Mientras el presidente Javier Milei sigue sosteniendo al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se conocen más gastos excéntricos del cuestionado dirigente libertario. Ya nadie duda de que Adorni tiene un nivel de vida que nada tiene que ver con sus ingresos formales. De hecho, hasta hace unos pocos años se jactaba de una vida muy austera. Desde que es funcionario vive como un faraón.

Entre los gastos excéntricos, se conocen compras de sábanas por 8 millones de pesos o la adquisición de un flipper de colección por 8 mil dólares.

Según Adorni, todos esos gastos son posibles porque descubrió que tenía en un pendrive inversiones multimillonarias en criptomonedas, lo que le permitió sumar ingresos por 500 mil dólares. Por supuesto, nadie le creyó salvó Javier y Karina Milei, que le creen o no, y solo lo mantienen por motivos que nadie comprende.

Los cuestionamientos sobre los gastos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumaron un nuevo capítulo luego de que se conociera que habría desembolsado alrededor de 8 mil dólares para comprar un flipper de colección, una adquisición que vuelve a poner bajo la lupa su patrimonio y sus gastos personales.

La revelación se produjo pocos días después de que trascendiera la compra de sábanas de lujo valuadas en más de 8 millones de pesos. Según informó el portal La Política Online, la periodista Romina Manguel dio a conocer que Adorni adquirió un flipper de Los Locos Addams, uno de los modelos más buscados por los coleccionistas de pinball.

Fabricado por la empresa Bally en 1992, tras el estreno de la película protagonizada por Raúl Juliá y Anjelica Huston, el juego es considerado una pieza icónica dentro del mundo de los flippers. De hecho, es el modelo de estado sólido más vendido de la historia, con más de 20 mil unidades comercializadas.

Actualmente, una máquina de estas características puede encontrarse en el mercado por valores que oscilan entre los 12 y los 14 millones de pesos. De acuerdo con la información difundida, Adorni habría recibido el flipper en julio de 2025, cuando su salario como funcionario nacional todavía no alcanzaba los 2 millones de pesos mensuales.

La nueva revelación se suma a otras polémicas vinculadas a las inversiones y movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete. Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan cuestionamientos en el Congreso y analizan posibles medidas políticas contra el funcionario.

Pese a la acumulación de denuncias y controversias, el presidente Javier Milei ratificó su respaldo a Adorni. Según fuentes citadas por La Política Online, durante un encuentro en la Quinta de Olivos el mandatario dejó en claro que mantendrá al funcionario en su cargo. “Ni lo va a echar ni se va a ir”, aseguraron desde el entorno del jefe de Gabinete.

La fiscalía federal solicitó la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos al considerar que el contrato con el que intentó justificar una transferencia de US$200.000 recibida de Federico “Fred” Machado fue una maniobra ficticia destinada a dar apariencia legal a fondos de origen sospechoso.

Según el dictamen, el dinero provino de una empresa vinculada a una organización criminal transnacional por la que Machado fue condenado en Estados Unidos. Los investigadores sostienen que Espert nunca realizó los trabajos de consultoría minera que figuraban en el acuerdo y destacan que ni siquiera viajó a Guatemala, donde supuestamente se había firmado el contrato.

La fiscalía reconstruyó además el recorrido de los fondos y afirmó que fueron utilizados para comprar un BMW, posteriormente reemplazado por un Lexus valuado en casi US$130.000, y para realizar aportes a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.

Entre las pruebas más relevantes aparecen audios y chats de WhatsApp entre contadores vinculados a Espert. En esas conversaciones se analiza cómo manejar la transferencia recibida, cómo encuadrar fiscalmente el supuesto contrato y qué estrategia seguir para evitar declarar los fondos. Un archivo preparado para una reunión con el economista incluso evaluaba distintas alternativas tributarias, incluida la opción de “no mostrar nada”, que según la fiscalía fue finalmente la elegida.

Otro audio incorporado al expediente sugiere que, desde el momento en que ingresaron los US$200.000, se planificó utilizar una sociedad vinculada a Espert para justificar los ingresos. Además, los investigadores no descartan que hayan existido otros pagos vinculados al contrato, cuyo monto total ascendía a US$1 millón.

Con esta evidencia, la fiscalía concluyó que existen elementos suficientes para sospechar una maniobra de lavado de dinero basada en la recepción, circulación y posterior inversión de fondos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

La investigación judicial sobre el patrimonio y los movimientos financieros vinculados al entorno familiar de Manuel Adorni incorporó nuevos elementos que podrían ampliar el alcance de la causa.

Entre ellos, documentación que indica que el alquiler de la vivienda ubicada en el country Fincas de Iraola II, donde reside Silvia Pais, madre del funcionario, habría sido pagado por un año completo por adelantado y en dólares.

