Confirmaron la visita del papa León XIV para noviembre a la Argentina. El Vaticano comunicó que la gira regional comprende además etapas en Uruguay y Perú y fue aceptada por las autoridades. Visitará Capital Federal, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires. Incomodidad en el gobierno de Javier Milei.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, según se confirmó este miércoles desde el Vaticano en un comunicado: “El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”, señaló el escrito.

Para el gobierno nacional es una situación incómoda, ya que Milei llegó a decir que el Papa Francisco, anterior a León XIV era el “diablo”. Además, cuestiona la doctrina social de la iglesia católica y cualquier idea vinculada con la solidaridad y el bien de común, todos valores sobre los que reflexionará el Obispo de Roma.

La situación de José Luis Espert sumó un nuevo revés luego de que la Justicia de Estados Unidos declarara culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico a Federico “Fred” Machado, el empresario que financió su campaña presidencial de 2019 y que mantiene un estrecho vínculo con el economista libertario.

La resolución fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Tribunal del Distrito Este de Texas, quien homologó la declaración de culpabilidad presentada por Machado tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense. Aunque la pena aún deberá definirse una vez concluido el informe pre-sentencial, la responsabilidad penal del empresario ya quedó establecida.

La condena representa un nuevo golpe para Espert, ya que Machado no solo fue uno de los principales aportantes de su campaña presidencial, sino que además su nombre aparece en una investigación por lavado de dinero que involucra al legislador argentino.

Durante el proceso judicial, Machado admitió haber encabezado un esquema de fraude mediante el cual captó millones de dólares de inversores ofreciendo la venta de aeronaves que en realidad nunca estuvieron disponibles. La maniobra se realizaba a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, radicadas en Florida.

Como parte del acuerdo con la fiscalía, el empresario consiguió que se retirara el cargo de narcotráfico que pesaba sobre él desde 2020, un delito que contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión. A cambio, aceptó declararse culpable por lavado de dinero y fraude electrónico, dos delitos que prevén penas de hasta veinte años de cárcel cada uno, además de multas y el decomiso de bienes.

El expediente estadounidense tiene una derivación directa en la Argentina. Entre las pruebas incorporadas por la fiscalía de Texas figura una transferencia de 200.000 dólares enviada a José Luis Espert en enero de 2020 a través del Bank of America, operación vinculada a una aeronave utilizada por Machado en sus viajes al país.

Ese giro de dinero es investigado por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa por presunto lavado de dinero en la que Espert se encuentra imputado. El diputado sostiene que el pago correspondía a una supuesta consultoría por un proyecto minero en Guatemala que finalmente no prosperó debido a la pandemia, aunque la investigación judicial continúa en trámite.

Las revelaciones sobre el financiamiento recibido de Machado tuvieron además un fuerte impacto político. Tras conocerse la magnitud del vínculo económico entre ambos, Espert desistió de competir como principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Mientras la Justicia estadounidense avanza hacia la sentencia definitiva contra Machado, la condena del empresario vuelve a colocar bajo escrutinio la relación que mantuvo con Espert y agrega un nuevo elemento de presión sobre la situación judicial y política del economista libertario.

La líder de la Coalición Cívica aseguró que la iniciativa responde a intereses vinculados a magnates de Silicon Valley y al narcotráfico, y afirmó que incluso podría denunciar al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich por el delito de traición a la patria.

La discusión por el proyecto del Gobierno para modificar la ley de tierras sumó un nuevo foco de tensión tras las explosivas declaraciones de Elisa Carrió, quien acusó a la administración de Javier Milei de impulsar una iniciativa que pone en riesgo la soberanía nacional y favorece intereses extranjeros vinculados al poder tecnológico global y al narcotráfico.

La líder de la Coalición Cívica sostuvo que la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, actualmente en debate en el Senado, podría habilitar la entrega de territorios estratégicos, recursos naturales, agua y zonas de frontera a capitales extranjeros. “Es el modelo que quieren Peter Thiel, Silicon Valley y los narcos”, afirmó, al advertir que la Argentina podría convertirse en el primer laboratorio de un “tecnofeudalismo” donde existan “Estados sin impuestos dentro del Estado”.

