A través de sus redes sociales, el funcionario anunció una prohibición para municipios, para las próximas facturas de luz y gas.

Co un llamativo error en X, el ministro de Economía Luis Caputo anunció que los municipios tendrán prohibido la inclusión de impuestos en las boletas de servicios esenciales, como son la luz y el gas.

“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

El economista publicó la noticia en sus redes sociales, pero cometió un llamativo error al mostrar una boleta. “A modo de ejemplo, ver esta factura de luz, donde lo remarcado en verde ya no podrá facturarse como parte del servicio”, completó.

En el mencionado posteo de Caputo, el tributo de mayor importe corresponde a un impuesto nacional, es decir, el IVA 21%. Justamente ese valor es superior a los otros que se muestran en el ejemplo y que entran en la categoría de impuesto municipal.

Importante! 👇

LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS.

Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y… pic.twitter.com/jyld9jSCkE

— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2024

En tanto, el flamante nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a respaldar la medida de quien fuera su compañero de Gabinete también en el macrismo.

En su cuenta de X, el funcionario sostuvo que “el gasto público provincial y municipal creció tanto en los últimos años porque sus impuestos y tasas se ocultaron en facturas o como un impuesto más. La transparencia fiscal ayudará a generar mayor conciencia fiscal y a bajar el gasto”.

La internación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por un cuadro de gastroenteritis que padeció luego de un enfrentamiento con Santiago Caputo, el asesor todopoderoso de Javier Milei, alimentó versiones de cambios de gabinete que sacudieron al gobierno y sus aliados.

Las versiones de su renuncia se dan días después de su visita a Diputados de la semana pasada. Nicolás Posse fue al Senado el 15 de mayo para presentar el informe y fue echado 12 días después. Si Francos se va del gabinete no será de una manera tan brusca: siempre está abierta la posibilidad de la embajada de Londres, hoy vacía.

El todavía ministro podría aprovechar el problema de salud para salir de un gobierno atravesado por internas brutales, cada vez más frecuentes con Santiago Caputo, el hombre detrás del poder de Milei. A pesar de que las críticas crecen en torno al rol del misterioso funcionario, su poder se mantiene intocable.

El periodista ultramacrista y (ahora) ultralibertario Eduardo Feinmann salió a cruzar a Santiago Caputo luego del ataque de trolls que recibió por revelar las versiones de renuncia de Guillermo Francos por el enfrentamiento con uno de los hombres fuerte del gobierno nacional.

“Por mí la pauta se la pueden meter bien en el orto”, le respondió el periodista a Traductor Te Ama, uno de los trolls principales de la banda del Gordo Dan, el operador de redes que ahora recibió un cuantioso contrato estatal.

“Es absolutamente falso todo lo que dice Feinmann acá. No renunció. No hubo peleas. No hay ni habrá pauta”, había dicho Traductor, que acusó al periodista de ser un “troll kirchnerista”.

Feinmann parece responder a la estrategia de Mauricio Macri, quien apuntó sus cañones contra Santiago Caputo a quien acusa de impedir el acercamiento del PRO a Javier Milei. Se sabe, Feinmann nunca actúa de modo “independiente”, sino que responde a directivas. Un periodismo muy servicial…

Una vez más, el radicalismo escribe otra página de entrega y saqueo a los jubilados y jubiladas y apoyará la medida de Javier Milei de no aumentar los haberes previsionales.

El presidente Javier Milei consiguió alinear a varios diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), asegurando el respaldo a su veto total a la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, que buscaba recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los jubilados al inicio de su gestión libertaria. De esta forma, una vez más el radicalismo escribe otra página de entrega y saqueo a nuestros adultos mayores.

El mandatario se reunió este martes con los diputados radicales Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi. Aunque inicialmente apoyaron la iniciativa para mejorar los ingresos de los jubilados, ahora se comprometieron a defender el veto presidencial.

Mariano Campero, uno de los diputados que sorprendió al cambiar de postura, pasó de respaldar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria a defender el veto de Milei, en el marco de las tensiones internas de la UCR.

El encuentro contó también con la presencia de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el Vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), y el Subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa, Martín Matzkin.

De cara a la sesión especial convocada para mañana, los números indican que la oposición ha perdido entre 8 y 10 votos, lo que complica sus chances de alcanzar los dos tercios necesarios para rechazar el veto, a pesar del apoyo de jubilados y organizaciones que planean movilizarse en defensa de la ley.