Según la información remitida a la Justicia por la administración del barrio privado, el contrato de locación no figura a nombre de Silvia Pais sino de Juan Pais, tío de Adorni y hermano de su madre. El acuerdo habría sido firmado por dos años con un canon mensual de 1.100 dólares y un desembolso inicial de aproximadamente 12.000 dólares correspondiente a doce meses de alquiler adelantados.

La documentación fue requerida por el juzgado que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales y financieras vinculadas al entorno del actual jefe de Gabinete. Además del contrato, se incorporaron datos sobre las expensas, estimadas en alrededor de 500 mil pesos mensuales, y otros registros relacionados con la ocupación de la propiedad.

La aparición del nombre de Juan Pais en la operación suma un nuevo integrante de la familia al foco de atención judicial. Los investigadores buscan determinar quién afronta efectivamente los gastos de la vivienda y bajo qué condiciones se concretó la contratación.

Estos nuevos datos se conocen en medio de una serie de revelaciones sobre gastos y bienes atribuidos a Adorni que también son objeto de análisis público y judicial. La mudanza de su madre a un exclusivo barrio privado ya había despertado interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para sostener ese nivel de gastos.

Paralelamente, la causa avanza sobre otros aspectos patrimoniales de la familia. Entre ellos, las declaraciones vinculadas a una supuesta herencia en dólares y activos digitales que los hermanos Adorni habrían utilizado para justificar parte de su crecimiento patrimonial. La Justicia analiza actualmente la consistencia de esas explicaciones y las diferencias detectadas en distintas declaraciones juradas presentadas por integrantes del grupo familiar.

Con la incorporación de esta nueva documentación, la investigación suma elementos que podrían resultar relevantes para reconstruir los movimientos financieros y patrimoniales bajo análisis.

La diputada nacional Lilia Lemoine se quejó ante legisladores y dirigentes libertarios de que es la única “que pone la cara” para defender al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado por corrupción. “Nadie va a la tele a defenderlo”, exigió.

“Es una locura, hasta hace una semana nadie podía dar notas sin pedir permiso y ahora nos piden ir a defender a Adorni”, le respondió un diputado oficialista.

Lemoine responde a Karina Milei, al igual que Adorni, y parece dispuesta a todo para mantener firme su lealtad a la pareja presidencial, que en definitiva es la responsable de su salto a la política. Incluso su defensa extrema incluyó argumentos delirantes: “Manuel es inocente. Que no pague impuestos e incumpla la ley no significa que la ley esté bien”, dijo.

El presidente Javier Milei recibió a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos y le ratificó que lo mantendrá como jefe de Gabinete a pesar de los interminables escándalos de corrupción y de la avanzada de la oposición en el Congreso. 

“Ni lo va a echar ni se va a ir”, aseguraron fuentes del gobierno nacional, que agregaron que el Presidente le pidió que lidere al gabinete en el viaje del sábado a Rosario por el acto del Día de la Bandera y que cite a la semana próxima a la mesa política. Adorni es el político con peor imagen positiva del país: el 80% de los argentinos lo rechaza por los escándalos de corrupción que lo involucran.

La reunión de este viernes tuvo la excusa del repaso de temas de gestión, pero fue en realidad un nuevo gesto de apoyo después de una semana donde desde la propia Casa Rosada había trascendido que las horas de Adorni podrían estar contadas, se mencionaron posibles reemplazantes y se habló de que los hermanos Milei le habrían soltado la mano.

En una decisión de altísimo impacto estratégico y económico, la administración de Javier Milei entregó la vía navegable más importante del país a la firma belga. Fuertes cuestionamientos por falta de transparencia y presuntos beneficios dirigidos.

El control y la administración de la infraestructura logística más importante de la Argentina quedaron sellados bajo un manto de severas sospechas. El Gobierno nacional oficializó la adjudicación directa de la Hidrovía Paraná-Paraguay por un período de 25 años a la empresa belga Jan De Nul. La medida, de fuerte repercusión geopolítica, desató un inmediato escándalo político y denuncias por presunto amiguismo y direccionamiento en el proceso licitatorio.

La Hidrovía es la autopista fluvial clave por donde sale más del 80% de las exportaciones agroindustriales del país. La decisión de otorgar una concesión por un cuarto de siglo a la firma que ya controlaba el dragado genera fuertes recelos en los sectores de la oposición y especialistas del mercado naviero, quienes venían reclamando un proceso internacional transparente, auditado y abierto que garantizara la libre competencia y mejores condiciones para las arcas del Estado.

