Un grupo de veintisiete arrepentidos relató ante la justicia las presiones y amenazas sufridas para declarar en contra de la expresidenta. Denuncian que sus testimonios fueron obtenidos bajo coacción y que el objetivo era el armado de una causa política.

Un total de veintisiete imputados-arrepentidos en la denominada “Causa Cuadernos” presentaron ante la justicia relatos coincidentes sobre las coacciones y presiones que sufrieron para involucrar a Cristina Kirchner en la supuesta red de retribuciones ilegales. Según los testimonios, las declaraciones originales no fueron voluntarias, sino que se obtuvieron bajo un esquema de amenazas directas coordinado por sectores judiciales.

Los denunciantes detallaron que la mecánica consistía en condicionar su libertad: se les advertía que, de no aportar información que validara la hipótesis de la fiscalía contra la expresidenta, se les dictaría la prisión preventiva de forma inmediata. Muchos de estos empresarios y exfuncionarios aseguraron que sus confesiones fueron, en la práctica, guionadas o dictadas por los investigadores para que encajaran con las anotaciones de los cuadernos de Oscar Centeno.

Además de la amenaza de cárcel, los relatos exponen presiones sobre sus familias y la continuidad de sus empresas, lo que forzó a los imputados a aceptar el rol de “arrepentidos” para evitar el encierro. Esta situación pone bajo la lupa el accionar del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, señalados como los responsables de ejecutar este mecanismo de presión judicial.

La revelación de este grupo masivo de arrepentidos arriesga la validez de todo el expediente, ya que las defensas sostienen que se violaron garantías constitucionales básicas. El planteo central es que la causa se construyó sobre testimonios viciados, obtenidos mediante coacción, con el objetivo político de asegurar el procesamiento de la actual vicepresidenta sin contar con pruebas materiales que sustentaran los dichos forzados.

Un informe reveló que los directivos de Nucleoeléctrica despilfarraron millones en viajes al exterior, consumos en free shops, hoteles cinco estrellas y retiros voluntarios de privilegio.

El discurso de austeridad y el lema “no hay plata” del Ejecutivo Nacional chocó de frente con la realidad operativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) durante los últimos meses. Un pormenorizado relevamiento de los gastos de la empresa estatal, difundido por la diputada Florencia Carignano, dejó al descubierto una red de viajes internacionales que incluye 20 países de tres continentes.

Bajo el periodo en que el exasesor presidencial Demian Reidel comandó la compañía pública, la firma encargada de las centrales Atucha y Embalse acumuló facturas millonarias en viáticos, hoteles de élite y consumos personales.

La investigación detalla que, bajo el mando de Reidel, no se escatimaron gastos durante las misiones al exterior, utilizando la tarjeta corporativa para fines que exceden lo técnico. El informe destaca que la cúpula de NASA se movió por el mundo con la discrecionalidad de una corporación privada, registrando incluso 56 millones de pesos en “adelantos en efectivo” que carecen de un rastreo preciso sobre su destino final.

El detalle del despilfarro: del “Pub el Pirata” a hoteles de lujo en Miami

El informe sobre el uso de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) revela un itinerario de gastos que incluye desde consumos en centros nocturnos hasta estancias en los hoteles más exclusivos del mundo.

• España y el ocio nocturno: Se detectaron múltiples gastos en locales como “Pub el Pirata” (US$ 765), “Discotecas Amadis” y servicios de playa en Valencia bajo la firma “Mar y Sombra SL”. También se registraron visitas al Museo del Prado financiadas por la compañía.
• Hotelería VIP en EE.UU. y el mundo: La cúpula de NASA se alojó en hoteles de élite como el Ritz Carlton en Washington (US$ 3.280) y el W South Beach en Miami (US$ 2.771). En Austria, los pagos al hotel Melia Vienna alcanzaron los US$ 3.799.
• Compras en tiendas y Free Shops: El reporte detalla operaciones en cadenas de indumentaria como Primark (España), Lojas Renner (Brasil) y Adidas (Turquía e India). Además, se registraron consumos en Duty Free de Corea, República Dominicana y Argentina.
• Caja negra de efectivo: Uno de los puntos más oscuros del informe son los 56 millones de pesos bajo el concepto de “adelanto en efectivo”, los cuales carecen de un rastreo preciso sobre su destino final.

