Legisladores presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo detalle qué conocimiento tuvo sobre la incursión del buque militar británico, si existió alguna notificación por parte del Reino Unido y cuáles fueron las medidas adoptadas para resguardar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

La presencia del buque de guerra británico HMS Medway en aguas bajo jurisdicción argentina desató una fuerte polémica política y volvió a poner en el centro del debate la defensa de la soberanía nacional. Mientras la embarcación de la Royal Navy navegó desde las Islas Malvinas hacia el estrecho de Magallanes sin que trascendiera una respuesta oficial, diputados nacionales reclamaron explicaciones al gobierno de Javier Milei por su aparente inacción frente al episodio.

Legisladores del Peronismo Federal presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo detalle qué conocimiento tuvo sobre el desplazamiento del buque militar británico, si existió alguna notificación por parte del Reino Unido y cuáles fueron las medidas adoptadas para resguardar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

La iniciativa, impulsada por Guillermo Michel y acompañada por Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz, busca esclarecer si el Gobierno actuó ante un hecho que consideran de extrema gravedad por involucrar a una fuerza militar de una potencia que mantiene la ocupación ilegal de las Islas Malvinas.

Entre los puntos solicitados, los diputados exigen conocer si la administración de Milei fue informada previamente del tránsito del HMS Medway; si el Reino Unido cumplió con los mecanismos de notificación previstos en los acuerdos bilaterales; qué protocolos activaron la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina al detectar la presencia del patrullero, y si el Ejecutivo presentó o prevé presentar una protesta diplomática formal.

La controversia se originó luego de que la Armada Argentina detectara el desplazamiento del HMS Medway navegando desde las Islas Malvinas hacia el estrecho de Magallanes. Según la información conocida, el Reino Unido no habría realizado la comunicación prevista en el Acuerdo de Madrid II de 1990, mecanismo creado para evitar incidentes militares entre ambos países tras la guerra de Malvinas. Pese a la gravedad del hecho, hasta el momento el Gobierno no informó públicamente ninguna medida concreta ni confirmó una protesta diplomática.

Para Guillermo Michel, el episodio constituye “una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas”. En el pedido de informes, los legisladores sostienen que la presencia de un buque de guerra británico navegando por aguas argentinas “es un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado”.

Asimismo, advirtieron que la consolidación de la presencia militar británica en el Atlántico Sur compromete intereses estratégicos para el país, como los recursos pesqueros y energéticos, la proyección hacia la Antártida y los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En ese contexto, los diputados cuestionaron la falta de una respuesta firme por parte de la administración de Javier Milei y reclamaron que el Estado adopte una posición diplomática clara y contundente frente a lo que consideran una nueva vulneración de la soberanía argentina. También alertaron sobre la necesidad de reforzar la defensa del territorio marítimo y de los recursos estratégicos nacionales ante el avance de la presencia militar británica en el Atlántico Sur.

El caos de Flybondi, la aerolínea que pertenece al libertario Leonardo Scatturice, no para de profundizarse mientras el gobierno de Javier Milei mira para otro lado y deja que la empresa siga comercializando pasajes pese a acumular nueve días consecutivos sin operar un solo vuelo. Flybondi se instaló en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y bajo una supuesta “revolución de los aviones”.

La low cost no hace despegar un avión con pasajeros desde el 1° de julio, jornada en la que logró completar diez vuelos y canceló otros seis. De esos diez que sí salieron, ocho tuvieron demoras, de acuerdo con los datos que releva el sitio “failbondi”.

Desde el 2 de julio, la compañía no dejó de cancelar vuelos ni un solo día. Este viernes se cumple una semana y media —nueve jornadas— sin aviones de Flybondi en el aire, y según su propia página web recién hay operaciones programadas para el lunes 13 de julio. Eso implica que la parálisis se extenderá, como mínimo, a 11 días sin vuelos.

Milei tiene previsto viajar el próximo 25 de julio a San Pablo para participar del acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro y, además, buscaría visitar en Brasilia al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria mientras enfrenta causas judiciales.

