Así lo aseguró el secretario general de ATE en la Superintendencia de Servicios de Salud, Leandro Castro, al encabezar una conferencia de prensa en la sede central del organismo, donde denunció expedientes cajoneados, irregularidades en la gestión y un deterioro del sistema que impacta directamente en el acceso a prestaciones médicas.

A horas de la tarde de este viernes se realizó una conferencia de prensa en la sede central de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde dirigentes sindicales profundizaron las denuncias por vaciamiento, corrupción y deterioro del organismo, y advirtieron sobre el impacto directo en el acceso a la salud de millones de usuarios.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro del organismo, Leandro Castro, fue el principal orador y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación actual. “Los trabajadores del Estado no somos neutrales. Defendemos el rol del Estado porque es garantizar derechos, especialmente en salud”.

En esa línea, describió el escenario cotidiano que enfrentan los empleados: “Todos los días vemos la angustia de familias que reclaman por tratamientos, medicamentos o intervenciones urgentes. Y también sentimos la frustración cuando, por decisiones políticas, el Estado deja de dar respuestas”.

Además, Castro criticó la paralización de expedientes y una política deliberada de desfinanciamiento. “Hoy denunciamos con claridad que hay expedientes cajoneados, discrecionalidad en sanciones y una transferencia de recursos hacia las grandes empresas de medicina prepaga, en detrimento del sistema solidario”.

Uno de los puntos más sensibles de su intervención estuvo vinculado al cobro de los coseguros. “Queremos ser claros: los coseguros para intervenciones quirúrgicas son ilegales. El Programa Médico Obligatorio no los contempla. Sin embargo, se intenta instalar que el usuario debe pagar. Eso no solo es ilegal, es condenar a muchos a no poder acceder a tratamientos esenciales”, remarcó.

También apuntó contra prácticas discriminatorias dentro del sistema: “Denunciamos la discriminación dentro de las obras sociales por afiliación sindical, lo cual viola la ley y pone en riesgo la salud de los trabajadores”.

“Lo que está en juego es el sistema solidario de salud. Buscan desfinanciarlo para concentrar el negocio en pocas manos. Y eso significa dejar afuera a los que más necesitan”, advirtió, y luego concluyó: “Podrán ajustar salarios, podrán intentar disciplinarnos, pero la dignidad de los trabajadores del Estado no se negocia. Seguimos de pie, defendiendo la salud como derecho y no como negocio”.

Cabe destacar que la conferencia se realizó en un contexto marcado por denuncias judiciales por presunta corrupción dentro del organismo y por un conflicto gremial en ascenso, que ya incluyó paros, asambleas y protestas.

En ese marco, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tomó el micrófono y no dudó en respaldar el reclamo al endurecer el tono contra el Gobierno. “Los estatales estamos de pie, más vivos que nunca, a pesar de los ataques”, afirmó.

El dirigente de los estatales a nivel nacional advirtió sobre un posible recorte de personal en la administración pública y lo vinculó con una política de ajuste. “Quieren avanzar con miles de despidos, pero no van a poder. El Estado ya funciona al límite y se sostiene por el esfuerzo de sus trabajadores”.

Asimismo, vinculó la situación del organismo con las denuncias de corrupción conocidas en los últimos días, en clara referencia a los conocidos actos ilegales realizados por el jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, Manuel Adorni. “La corrupción en la Superintendencia no tiene techo. Hay funcionarios que no pueden explicar cómo multiplicaron su patrimonio ni gastos millonarios”, sostuvo.

El dirigente también alertó sobre el rumbo del sistema de salud: “Quieren destruir el sistema de obras sociales para favorecer negocios multimillonarios de la medicina privada. Buscan que cada argentino tenga la salud que pueda pagar”.

Por su parte, Fernanda Boriotti, en representación del Frente de Gremios Estatales y Empresas Públicas del Estado y de FESPROSA, expresó su apoyo a la protesta y llamó a profundizar la unidad. “Hoy estamos desafiando la reforma laboral. Estamos realizando esta asamblea sin pedir permiso, y ese es el camino: no dejarnos avasallar”.