Carrió reveló que analizó el último borrador del proyecto enviado por Patricia Bullrich y cuestionó especialmente el límite del 25% de tierras que podrían adquirir personas o sociedades extranjeras. Según explicó, ese porcentaje podría concentrarse en una misma provincia o en áreas sensibles de frontera, afectando la integridad territorial del país.

La exdiputada consideró que la reforma debilita los mecanismos de control estatal y sostuvo que la protección de las zonas fronterizas no puede quedar sujeta a decisiones de gobernadores o funcionarios del Poder Ejecutivo, ya que involucra directamente la soberanía nacional.

En ese marco, lanzó una de sus advertencias más contundentes al asegurar que, si la ley es aprobada, está dispuesta a denunciar penalmente al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich por el delito de traición a la patria. Además, afirmó que los impulsores del proyecto ya podrían estar alcanzados por el artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe delegar facultades extraordinarias que comprometan el orden constitucional.

Durante la entrevista, Carrió vinculó la iniciativa con los intereses del empresario tecnológico Peter Thiel, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, y aseguró que detrás de la reforma existe un proyecto para facilitar el establecimiento de enclaves con escaso control estatal destinados a grandes corporaciones tecnológicas y otros actores con enorme capacidad financiera.

“¿Para qué reivindicar Malvinas si después permitimos que compañías extranjeras controlen territorios estratégicos?”, cuestionó, al insistir en que la reforma representa un riesgo para la integridad territorial argentina y profundiza la controversia en torno a uno de los proyectos más sensibles impulsados por el Gobierno.

El exfuncionario macrista y denunciante estrella prestó declaración testimonial en el tribunal, pero no pudo aportar pruebas ni sostener sus propias acusaciones sobre la obra pública. Su testimonio dejó expuestas las inconsistencias de la investigación armada durante el gobierno de Cambiemos.

Lo que prometía ser una jornada clave para sostener una de las acusaciones más mediáticas de los últimos años terminó convirtiéndose en un verdadero fiasco. El exadministrador de Vialidad Nacional y exministro de Energía del macrismo, Javier Iguacel, naufragó estrepitosamente durante su declaración en el juicio oral de la denominada “Causa Cuadernos”, al mostrarse incapaz de fundamentar las irregularidades que él mismo denunció en los medios de comunicación y en la fase de instrucción.

Convocado al estrado en calidad de testigo y uno de los principales impulsores de la teoría sobre la cartelización de la obra pública, Iguacel quedó acorralado ante las preguntas técnicas de las defensas. A lo largo de su exposición, el exfuncionario debió admitir reiteradamente que no le constaban los hechos de manera directa, que muchas de sus afirmaciones se basaban en “suposiciones” o “informes periodísticos” y que no contaba con documentación respaldatoria para acreditar los supuestos retornos o sobreprecios denunciados.

Las claves del desmoronamiento del testimonio de Iguacel:

• Sin pruebas concretas: Pese a haber sido el motor de la denuncia que inició el raid judicial contra exfuncionarios y empresarios, Iguacel reconoció que no presenció ningún pago ilegal ni detectó pruebas físicas directas de la existencia de una asociación ilícita en los expedientes de Vialidad.
• Inconsistencias técnicas: Al ser consultado sobre las auditorías internas que su propia gestión encargó en Vialidad Nacional, el testigo debió admitir que esos informes técnicos no arrojaron evidencias de sobreprecios en la construcción de rutas ni certificaron obras pagadas y no ejecutadas.
• Acorralado por las defensas: Las preguntas de los abogados defensores dejaron en evidencia el sesgo político de sus denuncias originales, exponiendo la falta de rigor metodológico en las acusaciones que sirvieron para armar la causa durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una causa acorralada por sus propias debilidades

El fallido paso de Iguacel por el Tribunal Oral Federal representa un golpe demoledor para la estrategia de la fiscalía y reafirma los cuestionamientos sobre cómo se instruyó el expediente bajo la doctrina del extinto juez Claudio Bonadio.

Para las defensas, la fragilidad exhibida por el denunciante estrella demuestra que el expediente se sostuvo sobre una construcción mediática y política más que sobre elementos probatorios sólidos. La caída del testimonio de Iguacel acelera el desgaste de una causa emblemática que, al llegar a la etapa de juicio oral y público, empieza a mostrar sus grietas más profundas.

