como Mauricio Macri en 2018, cuando se firmó el primer gran endeudamiento con el FMI. El acuerdo no es necesario, se toma por las dudas. “Llevamos a la práctica nuestro propio programa. Le mostramos al Fondo que teníamos razón. Le dijimos en septiembre: podemos continuar con nuestro programa o pueden subirse y darnos una mano”, aseguró. 

Mientras, la realidad va por otro lado. En enero de este año, las reservas brutas eran de 32 mil millones de dólares. Solo dos meses después bajaron a 25 mil millones. Es decir, Caputo dilapidó 7 mil millones de dólares para mantener su política de dólar súper barato. Ese número es superior a lo que desembolsaría el FMI. 

La inversión extranjera directa en Argentina sufrió una fuerte caída en los últimos meses, con una salida neta de casi 1.700 millones de dólares en el primer trimestre del año, según datos del Banco Central (BCRA).

En febrero, la fuga de capitales alcanzó los 1.050 millones de dólares, reflejando la falta de confianza del sector privado en el actual contexto económico. Esta tendencia no solo debilita las ya escasas reservas internacionales, que perforaron el nivel de los 26 mil millones de dólares, sino que también agrava las dificultades del país para atraer inversiones a largo plazo.

El deterioro de la inversión extranjera directa es un factor clave para el crecimiento económico, ya que estos capitales suelen estar destinados a sectores estratégicos como la industria, la infraestructura y la tecnología. La persistente incertidumbre económica, junto con la elevada carga tributaria y la inestabilidad normativa, desalienta la llegada de nuevas inversiones, afectando tanto la creación de empleo como la modernización del aparato productivo.

El pedido de la UIA: volver a tener políticas industriales

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advierten que, mientras el mundo desarrollado refuerza sus estrategias industriales en un contexto de creciente proteccionismo y competencia global, Argentina avanza en la dirección opuesta. La entidad insiste en la necesidad urgente de implementar un plan industrial integral que permita mejorar la competitividad del sector productivo y fortalecer las cadenas de valor estratégicas.

El informe del Centro de Estudios UIA destaca que países como Estados Unidos, la Unión Europea y China han intensificado sus políticas industriales, combinando incentivos con medidas proteccionistas para impulsar la producción local. En contraste, la falta de un plan industrial sólido en Argentina pone en riesgo la generación de empleo y el desarrollo tecnológico, aumentando la vulnerabilidad del sector manufacturero frente a la competencia internacional.

La UIA subraya que los cambios estructurales en la economía mundial, como la digitalización, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de suministro debido a las tensiones geopolíticas, requieren una estrategia industrial clara para no quedar relegados en el nuevo orden global. Sin políticas activas para incentivar la producción nacional, Argentina corre el riesgo de perder oportunidades estratégicas para el desarrollo y la generación de empleo de calidad.

A pesar del ordenamiento de algunas variables macroeconómicas y de la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), los inversores extranjeros continúan mostrando cautela. La inestabilidad normativa, la ausencia de incentivos adecuados y la falta de previsibilidad económica desalientan la llegada de nuevos capitales. En este escenario, la UIA reitera que es imperativo que el gobierno tome medidas concretas para revertir esta tendencia y generar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo productivo. De lo contrario, Argentina seguirá perdiendo competitividad y profundizando su dependencia de sectores de baja productividad en un contexto internacional cada vez más desafiante que compite por el dominio de las tecnologías de frontera y trabajos de alta calidad.

El Poder Ejecutivo destinó $195.000 millones a beneficios impositivos para empresas Tech, con Mercado Libre como principal beneficiario.

En un contexto de ajuste fiscal que golpea a sectores clave y deja a muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) al borde del cierre, el Gobierno ha decidido otorgar exenciones impositivas por $195.000 millones a empresas del sector tecnológico, con Mercado Libre como principal beneficiaria. La medida, tomada por decreto, generó fuertes críticas debido a que prioriza a grandes corporaciones con utilidades millonarias que en muchos casos se giran al exterior, mientras otros sectores productivos se enfrentan a crecientes costos, una merma en el consumo y los efectos de la apertura importadora.

