Mirtha Legrand hizo estallar la polémica por el escándalo Adorni y desató un debate explosivo en su mesa.

Mirtha Legrand volvió a demostrar que no le teme a los temas incómodos y convirtió su programa en el epicentro de una fuerte polémica. En la noche del sábado 11 de abril, durante una nueva emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece), la conductora lanzó una pregunta explosiva sobre el caso que sacude al gobierno de Javier Milei: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero Manuel Adorni.

“¿Y el caso Adorni?”, disparó sin rodeos, encendiendo de inmediato el clima en la mesa. Pero no se detuvo ahí. “Qué increíble. Esta señora, ¿le había prestado la plata de verdad?”, insistió, en alusión a las mujeres involucradas en la causa vinculada a la compra de propiedades. “Es raro todo, es extraño”, remató, dejando planteadas dudas que incomodaron a todos.

La reacción fue inmediata. Lejos de esquivar el tema, sus invitados —Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase, Mariana Brey y Belén Francese— se metieron de lleno en el debate, generando un intercambio intenso que por momentos subió la temperatura del programa.

Uno de los momentos más destacados lo protagonizó Reynaldo Sietecase, quien aportó una metáfora que resonó en la mesa: “El gobierno está cargando con algo que yo llamo el delantal blanco”. Y explicó: “Cuando asumieron dijeron ‘venimos contra la casta’, entonces en ese delantal blanco las manchas se notan más”.

La frase sintetizó el eje del debate: el costo político de construir un discurso basado en la transparencia y quedar expuesto ante cualquier sospecha. En ese sentido, el periodista fue más allá y planteó una comparación incómoda: “¿Qué estaríamos diciendo si esto pasara en un gobierno peronista , estaríamos pidiendo la renuncia desde el Obelisco? Si fuimos exigentes con la corrupción durante el Kirchnerismo me parece que hay que tener la misma vara”.

Con su intervención filosa, Mirtha Legrand no solo puso el tema en agenda, sino que logró lo que mejor sabe hacer: transformar su mesa en un escenario de alto voltaje político, donde las opiniones chocan, incomodan y generan repercusión.

La crisis del PAMI desató una ola de denuncias que apuntan de manera directa contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, a quienes distintos actores del sistema de salud responsabilizan por un deterioro acelerado que ya impacta en la atención de jubilados y amenaza con un colapso sanitario.

Desde clínicas privadas que trabajan con la obra social advierten que el problema central no es la falta de pacientes, sino el ajuste en los pagos. Un prestador reveló que, pese a contar con cien camas —de las cuales el PAMI suele ocupar el 75%—, en los últimos días no se registraron nuevas internaciones porque el organismo dejó de cubrir la totalidad de las prestaciones durante marzo. A esto se suma la interrupción en la provisión de prótesis de cadera, una práctica clave para adultos mayores, también por deudas impagas.

Las críticas vinculan directamente esta situación con el plan de superávit fiscal impulsado por Caputo y respaldado por Milei. Según denuncian, el recorte del gasto público en áreas sensibles como Salud derivó en faltantes de medicamentos, reducción de atención médica, ausencia de vacunas y hasta el cierre de servicios para jubilados. Lo que comenzó como una política económica, sostienen, se transformó en un factor de riesgo sanitario concreto.

El diagnóstico desde el sector es alarmante. Fuentes de la salud privada califican el escenario como “terminal” y advierten que el sistema podría colapsar, especialmente con la llegada del invierno. Funcionarios municipales, que ya registran un fuerte aumento de la demanda en centros de atención primaria, alertan que los gobiernos locales están absorbiendo pacientes que el PAMI ya no cubre.

El desfinanciamiento también golpea a clínicas y sanatorios, que denuncian atrasos de hasta cuatro meses en los pagos. Incluso, en marzo solo cobraron una parte de las prestaciones realizadas en diciembre, lo que llevó a muchos establecimientos a recortar servicios o directamente dejar de atender afiliados. Esto empuja a los pacientes hacia el sistema público, que también enfrenta demoras y pagos desactualizados.

La crisis se extiende a las farmacias, que reportan una deuda millonaria por parte del PAMI. El retraso en los pagos y la imposibilidad de reponer stock ya genera problemas de abastecimiento que afectan no solo a jubilados, sino al conjunto de la población. Desde el sector advierten que el sistema se sostiene con endeudamiento, pero que la situación es “insostenible”.

