Una nueva encuesta nacional de la consultora Synopsis encendió señales de preocupación en la Casa Rosada: el presidente Javier Milei muestra una caída en su nivel de adhesión y hoy una mayoría de los argentinos asegura que preferiría un cambio de rumbo político.

El relevamiento, realizado sobre 1.585 casos en todo el país y con un margen de error de +/- 2,4%, expone un escenario cada vez más complejo para el oficialismo de cara al mediano plazo. Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, Milei alcanzaría un 37,2% de apoyo, pero el dato más sensible para el Gobierno es el deterioro de su núcleo duro: apenas un 12,4% afirma que le “gusta todo” del mandatario.

La encuesta dividió las respuestas en cuatro grandes grupos. El segmento más fiel al Presidente se redujo al 12,4%, mientras que un 29,3% sostiene que, aunque no está completamente conforme con Milei, todavía no encuentra una alternativa mejor. Ambos sectores suman un 41,7% de respaldo potencial.

Sin embargo, del otro lado crece con fuerza el malestar social y político. Un 8,2% respondió que no le gusta del todo Milei y que sí observa opciones superadoras, mientras que el rechazo más duro —quienes aseguran que “no les gusta nada” del mandatario— escala al 49,5%. En conjunto, quienes no quieren una continuidad del actual liderazgo ya representan el 57,7%.

Los números empeoran aún más cuando la discusión gira sobre continuidad o cambio. Solo un 33,8% se inclina por sostener el rumbo actual del país, mientras que un contundente 61,5% considera necesario buscar un cambio respecto de lo que ocurre hoy en Argentina.

El estudio también refleja un escenario de fuerte competencia política. En intención de voto por espacios, el peronismo aparece levemente por encima de La Libertad Avanza: obtiene un 32,9% contra un 30,3% del oficialismo. Más atrás se ubican la izquierda con 9,6%, el PRO con 7,8%, Provincias Unidas con 3,9% y otros espacios menores.

Los datos de Synopsis representan una advertencia para el Gobierno nacional en medio del desgaste económico, la persistencia de la crisis social y las dudas crecientes sobre la capacidad del oficialismo para sostener el apoyo que llevó a Milei a la Presidencia.

Nuevo revés judicial para el gobierno: la Justicia Federal de La Plata ordenó al Poder Ejecutivo garantizar de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ante el riesgo de parálisis por el ajuste presupuestario impulsado por la administración libertaria.

La medida cautelar fue dictada por el juez federal Ernesto Kreplak luego de una presentación del Ministerio Público Fiscal que alertó sobre la grave crisis económica y administrativa que atraviesa el organismo, pieza central en la restitución de identidades y en las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El fallo obliga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al Ministerio de Justicia a disponer recursos urgentes para sostener la operatividad del Banco y preservar el Archivo Nacional de Datos Genéticos. Entre los problemas señalados figuran la falta de fondos para limpieza, seguridad, mantenimiento edilicio y conservación de muestras biológicas, poniendo en riesgo pericias genéticas fundamentales para causas judiciales.

Según documentación oficial del organismo, el presupuesto previsto para 2026 cubre apenas el 55,96% de los recursos solicitados, situación que compromete la cadena de custodia y la validez de las pruebas genéticas.

En paralelo, Abuelas de Plaza de Mayo denunció el “ahogo presupuestario” al BNDG y se presentó en la causa para reforzar la urgencia de la medida. La organización advirtió que cualquier interrupción en el funcionamiento del Banco afectaría pruebas irreemplazables y pondría en riesgo las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de verdad, identidad y justicia.

📣El Banco Nacional de Datos Genéticos está en peligro
🗣Desde Abuelas de Plaza de Mayo denunciamos el ahogo presupuestario al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su consecuente peligro de parálisis.
COMUNICADO COMPLETO:https://t.co/okE9IXbsvA pic.twitter.com/7qNx474q17

— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) May 14, 2026

La resolución judicial representa un fuerte llamado de atención al Gobierno y busca evitar la paralización de un organismo creado en 1987, clave en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura y en la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.