La vicepresidenta firmó la resolución para habilitar la participación remota de la senadora mendocina por motivos de salud. La medida destaca en medio de la tirante relación entre la conducción de la Cámara alta y el bloque opositor.

En una decisión que marca un paréntesis en la permanente confrontación política dentro del Congreso, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, autorizó formalmente a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a participar y votar de manera virtual en las próximas sesiones de la Cámara alta.

La resolución firmada por la presidencia del cuerpo responde a un pedido presentado por la legisladora mendocina fundado en razones de salud que le impiden trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Con esta habilitación excepcional, el bloque de Unión por la Patria mantendrá su esquema completo de bancas para las discusiones clave que se avecinan en el recinto.

Las claves del aval de la Presidencia del Senado:

• Sustento reglamentario: La autorización se encuadró en las herramientas de conectividad y participación remota que quedaron contempladas en el reglamento de la Cámara para situaciones justificadas de fuerza mayor o licencias médicas.
• Preservación del quórum y los votos: Para el bloque opositor, la presencia virtual de Fernández Sagasti resulta estratégica de cara a votaciones con números sumamente finos, donde cada banca es decisiva para inclinar la balanza.
• Un gesto institucional en un clima tenso: La firma de Villarruel fue leída en los pasillos de la Cámara alta como un cumplimiento estricto del rol institucional, marcando un contraste con la lógica de confrontación plena que domina la agenda parlamentaria.

El tablero político en la Cámara alta

La habilitación remota se produce en un contexto de altísima intensidad en el Senado, donde el Ejecutivo busca destrabar leyes clave mientras la oposición articula mayorías para ponerle frenos a decretos y proyectos oficiales.

Con el esquema de sesiones listo y los números al límite, la decisión de garantizar la conectividad de la senadora mendocina asegura que las próximas batallas legislativas se libren con la totalidad de los votos en juego sobre la mesa.

El Ministerio de Salud de la Nación fue allanado por orden del juez federal Ernesto Kreplak en la causa que investiga al menos 114 muertes por fentanilo adulterado vinculado a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Además fueron detenidas dos ex funcionarias libertarias. ¿El círculo se cerrará sobre Rodrigo Lugones, ministro de salud mileista?

En el marco de la causa que investiga el fentanilo adulterado se realizó hoy un allanamiento en el Ministerio de Salud de la Nación. Fuentes cercanas a la causa afirmaron que se fue a buscar documentación y se secuestraron registros de ingresos y egresos y reuniones de la cartera sanitaria correspondientes a 2023 y 2024.

Además, Nélida Agustina Bisio de ANMAT y Gabriela Mantecón Fumado, ex directora de INAME quedaron detenidas en la causa que investiga la muerte de mas de 100 personas y al menos 50 pacientes con lesiones graves y serán indagadas en las próximas horas por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

La causa comenzó en 2024, cuando se detectó un lote de fentanilo para uso médico adulterado. Desde la oposición y entre familiares de las víctimas hubo criticas por el virtual vaciamiento de organismos de control, que colaboraron a que el lote se distribuya sin los controles regulares que tienen este tipo de insumos.

La exdirectora del Registro Nacional de Tierras y coautora de la Ley de Tierras vigente, Florencia Gómez, se refirió al proyecto de reforma de Javier Milei. “Buscan favorecer a empresarios muy ricos, esto no es para que migrantes que bajen de los barcos. Quieren ceder tierras estratégicas. La ley actual se sacó en 2012 cuando el gobierno de Cristina veía que cada vez que viajábamos por el mundo para vender productos nos hablaban de comprarnos tierras”, contó. 

En ese sentido, Gómez continuó: “Dicen que ahora quieren ceder en lo que hace al máximo permitido nacional pero pretenden eliminar otras restricciones, como adquirir tierras en lugares estratégicos”, explicó.

“La ley actual quería evitar que venga un Lewis y se compre las tierras que rodean a un lago y luego se queda con el lago, porque nadie puede llegar. Se quiso evitar a los Lewis del futuro. Esta ley saca esas restricciones”, aseguró. 

