Una investigación periodística reveló que la Fundación Argentina Global, cofundada por la actual secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro, lanzó un programa de formación dirigencial financiado y respaldado por las becas Chevening de la Embajada Británica en Buenos Aires.

La política exterior del Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de la polémica por su creciente acercamiento al Reino Unido. Una investigación periodística reveló que la Fundación Argentina Global, cofundada por la actual secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro, lanzó un programa de formación dirigencial financiado y respaldado por las becas Chevening de la Embajada Británica en Buenos Aires.

El dato adquiere especial gravedad por el cargo que ocupa Di Chiaro: es la funcionaria responsable de una de las áreas más sensibles de la política exterior argentina, precisamente aquella que debe sostener el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa, denominada “Future Leaders Programme Argentina”, está destinada a estudiantes avanzados y graduados universitarios y contempla talleres, encuentros con especialistas y actividades institucionales vinculadas con la política internacional. El programa cuenta con el respaldo de Chevening, mecanismo de becas del Gobierno británico que funciona desde hace décadas como una herramienta de vinculación y formación de dirigentes extranjeros.

El episodio genera alarma porque coloca a una organización estrechamente vinculada con una funcionaria de la Cancillería en colaboración directa con la representación diplomática del Reino Unido. La situación resulta particularmente sensible en un país que mantiene un conflicto de soberanía con Londres y que históricamente ha considerado la cuestión Malvinas como una política de Estado.

Formación de dirigentes bajo el auspicio de Londres

La gravedad del caso se profundiza por las características del programa. La iniciativa contempla una apertura a cargo de Fulvio Pompeo, exfuncionario de la administración de Mauricio Macri y cofundador del think tank, mientras que el cierre previsto para febrero de 2027 se realizará en la propia Embajada Británica.

La presencia conjunta de la Fundación Argentina Global, la Embajada Británica y el programa Chevening plantea interrogantes sobre el alcance de la influencia británica en la formación de futuros dirigentes argentinos y sobre el rol que cumplen funcionarios vinculados a la estructura de la Cancillería en este tipo de iniciativas.

El problema no es la existencia de intercambios académicos o diplomáticos con otros países, sino la particular contradicción que supone que una funcionaria responsable de la política argentina sobre Malvinas esté asociada a una organización que desarrolla un programa de formación dirigencial auspiciado por la potencia que mantiene la ocupación de las islas.

Una política exterior que despierta preocupación

El episodio vuelve a poner bajo la lupa el giro de la política exterior impulsado por Milei y su Cancillería. El acercamiento político con Londres y la búsqueda de una relación privilegiada con el Reino Unido generan cada vez más cuestionamientos entre sectores que consideran que la cooperación bilateral no puede avanzar a costa de relegar el reclamo soberano argentino.

La preocupación se potencia frente a la creciente actividad británica en el Atlántico Sur, incluida la presencia militar en las islas y la explotación de recursos naturales en áreas cuya soberanía Argentina continúa reclamando.

En este contexto, que desde el propio ámbito de la Secretaría de Malvinas surjan vínculos con programas de formación financiados y respaldados por la diplomacia británica resulta, como mínimo, una contradicción difícil de ignorar.

El caso expone así una cuestión de fondo que excede a una fundación o a un programa de becas: ¿está la Cancillería argentina permitiendo que los intereses y las herramientas de influencia del Reino Unido penetren en la formación de las futuras dirigencias del país mientras la Argentina continúa reclamando la soberanía de Malvinas?

Para sus críticos, el episodio constituye una nueva señal de alarma sobre una política exterior que, bajo la promesa de estrechar vínculos con las potencias occidentales, corre el riesgo de terminar siendo funcional a los intereses británicos en el Atlántico Sur.

El RIGI exhibe una economía a dos velocidades: mientras las provincias petroleras y mineras acumulan regalías extraordinarias, la industria nacional pierde actividad y es desplazada por importaciones. Empresarios y pymes metalúrgicas advierten que el régimen, lejos de generar el prometido “derrame”, consolida un modelo extractivista que deja cada vez menos espacio para la producción argentina.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado por el Gobierno como una herramienta para atraer capitales y transformar la estructura productiva, comienza a mostrar una de sus principales contradicciones: los beneficios se concentran en los grandes proyectos de Oil & Gas y minería, mientras las industrias que deberían abastecerlos quedan relegadas frente a la competencia importada.

