El presidente Javier Milei dejó preocupados a los empresarios que fueron a escuchar su discurso en el Council of Americas y lo notaron desbordado, disperso y errático. Después de 10 días de no aparecer en ningún lado, volvió con una exposición casi delirante, donde habló de un país que solo existe en su cabeza.

La aparición de Milei en el Hotel Alvear fue la segunda en la semana luego de un retiro de 10 días en Olivos en los que no tuvo agenda ni recibió a empresarios ni dirigentes. Un encierro que obligó al vocero presidencial, Adrián Ravier, a desmentir problemas de salud del primer mandatario. Se llegó a hablar, incluso, de ambulancias en la Quinta de Olivos.

Ante empresarios, Milei reconoció que la foto actual es “horrible” con 6 millones de argentinos que no pueden pagar las deudas que asumieron para llegar a fin de mes. Además, el 70% asegura que no supera el día 20 del mes con sus ingresos. Sin embargo, Milei aclaró que la película “es la mejor de la historia argentina”. ¿De qué habla?

Agobiadas por las deudas y la pérdida de capacidad de pago, miles de personas se movilizaron este jueves en Buenos Aires para reclamar medidas urgentes frente al creciente endeudamiento de los hogares, que alcanzó niveles inéditos en las últimas dos décadas durante el gobierno de Javier Milei.

Según datos del Banco Central, más de 5,8 millones de argentinos —el 12,5% de la población— se encuentran en mora con sus préstamos, una cifra que marca un récord desde la crisis de 2001. La protesta expuso así una de las caras más preocupantes de la crisis económica: familias que recurren cada vez más al crédito y a préstamos de alto costo para afrontar gastos esenciales.

Los manifestantes apuntaron contra las políticas de austeridad y desregulación financiera del Gobierno y reclamaron una mayor intervención del Estado para aliviar la situación de los hogares sobreendeudados. “Día a día, esto se hace cada vez más difícil de sobrellevar”, expresó durante la movilización Mariano Almeyda, un abogado de 47 años que aseguró atravesar personalmente las dificultades provocadas por las deudas.

Fuerte respaldo sindical

La movilización contó con el respaldo de las principales centrales obreras, entre ellas la CGT y la CTA, además de organizaciones y partidos de izquierda. La protesta ocupó parte de la Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía, que permaneció vallado y rodeado por un fuerte operativo policial.

Entre las consignas también aparecieron críticas a las billeteras digitales y otras plataformas que ofrecen préstamos, señaladas por los manifestantes como parte de un circuito de financiamiento al que recurren numerosos hogares ante las dificultades para acceder al crédito bancario tradicional.

El reclamo central fue por una intervención estatal que permita reestructurar las deudas de las familias y poner límites a las tasas de interés consideradas abusivas, especialmente en los segmentos informales o de mayor riesgo.

🗣️“VENIMOS A PEDIR RESPUESTA A ESO QUE DICEN QUE ES UN PROBLEMA ENTRE PRIVADOS”

Marchamos junto a las dos CTA, UTEP y organizaciones sociales para decir basta al modelo económico del Gobierno nacional que conduce Javier Milei y que instrumenta el ministro Luis Caputo, que está… pic.twitter.com/HQtF0Rm8nR

— CGT (@cgtoficialra) August 20, 2026

La movilización también puso en discusión una de las definiciones del propio Milei, quien sostuvo recientemente que el endeudamiento constituye “un asunto entre privados” en el que el Estado no debería intervenir. Para los manifestantes, esa postura desconoce la dimensión social que adquirió el problema.

Desde la CGT sintetizaron el reclamo tras la marcha: “Un modelo que empuja a las familias argentinas a endeudarse para comer, pagar el alquiler y sostener los servicios básicos”. La multitudinaria protesta dejó así expuesta la creciente preocupación por el impacto de la crisis económica sobre la vida cotidiana de millones de hogares.

Mientras millones de argentinos enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, acumulan deudas y padecen el deterioro de su poder adquisitivo, Javier Milei confirmó que volverá a subirse a un escenario junto a su “Banda Presidencial” para celebrar el dato de inflación mayorista de julio.

El anuncio, realizado durante su discurso en el Council of the Americas, vuelve a exponer el preocupante contraste entre la agenda del Presidente y las dificultades concretas que atraviesan los hogares.

Milei aseguró que debería cumplir su promesa de realizar un recital si la inflación llegaba a ubicarse en torno al 1% y, ante la confirmación de que la organización del espectáculo ya estaría en marcha, respondió: “Voy a tener que buscar tiempo para ensayar, pero lo haré”. La celebración presidencial se produce en un contexto en el que amplios sectores de la sociedad todavía enfrentan una fuerte presión sobre sus ingresos y sus gastos cotidianos.

