Encontraron oxicloruro de cobre en su dormitorio, comúnmente utilizado como fungicida. “Pensé que era algún producto para eliminar hormigas u otros bichos”, dijo Morales.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, denunció un nuevo atentado contra su vida, según informó Radio Kawsachun Coca. En esta ocasión, el ataque involucró el uso de un fungicida conocido como oxicloruro de cobre, cuya presencia fue detectada dentro de su dormitorio en Lauca Eñe.

Morales relató que, al ingresar a su habitación, notó una sustancia verde esparcida en el piso y las paredes. “Abrí la puerta del cuarto y, con el cansancio, me eché a la cama. Noté desparramado algo como harina verde en el piso y la pared; pensé que era algún producto para eliminar hormigas u otros bichos”, explicó el expresidente.

Una de sus asistentes recogió una muestra de la sustancia y la envió a un laboratorio en Chimoré, donde confirmaron que se trataba de oxicloruro de cobre. Este compuesto químico, comúnmente utilizado como fungicida, puede causar irritaciones en la piel y los ojos, molestias respiratorias, náuseas y, en exposiciones prolongadas, daños en órganos como el hígado y los riñones, de acuerdo con el informe del laboratorio.

La encargada de la limpieza de la vivienda también identificó restos de la sustancia en varios puntos del dormitorio, incluyendo un montón junto a un velador, otro detrás de un espejo y una última acumulación debajo de la cama, acompañada de un papel higiénico que parecía haber sido utilizado para manipular el químico.

Hasta el momento, no se ha esclarecido cómo ni cuándo alguien logró ingresar al dormitorio del expresidente. “Pudo ser en la tarde o la noche, durante las reuniones que el expresidente suele mantener en distintos ambientes”, comentó una asistente de Morales.

Este incidente es el segundo atentado reportado contra Evo Morales en lo que va del año. El pasado 27 de octubre, recibió más de 20 disparos mientras viajaba en una caravana entre Villa Tunari y Lauca Eñe, un ataque que sigue sin ser investigado.

Morales denunció la falta de avances en ambos casos y exigió garantías para su seguridad.

El fallo impide al organismo dependiente del poder ejecutivo, inmiscuirse en la universidad. Además aseguró que la institución está en regla y presentó todos sus balances a la AGN.

El Gobierno sufrió un revés significativo en su lucha ideológica contra la Universidad de Buenos Aires (UBA). En un fallo contundente, la Justicia rechazó el intento del Poder Ejecutivo, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), de auditar a la universidad. La resolución subraya la autonomía universitaria y advierte sobre los rasgos de inconstitucionalidad de las medidas propuestas.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, a cargo del juez Santiago Carrillo, desestimó la medida precautoria solicitada por la SIGEN. En su fallo, el magistrado determinó que el control interno de las universidades nacionales, incluido el de la UBA, no es competencia de este organismo, tal como lo establece la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior.

La UBA presentó pruebas que refutan cualquier acusación de falta de transparencia. El fallo destaca que la universidad ha cumplido con todas las normativas de rendición de cuentas, incluyendo la presentación de balances a la Auditoría General de la Nación (AGN). Además, se constató que en el sitio web de la UBA están publicados informes de auditorías internas desde 2015, junto con la normativa aplicable y los manuales de procedimiento.

El juez Carrillo enfatizó que las universidades nacionales poseen un estatus jurídico especial, adquirido en la reforma constitucional de 1994, que protege su autonomía. “La Ley de Educación Superior contiene disposiciones que restringen la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en su ámbito institucional, reservando al Poder Legislativo y Judicial el rol de control sobre sus actos”, subrayó en la resolución.

Este intento de intervención por parte del Gobierno ha sido percibido como un ataque a la autonomía universitaria, un principio central de las universidades públicas. La UBA, por su parte, afirmó que nunca ha cuestionado su obligación de rendir cuentas, pero señaló que la SIGEN carece de competencia para auditarla, ya que su función se limita a organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

El fallo también desestimó los argumentos de la SIGEN sobre un supuesto peligro de extravío o alteración de documentación por parte de la UBA, calificándolos como “meras conjeturas”.

Este revés judicial no solo frena los planes del Ejecutivo de intervenir en la gestión interna de la UBA, sino que también pone en evidencia la tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, un conflicto que se suma a las críticas por la política presupuestaria hacia la educación superior y la persecución ideológica al sistema educativo en su conjunto.

La consultoría Eco Go estimó de manea preliminar, que sumando las demás variables que componen el indicador, la inflación de diciembre trepará al 3.2%.

El inicio de diciembre mostró un marcado aumento en los precios, especialmente en alimentos y servicios esenciales como energía, lo que representa un desafío para los planes del Gobierno de flexibilizar el cepo cambiario. Una de las condiciones clave para avanzar en este objetivo es que la inflación se mantenga durante al menos tres meses en torno al 2,5%, una meta que ahora parece más difícil de alcanzar.

