La central obrera denunció “parcialidad manifiesta”, pidió anular un fallo que favorece al Ejecutivo y acusó a los magistrados de actuar bajo consignas políticas para desarticular los derechos de los trabajadores.

La batalla legal por la reforma laboral de Javier Milei sumó un capítulo de alto voltaje con la decisión de la CGT de recusar a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La central obrera presentó una denuncia por parcialidad contra los magistrados que intervienen en las causas contra el DNU oficialista, argumentando que el tribunal ya tiene una postura tomada a favor del Ejecutivo. Para el gremialismo, no se trata de una discrepancia jurídica, sino de una operación política para convalidar el recorte de derechos mediante fallos redactados a la medida del poder de turno.

El eje del reclamo es un pedido de nulidad sobre un fallo clave que le quita fuerza a las medidas cautelares que mantenían frenada la reforma. La CGT sostiene que los jueces actuaron con una celeridad sospechosa y omitieron pruebas fundamentales presentadas por los sindicatos. Según la presentación judicial, la imparcialidad de la Cámara está herida de muerte, y acusan a los magistrados de seguir un libreto escrito en los despachos oficiales para desarticular la protección legal que rige en el ámbito laboral desde hace décadas.

Esta embestida judicial se da en un clima de absoluta desconfianza entre la justicia del trabajo y el Gobierno nacional. Desde la CGT advierten que, si no se anula el fallo y se aparta a los jueces cuestionados, se estará sentando un precedente peligroso donde las garantías constitucionales quedan supeditadas a las necesidades del mercado. “Están rifando la seguridad jurídica de millones de argentinos”, señalaron fuentes gremiales, remarcando que la recusación es el último recurso para evitar un avance irreversible sobre las indemnizaciones y los convenios colectivos.

Finalmente, la estrategia de la central obrera busca ganar tiempo y forzar la intervención de la Corte Suprema bajo un escenario de conflicto de intereses. Al denunciar la parcialidad de los jueces de alzada, la CGT intenta congelar la aplicación de la reforma hasta que se garantice un tribunal que no esté condicionado por el sesgo ideológico libertario. Mientras tanto, la tensión en los pasillos de Tribunales no para de crecer, dejando en claro que el futuro de la ley laboral se definirá en un clima de extrema hostilidad judicial.

La planta de Frimetal en Rosario, encargada del ensamblaje de heladeras para Electrolux, suspenderá desde mayo la fabricación de estos productos, en una decisión que expone el agravamiento de la crisis del sector.

En medio de un escenario cada vez más crítico para la industria argentina, la producción de electrodomésticos suma un nuevo retroceso. La planta de Frimetal en Rosario, encargada del ensamblaje de heladeras para Electrolux, suspenderá desde mayo la fabricación de estos productos, en una decisión que expone el agravamiento de la crisis del sector.

El impacto es contundente: la dotación laboral se reducirá de unos 750 trabajadores a apenas 150, lo que implica un recorte cercano al 80% del personal. La planta, que ya había discontinuado la línea de cocinas a comienzos de año, quedará limitada únicamente a la producción de freezers y lavarropas, evidenciando un fuerte achicamiento de su actividad.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de deterioro industrial, marcado por la caída del consumo interno y el avance de las importaciones. En marzo, la empresa había puesto en marcha un plan de retiros voluntarios dirigido a 100 empleados, aunque finalmente 130 trabajadores se adhirieron. El esquema incluyó indemnizaciones completas bajo el régimen previo a la reforma laboral y un bono adicional equivalente a tres salarios, según informó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Desde la compañía describen el contexto como una “tormenta perfecta”, donde la contracción del mercado interno y la creciente competencia de productos importados erosionan la competitividad de la producción local, afectando directamente los niveles de empleo y actividad.

El cuadro no es aislado. La crisis golpea a todo el sector de electrodomésticos. Empresas como Peabody también atraviesan severas dificultades financieras. Su titular, Dante Do Sun Choi, sintetizó el clima del sector al señalar que “es muy ingrato ser empresario en la Argentina”, en referencia a un mercado debilitado y con alta presión externa.

