Por medio de su vocero, el presidente desautorizó a Guillermo Francos y descartó cualquier posibilidad de modificar el decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información Pública.

La controversia interna estalló cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sugirió ante los diputados opositores la posibilidad de revisar y modificar la normativa si fuera necesario. “Estamos dispuestos a analizar cualquier cambio”, declaró Francos durante su visita al Congreso, lo que fue interpretado como una posible flexibilización de la postura gubernamental. Sin embargo, Adorni desmintió esta interpretación, asegurando que el gobierno no tiene ninguna intención de revertir las restricciones impuestas. Según el vocero, las palabras de Francos fueron malentendidas y no representan un cambio en la firme posición del Ejecutivo.

Restricciones que Generan Críticas

El decreto en cuestión ha sido una fuente constante de críticas, ya que establece nuevas limitaciones al acceso a la información pública, restringiendo significativamente el alcance de la Ley 27.275. Esta normativa, que había sido diseñada para promover la transparencia gubernamental, ha sido modificada para otorgar al Poder Ejecutivo la autoridad de decidir qué información es considerada de interés público y, por lo tanto, accesible para la ciudadanía.

Los cambios implementados incluyen la exclusión de datos de carácter privado, como reuniones familiares o visitas íntimas, y la prohibición de divulgar “deliberaciones preparatorias” o documentos preliminares relacionados con actos de gobierno. Además, se establece un blindaje de 10 años para datos confidenciales en áreas sensibles como defensa, política exterior o seguridad interior, dificultando el acceso a información crucial para la rendición de cuentas.

Una Postura Inflexible del Gobierno

A pesar de las crecientes tensiones y las denuncias de inconstitucionalidad, el gobierno de Milei ha mantenido una postura inflexible. Esta decisión de mantener el decreto sin cambios refuerza la percepción de que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) prioriza un control más estricto sobre la información disponible al público, en detrimento de los principios de transparencia y acceso que la ley original pretendía garantizar. Críticos de la medida argumentan que estas restricciones no solo limitan la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar las acciones del gobierno, sino que también representan un retroceso en los avances hacia un Estado más abierto y transparente.

En un contexto de creciente tensión social, Patricia Bullrich decidió crear un “Comando Antibloqueos”, destinado a intervenir en situaciones de protestas que, según su visión, afectan principalmente a las empresas multinacionales que operan en el país.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha implementado una controvertida medida destinada a desactivar protestas y movilizaciones en sectores productivos clave del país. A través de la Resolución 893/24, Bullrich estableció el Comando Unificado de Seguridad Productiva, cuya misión es “ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”, como Vaca Muerta y las zonas portuarias de Rosario y Bahía Blanca.

Este nuevo organismo estará integrado por las cuatro fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con representantes de los cuerpos policiales de las provincias que decidan sumarse a la iniciativa. Además, la norma invita a los ministros provinciales de Seguridad a designar un representante para integrar el comando, que estará bajo la autoridad directa de Bullrich, quien “tendrá a su cargo la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo”.

Combatiendo “Amenazas a la Seguridad Nacional“

El origen de este comando se basa en lo que el Gobierno de Javier Milei ha calificado como “graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción”, en zonas críticas como puertos, áreas mineras o parques industriales. Según fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad, estas acciones no solo afectan la economía, sino que también podrían considerarse como actos que rozan el terrorismo, al poner en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad del país.

La resolución, sin embargo, no ofrece detalles específicos sobre los incidentes o los responsables, pero enfatiza que estos actos han generado “un peligro colectivo para la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas, así como para la libre circulación de los trabajadores y su actividad productiva”. En este sentido, el comando unificado se percibe como una herramienta esencial para evitar que estas protestas se conviertan en un foco de desestabilización, que en el discurso del gobierno podría ser interpretado como una forma de terrorismo.

En Defensa de la Seguridad Productiva

Con la creación de este comando, el Gobierno busca “desplegar territorialmente tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano en zonas de alta productividad”, lo que podría enfocarse principalmente en desactivar las medidas de fuerza de los trabajadores. Aunque no se menciona explícitamente en los fundamentos, es posible que esta acción esté vinculada con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que desde su concepción prometía “garantías” para evitar conflictos en áreas estratégicas, considerando cualquier alteración del orden como una amenaza directa a la seguridad del Estado.