Según cifras difundidas por la OCDE, el país recibió apenas USD 3.134 millones de inversión extranjera directa (IED) durante 2025, muy por detrás de la mayoría de las economías de la región.

El contraste es contundente: el Brasil de Lula lideró el ranking con USD 76.877 millones, seguido por México con USD 40.871 millones, Chile con USD 13.152 millones, Colombia con USD 11.462 millones y Costa Rica con USD 5.733 millones. Argentina quedó relegada al último puesto pese a las promesas oficiales de que el ajuste, la desregulación y los beneficios al gran capital generarían una “lluvia de inversiones”.

La cifra expone una contradicción central del discurso de Javier Milei. Mientras el Gobierno insiste en que la apertura económica y el achicamiento del Estado mejorarían la confianza internacional, los capitales extranjeros siguen evitando apostar por el país.

“Aun en un entorno de negocios percibido por los empresarios como más favorable, la Argentina registró el nivel más bajo de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina”, advirtió el informe de Misión Productiva elaborado sobre estadísticas de la OCDE.

El reporte remarcó además que “el contraste refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como destino de capital productivo de largo plazo”, incluso en áreas donde el país posee ventajas competitivas estratégicas.

Los números del Banco Central también muestran un panorama lejos del optimismo oficial. Durante el primer trimestre de 2025, el ingreso de divisas por inversión extranjera directa promedió apenas USD 189 millones mensuales. Aunque hubo una mejora respecto de la gestión anterior, los niveles siguen siendo bajos y no reflejan el supuesto boom inversor que el oficialismo prometía tras la aprobación de la Ley Bases y el RIGI.

Más aún: desde comienzos de año, la cuenta de inversión extranjera acumuló un déficit de USD 1.421 millones debido a la salida de empresas internacionales y a la transferencia de activos hacia compañías locales.

En ese contexto, el Gobierno busca redoblar la apuesta con el llamado “Súper RIGI”, un nuevo esquema enviado al Congreso que amplía los beneficios extraordinarios para grandes inversores. El proyecto apunta especialmente a sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital, y ofrece estabilidad normativa por 30 años junto con fuertes ventajas fiscales.

Entre los beneficios previstos aparecen una alícuota reducida del 15% en Ganancias, exenciones impositivas, amortización acelerada de inversiones y libre disponibilidad progresiva de divisas obtenidas por exportaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa y aseguró que busca impulsar “una mayor industrialización de los recursos” mediante actividades “que hoy no existen en Argentina”. Un discurso que se contradice con el fuerte ajuste en áreas clave para el desarrollo de dichas tecnologías como la ciencia y la educación formadoras de los necesarios recursos humanos que hoy optan por irse del país ante un clima adverso.

Sin embargo, los datos actuales muestran que ni el ajuste extremo, ni la flexibilización regulatoria, ni los incentivos extraordinarios lograron hasta ahora revertir la desconfianza de los inversores. La promesa libertaria de convertir a Argentina en un imán para el capital extranjero sigue chocando contra una realidad marcada por la recesión, la inestabilidad y la fuga de divisas.

Los boletos de subte, colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos de hasta 17 veces desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, con subas que superaron ampliamente la inflación acumulada y profundizaron el impacto sobre el bolsillo de los trabajadores.

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos históricos desde la asunción de Javier Milei y ya acumulan subas de hasta 17 veces en apenas dos años y medio. El aumento del boleto de subtes, colectivos y trenes avanzó muy por encima de la inflación y profundizó el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y estudiantes.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y abril de 2026 la inflación acumulada fue del 303,5%, aunque las tarifas del transporte crecieron muy por encima de ese porcentaje a partir de la quita de subsidios nacionales y el aumento de los costos operativos.

El caso más extremo fue el del subte, cuyo boleto pasó de $80 a $1.414, lo que implicó un aumento nominal del 1668% y una suba real del 337% por encima de la inflación. En paralelo, el boleto de colectivo se multiplicó hasta 16 veces desde noviembre de 2023: en la Provincia de Buenos Aires acumuló un alza del 1545% y en las líneas de jurisdicción nacional del 1221%.