Consultoras privadas reportaron que, en la primera semana de diciembre, los precios de los principales productos alimenticios subieron más del 1%. Eco Go, en su análisis, señaló que los incrementos registrados hacia el cierre de noviembre continuaron en diciembre, con un alza semanal del 1,1%.

“Con este dato y proyectando un aumento promedio del 0,5% para las semanas restantes del mes, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar alcanzaría el 3,5% en diciembre. Sumando los aumentos en alimentos consumidos fuera del hogar, proyectados en 2,3%, la inflación total del rubro sería del 3,3%”, detalló el informe.

En un panorama más amplio, Eco Go estimó que la inflación general de diciembre podría llegar al 3,2%, aunque advirtió que este dato es preliminar y susceptible a cambios. Factores como la estacionalidad de las fiestas y las vacaciones contribuyen a presionar los precios, con aumentos destacados en carnes, turismo, y otros servicios.

Adicionalmente, se registraron incrementos en rubros clave como prepagas, telefonía celular, electricidad, agua, gas y colegios privados, lo que amplifica el impacto en el bolsillo de los consumidores.

Miente, miente… El presidente Javier Milei celebró su primer año de gestión con un dato absolutamente falso. Dijo que el salario básico pasó “de 300 dólares a 1100 dólares”. ¿En qué país vive el mandatario?

Lo dijo en la cadena nacional donde celebró su primer año de gestión pero evitó hablar del aumento del desempleo y la pobreza y se focalizó en la inflación, que sigue alta. En ese punto, Milei hizo una trampa: comparó la inflación de octubre contra la de enero, que fue récord por una devaluación brutal de… su propio gobierno. Así es fácil.

Según informó DiarioAr, el fiscal Ramiro González, titular de la Fiscalía Federal N° 7 desde 2012, celebró sus 60 años con una fastuosa fiesta en un exclusivo salón de la costanera porteña, que habría costado má de 150 mil dólares. Se ve que el ajuste no le llegó a la casta judicial.

El evento, que reunió a más de 240 invitados, incluyó un recital de Cristian Castro. Nada mal. El fiscal lleva adelante causas muy importantes como la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

De acuerdo a la información de dicho medio, entre los asistentes se destacaron figuras del ámbito judicial y político, como la jueza María Servini de Cubría, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, y Daniel Angelici, expresidente de Boca Juniors y cercano a Mauricio Macri. Además, se encontraron en el evento otros personajes vinculados a la política y la justicia, lo que ha levantado algunas dudas sobre los posibles vínculos entre el sector judicial y privado, y la financiación del lujoso evento.

El fiscal, conocido por su carrera en causas de alto perfil y por su estrecha relación con varios de los presentes, defendió el evento señalando que lo celebró con “colegas, compañeros de toda la vida, mi familia y amigos de Bahía Blanca y gente que quiero mucho”. No obstante, la gran convocatoria y el lujo del evento, junto con las figuras presentes, generaron interrogantes sobre el origen de los fondos para una fiesta de tal magnitud.

Con más de tres décadas en el sistema judicial y un rol destacado en la fiscalía, González es apodado “el nene” por sus colegas y se menciona su relación cercana con la jueza María Servini, con quien mantiene una amistad de más de 30 años.

Por medio de un decreto, el Gobierno estableció que a partir de los 18 años, los ciudadanos estarán habilitados para la tenencia y portación de armas de fuego.

El Gobierno argentino, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, ha modificado la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429), reduciendo de 21 a 18 años la edad mínima para la tenencia y portación de armas de uso civil. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 1081/2024, genera preocupación en el contexto actual de violencia que atraviesa el país, donde la juventud es una de las poblaciones más afectadas.

La reforma busca “armonizar la legislación vigente” y reconoce, según el Poder Ejecutivo, la capacidad de los ciudadanos de 18 años para ser legítimos usuarios de armas. Sin embargo, esta decisión se enmarca en una sociedad que enfrenta un incremento en los índices de violencia armada, donde los jóvenes suelen ser víctimas y, en ocasiones, protagonistas de episodios delictivos y hechos de violencia.

Organizaciones civiles, expertos en seguridad han manifestado su alarma ante la posibilidad de que esta flexibilización incremente la circulación de armas y agrave la inseguridad. Diversos estudios señalan que la presencia de armas en manos de la población civil está asociada con un aumento de los conflictos violentos y los incidentes fatales, especialmente entre jóvenes.

La medida se inscribe en un marco más amplio de reformas propuestas por el Ejecutivo, que incluyen simplificar los trámites para la tenencia legal de armas y facilitar su registro o destrucción. Aunque el Gobierno argumenta que estas políticas buscan regularizar la posesión de armas y garantizar derechos individuales, los críticos advierten que podrían tener consecuencias adversas en un país donde las políticas públicas de seguridad aún enfrentan serios desafíos.

En un momento de alta sensibilidad e irritabilidad social, esta decisión pone en el centro del debate la necesidad de equilibrar derechos individuales con políticas de prevención que prioricen la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, como la juventud.

