Tras la publicación del índice de inflación de marzo por parte del Indec, el esquema de actualización automática de tarifas dispuso un nuevo incremento del 5,4% en colectivos y subte en el AMBA a partir del 1 de mayo, una suba que se aplicará sobre los valores vigentes y que vuelve a impactar en el costo de los traslados cotidianos de millones de usuarios. Nuevo golpe al bolsillo de millones de familias que además de pagar más cada vez viajan peor.

Con este ajuste, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasará a $753,86, mientras que en la provincia de Buenos Aires trepará a $918,35, consolidando una tendencia de aumentos sostenidos que ya ubica el costo de viajar por encima de la inflación acumulada en lo que va del año.

En lo que respecta a las líneas que circulan dentro de la provincia de Buenos Aires, las nuevas tarifas serán:

Boleto mínimo (0-3 km): $918,35
Tramo de 3 a 6 km: $1.023,04
Tramo de 6 a 12 km: $1.101,85
Viajes de 12 a 27 km: $1.180,73
Más de 27 km: $1.259,06

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde el aumento impactará en 31 líneas de colectivos, los valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

0-3 km: $753,86
3-6 km: $837,66
6-12 km: $902,19
12-27 km: $966,77

El subte también tendrá un ajuste en la misma proporción: el pasaje pasará de $1.414 a $1.490,36, en línea con el mecanismo de indexación que toma la inflación mensual y le adiciona dos puntos porcentuales para definir las subas.

El caso de Manuel Adorni sumó nuevos y escandalosos datos que profundizan las sospechas sobre su patrimonio: el jefe de Gabinete omitió declarar una propiedad clave y recién la incorporó cuando la investigación judicial ya estaba en marcha.

La vivienda en el country Indio Cua, adquirida el 15 de noviembre de 2024 por su esposa, Bettina Angeletti, no fue incluida en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. La normativa es clara: los funcionarios deben informar también los bienes de su cónyuge, incluso en anexos reservados. Sin embargo, ese documento directamente no fue presentado por Adorni.

La irregularidad tomó mayor gravedad porque la “corrección” no fue espontánea. El funcionario recién incorporó la propiedad meses después, cuando la causa por presunto enriquecimiento ilícito ya avanzaba y la Justicia solicitó la documentación completa. El expediente está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes ahora analizan si existió un incremento patrimonial injustificado.

El contexto complica aún más la situación: la propiedad fue comprada mediante un préstamo de 100.000 dólares, con una tasa del 11% anual, otorgado por dos particulares —una comisaria retirada y su hija— y gestionado por la escribana Adriana Nechevenko. El crédito fue garantizado con otro inmueble del matrimonio, lo que revela una operatoria financiera que también quedó bajo la lupa judicial.

El periodista de investigación Hugo Alconada Mon fue contundente: Adorni había presentado su declaración pública, pero omitió el anexo reservado correspondiente a los bienes de su pareja, y solo lo entregó cuando el fiscal y el juez comenzaron a exigirlo. Esto abre una duda central: si se trató de un descuido o de una maniobra deliberada para ocultar información sensible.

Además, la causa no se limita a esta propiedad. En su primer año como funcionario, Adorni y su esposa habrían sumado una casa en un country, un departamento en Caballito y una camioneta, lo que genera interrogantes sobre la compatibilidad entre esos movimientos patrimoniales y los ingresos declarados.

La polémica también salpica al entorno político: surge el interrogante sobre si el presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei estaban al tanto de estas inconsistencias. Si lo sabían, el costo es por avalar la situación; si no, expone una preocupante falta de control interno.

Con estos nuevos elementos, el caso deja de ser una simple omisión administrativa y se transforma en un episodio con posibles derivaciones penales, donde el eje ya no es solo qué se declaró, sino por qué se ocultó hasta que la Justicia intervino.

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció por primera vez sobre el caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y dejó una fuerte crítica: “falló en sus explicaciones”.

