Semanas antes del cierre de un concurso, el Banco Central altero las bases del mismo y favoreció José Luis Espert, que ganó 4 millones de pesos de un saque.

El Banco Central de la República Argentina se encuentra bajo la lupa tras las denuncias de que modificó las bases de un concurso académico para favorecer al diputado nacional José Luis Espert, de La Libertad Avanza. Según las acusaciones, esta maniobra permitió que el economista obtuviera el primer lugar en la categoría de tesis de doctorado y se llevara un premio de 4 millones de pesos, pese a que su trabajo no cumplía con los requisitos originales del certamen.

El economista Nicolás Dvoskin fue quien expuso la irregularidad a través de redes sociales, señalando que el Banco Central alteró, sin previo aviso ni difusión, las condiciones de participación del Premio Anual de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch” para que Espert pudiera postularse. Según las bases originales, solo podían participar tesis aprobadas entre 2021 y 2024, mientras que la tesis de Espert fue defendida en 2020.

No estamos tomando real dimensión de esto. El @BancoCentral_AR alteró sin dar ninguna difusión las bases de una convocatoria por un premio académico de 4 millones de pesos después de que haya cerrado para que lo gane Espert (que con las bases originales no podría participar). https://t.co/4AFHsG5Ajk

— Nicolás Dvoskin (@ndvoskin) December 18, 2024

El Banco Central anunció recientemente los ganadores de la edición 2024 de su premio académico, destacando a Espert como ganador de la categoría “Tesis de doctorado” por su trabajo titulado “Política comercial y salarios reales: una aproximación empírica al caso argentino”. Sin embargo, la denuncia de Dvoskin incluyó evidencia que demuestra que la tesis de Espert no cumplía con los requisitos temporales establecidos en las reglas del concurso.

“El Banco Central cambió las bases después de haber cerrado la convocatoria para que Espert pudiera participar”, señaló Dvoskin. Además, adjuntó capturas de una noticia de 2020 que confirmaba que la tesis del diputado había sido defendida antes del periodo permitido.

Polémica y críticas

La denuncia generó una fuerte repercusión, especialmente porque Espert, figura destacada en La Libertad Avanza, ha hecho de la transparencia una de sus banderas. Usuarios en redes sociales recordaron otros episodios controvertidos, como su reciente donación de 30 pañales en un hospital de Escobar, un gesto ampliamente criticado por su aparente desconexión con las necesidades reales.

Dvoskin también cuestionó el doble estándar en el trato mediático y político al señalar: “¿Se imaginan la reacción si el premio se lo hubieran dado con las mismas maniobras a Julia Strada, también doctora y diputada nacional? Esto es un escándalo que no está recibiendo la atención que merece”.

Un golpe a la credibilidad institucional

El caso no solo pone en entredicho la ética de Espert, sino que también afecta la credibilidad del Banco Central, una institución que debería garantizar la transparencia y la imparcialidad en sus concursos. La falta de explicaciones oficiales sobre la modificación de las bases refuerza las sospechas de favoritismo político y genera un nuevo foco de tensión en la esfera pública.

Mientras tanto, las preguntas siguen acumulándose: ¿quién autorizó el cambio en las bases?, ¿hubo más beneficiados bajo este esquema? Por ahora, la única certeza es que este caso amenaza con erosionar aún más la confianza en las instituciones argentinas.

Juan Paso fue designado en ARCA de la mano de Toto Caputo, se le descubrió que tiene en Miami una compañía y un departamento que no informó en su declaración ante la Oficina Anticorrupción.

La designación de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no ha estado exenta de controversias. El funcionario, vinculado a Javier Milei y apoyado por Toto Caputo, acumula denuncias que incluyen conflictos de intereses y omisiones graves en su declaración patrimonial. Las investigaciones han revelado que Pazo posee, junto a su esposa, un departamento en Miami y múltiples empresas radicadas en Estados Unidos que nunca informó a la Oficina Anticorrupción.

Las irregularidades de Pazo no son casos aislados dentro del círculo de funcionarios libertarios y del PRO. Ejemplos recientes, como la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay con 200.000 dólares sin declarar y la revelación de propiedades ocultas en Miami por parte del titular de la DGI, Andrés Vázquez, ponen en entredicho las proclamadas banderas de transparencia de estos espacios políticos.