La brecha es particularmente visible en las provincias productoras. Neuquén, epicentro de Vaca Muerta, encabeza el crecimiento de las regalías, mientras la Patagonia concentra actualmente el 64% del total nacional. Durante el primer semestre del año, además, la región registró un incremento del 32% en la producción computable de crudo.

Para los gobernadores, esta renta se convirtió en un respaldo financiero cada vez más importante: las regalías llegaron a representar el 11,77% de los ingresos totales de las provincias productoras durante 2025. Chubut y Santa Cruz también tienen una participación significativa en esa distribución.

Pero el supuesto efecto multiplicador no se replica en las fábricas argentinas. El caso de la industria metalúrgica resulta particularmente revelador: según Adimra, el sector acumula una contracción del 5,4% en 2026, luego de retroceder otro 5,4% en 2024 y 3,2% en 2025. La actividad quedó así por debajo de los niveles registrados en 2022.

El RIGI que importa en lugar de producir

La contradicción se vuelve todavía más evidente al observar las importaciones realizadas por los Vehículos de Proyecto Único (VPU). De los USD 284 millones FOB importados hasta mediados de año, el 87% correspondió a productos que forman parte del núcleo de la oferta metalúrgica nacional.

Entre las compras aparecen tanques y cisternas de acero por USD 75,2 millones, tubos para oleoductos por USD 11,2 millones y hasta elementos básicos de bulonería, como tornillos, tuercas y arandelas.

Es decir, el problema no se limita a la importación de tecnología sofisticada que la Argentina no produce: también ingresan bienes que podrían ser fabricados por empresas nacionales, incluso dentro de las cadenas de valor vinculadas directamente con el petróleo, el gas y la minería.

La paradoja es que uno de los sectores industriales estratégicos para el desarrollo de los proyectos extractivos no logra convertirse en proveedor privilegiado de esas inversiones. En cambio, termina compitiendo con productos extranjeros favorecidos por el propio régimen.

La letra chica que diluye el compre nacional

El Gobierno sostiene que el RIGI contempla una prioridad mínima del 20% para proveedores nacionales. Sin embargo, empresarios y cámaras del sector cuestionan la manera en que esa obligación puede ser computada y advierten que las excepciones previstas por la normativa terminan debilitando su impacto real.

El problema comienza por la propia base sobre la cual se aplica el porcentaje. De los USD 126.500 millones anunciados en inversiones, la condición central de permanencia en el régimen se vincula con un monto mínimo de USD 16.100 millones. Sobre una base considerablemente menor se determina el porcentaje de compras nacionales.

A esto se suma que la normativa permite computar dentro del 20% tanto bienes como obras, sin establecer una proporción específica. De esta manera, gastos inevitablemente locales, como movimientos de suelo o construcción civil, pueden utilizarse para cumplir con el requisito sin que necesariamente exista una demanda equivalente para la industria manufacturera.

También existe una cláusula vinculada al precio y la disponibilidad que permite comparar la oferta nacional con el valor de importación. Para las empresas argentinas, esta situación representa una competencia particularmente desigual cuando los proyectos cuentan con beneficios arancelarios que reducen los costos de los productos extranjeros.

El derrame que no llega a las fábricas

La defensa oficial del RIGI se apoya en la expectativa de que la expansión de Vaca Muerta y de la minería termine generando actividad en sectores periféricos. El Banco Central incluso destacó en su último Informe de Política Monetaria que por cada puesto de trabajo asalariado formal creado en las petroleras se generaron 3,2 empleos en otros sectores económicos de Neuquén.

Sin embargo, la pregunta central no es solamente cuántos empleos indirectos genera el boom extractivo, sino qué tipo de estructura productiva deja detrás.

Si las grandes inversiones demandan bienes y servicios del exterior que podrían producirse localmente, el efecto multiplicador sobre la industria nacional se reduce. Y si las empresas argentinas deben competir en condiciones desfavorables contra proveedores extranjeros beneficiados por exenciones, el prometido proceso de industrialización asociado al RIGI pierde fuerza.