El mandatario incluso aprovechó el anuncio para reivindicar su gestión económica y aseguró haber cumplido “mis promesas en la mitad del mandato”. También sostuvo que la inflación cayó 85% y destacó especialmente el comportamiento de los precios mayoristas. Sin embargo, el festejo volvió a quedar atravesado por la discusión sobre qué indicador había utilizado originalmente para anunciar su prometido recital: mientras ahora Milei sostiene que siempre se refirió a la inflación mayorista, en declaraciones anteriores había hecho referencia al Índice de Precios al Consumidor.

El episodio deja una imagen difícil de ignorar: mientras el Presidente prepara un nuevo espectáculo para celebrar una estadística económica, miles de familias siguen haciendo malabares para pagar alimentos, servicios, alquileres, cuotas y deudas. La distancia entre el triunfalismo oficial y la experiencia cotidiana de buena parte de la población vuelve a plantear interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para interpretar el malestar social y la establidad emocional del presidente.

Incluso Milei reconoció que “la foto sigue siendo horrible”, aunque inmediatamente aseguró que la “película” es la mejor de la historia argentina. El contraste resulta evidente: para el Presidente, el escenario parece estar preparado para festejar; para una parte importante de la sociedad, el desafío continúa siendo llegar a fin de mes.

La decisión de convertir un dato de inflación mayorista en motivo de celebración personal vuelve a alimentar las críticas sobre el creciente alejamiento del Presidente respecto de la realidad cotidiana de los argentinos, en un momento en que la prioridad de muchos hogares no es asistir a un recital presidencial, sino recuperar el poder de compra y dejar de endeudarse para sobrevivir.

La senadora Patricia Bullrich volvió a generar ruido en el gobierno libertario al cuestionar el modelo económico de Javier Milei y Luis Toto Caputo: en redes sociales, reconoció que el ajuste está afectando a millones de argentinos. Bomba.

“Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”, dijo la ex presidenta del PRO. “No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro”, concluyó.

Bullrich golpeó sobre el discurso de Milei que suele jactarse de “haber sacado a 20 millones de la pobreza”. Si fuera así: ¿por qué es necesario que el modelo se sienta en la vida cotidiana? No cierra. Mientras, el 70% de los argentinos no llega a fin de mes y cree que la economía empeorará a futuro.

El periodista mileista Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia, acusado de intento de homicido de una mujer. Fue ex asesor del gobierno de Javier Milei y de otros gobiernos de ultraderecha de Sudamérica. Se jacta de hacer campañas de fake news y en ese marco creó “La derecha diario”, un portal que difunde mentiras a favor de los gobiernos de derecha del mundo. “Ojalá sea el Magnetto de la derecha”, dijo Cerimedo en relación al todopoderoso dueño del Grupo Clarín

En 2018 creó La Derecha Diario, un medio propagandista y sensacionalista de noticias falsas que busca interpelar desde la indignación y el odio y que tiene presencia en casi toda Latinoamérica. Es el portal preferido del presidente Milei, que diariamente suele compartir sus artículos en redes sociales.

En 2019, a instancias de Patricia Bullrich, Cerimedo se acercó a la campaña de reelección de Mauricio Macri y a partir de ese entonces se convirtió en uno de los asesores estrella de la derecha y luego de la ultraderecha, de la mano del aumento de la relevancia de las redes sociales en las campañas políticas. Fue acusado en Brasil por ser parte de un intento de golpe de Estado durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Lo que se dice un buen muchacho.

La ministra de Seguridad reconoció que en 2025 los suicidios dentro de las fuerzas federales aumentaron un 30% respecto de 2024 y vinculó la problemática con los bajos salarios y los crecientes niveles de endeudamiento. El dato expone el fuerte impacto de la crisis económica sobre los efectivos durante el gobierno de Javier Milei.

La situación encendió una nueva señal de alarma dentro de las fuerzas de seguridad. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, admitió que durante 2025 se registró un 30% más de suicidios que el año anterior y señaló que uno de los factores que agravan el cuadro es el elevado nivel de endeudamiento que atraviesan los efectivos.

“Hay más suicidios en las fuerzas, sí. En 2025 hubo un 30% más que en 2024”, reconoció la funcionaria, quien identificó a la salud mental como uno de los principales problemas. Sin embargo, al explicar las causas que rodean al fenómeno, puso el foco también sobre la situación económica de los integrantes de las fuerzas.