En un contexto de tensión política y judicial, Francos reconoció que el episodio tuvo un impacto negativo en el Gobierno y apuntó directamente a la comunicación del funcionario. “El vocero falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso empeoró la situación”, sostuvo.

Sus declaraciones reflejan que, a su entender, la defensa de Adorni no solo fue insuficiente, sino que terminó agravando el escenario político.

En cuanto a su futuro, Francos señaló que la continuidad del vocero dependerá del avance de la causa judicial: “Hay que esperar si puede responder a los requerimientos de la Justicia”, explicó.

Por último, remarcó que la decisión final quedará en manos del Presidente, quien actuará una vez que se aclare el panorama: “Va a proceder como corresponde”

En medio de señales crecientes de debilidad económica, el presidente Javier Milei se vio obligado a reconocer públicamente el mal dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, en una admisión que expone el delicado momento que atraviesa su gestión.

Durante su exposición en el AmCham Summit, el mandatario intentó relativizar el impacto del número y prometió que la tendencia “va a bajar”, aunque sus explicaciones dejaron más dudas que certezas sobre el rumbo económico.

Lejos de transmitir solidez, Milei buscó justificar el dato negativo apelando a factores diversos y poco articulados entre sí. “Es importante entender lo que está pasando”, afirmó ante empresarios, pero su diagnóstico incluyó desde supuestos intentos del Congreso por desestabilizar el equilibrio fiscal hasta una “monstruosa caída de la demanda de dinero”, sin terminar de ofrecer una explicación clara de por qué la economía no logra despegar.

El Presidente insistió en pedir “paciencia” y sostuvo que “tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien”, una frase que refleja más una expectativa basada en la fe que en resultados concretos en un contexto donde la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones. Incluso, en un intento por minimizar el dato, llegó a afirmar que “esto no es inflación”, sino un “salto en el nivel de precios”, una distinción técnica que no logra disimular el deterioro del poder adquisitivo.

Para justificar el aumento del IPC, Milei mencionó factores estacionales como la suba de la carne y los precios educativos, además del impacto internacional por conflictos en Medio Oriente sobre el transporte. Sin embargo, estas explicaciones resultaron poco convincentes frente a una inflación que no cede al ritmo prometido por el Gobierno.

Pese a este escenario, el mandatario reiteró que no modificará su estrategia económica. “Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que la inflación se desplome”, aseguró, redoblando la apuesta por una política monetaria restrictiva en un contexto donde la actividad aún no muestra señales firmes de recuperación.

Aunque Milei insistió en que la economía “empezó a rebotar” y que el crédito crece, sus afirmaciones contrastan con la persistente fragilidad de los indicadores y con la necesidad de explicar reiteradamente por qué los resultados no llegan. Así, el Gobierno enfrenta un momento complejo, en el que las expectativas comienzan a tensionarse frente a una realidad económica que no termina de alinearse con las promesas oficiales.

La medida impacta de lleno en uno de las funciones fundamentales del organismo: el control técnico independiente sobre alimentos y bebidas, un área crítica para la salud pública.

A través de una reciente resolución, el Consejo Directivo del INTI oficializó la cesación de los servicios sistematizados que hasta ahora garantizaban evaluaciones técnicas clave. En términos concretos, la decisión implica que una amplia gama de ensayos dejarán de estar disponibles, afectando tanto a empresas como a organismos de control y consumidores.

Entre los servicios eliminados se encuentran análisis fundamentales para asegurar la calidad alimentaria:

• Evaluaciones de aditivos, antioxidantes y edulcorantes
• Estudios de vida útil y perfil sensorial de productos
• Determinaciones sobre contaminantes como micotoxinas
• Medición de textura, color y propiedades funcionales
• Análisis de compuestos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y procesados
• Controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa y acesulfame K
• Estudios cromatográficos y validaciones técnicas para la industria

Estos controles no solo eran centrales para sostener estándares en el mercado interno, sino que también funcionaban como herramientas independientes para verificar la calidad de los productos que consumen millones de argentinos.