En este contexto, intendentes describen un “cóctel explosivo”: más demanda en salud pública, caída de ingresos por la recesión y aumento de la morosidad. Los datos muestran un crecimiento sostenido de las consultas en centros municipales, que se consolidan como la última red de contención frente al vaciamiento del PAMI.

Las denuncias coinciden en un punto: el ajuste económico impulsado por Milei y Caputo no solo afecta las cuentas públicas, sino que está teniendo consecuencias directas en el acceso a la salud, especialmente para uno de los sectores más vulnerables, como los jubilados.

Mientras Milei protagonizaba un show musical en un evento privado, la justicia federal acumulaba nuevas pruebas sobre el esquema de retornos en la ANDIS. La fiscalía investiga si la recaudación ilegal en el organismo se mantuvo activa durante los meses de mayor exposición del discurso oficialista contra la corrupción.

Mientras el ajuste salvaje de la “motosierra” deja sin prestaciones a miles de personas con discapacidad, una investigación del diario Página/12 revela el lado más oscuro del marketing libertario. No fue “la casta” ni las regalías de sus libros: el fastuoso show de Javier Milei en el Movistar Arena habría sido financiado con dinero proveniente de empresarios beneficiados por una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El “padrino” del show: La caja de los medicamentos

La investigación, firmada por el periodista Raúl Kollmann, pone nombres y apellidos al financiamiento del evento donde Milei cantó rock ante 15.000 personas. El alquiler del estadio, que rondó los 70.000 dólares, habría sido cubierto por la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina.

Lo que el relato oficial intenta ocultar es que esta empresa es la principal proveedora de medicamentos de alto costo de la ANDIS. En criollo: el “León” rugía contra los empresarios prebendarios mientras uno de los mayores contratistas del Estado le pagaba el escenario.

Audios del horror: Dólares en la basura y retornos del 3%

La causa judicial, que ya cuenta con audios filtrados de Florencia Pérez Roldán (vinculada a los empresarios), describe maniobras de ocultamiento dignas de una película de gángsters:

• Fuga de divisas: Ante la inminencia de allanamientos, los empresarios habrían retirado 270.000 dólares de una propiedad.
• Plata tirada: En la desesperación por esconder el rastro del dinero, 50.000 dólares terminaron dentro de un contenedor de basura para evitar que la Policía Federal los encontrara.

Pero el escándalo no termina en el show. El fiscal Franco Picardi investiga la existencia de una “ventanilla de pagos indebidos” en la ANDIS, donde se exigía un 3% de retorno por cada factura liberada.

La “Casta” está de fiesta, los vulnerables en la calle

El dato más sensible de la investigación roza el entorno íntimo de la Casa Rosada. La ANDIS depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Esto sugiere que la estructura de recaudación ilegal no era un “cuentito” de funcionarios aislados, sino un mecanismo para sostener la logística y la propaganda del movimiento libertario.

Mientras el Gobierno se jacta de un superávit fiscal ficticio, la realidad es que ese dinero se le quita a los más débiles. Hoy, la ANDIS es noticia por las coimas y el rock, mientras miles de beneficiarios del programa Incluir Salud denuncian que no reciben sus remedios ni sus tratamientos. Una vez más, la libertad parece ser solo para los que pueden pagar el peaje del 3 por ciento.

El fiscal Guillermo Marijuan endureció su acusación contra la ex cúpula de la Agencia Nacional de Discapacidad. Asegura que se montó una estructura jerárquica para agilizar fondos públicos a cambio de retornos, afectando directamente el presupuesto destinado a los sectores más vulnerables.

La investigación judicial sobre la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tomó un giro determinante tras el último dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan. En su presentación ante el juez Sebastián Ramos, el fiscal describió al organismo como una “ventanilla de pagos indebidos” que funcionaba bajo una lógica de recaudación ilegal, donde el otorgamiento de fondos estatales estaba condicionado al pago de sobornos por parte de los prestadores.

Según la acusación, la estructura liderada por los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Pablo Calvete no operaba de manera aislada, sino que respondía a un esquema de “negocios espurios” perfectamente aceitado. La fiscalía sostiene que se establecieron prioridades arbitrarias en la cadena de pagos del programa Incluir Salud: aquellas empresas o transportistas que accedían a entregar un porcentaje de sus facturaciones recibían sus fondos de manera inmediata, mientras que el resto sufría demoras injustificadas.

