El caso que involucra a Manuel Adorni sigue sumando revelaciones incómodas y cada nuevo dato agrava la situación de un funcionario cuya credibilidad aparece cada vez más comprometida.

En su intento por defender el cuestionado viaje de su esposa a Nueva York, Adorni había afirmado en una entrevista con Luis Majul que en un año y medio apenas se había tomado “cuatro días” de descanso en Punta del Este. Sin embargo, con el correr de las semanas comenzaron a aparecer datos que desmienten esa versión: primero se supo de una estadía de varias semanas en la exclusiva Aruba, y ahora se suma este paso por uno de los hoteles más caros y emblemáticos del país.

La visita al Llao Llao, durante el fin de semana largo de junio de 2024, se configura como el tercer viaje de alto nivel que se le conoce. El destino no es menor: se trata de un complejo asociado a sectores empresariales cercanos al poder (grupo IRSA muy cercano al presidente Javier Milei, cabe recordar que el Hotel Libertador, de Eduardo Elsztain, fue el bunker de campaña de La Libertad Avanza en 2023), lo que abre interrogantes sobre posibles beneficios o condiciones especiales en la estadía, algo que hasta el momento no fue aclarado.

Los costos del lugar refuerzan el carácter exclusivo del viaje: una simple merienda puede rondar los 90.000 pesos por persona y una cena superar los 130.000, mientras que una empanada premium alcanza cifras llamativas. Solo en alojamiento, el gasto estimado para una estadía de este tipo se ubicaría en torno a los 2.500 dólares, sin contar comidas, actividades y traslados.

A esto se suma otro elemento sensible: la justicia ya había determinado que en viajes anteriores Adorni pagó pasajes en clase ejecutiva en efectivo para su familia, lo que vuelve a poner bajo la lupa el origen y la transparencia de los fondos utilizados.

El contraste entre el discurso público de austeridad y la seguidilla de viajes de lujo empieza a generar ruido político. Lo que en un principio parecía un episodio aislado hoy se perfila como un patrón, con potencial para escalar y salpicar a un gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la conducta de sus funcionarios más visibles.

La crisis económica y los escándalos de corrupción provocó una nueva caída en el apoyo al Gobierno.

La aprobación del gobierno de Javier Milei registra una caída sostenida. Los resultados de la última edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), marcaron que casi el 70 por ciento de los argentinos está disconforme con la situación del país y cae la imagen del Presidente.

El número más fuerte es que la insatisfacción popular con la marcha general de las cosas ya alcanza a casi 7 de cada 10 de los encuestados. Además, los que están en línea con el programa libertario y aún lo bancan son cada vez menos: sólo en marzo, satisfacción con el rumbo cayó 5 puntos y pasó del 33 al 28 por ciento la cantidad de personas que acuerdan con el rumbo oficial.

El informe muestra una caída en los niveles de satisfacción general: solo el 28% de los encuestados se manifestó conforme con la situación actual, cinco puntos menos que en marzo, mientras que la insatisfacción trepó al 68%.

En paralelo, la imagen del presidente Javier Milei continúa en descenso. La aprobación de su gestión se ubicó en el 36%, tres puntos por debajo del mes anterior, mientras que la desaprobación alcanzó el 61%, consolidando una tendencia negativa. Aun así, el estudio marca que el mandatario se mantiene en una posición intermedia en términos históricos: por debajo de Mauricio Macri en el mismo período de gobierno, pero por encima de Alberto Fernández.

El relevamiento también evidencia una fuerte crisis de confianza en las instituciones. La satisfacción con el Poder Ejecutivo cayó al 26%, mientras que el Congreso sigue siendo el área más cuestionada, con apenas un 16% de aprobación para el Senado y un 15% para la Cámara de Diputados.

En cuanto a las principales preocupaciones de la ciudadanía, el desempleo pasó al primer lugar con el 40% de las menciones, seguido muy de cerca por los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). Además, el informe advierte un “regreso” de la inflación como tema relevante, con un 20% de preocupación.