En este contexto, la situación de Peabody escaló a instancias judiciales. El Juzgado Comercial N°21 aprobó la apertura del concurso preventivo para Goldmund S.A., su controlante, reconociendo el estado de cesación de pagos y habilitando la renegociación con acreedores. Al momento de la presentación, la deuda bancaria rondaba los $19.600 millones, a lo que se suman compromisos comerciales, fiscales y financieros.

La empresa fijó el inicio de su crisis financiera el 27 de febrero de 2026, cuando no logró cubrir un vencimiento de $290 millones, lo que desencadenó la ruptura de la cadena de pagos. Desde entonces, el deterioro se profundizó: acumula 168 cheques rechazados por cerca de $553 millones, según datos del Banco Central.

El cierre de líneas de producción, la pérdida masiva de empleos y la creciente fragilidad financiera de las empresas reflejan un proceso de contracción industrial más amplio, que lejos de estabilizarse, muestra señales de agravamiento en distintos frentes del entramado productivo nacional.

El presidente Javier Milei cerró la cena anual de la Fundación Libertad con un mensaje en el que buscó transmitir optimismo sobre la marcha de la economía, al asegurar que “lo peor ya pasó a pesar del saboteo coordinado para destruir el programa económico”.

Durante su exposición, el mandatario reconoció que en los últimos meses la inflación “se recrudeció con el impacto de la guerra sobre los combustibles”, aunque sostuvo que la tendencia se revertirá: “Tarde o temprano la inflación va a ceder”.

Al referirse al 33% acumulado en los últimos doce meses, Milei evitó eludir el dato, pero responsabilizó a factores externos y políticos. “La inflación había empezado a caer de manera continua, pero luego del resultado de mayo la política decidió jugar, y vaya que jugó fuerte”, afirmó, en alusión a las elecciones legislativas porteñas.

En esa línea, profundizó sus críticas y sostuvo que tras esos comicios “hubo un saboteo enorme” en el que, según dijo, se coordinaron “empresaurios, medios de comunicación, políticos y opinadores” con el objetivo de “destruir el programa económico”, incluso mediante la presentación de iniciativas legislativas para afectar el equilibrio fiscal.

Pese al diagnóstico negativo sobre la inflación, el Presidente ratificó el rumbo de su gestión: “Este número es horrible pero lo vamos a derrotar y no nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”.

Además, se refirió a la deuda pública y destacó que “es intra sector público”, al tiempo que aseguró que la relación deuda-producto se redujo de cerca del 100% a menos del 40%. “Argentina claramente está en un sendero de solvencia intertemporal. Vamos a honrar las deudas”, concluyó, al pronosticar que el riesgo país caerá con el tiempo.

La comunidad educativa de la escuela que utilizan los Adorni está conmocionada y podrían abrir un nuevo escándalo si trascienden los chats de los padres, que acumulan indignación por el cambio de estilo de vida del jefe de Gabinete desde que es funcionario público, según confirmó el portal La Política Libertario.

Como producto de esa incomodidad, el grupo de WhatsApp que utilizaban los padres del establecimiento educativo de gestión privada típico de clase media, se terminó partiendo. Ahora, según comentaron las fuentes, hay uno donde solo se habla de cuestiones operativas y otro donde se despachan con críticas filosas contra Manuel Adorni. No hay modo de justificar el nivel de vida de Adorni desde que es funcionario libertario.

El problema se habría generado cuando una de las madres afirmó que Bettina Angeletti, la pareja del vocero que terminó siendo justamente la razón por la que se destapó la olla, estaba de vacaciones en Madrid junto a otras cinco madres del colegio. El hallazgo fue casual, al toparse en Instagram con la foto de las mujeres en la capital española.

El gobierno decidió prescindir este domingo de Carlos Frugoni, el secretario de Infraestructura que el oficialismo había expuesto mediáticamente para intentar eclipsar el escándalo protagonizado por Manuel Adorni. Según trascendió, Frugoni habría formalizado su dimisión el sábado y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se la habría aceptado al día siguiente, tras una campaña de desgaste impulsada desde un sector de La Libertad Avanza.

El funcionario saliente dependía orgánicamente de Caputo, pero mantenía además un vínculo estrecho con Nicky Caputo y, por extensión, con Mauricio Macri. Dado que Frugoni habría omitido declarar al menos seis propiedades en Miami, desde el entorno presidencial habrían aprovechado su situación para golpear indirectamente al ex mandatario, quien suele presentar al PRO como el espacio que provee cuadros técnicos competentes a la administración Milei.