Ante la filtración, el actual presidente de la compañía, Luis Fasanella, reconoció la existencia de “inconsistencias” y aseguró que se ha solicitado la devolución de los montos que no fueron considerados debidamente justificados.

Desde este lunes rige una nueva suba en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que vuelve a impactar de lleno en el bolsillo de millones de usuarios.

El aumento, del 5,4%, alcanza a colectivos, subte y peajes, y forma parte del esquema de actualización mensual que combina la inflación informada por el INDEC con un adicional del 2%.

La medida profundiza la presión sobre el costo de vida, especialmente para quienes dependen a diario del transporte para trabajar o estudiar. En la provincia de Buenos Aires, el ajuste afecta a las líneas provinciales (las que superan el número 200) y eleva el boleto mínimo de $871,30 a $918,35, mientras que los trayectos más largos ya superan los $1000.

En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento también golpea a los usuarios de las 28 líneas bajo jurisdicción porteña. Con la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo pasó a costar $753,74 para recorridos de hasta tres kilómetros. Los tramos intermedios ascienden a $837,52 (de 3 a 6 km) y $902,04 (de 6 a 12 km), mientras que los viajes más extensos alcanzan los $966,61.

El impacto no se limita a los colectivos. El subte también aumentó: el pasaje con SUBE nominalizada subió de $1414 a $1490, mientras que quienes no tengan la tarjeta registrada deberán pagar $2369,10, marcando una brecha cada vez mayor.

A esto se suma el incremento en los peajes. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos particulares ahora abonan $4319,63, cifra que trepa a $6121,62 en hora pico. En el caso de las motos, los valores van de $1799,66 a $2879,82 según la franja horaria. En la autopista Illia, las tarifas son más bajas, pero también registran subas.

En paralelo, desde el sector empresario advierten que el servicio de colectivos aún no recuperará su frecuencia habitual. El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, señaló que la normalización dependerá de que el Gobierno nacional defina el esquema de financiamiento del sistema, aunque estimó que podría retomarse el nivel de servicio de la primera quincena de marzo.

Así, el nuevo aumento no solo encarece los viajes cotidianos, sino que se suma a una seguidilla de ajustes que continúan deteriorando el poder adquisitivo y hacen cada vez más costoso moverse en el AMBA.

Un nuevo estudio de Zuban-Córdoba confirma el deterioro de la gestión libertaria, cada vez más cuestionada en un contexto marcado por denuncias de corrupción, dificultades económicas persistentes y un clima social atravesado por la frustración.

La desaprobación ya alcanza al 64,5% de los encuestados, consolidando una tendencia negativa que, pese a leves oscilaciones mensuales, no logra revertirse.

El malestar se traduce con claridad en la demanda de cambio: más de siete de cada diez personas (71,2%) consideran necesario un recambio de gobierno, un porcentaje que asciende aún más entre las mujeres. Incluso, el 40% de quienes votaron a Javier Milei manifiestan hoy sentirse defraudados, reflejando el desgaste de la base de apoyo oficialista.

En este escenario, Axel Kicillof se posiciona como el principal beneficiario del descontento. Con un 44% de intención de voto, queda cerca de una victoria en primera vuelta y lidera con amplitud frente al resto de los dirigentes. También muestra el menor nivel de rechazo entre los principales candidatos, lo que refuerza su competitividad en un contexto de fuerte polarización.

ESTOY PERDIENDO IMAGEN A TU LADO 🫂

El gobierno entra en una zona crítica. Sube el rechazo, se enfría su base electoral y una mayoría que quiere un cambio.
En este DDD: aprobación, imagen y escenarios que muestran cómo se ordenando la política nacional.

Abrimos hilo 🧵👇 pic.twitter.com/VKD61vJJks

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) May 3, 2026

Detrás aparecen Sergio Massa (34,6%), Patricia Bullrich (32,4%) y Victoria Villarruel (31,7%), mientras que el propio Milei cae al quinto lugar con 31,4% de intención de voto y un elevado 57,2% de rechazo. Su imagen negativa, además, alcanza el 60,6%, una de las más altas del escenario político.

