Una nueva encuesta revela que la mayoría de los argentinos sigue sintiendo el impacto del ajuste en el bolsillo: la mitad de la población ya se considera de clase baja, el 86% sostiene que los salarios continúan perdiendo frente a la inflación y seis de cada diez hogares no llegan a fin de mes.

Así lo muestra el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que refleja un creciente malestar social producto de la pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es que el 50,2% de los argentinos se autopercibe como parte de la clase baja, mientras que apenas el 10,5% considera pertenecer a la clase alta. La consultora señala que esta percepción no responde solo a una valoración subjetiva, sino que está respaldada por la realidad de los ingresos y la capacidad de consumo de los hogares.

El deterioro del salario aparece como uno de los principales factores detrás de esa sensación de empobrecimiento. El 86,1% de los encuestados asegura que sus ingresos no logran ganarle a la inflación, un porcentaje que prácticamente no varió en los últimos meses y que evidencia que la recuperación del poder de compra sigue sin llegar.

Incluso entre quienes respaldan al Gobierno, el 70,2% admite que el salario continúa perdiendo frente al aumento de los precios. Entre los votantes opositores, esa percepción asciende al 96,6%, lo que muestra que el impacto del deterioro económico atraviesa a prácticamente todo el espectro político.

Cada vez cuesta más llegar a fin de mes

La encuesta también pone números a una realidad que se repite en millones de hogares. El 61% de los consultados afirmó que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, mientras que solo un 13% aseguró llegar al final del mes con capacidad de ahorro.

Las diferencias entre sectores sociales son contundentes. Apenas el 11,8% de quienes se consideran de clase alta reconocen quedarse sin dinero antes del día 20. Ese porcentaje escala al 43% entre la clase media y llega al 86,1% entre quienes se identifican con la clase baja.

Para Zentrix, estos datos reflejan que la creciente identificación con los sectores de menores ingresos está directamente vinculada con el deterioro de las condiciones materiales de vida.

Creciente desconfianza en los datos oficiales

El relevamiento también muestra una fuerte brecha entre las estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana de los consumidores. El 68,8% considera que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja los aumentos de precios que enfrenta en su vida diaria.

La desconfianza es todavía mayor entre los sectores más golpeados: cerca del 84% de quienes se consideran de clase baja descree de los datos oficiales.

Las expectativas hacia el futuro tampoco muestran señales de optimismo. El 55,1% cree que “lo peor todavía está por venir”, mientras que apenas el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás.

El malestar económico se convierte en cuestionamiento político

La encuesta también detecta un cambio en las principales preocupaciones de la población. Cuando la consulta es abierta, la corrupción aparece como el principal problema del país, seguida por “Milei” y luego por la economía. En la pregunta con opciones predeterminadas, la corrupción encabeza el ranking con el 51,3%, seguida por los ingresos y salarios (48,2%) y la incertidumbre económica (37,1%).

Para la consultora, el deterioro económico comienza a transformarse en un cuestionamiento más amplio al rumbo del país, donde las dificultades para sostener el nivel de vida ya no son percibidas únicamente como un problema económico, sino también como una consecuencia de las decisiones políticas adoptadas.

Si bien la desaprobación del Gobierno mostró una leve baja en junio —pasó del 61,2% al 56,6%, mientras que la aprobación subió del 32,2% al 33,2%—, Zentrix advierte que esto no implica una mejora en la percepción económica. Por el contrario, interpreta que parte de la sociedad comenzó a naturalizar el ajuste y el deterioro de su poder adquisitivo, estabilizando el nivel de malestar sin que ello suponga una recuperación de las condiciones de vida.

Según explicó el sociólogo Roberto Corne, el coeficiente de Gini registró un nuevo incremento en la medición correspondiente a marzo de 2026, lo que evidencia un crecimiento de la desigualdad y un impacto que ya alcanza a casi 19,5 millones de personas.

Corne recordó que el coeficiente de Gini es el indicador utilizado internacionalmente para medir la desigualdad económica y destacó que “es la forma más seria de medir la desigualdad en las naciones”. El índice varía entre 0 y 1: cuanto más cerca de cero, mayor igualdad; cuanto más próximo a uno, mayor concentración del ingreso.

El especialista señaló que Argentina había registrado un coeficiente de Gini de 0,417 en el segundo trimestre de 2023, pero las últimas estadísticas del INDEC muestran un deterioro del indicador. “En esta última medición de marzo de 2026 se reflejó de nuevo otra subida más del coeficiente de Gini”, afirmó.