La resolución establece un esquema transitorio para cumplir con compromisos vigentes, aunque sin ofrecer una solución de fondo para reemplazar las capacidades técnicas que se eliminan. Este punto genera preocupación en el sector, ya que no se detallan qué funciones críticas se mantendrán ni bajo qué condiciones operativas.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de recortes que el INTI arrastra desde 2024, con pérdida de funciones en áreas clave, falta de financiamiento y limitaciones operativas. En ese contexto, la eliminación de servicios vinculados al control de alimentos refuerza una tendencia que distintos sectores ya señalan como un progresivo desmantelamiento de capacidades estratégicas del Estado.

El escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación no deja de crecer y suma ahora un componente político de peso: la incorporación del histórico clan de la familia Menem entre los beneficiarios de préstamos millonarios con condiciones preferenciales.

A la ya extensa lista de funcionarios y figuras vinculadas al oficialismo que accedieron a financiamiento, se agregan Nazarena Menem y Sharif Menem, integrantes de la nueva generación de la familia asociada al expresidente Carlos Menem. En conjunto, ambos obtuvieron créditos que rozan los 600 millones de pesos en un lapso de apenas seis meses, lo que intensifica las sospechas sobre posibles privilegios en el acceso.

Nazarena Menem, de 26 años y empleada de la Auditoría General de la Nación desde hace menos de cuatro años, recibió un crédito de casi 237 millones de pesos, pese a contar con ingresos que no superarían los 2,5 millones mensuales. Su caso se suma al de Sharif Menem, de 24 años, quien con un salario similar accedió a un préstamo de 357 millones. Ambos financiamientos fueron otorgados bajo condiciones consideradas preferenciales.

Las cifras y perfiles reavivan las denuncias sobre una posible “ventanilla VIP” para funcionarios y allegados al Gobierno. Mientras desde el Banco Nación aseguran que no hubo irregularidades y que se cumplieron los criterios de evaluación crediticia habituales, crecen las presentaciones judiciales que apuntan a conflictos de interés y a un uso indebido de líneas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

El caso del clan Menem no solo amplía el alcance del escándalo, sino que lo conecta con una de las familias más controvertidas de la política argentina, agregando un nuevo foco de controversia a una investigación que ya involucra a múltiples figuras del oficialismo.

En medio de ocho meses consecutivos de caída en la recaudación tributaria, el Gobierno nacional dispuso profundizar el ajuste del gasto público y ordenó a todos los ministros aplicar un recorte adicional del 2% en sus presupuestos para sostener el superávit fiscal.

La decisión, confirmada desde la Casa Rosada, establece además una reducción del 20% en el gasto de capital. Sin embargo, el Ejecutivo evitó precisar cómo impactará la medida en cada área.

“La motosierra sigue”, señalaron desde el entorno oficial, en referencia a la política de ajuste que impulsa la administración.

Presión sobre las cuentas públicas

La medida se inscribe en un contexto de creciente tensión fiscal, donde la caída sostenida de los ingresos se convirtió en un factor clave. Hasta marzo, el gasto ya mostraba una reducción del 3,3% en áreas sensibles como la obra pública, las transferencias a provincias y los salarios estatales.

El frente fiscal también enfrenta presiones políticas y económicas. Iniciativas en debate legislativo —como el financiamiento universitario o una eventual reforma laboral— podrían incrementar el gasto o afectar la recaudación. A esto se suman las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, el Gobierno apunta a alcanzar un superávit primario del 2,2%, aunque el Presupuesto 2026 prevé una meta más moderada del 1,5% del PBI. En el primer bimestre, el resultado primario fue cercano al 0,4% del PIB, con un superávit financiero del 0,1%.

Recortes en partidas clave

Durante el primer trimestre, varias partidas registraron caídas significativas. Los salarios del sector público retrocedieron un 6,1%, mientras que las asignaciones familiares y la AUH disminuyeron un 3,7%.