Así, mientras las provincias productoras celebran un boom de regalías y los grandes proyectos extractivos reciben beneficios extraordinarios, buena parte del entramado manufacturero enfrenta caída de actividad y pérdida de mercados.

La advertencia empresarial apunta justamente a esa contradicción: el RIGI puede estar generando una economía dinámica alrededor de la extracción de recursos, pero sin garantizar que esa riqueza se transforme en industria, empleo de calidad y desarrollo de proveedores nacionales.

El riesgo es que, detrás del discurso del “derrame”, se consolide una economía de dos velocidades: una vinculada al petróleo, el gas y la minería, beneficiada por incentivos fiscales y aduaneros; y otra integrada por las fábricas nacionales que deben sobrevivir a la recesión y competir contra importaciones incluso dentro de los proyectos que deberían impulsar su crecimiento.

Más que una cadena de valor nacional, el modelo amenaza con consolidar un esquema extractivo donde la riqueza sale del subsuelo, las regalías crecen y las importaciones ocupan el lugar que la industria argentina esperaba conquistar.

El caso de las casas prefabricadas chinas

Uno de los ejemplos más contundentes aparece en la industria forestal. Según denunció la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop), la demanda de viviendas de madera para trabajadores y depósitos vinculados con Vaca Muerta fue cubierta en buena medida con productos provenientes de China, mientras aserraderos y productores argentinos atraviesan una fuerte retracción.

El presidente de Fedecoop, Gustavo Hein, alertó sobre suspensiones, cierre de aserraderos y caída de los precios para los productores forestales. La crisis está directamente vinculada con el derrumbe de la construcción, que lleva aproximadamente dos años y medio con una demanda deprimida.

La consecuencia es especialmente grave para provincias como Misiones, Corrientes y Entre Ríos, donde miles de pequeños y medianos productores dependen de la actividad forestal.

Pero el contraste con Vaca Muerta resulta difícil de ignorar.

Mientras en el norte y el litoral argentino los productores tienen dificultades para vender su madera y los aserraderos reducen personal o cierran, en el corazón del boom petrolero las empresas encuentran más conveniente importar viviendas terminadas desde China que comprarlas a productores y fabricantes argentinos.

“Era más fácil traerlas de China que comprárselas a los misioneros, correntinos o entrerrianos que producimos madera”, advirtió Hein.

El episodio sintetiza el problema que empresarios de otros sectores vienen señalando alrededor del RIGI: el crecimiento de un enclave extractivo no garantiza la creación de una cadena de valor nacional.

Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza y uno de los empresarios más poderosos de Córdoba y del país, lanzó una advertencia que expone las crecientes tensiones del modelo económico libertario: mientras el Gobierno reivindica el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación, buena parte de la economía real sigue sin encontrar alivio. “A la gente no le alcanza para llegar a 15 de cada mes”, afirmó.

El diagnóstico adquiere especial relevancia porque no proviene de un dirigente opositor ni de un referente sindical, sino de uno de los principales empresarios del interior productivo. Roberto Urquía, exsenador nacional y dueño de Aceitera General Deheza (AGD), reconoció que existen sectores que atraviesan un buen momento, como la minería, Vaca Muerta y parcialmente el campo, pero advirtió que el panorama es muy diferente para el comercio y otras actividades vinculadas al mercado interno.

“Ya no vende directamente, sea chino, sea nacional”, describió Urquía al graficar la profundidad de la caída del consumo. La frase resume uno de los principales problemas de la economía: aun con una macroeconomía que el Gobierno presenta como ordenada, la demanda interna continúa debilitada y numerosas empresas enfrentan crecientes dificultades para sostener sus niveles de actividad.

El salario se evapora antes de mitad de mes

El empresario puso el foco especialmente en el deterioro de los ingresos y en sus consecuencias sobre trabajadores y empresas. “Hoy les cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no le alcanza, no para llegar a fin de mes, no le alcanza para llegar al 15 de cada mes”, sostuvo.

