“Ayer no dejaron entrar a Gaza al patriarca de Jerusalén como habían prometido y han sido bombardeados niños. Esto es crueldad, no es guerra”.

El Papa Francisco ha expresado una enérgica condena contra el régimen israelí por la devastadora situación humanitaria en Gaza. En un gesto de contundente crítica, el pontífice señaló la necesidad de investigar las denuncias de genocidio en la Franja, una posición que evidencia su firme defensa de los derechos humanos. Ayer, en el Vaticano, Francisco recibió al presidente palestino, Abu Mazen, para dialogar sobre el conflicto.

Durante el encuentro, el Papa y el Secretario de Estado, Pietro Parolin, abordaron la “gravísima situación humanitaria” en Gaza y reiteraron su llamado urgente a un cese del fuego, la liberación de rehenes y la solución de dos estados como única vía para alcanzar una paz duradera. La Santa Sede subrayó la importancia de proteger Jerusalén como un lugar de encuentro entre las tres religiones monoteístas.

“Ayer no dejaron entrar a Gaza al patriarca de Jerusalén como habían prometido y han sido bombardeados niños. Esto es crueldad, no es guerra”, dijo el Papa, durante la audiencia a la Curia Romana para los augurios natalicios en el Aula de las Bendiciones en Vaticano.

En contraste, el gobierno argentino parece haber adoptado una postura que contradice su tradición histórica en la defensa de los derechos humanos. Ante las graves denuncias sobre crímenes de guerra en Gaza, el silencio y las acciones del Ejecutivo argentino reflejan una preocupante complicidad con la situación.

El presidente palestino, tras reunirse con el Papa, destacó su agradecimiento por el apoyo continuo de Francisco a la causa de la paz y reiteró la necesidad del reconocimiento pleno del Estado palestino en la comunidad internacional. Recordó también el simbólico gesto de plantar un olivo junto al entonces presidente israelí Shimon Peres y el Papa en 2014, un acto que permanece en la memoria como símbolo de esperanza.

Mientras el mundo observa con preocupación los hechos en Gaza, el contraste entre la contundencia del mensaje del Papa Francisco y la ambigüedad del gobierno argentino pone en evidencia una contradicción ética y diplomática que exige ser corregida.

El gobernador bonaerense llamó a construir un frente político amplio que defienda los derechos y el rol del Estado, en contraste con las políticas de ajuste de Javier Milei. “La patria no se vende”, aseguró.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llamó a “juntar fuerzas y acumular voluntades” de cara a las elecciones legislativas de 2025. En contraste con las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei, Kicillof enfatizó que los bonaerenses necesitan “más Estado y más derechos”.

“El año que viene tenemos la enorme tarea de explicarle al pueblo de la provincia que lo que está en juego es si habrá más o menos educación pública, salud, cloacas, obras o seguridad”, expresó el gobernador a través de una publicación en su cuenta de X. “Tenemos que juntar fuerzas y acumular voluntades para que nuestro mensaje llegue a todos: los bonaerenses necesitamos más Estado y más derechos. ¡A no bajar los brazos!”, agregó.

El mensaje estuvo acompañado por un video que muestra un fragmento de su discurso durante un encuentro con vecinos realizado el viernes pasado en La Plata. En el clip, Kicillof convocó a “discutir, disputar y comprender lo que le está pasando a la Argentina” para enfrentar el desafío electoral. “Tenemos la obligación de construir un enorme frente que no sea solo de dirigentes, sino que contenga a los sectores que están en lucha. De cara a este fin de año y al 2025, lo que les pido es que junten fuerzas y acumulen convicciones”, subrayó.

Además, el gobernador asumió un fuerte compromiso político: “Yo, que tengo la responsabilidad de conducir el gobierno de la Provincia, también tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un frente político que sea una alternativa para el futuro de nuestra provincia. Por eso me comprometo a seguir trabajando, recorriendo plaza por plaza, barrio por barrio, pueblo por pueblo”.

