En marzo, el polémico INDEC registró un crecimiento del 5,5% anual y 3,5% mensual. El dato del tercer mes se debió al impulso de una cosecha extraordinaria. A la espera del próximo informe del INDEC, datos privados y oficiales indican que en abril la actividad se habría planchado nuevamente.

“En términos generales hay un enfriamiento. El ritmo de marzo fue puntual, traccionado por el agro. Hay posibilidad de que la actividad de abril esté un punto abajo o que dé cero”, explicó un economista.

“Para que haya mejora general de la actividad, tiene que mejorar el poder de compra de los salarios”, aseguró la fuente. La economía mileista solo crece en sectores muy particulares vinculados al extractivismo, sea campo, energía y minería. El resto de los sectores están paralizados o a la baja. Y son los sectores que generan más empleo.

“La tiene que presentar”, lanzó el diputado del PRO, intentando marcarle la cancha al vocero presidencial en medio de la creciente discusión por la transparencia de los funcionarios.

En una declaración que generó sorpresa y fuertes críticas, Cristian Ritondo salió a exigirle públicamente a Manuel Adorni que presente su declaración jurada. “La tiene que presentar”, lanzó el diputado del PRO, intentando marcarle la cancha al vocero presidencial en medio de la creciente discusión por la transparencia de los funcionarios.

Sin embargo, las palabras de Ritondo rápidamente quedaron bajo la lupa por una razón incómoda: el propio dirigente arrastra cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio y nunca terminó de dar explicaciones convincentes sobre sus bienes y propiedades.

La escena llamó la atención incluso dentro del arco político, ya que Ritondo eligió apuntar contra otro funcionario mientras todavía persisten interrogantes sobre su situación patrimonial, que en distintas oportunidades fue objeto de investigaciones periodísticas y pedidos de aclaración pública.

Pese a ese historial, el diputado insistió en reclamar transparencia ajena y sostuvo que “todos los funcionarios tienen que rendir cuentas”. Las declaraciones reavivaron el debate sobre la doble vara en la política y dejaron expuesta la contradicción de dirigentes que exigen controles hacia otros, pero evitan responder sobre sus propios bienes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un contundente diagnóstico sobre las debilidades institucionales de la Argentina y cuestionó directamente los “retrasos en la publicación” de las declaraciones juradas de funcionarios públicos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un contundente diagnóstico sobre las debilidades institucionales de la Argentina y cuestionó directamente los “retrasos en la publicación” de las declaraciones juradas de funcionarios públicos, en medio del escándalo de corrupción que golpea al gobierno de Javier Milei y que tiene bajo fuerte presión política al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las observaciones forman parte del informe técnico presentado tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, mediante la cual el organismo habilitó un desembolso de US$1.000 millones. Sin embargo, junto con el respaldo financiero, el staff técnico del Fondo incluyó severas advertencias sobre transparencia estatal, control patrimonial, conflictos de interés e independencia judicial.

El capítulo más sensible aparece en el apartado titulado “Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks” (Evaluación de los marcos de gobernanza económica y lucha contra la corrupción), donde el FMI señala que “los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”.

En particular, el organismo apuntó contra el sistema argentino de declaraciones juradas patrimoniales. Según el documento, “los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.

La referencia adquirió una inmediata dimensión política debido a la situación de Manuel Adorni, cuya declaración jurada patrimonial todavía no fue presentada formalmente ante la Oficina Anticorrupción. Aunque el vencimiento original estaba previsto para el 30 de mayo, el Gobierno decidió extender el plazo hasta el 31 de julio.

El FMI también cuestionó con dureza los mecanismos de prevención de incompatibilidades dentro del Estado. “Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, sostuvo el reporte técnico.

Para el organismo internacional, la combinación entre declaraciones patrimoniales con escasa transparencia y controles débiles sobre posibles incompatibilidades representa uno de los principales problemas institucionales de la Argentina actual.

Las críticas no se limitaron al Poder Ejecutivo. El informe también incluyó observaciones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. “La percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, advirtió el staff técnico.