Para Corne, el aumento del índice tiene consecuencias directas sobre la realidad cotidiana de millones de argentinos. “Hoy ha subido en casi medio millón de personas más. El impacto de la desigualdad hoy es de casi 19 millones 500 mil personas”, sostuvo.

El sociólogo también ilustró la magnitud de la brecha de ingresos entre los distintos sectores sociales. “Si entran 15 pesos en el sector más rico de la población argentina, solo ingresan 2 pesos en el sector más pobre”, ejemplificó, al advertir sobre la creciente concentración de los recursos.

En ese marco, rechazó los cuestionamientos que algunos sectores realizan sobre este indicador y remarcó que “el coeficiente de Gini es un coeficiente muy serio”, ya que constituye una herramienta reconocida a nivel internacional para medir la distribución del ingreso y evaluar la evolución de la desigualdad.

Las consecuencias de la destrucción del mercado interno

Durante la entrevista, Corne vinculó el agravamiento de la desigualdad con el rumbo económico. “La Argentina, en un 77%, depende del mercado interno como componente de su producto bruto; si uno destruye el mercado interno, destruye la Argentina”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo continúa deteriorando las condiciones de vida de la población. Según detalló, el salario promedio del empleo privado registrado ronda los 1,1 millones de pesos, mientras que en el empleo informal alcanza los 800 mil pesos, cifras que, aseguró, se mantienen por debajo del costo de vida.

A partir de ese diagnóstico, Corne afirmó que “más del 60% de la población argentina está bajo la línea de pobreza”, y consideró que el nuevo aumento del coeficiente de Gini confirma el empeoramiento de los indicadores sociales, con una desigualdad cada vez más profunda y un número creciente de personas afectadas.

En una decisión que generó un repudio generalizado y la inmediata reacción de los centros de excombatientes, la gestión oficialista respaldó la polémica directiva de seguridad que impide a los hinchas argentinos ingresar con consignas soberanas al estadio.

La Cancillería y las áreas de seguridad del Gobierno nacional quedaron en el ojo de la tormenta tras convalidar una medida que atenta directo contra el sentimiento patriótico popular. En vísperas del trascendental encuentro deportivo entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, las autoridades oficiales avalaron la prohibición del ingreso de banderas, pancartas y remeras con alusiones a las Islas Malvinas, argumentando la necesidad de evitar “provocaciones de tinte político” dentro del recinto.

La decisión provocó una indignación instantánea en la opinión pública y fue catalogada por diversos sectores de la oposición y de la sociedad civil como un acto de “sumisión diplomática” inadmisible. Lejos de defender la legitimidad del reclamo constitucional sobre el archipiélago austral, la administración libertaria optó por acatar las directivas de los comités organizadores internacionales, priorizando el blindaje del espectáculo por sobre la identidad y la memoria histórica nacional.

Las claves del repudio al aval oficial:

Argumentos oficiales bajo fuego: Desde los canales diplomáticos del Ejecutivo intentaron justificar la postura argumentando el cumplimiento estricto de los reglamentos de neutralidad política aplicados a eventos masivos internacionales. Sin embargo, los críticos remarcaron que la soberanía nacional nunca puede ser tratada como un factor de disputa partidaria o ideológica.

El contraste con el hincha argentino: En las inmediaciones del estadio y en las plataformas digitales, miles de simpatizantes manifestaron su intención de desoír la prohibición, organizando “banderazos” periféricos para visibilizar la causa nacional a pesar de los severos controles y el desamparo institucional de su propio gobierno.

Una línea diplomática controvertida

Este nuevo paso en falso en materia de política exterior profundiza los cuestionamientos hacia la estrategia del Ejecutivo respecto al reclamo soberano. Para analistas y constitucionalistas, ceder ante las presiones organizativas en un escenario de tanta visibilidad global representa un antecedente sumamente peligroso que debilita la posición histórica del país ante los foros internacionales.

Con la tensión en aumento y el repudio político escalando en el Congreso, los bloques de la oposición adelantaron que presentarán pedidos de informe urgentes dirigidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante el cuerpo legislativo por lo que consideran una ofensa directa a los caídos y a la historia argentina.

En medio de la profunda crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo, voceros oficiales desataron una fuerte polémica al justificar el aumento del endeudamiento familiar como una falla de conducta individual y no como consecuencia de las medidas macroeconómicas.

El Gobierno nacional volvió a encender la mecha de la confrontación social con una serie de declaraciones que generaron un repudio generalizado en distintos sectores. En un intento por despegarse del complejo escenario financiero que atraviesan millones de hogares, representantes del Ejecutivo culparon directamente a la población por los altos niveles de endeudamiento, asegurando de manera tajante que los ciudadanos “no saben manejar sus ingresos”.