El dictamen judicial hace especial hincapié en la vulnerabilidad de las víctimas de este esquema. Marijuan señala que la maniobra es doblemente grave dado que los fondos desviados debían garantizar la atención médica, traslados y tratamientos de personas con discapacidad. Para la fiscalía, el uso de un organismo con fines sociales como una herramienta de extorsión financiera representa uno de los puntos más oscuros de la gestión investigada.

Las pruebas recolectadas incluyen registros de comunicaciones, movimientos bancarios sospechosos y testimonios de empresarios del sector salud que habrían sido presionados para entrar en el circuito de coimas. El fiscal remarcó que la ANDIS fue desnaturalizada en sus funciones primordiales, convirtiéndose en un ente facilitador de intereses privados que buscaban “sostener negocios” a costa del erario público y la salud de los beneficiarios.

Dentro del pedido de nuevas indagatorias, se subraya el rol de intermediarios que actuaban como nexo entre los altos mandos del organismo y los prestadores. Estos actores eran los encargados de “negociar” los montos de los retornos, que en algunos casos llegaban a cifras millonarias dada la magnitud de las deudas que el Estado mantenía con el sector. La fiscalía busca ahora determinar si estos fondos escalaron hacia otras esferas del poder político.

La causa entra ahora en una etapa de definiciones procesales, donde el juez Ramos deberá analizar si las pruebas presentadas por Marijuan son suficientes para procesar a la veintena de involucrados. Mientras tanto, el impacto del escándalo continúa resonando en el sector de discapacidad, donde se exige una auditoría integral para garantizar que los recursos lleguen finalmente a quienes los necesitan, sin peajes ilegales de por medio.

La escribana Adriana Nevechenko hundió al jefe de gabinete, Manuel Adorni, en una entrevista donde reconoció que no compró ninguna propiedad antes de ser funconario. “Se le vino todo junto”. Desde que llegó al gobierno de Javier Milei multiplicó varias veces su patrimonio. La fiesta de Adorni no para.

“En los 15 años anteriores que usted lo conocía a Adorni, ¿cuántas operaciones había hecho con inmuebles?”, le preguntaron en el programa. “Justo ninguna”, dijo la escribana y largó una carcajada. “Se le vino todo junto”, remató con una picaresca admirable.

“Hay una relación de confianza entre el hijo de una las vendedoras y los compradores”, dijo la escribana, en referencia a Pablo Martín Feijoo, hijo de la jubilada Beatriz Viegas, una de las prestamistas de Adorni. Feijoo estuvo en la Rosada con Adorni, pero su madre dijo no conocer al funcionario.

Los periodistas le remarcaron a la escribana la declaración de la jubilada. “Definime conocer: yo me voy de acá, ¿ustedes van a decir que me conocen? En realidad mucho no me conocen”, explicó la profesional.

En el centro de la polémica quedó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, a quien denuncian por haber utilizado uno de estos préstamos para adquirir una tercera propiedad, en presunta violación de las condiciones de la línea crediticia.

La información fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich, quien aseguró que Furiase compró una casa de alto valor en un country de Pilar mediante un crédito del Banco Nación, pese a que estos préstamos están destinados a la compra de primera o segunda vivienda. Según detalló, el funcionario ya contaba con al menos dos propiedades a su nombre, lo que convertiría la operación en incompatible con los requisitos establecidos.

De confirmarse, el caso no solo pondría en evidencia un posible incumplimiento de las normas del banco, sino también reforzaría las sospechas sobre un trato preferencial hacia funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo. En ese marco, también se analiza un eventual conflicto de intereses, dado que Furiase ocupaba un cargo en el Banco Central —organismo que regula al sistema financiero— al momento de gestionar el crédito.

El episodio se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre la adjudicación de préstamos a figuras vinculadas al gobierno, en medio de cambios en la política monetaria que impactaron en las tasas y condiciones de financiamiento.

Pese a la magnitud que va tomando el escándalo, el presidente Javier Milei salió a respaldar a quienes accedieron a estos créditos, al sostener que no se cometió ningún delito grave, lo que a su vez alimentó la controversia y el debate público sobre la ética en el uso de recursos financieros estatales.