Finalmente, remarcó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es en unidad, con objetivos comunes, como vamos a salir adelante. Y lo vamos a hacer en la calle. La lucha es hoy, fue ayer y seguirá siendo mañana”.

El conflicto en la Superintendencia de Servicios de Salud continúa escalando y trasciende lo estrictamente laboral; se trata de una disputa por el modelo de sistema de salud y por el rol del Estado en la garantía de derechos más elementales de la sociedad.

La más reciente medición de Atlas Intel refleja un marcado deterioro en la percepción del gobierno nacional. De acuerdo con el relevamiento, la desaprobación de la gestión de Javier Milei trepó por tercer mes consecutivo y alcanzó el 61,6%, el registro más alto desde el inicio de su mandato.

En paralelo, el nivel de aprobación descendió hasta el 36,4%, configurando su piso histórico, mientras que la evaluación negativa sobre el desempeño general del Ejecutivo también se profundizó por segundo mes consecutivo y ya supera a más de la mitad de la población (57,4%). Estos indicadores consolidan una tendencia de desgaste que se viene acentuando en los últimos meses.

Tras un repunte en febrero, impulsado por avances legislativos en el Congreso, la imagen presidencial volvió a retroceder en marzo, con una caída de dos puntos que interrumpe esa recuperación parcial. El cambio de tendencia sugiere que el impacto político de aquellas victorias parlamentarias fue transitorio frente a un contexto económico y social cada vez más exigente.

El estudio, además, se inscribe en un escenario donde las políticas de ajuste, la suba de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo comienzan a tener un correlato más nítido en la opinión pública. En ese marco, la caída en los niveles de aprobación y el aumento del rechazo aparecen como señales de alerta para un gobierno que, hasta hace pocos meses, lograba sostener mejores expectativas en amplios sectores de la sociedad.

Abril llega con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que volverán a golpear los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzan al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros rubros sensibles que inciden de manera directa en el costo de vida cotidiano.

Las actualizaciones se dan en un contexto de inflación que, según analistas privados, podría ubicarse a partir del 3% en marzo, luego del 2,9% de febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central indicó que el dato daría 2,5%, lo que marcaría una desaceleración leve pero aún insuficiente para recomponer el poder adquisitivo, especialmente en sectores que vienen acumulando fuertes pérdidas en los últimos meses.

En este escenario, comienzan a evidenciarse con mayor claridad las tensiones del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. La estrategia de ajuste basada en la liberalización de precios, la quita de subsidios y la contracción del gasto público tiende a trasladar el peso de la estabilización a los ingresos de la población, sin mecanismos de contención que amortigüen el impacto social. Mientras, la inflación mensual sigue altísima, en torno del 3%.

A esto se suma que la dinámica de aumentos en servicios esenciales no parece acompañada por una mejora equivalente en salarios o ingresos, lo que profundiza la pérdida de poder de compra y enfría la actividad económica. Distintos analistas advierten que el esquema actual corre el riesgo de consolidar una estabilización “recesiva”, donde la baja de la inflación se logra a costa de una caída en el nivel de actividad, el empleo y el bienestar general. En ese marco, abril no solo llega con aumentos, sino también con interrogantes sobre la sostenibilidad social del rumbo económico.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión clave con más de 60 intendentes e intendentas bonaerenses en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en un contexto de fuerte tensión financiera.

Allí, el mandatario provincial denunció la “asfixia” ejercida por el gobierno de Javier Milei y anunció una medida central para sostener a los distritos: la coparticipación de deudas nacionales con los municipios.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y su equipo económico, Kicillof explicó que la crisis que atraviesan los municipios responde a tres factores: la ausencia de políticas del Estado nacional, los recortes de fondos y la caída de la recaudación producto del parate económico. En ese marco, aseguró que la Provincia no dejará solos a los bonaerenses, pese a la falta de recursos.