El decreto, publicado la semana pasada en simultáneo con la jornada de protestas y represión en el Congreso, amplía en un 30% el presupuesto destinado al régimen de Economía del Conocimiento en comparación con el año anterior, superando en 10 puntos la inflación proyectada. En contraste, el Presupuesto 2025 prevé aumentos mucho menores en áreas esenciales: solo un 1,7% para Capital Humano, 2,3% para Defensa y 3,6% para el Poder Judicial.

Este régimen, creado en 2019 como una evolución de la Ley de Software, otorga beneficios fiscales a empresas dedicadas a la exportación de software, biotecnología y otros servicios tecnológicos. Sin embargo, aunque su objetivo inicial era fomentar la innovación y el empleo, su implementación ha favorecido principalmente a grandes compañías. Mercado Libre, que en los últimos tres años recibió USD 250 millones en incentivos, es el mayor beneficiario. A pesar de que el Gobierno no ha transparentado la información, fuentes del sector confirman que la empresa fundada por Marcos Galperin concentra buena parte de estos subsidios. En 2024, la compañía reportó ingresos por USD 21.000 millones y una valuación de USD 105.000 millones, pero destinó solo USD 75 millones a inversiones en Argentina, una cifra similar a lo que percibe en subsidios fiscales.

El esquema ofrece dos beneficios principales: un reintegro de contribuciones patronales y una reducción del impuesto a las ganancias, que alcanza el 20% para grandes empresas y el 60% para las más pequeñas. Sin embargo, el impacto real en las pymes es limitado, ya que según datos oficiales, 76 grandes compañías concentraban en 2023 el 50% de los empleados alcanzados por el régimen y absorbieron la mitad del cupo fiscal.

Además de Mercado Libre, entre las empresas que reciben estos beneficios se encuentran Globant, Accenture, Despegar y Capgemini. En el sector financiero y sindical han surgido fuertes críticas a la medida, señalando que los subsidios terminan beneficiando a un grupo reducido de firmas con sede en el exterior o en paraísos fiscales. “Año a año, los subsidios quedan en manos de grandes corporaciones que no reinvierten en el país”, denunció Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático (OTI). Desde esta entidad también se cuestiona la falta de transparencia en la asignación de los recursos y la ausencia de un convenio colectivo para los trabajadores del sector.

Sin embargo, para muchas pymes que enfrentan costos crecientes, tasas de interés elevadas y una caída en el consumo, la medida resulta un nuevo golpe. Mientras ellas luchan por no bajar sus persianas, las grandes empresas continúan recibiendo beneficios millonarios que no necesariamente se traducen en un mayor desarrollo productivo dentro del país.

La industria automotriz argentina enfrenta una crisis sin precedentes con despidos masivos y el cierre de líneas de producción en Toyota y Nissan, impulsados por la retracción del mercado interno y un cambio en la estrategia productiva de las empresas.

Toyota: Un Modelo de Expansión Convertido en Símbolo de Ajuste

La automotriz japonesa Toyota, que hasta hace poco era un motor de crecimiento industrial en Argentina, se ha transformado en un ejemplo de ajuste drástico. Desde enero de 2025, la empresa viene llevando a cabo despidos masivos en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Las desvinculaciones afectan tanto a operarios como a supervisores, incluyendo empleados con hasta dos décadas de antigüedad. Incluso representantes gremiales han sido alcanzados por el ajuste: de los 70 delegados que el gremio de mecánicos SMATA tenía en la empresa, solo quedan siete.

“Te llaman antes del turno de ingreso para avisarte que estás desvinculado por estructuración y te pagan lo que corresponde legalmente”, reveló una fuente interna. Se estima que la compañía ya ha despedido al menos a 150 trabajadores en lo que va del año y prevé una reducción mínima de 200 puestos en el corto plazo, debido a la caída de la demanda y a la automatización de ciertos procesos productivos.

Nissan: Fin de la Producción Local y Reducción de Personal

En paralelo, Nissan Argentina anunció su decisión de discontinuar la producción de la pickup Frontier en el país para fines de 2025, cerrando así un ciclo de ocho años de fabricación local. La medida responde a una estrategia global de la compañía y a la caída de ventas en el mercado interno y en destinos de exportación clave como Chile y Colombia.