La advertencia expone una de las principales contradicciones del discurso oficial: mientras la Casa Rosada destaca el equilibrio fiscal y la baja de la inflación como grandes logros, esos resultados todavía no se traducen en una mejora perceptible para numerosos sectores de la economía real.

El propio Urquía reconoció que “la macro está bien” y destacó el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero inmediatamente marcó el límite de ese diagnóstico: ese proceso “no llega a algunos sectores de la micro”. Es decir, la estabilidad de las cuentas públicas no alcanza cuando comercios, empresas y familias siguen enfrentando una fuerte retracción de la demanda y del poder adquisitivo.

Una crítica que llega desde el corazón del empresariado

Las declaraciones de Urquía adquieren una dimensión política y económica particular porque se suman a un creciente malestar que comienza a atravesar incluso a sectores empresarios que tradicionalmente reclaman estabilidad macroeconómica y reglas claras.

El planteo deja en evidencia que el problema ya no puede reducirse a una disputa entre el Gobierno y sus opositores. Cuando uno de los empresarios más importantes de Córdoba advierte que los comercios no venden, que las empresas tienen dificultades para pagar salarios y que los trabajadores no llegan al día 15, aparece una señal de alarma proveniente del propio sector productivo.

Urquía también cuestionó las dificultades que enfrenta el interior para hacer llegar sus reclamos al Gobierno nacional. “A la gente del interior nos cuesta mucho llegar al diálogo con el Gobierno nacional”, afirmó, aunque reconoció que existe contacto con algunos ministros, entre ellos Luis Caputo y el jefe de Gabinete.

En ese sentido, reclamó mayor protagonismo para el interior productivo y recordó que la Argentina excede ampliamente al área metropolitana. “Argentina es mucho más que el conglomerado importante de gente que vive entre la General Paz y otras avenidas”, sostuvo.

Tasas de hasta 1.300% y críticas a la falta de regulación

Otro de los puntos que generó preocupación fue su cuestionamiento a determinadas fintech y financieras digitales. Urquía denunció que algunas llegan a cobrar tasas de hasta 1.300% anual, una cifra que calificó directamente como “una cosa de loco”.

Frente a estos niveles de financiamiento, reclamó una intervención más activa del Estado. “El Gobierno está para eso, está para los abusos”, afirmó, en una definición que también marca distancia con una concepción de Estado limitado a su mínima expresión.

El empresario fue incluso más allá y cuestionó el trato diferencial que, a su entender, recibe el capital extranjero frente a la producción nacional. “Ahí va la alfombra roja”, señaló sobre las inversiones externas, mientras sostuvo que la producción argentina “no tiene un embajador que la defienda”.

Así, desde uno de los sectores más poderosos del empresariado cordobés emerge un diagnóstico incómodo para el Gobierno: la estabilidad macroeconómica no está logrando recomponer la economía cotidiana. Comercios que no venden, empresas que tienen dificultades para pagar salarios, trabajadores cuyo ingreso se termina antes de mitad de mes y tasas de financiamiento exorbitantes configuran un escenario que empieza a generar preocupación más allá de los sectores tradicionalmente críticos del oficialismo.

Y que estas advertencias surjan desde el corazón del empresariado productivo constituye, acaso, una de las señales más contundentes de que el malestar con el rumbo económico comienza a adquirir un carácter cada vez más transversal.

El consultor político y exasesor de Javier Milei fue aprehendido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando intentaba salir del país. Las autoridades locales indagan su presunta relación con el atentado a balazos que sufrió la activista Nadia Beller.

El estratega digital cofundador de ‘La Derecha Diario‘ y exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, fue detenido por la Policía Boliviana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La aprehensión se ejecutó en el aeropuerto internacional de Viru Viru en momentos en que el consultor se disponía a abordar un vuelo hacia la Argentina, tras quedar bajo la lupa judicial por un atentado armado ocurrido pocas horas antes.

La investigación penal se inició tras el ataque sufirido por la abogada y activista política boliviana Nadia Beller, quien recibió varios impactos de bala durante una agresión armada en Santa Cruz. La víctima permanece internada con pronóstico reservado, mientras los investigadores reconstruyen el móvil del hecho y analizan la relación previa entre Beller y Cerimedo.