Una Coordinación Centralizada

La coordinación del comando está a cargo de la máxima autoridad ministerial, es decir, de Patricia Bullrich. La ministra tendrá la responsabilidad de dirigir los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad involucradas en el operativo, en colaboración con las autoridades jurisdiccionales correspondientes, en lo que podría ser visto como un esfuerzo concertado para prevenir cualquier actividad que pueda ser catalogada como terrorista, especialmente en áreas de alta relevancia económica.

Aunque la investigación está a cargo de la Policía de la Ciudad, la ministra de Seguridad no se privó de lanzar sus propias hipótesis sobre quién o quiénes serían autores del atentado con paquetes bomba.

Patricia Bullrich sostuvo este viernes que la investigación del intento de atentado contra el presidente y el vice de la Sociedad Rural Argentina (SRA) “la está llevando adelante la Ciudad de Buenos Aires”, aunque no se privó de lanzar su propia hipótesis sobre el origen de los paquetes bomba.

Dijo que el Ministerio de Seguridad se está abocando al “análisis de la acción en sí misma en el marco de una estrategia antiterrorista”, apuntando a “sectores anarquistas” y “extremistas veganos” como posibles autores del hecho.

“Ha habido acciones muy violentas de sectores anarquistas, de extremistas veganos, que tiene una tradición de aparecer y desparecer. Recuerdo el caso de juez Bonadío, que tuvo un intento de bomba en su casa“, dijo la ministra.

Al abrir la segunda jornada de la Convención Anual del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) que se lleva a cabo en Mendoza, Bullrich señaló que “estamos trabajando en una serie de líneas, como mirar las cámaras y ver de dónde salió” la persona que envió o entregó los paquetes, quien “está detectada, aunque aún no se pudo conocer la identidad”.

“Es una hipótesis, la estamos estudiando y la Ciudad está haciendo la investigación. Espero que tenga una resolución rápida… La verdad es que fue inesperado, no hubo prevención previa“, agregó la funcionaria al ser consultada sobre el tema.

Qué dice la Sociedad Rural sobre la hipótesis de Patricia Bullrich

Vale advertir que, al ser consultado sobre los presuntos autores del atentado mencionados por Bullrich, el vice de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda -destinatario de uno de los paquetes bomba- dijo: “Yo descartaría que sean ellos porque en definitiva son activistas que necesitan pancartas, figurar, traspasar mensajes y esto no tiene nada que ver con eso”.

Por el momento, el hermetismo dentro de la investigación judicial es casi total. Sin embargo, no son pocas las sospechas que recaen sobre los propios servicios de inteligencia estatales o paraestatales, que con este tipo de hechos pretenden abonar una opinión pública favorable a reforzar la nueva SIDE reorganizada desde el gobierno de Javier Milei.

Uno de los que planteó públicamente esas sospechas fue el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, al advertir que no sería extraño que el ataque se vinculara directamente con el tratamiento en el Senado del decreto que busca aumentar los fondos reservados para la SIDE.

“Peligroso el atentando contra las autoridades de la Sociedad Rural. La investigación no puede descartar ninguna hipótesis. Es muy sugestivo que ocurra el día que el Senado está por rechazar los fondos reservados de la SIDE”, publicó el diputado nacional en la red social X.

El brutal ajuste se hace sentir sobre millones de argentinos.

Una encuesta reveló que la aprobación del gobierno nacional cayó tres puntos en el último mes, en línea con un crecimiento del pesimismo sobre la situación económica.

El sondeo realizado por la consultora Analogías muestra que el 43,6 por ciento desaprueba la gestión de Javier Milei. Hace un mes la misma encuesta mostraba una desaprobación del 40,6 por ciento, siendo hasta ese momento menor que la aprobación (que bajó de 41,9 a 38,9). El brutal ajuste se hace sentir sobre millones de argentinos.