Los trenes metropolitanos también registraron fuertes incrementos. El pasaje mínimo pasó de $33,29 a $280 en abril de 2026, con una suba real del 119%, mientras que en mayo volvió a aumentar un 17,9% hasta alcanzar los $330.

El impacto de estos aumentos se trasladó directamente al presupuesto familiar. Para un trabajador que percibe el Salario Mínimo, Vital y Móvil y combina colectivo y subte, el gasto mensual en transporte pasó de representar el 2,6% de sus ingresos en diciembre de 2023 al 17,3% en abril de 2026.

En el mismo período, el salario mínimo pasó de $156.000 a $357.800, una suba nominal del 129% que, según CEPA, significó una pérdida cercana al 43% del poder adquisitivo frente a la inflación. La situación también afecta a estudiantes y jóvenes beneficiarios de la Beca Progresar, congelada en $35.000 desde marzo de 2025. Con ese monto, hoy pueden cubrir apenas 111 viajes con descuento, cuando en diciembre de 2023 alcanzaba para 839 boletos.

El informe además advirtió sobre la creciente desigualdad tarifaria entre el AMBA y el interior del país tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Mientras el boleto mínimo en el área metropolitana ronda los $700, en ciudades como San Martín de los Andes llega a $2.300 y en Rawson supera los $2.190.

Entre los factores que explican las subas, el estudio destacó el incremento del gasoil, que acumuló un aumento del 536% desde noviembre de 2023, junto con una reducción real del 17,5% en el presupuesto destinado al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte.

La combinación entre tarifazos y caída de la actividad económica ya comenzó a impactar en la cantidad de pasajeros. En febrero de 2026, el uso del sistema de transporte público cayó un 12,9% interanual, con desplomes del 23,6% en trenes y del 11,7% en colectivos.

Según concluyó CEPA, la tendencia alcista podría continuar durante el resto de 2026 debido a la fórmula de actualización mensual de tarifas, el aumento sostenido de los costos operativos y la volatilidad de los precios internacionales de la energía.

En una nota al pie del último informe del organismo, el FMI aclaró que si se incorporan los intereses de los bonos cupón cero que el Ejecutivo registra “debajo de la línea”, el resultado financiero de 2025 mostraría un rojo de 0,8% del PBI.

El FMI enterró en una nota al pie de la página 7 de su último documento una advertencia que desmonta uno de los pilares de la comunicación económica del Gobierno: el superávit financiero que la administración de Javier Milei exhibe como logro central no refleja la totalidad del gasto.

El organismo precisó que la medición oficial excluye los pagos de intereses de los bonos cupón cero, que el Ministerio de Economía contabiliza por fuera de los agregados fiscales convencionales, una práctica conocida como registro “debajo de la línea”. Y fue contundente: “Incluyendo el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea, el déficit total ascendería a alrededor de 0,8 por ciento del PBI”.

El hallazgo se suma a otra señal de tensión que el mismo documento envía sobre el Banco Central. El FMI reclamó que su “balance y marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose” e instó a reforzar “la independencia de las instituciones de supervisión”. En la City porteña, algunos operadores leen esas líneas como una advertencia implícita al presidente del BCRA, Santiago Bausili.

La revelación fiscal llega en un momento en que el Gobierno sostiene el relato del equilibrio de las cuentas públicas como garantía de estabilidad macroeconómica y condición para la continuidad del programa con el organismo. La nota al pie del FMI, discreta en su ubicación pero demoledora en su contenido, pone en duda la solidez de ese argumento.

En una decisión de alto impacto político, un fallo judicial ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. La CGT y las CTA convocaron a una marcha masiva en repudio a lo que consideran un ataque directo a la autonomía sindical.

El universo sindical argentino se encuentra en estado de conmoción absoluta tras conocerse un polémico fallo judicial que ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dispuso el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán. La medida, que toca a uno de los gremios industriales más potentes e históricos del país, provocó una reacción inmediata y en cadena de todo el arco gremial, que denunció una “persecución judicial y política”.