La economía real continúa mostrando señales de debilidad y la industria vuelve a encender alarmas. Pese a un alivio transitorio por otros indicadores, los datos del INDEC confirman que la actividad industrial no logra recuperarse y profundiza su tendencia negativa.

Durante febrero de 2026, la actividad industrial se desplomó un 8,7% interanual, marcando la octava caída consecutiva frente al mismo mes del año anterior. Lejos de tratarse de un dato aislado, el deterioro se sostiene en el tiempo: desde junio de 2025, el sector no consigue registrar mejoras interanuales.

El impacto es generalizado y severo. En el segundo mes del año, 14 de las 16 ramas industriales registraron caídas, reflejando una crisis extendida en casi todo el entramado productivo. Entre los retrocesos más pronunciados se destacan Maquinaria y equipo (-29,4%), el sector automotor (-24,6%), otros equipos e instrumentos (-24,6%) y la industria textil y de indumentaria (-18,2%). Incluso rubros clave como Alimentos y bebidas mostraron números negativos (-6,9%), evidenciando la magnitud del freno económico.

El panorama se agrava al observar la dinámica mensual: la actividad industrial cayó un 4% respecto de enero, lo que profundiza la tendencia contractiva. Así, el acumulado del primer bimestre de 2026 arroja una baja del 6% en comparación con el mismo período del año anterior.

Las pocas excepciones positivas —como refinación de petróleo (+19,7%) y productos químicos (+3,7%)— no alcanzan a compensar el derrumbe generalizado.

A este escenario se suma la debilidad en la construcción, otro motor clave de la economía, que registró una caída interanual del 0,7% en febrero. Aunque el acumulado bimestral muestra un leve avance del 0,3%, el dato mensual confirma la fragilidad del repunte.

En conjunto, los indicadores reflejan una economía que no logra consolidar una recuperación, con una industria golpeada, caídas extendidas en la mayoría de los sectores y señales de estancamiento que persisten en el inicio de 2026.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este jueves un acto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde lanzó el Movimiento Derecho al Futuro Universidad y Ciencia y llamó a construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei. En ese marco, aseguró que a la actual gestión nacional “le quedan menos de dos años”.

Ante un Aula Magna colmada, el mandatario provincial combinó críticas a las políticas oficiales con un fuerte mensaje hacia el futuro: convocó a organizarse desde el ámbito universitario y a consolidar una propuesta capaz de disputar el rumbo del país. El auditorio acompañó con cánticos de “Presidente, Axel presidente”, mientras el gobernador advertía sobre el desgaste del gobierno libertario, al que describió atravesando un proceso de “putrefacción”.

Durante su discurso, Kicillof cuestionó con dureza el rumbo económico y social de la administración nacional. Habló de una crisis que “se desenvuelve a una velocidad vertiginosa”, con cierre de empresas, despidos y endeudamiento, y sostuvo que el país atraviesa una situación “muy profunda: social, alimentaria, productiva y laboral”. También apuntó contra lo que definió como un “terraplanismo multidisciplinario” y criticó el alineamiento internacional del oficialismo, al tiempo que alertó sobre un mundo en transformación frente a un gobierno “en babia”.

Uno de los ejes centrales fue la defensa de la universidad pública y el sistema científico. Kicillof denunció la existencia de “un plan de destrucción masiva” contra estos sectores y calificó el momento como “espantoso” y “muy oscuro”. En ese sentido, planteó que el lanzamiento del espacio universitario del MDF constituye “un acto de resistencia y de lucha” y llamó a “no resignarse”, insistiendo en que “hay otro camino” que debe ser construido colectivamente.

Venimos a plantar la bandera de la industria nacional, la ciencia y la soberanía

Lanzamos el MDF Universidad y Ciencia para enfrentar el modelo de ajuste y destrucción de Milei con la premisa de que no hay desarrollo sin ciencia y educación. Hay otro camino y lo tenemos que… pic.twitter.com/jbqOpRFdXz

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 9, 2026

El gobernador cerró su intervención reforzando la idea de alternativa política: pidió trabajar con planificación, recuperar un Estado presente y generar nuevas propuestas. “A esta experiencia de Milei le quedan menos de dos años”, concluyó entre aplausos.

