A dos años del inicio del Gobierno de Javier Milei, el funcionario reconoció que la recuperación económica todavía no alcanza a todos los sectores, pero pidió tiempo para que los supuestos beneficios del modelo finalmente lleguen al conjunto de la economía.

“Llevamos dos años y no es fácil”, admitió Santilli al ser consultado por los misioneros y argentinos que no llegan a fin de mes, tienen dificultades para pagar la luz o directamente están sin trabajo. Aunque aseguró que “la recuperación va a llegar”, también reconoció que “todavía hay sectores que la están padeciendo” y que “hay problemas”.

La particularidad del planteo oficial apareció cuando Santilli habló de los plazos. Mientras justificó el ajuste señalando que las transformaciones estructurales en otros países demandaron entre tres y siete años, fue mucho más lejos al proyectar los resultados del modelo libertario: “En 30 años, la Argentina crecerá a un ritmo que nunca antes hemos visto”, aseguró.

De este modo, frente a quienes hoy sufren la caída del consumo, la pérdida de ingresos, el desempleo o el aumento de los servicios, la respuesta del Gobierno parece trasladarse cada vez más hacia un futuro lejano. El alivio no sería para mañana ni para el próximo año: según Santilli, habrá que esperar décadas para comprobar el éxito prometido.

El jefe de Gabinete defendió además la idea de que Argentina ya está creciendo, aunque admitió que lo hace de manera desigual: “Crece en algunos sectores y en otros sectores no”. También sostuvo que el país está pasando de una economía que “destruía los sectores productivos” a otra que los fortalece, pese a que el propio funcionario debió reconocer que existen actividades que continúan atravesando dificultades y fábricas que cierran.

Frente a las críticas, Santilli apeló al argumento del “atajo” y afirmó que ese camino llevó al país al 57% de pobreza. También pidió valorar “el esfuerzo” realizado por la sociedad durante estos dos años. Sin embargo, para quienes todavía padecen las consecuencias del ajuste, el mensaje resulta difícil de digerir: el esfuerzo es presente, mientras la promesa de bienestar queda proyectada a 30 años.

Santilli también negó la crisis yerbatera

En Posadas, el jefe de Gabinete también relativizó los problemas de la producción yerbatera y aseguró que el sector no atraviesa una crisis porque “está exportando mucho” y viene batiendo récords. La respuesta volvió a contrastar con los reclamos de los productores, que plantean dificultades concretas en el mercado y cuestionan la situación de la actividad.

Santilli también aseguró que “el 90% de los problemas de los gobernadores está resuelto”, una afirmación que choca con los permanentes reclamos de las provincias por recursos, obras y respuestas del Gobierno nacional.

Ante las consultas por el cierre de fábricas, el funcionario respondió que “también se abren muchas”, sin precisar cuáles ni explicar cómo se compatibiliza ese argumento con las dificultades que atraviesan distintas ramas de la producción.

El mensaje dejado en Misiones fue, en definitiva, el de un Gobierno que reconoce que una parte importante de la sociedad todavía no ve los resultados del ajuste, pero que insiste en que el tiempo terminará dándole la razón. Por ahora, la fecha de vencimiento de la promesa quedó bastante lejos: 30 años de espera para ver la Argentina crecer “a un ritmo que nunca antes hemos visto”

La crisis económica empieza a mostrar su impacto en Córdoba: a siete de cada diez cordobeses se les terminan los ingresos el día 20 de cada mes o antes. Para atravesar los últimos diez días, recortan gastos, buscan trabajos adicionales, atrasan pagos o recurren al crédito. En 2023, Javier Milei sacó en esa provincia el 70% de los votos.

El dato surge de un relevamiento de 1.600 personas mayores de 18 años realizado en junio por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que busca medir cómo los hogares están gestionando la crisis y el deterioro de su capacidad de compra.

El estudio, denominado “La gestión de la crisis en los hogares cordobeses”, fue realizado por el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. El resultado que más impactó a los investigadores es precisamente la duración de los ingresos y su efecto sobre lo que empiezan a definir como el “metro cuadrado” de los hogares: el nivel de bienestar más inmediato, que se mide en buena parte por qué tan llena o vacía está la heladera.

La situación de los docentes civiles que trabajan en los institutos educativos de las Fuerzas Armadas es cada vez más crítica y se suma al drama económico que viene los militares activos y retirados. Ganan 500 mil y se endeudan para vivir.

“No se trata solamente de cobrar poco. Se trata de trabajar, cumplir una jornada, formar alumnos, sostener instituciones educativas y, aun así, no llegar a fin de mes”, contó un docente a un medio libertario. La situación para millones de argentinos no da para más.