Kicillof cerró su discurso con un mensaje enfático dirigido al gobierno nacional: “Vamos a juntar la fuerza desde la provincia de Buenos Aires para darle un mensaje claro a Milei: necesitamos la mayoría que nos permita frenar leyes que atenten contra los derechos del pueblo y, sobre todo, demostrar que este pueblo sabe muy bien que la patria no se vende”.

El presidente Javier Milei salió a defender a Cristian Ritondo luego de la denuncia que recibió tras y en la que adjudicaron a su esposa 72 departamentos supuestamente adquiridos través de empresas off shore. Además, se investigan propiedades en Uruguay. Tendría más de 3000 millones de pesos sin declarar. Total normalidad.

En medio de un silencio atronador de Mauricio Macri, el jefe político de Ritondo, el presidente aprovechó para defender al jefe de bloque de diputados del PRO.

“Deseo reconocer el fundamental aporte del bloque de diputados del PRO que trabajó mucho con nosotros, nos ayudó mucho; que está conducido por Cristian Ritondo, que hoy está siendo víctima de operaciones y persecuciones justamente por ayudarnos y colaborar”, dijo Milei. Ni Macri, ni María Eugenia Vidal ni el propio PRO salieron a defender a Ritondo.

La industria pyme sigue atravesando un contexto de retracción, con una caída del 3,7% en la actividad manufacturera durante noviembre, acumulando una disminución del 13,6% en los primeros once meses del año respecto al mismo período de 2023.

Si bien el panorama general es negativo, se observan algunas mejoras mensuales: en noviembre, la actividad industrial creció un 3,9% en comparación con octubre, y el uso de la capacidad instalada se incrementó del 62,3% en octubre al 63,1% en noviembre, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En términos sectoriales, el panorama es dispar. En la comparación anual, dos de los seis sectores manufactureros relevados registraron incrementos: “Madera y muebles” creció un 6,4%, mientras que “Textil e indumentaria” subió un 1,7%. Sin embargo, los sectores más golpeados fueron los de “Químicos y plásticos”, con una caída del 17%, “Papel e impresiones”, con una retracción del 15,7%, y “Alimentos y bebidas”, que retrocedió un 15%. En el acumulado anual, todos los sectores experimentaron descensos.

A pesar de los números negativos en comparación con el año pasado, algunos sectores han logrado mejorar sus índices de producción en noviembre. Por ejemplo, el sector de “Alimentos y bebidas” registró una mejora del 3,7% en la comparación mensual, mientras que “Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte” creció un 3,3% frente a octubre. Sin embargo, la caída acumulada de estos sectores sigue siendo significativa, con descensos de 15% y 13,8% respectivamente en el período enero-noviembre.

Cabe señalar que, de acuerdo a Ámbito, las pymes continúan expresando sus principales preocupaciones y demandas. La principal medida solicitada sigue siendo la reducción de impuestos y tasas municipales, una demanda que alcanza al 61,8% de las respuestas en una encuesta realizada por CAME. Además, el estímulo a la demanda interna y la generación de incentivos para la contratación de personal se destacan como otras medidas urgentes para mejorar la situación del sector. Sin embargo, el panorama sigue siendo complicado y la recuperación de la industria pyme aún se muestra incierta.

Se trata de contratar buques generadores de energía, verdaderas centrales flotantes, de la empresa turca Karpowership. Pero advierten que la opción es altamente costosa.

La cancelación de los contratos de centrales eléctricas adjudicados por Sergio Massa durante su gestión ha conducido al gobierno libertario de Javier Milei a un peligroso escenario. Ante el fracaso del “Plan Verano”, diseñado para mitigar la crisis energética, Cammesa evalúa la costosa alternativa de alquilar buques generadores de energía provenientes de Turquía, una medida extrema que revela la falta de previsión en el sector.