Furlán, quien además de liderar a los metalúrgicos es una de las voces más críticas del modelo económico oficialista dentro de la CGT, fue apartado de su cargo a raíz de una vieja causa judicial que impugnaba el proceso electoral interno del gremio. Sin embargo, para la conducción de la central obrera y las dos vertientes de la CTA, el timing y la dureza del fallo no son casuales: consideran que la intervención busca disciplinar a los sindicatos combativos y quebrar la resistencia contra las reformas laborales que intenta consolidar el Ejecutivo.

Frente a este escenario, las principales centrales sindicales del país declararon el estado de alerta y movilización permanente. Para las próximas horas se espera una marcha masiva hacia la sede central de la UOM y los tribunales, bajo la consigna de defender la autonomía de las organizaciones de los trabajadores. Los dirigentes advierten que si el Gobierno avala o ejecuta de forma efectiva esta intervención a través del Ministerio de Trabajo, la respuesta será un esquema de paros y un plan de lucha nacional de alcance impredecible.

A través de la Resolución 28/2026, la Secretaría de Transporte barrió con las compensaciones económicas a los micros de larga distancia, trasladando el costo de los boletos gratuitos al sector privado y poniendo en alerta a miles de pacientes.

El plan de ajuste fiscal sumó una de sus medidas más polémicas. El Gobierno nacional oficializó la eliminación total del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico.

La medida quedó plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa deroga el esquema de subsidios vigente desde 2018 que cubría parcialmente el costo de los pasajes que las empresas están obligadas a entregar por las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados y en lista de espera) y 27.674 (oncopediatría). El argumento oficial señala que, bajo el nuevo marco de desregulación y plena libertad tarifaria, las compañías privadas deben absorber el 100% del costo dentro de su estructura financiera.

Aunque el texto oficial se esfuerza por aclarar que la obligación de otorgar los pasajes gratuitos permanece plenamente vigente y es exigible ante las empresas, diversos sectores sociales y de salud encendieron las alarmas. La quita del respaldo estatal promete desatar un fuerte conflicto en las terminales de ómnibus, donde las transportistas —asfixiantes por los costos operativos— ya venían retaceando los cupos. Mientras la CNRT promete fiscalizar y aplicar sanciones, la realidad cotidiana golpea una vez más a los sectores más vulnerables de la sociedad, que ahora enfrentan la incertidumbre de si podrán viajar para continuar con sus tratamientos médicos.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, se refirió a la decisión judicial que decidió la intervención de la UOM y el desplazamiento de su titular. 

“Las intervenciones a la UOM nunca fueron hechos aislados. Fuimos intervenidos en 1955 y 1976. Cada vez que hubo un intento por destruir a la industria, intervinieron a la UOM. Ahora pasa de nuevo. Es la primera vez en democracia”, describió el secretario general que es cuestionado por la justicia.  

“Lo hacen en un contexto particular, en medio de paritarias y mientras el gobierno avanza con políticas anti industriales. Construyeron una crisis institucional para llegar a este fallo de intervención”, explicó Furlán.

“Es claramente un golpe al modelo sindical argentino, disfrazado de supuesta crisis institucional. En todo caso, son los trabajadores los que deben resolver sus propios problemas, no la justicia. Es un antecedente grave para todo el movimiento sindical”, advirtió. 

“Necesitan avanzar sobre los gremios que llaman combativos, yo no usa esa palabra. Somos gremios que defendemos a los trabajadores. Queremos que tengan un salario digno, no que el sueldo alcance para 15 días”, afirmó. 

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional acusó ante la Justicia federal a altos funcionarios nacionales y a la conducción de Vialidad por el presunto desvío de más de 400 mil millones de pesos que debían utilizarse exclusivamente para el mantenimiento de rutas y obras viales en todo el país.

La presentación judicial apunta directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de integrantes de la comisión directiva de Vialidad Nacional. Los delitos denunciados incluyen malversación de fondos públicos, fraude contra la administración pública, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según el escrito presentado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7, los fondos provenían del Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuya recaudación tiene asignación específica por ley para infraestructura vial. Sin embargo, el gremio sostiene que el Ministerio de Economía habría retenido esos recursos y los habría destinado a la compra de letras y bonos del Tesoro, dejando sin financiamiento a rutas, obras y tareas de mantenimiento esenciales.