La salida de Frugoni se produce apenas 72 horas antes de que Adorni deba comparecer ante el Congreso, en una audiencia que enfrenta con notoria reluctancia y sin señales de querer disipar las dudas de corrupción que vienen erosionando la imagen del presidente. El intento de utilizar este relevo como herramienta de distracción comunicacional difícilmente alcance para revertir el daño acumulado por el denominado “efecto Adorni”.

En paralelo, Macri ya habría instruido a Ricardo Lorenzetti para que construya una mayoría en la Corte Suprema junto a Carlos Rosenkrantz, con el objetivo de generar presión sobre Milei. El líder del PRO también se reunió con Paolo Rocca en busca de respaldo político, convencido de que el eventual desgaste económico del gobierno libertario le abrirá el camino para posicionarse como el candidato de la derecha de cara a 2027.

Lejos de las promesas de recomponer ingresos y de jugosos salarios dolarizados Argentina terminó ubicándose entre los países con los salarios mínimos más bajos de América Latina. Según los últimos relevamientos oficiales, el salario mínimo ronda los 200 dólares mensuales, lo que posiciona al país en el fondo del ranking regional.

Actualmente, Argentina se ubica entre los cinco países con menores ingresos básicos, sólo por detrás de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. Este deterioro se profundizó tras la devaluación y la persistente inflación, que erosionaron fuertemente el poder adquisitivo.

El contraste con el resto de la región es cada vez más marcado. Mientras países como Costa Rica, Uruguay y Chile superan ampliamente los 600 dólares mensuales, duplicando o incluso triplicando el ingreso argentino, el promedio regional se sitúa cerca de los 400 dólares.

Las actualizaciones recientes del salario mínimo —que lo llevaron a valores en pesos cercanos a los $200.000— equivalen a unos 200 dólares al tipo de cambio libre, consolidando la caída en términos internacionales.

El resultado es contundente: Argentina pasó de discutir salarios en dólares a quedar entre los peores registros de América Latina. Esta caída no sólo refleja el impacto de la inflación —que continúa entre las más altas del mundo— sino también una fuerte pérdida del poder de compra de los trabajadores, que en los últimos años se redujo de manera significativa.

En este contexto, el salario mínimo dejó de ser una referencia de recuperación para convertirse en un indicador del deterioro económico: cada vez más lejos de la región y cada vez más cerca del fondo del ranking.

Según el Monitor de Opinión Pública de la consultora Zentrix, el 67% de los argentinos considera que se rompió el pacto “anti casta”, la principal bandera simbólica del oficialismo.

El deterioro de la confianza en el gobierno de Javier Milei se acelera en medio de la crisis económica y el impacto creciente de denuncias por corrupción, dos factores que comienzan a erosionar el núcleo de legitimidad con el que llegó al poder.

Según el Monitor de Opinión Pública de la consultora Zentrix, el 67% de los argentinos considera que se rompió el pacto “anti casta”, la principal bandera simbólica del oficialismo. Ese concepto, que durante meses funcionó como sostén político y moral del gobierno, muestra hoy un desgaste profundo frente a una opinión pública cada vez más crítica.

El malestar social se apoya también en la situación económica: el 81,6% de los consultados afirma haber tenido que resignar consumos en los últimos seis meses, desde salidas y ocio hasta compras habituales del hogar y gastos básicos como alimentos, salud y servicios. Este ajuste cotidiano refuerza la percepción negativa sobre la gestión.

🎭SE DESGASTA UNA BANDERA CENTRAL

67% cree que el pacto “anti-casta” con el que llegó Milei ya se rompió.

El dato no golpea solo a un slogan: afecta una de las bases simbólicas del oficialismo. Cuando esa promesa pierde fuerza, también se erosiona la credibilidad del Gobierno.… pic.twitter.com/4DCNVlh42F

— Zentrix Consultora (@ZXConsultora) April 26, 2026

En paralelo, la corrupción dejó de ser un tema secundario para convertirse en uno de los ejes centrales del descontento. El 57,3% percibe corrupción generalizada en el gobierno y el 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural. Incluso entre votantes oficialistas, la corrupción ya aparece como la principal preocupación, por encima del desempleo, la inflación y los salarios.

