La oposición ya había denunciado maniobras para bloquear el rechazo al DNU por la deuda con el FMI. El escándalo genera indignación en el Congreso.
La sesión especial en la Cámara de Diputados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) vinculado a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está rodeada de tensión, pero al parecer esa situación fue fomentada desde el propio oficialismo.
En un audio que se filtró este miércoles y que fue difundido por el periodista Jorge Rial, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, instó a que el debate se desarrolle en un clima conflictivo. “No quiero nada pacífico, hagan quilombo”, se le escucha decir en la grabación que generó revuelo en el ámbito político.
El audio expone la intención deliberada de Menem de tensionar el debate legislativo, en un contexto en el que la oposición ya había advertido sobre maniobras del oficialismo para dilatar la discusión. La frase “hagan quilombo” resulta especialmente grave considerando el rol institucional que Menem ocupa y el clima social de creciente malestar por las políticas del gobierno de Javier Milei.
El escándalo se produce en un escenario donde el oficialismo busca bloquear el rechazo al DNU que flexibiliza el control sobre el endeudamiento externo. En ese marco, la filtración del audio confirmó las sospechas de que el gobierno no solo apuesta a la confrontación, sino que promueve activamente el desorden para evitar un debate ordenado y transparente.
Por más que a Milei y su entorno les incomode la discusión democrática, la gravedad de esta revelación expone la estrategia de generar caos para condicionar el funcionamiento del Congreso. Hablar de “hacer quilombo” desde la presidencia de la Cámara de Diputados no solo es irresponsable, sino que demuestra la falta de intención de construir consensos en uno de los momentos más delicados del país.
La Justicia Electoral ha comenzado a profundizar en los posibles lazos entre el economista liberal José Luis Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido a pedido de la Justicia estadounidense bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero.
El fiscal Ramiro González ha solicitado a la jueza María Servini que determine si existe una causa penal que investigue los presuntos aportes de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019, lo que podría derivar en graves implicaciones legales.
Una conexión preocupante
El empresario Fred Machado fue arrestado el 15 de abril en Neuquén, justo antes de abordar un vuelo a Buenos Aires. Su captura se produjo tras la emisión de una alerta roja de Interpol, luego de que un tribunal del distrito este de Texas lo acusara de integrar una red criminal vinculada al narcotráfico y el lavado de activos. Machado enfrenta cargos por delitos como fraude informático, defraudación al Estado, contrabando y adulteración de matrículas de aviones, según la investigación judicial en Estados Unidos.
A los pocos días de su detención, comenzaron a surgir informaciones dentro del entorno liberal que vinculaban a Machado con la campaña de Espert. Esta conexión derivó en una denuncia penal contra el economista y su excompañero de fórmula, Luis Rosales, por presuntos delitos de encubrimiento y asociación ilícita.
Aportes de campaña bajo la lupa
El fiscal González, quien además había solicitado la suspensión de los fondos del partido Unite por la Libertad debido a irregularidades en su rendición de cuentas, ahora ha pedido a la jueza Servini que se certifique si existen registros de aportes económicos de Machado a la campaña de Espert. Se buscan pruebas que determinen fechas, montos y cuentas utilizadas para realizar estas transacciones.
Según la información declarada ante la Justicia Electoral, el partido Unite aseguró que los más de 60 millones de pesos recibidos para la campaña provinieron exclusivamente de fondos públicos. Sin embargo, diversas fuentes que participaron en la campaña afirman que Machado habría facilitado aviones y vehículos para el traslado del candidato y su equipo, recursos que no figuran en la rendición de gastos.
Uno de los episodios más llamativos en este contexto es el ataque con piedras que sufrió una camioneta en la que viajaban Espert y Rosales pocos días antes de las PASO. Según registros vehiculares, el Jeep Grand Cherokee utilizado en ese momento pertenecía a Claudio Cicarelli, primo de Machado, lo que refuerza la sospecha sobre la participación del empresario en la campaña.
Espert minimiza la relación
Desde el entorno del economista niegan cualquier tipo de financiamiento por parte de Machado y solo reconocen un viaje en abril de 2019, fuera del período de campaña, en el que Espert utilizó un avión facilitado por el empresario para trasladarse a Viedma, Río Negro, donde presentó su libro. “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”, declaró Espert en ese momento.