“El proyecto de Milei quiere sacar los topes para las provincias y las sub-regiones. Una provincia completa podría estar en manos de una empresa extranjera”, agregó Gómez en diálogo con AM 530.

“Hay muchísima gente que está consustanciada con esta causa, la del jueves va a ser una marcha muy grande, no tengo dudas. Mucha gente sin pertenencia política está muy preocupada por esta ley”, cerró.

El abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez, identificado con el espacio político de Javier Milei y con estrechos vínculos con el Presidente y su hermana Karina Milei, volvió a quedar en el centro de la polémica tras lanzar una serie de violentas declaraciones en el canal de streaming Carajo, donde llegó a proponer “bombardear con napalm el Conurbano”.

Los dichos fueron pronunciados durante una emisión del programa de streaming libertario La Trinchera, donde el militante oficialista Sarubbi Benítez describió al Conurbano bonaerense como “una inmensa porción de gente que ya no tiene salvación” y aseguró que allí “ya no hay retorno” por un supuesto problema “cultural y de marginalidad”.

Al enumerar posibles “soluciones”, el abogado afirmó que una de ellas sería la “esterilización”. “La primera sería, bueno, la esterilización, esa me gustó, de hecho es muy buena, en serio”, expresó, antes de redoblar la apuesta con nuevas propuestas de extrema violencia.

En ese sentido, planteó cercar todo el Conurbano con “un muro de 15 metros de altura con snipers arriba” para impedir el paso de personas y sostuvo que el ingreso y la salida del territorio deberían resolverse de manera “totalmente arbitraria”, según la “portación de cara” y definiendo previamente quiénes serían “las personas que uno considera que hay que salvar”.

🚨 Polémica en Carajo, el 6-7-8 libertario

Durante el programa La Trinchera, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez realizó una serie de polémicas declaraciones sobre el Conurbano bonaerense: habló de "esterilización", propuso "un muro de 15 metros con francotiradores" y planteó… pic.twitter.com/0YeAeveuJZ

— LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 4, 2026

Propuesta libertaria: Aplicar la doctrina Gaza en el conurbano

Sin embargo, la declaración que provocó mayor repudio llegó cuando propuso utilizar armamento incendiario sobre la población. “La tercera, que quizás a priori presupuestariamente hablando puede parecer un poco cara, pero en realidad no lo es… es de todas las mañanas tirar napalm desde aviones“, afirmó durante la transmisión. En ese mismo intercambio, los participantes también hicieron referencias a la práctica militar conocida como “roof knocking”, utilizada por Israel en la Franja de Gaza.

Los fragmentos del programa se viralizaron rápidamente en redes sociales y despertaron una ola de cuestionamientos por el tenor de las expresiones, consideradas por numerosos usuarios como una apología de la violencia contra millones de bonaerenses.

La polémica también volvió a poner bajo la lupa al canal oficialista Carajo, no es la primera vez que sus contenidos generan rechazo: en emisiones anteriores ya había sido cuestionado por expresiones discriminatorias, ataques contra periodistas y dirigentes políticos, comentarios considerados homofóbicos y la utilización de una imagen generada con inteligencia artificial para ridiculizar a un dirigente político atribuyéndole rasgos de síndrome de Down.

Sarubbi Benítez, además, acumula denuncias por presuntos delitos de extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación de la ley antidiscriminatoria, antecedentes que vuelven a colocar sus declaraciones bajo un fuerte escrutinio público.

En una jugada relámpago que encendió todas las alarmas en el Congreso, Mahiques anunció el envío masivo de designaciones judiciales a la Cámara alta. Sectores opositores advierten sobre un intento de acomodar jueces “ad hoc” y garantizar un blindaje tribunero para el oficialismo.

En un movimiento de altísimo volumen político que promete desatar una tormenta institucional, el Gobierno nacional envió 203 pliegos de jueces, fiscales y defensores al Senado para cubrir las vacantes en los tribunales de todo el país. La confirmación, a cargo del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, fue leída de inmediato por amplios sectores políticos como una maniobra estratégica de la Casa Rosada para copar el Poder Judicial y garantizarse impunidad de cara a los expedientes sensibles que acorralan a la gestión.