Además, el Fondo remarcó que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”, una formulación inusualmente dura para el lenguaje diplomático habitual del organismo.

Según el FMI, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y mejorar los mecanismos de transparencia judicial para garantizar investigaciones sin interferencias políticas.

Las observaciones del organismo internacional llegan en un momento especialmente delicado para la Casa Rosada, atravesada por denuncias, cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y crecientes sospechas de conflictos de interés que involucran a funcionarios de primera línea del oficialismo.

La provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre por la presunta inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión, en una investigación iniciada de oficio por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

La principal fintech argentina deberá ahora presentar un descargo formal y proponer modificaciones sobre los puntos observados. De no hacerlo, podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones.

La medida fue impulsada por la cartera encabezada por Augusto Costa, luego de una fiscalización sobre los instrumentos contractuales publicados por la empresa fundada por Marcos Galperin. Según informó el Gobierno bonaerense, se detectaron más de diez cláusulas que podrían infringir la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

La investigación incluyó las condiciones generales de uso del “ecosistema MELI”, además de los términos y condiciones vinculados a préstamos personales, compras financiadas y servicios de Mercado Pago.

Desde la administración de Axel Kicillof remarcaron además que Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos de consumidores en la provincia, con 2.396 denuncias individuales registradas durante el primer cuatrimestre del año.

Qué cláusulas fueron cuestionadas

Según el informe oficial, las cláusulas observadas generarían un “desequilibrio entre derechos y obligaciones” en perjuicio de los usuarios, en los términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Entre los principales puntos cuestionados aparecen:

• Falta de precisión en el cobro de tarifas.
• Modificaciones contractuales aceptadas automáticamente.
• Traslado de responsabilidad al usuario por uso indebido de cuentas.
• Mecanismos de compensación entre cuentas.
• Limitaciones de responsabilidad de la empresa ante fallas técnicas.
• Débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato.
• Vencimientos automáticos por incumplimientos futuros no determinados.
• Cláusulas de jurisdicción exclusiva que podrían perjudicar a consumidores.

Mercado Libre tendrá cinco días hábiles para responder la imputación, acreditar domicilio y presentar una propuesta de adecuación o eliminación de las cláusulas observadas. Si la empresa acepta realizar modificaciones, el expediente administrativo podría cerrarse sin sanciones.

La disputa con bancos y Modo

La imputación provincial ocurre además en medio de la creciente tensión entre Mercado Libre y el sistema bancario tradicional. En paralelo, la fintech enfrenta un sumario abierto por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), tras una denuncia presentada por Modo, la billetera digital impulsada por más de 30 bancos.

Modo acusó a Mercado Libre de aplicar prácticas anticompetitivas, entre ellas exigir el uso exclusivo de Mercado Pago para operar dentro de su marketplace y restringir el uso de otras billeteras digitales en pagos dentro de la plataforma.

A su vez, Mercado Libre respondió con una contradenuncia en la que acusó a Modo y a las entidades bancarias de intentar limitar el crecimiento del ecosistema fintech y restringir la competencia en medios de pago digitales.

En su último informe técnico, el Fondo plantea “alinear” el régimen simplificado con el general para recaudar cerca de un punto del PBI. El problema: desde diciembre de 2023 se sumaron más de 172 mil monotributistas mientras se perdían 290 mil empleos registrados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) deslizó en las últimas horas una serie de exigencias al Gobierno nacional en el marco del acuerdo vigente. Entre ellas se destaca el reclamo por modificaciones al Monotributo: el organismo sostiene que el esquema actual genera una carga “mucho menor” que la del régimen general, lo que desalienta el crecimiento de pequeñas empresas, favorece la fragmentación de actividades y limita la capacidad recaudatoria del Estado.

La propuesta figura en el documento “Argentina: Selected Issues”, incorporado al staff report del acuerdo con el Gobierno de Javier Milei. En ese texto, el FMI calificó al sistema impositivo argentino como “complejo, altamente distorsivo e inestable” y planteó la necesidad de una reforma integral que amplíe la base tributaria y elimine exenciones fiscales.