Durante el encuentro, el gobernador apuntó contra la Casa Rosada y denunció un plan “deliberado” para trasladar el peso de la crisis a provincias y municipios. En esa línea, remarcó que el deterioro económico no es responsabilidad de las familias ni de los comerciantes, sino de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Convocamos a las y los intendentes para renovar el reclamo ante los incumplimientos del Gobierno nacional con la Provincia de Buenos Aires. Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres… pic.twitter.com/Uibvr0XhLO

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

Como respuesta, Kicillof anunció que la Provincia avanzará en la coparticipación de los fondos obtenidos a través del recupero de deudas que la Nación mantiene con Buenos Aires. “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita distribuir lo recaudado”, señaló. La iniciativa busca reforzar las finanzas municipales y amortiguar el impacto del ajuste nacional.

Según detalló el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, la deuda acumulada de la Nación con la Provincia asciende a 15 billones de pesos, cifra que se eleva a 22 billones si se suma la caída de la recaudación. El monto representa cerca del 50% del presupuesto anual bonaerense, lo que configura —según el gobierno provincial— un escenario crítico.

Ante esta realidad, proponemos a los 135 municipios adherir a una normativa que permitirá coparticipar lo recuperado de las deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires, a pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables.

En este momento tenemos… pic.twitter.com/WDhLabZQT4

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

En paralelo, la Provincia confirmó que abonará el próximo 30 de abril la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con el objetivo de evitar que los distritos frenen obras y servicios. Además, Kicillof adelantó una nueva reunión con autoridades nacionales el 21 de abril para insistir con los reclamos por los recursos adeudados.

El encuentro cerró con una fuerte señal de unidad política entre intendentes de distintos espacios, quienes respaldaron las medidas y coincidieron en la necesidad de articular respuestas frente a la crisis. Para Kicillof, el camino es sostener el reclamo en la Justicia y defender los recursos provinciales para evitar que el ajuste impacte de lleno en la vida cotidiana de los bonaerenses.

El incremento quedó formalizado mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional.

En medio de un escándalo que no deja de crecer, Manuel Adorni recibió un aumento salarial que ya lo ubica en torno a los $7 millones mensuales, una decisión que desató fuertes cuestionamientos por su timing y falta de sensibilidad política ante los recientes escándalos que involucran al jefe de gabinete libertario.

El incremento quedó formalizado mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos sueldos estaban congelados desde diciembre de 2023, aunque excluyó al presidente y a la vicepresidenta.

Sin embargo, el caso de Adorni concentra la polémica. En plena controversia por su viaje a Punta del Este y en el marco de una investigación judicial en curso, el jefe de Gabinete terminó beneficiado con una suba cercana al 100%, lo que duplicó su salario, mientras millones de argentinos están con serias dificultades para llegar a fin de mes y mientras desde distintos sectores luchan por paritarias justas que equilibren la cancha ante la difícil situación inflacionaria.

Antes del decreto, los ministros percibían poco más de $3,5 millones y los secretarios alrededor de $3,2 millones. Con la actualización, los ingresos de los ministros treparon a casi $7 millones brutos, mientras que Adorni —por su jerarquía superior— quedó incluso por encima de esa cifra.

En los días previos a la firma ya se hablaba de una recomposición de entre el 60% y el 100%, aunque el texto oficial evitó detallar los nuevos montos. También se incluyó una cláusula que prevé el congelamiento automático de salarios en caso de déficit fiscal financiero acumulado.

Desde el Gobierno justificaron la medida al sostener que es necesario garantizar remuneraciones “adecuadas y competitivas” para quienes ocupan cargos de conducción. No obstante, la explicación no logró disipar las críticas, especialmente por el contexto en el que se produjo.

La confirmación del nuevo salario llega en el peor momento para Adorni, bajo la lupa por su viaje y con la causa judicial avanzando. De hecho, en las últimas horas un testigo clave se presentó a declarar en Comodoro Py, profundizando un escenario que combina cuestionamientos éticos, políticos y ahora también judiciales.

El caso del escandaloso vuelo privado a Punta del Este sumó un giro clave este jueves, cuando el piloto de la aeronave contradijo la versión oficial de Manuel Adorni y complicó aún más su situación judicial y política.

Agustín Issin, el broker que facturó el vuelo de regreso, declaró ante la Justicia que el viaje fue abonado por el periodista Marcelo Grandío, amigo cercano del jefe de Gabinete y vinculado a la TV Pública. Según precisó, no solo el tramo de vuelta formaba parte de un paquete de vuelos facturado a Grandío, sino que también la productora del periodista se hizo cargo del vuelo de ida.