Monteoliva reconoció que existen niveles de endeudamiento formales e informales dentro de las fuerzas y sostuvo que muchas de esas situaciones requieren asistencia para poder ser encauzadas. El Ministerio, según explicó, incorporó esta problemática como uno de los ejes de sus políticas de bienestar y comenzó a implementar medidas vinculadas con asistencia y orientación financiera.

Salarios que no alcanzan y una deuda que crece

El reconocimiento de la ministra adquiere especial gravedad en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y creciente endeudamiento de los hogares. La problemática no es exclusiva de las fuerzas de seguridad, pero el impacto sobre efectivos que cumplen tareas de alta exigencia y responsabilidad genera una preocupación adicional.

Los datos sobre endeudamiento familiar muestran un fuerte deterioro. La morosidad de los hogares pasó de niveles considerablemente menores en 2024 a registrar posteriormente un marcado incremento, mientras cada vez más familias recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos como alimentos, servicios y otras obligaciones.

De acuerdo con el relevamiento citado, el 62% de los argentinos tomó deuda y más de la mitad de quienes lo hicieron recurrió al crédito para cubrir gastos corrientes. A su vez, dos de cada tres personas agotan sus ingresos antes del día 20 del mes, una señal del creciente deterioro de la capacidad de consumo y ahorro.

El problema también alcanza a los trabajadores de las fuerzas de seguridad, que enfrentan el aumento del costo de vida con salarios que, según las denuncias planteadas por distintos sectores, no acompañan el incremento de los gastos. La consecuencia es un círculo cada vez más difícil de romper: ingresos insuficientes, endeudamiento, presión financiera y deterioro de la salud mental.

Una crisis que atraviesa a las fuerzas

La propia ministra intentó contextualizar el incremento de los suicidios señalando que el fenómeno también aumentó a nivel nacional. Sin embargo, el dato del 30% de incremento dentro de las fuerzas de seguridad revela la dimensión de una problemática que no puede quedar reducida a una cuestión individual.

El endeudamiento aparece así como uno de los factores que deben ser atendidos por las autoridades. La existencia de deudas formales e informales entre los efectivos muestra hasta qué punto la crisis económica puede penetrar en la vida cotidiana de quienes integran las fuerzas federales.

La situación plantea un desafío urgente para el Gobierno: garantizar salarios y condiciones laborales que permitan a los efectivos sostener dignamente a sus familias y evitar que la precariedad económica termine convirtiéndose también en una amenaza para su salud y su vida.

El reconocimiento de Monteoliva funciona, en ese sentido, como una señal de alarma sobre las consecuencias sociales de una crisis económica que ya no sólo se expresa en los índices de consumo, inflación o endeudamiento: también empieza a dejar consecuencias dramáticas dentro de las propias fuerzas de seguridad.

“Necesitamos más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta”, reclamó la senadora, en un mensaje que abre una incómoda discusión sobre el costo social del modelo libertario.

Patricia Bullrich eligió cuidadosamente sus palabras. La senadora nacional por La Libertad Avanza ratificó el rumbo económico del Gobierno, pero al mismo tiempo formuló un reclamo que deja al descubierto una preocupación cada vez más difícil de ocultar: la recuperación que promete el oficialismo todavía no llega con claridad a los bolsillos de las familias y las empresas.

“El rumbo es el correcto. Lo que necesitamos ahora es más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta en la vida cotidiana. Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino”, escribió Bullrich.

Aunque evitó cuestionar directamente a Javier Milei, el mensaje contiene una admisión significativa. Si el principal reclamo de una dirigente oficialista es que los resultados “se sientan” en la vida cotidiana, es porque una parte importante de la sociedad todavía no percibe los beneficios de la transformación económica que el Gobierno presenta como un éxito.

Una economía que todavía no llega a los hogares

La advertencia adquiere mayor relevancia en un contexto en el que el debate económico comienza a desplazarse de los indicadores macroeconómicos hacia una pregunta mucho más concreta: ¿cómo hacen las familias para llegar a fin de mes?

Los datos sobre endeudamiento y morosidad reflejan una situación preocupante. El Banco Central registró en abril una morosidad del 12,1% en los créditos destinados a las familias, mientras que durante mayo distintos informes basados en datos oficiales ubicaron la irregularidad del crédito familiar por encima del 12%, en niveles excepcionalmente elevados.

El problema se concentra especialmente en las tarjetas de crédito y los préstamos personales, instrumentos que para numerosos hogares dejaron de ser una herramienta ocasional para transformarse en un mecanismo para sostener el consumo y afrontar gastos cotidianos.