También tiene una suba significativa la desaprobación sobre el manejo de la economía. El anterior sondeo (fines de julio) dio una desaprobación del 45,7 por ciento, mientras que ahora se ubica en 49,5 por ciento.

El alivio para el gobierno es que estos datos todavía no impactan de manera directa en la imagen personal de Milei, cuya negativa se ubica en 47 por ciento apenas dos décimas más que hace un mes. La positiva, 48,1 por ciento, sigue siendo mayor.

“Estamos en las pruebas finales”, aseguró el titular del INDEC.

A pesar del discurso oficial, la inflación no baja del 4% mensual, lo que atenta contra toda la estrategia económica de Javier Milei. Ahora, se anunciaron cambios en el Indec. ¿Se hablará de intervención?

“Estamos en las pruebas finales. Tenemos que tener mucho cuidado en cuándo hacemos los cambios para que esto se entienda bien”, aseguró el titular del INDEC, Marco Lavagna, aunque no explicó mucho más.

Según advierten especialistas, los cambios podrían tener que ver con bajar la influencia de los incrementos de los servicios públicos sobre el indicador. De este modo, Milei podría seguir con sus tarifazos sin que suba mucho la inflación promedio. Así cualquiera…

Durante el kirchnerismo, cuando la inflación era muchísima más baja, se habló de “intervención” en el Indec porque los grandes medios de comunicación aseguraban que la suba de precios era 0,5% superior a lo que decía el organismo público. Nunca más se habló de eso. ¿Qué dirán ahora?

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un extenso análisis sobre la dirección económica del gobierno actual y los retos que enfrenta su espacio político.

En la carta, publicada este viernes, Cristina Fernández critica las políticas implementadas por el presidente Javier Milei durante sus primeros nueve meses de mandato. Asimismo, llama al peronismo a reorganizarse para “alinear pensamiento, palabra y acción” y así recuperar su rol como alternativa de gobierno.

La misiva, de ocho páginas y titulada “Es la economía bimonetaria, estúpido”, inicia con una cita del expresidente estadounidense John Adams: “Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada, la otra es la deuda”. A partir de ahí, Cristina Fernández enfoca su crítica en la falta de dólares, identificándola como el principal problema que enfrenta la economía argentina. Señala, además, las contradicciones entre las promesas de campaña de Milei y las políticas que finalmente ha llevado a cabo.

Fernández de Kirchner describe a Javier Milei como un “ultralibertario” que, pese a prometer en campaña la reducción del peso del Estado en la vida de los argentinos, ha intervenido y controlado tres de los cuatro precios “fundamentales” de la economía. Específicamente, menciona el precio del dólar (mediante una tablita de crawling peg del 2% mensual), el del dinero (a través de una tasa de interés de referencia ultra negativa), y el del trabajo (estableciendo límites en los acuerdos salariales).

A nueve meses de la llegada de Milei y “las fuerzas del cielo”…

ES LA ECONOMÍA BIMONETARIA, ESTÚPIDO. Aportes para un debate argentino.

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— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

Por otro lado, sostiene que el único precio que el presidente ha liberado es el de los bienes y servicios, aunque con ciertas restricciones, ya que las tarifas de luz, gas y transporte aún conservan subsidios para algunos usuarios, y el Estado no tiene datos precisos sobre los costos reales en esos sectores.

Según la expresidenta, “hoy Argentina no tiene los dólares necesarios para pagar la deuda, y los mercados lo saben”. Esta escasez de dólares, según ella, fue lo que impidió que Milei llevara a cabo la dolarización que había previsto como un plan de estabilización para consolidar la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía tras la devaluación y el ajuste fiscal. Cristina también destaca la paradoja de que, a pesar de que Milei se considera un líder admirado a nivel global, no ha logrado atraer préstamos en dólares, y lo define como “el ex libertario”.

Crítica a los sindicatos

Fernández de Kirchner también cuestiona el rol de los sindicatos, señalando que las representaciones sindicales tradicionales del siglo XX, fundamentales para el peronismo, ya no reflejan la realidad de la mayoría de los trabajadores. Afirma que el panorama laboral ha cambiado drásticamente, y que los trabajadores registrados en el sector privado representan una minoría dentro de la población económicamente activa. Además, solo el 40% de estos trabajadores están sindicalizados, lo que debilita la influencia de los sindicatos.