Por su parte, el gremio ATE describió en mayo la situación del sector como una verdadera “catástrofe salarial” y señaló que existen trabajadores que ni siquiera llegan al día 10 con su sueldo. También estimó una pérdida salarial cercana al 50% en el colectivo de civiles y docentes civiles de las Fuerzas Armadas, Seguridad e IOSFA.

Buscan usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, “la plata de los jubilados”, para fondear los créditos hipotecarios que ofrecen los bancos.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, están terminando de delinear un esquema para echar mano del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), es decir la famosa “plata de los jubilados”, para financiar e incentivar a los bancos a potenciar su oferta de créditos hipotecarios.

De esta manera el gobierno libertario busca crear instrumentos de ahorro de largo plazo que permitan a los bancos sostener préstamos que se otorgan hasta por 30 años. En ese sentido Caputo admitió que están analizando junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, utilizar el FGS para dinamizar el mercado de créditos hipotecarios.

“Hubo hace tiempo muchas propuestas de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad comprara las hipotecas y permitiera liberar fondos para que los bancos pudieran dar más hipotecas, pero el FGS no puede estar comprando hipotecas de personas. No es el trabajo del FGS”, afirmó y contó que están analizando un esquema alternativo. “Sí estamos viendo formas que creemos que son más efectivas. Lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Creemos que es una vía mucho mejor para todos los bancos. Les ha encantado la idea”, señaló Caputo.

La propuesta que analiza el equipo económico consiste en que sea el propio FGS el que licite plazos fijos a largo plazo, algo que hoy prácticamente no existe en el mercado de capitales argentino. “Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. El problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días”, explicó. Esa diferencia entre el plazo al que los bancos prestan y el plazo al que se fondean es, según el ministro, uno de los principales obstáculos para expandir la oferta de créditos hipotecarios.

Así es como el gobierno libertario ve al FGS como un actor con un perfil de inversión compatible con ese tipo de instrumentos. “Dado que el fondo del FGS tiene un objetivo de largo plazo, el FGS podría hacer entonces plazos fijos de largo plazo. Esa es una de las alternativas que estamos explorando”, aseguró Caputo.

Un nuevo escándalo vuelve a sacudir a La Libertad Avanza y amenaza con convertirse en otro caso Adorni: el senador Joaquín Benegas Lynch quedó bajo la lupa por una lujosa propiedad en Entre Ríos que no habría sido incorporada a su declaración patrimonial, su actividad empresarial vinculada al negocio de tierras y un préstamo de casi $120 millones otorgado por el Banco Nación.

Según un informe periodístico, Benegas Lynch adquirió una imponente propiedad frente al río Paraná, en La Paz, valuada en hasta US$500.000, aunque el legislador aseguró que pagó US$250.000. La vivienda tampoco habría aparecido en una declaración jurada rectificatoria presentada ante la Oficina Anticorrupción.

El senador explicó que el año pasado había abonado apenas el 10% de la operación y que terminó de pagar y escriturar el inmueble en julio de este año. Por eso, sostuvo que deberá incorporarlo en su próxima declaración patrimonial.

La propiedad también quedó en el centro de la polémica por el festejo de los 50 años de Benegas Lynch, realizado allí en noviembre del año pasado y extendido durante tres días. Vecinos denunciaron música durante la madrugada, ruidos y problemas derivados de las obras de remodelación.

Pero el caso no termina en la casa. Benegas Lynch es fundador y administrador de Glocal Terra SRL, una empresa dedicada al asesoramiento de extranjeros interesados en invertir y adquirir tierras en Argentina. Su actividad privada quedó bajo cuestionamiento por su participación en debates legislativos vinculados con la Ley de Tierras y la protección de la propiedad privada.

A esto se suma un dato que profundiza la polémica: una investigación periodística reveló que en mayo de este año el senador recibió un crédito del Banco Nación por $119.495.000.

El escándalo vuelve a poner en discusión el discurso de austeridad y transparencia que La Libertad Avanza construyó alrededor de la supuesta lucha contra “la casta”. Mientras el Gobierno reclama sacrificios y ajuste a trabajadores, jubilados y sectores medios, uno de sus dirigentes enfrenta cuestionamientos por su patrimonio, sus negocios privados y el acceso a un millonario crédito de un banco público.

El caso Benegas Lynch, por ahora, abre nuevos interrogantes y vuelve a instalar una pregunta incómoda para el oficialismo: ¿la motosierra y el discurso contra los privilegios se aplican también dentro de la propia Libertad Avanza?

La promesa de Javier Milei de llevar la inflación a cero vuelve a quedar bajo presión. El IPC registró una suba del 2,1% en julio, según informó el INDEC, y mostró una aceleración respecto del 1,9% de junio.