La recomendación central apunta a un “alineamiento” gradual entre ambos regímenes, lo que en la práctica podría traducirse en cuotas más altas y mayores cargas para quienes hoy tributan bajo el Monotributo. Según las estimaciones del Fondo, una modificación de ese esquema aportaría alrededor de un punto del PBI en ingresos adicionales.

Sin embargo, el timing de la exigencia no puede pasarse por alto. De acuerdo con datos del SIPA, desde la asunción de Milei se sumaron más de 172 mil monotributistas mientras se perdían cerca de 290 mil puestos asalariados registrados. El cuentapropismo creció, en buena medida, como salida frente al deterioro del empleo formal. Ahora, el FMI le pide al gobierno que encarezca esa misma válvula de escape.

La planta estaba radicada en Catamarca desde 1970. La empresa atribuyó la decisión a la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, que le impide competir en el mercado local. A días del Mundial de fútbol, Argentina deja de fabricar botines.

La fábrica de botines Lotto ubicada en Catamarca cerró sus puertas. La planta, que llevaba más de cinco décadas operando en el país —desde 1970—, bajó las persianas dejando a 30 familias sin trabajo. A partir de ahora, los botines de la marca italiana se importarán desde Brasil, poniendo fin a la producción nacional.

La decisión fue descripta por la empresa como una medida ya definida. La explicación oficial apunta directamente a la política económica del gobierno de Javier Milei: la apertura de importaciones hace inviable la competencia en el mercado local. Así, la fábrica que resistió décadas de crisis argentinas no pudo sostenerse ante la avalancha de productos importados que habilitó la actual gestión.

El cierre tiene una carga simbólica particular: se produce a días del inicio de un Mundial de fútbol, cuando los botines son protagonistas, y en una provincia que ya sufre el impacto de la desindustrialización. El caso Lotto se suma a una serie de cierres y despidos en el sector manufacturero que distintos analistas atribuyen al combo de apreciación cambiaria y apertura comercial acelerada, dos pilares del modelo económico libertario.

«La empresa se va del país ‘libre’ a uno gobernado por un ‘zurdo’, como le gusta decir a Milei. Es otro golpe a la provincia de Catamarca.» — María Quintero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a marcarle la cancha al gobierno de Javier Milei y reclamó una reforma tributaria que implique más ajuste sobre trabajadores, monotributistas y pequeños contribuyentes.

Entre las principales exigencias del organismo aparecen ampliar la cantidad de asalariados alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y encarecer de manera significativa el régimen del Monotributo.

Las propuestas figuran en el informe “Argentina: temas seleccionados”, incorporado al último Staff Report del programa vigente con el país. Allí, el organismo sostiene que el sistema impositivo argentino es “complejo, altamente distorsivo e inestable” y reclama cambios orientados a aumentar la recaudación en torno a 3,3 puntos del PBI.

El concepto central que impulsa el FMI es reducir el llamado “gasto tributario”, es decir, eliminar exenciones, beneficios fiscales y regímenes especiales que permiten pagar menos impuestos. Bajo ese argumento, el organismo plantea avanzar sobre distintos sectores de la economía, pero especialmente sobre los ingresos laborales y los pequeños contribuyentes.

Más trabajadores pagando Ganancias

Uno de los puntos más sensibles del informe es la exigencia de ampliar la base del Impuesto a las Ganancias. El FMI cuestiona que, tras los cambios introducidos en 2023, apenas el 1% de los trabajadores quedó alcanzado por el tributo.

La propuesta del organismo es volver a niveles similares a los de 2019 y lograr que al menos el 20% de los asalariados pague Ganancias. Según sus cálculos, esa medida permitiría incrementar la recaudación en un 0,4% del PBI.

En la práctica, esto implicaría que miles de trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por un impuesto que durante años fue cuestionado por gravar salarios en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Fuerte aumento para monotributistas

El FMI también apunta directamente contra el Monotributo. Aunque no plantea eliminarlo, sí exige “alinearlo” con el régimen general y con las contribuciones que pagan los autónomos.