La decisión de Javier Milei de viajar a Brasil para respaldar políticamente a la familia Bolsonaro provocó una fuerte reacción en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El secretario general de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos, cuestionó con dureza la visita del mandatario argentino y lanzó una frase que desató un nuevo capítulo de tensión diplomática entre ambos países: “¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?”.

Milei tiene previsto viajar el próximo 25 de julio a San Pablo para participar del acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro y, además, buscaría visitar en Brasilia al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria mientras enfrenta causas judiciales.

Aunque desde el Palacio del Planalto intentaron restarle dramatismo al viaje, al afirmar que “no esperamos nada de Milei” y que Brasil mantendrá una relación institucional con Argentina, Boulos rompió esa línea moderada con un durísimo mensaje publicado en sus redes sociales.

“¡Gran noticia! Javier Milei anunció que vendrá a Brasil para participar de la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina, que elevó la jornada laboral a 12 horas por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitarle votos a Bolsonarinho. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?”, escribió el funcionario.

Boulos, uno de los dirigentes más combativos del gobierno de Lula e histórico referente del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), es considerado una de las voces más duras contra la ultraderecha en Brasil. Según fuentes del Ejecutivo brasileño, cuenta con el respaldo del presidente para expresarse públicamente en ese tono.

La expectativa ahora está puesta en Lula, quien brindará una conferencia de prensa esta semana y podría pronunciarse sobre la visita de Milei y su abierto respaldo al bolsonarismo.

No es la primera vez que Boulos confronta con el mandatario argentino. En diciembre pasado respondió a una publicación de Milei que dividía a Sudamérica entre países “prósperos” gobernados por la derecha y otros “pobres” administrados por la izquierda. En esa oportunidad calificó al Presidente argentino como “la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio” y consideró que sus ataques contra Brasil eran “vergonzosos”.

La suspensión de las PASO dispuesta por el Gobierno no se explica únicamente como una jugada para dificultar la unidad del peronismo. También responde a un objetivo más amplio: preservar la estabilidad financiera.

En el entorno presidencial existe el temor de que, si Milei queda segundo en una primaria frente al peronismo, se dispare una crisis de confianza en los mercados similar a la que sufrió Macri en 2019, lo que podría comprometer sus chances de ganar en primera vuelta. El modelo de Milei, como el de Macri, está agarrado con alfileres: sólo se mantiene por la deuda externa y el ingreso de dólares para la especulación financiera. Si esa plata sale…

Una fuente legislativa cercana al oficialismo señaló a La Política Online que en el Gobierno hay una preocupación real por repetir aquel escenario, cuando la derrota electoral de Macri desató el colapso del programa económico y le costó la reelección.

Esa referencia remite al 11 de agosto de 2019, cuando la fórmula Macri-Pichetto sufrió una derrota amplia —de más de 15 puntos— ante Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El resultado detonó una fuerte corrida: el tipo de cambio subió con fuerza en una sola jornada, los activos financieros cayeron y el riesgo país escaló. Como consecuencia, el Ejecutivo terminó reperfilando deuda y restableciendo controles cambiarios en los meses siguientes.

“Independencia es que ninguna potencia ni organismo internacional escriba los destinos de nuestra Patria”, afirmó, al tiempo que llamó a construir “un proyecto de país soberano, con igualdad” y “donde seamos los argentinos quienes decidamos nuestro futuro”.

A través de un video publicado este 9 de Julio, el mandatario bonaerense sostuvo que la independencia conquistada en 1816 mantiene plena vigencia como horizonte político. “Llevó un tiempo importante tomar una determinación tan grande de ser un país que no dependiera de otros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos intereses propios, que tenemos que pensar en función de los 47 millones de argentinos y los 17 millones de bonaerenses”, expresó.

En ese sentido, Kicillof recordó que la política exterior vinculada al proceso independentista buscó romper con las lógicas coloniales. “Nos decían: ustedes son una colonia, forman parte de un circuito donde la acumulación, las ideas y las alianzas son ajenas. Nosotros necesitamos pensar en la Argentina”, señaló.

