El economista y ex funcionario peronista Roberto Feletti se refirió a la situación económica del país. “Están queriendo contener la inflación con recesión. Los minoristas no pueden aumentar sus precios pero los mayoristas sí aumentan. Por eso vemos los cierres de locales”, describió.
“Los mejores momentos del país fue cuando estuvimos desendeudados. El endeudamiento que se celebra tiene un límite. Siempre pasa eso. En este esquema hay grandes ganadores que tienen rentabilidad del 20% en dólares. Ellos ganan. Pero el país. En el segundo semestre de este año todo va a empeorar”, cerró.
“El gobierno está en una tensión entre la recesión y la devaluación. Para mantener el tipo de cambio, el gobierno recesiona la economía. Pero ahora vemos tensiones en la recaudación que cae por la caída de la actividad. El ajuste empieza a golpear en los municipios y las provincias. Es típico de este tipo de esquemas”, describió en diálogo con Am 530.
“Tuve una reunión con 40 intendentes y me decían que estaban en un pico de aumento de demanda sobre el municipio de alimentos y remedios. Es típico. El ajuste baja y golpea a intendencias y gobernaciones, las primeras puerta de entrada del Estado para los ciudadanos”, aseguró.
“El ajuste fiscal no sirve para estabilizar la economía. La economía argentina se estabiliza por vía externa. Tenés que tener dólares en el Banco Central y un esquema de deuda sostenible. Tenés que tener orden en las cuentas públicas pero tenés que ordenar el frente externo”, explicó el economista. “No podés tener un esquema de recaudación donde los sectores de mayores renta no paguen impuestos o exenciones que benefician a grandes empresas”, añadió.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastó más de 8 millones de pesos en sábanas en 2025, de acuerdo a la factura que encontró la fiscalía que lo investiga en el celular del contratista Matías Tabar. Total normalidad.
El periodista Sergio Farella reveló que Adorni facturó a nombre de una persona de su confianza la friolera de 8.183.303 pesos en ropa blanca al local Rosen The Store. Según Adorni, gana 3 millones de pesos por mes. Es decir, se gastó tres meses de ingresos en comprar sábanas…
Rosen es una empresa de origen chileno que comercializa sábanas para las suites presidenciales de hoteles de lujo en todo el continente. Sus sábanas van desde los 200 hilos hasta líneas premium de 400 y 600 hilos de algodón egipcio o satén.
Estas sábanas son prácticamente indestructibles y no se arrugan. En el mercado son consideradas ya no como un producto para descansar sino como el pasaje de entrada a un estado de hibernación, una especie de Nirvana en posición horizontal.
El exjefe de Gobierno porteño y actual legislador de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a irrumpir en la escena política con fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional y un pedido de renuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por su declaración jurada patrimonial.
“Adorni tiene que tener un poco de dignidad y renunciar”, afirmó Larreta al referirse a las inconsistencias detectadas en las presentaciones patrimoniales del funcionario, un caso que, según sostuvo, expone las contradicciones del discurso oficial y afecta la credibilidad institucional.
La reaparición pública del exmandatario porteño se produce en un contexto de creciente presión política sobre la Casa Rosada. Larreta consideró que los funcionarios tienen la obligación de brindar explicaciones claras y actuar con transparencia cuando surgen dudas sobre su conducta, y advirtió que la permanencia de Adorni se convirtió en un problema para el Gobierno.
Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos que distintos referentes del PRO vienen realizando en los últimos días. Desde ese espacio señalaron la gravedad de la situación y reclamaron una definición por parte del Ejecutivo para evitar que la polémica continúe impactando en la agenda política y legislativa.
“MANUEL ADORNI TIENE QUE IRSE COMO SEA: LO TIENEN QUE ECHAR O TIENE QUE TENER DIGNIDAD Y RENUNCIAR”.
— si hay video hay clipeo (@PabloNavas92) June 17, 2026
La controversia se profundizó luego de que Adorni reconociera que parte de sus activos no habían sido incluidos oportunamente en declaraciones juradas anteriores, situación que derivó en denuncias judiciales y nuevos pedidos de explicaciones. Pese a ello, el presidente Javier Milei ratificó su respaldo al funcionario y descartó la posibilidad de solicitarle la renuncia.