El clima social también muestra un marcado pesimismo. Un 56% de los encuestados considera que el país está peor que hace un año, mientras que el 43% cree que la situación empeorará en los próximos doce meses, con un aumento del desaliento en todos los sectores.

Otro dato relevante es el desgaste en las figuras del oficialismo: Adorni registró la mayor caída en imagen positiva (9 puntos) y presenta el diferencial más bajo del gabinete (-51%), seguido por Karina Milei (-50%).

En términos generales, todos los dirigentes políticos evaluados presentan imagen negativa predominante. Entre los que más cayeron este mes se destacan el propio Milei (-4 puntos) y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (-2 puntos).

Cae Milei, suben Kicillof y Bregman

Naturalmente, ante la desaprobación del gobierno, las figuras opositoras mejor posicionadas son Axel Kicillof, con un 31 por ciento de imagen positiva total, y Myriam Bregman (29 por ciento), Ambos lideran, junto a CFK, ampliamente entre los entrevistados que desaprueban la gestión oficial.

En resumen, abril muestra un escenario de ajuste de expectativas, donde el desempleo y los salarios desplazan a otros temas y la aprobación del oficialismo empieza a mostrar signos de desgaste sostenido.

Varios testigos reconocieron que sus declaraciones iniciales fueron inducidas bajo presión, poniendo en duda la veracidad de la causa que se inició con las fotocopias de Oscar Centeno.

La audiencia de este jueves en el Tribunal Oral Federal 7 marcó un punto de inflexión en el juicio de la “Causa Cuadernos”. Lo que en un principio fue presentado como una estructura sólida de corrupción, comenzó a mostrar fisuras irreparables cuando los empresarios citados a declarar empezaron a desmentir sus propios dichos de la etapa de instrucción. Los testigos coincidieron en que los relatos vertidos años atrás no se ajustaron a la realidad, sino a la necesidad de recuperar la libertad en un contexto de fuerte coacción judicial.

Uno de los momentos más tensos de la jornada se vivió cuando un directivo de una importante firma constructora admitió que “mintió” para evitar la prisión preventiva. Ante las preguntas de las defensas, el empresario reconoció que los supuestos pagos de sobornos detallados en los cuadernos de Centeno nunca existieron en los términos planteados por la fiscalía de Carlos Stornelli, y que se vio obligado a “convalidar un guion” para no permanecer detenido durante el proceso.

Esta serie de rectificaciones pone en crisis la validez de los testimonios de los denominados “arrepentidos”, que fueron el pilar fundamental sobre el que se edificó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios de Planificación. La defensa de la expresidenta subrayó que estas confesiones en sede de juicio oral confirman que la causa fue una construcción mediático-judicial diseñada para perseguir a dirigentes políticos, carente de pruebas materiales que respalden los manuscritos originales.

Los empresarios también señalaron que las reuniones con funcionarios, que la acusación intentó presentar como encuentros para la entrega de dinero, eran en realidad gestiones administrativas habituales para reclamar por deudas del Estado. Según los testimonios actuales, no existió un sistema de cartelización ni retornos, sino una relación institucional marcada por la crisis económica de aquel período, desarticulando la hipótesis de la “asociación ilícita” que sostiene el Ministerio Público Fiscal.

La falta de pericias contables que demuestren el origen y destino de los supuestos fondos negros es otro de los puntos que los testigos resaltaron. Al no existir registros de salidas de dinero injustificadas en las empresas, la fiscalía se encuentra en la difícil tarea de sostener una acusación que solo se apoya en anotaciones de un chofer y en declaraciones que, una a una, están siendo retiradas o modificadas por los mismos protagonistas ante los jueces del tribunal.

Con el avance del juicio, queda cada vez más claro que la instrucción de la causa estuvo viciada por procedimientos que hoy los mismos testigos denuncian como extorsivos. Mientras la causa pierde peso probatorio en Comodoro Py, el debate gira ahora hacia la responsabilidad de quienes validaron estos testimonios bajo presión, en lo que ya se perfila como uno de los mayores fiascos judiciales de la historia reciente argentina, donde la verdad empieza a emerger por encima de los cuadernos quemados y reaparecidos.