Las fuerzas de seguridad e inteligencia locales ordenaron la detención preventiva del operador político argentino para tomarle declaración e investigar si tuvo participación intelectual o material en el intento de homicidio. Las hipótesis policiales giran en torno a posibles desavenencias personales y vínculos operativos en el marco del armado político en la región.

El arresto de Cerimedo genera fuerte impacto tanto en la política boliviana como en la Argentina, dado el rol clave que el consultor desempeñó en las campañas de comunicación y batallas digitales del oficialismo libertario. Las autoridades de ambos países siguen de cerca las actuaciones judiciales mientras se define la situación procesal del detenido en territorio boliviano.

El ex jugador y director técnico de Los Pumas, Santiago Phelan, junto a su socio en la textil Will Der, Armando Anasal, tuvieron que anunciarles este viernes a los 120 trabajadores de la fábrica el cierre de la empresa frente al descalabro económico. La empresa llevaba más de 20 años produciendo en el país. Pero Javier Milei lo hizo: debieron cerrar.

Will Der producía indumentaria deportiva para marcas como Adidas, Puma, Fila y New Balance pero no se pudo sostener ante la apertura indiscriminada de importaciones que afectan a todo el rubro textil. La decisión de los dueños fue bajar las persianas de las plantas que tienen en Las Flores y en General Pacheco.

“Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan”, dijo el rugbier. “No había opción de seguir. Seguir iba a ser peor. No es que nosotros colgamos, aflojamos. No somos de esa característica. No hay trabajo en la calle. Piensen la próxima vez a quien votar”, advirtió el empresario ante el llanto de los trabajadores.

“La gestión presidencial tocó su nivel más bajo desde hace más de un año y la imagen negativa del presidente trepó al 58,5%”. Así lo señala la última medición de Zentrix Consultora, dada a conocer este fin de semana, en coincidencia con otras mediciones que reflejan el quiebre en la relación entre el gobiern de Javier Milei y la sociedad.

No es el primer sondeo que muestra números muy malos para el gobierno que parece haber perdido el rumbo político y económico. A la crisis de ingresos y empleo, se sumó en el último tiempo la defensa de Milei al corrupto Manuel Adorni, que todavía no pudo justificar gastos por 400 mil dólares.

La crisis de ingresos tiene su ejemplo mayor en el endeudamiento que afecta a millones de familias. Hay 20 millones de argentinos que tienen deudas pero 6 millones están en mora, es decir, no puede pagar. Nunca antes en la historia argentina se dio una situación así. Para el gobierno, la respuesta es sencilla: “Qué se arreglen como puedan”, aseguró Milei.

A través de una resolución del Ministerio de Defensa, el Poder Ejecutivo restringió el acceso a la información pública sobre contrataciones, equipamiento y maniobras militares, encendiendo alarmas sobre la transparencia y el control ciudadano de los fondos públicos.

El Ministerio de Defensa formalizó una medida que amplía significativamente el alcance del secreto militar sobre las operaciones y las contrataciones de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Mediante esta disposición, el Gobierno restringió la visibilidad pública de compras, ventas y maniobras operativas, encasillando diversos procedimientos administrativos bajo la figura de reserva de seguridad nacional para evitar la divulgação de datos y montos contractuales.

La resolución impone un velo de confidencialidad sobre los procesos de adquisición y modernización de material bélico, así como sobre los convenios con proveedores de defensa. Con este esquema de opacidad, las licitaciones y adjudicaciones quedan eximidas de los mecanismos habituales de rendición de cuentas, limitando de manera severa el acceso a la información tanto para la ciudadanía como para los organismos de control del Estado.

Esta decisión genera profunda preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y por el margen de discrecionalidad que otorga al Poder Ejecutivo en el manejo del presupuesto del área. El desmantelamiento de los canales de acceso a la información pública contraviene normativas históricas que garantizan el control democrático sobre el gasto estatal y las contrataciones del sector público.

La medida se suma a una serie de disposiciones de la gestión libertaria orientadas a restringir el control ciudadano y la fiscalización institucional sobre áreas sensibles de la administración central. Al blindar las decisiones presupuestarias y operativas de las Fuerzas Armadas, el Gobierno consolida un modelo de gestión caracterizado por el secretismo en la asignación de fondos y el debilitamiento de las herramientas de acceso a la información.