Para Larreta, el caso trasciende la situación personal del jefe de Gabinete y pone en evidencia las dificultades del Gobierno para sostener su discurso de transparencia. Además, advirtió que el escándalo complica la construcción de consensos en el Congreso y amenaza con condicionar el tratamiento de iniciativas clave para la administración nacional.
Mientras la Casa Rosada mantiene su respaldo a Adorni, la reaparición de Larreta añade un nuevo foco de presión sobre el oficialismo y lo devuelve al centro del debate político con una de las críticas más duras formuladas hasta ahora contra el Gobierno.
La Fiscalía Federal de San Isidro solicitó que sea citado a declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de USD 200.000 enviada por el empresario Federico “Fred” Machado.
El pedido, formulado por el fiscal Fernando Domínguez, también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., y deberá ser evaluado por el juez federal Lino Mirabelli.
La causa se centra en el origen y destino de los fondos transferidos por Machado, un empresario aeronáutico radicado en Estados Unidos que admitió delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia de Texas. Los investigadores intentan determinar si ese dinero fue incorporado al circuito financiero formal mediante maniobras destinadas a ocultar su procedencia.
La explicación brindada por Espert sostiene que los USD 200.000 correspondían al pago de una consultoría relacionada con un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión al considerar que no existen elementos que acrediten la prestación efectiva de esos servicios.
De acuerdo con el expediente, el economista no habría viajado al país centroamericano y los emprendimientos mineros mencionados en la documentación presentada no registraban actividad compatible con los trabajos declarados. Para los investigadores, el contrato podría haber funcionado como una estructura formal destinada a justificar el ingreso de fondos bajo sospecha.
Las dudas de la fiscalía también se extienden a los movimientos posteriores al cobro. Según la hipótesis acusatoria, los dólares habrían sido cambiados por pesos a través de circuitos informales y luego reingresados al sistema bancario mediante múltiples depósitos de bajo monto, una modalidad conocida como “pitufeo” o fragmentación de depósitos que suele ser investigada en causas de lavado por su capacidad para evitar controles automáticos.
El expediente además pone la lupa sobre un presunto incremento patrimonial del dirigente y de su entorno familiar. Entre los movimientos observados figuran la adquisición de vehículos de alta gama, inversiones financieras y aportes a un fideicomiso inmobiliario que, según la fiscalía, no guardarían relación con los ingresos declarados.
Paralelamente, la Justicia analiza el vínculo previo entre Espert y Machado en otra causa que tramita en Comodoro Py. Allí se investigan los presuntos aportes logísticos que el empresario habría realizado durante la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo aeronaves y vehículos utilizados en actividades proselitistas.
Mientras continúa vigente una medida de no innovar sobre bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, la solicitud de indagatoria marca un avance significativo en el expediente y deja al exdiputado más cerca de tener que responder formalmente ante la Justicia por las sospechas que pesan sobre el origen y la circulación de los fondos investigados.
Denunciada por presuntamente omitir deudas y bienes en su declaración jurada, la legisladora se suma a la lista de funcionarios libertarios cuestionados por la transparencia de la información presentada ante los organismos de control.
Las denuncias fueron impulsadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín, quienes apuntaron contra la declaración jurada presentada por Lemoine en octubre de 2024, correspondiente al período 2023. Según sostienen, la diputada nunca presentó la declaración jurada inicial que todo funcionario debe entregar dentro de los primeros 30 días hábiles desde su asunción al cargo, ocurrida el 10 de diciembre de 2023.
La única presentación realizada por la legisladora consignó un patrimonio de cero pesos, sin bienes, deudas ni gastos personales. Sin embargo, los denunciantes aseguran que esa información contradice registros públicos. De acuerdo con datos de la Central de Deudores del Banco Central, al 31 de diciembre de 2023 Lemoine registraba deudas por más de 500 mil pesos con distintas entidades financieras, entre ellas Tarjeta Cencosud, Banco Ciudad y créditos asociados a Mercado Libre.