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, volverá a mostrarse este jueves junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una clara señal de respaldo político al funcionario investigado por el incremento descomunal de su patrimonio. Ambos viajarán a Neuquén para cumplir una agenda vinculada a Vaca Muerta.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿Por qué Karina apoya a Adorni justo el día después de que se conociera un viaje de lujo a Aruba, pagado en efectivo? ¿Sabe algo de los hermanos Milei que parecen inmolarse por el funcionario a pesar de la baja notable en las encuestas?

Vale recordar que Adorni estaba muy cerca de Javier y Karina cuando fue el escándalo de Libra, donde se sospecha que los hermanos cobraron 5 millones para difundir una cripto que terminó en estafa y negocio fenomenal.

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, analizó que el impacto del escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ve reflejado “en las encuestas”, cuestionó que el ministro coordinador hablar de “deslomarse” y afirmó que cometió “errores” que no se pueden “cometer”.

En una entrevista con el periodista macrista Luis Novaresio, Ritondo sostuvo que el episodio “seguramente” afectó “mucho” al oficialismo tras conocerse los viajes al exterior del funcionario y las propiedades a su nombre. “Lo vemos en las encuestas”, remarcó. “O hay algo que le cuenta al Presidente que lo hace creíble en su relación o el Presidente decide por qué dejarlo”, evaluó sobre el respaldo de Javier Milei a Adorni. ¿Por qué Milei defiende a Adorni?

“Adorni, la verdad es que no te deslomás. Nosotros lo decidimos, yo me presento como candidato a diputado, no puedo decir ‘Che me deslomo’. Se desloma el tipo que se levanta a las cuatro de la mañana, la mujer que es servicio doméstico y que labura por hora y va a cuatro casas”, apuntó.

Sobre el mismo tema, observó que el funcionario debería haber tenido “una respuesta más clara” y planteó que “cometió errores”.

“Cuando vos planteás la austeridad y demás, por más que sea posible, no tenés que llevar a a tu mujer en el avión presidencial. Hay cosas que cuando tenés un discurso tan fuerte y que entró tan fuerte, son errores que no te poder permitir cometer”, completó.

Fuerte indignación provocaron las repudiables declaraciones del ministro de Salud Mario Lugones, quien al referirse a la situación del PAMI calificó a las personas mayores como “una carga”, desatando una ola de críticas en redes sociales y distintos sectores de la sociedad.

Durante su exposición en el AmCham Summit, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el funcionario intentó explicar la crisis del organismo asegurando que “la plata llegó”. Sin embargo, sus dichos generaron inmediato rechazo cuando sostuvo: “PAMI tiene un millón de personas de más de 80 años, sobre los 5 millones en total. Y casi 6 mil personas más de 100 años, así que PAMI tiene una carga muy grande”.

La frase fue ampliamente repudiada por su carácter discriminatorio hacia las personas mayores, un sector especialmente vulnerable. En la red social X, el tema se viralizó rápidamente y acumuló críticas de usuarios, referentes y periodistas.

Mario Lugones, Ministro de Salud
"Lo que pasa es que en PAMI hay abuelos de más de 80 años. Es una CARGA muy grande"

Total normalidad. El gobierno de los hijos de puta. Acá la única carga que tenemos es pagar las coimas de ADORNI y Karina Milei pic.twitter.com/PlWGJRJ038

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 15, 2026

Entre ellos, el periodista Luis Novaresio expresó su rechazo, en sintonía con el malestar generalizado frente a declaraciones que fueron consideradas insensibles e inaceptables. La controversia profundiza la crisis en torno al PAMI y suma presión sobre el gobierno libertario.

La Unidad de Información Financiera adoptó una medida que vuelve a poner bajo la lupa el uso de organismos clave del Estado en favor de intereses cercanos al poder: restringió el acceso público a sanciones firmes por lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, tras un pedido del Banco Hipotecario, presidido por Eduardo Elsztain.