El problema para el gobierno no es solo el impacto puntual de las denuncias, sino la inversión del sentido de su principal promesa: la bandera “anti casta” empieza a operar ahora como un factor de vulnerabilidad que erosiona su credibilidad. La desconfianza no se limita a hechos concretos, sino que alcanza la percepción sobre la voluntad real de prevenir irregularidades.

La credibilidad del Indec, también erosionada

A esto se suma la creciente distancia entre los datos oficiales y la experiencia cotidiana. Según el relevamiento, el 70,3% considera que las cifras de inflación difundidas por el INDEC no reflejan lo que ocurre en la vida diaria, ampliando la brecha respecto de meses anteriores y debilitando aún más la confianza institucional.

El impacto del caso Adorni

En este contexto, también se deteriora la imagen de figuras clave del oficialismo. El vocero presidencial Manuel Adorni aparece como uno de los dirigentes más afectados, con una imagen negativa del 73,9%, en parte asociada a su alta exposición pública y a las controversias recientes.

La combinación de crisis económica, percepción de corrupción y pérdida de credibilidad empieza así a configurar un escenario donde el principal capital político del gobierno —la confianza social— muestra signos claros de agotamiento.

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno y golpea de lleno a uno de sus funcionarios clave: el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, quedó bajo sospecha judicial por presuntamente ocultar bienes millonarios en el exterior mientras lidera el organismo encargado de combatir la evasión.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por Sergio Rodríguez, pidió que Vázquez sea citado a indagatoria por no haber declarado al menos tres propiedades en Estados Unidos valuadas en más de 2,1 millones de dólares. El caso expone una fuerte contradicción política y ética: quien debe perseguir delitos fiscales ahora es investigado por posibles maniobras de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según el dictamen, el funcionario habría omitido declarar su vínculo con sociedades offshore que figuran como titulares de inmuebles en Miami. Para la PIA, esta conducta encuadra en el delito de omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial, que puede derivar en penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La investigación sostiene que, detrás de estructuras societarias en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, Vázquez sería el beneficiario final de dos unidades en el complejo Icon Brickell —adquiridas en 2013 por 710.000 y 400.000 dólares— y de una propiedad en el exclusivo Chateau Beach Residences, comprada en 2015 por 980.000 dólares. Documentación citada en la causa lo identifica como Persona Políticamente Expuesta y titular real de esos activos.

Además, la PIA detectó inconsistencias significativas entre los ingresos declarados por Vázquez y el volumen de las inversiones realizadas. Mientras reportaba activos líquidos por apenas unos 40.000 dólares en 2012 y 44.000 en 2013, en ese mismo período se concretaron compras inmobiliarias por más de un millón de dólares, a lo que se suma otra adquisición cercana al millón en 2015.

El expediente también revela otras posibles irregularidades, como la compra de un triplex en Puerto Madero a un valor muy inferior al de mercado y el uso de una firma local —Consultora San Andrés SA— que presentaría características de sociedad pantalla.

La causa está ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán, quienes deberán resolver el pedido de indagatoria y avanzar sobre las nuevas líneas de investigación. Entre las medidas solicitadas figuran exhortos internacionales, pedidos de información financiera y el análisis de movimientos migratorios del funcionario y su entorno familiar.

Designado por el presidente Javier Milei en octubre de 2024 al frente de la DGI y luego ascendido a titular de ARCA, Vázquez enfrenta ahora una investigación que pone en jaque su continuidad y suma presión política sobre el Gobierno en medio de crecientes cuestionamientos por la transparencia de sus funcionarios.

Las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras volvieron a caer en febrero en términos reales, consolidando una tendencia de retracción que impacta de lleno en el mercado interno.

En la comparación interanual, los supermercados registraron una baja del 3,1%, los mayoristas del 1,2% y los shoppings del 2,1%, reflejando una contracción generalizada. Incluso en valores corrientes, donde se registraron subas, estas quedaron muy por debajo de la inflación: los supermercados facturaron $2,21 billones (23,5%), los mayoristas $329.001 millones (23,6%) y los centros de compras $495.867 millones (17,9%), lo que evidencia una pérdida real del poder de compra.