El “Plan Verano”, lanzado por la Secretaría de Energía bajo el mando de María Tettamanti, contemplaba medidas de contingencia como unidades móviles de generación, la reactivación de centrales fuera de operación y la compensación a las fábricas por el ahorro de consumo eléctrico. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas acciones se ha concretado con éxito.

Crisis eléctrica y altas temperaturas

Con la llegada del verano y el aumento en la demanda eléctrica, el sistema opera al borde del colapso. A pesar de los intentos iniciales, no se han dispuesto suficientes unidades móviles para abastecer los nodos críticos, y la reactivación de las centrales requiere inversiones que los empresarios se niegan a asumir sin garantías económicas.

La falta de avances llevó a los industriales a exigir USD 55.000 por hora de ahorro en consumo eléctrico, mientras que los ejecutivos de Cammesa, apremiados por los tiempos, analizan la contratación de los buques generadores de la empresa turca Karpowership, capaces de producir entre 500 y 1.000 MW.

Un remedio costoso y polémico

Estos barcos, que funcionan como centrales eléctricas flotantes, implican un contrato similar al de los buques regasificadores, con un cargo fijo por su presencia en el puerto y un cargo variable por la energía generada. El combustible estaría a cargo del Tesoro Nacional. Según Cammesa, el contrato podría extenderse al menos 24 meses, anticipando un escenario aún más crítico para el próximo verano.

Sin embargo, la medida abre cuestionamientos. Un exfuncionario de la Secretaría de Energía criticó la falta de licitación previa y la elección de Central Puerto como punto de conexión, dado que esta central pertenece a Nicky Caputo, familiar del actual ministro de Economía, Toto Caputo, quien controla el área de Energía.

Las consecuencias de una decisión controversial

La crisis actual es también consecuencia directa de la decisión del gobierno de Milei de cancelar la licitación de las centrales Terconf, adjudicadas durante la gestión de Massa. Este polémico movimiento, impulsado por Toto Caputo en contra de la opinión del sector, dejó al sistema sin infraestructura clave, forzando ahora la necesidad de medidas improvisadas y altamente costosas.

“Se demolió un plan para fortalecer el sistema eléctrico con el único objetivo de abrir la puerta a contratos directos sin licitación”, denunció el exfuncionario. La situación no solo compromete la estabilidad energética del país, sino que también deja entrever un manejo discrecional de los recursos públicos.

“Pueden decir que baja el índice de la pobreza, pero nosotros lo vemos igual, no cambia nada”, señaló la fundadora del comedor “Los Piletones” .

Margarita Barrientos, fundadora del emblemático comedor Los Piletones, reveló que su organización no está recibiendo alimentos por parte del Gobierno nacional liderado por Javier Milei, mientras que la única ayuda que llega proviene del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri.

“La ayuda que tenemos es de Ciudad. Ellos nos aportan alimentos secos. El Gobierno nacional no. No recibimos nada del Gobierno”, expresó Barrientos en declaraciones radiales. Además, recordó que en años anteriores sí se recibían envíos esporádicos de alimentos por parte del Ejecutivo nacional: “Yo no pido plata, subsidio ni nada. Pedíamos alimentos y de vez en cuando llegaban”.

Aumento de la demanda en los comedores

Barrientos también alertó sobre el crecimiento de personas que acuden al comedor en busca de ayuda. Según detalló, este año el número de asistentes aumentó de 3.700 o 3.800 a más de 4.000 personas diarias, evidenciando el agravamiento de la crisis social y económica.

“Pueden decir que baja el índice de la pobreza, pero nosotros lo vemos igual, no cambia nada”, señaló la dirigente social. Además, describió las difíciles condiciones en las que viven muchas familias: “La precariedad de las viviendas sigue igual. Hay gente que no tiene baño, no tiene agua, no tiene luz. Y muchos chicos no pudieron terminar la primaria”.