“El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró”, explicó Pérez Ernst. Según detalló, esas obligaciones fueron canceladas una vez que la diputada comenzó a percibir su salario legislativo, aunque eso no modificaba la obligación de informar su situación patrimonial al momento de asumir.
Las sospechas también alcanzan a los bienes inmuebles. Los denunciantes sostienen que Lemoine debió informar la vivienda que heredó de su madre y en la que actualmente reside. Aunque la diputada argumentó que la sucesión aún no está concluida, consideran que sus derechos sucesorios debían figurar en la declaración jurada. Además, un testigo de identidad reservada mencionó la existencia de otras propiedades presuntamente vinculadas a la legisladora en Belgrano e Ituzaingó, información que aún no fue corroborada judicialmente.
A este expediente se suma una segunda denuncia que investiga el supuesto uso de recursos públicos para fines privados. El caso se originó luego de que la propia Lemoine reconociera en una entrevista que los honorarios de su abogado penalista eran cubiertos mediante un contrato de asesor dentro de la Cámara de Diputados. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo, quien ya ordenó medidas para avanzar con la investigación.
Mientras enfrenta ambos procesos, la diputada todavía no presentó la declaración jurada correspondiente a 2024, una omisión que agrega interrogantes en medio de los cuestionamientos sobre su patrimonio.
Desde la defensa, el abogado Hernán Seivane minimizó las acusaciones y aseguró que responderá cuando exista una definición de la fiscalía. También relativizó las inconsistencias detectadas en la declaración jurada y señaló que cualquier eventual error deberá ser evaluado por especialistas.
Con denuncias por presuntas deudas ocultas, propiedades no declaradas y el posible uso de contratos legislativos para solventar gastos privados, Lilia Lemoine suma un nuevo capítulo a los cuestionamientos que ya alcanzaron a otros referentes libertarios y vuelve a poner en discusión la transparencia patrimonial dentro del oficialismo.
La Justicia encontró en el teléfono celular del contratista Matías Tabar una factura por más de 8 millones de pesos correspondiente a una compra masiva de sábanas y ropa blanca de alta gama realizada en 2025.
Cuando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito parecía concentrarse en el origen de su patrimonio y sus operaciones con criptomonedas, una nueva revelación amenaza con profundizar aún más el escándalo.
La Justicia encontró en el teléfono celular del contratista Matías Tabar una factura por más de 8 millones de pesos correspondiente a una compra masiva de sábanas y ropa blanca de alta gama realizada en 2025. Según reveló el periodista Sergio Farella, la operación alcanzó los 8.183.303 pesos y fue realizada en Rosen The Store, una firma chilena reconocida por proveer ropa de cama premium a hoteles de lujo y suites presidenciales de toda la región.
La documentación hallada por los investigadores agrega un nuevo elemento de sospecha a una causa que no deja de escalar. La factura figura a nombre de Gisela Kocsis, funcionaria de la cartera de Medios y Comunicación que fue designada por el propio Adorni, un dato que ahora también es objeto de análisis judicial.
El hallazgo se produce en momentos en que el fiscal Gerardo Pollicita profundiza la investigación patrimonial sobre el funcionario. En las últimas horas solicitó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para reconstruir el universo de plataformas, exchanges y operadores vinculados al mercado de criptomonedas que funcionaban en Argentina desde 2012.
La medida busca verificar la versión ofrecida por Adorni sobre el origen de una parte sustancial de su patrimonio. El funcionario aseguró haber invertido alrededor de 200.000 dólares en Bitcoin en los primeros años de desarrollo de ese mercado, una explicación que ahora intenta ser corroborada mediante documentación oficial y registros históricos.
Con cada nueva prueba que aparece en el expediente, el cerco judicial parece estrecharse. La aparición de gastos millonarios en bienes de lujo y el avance sobre las operaciones financieras vinculadas a criptomonedas colocan a Adorni en el centro de una investigación que adquiere una dimensión cada vez más delicada y que amenaza con convertirse en uno de los casos más sensibles para el oficialismo.
Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, percibió al menos 55 millones de pesos de una empresa que participa en la disputa por la concesión de Tecnópolis, un proceso licitatorio que depende del área que conduce el jefe de Gabinete.
Se trata de Foggia Group, una productora con vínculos históricos con el entorno de Karina Milei. Hasta diciembre de 2023, una de sus socias era Mara Gorini, actual secretaria de la hermana del Presidente, quien se desprendió formalmente de su participación al asumir funciones en el Gobierno.
Tras su salida, la firma quedó en manos de Marcelo Dionisio, esposo de Gorini, y del hijo de ambos. Sin embargo, la estructura accionaria comenzó a modificarse durante 2025. Pocos días antes de que el Gobierno anunciara la concesión de Tecnópolis por un plazo de 30 años, empresarios vinculados a la familia Werthein desembarcaron en la compañía.
Según informó previamente LPO, los primeros en incorporarse fueron Marcelo Wegbrait y Fabián Suffern, quienes asumieron cargos como directores titular y suplente. El 19 de noviembre de 2025 se sumó Ricardo Silbermins, ejecutivo que integra los directorios de distintas compañías relacionadas con los Werthein, entre ellas Landmark y Cachay SA.
La llegada de estos nombres reforzó la conexión entre Foggia Group y el conglomerado empresario de la familia Werthein, que incluye a Technomedia, controlante de DirecTV en la Argentina.
El gobierno de Javier Milei busca desactivar la sesión prevista para este jueves en el Senado y evitar que avance una eventual ofensiva contra Manuel Adorni, en medio de crecientes sospechas dentro del oficialismo sobre los movimientos políticos de Patricia Bullrich con sectores del peronismo y el entorno de Victoria Villarruel.
Fuentes del Gobierno confirmaron que tanto el macrista Diego Santilli como Eduardo “Lule” Menem iniciaron contactos con distintos senadores para intentar impedir que la oposición reúna el quórum necesario para abrir el debate. La estrategia, sin embargo, podría tener costos para el propio oficialismo.
Como anticiparon distintos sectores aliados al Gobierno, el Congreso permanece prácticamente paralizado mientras se mantenga la situación de Adorni, una situación que complica los planes legislativos de Javier Milei para impulsar iniciativas consideradas clave para la recuperación económica.
Aunque la eventual interpelación del jefe de Gabinete no figura en el temario oficial de la sesión, en Balcarce 50 admiten que, una vez habilitado el debate, el peronismo podría intentar introducir una moción para avanzar contra el funcionario. El orden del día incluye, entre otros puntos, el tratamiento de la ley de propiedad privada y los pliegos judiciales pendientes.
Las gestiones encabezadas por Menem y Santilli encuentran receptividad entre sectores de la UCR y senadores alineados con gobernadores provinciales, que buscan evitar quedar atrapados entre respaldar una iniciativa impulsada por el peronismo o salir en defensa de Adorni.
Según trascendió, Bullrich había sugerido que la Casa Rosada evitara intervenir en las negociaciones del Senado. Sin embargo, la desconfianza de Karina Milei respecto del desenlace de la sesión terminó inclinando la balanza a favor de una participación más activa del oficialismo en las conversaciones parlamentarias.
En paralelo, persisten diferencias sobre el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger. Fuentes legislativas señalaron que el Gobierno rechaza las modificaciones introducidas en el capítulo referido a la extranjerización de tierras, donde los bloques dialoguistas y representantes de las provincias acordaron otorgar a los gobernadores la última palabra en la autorización de ventas de terrenos a ciudadanos extranjeros.
El desembarco del magnate Peter Thiel en Buenos Aires reavivó las alarmas sobre el rumbo institucional del gobierno libertario. Mientras Honduras todavía enfrenta las consecuencias del fallido proyecto Próspera, el paquete legislativo impulsado por Javier Milei reproduce varios de sus mecanismos centrales: justicia privada, privilegios extraordinarios para grandes corporaciones y una inédita cesión de soberanía económica.
