Christian Míguez es trabajador y miembro de la Comisión Interna de ACINDAR, la empresa que se encuentra paralizada por el ajuste brutal que lleva adelante Javier Milei. “El 2024 arrancó bastante complicado sobre todo por la paralización de la obra pública”, contó.
“Había fechas programadas para el parate del año y ahora se están adelantando, algunos compañeros están suspendidos y hay una postergación del inicio del año. Los compañeros suspendidos van a estar percibiendo el 75% de su salario”, describió.
“Tengo 21 años en Acindar y nunca vi esto tan profundo. En 2009 hubo algo bastante parecido no tan grande”, agregó Míguez en diálogo con Futurock. “La caída de la obra pública impactó profundamente”, añadió.
“Cuando se ve las declaraciones de los CEO sobre el pánico de competir contra China, no es algo que se va a solucionar bajando los salarios o reduciendo personal. Hay políticas que se tienen que empezar a cambiar, no va a salida sin trabajo. No tiene ningún tipo de sentido seguir precarizando la vida de las personas”, cerró.
A penas cinco días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria privada de Edgardo Kueider, intentó comprar cinco departamentos en Asunción valuados en 700 mil dólares.
Las piezas empiezan a encajar en un rompecabezas que deja al descubierto un entramado sospechoso. Apenas cinco días después de la aprobación de la polémica Ley de Bases en el Senado, la secretaria privada del senador Edgardo Kueider, Iara Magdalena Guinsel Costa, intentó adquirir cinco departamentos en Asunción, Paraguay, por un valor de casi 700 mil dólares. Esta suma es tres veces superior al dinero encontrado en la mochila de Kueider durante un control aduanero en Ciudad del Este el pasado 4 de diciembre, cuyo origen el senador no pudo justificar y que lo mantiene preso hasta hoy.
La revelación salió a la luz gracias al empresario Carlos Guasti, CEO de la destacada firma de bienes raíces Petra Urbana, quien relató en una entrevista que Guinsel Costa apareció “a última hora” de aquel 18 de junio en las oficinas de la empresa con la intención de cerrar la compra “en efectivo y a toda prisa”. El empresario calificó la situación como “muy inusual y sospechosa” debido a la falta de documentación requerida por la ley paraguaya para este tipo de transacciones.
Según Guasti, la secretaria mostró un comportamiento apresurado y evitó responder preguntas esenciales, como detalles sobre la rentabilidad de las propiedades. “Quería cerrar el trato sí o sí, pero no aportaba los papeles necesarios, prometiendo que los enviaría ‘mañana’, algo que nunca sucedió”, explicó.
El intento de compra se derrumbó cuando la empresa verificó que la documentación presentada, limitada al DNI de la secretaria y un recibo de sueldo, no cumplía con los requisitos legales. Además, un informe de la aseguradora Dow Jones clasificó a Kueider como “persona políticamente expuesta” y lo señaló como “Trafficking” (traficante, en este caso de divisas), aumentando las sospechas.
La operación no se concretó, pero dejó una serie de interrogantes inquietantes. ¿De dónde provino el dinero que la secretaria pretendía usar? ¿Está relacionado con la reciente aprobación de la Ley de Bases y la llamativa votación del senador? La suma pretendida incluía cuatro departamentos en construcción, valuados en 139 mil dólares cada uno, y un quinto ya a estrenar, todos ubicados en Asunción.
En este contexto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto a Paraguay para solicitar la extradición tanto del senador destituido como de su secretaria, mientras las investigaciones continúan.
El caso plantea serias dudas sobre el accionar de Kueider y su entorno, abriendo la posibilidad de que estos movimientos estén ligados a una posible coima vinculada a la votación de la Ley de Bases. La coincidencia temporal y las irregularidades detectadas no hacen más que alimentar las sospechas. ¿Es este un caso aislado o la punta del iceberg de una red más amplia de corrupción para comprar voluntades parlamentarias?
El juez Ramos Padilla detectó 316 aportes falsos por más de $122 millones actualizados, usados en la elección que apoyaron Macri y Vidal.
El juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables económicos de la campaña de Cambiemos en 2017 por rendir aportes falsos de personas que negaron haber realizado esos pagos. La investigación determinó que al menos 316 aportes irregulares sumaron $1.962.325 de aquel año, equivalentes a $122 millones actualizados según el IPC del INDEC.
La causa abarca las elecciones primarias y generales de 2017, donde Esteban Bullrich y Gladys González fueron candidatos a senadores nacionales y Graciela Ocaña encabezó la lista de diputados. En esa elección, Cambiemos, respaldado por el entonces presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, venció a la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.
Los procesados son Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin, responsables económicos de la campaña. Fueron acusados de falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña. Además, Ramos Padilla ordenó embargos de entre 30 y 50 millones de pesos sobre sus bienes.