El gobernador también vinculó el concepto de independencia con el presente económico y cuestionó el rumbo del Gobierno nacional. “Las familias están muy endeudadas y, al mismo tiempo, nos dicen que hay que festejar que el Fondo Monetario nos va a imponer las reglas de juego”, advirtió.

Independencia es que ninguna potencia ni organismo internacional escriba los destinos de nuestra Patria; es poder construir un proyecto de país soberano, con igualdad, donde seamos los argentinos quienes decidamos nuestro futuro.

Este 9 de julio tengámoslo más presente que nunca… pic.twitter.com/ZBWG7cUJX4

— Axel Kicillof (@Kicillofok) July 9, 2026

Frente a ese escenario, contrapuso una mirada centrada en las necesidades cotidianas de la población. “Yo creo en una cosa totalmente distinta, que tiene que ver con la salud, la educación, el trabajo, la producción y poder vivir tranquilos. Nos dicen que la macro anda bárbara, pero uno camina por la provincia, pregunta cómo está la gente y la gente no está bien. Así que bárbara no anda, y creo que la independencia se trata de eso”, reflexionó.

Asimismo, sostuvo que el contexto internacional obliga a fortalecer el desarrollo nacional. “En un mundo donde hay guerra y una competencia muy fuerte, nosotros tenemos que priorizar lo nuestro. Esa es la idea que nos deja la independencia y es lo que habría que volver a marcar este 9 de Julio”, afirmó.

“No es un año de campaña, sino de construcción política”

Días antes, en una entrevista con Gustavo Sylvestre por C5N, Kicillof había planteado la necesidad de consolidar una alternativa política para enfrentar lo que definió como el “saqueo” de las políticas nacionales y recuperar el papel del Estado frente a la paralización de la obra pública y la reducción de recursos para las provincias.

En ese marco, describió un panorama económico “muy complicado” y aseguró que el ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei tiene consecuencias directas sobre el empleo y la producción. “Desde que llegó Milei han cerrado alrededor de 40 empresas por día y se perdieron unos 400 puestos de trabajo formales diarios. Si se suman los informales, ya son cerca de medio millón los empleos perdidos”, sostuvo.

Para el gobernador, mientras el Ejecutivo celebra indicadores macroeconómicos, la realidad muestra un deterioro del consumo, la producción y el empleo. “No hay sector de la economía de la provincia al que le vaya bien”, concluyó.

La industria del calzado argentino perdió una de sus plantas emblemáticas. Grupo Dass, fabricante de marcas como Adidas, Nike, Umbro y Asics, cerrará de manera definitiva su planta de Eldorado, Misiones, la última que producía zapatillas Nike en el país. La decisión dejará sin empleo a los 150 trabajadores que aún permanecían en el establecimiento.

La compañía informó que la producción cesará entre el 17 y el 24 de julio y que abonará el 100% de las indemnizaciones correspondientes, reseñó Ámbito Financiero.  

Según fuentes del sector, el cierre responde a la falta de pedidos para producción local y a un cambio en el modelo de abastecimiento de las marcas deportivas, que pasarán a cubrir el mercado argentino con productos fabricados en Brasil.

El Ejecutivo celebró la concesión como un proceso “transparente”, pero el expediente acumuló cuestionamientos por presunto direccionamiento, pliegos a medida, restricciones a la competencia y un sistema de evaluación que terminó beneficiando al grupo adjudicatario.

El gobierno de Javier Milei oficializó la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, y presentó la adjudicación como el comienzo de una nueva etapa de gestión privada. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, la decisión volvió a poner bajo la lupa un proceso licitatorio que durante meses estuvo rodeado de denuncias, advertencias técnicas y fuertes cuestionamientos sobre su transparencia.

La Hidrovía es una de las infraestructuras más estratégicas del país. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas y cualquier decisión sobre su administración tiene impacto directo sobre la economía nacional. Precisamente por esa relevancia, distintos sectores vienen señalando que la licitación debió ofrecer las máximas garantías de competencia e igualdad de condiciones.