Para Cristina, este escenario evidencia la necesidad de que el peronismo revise su relación con los sindicatos y adapte sus políticas a una nueva realidad laboral, donde el sector formal ya no es ni el único ni el más representativo.

Cuestionamientos al Déficit Fiscal

Finalmente, Cristina critica la falta de acciones para revertir el déficit fiscal, señalando que no se ha impulsado una reducción del gasto tributario que beneficia a los sectores más concentrados de la economía, ni se ha llevado a cabo una reforma tributaria que construya un sistema más racional y equitativo.

Este jueves en las oficinas que la Sociedad Rural Argentina tiene en Palermo, llegaron dos paquetes que escondían explosivos.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue el objetivo de un grave intento de atentado cuando dos paquetes que contenían explosivos fueron enviados a la sede porteña de la entidad. Uno de ellos detonó, generando una situación de alarma y conmoción.

El artefacto provocó una pequeña explosión al ser abierto, dejando como saldo una secretaria herida con un hematoma, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández. Otras tres personas también fueron atendidas en el lugar y derivadas por el SAME al hospital, aunque sin presentar heridas graves.

El segundo paquete, que fue analizado por la Brigada de Explosivos, expulsó humo y estaba dirigido específicamente a Nicolás Pino, importante referente del sector agropecuario. De acuerdo con las primeras informaciones, ambos envíos llegaron a través de la empresa de correos Andreani, lo que no generó sospechas iniciales, ya que la recepción de correspondencia por esta vía es habitual en el edificio.

El ataque dirigido a Pino

Nicolás Pino, que mantiene una relación fluida con el presidente Javier Milei y ha compartido varios encuentros con la Casa Rosada, se convirtió en blanco de este atentado. Recientemente, Pino y Milei se vieron cara a cara en la inauguración de la tradicional muestra de la Sociedad Rural en Palermo, en julio, evento que también contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El atentado adquiere un tinte aún más preocupante debido al contexto político. Pino es una figura central en el agro, sector que ha sido históricamente crítico de las políticas de intervencionismo estatal. La última vez que el dirigente del agro y el presidente coincidieron fue en el Día de la Industria, en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde Milei pronunció un discurso en el que afirmó: “Para proteger a la industria, los anteriores gobiernos le robaron al campo”. Esta declaración fue seguida de un comentario cómplice hacia Pino: “¿Me escuchaste, no?”, evidenciando la cercanía entre ambos.

Investigación en curso

Tras la explosión, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en la sede de la Sociedad Rural, ubicada en Juncal 4450, y la zona fue rápidamente acordonada. La Brigada de Explosivos continúa trabajando en el análisis del segundo paquete, mientras que la Policía revisa las cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

El caso está siendo investigado por el Juzgado Federal a cargo del doctor Sebastián Casanello, quien ya ha solicitado informes preliminares sobre los envíos y el posible origen de los artefactos explosivos.

Este intento de atentado no solo pone en riesgo la integridad de un dirigente clave del sector agropecuario, sino que atenta contra los principios fundamentales de convivencia y seguridad en una sociedad democrática. Todo ciudadano, sin importar su afiliación o actividad, tiene derecho a expresarse y trabajar libre de violencia o amenazas.

La situación genera una profunda preocupación, y resulta imperativo que la justicia avance rápidamente en identificar a los responsables de este acto criminal. La libertad de disentir y expresar ideas debe ser preservada y protegida, tal como lo garantiza la Constitución Nacional.

Además, minimizó los efectos de la represión al afirmar: “No diría que hubo ‘abuelos gaseados’; no creo que eso sea correcto”, lanzó.

Tras los graves incidentes ocurridos frente al Congreso durante la manifestación contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó la represión ejercida contra los manifestantes y lanzó comentarios irónicos al respecto. “Vi muchos jubilados jóvenes, con la cara tapada”, afirmó, sugiriendo la infiltración de “grupos extremistas de izquierda”. Estas declaraciones buscaron desviar la atención del hecho central: el uso de la fuerza contra una protesta legítima.