Estas declaraciones desmienten de forma directa lo que había afirmado Adorni apenas un día antes. En una conferencia marcada por la tensión, el funcionario había insistido: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué, ya no sé cómo explicárselos. Es un tema de investigación judicial”. Sin embargo, el testimonio del piloto ante el juez Ariel Lijo desarma esa versión y pone en duda la transparencia del financiamiento del viaje.

El impacto fue inmediato. La estrategia oficial para cerrar el tema terminó generando el efecto contrario: lejos de despejar dudas, profundizó las sospechas. Incluso, el propio Adorni quedó expuesto tras admitir la existencia de un departamento que no figuraba en su declaración jurada.

En este contexto, la situación del jefe de Gabinete se volvió aún más delicada. El hecho de que Grandío tuviera contratos con la TV Pública —organismo que dependía del área de Adorni— abre la puerta a una posible figura de dádivas. Por ese motivo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria avanzó con un allanamiento en la TV Pública en busca de documentación sobre esos vínculos.

Así, lo que comenzó como una explicación oficial para dar por cerrado el tema derivó en un nuevo foco de conflicto, con declaraciones que comprometen directamente al funcionario y lo dejan, una vez más, en el centro de la escena judicial y política.

Tras su balbuceante conferencia, el jefe de Gabinete quiso mostrarse fuerte junto a una de las principales espadas libertarias. Un accesorio de 4 mil dólares pasó a ser tendencia.

Tras el papelón que protagonizó en la conferencia de prensa del miércoles, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue sin encontrar la tranquilidad que lo llevaba a mostrarse jactancioso y pedante en sus apariciones.

Acorralado por las sospechas de enriquecimiento ilícito, ahora se supo que incorporó un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito, sin haberse desprendido de los inmuebles que ya poseía.

En concreto, el alto funcionario figura como titular, junto a su esposa, la autodenominada “coach de vida” Bettina Angeletti, de la propiedad ubicada en la calle Miró al 500. El dato surge de registros oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia.

El nuevo inmueble se suma al departamento en Parque Chacabuco, donde él residía al asumir como funcionario del Gobierno de Javier Milei, y a otra propiedad en La Plata. De esta manera, Adorni mantiene al menos tres viviendas a su nombre o en copropiedad, sin contar las lujosas casas no declaradas.

En este contexto, Adorni intentó mostrar una foto de unidad con una de las principales espadas del Gobierno de La Libertad Avanza: la jefa del bloque oficialista en el Senado de la Nación.

“Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin”, resumió el ministro coordinador a través de un posteo en redes sociales, acompañado de una imagen de ambos.

Justamente esa imagen deja ver que tendría un reloj de lujo, cuyo valor sería de 4 mil dólares.

Sería otro paso en falso del funcionario que se llenó la boca declamando austeridad y cada día obra como un paladín de la casta.

La inflación esperada a nivel nacional para los próximos 30 días se ubica en torno al 4% según el promedio y en el 3% según la mediana, de acuerdo con el último relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella. En tanto, para los próximos doce meses, las proyecciones marcan un 33,5% en promedio y un 30% en términos de mediana.

Desde la institución señalaron que, a partir de mayo de 2023, incorporaron una medición específica sobre la inflación mensual esperada en el corto plazo.

“Esta pregunta registra una mayor tasa de respuesta que la inflación anual”, explicaron, y lo atribuyeron a que, en un contexto de alta incertidumbre, a los encuestados les resulta más accesible proyectar lo que ocurrirá en el corto plazo que anticipar escenarios a un año.

El escándalo patrimonial que envuelve a Manuel Adorni impactó de lleno en el núcleo del discurso oficial y dejó al descubierto una de sus principales debilidades: la inconsistencia entre lo que se predica y lo que efectivamente ocurre en la gestión.