No obstante, especialistas y empresas participantes denunciaron que el pliego habría sido diseñado con requisitos que favorecían al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, finalmente adjudicatario de la concesión. A esas observaciones se sumaron críticas por los plazos del proceso, considerados insuficientes para permitir una competencia real entre los oferentes.

Otro de los puntos más controvertidos fue el mecanismo previsto para impugnar decisiones durante la licitación. Según trascendió, las empresas debían afrontar un pago de 10 millones de dólares no reembolsables para presentar objeciones, una condición que fue interpretada por distintos actores como una barrera que desalentó cualquier cuestionamiento formal.

Las dudas también alcanzan al sistema de evaluación utilizado para definir al ganador. Diversas denuncias sostienen que la metodología de puntajes terminó favoreciendo al consorcio adjudicatario, mientras que la Comisión Evaluadora quedó bajo observación por presuntos conflictos de interés y por decisiones que ahora podrían ser materia de futuras investigaciones judiciales.

Pese a ese escenario, el Ministerio de Economía insistió en que el proceso fue transparente y destacó que permitirá reducir el costo del peaje y avanzar con nuevas obras sobre la vía navegable. Sin embargo, una de las empresas competidoras aseguró que el esquema elegido por el Gobierno implica un costo logístico superior al que podía alcanzarse con otras propuestas y advirtió que el Estado desestimó alternativas más económicas.

Con el contrato ya firmado, la discusión parece lejos de terminar. Mientras el Gobierno defiende la adjudicación como un éxito de gestión, las denuncias por posibles irregularidades mantienen abierta una polémica que podría trasladarse a los tribunales y volver a poner en debate cómo se administró una de las concesiones más importantes del país.

Dos nuevas noticias confirmaron el deterioro del sector manufacturero, cerró la última planta de Dass que fabricaba zapatillas para Adidas y Nike en el país y Metalfor despidió a decenas de trabajadores mientras se jugaba el partido de la selección.

La crisis que atraviesa la industria argentina sumó este martes dos nuevos capítulos que reflejan el deterioro del aparato productivo nacional. El Grupo Dass confirmó el cierre definitivo de su planta de Eldorado, Misiones, la última que fabricaba zapatillas de Adidas y Nike en el país, mientras que Metalfor despidió a 35 trabajadores en Córdoba, quienes recibieron los telegramas mientras se disputaba el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026.

El cierre de la fábrica de Dass implica la pérdida de los últimos 150 puestos de trabajo que permanecían en la planta misionera y pone fin a la producción nacional de calzado para dos de las marcas deportivas más importantes del mundo. La empresa informó que paralizará sus operaciones entre el 17 y el 25 de julio y aseguró que abonará la totalidad de las indemnizaciones.

Lejos de responder a problemas financieros, la decisión obedece a un cambio en el modelo de negocios. Con la apertura de las importaciones, el grupo resolvió abastecer el mercado argentino con productos fabricados en sus ocho plantas de Brasil, donde los costos son menores, dejando sin actividad a la fábrica de Eldorado. A partir de ahora, Dass mantendrá únicamente operaciones comerciales y logísticas en Argentina, concentradas en sus centros de Coronel Suárez y Cañuelas.

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) atribuyeron el cierre a la combinación de apertura importadora, desplome del consumo interno y ausencia de políticas de protección para la producción nacional.

La clausura de la planta representa el desenlace de un proceso de achicamiento que comenzó en 2025, cuando la empresa cerró su establecimiento de Coronel Suárez y despidió a 360 trabajadores. Meses después, la planta de Misiones sufrió nuevas cesantías y el gremio ya advertía que la producción solo estaba garantizada hasta mediados de este año.

El caso de Dass no es aislado. Según datos del INDEC, la fabricación de calzado y sus partes registró una caída interanual del 30,9% en noviembre de 2025, afectada por la retracción del mercado interno y el creciente ingreso de productos importados. En los últimos meses también cerraron la planta de John Foos en Beccar, que reemplazó la producción local por importaciones asiáticas, y la fábrica de suelas Gomas Gaspar en Córdoba, profundizando el retroceso del sector.