La reciente llegada a la Argentina del multimillonario Peter Thiel, cofundador de PayPal y propietario de la empresa de análisis de datos Palantir Technologies, encendió nuevas alertas en sectores políticos y académicos. La adquisición de una propiedad en Barrio Parque fue interpretada por algunos analistas como mucho más que una inversión inmobiliaria: el posible punto de partida para profundizar un modelo de desregulación extrema que ya tuvo una experiencia traumática en Centroamérica.
La referencia obligada es Próspera, una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) creada en 2020 en la isla hondureña de Roatán. Financiada por fondos de inversión vinculados a Thiel y otros referentes de Silicon Valley, la iniciativa prometía atraer inversiones mediante reglas propias, bajos impuestos y escasa intervención estatal. Sin embargo, el proyecto terminó convirtiéndose en uno de los casos más controvertidos de la región.
Publicidades de Próspera que se difundían en Honduras
Próspera funcionaba con tribunales arbitrales privados integrados mayoritariamente por especialistas extranjeros, un esquema tributario diferencial y facultades que configuraban un verdadero “Estado paralelo”. A ello se sumaron denuncias de comunidades locales, como la de Crawfish Rock, que aseguraron no haber sido consultadas sobre el avance del emprendimiento sobre territorios históricamente habitados por pescadores y poblaciones originarias.
Las críticas también alcanzaron a la instalación de clínicas experimentales dedicadas a tratamientos biotecnológicos y genéticos que operaban al margen de regulaciones más estrictas, transformando al enclave en un espacio excepcional para el desarrollo de prácticas médicas controvertidas.
El modelo fue aprobado durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, posteriormente extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico. Lejos de convertirse en el motor económico prometido, Próspera facilitó la concentración de beneficios en pocas manos, mientras el Estado hondureño resignaba recursos fiscales fundamentales para financiar políticas públicas.
Manifestaciones en contra de las ZEDEs en Honduras. Crédito: AFP
La reacción política no tardó en llegar. En 2022, tras varias protestas el Congreso hondureño derogó por unanimidad la legislación que habilitaba las ZEDE, decisión que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, el conflicto continúa abierto: los inversores demandaron al Estado ante el CIADI por más de 1.600 millones de dólares en concepto de supuestas ganancias futuras perdidas, una cifra capaz de comprometer seriamente las finanzas del país centroamericano.
El caso hondureño aparece así como una advertencia sobre el horizonte que podrían abrir los proyectos impulsados por Javier Milei. Analizando los úlrimos proyectos, el oficialismo no buscaría replicar Próspera dentro de un territorio acotado, sino convertir a la propia Argentina en una versión ampliada del experimento mediante reformas legislativas que transfieran cada vez más poder desde el Estado hacia las corporaciones privadas que buscan un Estado mínimo sin restricciones, ni sanciones.
Entre las iniciativas señaladas aparecen el denominado “Súper RIGI”, que otorgaría beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios durante tres décadas a grandes inversiones tecnológicas; la reforma integral de la Ley de Sociedades, que habilitaría figuras inéditas como las Sociedades Automatizadas gestionadas por inteligencia artificial y las Sociedades Automatizadas y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) basadas en blockchain; la ampliación de los mecanismos de prórroga de jurisdicción y arbitraje privado, permitiendo que conflictos empresariales puedan resolverse bajo derecho extranjero; y el conjunto de medidas de desregulación promovidas desde el Ministerio encabezado por Federico Sturzenegger, orientadas a reducir la capacidad de intervención estatal sobre la actividad económica.
El denominador común de estas iniciativas es la creación de un marco jurídico excepcional para atraer capitales globales, aun a costa de resignar herramientas tradicionales de soberanía económica y regulatoria.
Uno de los ejes centrales es la ampliación de los beneficios para grandes inversiones estratégicas. El denominado “Súper RIGI” contempla blindajes fiscales, aduaneros y cambiarios durante tres décadas para proyectos superiores a los mil millones de dólares, además de habilitar la libre disponibilidad de divisas. La idea central de estas herramientas es crear auténticas burbujas de excepción económica, donde las multinacionales operan prácticamente desconectadas de las restricciones y obligaciones que pesan sobre el resto de la sociedad.