Como parte de un plan de reestructuración la empresa con sede en Estados Unidos despidió a unos 600 trabajadores de sus plantas de acopio en Argentina en apenas 48hs.

La multinacional Cargill, una de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos y líder mundial en el comercio de productos agrícolas, anunció una reestructuración global que implica el despido de 8.000 empleados, equivalente al 5% de su plantilla de 164.000 trabajadores. Este ajuste tiene un impacto significativo en Argentina, donde en las últimas 48 horas se produjeron 600 cesantías, afectando principalmente a personal jerárquico y fuera de convenio colectivo.

Las medidas alcanzan a trabajadores de distintas áreas, incluidas las plantas de procesamiento, los sectores logísticos y comerciales, donde la mayoría del personal no está protegido por acuerdos sindicales. Este escenario agrava la ya delicada situación laboral en el país, sumido en un contexto de creciente incertidumbre económica y altos índices de desocupación.

En Santa Fe, una provincia clave para las operaciones de Cargill, se ubican plantas de procesamiento de oleaginosas en San Martín y Villa Gobernador Gálvez, instalaciones de nutrición animal en Venado Tuerto y terminales portuarias en varias localidades estratégicas. El impacto de los despidos ha generado tensiones en estas zonas, donde la actividad agroindustrial es un pilar económico.

El gremio Asociación de Supervisores de la Industria Biodiesel de la República Argentina (Asiabra), que recientemente obtuvo reconocimiento legal, denunció los despidos ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y convocó a una audiencia el próximo lunes. Cristian Romero, secretario general del gremio, señaló que ya se están realizando asambleas y evaluando medidas de acción.

Mientras tanto, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, que representa a trabajadores de planta, aclaró que los despidos no afectaron al personal aceitero. Sin embargo, la incertidumbre persiste, dado el alcance global de la reestructuración de Cargill y su potencial impacto en las operaciones locales.

La situación no solo expone la vulnerabilidad de los trabajadores fuera de convenio, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del sector agroindustrial para sostener el empleo en un momento crítico para la economía argentina.

El diputado nacional peronista Rodolfo Tailhade habló sobre el nuevo director de AFIP (ARCA), Juan Pazo. “El nuevo titular de ARCA (ex AFIP) era el hombre fuerte del Ministerio de Economía. En cada uno de los temas en donde se mete Juan Pazo es porque hay un negocio”, dijo.

“Tiene una historia de abundantes hechos de evasión, ocultamiento de patrimonio y fuga de dinero”, agregó Tailhade en una entrevista con Radio Madres.

“Nadie puede pensar que Pazo o Caputo están en la gestión pública para hacer patria. Están para llenarse de guita”, ironizó el diputado nacional.

“Este señor evasor y corrupto va a ser el encargado de combatir la evasión en Argentina. Una perfecta alegoría del gobierno de Milei”, cerró.

Al cumplirse el primer aniversario del gobierno del presidente Javier Milei, la foto actual de la coyuntura económica argentina ofrece un balance marcado más por las sombras que las dudas. En 12 meses, crecieron notablemente el desempleo, la pobreza y la deuda externa. Mientras, cayó el PBI y cerraron cientos de empresas en todo el país. La inflación bajó pero había crecido notablemente por una megadevaluación que llevó adelante el propio Milei.

Por ahora, el dólar planchado y la inflación en relativa caída son los principales activos políticos de un gobierno que terminó el año asegurando que “ordenó la economía”. Como durante buena parte de la dictadura militar o con la convertibilidad, ese ordenamiento se debe a un dólar que está clavado y es súper barato. ¿Alguien se acuerda del “dame dos” de la dictadura o el “todo por 2 pesos” de la década de los 90?

La pregunta clave es: ¿cuánto dura un modelo que se baja en el endeudamiento externo para mantener el dólar por el piso? El plan de Martínez de Hoz duró alrededor de 5 años, el de Domingo Cavallo, entre 5 y 6. ¿Llega Milei con este esquema a 2027, entonces?

Mientras, todos los indicadores sociales empeoraron en los primeros 12 meses libertarios. Hay más desempleo y subieron la pobreza y la indigencia. El ajuste lo pagaron trabajadores y jubilados. Además, tanto pobreza e indigencia serían muchos peores si el INDEC contemplara de modo más real a los tarifazos de servicios públicos, que se encuentran subestimados en la medición de inflación.

Roberto Bacman, Analista político y director de la consultora CEOP, habló con Un buen comienzo sobre la imagen de Javier Milei a un año de gobierno.

“El protagonista de este año fue el ajuste, que todavía no terminó”, describió.

“Por primera vez en muchos años la derecha elitista ha encontrado un referente y lo apoya a pesar de todo”, agregó.

“Con el nivel de ajuste que hay Milei mantiene una imagen alta”, insistió. Pero aclaró: “Hoy la principal preocupación de la gente es el aumento de la pobreza”.

Después, se refirió a la oposición: “La gente espera un proyecto alternativo del peronismo. Por su parte, Macre está desesperado, no encuentra salida”.