La polémica frase se da en un contexto de caída libre del consumo y de un incremento sostenido en las familias que deben recurrir a las tarjetas de crédito o a préstamos personales para costear la canasta básica de alimentos y los servicios esenciales. Lejos de asumir las consecuencias del programa de ajuste, la administración libertaria optó por trasladar la responsabilidad al ámbito de la conducta privada y la educación financiera individual.

Las claves de la polémica declaración oficial:

• Desplazamiento de la culpa macroeconómica: Desde el oficialismo argumentaron que el problema del saldo en rojo no responde a la inflación ni a la devaluación, sino a una supuesta falta de planificación y a “gastos superfluos” por parte de los asalariados y sectores vulnerables.
• Fuerte rechazo opositor y social: Dirigentes de todo el arco político, organizaciones de consumidores y economistas salieron al cruce de inmediato, tildando los dichos oficiales de “provocación” y de mostrar una total “desconexión con la realidad” de quienes no llegan a fin de mes.
• El fantasma del ahogo financiero: Las estadísticas de consumo masivo reflejan que el endeudamiento actual no está ligado al confort sino a la supervivencia, registrándose niveles récord de refinanciación de deudas en los bancos para cubrir las tarifas de luz, gas y transporte.

Una lógica de manual para justificar el ajuste

Esta postura se alinea con el relato histórico del Ejecutivo, que busca restarle peso a la intervención y responsabilidad del Estado en el bienestar social. Al catalogar las dificultades económicas como un fracaso personal de gestión doméstica, la Casa Rosada intenta blindar su programa fiscal frente al descontento social que genera la pérdida del poder de compra de los salarios.

La respuesta de las centrales sindicales y los movimientos sociales no se hizo esperar, adelantando que la insensibilidad de los argumentos oficiales solo profundizará los reclamos en las calles y acelerará las presentaciones legislativas para declarar la emergencia tarifaria y alimentaria en todo el territorio nacional.

Trabajadores de la distribuidora de insumos descartables Lustramax denunciaron una nueva tanda de despidos, el incumplimiento de obligaciones salariales y una insólita propuesta de la empresa para cancelar parte de las indemnizaciones: entregar papel higiénico y rollos de cocina en lugar de dinero.

El conflicto, que mantiene a los empleados movilizados frente a la planta ubicada en Malvinas Argentinas, expone el agravamiento de la crisis que atraviesan numerosos trabajadores en un contexto de caída de la actividad económica, cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.

Denuncian despidos sin notificación

Según la comisión interna, al menos ocho trabajadores fueron despedidos en los últimos días sin haber recibido el correspondiente telegrama de desvinculación. Los empleados aseguran que se enteraron de la decisión cuando intentaron ingresar a la fábrica y se les impidió el acceso.

Los despedidos iniciaron una protesta frente al establecimiento y exigen su reincorporación, mientras denuncian que la empresa continúa avanzando con un ajuste sobre el personal.

“Nos quieren pagar con papel higiénico”

Uno de los aspectos más llamativos del conflicto fue revelado por el delegado Leandro Gómez, quien aseguró que la empresa propuso abonar las indemnizaciones en hasta doce cuotas y cancelar una parte con mercadería de su propio stock.

“Te quieren pagar la indemnización con papel higiénico y rollos de cocina, al precio que ellos quieren”, denunció el representante sindical.

La propuesta habría surgido durante las negociaciones con el área de Recursos Humanos y fue rechazada por los trabajadores, que la consideran una vulneración de sus derechos laborales.

Salarios adeudados y aportes sin pagar

Además de los despidos, los trabajadores denunciaron que Lustramax mantiene deudas por salarios, el medio aguinaldo, aportes jubilatorios y prestaciones de la obra social, una situación que incrementa la incertidumbre de decenas de familias afectadas.

También sostienen que persiste el temor a nuevas cesantías mientras la empresa continúa con su proceso de reestructuración.

Acusan incumplimiento de una orden judicial

La comisión interna denunció además que la empresa incumple una resolución judicial que ordenó reincorporar al delegado Leandro Gómez.

En ese marco, los trabajadores presentaron una denuncia contra la asesora legal de la firma y senadora provincial Florencia Arietto, a quien acusan de presunta desobediencia judicial y persecución sindical por impedir el cumplimiento del fallo.

Una crisis que se profundiza

El conflicto comenzó en enero de este año, cuando Lustramax inició un Procedimiento Preventivo de Crisis y despidió a 29 trabajadores. En aquel momento, los empleados cuestionaron la decisión al sostener que la actividad continuaba con normalidad y que los balances de la empresa no justificaban semejante ajuste.