No obstante, dentro del sector liberal algunos dirigentes aseguran que la presencia de Machado fue una constante durante la campaña, y que Espert se mostraba abiertamente orgulloso de esta relación. Ahora, el economista busca distanciarse del empresario detenido, asegurando que desconocía por completo sus actividades ilícitas.
Un partido con irregularidades
Otro aspecto que complica la situación es la estructura partidaria a través de la cual Espert pudo competir en las elecciones. Luego de que el partido Unir le retirara su apoyo, el economista recurrió a Unite por la Libertad, liderado por José Bonacci, quien “alquiló” la estructura partidaria a Espert. Ahora, la Justicia debe determinar si la rendición de gastos del partido Unite fue manipulada para ocultar aportes privados, incluyendo los presuntamente realizados por Machado.
La investigación judicial seguirá avanzando para esclarecer el posible financiamiento ilegal en la campaña de Espert y su relación con un empresario vinculado al narcotráfico. Mientras tanto, el economista intenta despegarse de un escándalo que podría tener graves consecuencias políticas y judiciales.
Respaldado por La Fraternidad y la UTA, Luis Barrionuevo promovió la profundización de las medidas de lucha contra el Gobierno. Además cruzó a Patricia Bullrich por su denuncia.
Luis Barrionuevo no se quedó callado ante las acusaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y respondió con contundencia. El dirigente gremial rechazó de plano cualquier vínculo con la organización de la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo y le exigió a la funcionaria que se retracte en un plazo de 24 horas o, de lo contrario, iniciará acciones legales. Paralelamente, redobló la apuesta contra el Gobierno al reclamarle a la CGT que extienda las jornadas de lucha y movilización.
Respaldado por La Fraternidad y la UTA, Barrionuevo impulsó la profundización del conflicto con el Ejecutivo y solicitó que la huelga sea de 36 horas a partir del 9 de abril. Además, exigió que la CGT adelante su proceso de renovación de autoridades. Estas definiciones surgieron en un almuerzo realizado en el Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA), donde participaron 22 organizaciones sindicales que coincidieron en la necesidad de endurecer las medidas de fuerza.
La respuesta de Barrionuevo a Bullrich no dejó lugar a dudas. Mediante una carta documento, el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) la intimó a presentar pruebas o retractarse públicamente a través de una conferencia de prensa. “Usted carece de todo fundamento para expresarse como lo ha hecho”, afirmó el documento firmado por su apoderado, Horacio Ferro Méndez. Además, advirtió que, en caso de no recibir respuesta, avanzará con acciones civiles por daños y perjuicios.
Lejos de amedrentarse, Barrionuevo reforzó su ofensiva gremial y, junto con otros sindicatos, delineó un plan de lucha centrado en paritarias libres, aumento a jubilados, reconstrucción de la industria nacional y el financiamiento de las obras sociales sindicales. En ese contexto, propuso formalmente al Consejo Directivo de la CGT la convocatoria a un paro con movilización de 36 horas, que incluiría garantizar el transporte para los trabajadores que participen en la protesta.
Con esta jugada, Barrionuevo no solo enfrenta directamente a Bullrich, sino que también presiona a la CGT para que eleve el nivel de confrontación con el Gobierno, marcando un nuevo capítulo en la disputa sindical y política.
El hijo de Norma Plá, una jubilada que fue emblemática en la década de 1990, cuando enfrentó las políticas de ajuste de Carlos Menem y Domingo Cavallo, se refirió a lo que ocurre con los trabajadores pasivos, otra vez en las calle para resisitir el ajuste sobre sus ingresos. La historia de nunca acabar.
“Los reclamos son los mismos que en la época de mi vieja. Los jubilados tienen la misma fuerza”, describió Germán. “Cuando no te alcanza la comida salís a luchar. Creo que el gobierno no tiene conciencia de lo que podemos hacer como pueblo”, aseguró. “El apoyo del fútbol revitalizó la marcha de los jubilados”, insistió.
Por último, afirmó: “Mi vieja estaría hoy en la marcha. Ella salió porque veía que muchos jubilados como ella pasaban muchas necesidades. Hoy pasa lo mismo”, cerró.
Mientras hoy acusa de “terroristas” y “desestabilizadores” a quienes se manifiestan contra la crisis de los jubilados y ordena reprimir con dureza, en el pasado fue una de las principales impulsoras de movilizaciones opositoras con consignas abiertamente destituyentes.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha vuelto a quedar en evidencia por su doble vara a la hora de evaluar las protestas sociales. Mientras hoy acusa de “terroristas” y “desestabilizadores” a quienes se manifiestan contra la crisis de los jubilados y ordena reprimir con dureza, en el pasado fue una de las principales impulsoras de movilizaciones opositoras con consignas abiertamente destituyentes.