La comparación mensual tampoco muestra señales de recuperación sostenida. Mientras los supermercados apenas crecieron un 0,3%, los mayoristas cayeron 0,7% y los shoppings retrocedieron 1,8%. En el acumulado anual, el panorama sigue siendo débil: -2,1% en supermercados, un marginal +0,1% en mayoristas y -1,1% en centros de compras.

#DatoINDEC
Centros de compras: las ventas bajaron 2,1% interanual en febrero de 2026 y 1,8% con respecto al mes previo https://t.co/CvS2GcqXlC pic.twitter.com/3pe9MNglAL

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 23, 2026

En supermercados, la caída del 3,1% se da en un contexto de fuertes subas nominales en productos básicos como carnes (+46,9%) y frutas y verduras (+37%), lo que refleja el impacto de la inflación sobre el consumo. Además, el peso de las tarjetas de crédito —que explican el 43,6% de las ventas— muestra un creciente endeudamiento de los hogares para sostener niveles mínimos de compra.

En los autoservicios mayoristas, aunque la caída fue más moderada (-1,2%), el comportamiento del consumo evidencia un corrimiento hacia bienes esenciales. El rubro almacén concentró el 42,6% de las ventas y limpieza y perfumería el 26,4%, lo que confirma un ajuste en los hábitos de compra. A su vez, aumentos como el de carnes (+62,2%) vuelven a poner en evidencia el fuerte impacto inflacionario.

Por su parte, los centros de compras registraron una caída del 2,1% interanual en términos constantes, confirmando que el consumo en bienes no esenciales es el más golpeado. Aunque la indumentaria y accesorios lideran con el 46,9% de las ventas, el retroceso general marca un contexto de fuerte cautela por parte de los consumidores.

En conjunto, los datos reflejan un escenario de consumo debilitado, con ingresos que no logran acompañar la inflación y una economía que continúa mostrando señales de enfriamiento.

Acorralado por una creciente ola de denuncias de corrupción que golpean de lleno a su gabinete, Javier Milei decidió redoblar su enfrentamiento con la prensa y avanzar con una medida sin precedentes: cerrar la sala de periodistas de la Casa Rosada y restringir el acceso a todos los acreditados.

La decisión, ampliamente repudiada por organizaciones periodísticas como Foro de Periodismo Argentino, fue justificada oficialmente con argumentos de “seguridad nacional” tras una denuncia por presunto espionaje contra periodistas de Todo Noticias. Sin embargo, el carácter extremo de la medida y la ausencia de una resolución judicial firme alimentan la sospecha de que el verdadero objetivo es evitar el escrutinio público en un momento políticamente comprometido para el gobierno.

FOPEA calificó la restricción como “de extrema gravedad institucional”, advirtiendo que limita la capacidad de la sociedad de controlar a sus gobernantes y rompe las condiciones básicas para la cobertura del Poder Ejecutivo. La decisión profundiza así un vínculo ya deteriorado tras meses de ataques verbales del Presidente contra periodistas y la cancelación selectiva de acreditaciones.

El endurecimiento del Gobierno ocurre en paralelo a la acumulación de escándalos que comprometen a figuras clave del oficialismo. En el centro de la tormenta aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia analiza gastos en efectivo por miles de dólares en viajes de lujo, inconsistencias en la compra de propiedades y movimientos financieros difíciles de justificar frente a sus ingresos declarados.

Lejos de tomar distancia, Milei y su hermana, Karina Milei, cerraron filas en su defensa y desestimaron las denuncias como “basura mediática”. Esa postura tensiona el discurso anticorrupción del propio Presidente, mientras se multiplican otros casos que involucran desde presuntas irregularidades en compras públicas hasta investigaciones por patrimonio no declarado de funcionarios como Carlos Frugoni.

En este contexto, el cierre de la sala de prensa aparece más como un intento de blindaje frente al desgaste político que como una medida de seguridad. La escalada contra los medios, en uno de los momentos más críticos del Gobierno, refuerza las dudas sobre la transparencia y el acceso a la información pública en la Argentina actual.