El estudio también refleja un desgaste más amplio dentro del oficialismo: figuras cercanas al gobierno presentan altos niveles de rechazo, y la evaluación general de la gestión se mantiene baja, con apenas un 34,3% de aprobación. Las mujeres, en particular, muestran un nivel significativamente menor de respaldo.

En términos de preferencias políticas, el peronismo encabeza las intenciones con el 28%, seguido por los libertarios con 22%, mientras que el PRO y el Frente de Izquierda quedan relegados con apenas 5%.

La encuesta, realizada entre el 26 de abril y el 1 de mayo sobre 2000 casos, expone un clima social atravesado por la desconfianza, el desencanto y la creciente percepción de que el rumbo económico no ofrece respuestas, configurando un escenario cada vez más adverso para el gobierno libertario.

La CGT se moviliza este jueves a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador con críticas al Gobierno y un homenaje al papa Francisco.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se moviliza este jueves hacia Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador, en una jornada que estará atravesada por fuertes reclamos contra la reforma laboral y la situación económica.

La convocatoria tiene como consigna central la defensa del trabajo y toma como referencia la palabra del papa Francisco. En ese marco, además de la movilización, está prevista una celebración religiosa en su homenaje.

Desde la central obrera adelantaron que la protesta tendrá un tono crítico hacia el gobierno nacional, con eje en la reforma laboral aprobada en febrero y recientemente ratificada por la Justicia. Los gremios cuestionan el avance de la llamada “modernización laboral” y advierten por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

“Marchamos porque el trabajo es con derechos o es esclavitud. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste”, expresaron desde la CGT en la previa de la movilización.

¿Cómo será la marcha de la CGT y qué cortes habrá?

La movilización está prevista para las 15, aunque desde el mediodía comenzarán a concentrarse columnas provenientes del conurbano y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los gremios se reunirán en sus sedes y en puntos clave como avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, y también en la intersección de avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, desde donde marcharán hacia Plaza de Mayo.

En ese marco, se esperan cortes de tránsito en las inmediaciones de la Casa Rosada y desvíos en el transporte público. Además, no se descarta el cierre momentáneo de la estación Plaza de Mayo del subte, como suele ocurrir en este tipo de jornadas.

Desde la CGT convocaron a los trabajadores a asistir con banderas argentinas y remarcaron que “cuando el pueblo trabajador se organiza, no hay ajuste que lo doblegue”.

Una encuesta de Management & Fit confirmó la caída de la aprobación de Javier Milei en los últimos dos meses, arrastrado por los escándalos de Manuel Adorni, el caso Libra y los créditos VIP del Banco Nación. Sin embargo, el presidente decidió inmolarse por el Jefe de Gabinete y lo acompañó en el Congreso, donde eligió insultar opositores y periodistas.

El sondeo de la consultora que dirige Mariel Fornoni muestra que la aprobación del gobierno nacional cayó casi diez puntos desde febrero. En abril, un 37,2 por ciento respaldó la gestión de Milei, mientras que en febrero lo hacía un 46,8 por ciento.

En tanto, la desaprobación de Milei escaló al 54,3 por ciento y es la más alta desde el inicio de su gestión presidencial en los registros de Management & Fit. Mientras, Milei remarca que todo está perfecto y la economía no para de crecer y generar empleo, a contramano de lo que sienten millones de argentinos. ¿Qué le pasa?

La deuda pública argentina alcanzó en marzo de 2026 un nuevo máximo histórico al rozar los 484.000 millones de dólares, lo que representa un aumento de casi 30 puntos porcentuales respecto al nivel que tenía cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. El dato contrasta con el relato oficial, que sostiene de manera sistemática que el endeudamiento no creció durante esta administración.

Los números del balance cambiario del Banco Central revelan que en los últimos 27 meses ingresaron al país unos 47.000 millones de dólares netos en concepto de financiamiento externo, provenientes de organismos multilaterales, del Fondo Monetario Internacional y de créditos financieros privados. Sin embargo, ese flujo de divisas no se tradujo en una mejora de las reservas ni en un impulso visible sobre la economía productiva, lo que abre interrogantes sobre el destino real de esos recursos.