La gestión de Javier Milei, en alianza con el PRO y el think tank internacional Political Network for Values, busca desmantelar los avances en igualdad de género, la ESI y el aborto legal, a pesar de que las encuestas confirman un amplio consenso social en favor de estos derechos.

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su agenda ideológica ultraconservadora al oficializar la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, una plataforma internacional impulsada originalmente por Donald Trump con el objetivo de presionar en organismos multilaterales contra el derecho al aborto. La medida, suscrita por el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas, fue mantenida en reserva por el Ejecutivo durante tres días y solo se dio a conocer luego de que la información trascendiera en la prensa de Estados Unidos.

Esta decisión se enmarca en una estrategia de articulación territorial y política junto a sectores de La Libertad Avanza, el PRO y plataformas transnacionales como la Political Network for Values (PNFV). En un reciente encuentro realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios nacionales y porteños se reunieron con referentes globales de la extrema derecha para promover la denominada “familia tradicional” y coordinar acciones orientadas a la eliminación de políticas públicas vinculadas a la Educación Sexual Integral (ESI) y los derechos de la comunidad LGBTI+.

Durante la jornada organizativa en la capital, legisladores y dirigentes alineados con el oficialismo expresaron abiertamente su intención de impulsar reformas legislativas para hacer retroceder las conquistas sociales alcanzadas en las últimas dos décadas. Entre las proyecciones planteadas por los sectores convocantes se encuentra la intención explícita de revisar y buscar la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), intentando disputar los consensos culturales en la opinión pública.

Sin embargo, las narrativas del oficialismo chocan de manera directa con las posturas mayoritarias de la sociedad argentina. Diversos estudios de opinión pública, como los desarrollados por el observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), revelan que 7 de cada 10 argentinos respaldan el matrimonio igualitario y que más del 80% apoya el acceso a anticonceptivos y el financiamiento estatal para la prevención de la violencia de género.

A pesar de la ofensiva institucional del Ejecutivo para instalar su agenda en organismos internacionales, los indicadores sociales demuestran que los consensos en torno a la igualdad, la justicia social y los derechos sexuales y reproductivos se mantienen firmes en la ciudadanía, configurando un freno democrático ante los intentos de regresión normativa.

El gobierno libertario apela a artilugios legales para congelar los fondos de las casas de estudio, violando la división de poderes y provocando un grave deterioro en la educación pública y la investigación científica.

El gobierno de Javier Milei mantiene una postura de abierta confrontación contra la educación pública argentina al sostener una asfixia presupuestaria que roza la inconstitucionalidad. Un informe de Página12 reveló que a 300 días de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) —ratificada por el Congreso tras rechazar el veto presidencial—, el Poder Ejecutivo insiste en desconocer un mandato legislativo obligatorio y desoír las órdenes de la Justicia Federal, vulnerando los principios fundamentales de la división de poderes y el Estado de Derecho.

Desde la perspectiva legal y constitucional, una ley sancionada y ratificada por el Poder Legislativo no constituye una sugerencia ni una carta de intenciones, sino una obligación estatal ineludible. La estrategia del oficialismo de dilatar la asignación de recursos mediante artilugios jurídicos y actas paritarias insuficientes representa un grave atropello a la institucionalidad republicana, donde el Ejecutivo pretende colocarse por encima de las decisiones de los otros poderes del Estado.

Esta política de recorte sistemático, calificada por referentes académicos como un proceso de “cientificidio”, no responde a un mero ajuste contable, sino a un plan deliberado de desmantelamiento de la producción de conocimiento soberano. El congelamiento salarial ha provocado que docentes e investigadores perciban ingresos por debajo de la línea de pobreza, desencadenando la renuncia masiva de más de diez mil profesionales e investigadores de las universidades nacionales desde el inicio de la gestión libertaria.