A esto se suma el crecimiento de los préstamos otorgados a través de billeteras virtuales. Para algunos especialistas, esta expansión podría estar vinculada con personas que encuentran mayores dificultades para acceder al financiamiento bancario tradicional y recurren a plataformas digitales para cubrir gastos o cancelar otras deudas.

La postal resulta difícil de compatibilizar con el discurso oficial de una recuperación que ya estaría beneficiando al conjunto de la sociedad.

El límite de los números macroeconómicos

El Gobierno de Milei convirtió el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y el reordenamiento de las variables macroeconómicas en los principales pilares de su gestión. Sin embargo, la estabilización de algunos indicadores no necesariamente implica una mejora inmediata en las condiciones materiales de los hogares.

Ahí aparece el reclamo de Bullrich. La senadora no cuestiona el rumbo, pero reconoce que existe un problema con la velocidad con la que sus supuestos beneficios llegan a la sociedad.

La diferencia entre la macroeconomía y la economía cotidiana puede convertirse en uno de los principales desafíos políticos del oficialismo. Mientras el Gobierno insiste en que el sacrificio actual permitirá una recuperación futura, millones de familias enfrentan en el presente mayores dificultades para sostener el consumo, pagar sus deudas y preservar su poder adquisitivo.

La respuesta de Milei frente al endeudamiento también expuso esa tensión. El Presidente sostuvo que se trata de una cuestión entre privados y llegó a afirmar que “nadie le puso un revólver en la cabeza” a quienes tomaron préstamos.

El contraste es evidente: mientras el Gobierno pone el foco en las variables macroeconómicas, Bullrich advierte que el cambio todavía debe llegar a las familias, las empresas y “cada argentino”.

En definitiva, su mensaje funciona como una señal de alerta dentro del propio oficialismo. El problema ya no es solamente demostrar que el modelo funciona en los números: el desafío es convencer a una sociedad que todavía espera sentir sus resultados en el bolsillo.

El argumento busca explicar una de las principales inconsistencias detectadas por el fiscal Guillermo Marijuán, pero abre nuevos interrogantes sobre la precisión y confiabilidad de la información patrimonial presentada por un supuesto profesional de las ciencias económicas.

El argumento busca explicar una de las principales inconsistencias detectadas por el fiscal Guillermo Marijuán, pero abre nuevos interrogantes sobre la precisión y confiabilidad de la información patrimonial presentada por un profesional de las ciencias económicas.

A simple vista, resulta difícil de comprender cómo un contador público puede confundir un dato central de su propia declaración jurada patrimonial y, además, firmar y presentar formalmente el documento con una cifra diez veces superior a la que, según ahora sostiene, correspondía.

Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, recurrió precisamente a esa explicación para intentar despejar las dudas planteadas en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Según el escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, en su declaración jurada correspondiente a 2024 consignó una deuda inicial de $130 millones, cuando en realidad —afirma ahora— debía haber escrito $13 millones. Ese supuesto error de un cero modificó sustancialmente la lectura de su evolución patrimonial.

El fiscal Guillermo Marijuán había advertido que, de acuerdo con la información declarada por Adorni, su deuda se había reducido de $130 millones a $60 millones durante el período. Es decir, aparecía una diferencia de aproximadamente $70 millones que no encontraba una explicación clara.

La defensa de Adorni sostiene ahora que esa reducción nunca existió: los $130 millones serían en realidad $13 millones y, por lo tanto, la interpretación realizada a partir de la declaración jurada habría partido de un dato incorrecto.

La explicación, sin embargo, difícilmente pueda evitar nuevas preguntas. No se trata de un error menor en un documento informal, sino de una declaración jurada patrimonial presentada y firmada por un contador público, precisamente el tipo de profesional que conoce la importancia de consignar correctamente cifras y movimientos financieros.

El episodio recuerda además otras explicaciones ensayadas en torno al patrimonio de los hermanos Adorni. En el caso de Manuel Adorni, las ganancias obtenidas con criptomonedas fueron invocadas para justificar parte del crecimiento patrimonial, mientras que también quedaron bajo cuestionamiento los préstamos declarados provenientes de jubiladas.

Ahora, Francisco Adorni sostiene que una cifra diez veces mayor en su declaración jurada fue simplemente consecuencia de “olvidarse” un cero.

Más allá de que la Justicia deberá determinar si se trató efectivamente de un error material o de una inconsistencia con otra explicación, el episodio vuelve a instalar un interrogante de fondo: ¿cuánto margen puede tener un funcionario para equivocarse en cifras patrimoniales millonarias antes de que la explicación deje de parecer un simple error administrativo?