El impacto ya se hace sentir en la planta de Santa Isabel, Córdoba, donde las suspensiones y planes de retiros voluntarios avanzan a un ritmo preocupante. “El año comenzó con un solo turno operativo, lo que implicó la suspensión de un turno completo”, afirmó Maximiliano Ponce, secretario de SMATA Córdoba. Actualmente, 120 trabajadores están suspendidos cobrando el 70% de su salario sin asistir a la planta, mientras que otros 400 operarios continúan trabajando, aunque sin certezas sobre su futuro.

Impacto en la Industria Autopartista

El cese de producción de Toyota y Nissan también afecta a los proveedores locales, con riesgo de cierre para varias empresas del sector autopartista. Un caso emblemático es el de Maxion Montich SA, fabricante de chasis para la Frontier y la Alaskan, que quedará fuera del nuevo esquema productivo de Renault a partir de 2026.

La preocupación crece entre los autopartistas debido a la proliferación de proyectos industriales con un bajo nivel de integración nacional. “Al menos dos proyectos que incluyen vehículos chinos ensamblados en Argentina sin muchas partes locales están a punto de ser anunciados. Esto reducirá la escala de producción y perjudicará a toda la industria”, advirtieron fuentes del sector.

La crisis en Toyota y Nissan marca un punto de inflexión en la industria automotriz argentina, con un futuro incierto para miles de trabajadores y proveedores que dependen de la producción local.

La incapacidad del presidente para responder a sus expectativas ha provocado un quiebre que amenaza con debilitar uno de sus principales sostenes políticos.

Las últimas encuestas nacionales reflejan un cambio preocupante para Javier Milei: su imagen se deteriora con rapidez entre los jóvenes, uno de los pilares de su base electoral en 2023. La incapacidad del presidente para responder a sus expectativas ha provocado un quiebre que amenaza con debilitar su sostén político.

Según un relevamiento conjunto de las consultoras Alaska y Trespuntozero, la gestión de Milei acumula un 55,1% de rechazo a nivel nacional y casi la mitad de los encuestados (47,6%) califica su desempeño como “muy malo”. La imagen positiva, por su parte, ha caído al 42%, consolidando un descenso que genera preocupación dentro de La Libertad Avanza.

Los jóvenes le dan la espalda: la primera gran fractura

El sector de 16 a 29 años, que en noviembre de 2024 respaldaba a Milei con un 63,9% de imagen positiva, ahora muestra una caída abrupta al 51,4%. Al mismo tiempo, el rechazo en esta franja etaria trepó al 48,5%, una cifra que evidencia el desencanto y la frustración de un sector que apostó por el presidente como alternativa al sistema tradicional.

El retroceso de Milei entre los jóvenes no es casualidad. Las promesas de transformación rápida y de mejora económica no se han materializado, y el ajuste ha golpeado con fuerza a la clase media y a los sectores juveniles. La falta de respuestas concretas a las demandas de empleo, educación y estabilidad económica ha erosionado la confianza de aquellos que lo vieron como un agente de cambio.

Un desgaste que se profundiza en otros sectores

El informe también resalta que el rechazo a Milei es más pronunciado entre las mujeres y los sectores de la clase media con educación secundaria completa. El 59% de las mujeres desaprueba su gestión, mientras que en los hombres la caída es más lenta, aunque también en descenso.

Además, las diferencias geográficas muestran un debilitamiento específico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la imagen positiva de Milei cae al 39,2%. En el interior del país, aunque el apoyo es ligeramente mayor (43,2%), la tendencia también es descendente.

Un futuro incierto para el oficialismo

Desde su pico de aprobación en noviembre de 2024 (51,5%), la imagen de Milei ha registrado un descenso constante. Pero es la fractura con el voto joven la que podría marcar un punto de inflexión en su futuro político. Sin la adhesión de quienes lo vieron como una esperanza de cambio, el presidente enfrenta un desafío clave para sostener su proyecto de cara a las elecciones de 2025.