Empresas offshore, socios conocidos y operaciones inmobiliarias

Entre las maniobras que comprometen a Pazo se encuentra su participación en al menos seis empresas radicadas en Estados Unidos, donde comparte cargos directivos con su esposa Josefina Helguera y Fernando Minaudo, ambos socios de Francisco de Narváez en el holding Las Blondas. Entre estas compañías destaca Harbour House 1533 Inc., fundada en 2010, que declaró como domicilio legal y real la unidad 1533 en 10275 Collin Avenue, en Miami, Florida. En 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri le abrió la puerta para asumir como Superintendente de Seguros de La Nación, el actual titular de ARCA no incluyó esa empresa en su declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

En abril, la periodista Emilia Delfino informó que en marzo de 2013 Harbour House 1533 hizo una serie de movimientos inmobiliarios en el complejo de Collins Ave. cuando adquirió un nuevo departamento y se desprendió de la unidad que le dio el nombre a la sociedad. El valor de venta fue de 580.000 dólares y la compradora fue Goformore LLC, la empresa también radicada en EEUU que pertenece a la esposa de Cristian Ritondo.. Esta empresa realizó varias transacciones inmobiliarias significativas que tampoco fueron reportadas, incluyendo la adquisición de un departamento valuado en 720.000 dólares en 2021.

En abril conté que el nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, integraba 12 sociedades en el exterior y tenía un departamento en Miami, todo sin declarar. Como ni renunció, ni ningún fiscal actuó de oficio, lo denuncié penalmente. Y le encontré otra propiedad sin declarar. Va hilo 👇 pic.twitter.com/eIHkIToEeC

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) December 13, 2024

Otra empresa, Cleo Holding Inc., estuvo activa mientras Pazo ocupaba cargos públicos, lo que derivó en denuncias por incompatibilidades. Además, un entramado de sociedades como Colette Inc., Gustav Inc. y Samuel Cottons Inc. sugiere un patrón de estructuras diseñadas para evitar cargas fiscales.

Cuestión de transparencia

El caso de Pazo no solo refleja prácticas sistemáticas de opacidad, sino también una red de intereses cruzados que involucra figuras como la esposa de Cristian Ritondo y aliados del PRO. La constante aparición de nuevos casos de patrimonios no declarados y manejos societarios irregulares en las filas de La Libertad Avanza y el PRO plantea dudas profundas sobre la ética de quienes prometen un cambio político.

Frente a estas revelaciones, crece la exigencia de controles más estrictos y respuestas contundentes para salvaguardar la confianza pública y prevenir que el planeta offshore se convierta en un refugio habitual para quienes deberían rendir cuentas al país.

“Entiendo que mi cabeza fue negociada, aunque no sé si el Gobierno lo pidió o la radio lo ofreció”, dijo Longobardi

El periodista Marcelo Longobardi fue desvinculado de Radio Rivadavia bajo el argumento de su falta de presencialidad en el estudio, una explicación que él mismo calificó como “ridícula e insostenible”. Según Longobardi, su despido está vinculado a presiones externas, posiblemente del gobierno de Javier Milei, debido a su postura crítica hacia la nueva administración.

Longobardi, quien conducía el programa Esta Mañana desde marzo de 2023, trabajaba desde Miami, donde reside con su familia desde 2022. Aunque esta modalidad remota era conocida y aceptada desde el inicio del contrato, recibió una carta documento esta semana informándole sobre su desvinculación, citando su ausencia física y bajos niveles de audiencia.

El periodista rechazó los motivos esgrimidos por la emisora y denunció que su salida podría ser el resultado de una negociación entre el gobierno y la radio. “Entiendo que mi cabeza fue negociada, aunque no sé si el Gobierno lo pidió o la radio lo ofreció”, declaró a La Nación. Además, vinculó su despido a sus críticas hacia el presidente Milei, a quien acusó de “arruinar las ideas liberales”.

La controversia se intensificó tras las recientes declaraciones de Longobardi en contra del periodista Luis Majul, a quien acusó de operar como vocero del oficialismo. En su programa, Longobardi criticó los comentarios de Majul sobre un supuesto plan de la vicepresidenta Victoria Villarruel para fortalecer a las Fuerzas Armadas, insinuando una intención golpista.

Longobardi vs Majul por la fuerte interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel
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Acusaciones de intento de golpe de Estado y más, pasen y vean pic.twitter.com/Dtpho3R6UA

— Todos Los Videos (@losvideosok) December 16, 2024

En medio de este clima tenso, Longobardi denunció en vivo haber recibido “aprietes” para que su programa fuera levantado, aunque prefirió no revelar detalles sobre los responsables. “Es muy difícil hacer un programa de radio en estas condiciones”, expresó durante su transmisión, antes de optar por autocensurarse.