La sucesión de inconsistencias y explicaciones posteriores alrededor de los patrimonios de funcionarios y dirigentes libertarios empieza a configurar un patrón que merece especial atención. Cuando las cifras no cierran, aparecen errores de tipeo, ceros mal colocados o ingresos extraordinarios como explicación. Y en cada caso, las dudas terminan apareciendo después de que la Justicia o los investigadores detectan las diferencias.

En un Gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios y combatir la corrupción, las declaraciones patrimoniales deberían ser una herramienta de transparencia, no un rompecabezas que necesita ser corregido una vez que los fiscales encuentran las inconsistencias.

Nadia Beller fue baleada en Bolivia y se sospecha de Fernando Cerimedo, un hombre vinculado a la ultraderecha en Argentina, Brasil y Bolivia. En Argentina fue asesor estrella de los hermanos Javier y Karina Milei. Su mujer trabajo en ANDIS, donde se supo que se pagaban coimas a funcionarios libertarios. “Fernando me dijo que las coimas eran para Karina. Milei tiene un entorno muy podrido”, contó Beller.

“Fernando me dijo que los audios (de ANDIS) eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció”, relató.

“Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación. Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda [por su esposa] que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota’. Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido”, relató Beller que sufrió un intento de asesinato por parte de sicarios que la justicia vincula a Cerimedo, uno de los creados del portal La derecha diario.

Según ella, Cerimedo contaba que, en el gobierno argentino, “su relación más cercana era con Patricia Bullrich, con quien coordinaba cuestiones de seguridad” y que uno de los trabajos que hizo para la gestión de Milei fue “una campaña para anular a la vicepresidenta”, Victoria Villarruel.

La diputada nacional Marcela Pagano le pidió al juez Ariel Lijo que cite con carácter urgente a Nadia Beller, la mujer que permanece internada en Bolivia después de recibir varios disparos y que aseguró tener grabaciones de conversaciones con Fernando Cerimedo.

Según la presentación, el material podría ser clave para determinar quién obtuvo y filtró los audios que dieron origen a la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y bajo qué circunstancias fueron difundidos.

Pagano solicitó que Beller declare por videoconferencia, con intervención de las autoridades bolivianas, y que entregue las grabaciones, sus archivos originales y los dispositivos donde se encuentren. También pidió preservar la evidencia digital y garantizar la protección de la testigo.

El origen de los audios, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales de la causa es establecer el origen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. La Justicia todavía debe determinar cómo fueron obtenidos y si se trata de registros auténticos.

En su presentación, Pagano citó declaraciones públicas de Beller, quien afirmó que conserva conversaciones grabadas y que Cerimedo conocería la existencia de ese material.

La diputada considera que esas grabaciones podrían permitir contrastar los dichos de Cerimedo con lo que ya declaró ante la Justicia y aportar elementos para reconstruir la cadena de origen de los audios.

El planteo adquiere relevancia porque la Cámara Federal había ordenado avanzar sobre las dudas relacionadas con la procedencia de las grabaciones. Mientras tanto, permanece pendiente un peritaje sobre la voz de Spagnuolo, cuya realización se encuentra demorada.

El ataque en Bolivia y el riesgo sobre la evidencia

La urgencia del pedido también está vinculada con el ataque que sufrió Beller el lunes 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Según la presentación, dos personas que se movilizaban en una motocicleta le dispararon y le robaron su cartera y su teléfono celular. La mujer permanece internada en terapia intensiva.

Un día después, Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a regresar a la Argentina. La presentación aclara que ese dato no implica atribuirle responsabilidad por el ataque y que rige el principio de inocencia.

Pagano advierte que el robo del teléfono puede comprometer la preservación de las conversaciones y pidió que, si los registros continúan disponibles, se realice una extracción forense y se garantice su cadena de custodia.

También solicitó que se calculen mecanismos de integridad digital, como el hash SHA-256, para asegurar que los archivos no sean alterados.

Pagano también pidió proteger a la testigo

La diputada pidió además activar mecanismos de protección para Beller y preservar cualquier evidencia que pueda encontrarse en Bolivia.

En el escrito, Pagano sostiene que la condición de “amante” que se le atribuyó a Beller no impide que pueda declarar como testigo, ya que esa relación no figura entre las excepciones previstas por el Código Procesal Penal.

Ahora, la decisión queda en manos del juez Lijo. La declaración de Beller y las grabaciones que asegura conservar podrían aportar nuevos elementos a una de las principales incógnitas de la causa ANDIS: cómo se obtuvieron los audios que pusieron en marcha la investigación y quién estuvo detrás de su filtración.