La investigación reveló que el 37% de los aportes analizados eran falsos, con montos que iban desde $700 hasta $22.000. Además, el 90% de los fondos fue manejado en efectivo, una práctica prohibida desde 2019. El juez destacó que la maniobra involucró a personas vulnerables, beneficiarios de programas sociales o ciudadanos sin capacidad económica para aportar.
“Jamás aportaría plata a nadie porque estoy sola con mis tres hijas y apenas llego a fin de mes”, declaró una de las supuestas aportantes. Otra mujer, que cobraba $4.800 del Programa Hogar, fue registrada con un aporte de $2.000.
Ramos Padilla remarcó que no se trató de un error, sino de una maniobra deliberada para ocultar el origen de los fondos. Asimismo, señaló que aún se desconoce la procedencia de gran parte del dinero utilizado en la campaña, por lo que ordenó continuar con la investigación.
El magistrado también rechazó un planteo de los procesados que pedía suspender la causa hasta que la Corte Suprema resolviera el control electoral. Argumentó que acceder a esa solicitud significaría otorgarles privilegios de inmunidad inadmisibles.
En 2021, un tribunal dictó el sobreseimiento de todos los acusados. Sin embargo, en septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ahora la Corte impulsa el juicio oral.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner y otros imputados en las causas Hotesur y Los Sauces. De esta manera, quedó firme el fallo que revocó los sobreseimientos y ordenó la realización del juicio oral.
Ambas causas investigan presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y admisión de dádivas vinculados a las sociedades Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner.
En 2021, el Tribunal Oral Federal N° 5 había decidido el sobreseimiento de los acusados, al argumentar violaciones al principio de ne bis in idem. Sin embargo, en septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión. Ahora, la Corte desestimó el recurso al considerar que no se trataba de una sentencia definitiva ni de una cuestión federal que justificara su intervención.
En su fallo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti señalaron que los planteos vinculados a garantías procesales y la aplicación de leyes más benignas “solo podrán ser tratados en el juicio oral”. Además, destacaron que “la defensa no logró demostrar un agravio actual, concreto y real, más allá del sometimiento al proceso penal”.
Por otro lado, el alto tribunal subrayó la exigencia de una fundamentación clara y detallada para recurrir este tipo de fallos. “La fundamentación autónoma requiere que el escrito contenga un relato prolijo de los hechos, vinculado con las cuestiones de naturaleza federal mediante una crítica concreta y razonada de los argumentos de la sentencia que se impugna”, sostuvo la Corte, y añadió: “Resulta exigible rebatir todos y cada uno de los argumentos en que el juzgador se apoyó”.
Con esta decisión, la causa deberá avanzar hacia el juicio oral, donde se determinarán los hechos y las responsabilidades de los imputados, entre quienes también se encuentra Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
Acindar suspendió a 700 trabajadores y prevé paradas en la producción por la caída en el consumo de acero y la apertura de importaciones provenientes de China. La UOM teme ola de despidos.
La industria siderúrgica enfrenta una profunda crisis producto de la política de apertura de importaciones y la contracción del mercado interno. Acindar, una de las principales empresas del sector, suspendió la producción en su planta de Villa Constitución, Santa Fe, dejando a 700 trabajadores afectados de manera directa y generando alarma en el gremio metalúrgico.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, Pablo González, confirmó que la suspensión, inicialmente prevista para el 23 de diciembre, se adelantó debido a la baja demanda de acero en el mercado interno y al ingreso masivo de productos importados, principalmente desde China y Polonia, una consecuencia directa de la política de apertura comercial implementada por el Gobierno de Javier Milei.
Producción en mínimos históricos
En 2024, Acindar operó al 50% de su capacidad instalada, con una producción inferior a 600 toneladas, un registro inédito en la historia de la compañía considerando que en 2023 la empresa fabricó 1200 toneladas. Esta caída responde a la contracción de sectores clave como la construcción, que disminuyó un 19,5%, y la actividad industrial, con una baja del 12,4% entre enero y septiembre.
Además, la planta ya había detenido su producción en dos oportunidades este año, dejando en suspenso a cientos de trabajadores, y ahora enfrenta un nuevo ciclo de paralización. Las suspensiones recientes podrían superar los 1.000 empleados si se incluyen los contratistas, mientras la empresa evalúa reestructuraciones que podrían derivar en despidos masivos, según temen desde el gremio.
La empresa siderúrgica del Grupo Arcelor Mittal suspendió a 700 trabajadores pero podrían ser más.
Suspensiones comunicadas por WhatsApp y conflicto gremial
La decisión de suspender a los trabajadores fue informada a través de mensajes de WhatsApp, generando indignación entre los empleados. Uno de ellos expresó en la red social X: “Es la tercera suspensión del año. Mientras entra acero de China y Polonia, estamos sin trabajo. Cuando celebren los ‘logros’ de este gobierno, recuerden también esto.”