Ahora, con nuevos despidos, salarios impagos y denuncias de incumplimientos judiciales, el conflicto volvió a escalar y se suma a una creciente lista de crisis laborales registradas durante la gestión de Javier Milei. Mientras el Gobierno sostiene su política de ajuste y desregulación económica, trabajadores y gremios advierten que aumentan los despidos, la precarización y las dificultades para hacer cumplir derechos laborales básicos, en un escenario cada vez más complejo para el empleo formal.

La investigación por la megaestafa de la criptomoneda $LIBRA registró un nuevo avance. La Justicia ordenó congelar varias billeteras virtuales vinculadas a la operatoria e identificar a sus titulares para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar quiénes se beneficiaron con las maniobras.

La causa que investiga la megaestafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA registró un nuevo avance judicial. Por orden del juzgado a cargo del expediente, fueron congeladas las billeteras virtuales detectadas como parte de la operatoria y se dispuso identificar a sus titulares para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar quiénes fueron sus beneficiarios finales.

La decisión busca impedir que los activos digitales sean transferidos, ocultados o liquidados mientras avanza la investigación. Además, los peritos analizarán los movimientos registrados en la blockchain para seguir la trazabilidad de las operaciones, identificar las direcciones que recibieron el dinero obtenido con la venta del token y establecer cómo se distribuyeron los fondos tras el colapso de $LIBRA.

Con la identificación de los titulares de las billeteras, la Justicia pretende determinar si las cuentas pertenecen a personas físicas, empresas o sociedades radicadas en el exterior, así como detectar posibles vínculos entre los distintos involucrados en la maniobra. También se buscará establecer si hubo operaciones destinadas a fragmentar o desviar los activos para dificultar su rastreo y si parte del dinero fue convertido a otras criptomonedas o transferido al sistema financiero tradicional.

Estas medidas representan un paso clave en la investigación patrimonial de la causa, ya que podrían permitir reconstruir el circuito del dinero, identificar a los responsables de las operaciones y reunir pruebas para determinar las responsabilidades penales de quienes participaron en la creación, promoción y administración de la criptomoneda $LIBRA, caso que afecta de lleno al entorno presidencial y al propio Milei.

El Banco Central de la República Argentina detectó un aumento del endeudamiento dentro de la economía de las aplicaciones. Según un informe sobre deuda no financiera, los repartidores de plataformas de delivery acumulan obligaciones promedio cercanas a los $900.000, mientras que los comercios adheridos registran deudas que rondan los $6 millones.

Los préstamos son otorgados, en su mayoría, por las propias aplicaciones y están dirigidos principalmente a trabajadores que no logran acceder al sistema bancario tradicional. El financiamiento suele destinarse a la compra o reparación de bicicletas y motocicletas, además de otros gastos necesarios para mantener la actividad laboral. El informe señala que siete de cada diez deudores son menores de 40 años y trabajan de manera exclusiva para estas plataformas., reseñó La Política Argentina.

Las empresas evalúan variables como la cantidad de horas trabajadas, el desempeño y la calificación de cada repartidor antes de otorgar un crédito. Los préstamos, generalmente a seis meses, contemplan cuotas que no superan el 30% de los ingresos del trabajador. Sin embargo, las tasas de interés no son informadas públicamente, lo que dificulta conocer el costo real del financiamiento.

Si bien el Banco Central indicó que la mora entre los trabajadores de aplicaciones alcanza el 11,7%, por debajo del promedio del sistema financiero y de las fintech, especialistas advierten sobre el riesgo de un sobreendeudamiento. El desafío, sostienen, será determinar si estos créditos funcionan como una herramienta para sostener el empleo y mejorar los ingresos o si terminan generando una dinámica de deuda difícil de afrontar para trabajadores y pequeños comercios.

El viceministro de Justicia, Santiago Viola, contradijo la orden de Karina Milei y Javier Milei de no viajar al mundial porque eso “era propio de la casta” y fue a ver a la Argentina. Pagó una fortuna para una entrada de cuartos de final.

Viola disfrutó desde una ubicación de lujo del Arrowhead Stadium de Kansas City el agónico triunfo de la Scaloneta. Por la entrada, que sacó en reventa, pagó más de 5 mil dólares. Entre viaje y alojamiento, debe haber gastado más de 15 mil dólares. Nada mal para un anti-Estado.

Vale señalar que Viola es un hombre de extrema confianza de Karina, como lo era Manuel Adorni. La hermana del presidente no pega una con sus elecciones.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una medida que elevará a $70.000 millones la inversión mensual destinada a garantizar la alimentación de más de 2,5 millones de estudiantes en escuelas bonaerenses.