La decisión implicó que estas resoluciones dejaran de aparecer en el buscador principal del organismo. Aunque no fueron eliminadas del sitio oficial, quedaron relegadas a un apartado secundario sin acceso directo a su contenido. En la práctica, cualquier interesado en consultarlas ahora debe iniciar un trámite formal, lo que reduce significativamente la visibilidad de antecedentes sensibles para el sistema financiero.

El cambio tuvo un impacto inmediato: entre las sanciones que perdieron exposición pública se encuentra una multa firme aplicada al propio Banco Hipotecario en 2019. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a evitar el daño reputacional que genera la fácil localización de estas resoluciones en Internet, especialmente frente a inversores y actores internacionales.

Desde el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, justificaron la medida como una forma de prevenir reclamos vinculados al “derecho al olvido”. Sin embargo, el argumento formal convive con un efecto concreto: la reducción del escrutinio público sobre sanciones por delitos financieros, un aspecto clave en la prevención del lavado de dinero.

La decisión no modifica el valor legal de las sanciones, pero sí debilita su dimensión más visible: el castigo reputacional. En contextos como el argentino —donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales escasas— la publicidad de estas medidas funciona como un mecanismo central de control. Limitar su acceso implica, en los hechos, aliviar la presión sobre entidades con antecedentes.

El movimiento se da además en un contexto político particular. La UIF depende de la órbita del gobierno de Javier Milei, cuya administración ha mostrado señales de cercanía con Elsztain. Durante la campaña de 2023, el entonces candidato se alojó en un hotel del empresario y compartió actividades personales, lo que alimenta interrogantes sobre posibles vínculos de influencia.

La resolución fue impulsada por el vicepresidente del organismo, Santiago González Rodríguez, sin objeciones visibles dentro del Ejecutivo. En paralelo, la conducción de la UIF ha atravesado una marcada inestabilidad, mientras la Argentina continúa bajo evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, que mide no solo las normas sino su aplicación efectiva.

Lejos de tratarse de un ajuste técnico, la medida deja al descubierto un patrón preocupante: decisiones estatales que, bajo argumentos legales, terminan beneficiando a actores con capacidad de influencia, reduciendo la transparencia y debilitando herramientas clave para el control ciudadano sobre el sistema financiero.

La Justicia confirmó su viaje a Aruba en primera clase y sumó datos clave sobre gastos y pagos. El levantamiento del secreto bancario y nuevos movimientos bajo la lupa profundizan la crisis del funcionario.

La situación judicial de Manuel Adorni se agrava con el correr de los días. La confirmación de su viaje a Aruba junto a su familia, los detalles sobre los gastos en dólares y el avance de medidas clave en la causa por enriquecimiento ilícito lo dejan cada vez más expuesto.

El fiscal Gerardo Pollicita logró reconstruir el viaje que el jefe de Gabinete realizó entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Según la información aportada por la aerolínea, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus hijos volaron en primera clase, con pasajes que alcanzaron un total de 5.800 dólares.

Uno de los puntos que más inquieta a la Justicia es la modalidad de pago: los tickets habrían sido abonados en dólares y en efectivo, un dato sensible en el análisis patrimonial del funcionario, ya que abre interrogantes sobre el origen de esos fondos.

La investigación no se detiene ahí. Ahora el foco está puesto en determinar dónde se alojó la familia en Aruba y cuánto dinero se destinó a la estadía, en un intento por reconstruir el costo total del viaje.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa. La medida permitirá acceder a consumos, movimientos financieros y gastos realizados, ampliando el alcance de la causa.

El expediente también incluye otros viajes que generan dudas. Entre ellos, un traslado a Nueva York en el marco de un evento oficial, donde el pasaje del funcionario fue cubierto por el Estado, pero aún no se pudo determinar quién financió el de su pareja. A eso se suma un vuelo privado a Punta del Este y más de 15 viajes al exterior desde diciembre de 2023.