Crítica a la clase política

En otro momento de la entrevista, Barrientos criticó duramente a la dirigencia política, afirmando que los políticos se han “ausentado completamente”. “En otros años desfilaban y prometían cosas que nunca cumplían. En tantos años de mi trabajo, hoy hago un balance y nunca cumplieron lo que prometieron”, sentenció.

La denuncia de Barrientos pone en evidencia el impacto de las políticas de ajuste y la falta de asistencia estatal en un contexto de creciente inseguridad alimentaria, donde cada vez más familias dependen de los comedores comunitarios para cubrir sus necesidades básicas y donde el rol del ministerio de capital humano esta fuertemente cuestionado por su mala gestión en la entrega de alimentos.

“La inseguridad alimentaria es una medida mucho más directa, precisa y fiable para medir la pobreza real de la Argentina”, señalaron desde la UCA.

El Ministerio de Capital Humano anunció esta semana que la pobreza en Argentina disminuyó al 38,9% durante el tercer trimestre de 2024, según un informe preliminar basado en datos del INDEC. Este resultado muestra una aparente mejora respecto al 54,8% del primer trimestre del año, pero genera serias dudas al contrastarse con otros indicadores sociales críticos, como el aumento de la inseguridad alimentaria y la indigencia, evidenciados por diversos estudios.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reportó que el índice de inseguridad alimentaria alcanzó en el tercer trimestre de este año los niveles más altos de la última década, superando incluso los registros de la pandemia. Más del 30% de los niños y niñas en el país viven en hogares que se ven obligados a reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen debido a la falta de ingresos.

Por otro lado, un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) arroja datos aún más alarmantes. Según este análisis publicado en el mes de noviembre, en el último año la población en situación de indigencia se incrementó un 131%, pasando de 2,6 millones a más de 6 millones de personas, mientras que el número de pobres aumentó un 43,3%. Este fenómeno refleja que muchas personas han caído de la pobreza a la indigencia, exacerbando la vulnerabilidad social.

Datos contradictorios

Aunque los datos oficiales vinculan la baja de la pobreza con la desaceleración de la inflación, estos resultados no parecen reflejar mejoras reales en la calidad de vida. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, señaló que “la medición de pobreza por ingresos es limitada, porque no captura las múltiples privaciones que enfrentan los hogares, como la inseguridad alimentaria”.

El informe de la UBA también resalta que, a pesar de las ayudas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, estas solo impactan en la indigencia, pero tienen un efecto marginal sobre la pobreza estructural. Además, la clase media empobrecida no se beneficia de estos programas, lo que amplifica las brechas sociales.

Inseguridad alimentaria como indicador clave

El índice de inseguridad alimentaria, basado en encuestas que evalúan la capacidad de los hogares para acceder a alimentos adecuados, clasifica en dos niveles:

• Inseguridad alimentaria moderada: Los hogares enfrentan incertidumbre sobre su capacidad para obtener alimentos o reducen la calidad y cantidad de los mismos.
• Inseguridad alimentaria severa: Las personas carecen gravemente de acceso a alimentos, llegando incluso a pasar días sin comer.

Ambos niveles se mantienen altos, reflejando que muchas familias priorizan gastos fijos, como servicios públicos y transporte, sobre alimentos, reduciendo así su capacidad de consumo en un ámbito tan esencial como la nutrición.

El desafío estructural de la pobreza

Salvia advierte que Argentina enfrenta un “piso estructural de pobreza” cercano al 35%, que será difícil de reducir sin un crecimiento económico sostenido, generación de empleo y mayor consumo interno. Según su proyección, aunque la pobreza podría seguir disminuyendo marginalmente en los próximos meses, el país necesita cambios estructurales profundos para superar esta situación.

La coexistencia de una supuesta baja en la pobreza con un aumento de la inseguridad alimentaria y la indigencia cuestiona la solidez de las mediciones oficiales y la efectividad de las políticas públicas. Este contraste subraya la necesidad de diseñar estrategias que aborden de manera integral las múltiples dimensiones de la pobreza en el país.