El dato representa un quiebre en la tendencia de desaceleración que se había observado durante los tres meses anteriores. En los primeros siete meses de 2026, los precios acumularon un aumento del 19,3%, mientras que la inflación interanual alcanzó el 33,8%.

El mayor incremento del mes se registró en Recreación y cultura, con 5%, impulsado principalmente por el efecto estacional de las vacaciones de invierno. Le siguieron Restaurantes y hoteles, con 2,8%, y Salud, con 2,5%. En contraste, Prendas de vestir y calzado cayó 1,3%.

#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en julio con respecto de junio y acumularon un alza de 19,3% en el añohttps://t.co/02dkg7xHpK pic.twitter.com/pFOMXfomOB

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

Por categorías, la inflación núcleo avanzó 1,8%, mientras que los precios estacionales aumentaron 4,5% y los regulados 2,1%, estos últimos principalmente por subas en transporte público, prepagas y electricidad.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires registró la mayor inflación, con 2,3%, mientras que Cuyo tuvo el menor incremento, con 1,9%.

Con estos números, el Gobierno enfrenta un nuevo desafío para sostener su relato de una inflación en vías de desaparición. La suba de julio no solo frenó la desaceleración, sino que volvió a mostrar que la promesa de “inflación cero” de Milei todavía está lejos de convertirse en realidad.

Trabajadores del Hospital Garrahan volverán a movilizar tras el veto del Gobierno a la emergencia pediátrica. La medida se llevará adelante durante 48 horas, entre el viernes 11 y el domingo a la misma hora, con el objetivo de exigir una recomposición salarial urgente, frenar la fuga de profesionales y reclamar mayor presupuesto para el centro de salud.

La primera jornada de la protesta incluirá una movilización que partirá a las 15:30 desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, en una convocatoria conjunta con la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y otras agrupaciones sindicales. La consigna apunta a rodear el Congreso para reforzar el rechazo a la totalidad de los vetos presidenciales, en un contexto de creciente malestar por el ajuste en salud y educación.

El presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia en septiembre del año pasado, luego de aprobarse en el Senado con 62 votos a favor y ocho en contra. La norma preveía un refuerzo presupuestario para la compra de insumos, medicamentos y equipamiento en hospitales pediátricos, además de una recomposición salarial para todo el personal de salud (que no podía ubicarse por debajo del nivel de noviembre de 2023) y una exención de Ganancias sobre horas extra y guardias.

“Este veto, lejos de ser una señal de fortaleza, es un recurso desesperado de un gobierno en crisis. Por eso, la respuesta no puede esperar: vamos a profundizar la lucha“, planteó el secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, en la antesala de la medida. Además, adelantó que la marcha junto al sector académico buscará convertirse en una movilización multitudinaria.

Desde el mismo gremio, el delegado adjunto Gerardo Oroz apuntó contra la dirigencia sindical nacional y reclamó una respuesta de mayor escala: “Con estos vetos definidos ayer por el gobierno, las centrales sindicales de la CGT y la CTA deberían convocar el paro general, involucrando al conjunto de los trabajadores en la defensa de la salud, la educación y el salario”. Sin embargo, aclaró que el hospital no dejará su reclamo sujeto a esa definición: “No vamos a esperarlos, necesitamos intervenir ya, en un contexto donde el gobierno está golpeado”.

El exlegislador Gabriel Solano denunció a Mercado Libre por cobrar tasas que llegan al 1375% anual de interés. No hay país del mundo donde se paguen esas tasas. El dueño de ML, Marcos Galperín, suele ufanarse de lo que pasa en los “países serios” excepto cuando se trata de cobrar tasas a la gente.

“Estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes”, dijo el ex legislador. En el país, hay casi 6 millones de argentinos que son deudores morosos. Es un récord absoluto.

La comparación con Brasil deja mal parada a la filial argentina: allí el costo financiero efectivo es de 63,13% anual, 21 veces menos que en la Argentina.

Solano fundamentó su denuncia en el artículo 175 bis del Código Penal que prevé sanciones a quienes se aprovechen de la “necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona” y le hagan dar “intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación”.

La Libertad Avanza consiguió dictamen para avanzar con “Inocencia Fiscal 2”, un régimen que amplía los beneficios para quienes quieran blanquear dinero sin límites de ingresos ni patrimonio. Pero los aliados del oficialismo exigieron dejar afuera a los funcionarios, después de que Manuel Adorni se acogiera a la primera versión de la ley. La iniciativa podría llegar al recinto el 26 de agosto.

El Gobierno de Javier Milei volvió a poner en marcha su agenda económica en el Congreso con un proyecto que amplía los beneficios fiscales para quienes tengan grandes patrimonios. La denominada “Inocencia Fiscal 2” obtuvo dictamen este miércoles y quedó en condiciones de ser debatida en la Cámara de Diputados.

El proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio establecidos en la primera versión del régimen. De esta manera, podrían acceder a los beneficios contribuyentes que superen ampliamente los topes actuales, sin importar cuánto dinero o bienes posean.

Pero el nuevo texto sufrió una modificación que expone las consecuencias del caso que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Los aliados del oficialismo exigieron excluir a los funcionarios de este régimen y La Libertad Avanza aceptó el cambio.

La situación generó una particular contradicción. Adorni había adherido a la primera versión de “Inocencia Fiscal”, al igual que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ahora, después de la controversia que rodeó al exfuncionario, los legisladores que acompañan habitualmente al Gobierno evitaron quedar asociados a un régimen que podría beneficiar a personas políticamente expuestas.

Una ley para ampliar los beneficios fiscales

La iniciativa busca establecer un régimen más amplio para quienes incorporen dinero y bienes a la economía formal. Entre otras modificaciones, elimina los actuales límites de hasta 1.000 millones de pesos de ingresos y 10.000 millones de patrimonio para acceder al sistema.

También modifica los mecanismos de control de ARCA. El proyecto establece un procedimiento específico ante una “discrepancia significativa” entre lo declarado por un contribuyente y los registros del organismo, cuando la diferencia supere el 15% y los 5 millones de pesos.

La oposición cuestionó especialmente este punto porque considera que reduce las herramientas de fiscalización del Estado.

Desde Unión por la Patria, Carlos Castagneto criticó que el proyecto permita declarar fondos y bienes con menores exigencias de trazabilidad. El diputado ironizó con el nombre de la iniciativa y propuso llamarla “ley Héroes Fiscales”, en referencia a las declaraciones de Javier Milei sobre quienes evaden impuestos.

Cruces por los jubilados y los trabajadores

El Frente de Izquierda también rechazó el proyecto. Nicolás del Caño cuestionó que el Congreso discuta nuevos beneficios para grandes contribuyentes mientras quedan pendientes reclamos vinculados con jubilados, salarios y trabajadores.

El diputado sostuvo además que la evasión fiscal representa miles de millones de dólares que podrían destinarse a políticas sociales y obras públicas.

El oficialismo, en cambio, defendió la iniciativa. El titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez, aseguró que el régimen permitirá incorporar dinero a la economía formal y contribuirá a prevenir el lavado de activos.

El oficialismo busca llevarlo al recinto

El dictamen reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y distintos bloques provinciales. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de rechazo.

La Libertad Avanza pretende convocar a una sesión el 26 de agosto para tratar “Inocencia Fiscal 2”, además de otros proyectos impulsados por el Gobierno.

Así, mientras el oficialismo busca avanzar con un nuevo esquema de beneficios fiscales, el caso Adorni dejó una modificación significativa: los funcionarios quedaron afuera de una ley que, hasta hace poco, también podía alcanzar a quienes ocupaban cargos dentro del propio Gobierno.

La construcción volvió a mostrar señales de deterioro y profundizó la tendencia contractiva que atraviesa al sector. En julio, la actividad registró una caída interanual del 6,5%, mientras que los despachos de cemento se desplomaron 8,2%, con cuatro meses consecutivos de retrocesos.

Los datos del Grupo Construya y de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) muestran que las bajas fueron incluso más pronunciadas que las registradas en junio. Se trata de dos indicadores relevantes para seguir la evolución de la actividad, aunque todavía no corresponden al dato oficial del Indec, que difundirá el indicador de construcción de julio el próximo 8 de septiembre.

El deterioro también aparece en la evolución acumulada. Entre enero y julio, el Índice Construya acumula una caída del 0,6%, mientras que los despachos de cemento retrocedieron 3,8% respecto del mismo período del año pasado.

En el caso del cemento, el panorama resulta todavía más preocupante: durante julio se despacharon 817.528 toneladas, un 8,2% menos que un año atrás. En los primeros siete meses del año, los despachos alcanzaron 5.497.952 toneladas, una baja del 3,6% interanual y del 28,4% frente al mismo período de 2023, antes del inicio de la gestión de Javier Milei.

El mercado interno concentra buena parte del retroceso. Los despachos destinados al país cayeron 8,1% interanual en julio, mientras que las exportaciones se redujeron un 50,2%. El dato vuelve a poner el foco sobre la debilidad de la demanda y el freno de la actividad vinculada al mercado interno.

Aunque desde el Grupo Construya esperan una leve recuperación en los próximos meses si mejoran las condiciones macroeconómicas y bajan las tasas de interés, los números de julio muestran que la construcción todavía no logra salir del ciclo contractivo. La caída de la actividad y el retroceso sostenido del consumo de cemento vuelven a funcionar como una señal de alerta sobre el nivel de actividad económica.