Con este escenario, la causa avanza sobre posibles inconsistencias entre el nivel de gastos y los ingresos declarados. Cada nuevo dato no hace más que profundizar las sospechas y colocar a Adorni en una posición cada vez más delicada, en medio de un contexto político que ya empieza a sentir el impacto del escándalo.

Mientras el precio de la nafta asfixia el bolsillo de los argentinos, el Gobierno Nacional retiene de forma ilegal los fondos del impuesto al combustible destinados por ley a obras públicas, configurando un desvío millonario que paraliza al país.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, lanzó una denuncia demoledora contra la administración de Javier Milei y Luis Caputo: el Gobierno está “robándose” y desviando fondos que, por ley, tienen un destino específico y obligatorio. Según detalló, el Ministerio de Economía ha recaudado la astronómica cifra de 6 billones de pesos (millones de millones) a través del impuesto a los combustibles en los últimos dos años, pero no ha volcado ni un solo centavo a las rutas e infraestructura hídrica que ese tributo debe financiar.

Esta maniobra representa un incumplimiento flagrante de acuerdos que llevan más de 30 años de vigencia institucional. Cada vez que un ciudadano carga el tanque, paga un impuesto que debería garantizar la seguridad vial y el desarrollo regional; sin embargo, el Ejecutivo nacional utiliza ese dinero para engrosar el ajuste fiscal mientras “hace la plancha” frente a la crisis energética. La denuncia subraya que este desvío no es solo una omisión administrativa, sino un ataque directo a los recursos que pertenecen a las provincias y municipios.

El escenario planteado por Katopodis es de una “crueldad sin antecedentes“. Mientras el precio del combustible se dispara y se traslada automáticamente a los alimentos, el Gobierno se niega sistemáticamente a recibir a los intendentes y gobernadores de todo el país que exigen respuestas. Caputo ya ha ignorado más de seis pedidos de audiencia, manteniendo una política de puertas cerradas mientras el Plan Nacional de Vacunación se desarticula y la obra pública queda en el abandono absoluto.

La paradoja del modelo libertario queda expuesta: Argentina, siendo un país exportador de petróleo, tiene hoy el litro de nafta más caro que los países a los que les vende el recurso. No existe un beneficio para los ciudadanos, sino una transferencia de recursos desde los sectores productivos y la clase media hacia las arcas del Tesoro, sin que ese esfuerzo retorne en servicios, salud o infraestructura. Es un esquema de “ajuste sin fin” donde las prioridades están fijadas exclusivamente para favorecer a los sectores más concentrados de la economía.

Finalmente, la denuncia advierte sobre el quiebre del contrato social y legal. Bajo el lema “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, el binomio Milei-Caputo parece operar al margen de las normativas vigentes que los obligan a coparticipar o invertir los fondos específicos. Lo que Katopodis describe es un modelo de exclusión que destruye el empleo en 23 de las 24 provincias y que, lejos de las promesas de bienestar, ha sumido a la población en una espiral de recesión y desamparo estatal.

Fantome Group, una empresa textil que llegó a fabricar prendas para marcas como Reebok, Cheeky, Kappa y Kevingston, solicitó la apertura de su concurso preventivo para reestructurar su deuda y asegurar su continuidad operativa. Otra empresa privada que cierra en la Argentina de Javier Milei.

La compañía, con sede en el barrio porteño de Villa Devoto, enfrenta una severa falta de liquidez que derivó en la cesación de pagos. Los registros del Banco Central exponen que la firma acumula 33 cheques rechazados por un valor de $44.978.000.

El deterioro financiero inició en 2020 con la pérdida de Kevingston, su principal cliente. La presentación judicial explica que “al tratarse del cliente que representaba casi la totalidad del flujo de trabajo, su salida significó un quiebre estructural”. La posterior cancelación de contratos con otras marcas profundizó el desequilibrio económico durante 2025. Ante esta situación, la empresa detalló que “el concurso preventivo constituye la única vía para preservar la actividad y garantizar una reorganización ordenada”.

La firma habló de “competencia diabólica” en relación al ingreso de prendas chinas, a precios imposibles para competir.