El desencanto creciente refleja una realidad innegable: el desgaste del discurso libertario ante la falta de resultados tangibles. La incapacidad de Milei para cumplir las expectativas de sus votantes más fervientes deja en evidencia una crisis que podría redefinir el panorama político en los próximos meses.

El máximo tribunal desestimó los recursos de la coalición que encabeza Mauricio Macri en una causa por irregularidades en los gastos de campaña durante las elecciones en la provincia de Buenos Aires en 2017.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia de la Justicia Electoral que sancionó a la coalición Cambiemos Buenos Aires por irregularidades en los informes finales de campaña de 2017, vinculadas a la utilización de aportantes falsos.

El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por los responsables de los partidos involucrados y confirmó la multa impuesta, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que deja sin posibilidad de apelación la sanción.

El caso se originó a raíz de una investigación periodística que reveló que 205 personas de bajos ingresos, beneficiarias de planes sociales, figuraban como donantes de fondos a la campaña de Cambiemos cuyo máximo referente era Mauricio Macri. Estas personas aparecían afiliadas al PRO y registradas como aportantes con sumas que iban desde $350 hasta $1.500, sin su conocimiento o consentimiento.

La causa fue tramitada por el juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien desaprobó los informes financieros y aplicó multas a los partidos de la alianza. El magistrado cuestionó que la única explicación presentada por la agrupación fue la existencia de supuestos “errores en la carga de datos”, sin aportar pruebas documentales que lo acreditaran. De los 205 casos investigados, 79 personas negaron haber realizado contribuciones, mientras que 19 reconocieron haber hecho aportes, aunque solo una pudo presentar un comprobante.

En 2023, la Cámara Nacional Electoral ratificó la sanción y subrayó la necesidad de garantizar transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. La resolución también dispuso investigar a los posibles responsables de estas irregularidades y estableció la pérdida de los aportes públicos extraordinarios que le hubieran correspondido a la coalición por dicha campaña.

Ante esta decisión, los partidos sancionados recurrieron a la Corte Suprema, argumentando que la Cámara Electoral había ignorado informes rectificatorios y omitido el tratamiento de cuestiones federales. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó el planteo y dejó firme el fallo, consolidando la condena contra Cambiemos por el uso de aportantes truchos en las elecciones de 2017.

El ministro Toto Caputo tiene una rara virtud: cada vez que habla logra el efecto contrario al buscado. Ayer salió otra vez a dar un mensaje público para tratar de calmar a los “mercados” pero la respuesta fue negativa. Aunque a Caputo y Milei les duela: los mercados financieros no la ven…

A la mañana dijo que el FMI les prestaría 20 mil millones de dólares y que llegarían de forma inmediata. Mintió. Solo un rato después, el FMI lo desmintió. Llegarán en cuotas, durante 4 años.

Caputo salió a hablar porque ese día tenía por delante vencimientos de deuda por 9.2 billones de pesos. Logró renovar 6.2 millones. Pero lo logró gracias al Banco Nación que compró 5.5 billones. Todo es tragicómico en el gobierno libertario: fueron salvados por un banco público, que ellos detestan y prefieren privatizar. ¿Si fuera privado hubiera comprado tanta deuda de Caputo?

Mientras, la jornada terminó con dólares financieros a 1300 y la brecha superando el 20%. El Central volvió a perder reservas y la presión devaluatora crece. El FMI mandará fondos recién a fines de abril. Será un mes largo.

Finalmente, confirmaron a Manuel Adorni, vocero presidencial, como principal aspirante a una banca en la Legislatura porteña en representación del bloque libertario.

“Eso hay que preguntarlo en la oficina de al lado mío”, se desentendió el Presidente en una entrevista en El Observador, antes de clamar por la postulación de Patricia Bullrich, que poco después, desde Córdoba, se bajó: “Creo que en esta oportunidad me quedo en el banco”, adujo. En el Ministerio de Seguridad apostaban a caballo ganador y postulaban a Adorni.

La primera idea fue mandar a Karina Milei pero la asesora estrella del presidente no dio el piné: fue malísima oradora en un par de actos públicos, lo que generó dudas entre los libertarios. Además, su intención de votos era baja y no podía permitirse un papelón electoral una persona de apellido Milei.