Con la posibilidad de rechazar el veto prácticamente descartada, las bancadas opositoras mantendrán reuniones para evaluar los próximos pasos. Según reportó Infobae, una de las alternativas que se baraja en la UCR es proponer un veto parcial para “salvar la ropa”, permitiendo mantener el artículo que garantiza la recomposición del 8% perdido en las jubilaciones y la asistencia a las cajas provinciales, pero acompañando el veto en los puntos de mayor impacto fiscal, como el pago de juicios y el aumento anual vinculado al 50% de la variación salarial.

Sin embargo, esa opción enfrenta el problema de que el resto de los bloques opositores no estarían dispuestos a apoyarla, lo que también requeriría de los dos tercios de los votos, dejando pocas chances de éxito.

Otra posibilidad sería llevar el tema a comisión, forzando al presidente de la misma, José Luis Espert, a abordar el tratamiento del veto.

Por su parte, en Unión por la Patria no hay dudas: con el quórum alcanzado, plantearán un debate claro sobre la aceptación o el rechazo del veto de Milei, obligando a la UCR a definirse en medio de sus divisiones internas entre quienes acompañan el ajuste impulsado por el oficialismo y quienes se oponen.

Mientras el presidente celebra una reducción del 30,4% en el gasto público, el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por su hermana, ha crecido un 22% superando a la inflación.

Mientras el presidente Javier Milei celebra una reducción del 30,4% en el gasto público, el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por su hermana Karina Milei, no solo se ha mantenido, sino que ha crecido un 22% en términos reales, superando la inflación. Esto revela que el ajuste no ha sido aplicado de manera equitativa, beneficiando a quienes están cerca del poder mientras otras áreas clave del país como ciencia, educación e infraestructura sufren fuertes recortes.

Según datos oficiales, el presupuesto total de la Secretaría General ha aumentado un impactante 244% en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada del 87%. La mayor parte de este incremento está destinada a la comunicación y difusión de los actos gubernamentales, que ha pasado a ser una prioridad dentro de la administración de Karina Milei. El dinero disponible para la Secretaría creció de $21.059 millones en enero a $72.472 millones en septiembre.

Prioridades desiguales: más para la comunicación, menos para la salud y la educación

El aumento en los fondos destinados a la comunicación institucional contrasta con las severas reducciones en áreas sensibles como la salud, la niñez, la educación y las políticas para personas con discapacidad. Mientras que las acciones relacionadas con la difusión de actividades presidenciales suman un presupuesto de $35.737 millones —diez veces más que el destinado a la prevención de enfermedades endémicas como el dengue—, programas clave para el bienestar de la población han visto caídas drásticas en sus partidas presupuestarias.

Por ejemplo, el programa de “Prevención y Control de Enfermedades Endémicas” pasó de $3.816 millones a $3.629 millones, lo que representa una reducción significativa, especialmente en un contexto donde la comunicación gubernamental parece tener más prioridad. De hecho, si no se ajusta este presupuesto, el programa destinado a combatir enfermedades como el dengue tendrá un 63% menos recursos en 2024 en comparación con 2023.

Recortes en áreas críticas

El ajuste también golpeó duramente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo presupuesto actual es de $55.161 millones, $17 mil millones menos que lo destinado a la Secretaría de la Presidencia para funciones de prensa. Esto supone una caída real del 36% respecto a lo ejecutado en 2023, afectando todos los programas orientados a la infancia y adolescencia.

El panorama en la educación no es mejor. Los programas de “Información y evaluación de la calidad educativa” y “Acciones de formación docente” han sufrido caídas del 8% y 58%, respectivamente. Incluso en la Agencia Nacional de Discapacidad, las “Acciones de integración” y el programa de “Prevención y control de discapacidades” experimentaron reducciones del 60% y 54% en términos reales, lo que afecta directamente a las personas más vulnerables.

Aumentos en contrataciones y salarios en la Secretaría General

A pesar del discurso oficial sobre austeridad, la Secretaría General de la Presidencia ha sumado 269 contratos en sus subsecretarías y direcciones. Las remuneraciones de estos contratos varían entre los $274.000 y $1.872.000 al mes, según información obtenida por el diario Perfil. Esta situación pone en evidencia un desequilibrio en la gestión de los recursos públicos, donde los ajustes parecen no afectar a quienes están más cerca del poder.