El conflicto se suma a la paritaria del sector, que lleva cinco meses de retraso y sigue sin resolverse. González, dirigente de la UOM, advirtió sobre la creciente preocupación entre los trabajadores: “La mayor parte de la planta estará paralizada, y este panorama profundiza la crisis en un sector estratégico para el país. La falta de regulación en las importaciones y la caída del consumo interno nos están dejando sin futuro.”
Impacto en el cierre del año
La situación de Acindar evidencia el deterioro generalizado en la industria siderúrgica, un sector clave para el desarrollo económico nacional. El ingreso indiscriminado de productos importados, combinado con la falta de estímulo al mercado interno, configura un escenario de alta conflictividad social y económica en la región.
Con el cierre del año en puertas, la crisis de Acindar es un reflejo de los desafíos que enfrenta la política económica del actual gobierno, que parece priorizar la apertura comercial en detrimento de la industria local y sus trabajadores.
Así lo reveló un estudio de la Dirección Provincial de Tecnología que encuestó a 90.332 estudiantes de entre 12 y 19 años de los 135 municipios bonaerenses.
Una encuesta masiva realizada por el Gobierno bonaerense sobre consumos digitales y ludopatía arrojó resultados preocupantes: casi 2 de cada 10 adolescentes entrevistados admitió haber apostado al menos una vez, mientras que más del 60% afirmó conocer personas que participan frecuentemente en apuestas.
La Encuesta de Bienestar Digital, elaborada por la Dirección Provincial de Tecnología de la Información, se basó en un relevamiento sobre 90.332 estudiantes de entre 12 y 19 años de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en uno de los estudios más grandes del país sobre esta problemática.
El informe fue presentado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud, Julieta Calmels.
Entre los datos más relevantes, se destacó que:
El 60,4% de los encuestados indicó conocer personas que realizan apuestas en línea.
El 19,1% admitió haber apostado al menos una vez.
El 3,7% realiza apuestas al menos una vez al mes.
El 1,8% apuesta semanalmente.
Los apostadores frecuentes reportaron enfrentar consecuencias preocupantes, como ansiedad, insomnio y problemas financieros debido a esta actividad.
Durante la presentación, Carlos Bianco subrayó la magnitud del relevamiento: “Con más de 90 mil entrevistados, se trata de una de las encuestas más grandes que se hayan hecho en la historia de nuestro país sobre esta problemática”. Además, reflexionó sobre el contexto actual y la creciente presión social: “Hay un discurso de época que empuja a nuestros pibes y pibas a realizar apuestas en plataformas para ganar dinero rápido y con poco esfuerzo”. Y advirtió que “la ludopatía no es un problema que pueda solucionarse desde el mercado”.
Por su parte, Julieta Calmels brindó detalles sobre el Programa de Prevención y Abordaje en Ludopatía, que desde su lanzamiento en julio ya alcanzó a más de 14.000 bonaerenses. La funcionaria explicó que el programa se estructura en tres ejes principales:
Espacios de atención y tratamiento para quienes padecen esta problemática.
Formación de trabajadoras y trabajadores de la salud para una intervención adecuada.
Estrategias de intervención territorial, con un enfoque comunitario y de prevención activa.
En tanto, Alberto Sileoni anticipó que a partir de marzo de 2025 se profundizará el trabajo en las escuelas con capacitaciones a docentes, talleres de salud mental y producción de materiales. “Haremos un abordaje con los actores más involucrados, que incluirá sesiones de sensibilización con las familias y proyectos con las y los jóvenes”, detalló Sileoni. Además, destacó el rol del Consejo Consultivo de Estudiantes, que facilitará acuerdos institucionales y promoverá convivencias en entornos digitales saludables.
En la primera semana de evaluaciones dispuestas por Federico Sturzenegger, casi todos aprobaron. Karina Milei, preocupada por los jardineros de la Quinta de Olivos.
En la primera semana de evaluaciones de idoneidad promovidas por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el 96,3% de los empleados públicos examinados superaron las pruebas. Según un relevamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), 4.002 de los 4.156 agentes evaluados aprobaron, desafiando las expectativas del ministro, quien había sugerido que la planta estatal contaba con personal carente de idoneidad.
Esta alta tasa de aprobación generó un nuevo frente de conflicto dentro del oficialismo. Karina Milei, secretaria general de Presidencia y figura clave en el círculo íntimo del gobierno, expresó su preocupación por el futuro de los jardineros de la Quinta de Olivos, contratados personalmente por ella, al considerar que las pruebas estandarizadas no reflejan la diversidad de funciones y capacidades en el organigrama estatal.