La crisis industrial también golpeó a Metalfor. La fabricante de maquinaria agrícola despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger, Córdoba, en medio del partido de la Selección Argentina. Según denunciaron los operarios, habían acordado retirarse antes para ver el encuentro y, apenas dejaron la fábrica, comenzaron a recibir mensajes para retirar los telegramas de despido en el correo.

Los trabajadores sostienen que la empresa incumplió un acuerdo alcanzado en el marco del procedimiento preventivo de crisis y advierten que podría tratarse solo del inicio de un ajuste mayor. “No esperábamos despidos. Tengo 21 años en la empresa y hoy quedamos en la calle por decisiones de la directiva”, relató uno de los empleados cesanteados.

En un contexto de caída de la actividad, apertura de importaciones y reducción del consumo, el cierre de la última planta de Dass y los nuevos despidos en Metalfor vuelven a exponer el complejo escenario que enfrenta la industria argentina, con cada vez más fábricas que dejan de producir y más trabajadores que pierden su empleo.

El Gobierno confirmó este martes que Manuel Adorni continúa contando con custodia de la Policía Federal, a pesar de que ya no integra el gabinete nacional, una decisión que despertó cuestionamientos por su aparente contradicción con el discurso oficial de austeridad y reducción del gasto público.

Durante su segunda conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado sobre el beneficio otorgado al exfuncionario libertario y respondió que “el ex Jefe de Gabinete conserva esa custodia por motivos de seguridad”, sin brindar mayores precisiones sobre los criterios que justifican la medida.

Ante otra pregunta vinculada con las denuncias judiciales que involucran a Adorni, Ravier sostuvo que el caso “está claramente en la Justicia” y descartó que el Gobierno haya impulsado una investigación o auditoría interna para revisar su situación. De este modo, el Ejecutivo dejó en manos de la Justicia el avance de las causas y ratificó que el exfuncionario seguirá contando con protección oficial.

Tras haber conseguido postergar la indagatoria, el dirigente decidió no responder las preguntas del fiscal y, en cambio, pidió que la investigación vuelva a quedar exclusivamente en manos del juez Lino Mirabelli.

Aunque hizo uso de un derecho previsto por la legislación, la estrategia de Espert consistió en evitar la declaración indagatoria y concentrar sus cuestionamientos en el desarrollo de la investigación. A través de sus abogados, Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas, sostuvo que recién dará su versión cuando, a su entender, estén garantizadas las condiciones de un proceso “objetivo e imparcial”.

La causa investiga una transferencia realizada en enero de 2020 desde la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. hacia una cuenta no declarada en el exterior atribuida a Espert. Según el fiscal Fernando Domínguez, el supuesto contrato de asesoramiento profesional que justificó ese pago habría sido una simulación. La defensa, en cambio, sostiene que el acuerdo existió y presentó una serie de correos electrónicos que, asegura, respaldan esa versión.

En lugar de responder sobre el fondo de la investigación, la defensa apuntó contra el trabajo del fiscal. Argumentó que existe otra causa relacionada con Fred Machado en los tribunales de Comodoro Py y reclamó que el juez Mirabelli retome la conducción del expediente. También cuestionó el alcance de las medidas de prueba, al considerar que la pesquisa avanzó sobre comunicaciones telefónicas y el patrimonio de personas ajenas a la causa.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que, pese a haber obtenido una prórroga de la indagatoria precisamente para analizar el expediente, la defensa volvió a sostener que no contó con tiempo suficiente para estudiar la reconstrucción realizada por el fiscal. Según el escrito presentado, la imputación fue preparada durante meses bajo secreto y la defensa dispuso de pocos días para responder.

La investigación se inició a partir de una denuncia del diputado Juan Grabois, luego de que en una causa judicial en Estados Unidos contra Fred Machado, posteriormente extraditado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico, apareciera registrada la transferencia de fondos hacia una cuenta atribuida a Espert.

Ahora será el juez Mirabelli quien deba resolver si acepta el planteo del economista libertario para reasumir la dirección de la causa y definir cómo continuará una investigación en la que Espert, por el momento, optó por no dar explicaciones ante la Justicia.