La protesta, en la que participaban jubilados y diversas organizaciones sociales, tuvo lugar frente al Congreso y fue violentamente dispersada por las fuerzas de seguridad. Francos, en lugar de condenar los excesos policiales, intentó justificar la intervención. “Generaron la reacción esperada de las Fuerzas de seguridad, que aplicaron el protocolo correspondiente para liberar el espacio público”, señaló.

Sin embargo, este enfoque omite un principio fundamental de la Constitución Nacional: el derecho a la protesta pacífica. La Carta Magna garantiza que todo ciudadano tiene la libertad de manifestarse para expresar sus demandas y preocupaciones, sin ser reprimido por ejercer este derecho. En un contexto donde los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, se movilizan para defender sus derechos, cualquier intento de reprimir esas expresiones merece ser categóricamente condenado.

Francos, además, minimizó los efectos de la represión al afirmar: “No diría que hubo ‘abuelos gaseados’; no creo que eso sea correcto”. Estas declaraciones no sólo resultan irónicas, sino que desvían la atención del uso desmedido de la fuerza pública en un contexto donde se debió priorizar el diálogo y la mediación, en lugar de la violencia.

El ministro también destacó que más de 20 policías resultaron heridos en los enfrentamientos, pero deslizó que la responsabilidad no recaía en los jubilados, sino en “fuerzas políticas entrenadas para generar caos y desorden”. Esta forma de plantear los hechos parece buscar una justificación para el uso de la represión, lo cual es inadmisible en una democracia.

Ante la pregunta sobre si el gobierno de Javier Milei es “cruel con los jubilados”, Francos negó la acusación y sostuvo que las jubilaciones aumentaron durante su gestión. Sin embargo, estas afirmaciones se contrastan con el reclamo genuino de los manifestantes, quienes salieron a las calles para visibilizar la crisis que atraviesan tras el veto a la ley de movilidad.

La sesión en Diputados, interrumpida por los enfrentamientos, terminó con la retirada de legisladores del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria, quienes condenaron enérgicamente los hechos de violencia ocurridos afuera. La represión contra los jubilados no es solo un ataque contra un sector específico, sino una violación a los derechos consagrados por la Constitución, que garantiza el derecho a manifestarse como una de las formas más genuinas de participación en la vida democrática.

“Si el Gobierno no logra salir del cepo o se atrasa mucho la salida, la falta de credibilidad le va a costar muchísimo”, advirtió.

Fausto Spotorno es director de la consultora de Orlando Ferreres y fue asesor de Javier Milei hasta que lo echaron del gobierno por discrepar con el rumbo elegido por el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde hace un tiempo se muestra crítica con la política oficial y advierte: “No le queda mucho tiempo para salir del cepo”.

“Si el Gobierno no logra salir del cepo o se atrasa mucho la salida, la falta de credibilidad le va a costar muchísimo”, advirtió.

“Al Gobierno le hubiera gustado que operáramos como funcionarios públicos sin serlo”, ironizó sobre la salida del gabinete. A Milei no le gustaron sus críticas a las políticas oficiales.

No es la primera voz ortodoxa que cuestiona a Casa Rosada por postergar la salida del cepo. El ultraliberal Domingo Cavallo aseguró lo mismo aunque reconoció que “el gobierno parece dar señales que no se saldrá del cepo este año”.

El director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia reflexionó sobre los datos de pobreza que alcanzaron al 52% de la población y alertó que “la indigencia se duplicó con respecto al año pasado”. El dato marcó una suba de 17,9%, según su último relevamiento.

En declaraciones con Radio 10, el sociólogo también advirtió que el desempleo podría subir un punto este mes. “Es una situación que se ha agravado sin dudas. Seguramente va a dar un punto más de desempleo”, dijo en la entrevista.

Y agregó: “Frente a la crisis que tenemos es llamativo que no haya aumentado más. Las empresas tendieron a mantener a su personal y quienes han sufrido más son los sectores informales, la indigencia se duplicó respecto al año pasado”.