La denuncia advierte que el impacto ya es crítico: Vialidad Nacional arrastra una deuda equivalente al 90% de su presupuesto anual y atraviesa una “quiebra técnica” que compromete su capacidad operativa. A esto se suma la paralización de obras con financiamiento internacional, pérdida de créditos externos y el deterioro acelerado de la red vial nacional.

El cuadro es alarmante. Según datos aportados por el gremio, el 75% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, cuando al inicio de la gestión de Milei ese porcentaje era del 50%. Pozos, banquinas destruidas, deformaciones y falta de señalización ya forman parte del paisaje habitual en corredores estratégicos para la producción y el transporte.

La presentación judicial también denuncia un fuerte vaciamiento interno del organismo. Acusa a Federico Sturzenegger de impulsar un “desmembramiento institucional” mediante recortes de personal técnico, manipulación de informes y presiones laborales para justificar el achicamiento del Estado y avanzar en la privatización del sistema vial.

Además, el gremio denunció un “régimen de terror laboral” dentro de Vialidad Nacional, con traslados compulsivos, jubilaciones forzadas y despidos sin garantías de defensa para técnicos e inspectores que alertaban sobre el deterioro de las rutas y el desvío de fondos.

“El problema es que las rutas argentinas hay que atenderlas. Cada vez tenemos más riesgo de muerte y más accidentes”, advirtió José Raúl Rizzo, secretario adjunto del gremio vial, quien sostuvo que el Estado sigue cobrando impuestos específicos para obras que luego no se realizan.

La polémica crece también por el avance del esquema de concesiones privadas impulsado por el Gobierno. Según denuncian desde Vialidad, el plan contempla entregar unos 9.000 kilómetros de rutas a operadores privados durante 30 años, con más peajes y sin obras de ampliación ni construcción de nuevas autopistas.

La causa quedó abierta y ahora será la Justicia federal la que deberá determinar si existió un millonario desvío de fondos públicos mientras las rutas nacionales se deterioran y aumentan los riesgos para millones de usuarios en todo el país.

En su último informe técnico sobre la economía local, el organismo advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está “desactualizado” y reclamó una nueva ley que garantice mayor autonomía e independencia para el instituto estadístico.

La observación encendió nuevas alertas sobre la credibilidad de los datos oficiales en un contexto donde la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas. Según el Fondo, la actual canasta utilizada para calcular el IPC ya no representa adecuadamente los hábitos de consumo de los hogares argentinos, lo que pone en duda la precisión de las mediciones difundidas por el Estado.

El planteo forma parte del informe elaborado por el staff técnico del FMI en el marco del seguimiento del acuerdo vigente con el gobierno de Javier Milei. Allí se remarca que la metodología vigente continúa basada en patrones de consumo relevados entre 2004 y 2005, pese a los profundos cambios registrados en la economía y en el consumo durante las últimas dos décadas.

El nuevo esquema estadístico desarrollado por el INDEC utiliza datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 e incorpora consumos hoy centrales, como plataformas digitales, servicios de streaming e internet. Sin embargo, aunque el rediseño metodológico ya habría sido finalizado por el organismo que conduce Pedro Lines, su aplicación sigue demorada por decisión política.

Según trascendió, el Gobierno evita introducir cambios en pleno año electoral debido al impacto que una nueva medición podría tener sobre la inflación oficial, las negociaciones salariales y las expectativas económicas. En ese contexto, el cuestionamiento del FMI refuerza las sospechas sobre el retraso en la actualización estadística y vuelve a instalar interrogantes sobre la transparencia y consistencia de los indicadores públicos.

Además de revisar el IPC, el Fondo pidió avanzar en una reforma institucional del INDEC para fortalecer su independencia técnica y blindar la calidad de las estadísticas nacionales. El reclamo se suma a otras recomendaciones históricas del organismo vinculadas con la transparencia económica y la credibilidad de los datos oficiales argentinos.