Además, envió un mensaje directo al peronismo, al reclamar que se dejen de lado las disputas internas. “Hay que perder el menor tiempo posible en internas y hablarle a todo el mundo”, sostuvo, en referencia también a las tensiones del período 2019-2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. “No nos puede pasar de nuevo ganar una elección y después tener dificultades para gobernar”, advirtió.

El acto también tuvo un componente personal para el mandatario, quien reivindicó su vínculo con la universidad pública: recordó su paso como estudiante, su rol como docente y su tarea como investigador del CONICET, afirmando sentirse “en casa”.

La actividad contó con una fuerte presencia de funcionarios bonaerenses, referentes del ámbito científico y militancia universitaria, en lo que fue una nueva señal del armado político que Kicillof impulsa a nivel nacional. El lanzamiento del MDF Universidad y Ciencia se inscribe así en una estrategia más amplia de proyección hacia 2027, con eje en la construcción territorial, la elaboración de propuestas y la disputa de espacios clave como el universitario.

El presidente Javier Milei admitió por primera vez que la economía atraviesa un momento difícil y pidió “paciencia” a la población. “Estos últimos meses fueron duros”, reconoció este jueves en un mensaje difundido en sus redes sociales, aunque insistió en que “el rumbo es el correcto”.

El reconocimiento se produjo en un contexto de creciente malestar social reflejado en encuestas, que muestran un aumento sostenido de la imagen negativa del mandatario. A la par, se conocieron datos oficiales que dan cuenta del enfriamiento de la actividad económica: la industria registró en febrero una caída interanual del 8,7%, con fuertes desplomes en sectores clave como maquinaria, automotores y textiles, varios de ellos por encima del 20%.

Pese a este escenario, Milei defendió su programa económico —basado en el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura de importaciones— y descartó cambios de rumbo. Sostuvo que las dificultades actuales son consecuencia de la herencia recibida y aseguró que los resultados de sus políticas “ya están a la vista”.

En su mensaje, también volvió a cuestionar con dureza a la prensa, a la que acusó de distorsionar la realidad económica. Sin embargo, reconoció que la mejora no alcanza a todos por igual: “Las estadísticas reflejan promedios y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución”, señaló, antes de reiterar su pedido de paciencia.

Números que preocupan

Los indicadores económicos refuerzan el clima de preocupación. Además de la caída industrial, la construcción volvió a retroceder en febrero y acumula variaciones negativas, afectando a uno de los sectores más importantes para el empleo. A esto se suman un leve aumento del desempleo y una inflación que, tras desacelerarse inicialmente, volvió a mostrar una tendencia al alza en los últimos meses.

En ese marco, el mensaje presidencial marca un punto de inflexión: por primera vez, el Gobierno reconoce abiertamente las dificultades económicas, aunque mantiene su apuesta a que los resultados positivos llegarán con el tiempo.

El caso de la diputada salteña de La Libertad Avanza, Gabriela Flores, reaviva el debate: la legisladora admitió que utiliza pasajes oficiales del Congreso de la Nación para financiar los traslados de su hijo, quien estudia Abogacía en Buenos Aires.

Lejos de tratarse de una revelación externa, fue la propia Flores quien defendió públicamente la decisión. Argumentó que, debido a la distancia y al desarraigo que implica su función, recurre a esos recursos para que su hijo pueda “ir y venir” entre Salta y la Capital Federal. “No es un delito”, afirmó, restándole importancia a una práctica que tensiona directamente con el discurso de austeridad extrema que promueve su espacio político.

El episodio pone de relieve una contradicción difícil de soslayar: mientras se impulsa un ajuste profundo sobre amplios sectores de la sociedad bajo la consigna de que “no hay plata”, algunos funcionarios continúan utilizando herramientas del Estado en beneficio de su entorno más cercano. El uso de viáticos y pasajes para familiares no solo reabre cuestionamientos éticos, sino que también debilita la credibilidad de una narrativa que se presenta como ruptura con los privilegios tradicionales.

Así, más que una excepción, el caso expone cómo las lógicas que se prometían erradicar encuentran continuidad en la práctica cotidiana. En medio de un contexto social marcado por recortes y sacrificios, la distancia entre el discurso contra la “casta” y el uso efectivo de los recursos públicos vuelve a quedar en evidencia.