⭕️ | ARCHIVO DEMOLEDOR: Así, Patricia Bullrich CONVOCABA A LA LUCHA CALLEJERA EN 2013.
‼️ La precursora del “que las hace, las paga”, LAS HIZO TODA SU VIDA. DE MONTONERA A REPRESORA SIN ESCALAS. NO TIENE CARA.
En las redes comenzó a circular un video de 2013 en el que Bullrich, entonces diputada, convocaba a la ciudadanía a sumarse a “la lucha callejera” contra el gobierno de Cristina Kirchner, llamando a movilizarse para “lograr un cambio” y “terminar con la lógica populista”. En aquella ocasión, promovió un masivo cacerolazo que desembocó en Plaza de Mayo, en el marco de la discusión sobre la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo.
“Te pedimos que salgas a la calle, que te movilices, que trabajes, que colabores”, decía Bullrich en el video, alentando la protesta como un derecho legítimo. Hoy, desde el gobierno de Javier Milei, criminaliza a quienes ejercen ese mismo derecho, exigiendo mano dura y justificando la represión policial contra manifestantes que reclaman por los derechos de los jubilados.
No es la primera vez que su postura cambia según la conveniencia política. Durante la pandemia, Bullrich también incentivó las movilizaciones contra las restricciones sanitarias e incluso participó de una escandalosa quema de barbijos en el Obelisco. Sin embargo, ahora que está en el poder, pretende imponer un orden represivo donde la protesta es válida solo cuando le sirve políticamente.
Su doble discurso es evidente: cuando era opositora, llamaba a la rebelión en las calles. Hoy, en el gobierno, pretende silenciar cualquier manifestación con gas lacrimógeno y palos.
La iniciativa es fuertemente cuestionada al tratarse de mercadería que se le incautó a trabajadores ambulantes, quitándoles de esa forma su principal fuente de trabajo en la calle.
En una decisión tan repudiable como oportunista, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que donará a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca mercadería que previamente fue incautada a vendedores ambulantes en operativos policiales.
La vocera del Ejecutivo porteño, Laura Alonso, confirmó en sus redes sociales que parte de lo decomisado en el operativo de Flores será enviado a la ciudad bonaerense. Sin embargo, esta aparente “solidaridad” encubre una estrategia que no solo se aprovecha de la tragedia de los bahienses, sino que además se construye sobre la persecución sistemática a quienes se ganan la vida día a día en las calles vendiendo su mercadería para poder sobrevivir a la difícil situación económica que atraviesa el país.
Días atrás, el propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, había asegurado que el GCBA estaba a disposición de Bahía Blanca para asistir a los afectados por el temporal. Pero ahora, en lugar de aportar recursos propios, deciden “donar” bienes arrebatados a miles de trabajadores precarizados, utilizando su sufrimiento como moneda de cambio para construir un falso discurso de solidaridad.
Desde distintos sectores ya expresaron su rechazo a esta medida. La legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, Andrea D’Atri, denunció la maniobra con contundencia: “El Gobierno de la Ciudad se ‘solidariza’ con Bahía Blanca enviando la mercadería que su Policía le roba a los trabajadores ambulantes, los que tienen las vidas más precarizadas en la Ciudad más rica del país”, criticó en sus redes sociales.
El gobCABA se "solidariza" con Bahía Blanca enviando la mercadería que su Policía le roba a los trabajadores ambulantes, los que tienen las vidas más precarizadas en la Ciudad más rica del país. Bahienses, no se sorprendan si les llegan anteojos de sol y paltas. Son esta basura https://t.co/xpamEQj2xm
Las imágenes de la Policía de la Ciudad persiguiendo, reprimiendo y decomisando la mercadería de los vendedores ambulantes han circulado ampliamente en redes sociales.Desde puestos de venta en las plazas porteñas hasta trabajadores independientes que intentan subsistir en la vía pública, todos son blanco de una política que criminaliza el trabajo informal y despoja a miles de familias de su sustento.
El Gobierno porteño, lejos de brindar soluciones reales, elige profundizar la precarización y luego lucrar políticamente con los bienes obtenidos a costa de los sectores más vulnerables. Una estrategia indigna que merece el más amplio repudio.