Lejos de tratarse de un mero trámite administrativo para agilizar la justicia, el masivo desembarco de nombres propuesto por Javier Milei apunta a casilleros decisivos en la Justicia Federal y en los fueros donde se tramitan desde denuncias por corrupción y contratos del Estado, hasta las presentaciones colectivas contra el ajuste económico y las medidas del Ejecutivo.

Las claves de la sospecha por el “copamiento” judicial:

• El control de los juzgados clave: La lista incluye postulantes para despachos de primera instancia y cámaras de apelaciones estratégicas, lo que le permitiría al oficialismo tejer una red de contención frente a futuras investigaciones penales o reveses judiciales.
• Alertas por “jueces ad hoc”: Desde la oposición salieron a denunciar que el apuro por aprobar este paquete busca nombrar magistrados afines al proyecto libertario, condicionando la independencia del Poder Judicial para los próximos años.
• La rosca en el Senado: Con un recinto fragmentado, la aprobación de las 203 candidaturas dependerá de negociaciones bajo mesa. Denuncian que el Gobierno ofrecerá cobertura en provincias a cambio del voto de senadores dialoguistas para blindar sus propios pliegos.

Blindaje judicial en tiempos de ajuste

La jugada se produce en el momento de mayor erosión política del Gobierno, salpicado por el descontento social y los severos cuestionamientos a sus decretos. Para analistas y legisladores opositores, armar una “Justicia adicta” es la última trinchera del Ejecutivo para frenar los amparos que frenan sus reformas y, al mismo tiempo, asegurarse la tranquilidad penal cuando los funcionarios deban rendir cuentas ante los tribunales.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, lanzó una de sus críticas más duras contra el presidente Javier Milei al afirmar que “quiere llenar de ‘otras Malvinas’ todo el territorio de la República Argentina”, al cuestionar el proyecto oficial para modificar la Ley de Tierras.

“Milei ha sido mandado por el poder económico mundial de la ultraderecha a llenar el territorio argentino de otras ‘Malvinas’, es decir, enclaves extranjeros en suelo nacional cuyos ocupantes se apropian de los recursos en su beneficio y eluden nuestras leyes fundacionales“, sostuvo el jefe comunal.

En ese sentido, diferenció la ocupación británica de las Islas Malvinas de lo que, según afirmó, busca el Gobierno nacional: “Nuestras islas fueron ocupadas por la fuerza de las armas; las nuevas y múltiples ‘Malvinas’ que impulsa Javier Milei, desde La Quiaca hasta Ushuaia, serán ocupadas por efecto del proyecto de extranjerización del suelo argentino”.

MILEI QUIERE LLENAR DE “OTRAS MALVINAS” TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. EN ESO CONSISTE EL PROYECTO DE EXTRANJERIZACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS.
NO A LA LEY DE EXTRANJERIZACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS

— Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 3, 2026

Espinoza aseguró que la iniciativa oficial representa un salto respecto de anteriores procesos de privatización. “Ya no se trata de ‘entregar a precio vil’ o de ‘vender al mejor postor’ el patrimonio nacional; ahora se trata de regalar nuestros recursos y convertir grandes porciones del territorio en propiedades privadas no reguladas por nuestras leyes”, afirmó.

El intendente también sostuvo que, mientras otros países protegen sus recursos estratégicos, “Javier Milei no”, y advirtió que el Gobierno pretende abrir la puerta a la apropiación extranjera de activos clave como el litio, el shale gas, el agua dulce, el shale oil y la producción agropecuaria.

“Argentina tiene litio para disputar el liderazgo mundial, cobre para transformar su matriz exportadora, oro, plata y uranio para desarrollar la energía nuclear. Pero Javier Milei procura regalarles las tierras que los contienen a sus jefes, los magnates mundiales“, remarcó.

Finalmente, Espinoza vinculó esta política con la situación de las Islas Malvinas y advirtió: “Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras, lo mismo pasará con todos nuestros recursos“.

Para cerrar, citó una frase de Manuel Belgrano: “Debemos conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos del extranjero los medios con que forzosamente nos quita las grandes riquezas en perjuicio general de la Nación”, y concluyó: “Sigue vigente”.