Mientras desde el gobierno se jactan de los recursos humanos del país, la realidad del sistema científico y educativo asoma con perspectivas dramáticas.

Mientras el Gobierno celebra anuncios tecnológicos en los que pondera los recursos humanos y el talento del país, en la práctica aplica políticas que contradicen dicho relato: ajustes presupuestarios, desinversión en investigación y salarios docentes depreciados que están empujando a renuncias masivas en las universidades públicas.

Un ejemplo contundente es el caso de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde este año renunciaron 135 profesores y auxiliares, el 13% del plantel docente. La situación se agrava en otras áreas clave, como informática y química, donde las deserciones son más pronunciadas. Según Guillermo Durán, decano de Exactas, “los sueldos de nuestros investigadores son entre tres y cuatro veces más bajos que en países vecinos, y eso hace que nuestros talentos busquen oportunidades afuera”.

Por su parte, la Universidad Nacional de Quilmes cerró inscripciones en carreras de informática para 2025 ante la imposibilidad de cubrir las clases, reflejando un deterioro que no solo impacta en el presente, sino que amenaza con comprometer la formación de las futuras generaciones.

A pesar de que el Ministerio de Capital Humano asegura que la inversión prevista para 2025 será una de las más altas en el presupuesto nacional, las cifras reales muestran una disparidad abismal entre los recursos asignados y las necesidades efectivas del sistema universitario. Mientras tanto, la falta de financiamiento ha frenado investigaciones, vaciado laboratorios y generado un éxodo de científicos y docentes jóvenes que buscan estabilidad económica en el extranjero o en el sector privado.

Esta crisis evidencia una contradicción fundamental: mientras el discurso oficial exalta el valor del conocimiento y la ciencia como motores de desarrollo, las políticas implementadas desmantelan los pilares fundamentales que sostienen la calidad educativa y el avance científico en el país. La continuidad de esta tendencia plantea un futuro desolador, no solo para las universidades, sino para la construcción de una sociedad basada en el conocimiento.

El ex presidente Mauricio Macri volvió a la carga con fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei, esta vez respaldando los cuestionamientos de su ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sobre la licitación de la Hidrovía. A través de un reposteo, Macri mostró su preocupación por los detalles de la licitación, que según Dietrich, “limita la competencia de mercado” y podría generar sobrecostos perjudiciales para los productores argentinos.(r)

Dietrich, quien participó de una charla organizada por la Fundación Pensar en Santa Fe, advirtió que el proceso de licitación presentado por el gobierno de Milei está “poco transparente” y genera costos adicionales para los productores del país. Según el ex ministro, la licitación va en contra de lo que el propio presidente predica, pues “limita la competencia de mercado” y podría elevar los precios tanto para los consumidores locales como para las exportaciones.

Además, afirmó que los pliegos no tuvieron en cuenta las necesidades de los productores ni de las provincias que dependen de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

“La licitación de la hidrovía parece hecha por otro gobierno: Va en contra de todo lo que predica Milei porque limita la competencia de mercado y generará sobrecostos a los que producen en nuestro país, encareciendo los precios de lo que consumimos acá y lo que exportamos al mundo”, dijo Dietrich.

Macri, quien mostró un interés particular en el desembarco de la empresa holandesa Boskalis en la licitación, también expresó su malestar ante lo que considera un proceso poco claro. Detrás del repentino ataque de transparencia, se encuentra el intento del expresidente de lograr que empresarios amigos se queden con un negocio millonario.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó a la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de que la cuestionara por la presencia del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, donde se encuentra detenido por el gobierno de Nicolás Maduro. 

En una publicación en su cuenta de la red social X, Bullrich cargó contra Villarruel: “Sra. Vicepresidente, resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”.

“Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe”, apuntó.

Por último, cuestionó la posibilidad de un incremento en las dietas de los senadores desde el 1° de enero de 2025 si no se prorroga el congelamiento aprobado en agosto: “Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador”.