Desde Radio Rivadavia, en tanto, negaron las acusaciones de presiones políticas y justificaron la decisión como un tema contractual y de rendimiento. Sin embargo, las declaraciones de Longobardi y el contexto de su despido generan dudas sobre la verdadera naturaleza de esta decisión, que ha sido vista por muchos como un intento de acallar voces críticas en el panorama mediático en un contexto donde se viene alertando por el avasallamiento al periodismo y la libertad de expresión en Argentina.

Según una investigación periodística y una denuncia judicial, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, cuenta con 70 propiedades sin declarar en Estados Unidos, en un entramado que involucra a su mujer. Ya pasaron 10 días de la primera denuncia y todavía nadie del PRO salió a dar una explicación. Es el mismo partido que propone una “ficha limpia” para que las personas condenadas no puedan ser candidatos…

Por ahora, se sabe que la operación involucra propiedades de 2 a 3 millones de dólares, es decir, más de 3000 millones de pesos. Nada mal, no? Ritondo no es cualquier dirigente. Es un hombre clave en el armado económico y territorial del PRO. Con María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, Ritondo se ocupo de la caliente cartera de Seguridad y su segundo recibió una grave denuncia que lo vinculaba a grupos narcos. Vidal sigue en silencio.

Para el PRO, soltarle la mano a Ritondo no es una posibilidad, porque el ex puntero de la zona sur de CABA podría ser un problema. Además, es uno de los históricos cajeros de la fuerza que conduce Mauricio Macri. Otra pregunta clave surge: ¿fue una operación de los servicios vinculados a Milei la que desató el escándalo? ¿Fue un mensaje cuasimafioso a Macri? ¿Algo como “cortala porque sabemos todo de ustedes”?

El diputado del PRO, Cristian Ritondo, propuso la ley “Ficha Limpia” en el Congreso y días después se conoció una grave denuncia contra él y su esposa por lavado de dinero a través de empresas en Miami. Ahora, se suma la posible propiedad de 70 inmuebles en Argentina.

La Coalición Cívica amplió la denuncia contra Ritondo a través de la diputada Mónica Frade ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por supuesto lavado de dinero, al tiempo que pidió que se crucen sus bienes con los de su esposa, Romina Aldana Diago, y su cuñado.

La denuncia de Frade es paralela a la del portal ElDiarioAr, que publicó que su esposa tiene propiedades en los Estados Unidos por cerca de 2 millones de dólares (2 mil millones de pesos) mediante empresas a su nombre. Según consignó Infonews, Ritondo aseguró que “estoy preparando el descargo correspondiente” ante al juez Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano.

Hasta ahora, nadie del PRO se refirió al escándalo de Ritondo, ni el afectado ni Mauricio Macri ni María Eugenia Vidal. En sus redes sociales prefirieron el silencio mientras hipócritamente reclamaban la “ficha limpia” hace solo 10 días para hacer la “política más transparente”.

El vocero presidencial Manuel Adorni presentó su declaración jurada (DDJJ) anual fuera de término y con datos que generan dudas sobre la transparencia de su situación patrimonial.

El vocero presidencial Manuel Adorni presentó su declaración jurada (DDJJ) anual fuera de término, con datos que generan dudas sobre la transparencia de su situación patrimonial. A pesar de una prórroga otorgada hasta el 31 de octubre de 2024, Adorni entregó su DDJJ el 7 de noviembre, revelando un incremento patrimonial del 500% durante 2023, que incluye la adquisición de 42.500 dólares en efectivo atribuidos a préstamos familiares.

La comparación entre su DDJJ inicial, presentada en enero, y la anual, entregada en noviembre, revela discrepancias significativas. Por ejemplo, en enero declaró poseer 10 millones de pesos en fondos comunes de inversión y depósitos en el exterior por más de 8 millones de pesos. Sin embargo, estas cifras no aparecen en su DDJJ anual como bienes al inicio del período, generando preguntas sobre el destino de más de 16 millones de pesos que desaparecen de sus reportes.

El salto patrimonial más llamativo se observa al cierre de 2023, cuando Adorni asegura haber incorporado 42.500 dólares a su patrimonio. Según su DDJJ, el dinero provino de préstamos de su madre, Silvia Pais, y una jubilada de 95 años, Norma Zuccolo, presuntamente familiar suya. Ambos préstamos coinciden exactamente con el valor en pesos que adjudica a los dólares, lo que levanta sospechas de una posible maniobra para justificar ingresos no declarados previamente.