Para Martín Burgos, director de la consultora Lado B, la clave del problema está precisamente ahí. El economista sostiene que el financiamiento externo obtenido durante la gestión terminó orientándose principalmente a cubrir vencimientos de deuda anterior y a sostener una dinámica de salida de capitales, en lugar de canalizarse hacia la inversión o el fortalecimiento del tejido económico local.

El nuevo récord de endeudamiento reaviva un debate que el Gobierno había intentado cerrar con su narrativa de ajuste y disciplina fiscal. La combinación de deuda en alza, reservas sin recuperación sostenida y consumo en caída configura un escenario en el que los indicadores macroeconómicos empiezan a tensionar el discurso oficial con una persistencia que se vuelve cada vez más difícil de ignorar.

El Gobierno nacional quedó envuelto en una polémica de alto impacto tras confirmarse el envío masivo de correos electrónicos a ciudadanos utilizando direcciones personales, lo que encendió serias dudas sobre el acceso y uso de datos privados.

La administración de Javier Milei remitió mensajes a miles de argentinos invitándolos a sumarse a un canal oficial de comunicación estatal. “Canal oficial del Gobierno nacional. Desde esta dirección vas a recibir información oficial y útil para el día a día”, señalaba el correo, en el que además se indicaba que se difundirán programas, servicios, medidas y actualizaciones de gestión. El mensaje remarcaba que se trata de una vía para recibir información “directa del Estado, sin intermediarios”.

Sin embargo, lejos de ser bien recibido, el envío generó un fuerte malestar entre usuarios de redes sociales, que cuestionaron cómo el Poder Ejecutivo obtuvo direcciones de correo electrónico sin consentimiento explícito. La preocupación crece en torno a una posible vulneración de la privacidad y al uso de bases de datos personales sin transparencia.

El episodio adquiere mayor gravedad al considerar antecedentes recientes. En septiembre del año pasado, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, impulsó una licitación por más de $3.650 millones para la contratación de servicios de “comunicación directa y seguimiento”. En ese marco, se contemplaba el envío de hasta 50 millones de correos electrónicos mensuales, tres millones de SMS y un millón de llamadas automatizadas.

Aunque desde el oficialismo se argumentó que la iniciativa busca garantizar una comunicación “clara, accesible, personalizada y sin intermediaciones”, en los pliegos no se detalló con precisión el tipo de información a difundir ni el origen de los datos a utilizar. Hasta el momento, tampoco se ha aclarado si las direcciones de correo empleadas en el envío reciente provienen de ese contrato.

La falta de explicaciones oficiales profundiza las sospechas y reabre un debate sensible sobre los límites del Estado en el manejo de información personal. Especialistas advierten que, de confirmarse un acceso indebido a datos privados, podrían configurarse violaciones a la normativa vigente en materia de protección de datos, además de un serio deterioro en la confianza pública.

El Caso Adorni sumó un nuevo y tenso episodio en el Congreso: el jefe de Gabinete montó una exposición cargada de confrontación política, pero evitó dar respuestas concretas sobre su patrimonio, sus viajes y la polémica por la cripto estafa de $Libra.

En lo que debía ser su primer informe de gestión ante Diputados, Manuel Adorni optó por un tono desafiante y una estrategia defensiva: esquivar las preguntas más incómodas. Respaldado por la presencia de Javier Milei —que llegó con su gabinete y militancia y protagonizó cruces e insultos contra legisladores y periodistas—, el funcionario convirtió la sesión en una escena de alto voltaje político, pero de escaso contenido explicativo.

Lejos de aclarar las denuncias sobre presuntas irregularidades en su patrimonio, Adorni se limitó a señalar que aún no venció el plazo para presentar su declaración jurada. Tampoco dio precisiones sobre los cuestionados viajes a destinos como Punta del Este, Aruba o Bariloche, más allá de afirmar que fueron pagados con fondos propios. Sobre el escándalo de $Libra, directamente evitó profundizar y se amparó en respuestas previas del Gobierno.

El eje de su defensa fue jurídico: insistió en que cualquier investigación corresponde a la Justicia y no al Congreso, una línea que utilizó de forma reiterada para eludir definiciones. Mientras tanto, sus respuestas fueron elaboradas en cuartos intermedios por asesores, lo que no impidió que intentara sostener un tono confrontativo similar al que utilizaba como vocero presidencial.