En paralelo, las reformas vinculadas a la legislación societaria habilitarían el reconocimiento de nuevas figuras corporativas, como las DAO, estructuras basadas en tecnología blockchain cuyos mecanismos de decisión y funcionamiento quedan establecidos mediante contratos inteligentes ejecutados automáticamente por código informático. A diferencia de las empresas tradicionales, las DAO pueden operar sin una sede física definida, con integrantes distribuidos en distintos países y sistemas de gobernanza administrados digitalmente a través de la posesión de tokens.
Su eventual incorporación al marco legal argentino abriría interrogantes sobre cuestiones como la jurisdicción aplicable, la responsabilidad jurídica de sus integrantes y los mecanismos de fiscalización tributaria. Precisamente por su capacidad para funcionar de manera transnacional y sin una estructura societaria convencional, estas figuras representan un avance hacia modelos empresariales cada vez más deslocalizados y menos sujetos a las formas tradicionales de control estatal.
Otro de los puntos que generan interrogantes en torno a los proyectos impulsados por Javier Milei es el creciente protagonismo de los mecanismos de arbitraje internacional y prórroga de jurisdicción. Aunque la legislación argentina ya contempla estas herramientas en determinados casos, la comparación con Próspera resulta inevitable para quienes siguen de cerca el fenómeno. El enclave hondureño, promovido por inversores vinculados a Peter Thiel, tenía entre sus pilares la existencia de tribunales arbitrales propios y la posibilidad de sustraer conflictos de la justicia ordinaria.
A ello se suman propuestas orientadas a reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y flexibilizar restricciones sobre tierras e infraestructura. Según sus detractores, estas medidas buscan garantizar que eventuales cambios políticos futuros encuentren severamente limitadas las posibilidades de revisar concesiones o intervenir sobre activos en manos de grandes fondos de inversión.
En ese contexto, también cobran relevancia las reuniones mantenidas entre el presidente Milei y Peter Thiel, así como los encuentros técnicos entre representantes del ecosistema tecnológico asociado al empresario y funcionarios cercanos al oficialismo. Entre ellos aparecen el asesor Santiago Caputo y áreas vinculadas a innovación tecnológica, en conversaciones relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos masivos a través de Palantir.
El Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger emerge, además, como una de las piezas clave de este entramado. Desde allí se impulsa una profunda revisión del marco regulatorio argentino con el objetivo declarado de reducir trabas burocráticas y facilitar nuevas modalidades de contratación y organización empresarial.
Para los defensores del experimento libertario, estas reformas representan una oportunidad histórica para posicionar a Argentina como un polo global de innovación y atraer inversiones de alto impacto. Del otro lado, se advierte que estas últimas medidas constituyen el intento más ambicioso de transformar al país en un laboratorio institucional al servicio de las grandes corporaciones tecnológicas.
Mientras Honduras continúa disputando en tribunales internacionales las consecuencias del experimento Próspera, el Congreso argentino debate iniciativas que, según distintas voces de la oposición y del ámbito académico, podrían redefinir la relación entre democracia, soberanía y poder económico. La pregunta de fondo ya no es si Silicon Valley observa a la Argentina con interés, sino cuánto está dispuesto el gobierno de Milei a modificar las reglas del juego para recibirlo.
El periodista Carlos Pagni ironizó sobre Manuel Adorni, que aseguró haber encontrado 500 mil dólares en un pendrive y así justificó su exponencial crecimiento patrimonial.
“Ya no escandaliza por la cuestión moral sino por la indigencia cognitiva de Adorni para explicar su situación”, aseguró.
“No se puede creer que alguien con esos pocos atributos intelectuales sea Jefe de Gabinete de la Argentina. Hasta ahí lo llevó el poder de turno”, explicó.
A ver, voy a poner a Pagni parar saber que piensa de Adorni.
“El escándalo no se debe ya a una cuestión moral, sino mas bien a la INDIGENCIA COGNITIVA de Manuel Adorni parar RAZONAR.
“Parece inconcebible que alguien TAN POCO DOTADO INTELECTUALMENTE haya llegado al lugar donde… pic.twitter.com/gIEn2kVQwM