El anuncio fue realizado durante la conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Según explicó Bianco, la actualización fue definida de manera conjunta entre las áreas de Desarrollo de la Comunidad y Economía, y lleva el incremento acumulado del programa en lo que va del año a casi el 50%.

Desde la administración de Axel Kicillof remarcaron que el aumento no responde únicamente a la inflación, sino que representa una mejora real de los recursos destinados al SAE, considerado hoy la principal política alimentaria de la provincia.

Además, el Gobierno destacó la expansión que tuvo el programa durante la actual gestión. Desde 2019, casi se triplicó la cantidad de estudiantes que almuerzan en establecimientos educativos bonaerenses, incorporando a 500.000 chicos y chicas al sistema de comedor escolar.

La inversión también alcanzó la infraestructura destinada a la alimentación en las escuelas. En estos años se construyeron, refaccionaron o mejoraron 400 comedores escolares, mientras que otros 40 permanecen en ejecución. A ello se suman $9.000 millones destinados a equipamiento gastronómico para establecimientos educativos de los 135 municipios de la provincia, beneficiando a unas 7.500 escuelas, cerca del 70% del total.

En ese marco, el ministro Andrés Larroque calificó la decisión como “un esfuerzo inmenso” de la Provincia para fortalecer la política alimentaria escolar y cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional en el financiamiento de programas que garantizan un plato de comida diario a miles de niños y adolescentes.

Durante la conferencia, Bianco también realizó un balance del programa Puentes, que cumplió cuatro años de funcionamiento. Según detalló, la iniciativa ya articula con 25 universidades, ofrece 368 carreras, cuenta con 53 centros universitarios, supera los 21.000 estudiantes y registra casi 3.000 egresados.

Asimismo, confirmó que durante 2026 continuarán en ejecución 24 obras de infraestructura universitaria en distintos municipios y adelantó que el gobernador Axel Kicillof retomará su agenda pública con actividades en La Plata, donde encabezará una entrega de escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa e inaugurará obras en el Complejo de Niñez Abasto.

Por último, el Gobierno bonaerense lanzó oficialmente la temporada turística de invierno con promociones del Banco Provincia para hotelería, gastronomía, transporte, entretenimiento y alquiler de vehículos, además de una agenda de fiestas populares y circuitos turísticos en distintos municipios.

En ese contexto, Bianco volvió a cuestionar la política económica del Gobierno nacional al señalar que la falta de medidas de incentivo para el turismo interno y la pérdida del poder adquisitivo están afectando de manera directa a la actividad durante las vacaciones de invierno.

Después de cuestionar el rumbo del Gobierno al defender la industria nacional y reclamar políticas para sostener el empleo, ahora reivindicó a los docentes y aseguró que “merecen reconocimiento, respeto y una retribución acorde”, en un nuevo mensaje que contrasta con el ajuste impulsado por la Casa Rosada.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con Javier Milei en dos temas centrales de la agenda económica y social. Después de cuestionar el rumbo del Gobierno al defender la industria nacional y reclamar políticas para sostener el empleo, ahora reivindicó a los docentes y aseguró que “merecen reconocimiento, respeto y una retribución acorde”, en un nuevo mensaje que contrasta con el ajuste impulsado por la Casa Rosada.

En el aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, donde cursó sus estudios, la titular del Senado recordó su paso por la institución y aprovechó la ocasión para destacar el papel de los educadores, en un contexto atravesado por el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.

“Nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar. Quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación. Por eso merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan”, expresó Villarruel.

Sus declaraciones llegan pocas semanas después de que la Corte Suprema dejara firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una prolongada disputa entre el Gobierno y la comunidad educativa por los recortes presupuestarios.

El pronunciamiento se suma a las diferencias que la vicepresidenta había exhibido durante los actos por el Día de la Independencia en Tucumán. Allí pidió “generar trabajo” y advirtió que no se puede “dejar que las industrias mueran”, además de anticipar que impulsará una agenda legislativa enfocada en el desarrollo productivo, con iniciativas como la Ley de Biocombustibles y medidas para atender los reclamos del Norte Grande.

Tras quedar relegada de la agenda oficial durante el 9 de Julio, Villarruel permaneció en Tucumán para desplegar una actividad propia. Visitó el ingenio La Florida y se reunió con empresarios e industriales que le transmitieron su preocupación por el incremento de los costos energéticos, la apertura de importaciones y la caída de la actividad.

Con estos gestos, la vicepresidenta vuelve a tomar distancia del núcleo duro libertario y consolida un perfil propio, diferenciándose de Javier Milei tanto en materia productiva como en la defensa de la educación y del reconocimiento salarial para los docentes.