La megademanda por el fraude de la criptomoneda $LIBRA avanza en la Corte Suprema de Nueva York. Investigan el respaldo de Javier Milei como un factor clave en la legitimación de la cripto estafa.
El escándalo por la criptomoneda $LIBRA dio un giro dramático con la presentación de una megademanda colectiva en la Corte Suprema de Nueva York. El reconocido estudio de abogados Burwick Law, que representa a varios de los estafados por el fraude, apunta contra las empresas involucradas – Kelsier, KIP y Meteora – y salpica directamente al presidente Javier Milei, a quien se le atribuye haber respaldado el lanzamiento del token, lo que, según los demandantes, le dio “una apariencia de legitimidad” y generó “una falsa confianza” sobre su potencial económico.
Burwick Law, uno de los bufetes más influyentes de Nueva York, había anticipado la demanda contra el fraude cripto que afectó a miles de inversores. En las últimas semanas, la firma sumó a más damnificados, incluidos algunos que acusan a empresas e influencers de ser cómplices en el escándalo global. La denuncia sostiene que el lanzamiento del token $LIBRA fue diseñado de manera engañosa, perjudicando especialmente a los inversores minoristas.
Tonight, our firm filed a class action complaint in the Supreme Court of New York on behalf of our client. We allege that Kelsier, KIP, Meteora, and related parties orchestrated an unfair token launch ($LIBRA), allegedly misleading purchasers and harming retail investors. pic.twitter.com/H7dD2LaARK
Aunque Javier Milei no está directamente entre los demandados, su participación es clave en la denuncia. La demanda lo señala como uno de los actores con “información privilegiada” que pudo haber facilitado el fraude. El texto de la demanda destaca que $LIBRA utilizó la imagen de Milei como un respaldo influyente, lo cual, al alinearse con su figura, ayudó a “cultivar una falsa apariencia de legitimidad”.
El respaldo de Milei fue presentado como una señal de respaldo gubernamental, vinculado a conceptos como “revitalización económica”, “financiación descentralizada” y “transparencia financiera”. Según los demandantes, esta estrategia de marketing buscó inducir a los compradores a creer que su inversión en $LIBRA contribuiría directamente al crecimiento de la economía argentina y al impulso de las pymes locales, un enfoque promocional apoyado por el presidente.
La criptoestafa: cómo operaron los responsables
La demanda sostiene que las mismas empresas responsables de $LIBRA ya habían lanzado otros tokens bajo patrones similares de manipulación, ocultando información clave sobre el proyecto. Según Burwick Law, los acusados retuvieron el 85% del suministro del token en el momento del lanzamiento, lo que les permitió controlar la valoración y liquidez de la criptomoneda.
Una vez activado el proyecto, los responsables extrajeron más de 107 millones de dólares en pocas horas, provocando un colapso del 94% en el valor de mercado de $LIBRA. Los demandantes aseguran que los compradores nunca fueron informados sobre las estructuras de liquidez ni sobre el control secreto del suministro de tokens, lo que permitió a los operadores monetizar de manera encubierta las tenencias de los inversores.
La demanda colectiva no solo busca una compensación por los daños sufridos, sino también medidas cautelares para evitar que nuevos fraudes como el de $LIBRA se repitan en el futuro, incluyendo la designación de un administrador judicial para asegurar los activos de los inversores aún afectados.
La caída del nivel de reservas brutas es alarmante, USD 700 millones desde la última jornada hábil del viernes pasado. El dato refleja la exorbitante venta de dólares al oficial, USD 474 millones, la aceleración de la caída de los depósitos en dólares y en menor medida la intervención en el segemento financiero. Este lunes se dilapidaron otros USD 56 millones.
Así las cosas, las reservas siguen en torno a los 28 mil millones de dólares en un nivel tan bajo como las dejó el Frente de Todos en 2023. El gobierno de Javier Milei debió devaluar en diciembre de ese año y lo hizo porque “estábamos quebrados, sin reservas”. ¿Mismo escenario?
Ya casi todo el establisment económico, muy cercano al oficialismo, descuenta que habrá una devaluación, que es exigida en los hechos por el FMI, que pide dejar “flotar” el dólar. Esa flotación implicará una devaluación porque nadie cree que la divisa cueste 1000 pesos. Ironías del destino: el FMI pide “libertad” para el dólar mientras que los libertarios quieren mantenerlo sujetado. ¿No era que el Estado no debía intervenir?