A pesar de la reducción del Impuesto PAIS, que disminuyó del 17,5% al 7,5% a partir de este mes, su impacto en los precios de los alimentos ha sido prácticamente nulo.

En la primera semana de septiembre, los precios en supermercados aumentaron un 0,6%, lo que evidencia un incremento promedio del 2,3% en las últimas cuatro semanas, según datos de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

La baja del impuesto, anunciada como una medida para contener la inflación por el ministro de Economía, Luis Caputo, no ha logrado revertir la tendencia de aumentos en las góndolas. Aunque la rebaja impositiva fue presentada como una herramienta para reducir los costos de los productos importados y aquellos con componentes extranjeros, los precios de los alimentos y bebidas continúan su escalada. De hecho, en algunos sectores, como el automotriz y productos 100% importados, sí se han observado leves reducciones, pero estos no representan la mayoría de los bienes consumidos diariamente.

Sin mejoras significativas en las góndolas

En comparación con julio, cuando también se registraron alzas similares, el panorama para septiembre no parece ser muy distinto. Aún con la reducción del impuesto, los precios en los supermercados subieron al mismo ritmo que en los meses anteriores. En agosto, por ejemplo, la última semana registró un incremento del 1,3%, lo que sugiere que la reducción de la presión fiscal no ha tenido un efecto real en el comportamiento de los precios de los alimentos. Esto se debe, en parte, a que los beneficios de la baja del impuesto no se han trasladado al consumidor final, pues las empresas aún no han renovado sus stocks de productos importados ni de insumos que podrían impactar en los costos.

Otro factor que ha frenado el impacto es la espera por parte de las empresas para ver cómo evolucionaba el impuesto antes de continuar con sus importaciones. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en productos con solo un 2% de componentes importados, la incidencia de la rebaja es mínima: apenas $11 por cada $1.000 netos de IVA.

La inflación no se detiene

Al mismo tiempo, la inflación semanal mantiene su curso. Otras consultoras, que abarcan más rubros que LCG, estiman que la inflación general en la primera semana de septiembre fue del 1,2%, lo que proyecta que el mes podría cerrar con un aumento del 3,2%. Esto refuerza las dudas sobre la efectividad de la baja del Impuesto PAIS como un mecanismo de contención de la inflación, especialmente en productos de consumo masivo, como los alimentos, donde los precios siguen siendo una preocupación para los consumidores.

Los gobernadores han colocado la infraestructura en el centro de sus agendas. Varias provincias han tenido que afrontar el costo de sus obras recursos propios ante el estrangulamiento del Gobierno Nacional.

El Gobierno nacional ha centrado su recorte presupuestario principalmente en la reducción de la obra pública, una decisión que ha generado tensiones con los gobernadores. Estos buscan desmarcarse de dicha política y han colocado la infraestructura en el centro de sus agendas. Varias provincias han tenido que adaptar sus necesidades a los recursos propios, ya que el ajuste en los fondos transferidos desde el Gobierno central está generando crecientes reclamos sociales.

En el más reciente informe de la Estrategia Federal Logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI), las provincias presentaron un listado de 1.143 proyectos clave en desarrollo. Estos se clasifican en:

• Trabajos en carreteras (635),
• Plataformas logísticas (164),
• Proyectos aéreos (103),
• Proyectos ferroviarios (85),
• Pasos de frontera (81),
• Proyectos fluvio-marítimos (75).

La obra pública como foco de recortes y la respuesta de las provincias

Los proyectos propuestos incluyen una variedad de intervenciones, desde la creación de áreas de descanso para transportistas y el desarrollo de plataformas online que faciliten la interacción entre proveedores de carga y transportistas, hasta la mejora de accesos a puertos, rutas y tramos urbanos con alta siniestralidad. Además, se busca implementar sistemas eficientes de control de pesos y generar nuevas conexiones tanto nacionales como internacionales.

Del total de los proyectos respaldados por el CFI, el 37% se encuentra en fase de estudio, el 38% ya ha sido completado, el 14% cuenta con financiamiento, y el 11% está en ejecución. Según el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, la logística es un factor clave para el desarrollo federal. “En un país tan extenso como Argentina, el desafío logístico es enorme. Tenemos todo lo que el mundo necesita, pero debemos crear condiciones que hagan nuestras economías más competitivas y nuestra producción accesible al mercado global”, afirmó.