Otros rubros mostraron ajustes más profundos: los programas sociales cayeron un 29,8% y las transferencias a provincias un 50,9%, reflejando el alcance del recorte.

En contraste, los subsidios económicos —principalmente vinculados a tarifas de servicios públicos— crecieron cerca de un 67% interanual, en gran medida por la cancelación de deudas acumuladas con el sector energético.

Graciela Molina y Victoria Cancio declararon en Comodoro Py. Lo hicieron como testigos en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sostuvieron que al funcionario le resta pagar 70.000 dólares más intereses. 

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, que prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni. 

En su testimonio, ambas mujeres ratificaron el otorgamiento del préstamo hipotecario privado, es decir ‘no bancario’, de 100.000 dólares en noviembre del año 2024 para la compra del departamento situado en la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco.

Asimismo, confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”.  Aparentemente, el crédito se otorgó “con una tasa del 11% anual”, donde Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes. 

Por el momento, la Justicia investiga si ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para realizar dicho préstamo y busca determinar la trazabilidad real de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni. 

Según la escribana que validó las firmas de éste inmueble y el que se encuentra en el country de Exaltación de la Curz, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo entre los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.__IP__

Para el miércoles 15, está prevista la declaración de las otras dos acreedoras, Beatriz Viegas de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, vinculadas a la compra de la misma propiedad situada en el barrio de Caballito. 

La semana pasada, también declaró vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni. 

Que un grupo de 40 políticos y altos funcionarios del Gobierno de Javier con sueldos estatales hayan calificado para créditos hipotecarios del Banco Nación generó un escándalo total. Algunos funcionarios recibieron hasta 340.000 dólares, a la menor tasa del mercado, y para comprar segundas casas. ¿Con qué criterio el Banco Nación distribuye los créditos hipotecarios?

Pero el escándalo no termina ahí. Los cargos políticos pudieron recibir esos préstamos porque en septiembre de 2024, el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y su vice, Darío Wasserman alteraron la resolución 802 sobre “empleados del sector público” permitiendo que los políticos pudieran quedarse con crédito. Lógicamente antes no podían para evitar situaciones de privilegio.

Ahora, el gobierno volvió a poner aquella frase que dejaba afuera a los funcionarios. Pero lo hizo después de que sus funcionarias multiplicaran sus patrimonios personales gracias al banco público. ¿No era que los libertarios odiaban al Estado? Parece que no cuando el Estado les permite hacerse (más) ricos. La casta está de fiesta.

La entidad modificó su reglamentación luego de la fuerte polémica generada por la difusión de casos de dirigentes y funcionarios del Gobierno Nacional que habían obtenido préstamos hipotecarios por montos millonarios, destinados a la compra de segundas e incluso terceras viviendas.

El punto cuestionado formaba parte de la reglamentación 802, actualizada en septiembre de 2024, donde se había incorporado un apartado que extendía el acceso a los créditos a “cargos políticos designados por resolución o electivos”, incluyendo a funcionarios, diputados y senadores. Aunque en su momento pasó casi desapercibido, ese cambio terminó desatando críticas cuando se conocieron los beneficiarios.

Con el tema instalado en la agenda pública y amplificado en redes sociales, el Banco Nación avanzó con una nueva circular —la N° 0092/2026— que eliminó ese beneficio. La decisión fue formalizada el 9 de enero por el presidente de la entidad, Darío Wasserman, quien dejó sin efecto la inclusión de cargos políticos dentro del universo de beneficiarios.

Según trascendió, la medida original había sido impulsada por los propios funcionarios, pero el resultado fue el contrario al esperado: derivó en un inmanejable escandalo político y reavivó el debate sobre el acceso desigual al crédito en un contexto donde gran parte de la población enfrenta serias dificultades para acceder a financiamiento para la vivienda y otras actividades básicas.

La controversia incluso llevó al presidente Javier Milei a pronunciarse públicamente. En una entrevista, defendió la legalidad de los préstamos, aunque sus declaraciones no lograron desactivar el malestar generado por el tema.