Los puntos más oscuros de la adjudicación:

• Sospechas de corrupción y trajes a medida: Bloques de la oposición y sectores técnicos denunciaron que las condiciones de los pliegos fueron diseñadas para beneficiar de forma exclusiva a Jan De Nul, bloqueando la participación de otros oferentes internacionales de peso y configurando un caso flagrante de “capitalismo de amigos”.
• Un negocio multimillonario a largo plazo: Al garantizarle el control del cobro de peajes y las tareas de mantenimiento hasta la década de 2050, el Ejecutivo le transfiere a una corporación privada extranjera una caja millonaria en dólares, resignando soberanía y capacidad de regulación sobre los dólares que ingresan por el comercio exterior.
• Cuestionamientos al relato “anticasta”: Para los legisladores denunciantes, la entrega de la vía navegable expone la doble vara de la gestión libertaria, que utiliza la bandera de la desregulación para desarmar controles estatales pero convalida la prórroga de monopolios privados de larga data mediante acuerdos directos de oficina.

Impacto soberano y judicialización en puerta

La entrega de la Hidrovía promete transformarse en una de las batallas judiciales y legislativas más complejas del año. Diferentes organizaciones ambientales y portuarias ya preparan presentaciones para frenar el decreto de adjudicación, argumentando que la privatización encubierta y extendida vulnera normativas vigentes y no cuenta con los estudios de impacto ambiental ni los controles fiscales básicos que exige una concesión de semejante envergadura.

Mientras el Gobierno defiende la medida bajo la premisa de la eficiencia privada y la quita de la intervención estatal en los ríos, las denuncias por falta de transparencia colocan a los funcionarios del área de Transporte y Economía en la mira de la Justicia federal por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

El exdirigente libertario rompió el silencio con un durísimo texto dirigido al Presidente. Advirtió que sostener al vocero tras las denuncias por su patrimonio “erosiona la palabra” y rompe el contrato electoral contra los privilegios de la casta.

La interna en el universo libertario estalló por los aires de manera pública. El exlegislador y referente fundacional de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, le envió una durísima carta abierta al presidente Javier Milei con un objetivo explícito y fulminante: exigirle el desplazamiento inmediato de Manuel Adorni de su cargo. El fuerte posicionamiento se da en medio del escándalo judicial que salpica al portavoz presidencial, denunciado penalmente por presunta “omisión maliciosa” y ocultamiento de bienes en sus declaraciones juradas.

En el texto, Marra deslizó severas críticas a la conducción del jefe de Estado por mantener al funcionario en el centro del poder a pesar del evidente costo político que genera. Según el análisis del exdirigente, la continuidad del vocero paraliza la iniciativa oficial, copa la discusión pública y provoca un desgaste acelerado sobre la credibilidad de la gestión que no hace más que eclipsar cualquier tipo de logro económico del Palacio de Hacienda.

Los fragmentos más demoledores de la carta de Marra:

• El peligro de perder la ejemplaridad: “Hay una situación que usted conoce mejor que nadie y que no necesito nombrar. Una situación que viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra. Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda”.
• Un fuerte límite al personalismo de Milei: “Este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos que decidimos, democráticamente y en las urnas, dejar atrás décadas de malos hábitos. Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen”.
• El reclamo directo de la renuncia: “Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos”.

Quiebre definitivo y crisis de “fuerza moral”

La carta abierta de Ramiro Marra expone una fractura ideológica y metodológica sin precedentes dentro del núcleo duro que acompañó a Javier Milei desde sus inicios en la política porteña. Al recordarle al Presidente que “no es el dueño” del proyecto y que los votantes no eligieron “solamente números”, Marra hiere el relato oficialista en su punto más sensible: la pretendida superioridad estética y moral frente a la política tradicional.

El pedido de desplazamiento coloca a Milei ante una encrucijada total. Sostener a Adorni bajo el ala protectora de la Casa Rosada implicará, a partir de ahora, asumir un costo de fuego amigo que expone al Gobierno a las mismas acusaciones de corporativismo y protección de privilegios que históricamente utilizaron para defenestrar a la oposición.

Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en el ajuste del gasto público, la reducción del Estado y la necesidad de transparentar la administración de los recursos, la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó en un 141% los fondos destinados a gastos flexibles de la Casa Rosada y se niega a revelar cómo se utilizan.

En apenas un año, la caja asignada al Fondo Rotatorio de la dependencia pasó de 471 millones de pesos a más de 1.135 millones, multiplicándose por 2,4. El incremento quedó formalizado mediante la Resolución 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, que elevó además el límite para gastos individuales a 50 millones de pesos por operación.