La crisis trasciende el ámbito de las aulas y golpea directamente a los servicios esenciales que prestan las casas de estudio a la sociedad. La red de hospitales escuela y facultades de Ciencias Médicas, que atiende a más de 1,5 millones de pacientes en todo el país y realiza intervenciones de alta complejidad, opera bajo un desfinanciamiento crítico que pone en peligro la atención sanitaria y la formación de los futuros profesionales de la salud.

Frente al avance del desguace estatal y las descalificaciones del Presidente hacia la comunidad académica, los gremios y la Federación Universitaria Argentina impulsan un plan de lucha nacional con paros y movilizaciones. La defensa de la universidad pública se consolida así no solo como un reclamo presupuestario, sino como una batalla fundamental para garantizar el derecho a la educación, la investigación científica y el desarrollo soberano de la Argentina.

La metodología que el Gobierno había anunciado para actualizar la medición de precios fue descartada en enero y, tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, el organismo continúa utilizando una canasta basada en consumos de 2004. Un recálculo de la consultora Qualy muestra que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la inflación acumulada habría sido 15,5 puntos porcentuales mayor con la canasta actualizada.

El Gobierno de Javier Milei exhibe la desaceleración de la inflación como uno de los principales logros de su gestión. Sin embargo, detrás del índice oficial aparece una discusión metodológica que puede modificar de manera significativa la fotografía de la economía: si se hubiera aplicado la nueva metodología que el propio Gobierno había anunciado y que finalmente dio de baja en enero, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 sería considerablemente más alta.

El INDEC había previsto abandonar la vieja canasta de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004 y reemplazarla por una estructura actualizada a partir de la ENGHo 2017/18. El cambio finalmente no se concretó y estuvo acompañado por la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo.

El impacto de la decisión puede observarse al recalcular mes a mes el índice utilizando las ponderaciones de la canasta actualizada. Según un trabajo de la consultora Qualy, la inflación oficial acumulada desde el comienzo del Gobierno de Milei alcanza el 328,8%, mientras que con la metodología actualizada habría llegado al 344,3%: una diferencia de 15,5 puntos porcentuales.

Aunque la distancia entre ambas mediciones puede parecer marginal cuando se observa cada mes por separado, el efecto acumulativo termina siendo considerable. De hecho, solamente en tres meses el índice recalculado arrojó una variación inferior a la medición oficial. En el resto, la metodología actualizada registró una inflación mayor.

La diferencia más pronunciada se produjo en enero de 2024, cuando alcanzó 0,6 puntos porcentuales. En julio, en cambio, la brecha fue mucho menor: el INDEC informó una inflación del 2,11%, mientras que la canasta actualizada habría arrojado un 2,14%.

La explicación está en los cambios en los hábitos de consumo que incorpora la nueva estructura. La metodología actualizada otorga un peso significativamente mayor a los servicios, un componente que ganó relevancia en el gasto de los hogares argentinos durante los últimos años y que la vieja canasta de 2004 no refleja adecuadamente.

Incluso cuando los precios de algunos bienes y servicios aumentaron menos en julio bajo la nueva medición, la mayor ponderación de los servicios modificó el resultado final. En otras palabras, no se trata simplemente de que los precios individuales sean mayores, sino de qué importancia se les asigna dentro del presupuesto real de las familias.

El dato vuelve a poner bajo la lupa la estadística oficial con la que el Gobierno busca mostrar una supuesta normalización de la economía. Una canasta construida sobre patrones de consumo de hace más de dos décadas difícilmente pueda reflejar con precisión cuánto cuesta vivir en la Argentina de 2026, especialmente después de los fuertes cambios en tarifas, alquileres, transporte y servicios registrados en los últimos años.

La discusión, por lo tanto, excede una cuestión técnica. Mientras la Casa Rosada utiliza el índice oficial para exhibir una inflación en descenso, una metodología actualizada muestra que el deterioro acumulado de los precios podría ser bastante mayor.

El contraste resulta incómodo para el Gobierno: la inflación puede desacelerarse en términos mensuales y, al mismo tiempo, estar siendo medida con una estructura de consumo que ya quedó vieja. La diferencia de 15,5 puntos acumulada desde el inicio de la gestión abre así un interrogante sobre cuánto hay de mejora efectiva y cuánto de maquillaje estadístico en la imagen de estabilización que intenta instalar el Gobierno.