La oposición reaccionó con dureza. Desde distintos bloques cuestionaron la falta de explicaciones y ya anticiparon que trabajan en una posible moción de censura. “No pudo explicar su crecimiento patrimonial”, le reprocharon en el recinto, donde también lo calificaron como un “cadáver político”.

El clima se tensó aún más por el rol del Presidente, que no solo acompañó desde el palco sino que también protagonizó cruces con diputados y periodistas, a quienes volvió a insultar. Su presencia reforzó la idea de un respaldo político total a Adorni, pero también acentuó el carácter confrontativo de la jornada.

Así, el paso del jefe de Gabinete por Diputados dejó más interrogantes que certezas. Lo que debía ser un ejercicio de rendición de cuentas terminó convertido en un show político, con acusaciones cruzadas, respuestas incompletas y un conflicto que ahora escala hacia el terreno institucional con la amenaza de una moción de censura.

Como era de prever, dieron de baja la compra de los aviones Super Étendard Modernisé (SEM), que le costó al Estado argentino 13 millones de euros durante el gobierno de Mauricio Macri.

A esta altura de la película ya puede declararse como un escándalo lo que solapadamente quieren hacer aparecer como un despilfarro en materia de Defensa de 13 millones de euros invertidos en aviones que hoy la Armada Argentina evalúa directamente dar de baja porque no cumplieron su objetivo para el cual fueron adquiridos.

Las aeronaves fueron adquiridas por el gobierno de Macri en noviembre de 2017, con la idea de que estén listas para ser presentadas en la cumbre del G20 Buenos Aires 2018. El grandilocuente anuncio se refería a la compra a la Marine Nationale francesa de cinco aviones que tenían como destino reforzar la capacidad operativa del país. El relato oficial hablaba de “recuperar soberanía” y modernizar las Fuerzas Armadas, plasmado en los titulares de los diarios de ese momento.

Pero nada de ello sucedió, ya que no solo los aviones llegaron tarde, sino que estaban incompletos y jamás estuvieron en condiciones reales de volar. Para ser exactos, las aeronaves llegaron a la Argentina en mayo de 2019; ya había pasado medio año del G-20 y, obviamente, siguen sin despegar, ya que la Armada consiguió solo unos pocos repuestos y, por supuesto, no aparecieron hasta ahora alternativas para el asiento eyectable y algunas características técnicas que hacen más opaca la adquisición.

Cabe recordar que en ese momento el Ministerio de Defensa estaba a cargo de Oscar Aguad, quien es otro de los responsables directos de la insólita operación en la que se compraron estos cinco aviones de guerra franceses Super Etendard. La decisión administrativa la terminaron firmando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Los fondos los dispuso Nicolás Dujovne, titular de Economía, después de recibir los WhatsApp en los que le notificaban la urgencia.

Asimismo, durante el Gobierno de Alberto Fernández, el Ministro de Defensa nacional, Jorge Taiana, le pidió al gobierno francés que realice las gestiones para proveer los asientos eyectables y otras piezas clave de las naves para que puedan ponerse en funcionamiento, pero el titular de Desarrollo Internacional de la Dirección de Armamento del Ministerio de Defensa de Francia, ingeniero Gael Díaz De Tuesta, explicó que esto no será posible: Se nos pidió un esfuerzo para encontrar la solución para que los aviones estén en condiciones de volar. Desafortunadamente y después de haber evaluado todas las posibilidades, lamento informarle que no fue posible cumplir con ese objetivo”.

Las declaraciones son elocuentes y es por lo único que puede tomarse como insólito este hecho, ya que no es muy difícil darse cuenta de que no se trató de un despilfarro, sino que hubo una cuestión más profunda que no ha sido ni aclarada por la justicia ni por los responsables de este gasto, ya que no se puede llamar inversión a lo pagado con el ahorro de todos los argentinos. Aún no sabemos la opinión de Patricia Bullrich, que si bien en este caso no estuvo involucrada, se supone que sabe y entiende del área y, además, siempre sale a condenar de corrupción al kirchnerismo aun no teniendo pruebas.