Exfuncionarios de la Oficina Anticorrupción (OA) señalan que este tipo de préstamos familiares es una táctica común para “blanquear” dinero no declarado. Aunque no se afirma que este sea el caso, la OA, bajo la gestión de Alejandro Melik, debería investigar en detalle estas transacciones y aclarar el origen de los fondos.

Por otro lado, mientras algunos bienes y deudas se mantienen constantes en sus declaraciones, los ajustes de valor también llaman la atención. Por ejemplo, un departamento en CABA que inicialmente valuó en 2 millones de pesos fue revaluado en 3,9 millones en la misma declaración anual.

La falta de respuesta del funcionario, a pesar de los intentos de contacto por parte de El Destape, refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva. Estas inconsistencias no solo generan dudas sobre la veracidad de su DDJJ, sino que también subrayan la importancia de que los organismos de control cumplan su función para garantizar la transparencia de los funcionarios públicos.

El presidente se mostró confiado con la llegada de Trump a la Casa Blanca y adelantó que el país recibirá “miles de millones de dólares” a partir de un nuevo acuerdo con el Fondo.

En una entrevista reciente con The Wall Street Journal, el presidente Javier Milei expresó su total confianza en que la administración de Donald Trump ayudará a Argentina a obtener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Milei, este acuerdo podría traer “miles de millones de dólares” a la economía argentina, y también manifestó su expectativa de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, al asegurar que el país norteamericano ha reconocido a Argentina como “un socio de confianza”.

Sin embargo, aunque Milei se muestra optimista sobre el respaldo de Trump, la realidad de su modelo económico refleja una dependencia peligrosa de actores internacionales. Si bien el mandatario argentino apuesta al FMI y a un tratado con Estados Unidos para estabilizar la economía, este enfoque muestra una clara fragilidad: su modelo económico está atado a los intereses y decisiones de actores externos, en lugar de apoyarse en políticas internas autónomas.

Este vínculo con Trump y el FMI no hace más que subrayar la contradicción inherente al plan económico de Milei. Mientras el presidente argentino promueve un modelo de mercado libre, que promueve la eliminación de barreras comerciales y la autonomía económica, Trump acaba de anunciar medidas proteccionistas, como aranceles a productos chinos para proteger la industria estadounidense. Este enfoque, que se aleja de los principios de libre mercado, entra en clara contradicción con las propuestas de Milei, quien ha buscado alinear a Argentina con una agenda de comercio libre sin restricciones.

Por otro lado, el acuerdo con el FMI es, históricamente, uno de los principales factores de inestabilidad económica para Argentina, limitando su capacidad para diseñar políticas económicas propias. Aunque el gobierno de Milei insiste en que el nuevo acuerdo con el FMI traerá un alivio económico inmediato, la dependencia de este organismo y de actores como Trump mantiene a Argentina en una situación de vulnerabilidad externa.

Además, el acercamiento con Estados Unidos, lejos de ser un paso hacia la autonomía económica, pone en evidencia la fragilidad del modelo de Milei. La dependencia de un solo socio, especialmente uno que mantiene una política económica proteccionista, aumenta los riesgos para Argentina, que podría verse atrapada entre los intereses de su propio gobierno y las decisiones de la Casa Blanca.

En resumen, la confianza de Milei en Trump y el FMI podría ser vista como una jugada peligrosa que deja a Argentina aún más vulnerable ante factores externos. Sin una base económica interna sólida y autónoma, el país podría seguir dependiendo de estos aliados internacionales, lo que aumenta la fragilidad del modelo de Milei y pone en duda su capacidad para garantizar estabilidad económica a largo plazo.

El exsenador Edgardo Kueider está siendo investigado por un intento de compra ilegal de propiedades en Paraguay que complican más su situación.

Edgardo Kueider, el exsenador destituido por corrupción, está en el centro de una investigación por intentar comprar propiedades en Paraguay con fondos de origen dudoso. Su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, intentó adquirir cinco departamentos en Asunción por casi 700 mil dólares, pero no pudo justificar el dinero. La operación se frustró al no presentar la documentación requerida por la ley paraguaya.

Los vínculos de Kueider con Paraguay son cada vez más sospechosos: durante 2024, tanto él como su secretaria realizaron múltiples viajes a ese país, y las autoridades descubrieron que ambos cruzaron la frontera en varias ocasiones. En diciembre, Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos con grandes sumas de dinero no declaradas.