Según un informe de la consultora Innova, el 70% de los encuestados considera que el jefe de Gabinete libertario es corrupto, un dato que refleja el nivel de desgaste que generó el caso. Por ahora Javier Milei está abrazo a su funcionario. Por ahora…

Pero Milei tiene un problema: el episodio repercute directamente sobre la imagen del mandatario, que ya venía golpeada por el escándalo del caso Libra, en el que quedaron salpicados el propio presidente y su hermana. En ese contexto, el 60% de los consultados cree que el gobierno es corrupto, frente a apenas un 30% que lo percibe como honesto.

El dato es especialmente grave porque erosiona uno de los pilares discursivos de La Libertad Avanza: la supuesta superioridad moral frente a la “casta”, y en particular frente al kirchnerismo. Lo que se presentaba como una marca distintiva empieza a desdibujarse, dejando al oficialismo expuesto a la misma crítica que construyó para atacar a sus adversarios.

Una denuncia judicial acusa al gerente del organismo de multiplicar su patrimonio casi 30 veces y no justificar gastos por 60 millones. El caso se suma a advertencias de los trabajadores sobre vaciamiento, parálisis en la atención y deterioro del sistema.

Un nuevo caso de corrupción sacude a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Una denuncia judicial contra el gerente Mario Gutiérrez por enriquecimiento ilícito —tras multiplicar casi 30 veces su patrimonio y no justificar gastos por $60 millones— se suma a denuncias previas por vaciamiento y parálisis en la atención.

Como publicó Primereando a mediados de marzo, el conflicto en la SSS ya venía en ascenso. Los empleados nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron un proceso de vaciamiento, irregularidades administrativas, persecución laboral y posibles despidos, además de advertir por la paralización de expedientes vinculados a reclamos de usuarios. En ese contexto, impulsaron medidas de fuerza (con huelgas y los denominados “paros a la japonesa”) para visibilizar el deterioro en el funcionamiento de la Superintendencia y su impacto en el acceso a la salud.

La presentación judicial, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, también fue elevada a la Oficina Anticorrupción y apunta a presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al incremento patrimonial del funcionario.

En paralelo, el sindicato convocó a una protesta para este viernes 27 de marzo a las 12 frente a la sede del organismo, en Bartolomé Mitre 434, en la Ciudad de Buenos Aires, donde además brindará una conferencia de prensa.

“Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien exigió explicaciones ante lo que calificó como “graves irregularidades” que comprometen la transparencia institucional.

El dirigente también denunció un intento de “vaciamiento” del organismo y advirtió que las decisiones de la actual gestión afectan la capacidad del Estado de garantizar servicios esenciales. “Es notoria la incapacidad de gestión y esto impacta directamente en el acceso a la salud de los sectores más vulnerables”, señaló.

Una de las principales preocupaciones de los trabajadores es la paralización de expedientes vinculados a prestaciones médicas. Muchos de estos trámites dependen de la rapidez con la que interviene el organismo, por lo que las demoras podrían impactar directamente en tratamientos y servicios considerados vitales.

Asimismo, denunciaron la implementación de un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladaría los costos a los beneficiarios y fomentaría la judicialización de los conflictos, en contraste con la función histórica del organismo de ofrecer soluciones administrativas gratuitas.

Los trabajadores también apuntaron contra una supuesta discrecionalidad en el control sobre obras sociales. Según indicaron, la Superintendencia evitaría sancionar a grandes empresas de medicina prepaga mientras actúa con mayor dureza sobre entidades más pequeñas.

En particular, denunciaron que la Obra Social Unión Personal aplicaría coseguros diferenciados a empleados estatales no afiliados al sindicato UPCN, una práctica que calificaron como “discriminatoria e ilegal”. También alertaron que otras entidades comenzaron a cobrar aranceles para intervenciones quirúrgicas, en contradicción con el Programa Médico Obligatorio.

Frente a este escenario, el conflicto gremial continúa en ascenso y no se limita a las condiciones laborales. Desde ATE advirtieron que la situación impacta directamente en la población y convocaron al acompañamiento de los beneficiarios del sistema y de distintos sectores sociales.

“Los funcionarios actúan de manera dolosa porque buscan favorecer negocios multimillonarios de la medicina privada. No vamos a permitir que destruyan el sistema de obras sociales”, concluyó Aguiar.