La ampliación de recursos contrasta con la falta de información disponible sobre su ejecución. A través de un pedido de acceso a la información pública, se solicitó conocer los consumos realizados mediante tarjetas corporativas, los comercios donde se efectuaron los gastos, las facturas respaldatorias y las rendiciones correspondientes. Sin embargo, la respuesta oficial omitió toda la documentación que permitiría verificar el destino de los fondos.

La Presidencia confirmó que actualmente existen 140 tarjetas recargables activas, tres tarjetas de crédito corporativas y 62 usuarios habilitados para operar dentro de la plataforma “Corporativa Nación”. También entregó la nómina de funcionarios vinculados al sistema, pero rechazó informar cuánto se gastó, en qué conceptos y con qué justificación administrativa.

Entre los usuarios aparecen Karina Milei, a través de su secretaría privada; la vicepresidenta Victoria Villarruel, asociada a dos tarjetas del Fondo Rotatorio; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, entre otros funcionarios.

La negativa a difundir los consumos resulta particularmente llamativa porque el propio sistema utilizado por la Casa Rosada permite acceder en tiempo real al detalle de las operaciones. Según la documentación entregada por la Presidencia, la plataforma desarrollada junto al Banco Nación posibilita identificar movimientos, comercios, transferencias y generar reportes completos de cada gasto realizado.

A ello se suma que la normativa interna establece estrictos mecanismos de control. Cada operación debe registrarse en un expediente electrónico, acompañada por facturas emitidas a nombre de la dependencia, la justificación correspondiente y las firmas digitales de los responsables. Es decir, la información existe y forma parte de los procedimientos administrativos obligatorios.

La documentación también expone situaciones que plantean interrogantes sobre los controles internos. Algunos responsables de administrar el Fondo Rotatorio aparecen simultáneamente como usuarios habilitados para operar tarjetas dentro del mismo sistema. Además, determinados funcionarios concentran múltiples perfiles y niveles de autorización, incluyendo facultades de administración sobre la plataforma.

La falta de transparencia se vuelve aún más relevante si se considera que el propio Gobierno reconoció haber iniciado una investigación interna por presuntas irregularidades vinculadas al uso de tarjetas corporativas. La Dirección de Sumarios informó que el expediente fue archivado el 6 de abril al no detectar perjuicio económico para el Estado, pero rechazó entregar la documentación del caso. De esta manera, permanece bajo reserva qué operaciones fueron investigadas, qué montos estuvieron involucrados y cuáles fueron las conclusiones concretas que motivaron el cierre de la investigación.

En un contexto en el que el Ejecutivo exige ajustes, controles y sacrificios a distintos sectores de la administración pública, el aumento de fondos discrecionales en una de las áreas más cercanas al Presidente y la negativa a transparentar su utilización vuelven a poner en discusión los criterios con los que se aplica la austeridad estatal y el alcance real de las políticas de rendición de cuentas.

La economía argentina continúa mostrando señales de debilidad. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial cayó 5% interanual y 0,8% mensual en mayo, consolidando un escenario de bajo nivel productivo que se arrastra desde hace meses.

Aunque algunos sectores registraron leves mejoras mensuales por una baja base de comparación, la tendencia general sigue siendo negativa. La construcción continúa muy por debajo de los niveles de 2022, la producción automotriz acumula una fuerte contracción interanual, la metalmecánica profundizó su caída y el consumo energético industrial volvió a descender, reflejando una menor actividad en las plantas fabriles.

Los datos oficiales del INDEC muestran que la industria manufacturera acumuló una baja del 2,4% en el primer cuatrimestre del año y opera cerca de un 10% por debajo de los niveles de 2022. Los bienes durables y semidurables fueron los más afectados por el enfriamiento del mercado interno, con desplomes en sectores como automotores, línea blanca, textiles, indumentaria y calzado.

El deterioro también impacta sobre el entramado productivo. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026 dejaron de operar 26.448 empresas, al pasar de 512.357 a 485.909 unidades productivas. Solo en marzo cerraron 2.011 firmas, acelerando una tendencia que había mostrado una breve desaceleración en febrero.

Los sectores más golpeados fueron Comercio, Industria, Transporte, Alojamiento y Gastronomía. En términos territoriales, 23 de las 24 provincias registran menos empresas que al inicio de la actual gestión, siendo Neuquén la única excepción.

La caída de la actividad también se refleja en el empleo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, mientras que el empleo en casas particulares se redujo en más de 30.000 trabajadores. En total, el empleo privado registrado cayó en 370.487 puestos de trabajo durante el período.

Con una industria en retroceso, miles de empresas cerradas y una marcada destrucción de empleo, los principales indicadores productivos continúan evidenciando el deterioro de la economía real.