La justicia argentina investiga el caso por posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, mientras que la jueza Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de los detenidos para que enfrenten cargos en el país. Además, Kueider lucha por revertir su destitución del Senado y retener sus fueros, buscando anular su expulsión a través de recursos legales.

El Caso Kueider

Semanas atras, el senador nacional por el bloque Unidad Federal aliado al presidente Javier Milei, cobró relevancia cuando fue detenido en Paraguay por intentar ingresar más de 200 mil dólares y 600 mil pesos argentinos sin declarar.

La detención desató especulaciones en la política de Entre Ríos sobre posibles coimas relacionadas con su voto a favor del gobierno en la Ley Bases. Kueider, quien se apartó del bloque peronista, jugó un papel clave en la aprobación de esta ley, lo que avivó las versiones sobre su vinculación con prácticas ilegales a cambio de apoyo político.

La denuncia de Carrió refuerza la sospecha de posibles maniobras de lavado de dinero que involucran a una figura clave del macrismo.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia formal contra el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar casos de lavado de dinero. Según los documentos a los que accedió elDiarioAR, la acusación de Carrió se centra en un entramado de sociedades offshore vinculadas a Romina Diago, esposa del diputado, y en la supuesta falta de declaración de propiedades en Miami.

En su escrito dirigido a Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, Carrió afirmó que “existen elementos que ameritan que se inicie una investigación respecto a este grupo de personas y sociedades comerciales con el objeto de precisar las vinculaciones entre las personas físicas involucradas y el entramado societario descripto”. La presentación solicita que se investigue a fondo el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago, incluyendo sus cuentas bancarias, bienes inmuebles y posibles colocaciones en instituciones nacionales e internacionales.

La denuncia toma como base una investigación realizada por elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reveló una compleja estructura de sociedades controladas por Diago y con propiedades en el extranjero que no habrían sido declaradas.

Ampliación de la denuncia

Mónica Frade, diputada y aliada de Carrió, presentó una ampliación de la denuncia, enumerando inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo. Según Frade, hay indicios de que el dirigente macrista podría haber incurrido en presunto lavado de dinero, dado que no habría declarado bienes de su esposa en el exterior, como exige la normativa vigente.

Frade señaló que Ritondo estaba obligado a informar los bienes de Diago en las declaraciones juradas que presentó ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno bonaerense y la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos, lo que dificulta confirmar si estos fueron incluidos.

Las preguntas clave

La investigación plantea interrogantes cruciales:

• ¿Declaró Ritondo las propiedades de Diago en el exterior ante los organismos correspondientes?
• ¿Fueron informadas estas propiedades a la AFIP o a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)?

Hasta el momento, ni Ritondo ni Diago han respondido las consultas realizadas por elDiarioAR y CLIP. Sin embargo, de confirmarse las irregularidades, los bienes en Florida controlados por Diago a través de sociedades offshore debieron ser declarados como parte de su patrimonio, tanto en su carácter de accionista como beneficiaria final.

La denuncia de Carrió y su ampliación por parte de Frade refuerzan las sospechas de posibles maniobras de lavado de dinero que involucran a una figura clave del macrismo. Ahora, la UIF deberá determinar si estas sociedades offshore y las propiedades en Miami configuran un esquema de ocultamiento de activos.

En noviembre de 2024, el aumento de la deuda bruta fue equivalente a u$s1.705 millones con respecto al mes anterior. Desde el comienzo del actual gobierno, se incrementó en unos u$s90.000 millones y el monto correspondiente a moneda local subió más fuerte que el de la cuenta en dólares.

Los datos de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía revelan que el 81,4% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 16,9% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 0,9% son Adelantos Transitorios 2 y el 0,8% restante, otros instrumentos.

Si el gobierno asegura tener superavit financiero cómo se explica esa suba descomunal de deuda, que en su gran mayoría es nominada en pesos. Ocurre que el gobierno hacer crecer la duda y no paga intereses, lo que le permite mostrar un superávit que en realidad es una postergación de pagos (esos intereses de deberán abonar en 2025).

Esa bomba crece y empieza a generar ruido en el mercado financiero porque los actores dudan sobre la capacidad del gobierno de hacer frente a una dinámica que se basa en el dólar súper barato y el endeudamiento. Un modelo similar aplicaron Martínez de Hoz y Domingo Cavallo con los resultados ya conocidos. ¿La historia se repite?