Conflictos internos y críticas sindicales
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aprovechó los resultados para cuestionar la iniciativa del ministro: “En el Estado los burros no somos los trabajadores, sino los funcionarios que asumieron el 10 de diciembre de 2023. Fracasaron en este intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público.”
Aguiar exigió que los empleados que demostraron idoneidad sean incorporados en la planta permanente del Estado, resaltando que la estabilidad laboral es un derecho constitucional. Además, el sindicato demandó la renovación automática de los contratos por un plazo mínimo de un año para quienes aún no han sido incorporados.
Karina Milei y el temor por sus jardineros
Aunque la iniciativa de Sturzenegger busca reducir y “ordenar” la estructura estatal, Karina Milei manifestó su desacuerdo en una reciente reunión de gabinete, donde se mostró particularmente preocupada por sus jardineros personales. Según trascendió, los trabajadores encargados del mantenimiento de la Quinta de Olivos, aunque destacados por su labor, apenas cuentan con estudios secundarios y enfrentarían dificultades para aprobar los exámenes estandarizados, que incluyen preguntas sobre Constitución, organización del Estado, pensamiento lógico y matemática básica.
“No puede ser que todos den la misma evaluación sin considerar las funciones que cumplen dentro del Estado,” habría señalado Karina, quien también criticó el enfoque rígido del ministro.
Sturzenegger, aunque defendió los criterios de sus evaluaciones, evitó confrontar abiertamente con la hermana del presidente, cuya influencia dentro del gobierno de La Libertad Avanza es decisiva.
Así, mientras los exámenes avanzan y refuerzan la idoneidad del personal estatal, las tensiones políticas crecen en el seno del oficialismo, poniendo en evidencia las complejas internas de un gobierno que enfrenta desafíos en su propia estructura.
Hace siete meses que el gigante minero Barrick Gold dejó de pagar retenciones por el oro sanjuanino que exporta al resto del mundo, gracias a una avivada del ministro de Economía, Luis Caputo, que le permitió ganancias extraordinarias a la multinacional.
La minera canadiense opera la mina de oro Veladero, un Joint Venture con Shandong Gold. Veladero está en plena cordillera de los Andes, en el departamento de Iglesia, de San Juan.
Durante el Mauricio Macri, el PRO había quitado todas las retenciones en una medida que debió revertir por el escándalo que suscitó. Luego, Macri las aumentó y las mandó al 12%. Cuando asumió Alberto Fernández las redujo al 8% para proyectos de oro y plata. En sumultáneo implementó por decreto una retención máxima de 4,5% para otros metales. Este régimen es el que finalizó el 31 de diciembre del 2023. Caputo no lo actualizó y las mineras están haciendo un negocio fenomenal.
El gobierno de Javier Milei y los principales medios de comunicación (¿volvió la pauta?)celebraron que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció un 3,9% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el segundo trimestre, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Sin embargo, hay poco que celebrar porque ese aumento se compara con una economía que venía de un ajuste y una caída brutales. Cuando se compara interanual la situación es muy diferente: la economía en el tercer trimestre fue un 2% más chica que lo que dejó en el mismo período el gobierno del Frente de Todos.
En ese contexto, cabe señalar que la caída interanual del PIB fue influenciada por una disminución del 5,9% en la industria, lo que impactó negativamente en la producción, mientras que el sector agropecuario mostró un crecimiento positivo del 13,2%, lo que aportó un impulso al PIB en un contexto adverso. En cuanto a la demanda global, el consumo privado bajó un 3,2%, reflejando una caída en la demanda interna, mientras que el consumo público descendió un 4,0%, lo que muestra una contracción en el gasto público. Además, la formación bruta de capital fijo, un indicador clave de la inversión, disminuyó un 16,8%, lo que apunta a una caída en la inversión, especialmente en la construcción y la maquinaria.
El periodista de La Nación Joaquín Morales Solá cuestionó a Critian Ritondo, jefe del bloque de Diputados del PRO por su posible enriquecimiento ilícito. Según una investigación periodística, su mujer es dueña de diferentes propiedades en Estados Unidos por 3 millones de dólares (3000 millones de pesos). ¿Cómo hizo esa plata la familia Ritondo? De eso no se habla.
“Debe irse cuanto antes de esa función, como Cristian Ritondo debe pedir licencia como presidente del bloque de diputados de Pro, el cargo institucional más importante que tiene ese partido”, escribió Morales Solá en el principal medio vinculado a Mauricio Macri. No es cualquier crítica.
“Ritondo está acusado de haber incrementado de manera significativa su patrimonio en los últimos años. Hay prácticas de la política que forman parte de un período histórico que ya pasó, definitivamente herido”, agregó el periodista de consulta de Macri. ¿Qué hará el PRO con el corrupto Ritondo?