El encuentro surgió luego de un tenso encuentro virtual de la mesa ejecutiva del PRO, donde Mauricio Macri advirtió: “El que se va, no vuelve, no hay vuelta atrás”.
En medio de las tensiones internas del PRO, los diputados Diego Santilli y Cristian Ritondo se reunieron con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja en Casa Rosada. El encuentro se produjo en el marco del armado electoral que impulsa La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde se planteó la “integración” de un sector del macrismo a las filas del oficialismo.
La reunión ocurrió luego de un tenso encuentro virtual de la mesa ejecutiva del PRO, donde Mauricio Macri advirtió: “El que se va, no vuelve, no hay vuelta atrás”. El ex presidente se mostró firme ante la posibilidad de nuevas fugas en su partido.
La Libertad Avanza se resiste a acordar con el PRO como fuerza orgánica y solo acepta la incorporación individual de dirigentes como Santilli, Ritondo o incluso Guillermo Montenegro. Esta postura generó tensión con el sector de los “halcones” del PRO, liderado por Mauricio y Jorge Macri, quienes remarcaron la falta de voluntad de Karina Milei para avanzar en un frente electoral amplio. “La Libertad Avanza no es la única opción”, señalaron desde el ala dura del macrismo.
El propio Javier Milei se sumó brevemente al encuentro en Casa Rosada para saludar a Ritondo y Santilli, lo que reforzó las especulaciones sobre un eventual pase de ambos dirigentes a las filas del oficialismo. Sin embargo, esta posibilidad aún no fue confirmada.
Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas. Para conseguirlo avanzamos en trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor.
Por su parte, Manuel Adorni, vocero presidencial, publicó un mensaje que pareció anticipar un acuerdo: “Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas. Para conseguirlo avanzamos en trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor”, afirmó en sus redes sociales.
En tanto, Sebastián Pareja destacó que “todavía hay tiempo para analizar las candidaturas” y criticó la gestión del gobernador Axel Kicillof. Ritondo respaldó esas palabras y destacó la importancia de avanzar en un trabajo conjunto con Karina Milei, Pareja, Menem y el propio presidente Milei. “Es una integración, y además queremos que haya más actores”, afirmó Ritondo, quien busca evitar que se rompa el voto opositor en la provincia tras la convocatoria de Kicillof a las PASO para el 13 de julio.
Por el momento, ni el PRO nacional ni el PRO bonaerense se manifestaron oficialmente sobre la reunión. Sin embargo, en el entorno de Mauricio Macri se considera que Santilli está cada vez más cerca de terminar en la boleta de La Libertad Avanza. Mientras Santilli busca sostener un discurso conciliador con el gobierno nacional, Ritondo enfrenta mayor presión debido a su rol como jefe del bloque de diputados del PRO y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires.
La tensión dentro del PRO escaló al punto que, durante la reunión virtual, un integrante de la mesa ejecutiva propuso la expulsión de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta del partido. A Bullrich por su ingreso unilateral al gabinete de Milei, y a Larreta por confirmar que será candidato en la Ciudad por fuera del PRO.
Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse que enfrenta una causa en Estados Unidos por tenencia y trafico de cocaína. Además, en Argentina está vinculada a denuncias por estafas y lavado de dinero.
El escándalo cobró fuerza en la última sesión de la Cámara de Diputados, cuando el legislador opositor Martín Soriaexhibió documentación oficial que confirmaría la acusación contra Villaverde en el estado de Florida. “Tráfico de cocaína, de 400 a 150 kilogramos”, sostuvo Soria, mientras los legisladores libertarios abandonaban el recinto en medio de murmullos y tensión.
Pero la situación judicial de Villaverde no se limita al ámbito internacional. En Argentina, la diputada también está bajo la lupa por presuntas estafas relacionadas con la venta de terrenos en Las Grutas (Río Negro), así como una causa por lavado de dinero que derivó en allanamientos en 2017.
“Lamento tener que mostrar estas cosas sobre una diputada de esta Cámara, pero cada vez que puede me ataca personalmente. No solo enfrenta causas por narcotráfico, también tiene problemas con la justicia argentina”, afirmó Soria con ironía.
Las revelaciones sobre Villaverde han puesto en una posición incómoda al bloque libertario, que optó por retirarse del debate. Mientras tanto, la diputada sigue en la mira por su historial judicial y el impacto de estas denuncias en su rol legislativo.