El impacto del ajuste en la obra pública

Sin embargo, pese a los esfuerzos de las provincias, el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei ha obstaculizado el desarrollo de muchos de estos proyectos de infraestructura. Los gobernadores, con recursos limitados, no pueden avanzar con todas las obras necesarias para responder a las demandas sociales, como el acceso a servicios esenciales como salud, educación y agua.

A diciembre de 2023, el Ministerio de Obras Públicas tenía 2.308 obras en ejecución de las 7.265 iniciadas durante la gestión de Gabriel Katopodis. Estas obras, que alcanzaron a todos los municipios del país, generaron empleo para 480.000 trabajadores de la construcción. La inversión de $309.888 millones ya destinada a proyectos como la gestión del recurso hídrico, infraestructura vial y conectividad ahora enfrenta el riesgo de deterioro, lo que incrementará sus costos cuando se decida retomarlas.

Proyectos detenidos en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, con 899 proyectos detenidos, la situación es especialmente crítica. A pesar de la falta de transferencias desde el Gobierno nacional, la gestión de Axel Kicillof ha priorizado completar algunas obras clave, como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Estos proyectos, que beneficiarán a más de 7.700 niños en 60 municipios, requieren una inversión provincial de $23.624 millones. Sin embargo, el impacto del ajuste también se siente en otras áreas como la seguridad, donde el recorte de fondos para la prevención del delito ha dejado a municipios como Morón con $660 millones menos para políticas de seguridad.

Además, proyectos de viviendas y educativos, como el Plan PROCREAR y el Centro Interuniversitario del sur de la provincia, han quedado paralizados. “El sueño de una casa de estudios superiores quedó trunco por la decisión de Nación de no cumplir con el convenio firmado”, criticó el intendente Lucas Ghi.

El futuro de la obra pública bajo incertidumbre

Ante este escenario, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, ha dejado claro que la obra pública no será reactivada, lo que ha generado preocupación entre las provincias y los municipios que ven en estos proyectos una herramienta clave para impulsar la economía local en un contexto de recesión que aun no encuentra piso. Además, Sturzenegger expresó su apoyo al veto de Milei sobre el aumento a los jubilados, agudizando la tensión con los sectores más afectados.

En marcado contraste con las promesas de ajuste y austeridad del gobierno, la lujosa estructura comunicacional del portavoz de Javier Milei consume 300 millones de pesos mensuales,

Manuel Adorni, portavoz del presidente Javier Milei, lidera una de las estructuras más grandes del Poder Ejecutivo, con siete direcciones generales encargadas de la comunicación presidencial. Estas áreas abarcan desde la difusión de actos oficiales hasta la publicidad institucional, empleando a más de 100 personas y costando aproximadamente 300 millones de pesos mensuales.

Esta estructura, que se asemeja a una pequeña empresa por su tamaño y complejidad operativa, requiere una inversión mensual significativa. Se estima que la vocería de Adorni tiene un costo aproximado de 300 millones de pesos al mes, lo que equivale a un total de 3600 millones de pesos al año.

Este monto incluye la contratación de 101 personas, distribuidas en diferentes cargos, desde directores y coordinadores hasta 29 asesores. El costo mensual destinado a recursos humanos alcanza los 132.500.000 pesos, cifra que podría incrementarse si se incluyen pagos por horas extras y otras unidades retributivas adicionales.

Este gasto contrasta fuertemente con las promesas de campaña de Milei, quien afirmó que el ajuste lo “pagaría la casta”. Sin embargo, mientras sectores vulnerables como jubilados y docentes enfrentan recortes, el presupuesto destinado a la vocería sigue siendo abultado, lo que pone en duda las prioridades del gobierno en un contexto de crisis económica.

Según el diputado libertario “estamos cada vez mejor”, una afirmación que suena cruelmente irónica frente a la cruda realidad que viven millones de argentinos.

El diputado libertario José Luis Espert sorprendió con sus recientes declaraciones, en las que negó categóricamente que el ajuste económico del gobierno de Javier Milei esté afectando a jubilados y trabajadores. Según Espert, “estamos cada vez mejor”, una afirmación que suena irónica frente a la cruda realidad que viven miles de argentinos.

A pesar de las fuertes críticas que ha recibido el gobierno por el veto presidencial a la ley jubilatoria, Espert defendió con vehemencia el modelo económico impulsado por Milei y su equipo, liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo. “De ninguna manera el gobierno de Milei está haciendo ajustes sobre los viejos o sobre los trabajadores”, declaró, restando importancia al evidente deterioro del poder adquisitivo de la población.

Sin embargo, un informe privado contradice sus palabras, revelando que el gasto en jubilaciones ha caído un 20,3% en comparación con el año anterior. Mientras Espert insiste en que “las jubilaciones, los asalariados y los beneficiarios de planes están mejor que a fines del año pasado”, los datos muestran que la realidad es muy distinta.

Espert, sin inmutarse, incluso llegó a comparar la situación actual con la de un incendio apagado: “ya la casa dejó de prenderse fuego, ahora quedó hecha mierda” “¿Le vamos a echar la culpa al que apagó el incendio?“, preguntó, refiriéndose a la administración actual como los “bomberos” que supuestamente están salvando al país de un desastre mayor.

En contraste con las afirmaciones de Milei sobre un crecimiento real del 5% en las jubilaciones en 2024, Espert admitió que las jubilaciones “están abajo del año pasado”, pero rápidamente exculpó al gobierno, diciendo que “el sistema previsional está completamente quebrado” y que no es responsabilidad de la gestión actual.

A pesar de las pruebas contundentes de la crisis que atraviesan los jubilados y trabajadores, Espert insiste con promesas a futuro: “la gente va a vivir cada vez mejor” bajo las políticas de Milei. Con un discurso que parece desconectado de la realidad, el diputado libertario sigue defendiendo un ajuste que muchos argentinos sienten en carne propia.

Según Guillermo Francos “ninguna aerolínea quiere utilizarlo” en relación al aeropuerto que impulsó el macrismo para las low cost en El Palomar.

El reciente informe de gestión del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha reavivado tensiones entre el PRO y los libertarios, esta vez en torno al Aeropuerto de El Palomar. Durante su exposición en la Cámara de Diputados, Francos abordó la controvertida situación del aeropuerto, que se ha convertido en un nuevo foco de conflicto entre ambos espacios políticos.

Francos aseguró que el Aeropuerto de El Palomar no ha sido cerrado ni inhabilitado comercialmente por el actual gobierno, sino que simplemente ninguna aerolínea, incluidas Flybondi y JetSmart, ha mostrado interés en operar desde allí. “La Secretaría de Transporte informa que el Aeropuerto de Palomar nunca ha estado cerrado ni inhabilitado comercialmente por esta gestión. Simplemente hasta la fecha no existe ninguna línea aérea interesada de todas aquellas a las que se les ha ofrecido”, afirmó el Jefe de Gabinete.

El Aeropuerto de El Palomar, reabierto en 2018 durante la gestión del PRO de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, fue concebido como un nodo estratégico para las aerolíneas low cost. Sin embargo, desde su inauguración, ha sido objeto de controversias, no solo por las críticas de los vecinos debido a la contaminación ambiental y sonora, sino también por su ubicación en un sitio histórico sensible, la I Brigada Aérea El Palomar, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Esta situación ha sido un constante punto de disputa para las organizaciones de derechos humanos.

El PRO, que impulsó el desarrollo del aeropuerto durante su administración, ha criticado la falta de interés en reactivarlo por parte de las aerolíneas, señalando una posible desidia en la gestión actual para promover su uso. Por otro lado, los libertarios, representados por Milei y su entorno, han mantenido una postura ambigua, destacando la necesidad de eficiencia en la gestión aeroportuaria, pero sin comprometerse abiertamente con la reactivación del proyecto macrista en El Palomar.

La falta de interés por parte de las aerolíneas en operar desde El Palomar se suma a las preocupaciones expresadas por militares y defensores del patrimonio histórico, quienes señalaron que la construcción de una nueva terminal de pasajeros sobre los antiguos hangares de la I Brigada Aérea podría haber destruido estructuras históricas valiosas, generando un profundo malestar en ciertos sectores de la Fuerza Aérea.

Este tema no solo resalta las diferencias entre el PRO y los libertarios, sino que también subraya las complejas decisiones que enfrenta el gobierno en materia de transporte y patrimonio histórico. Con la polémica en torno al Aeropuerto de El Palomar aún sin resolver, las tensiones entre ambas fuerzas políticas parecen estar lejos de disiparse, alimentando un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre estos aliados políticos.