Traducido a términos concretos, eso implicaría una fuerte suba de las cuotas del componente impositivo y previsional que pagan millones de trabajadores independientes, pequeños comerciantes y profesionales.

El organismo estima que esta modificación podría aportar otro punto del PBI en recaudación, consolidando así un esquema de mayor presión fiscal sobre sectores medios y trabajadores por cuenta propia.

Más impuestos y menos beneficios fiscales

Entre otras medidas, el Fondo propone:

• Eliminar exenciones y beneficios de IVA.
• Quitar regímenes especiales y zonas libres de impuestos.
• Actualizar impuestos a los combustibles y al tabaco por inflación.
• Fortalecer los impuestos provinciales sobre la propiedad.
• Simplificar Ganancias para empresas con una alícuota uniforme del 30%.

Según el documento, estas medidas permitirían luego reducir impuestos considerados “distorsivos”, como el impuesto al cheque o Ingresos Brutos. Sin embargo, en el corto plazo el eje del planteo pasa claramente por aumentar la recaudación mediante una mayor carga tributaria sobre trabajadores y sectores medios.

Un reclamo que choca con el discurso libertario

Las recomendaciones del FMI contrastan con el discurso del gobierno de Javier Milei, que llegó al poder prometiendo bajar impuestos y reducir el peso del Estado sobre el sector privado.

Sin embargo, la caída de la recaudación y las exigencias del acuerdo con el Fondo limitan el margen oficial para avanzar en rebajas tributarias. Incluso el propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el ajuste del gasto público “llegó a un límite”.

En ese contexto, el FMI empuja una reforma que incremente los ingresos fiscales mediante la ampliación de impuestos existentes y la eliminación de beneficios tributarios. El resultado sería una mayor presión impositiva efectiva sobre trabajadores registrados, monotributistas y pequeños contribuyentes, en medio de una economía golpeada por la recesión, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.

La decisión, según trascendió, fue ordenada directamente por Karina Milei y habría estado motivada por el vínculo familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los investigadores más críticos de la actual gestión libertaria.

El Gobierno nacional pidió este miércoles al Senado de la Nación el retiro del pliego de María Verónica Michelli, nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

Michelli es cuñada del reconocido periodista de La Nación, quien en los últimos meses publicó investigaciones que incomodaron al oficialismo, entre ellas trabajos vinculados al caso $LIBRA y otras denuncias que salpicaron a referentes cercanos al presidente Javier Milei. Desde distintos sectores judiciales y políticos interpretaron la maniobra como un intento de disciplinamiento y presión sobre el Poder Judicial en función de afinidades políticas y mediáticas.

La postulación de Michelli ya había conseguido las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para quedar habilitada para su tratamiento en el recinto. Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador libertario por La Rioja Juan Carlos Pagotto, se negó durante semanas a presentar el dictamen correspondiente, trabando de hecho el avance de la candidatura.

Finalmente, la Casa Rosada formalizó el veto mediante una nota enviada al Senado con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos que sí avanzaron tras negociaciones políticas

En contraste con el caso Michelli, el Gobierno decidió habilitar el avance de los pliegos de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, candidatos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Ambos magistrados habían sido inicialmente cuestionados por Javier Milei debido a sus presuntos vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. No obstante, según informó la Agencia Noticias Argentinas, tras negociaciones con representantes del oficialismo ligados a Patricia Bullrich y al entorno libertario, el veto político fue levantado y el senador Pagotto permitió reunir las firmas necesarias para avanzar con sus designaciones.

La diferencia de criterios volvió a encender cuestionamientos sobre el uso discrecional de los pliegos judiciales y la creciente intervención política del Ejecutivo en decisiones que deberían regirse por criterios institucionales y profesionales, y no por relaciones personales o posicionamientos periodísticos.

La imagen de Karina Milei registró una leve recuperación en mayo, aunque el dato difícilmente pueda leerse como una señal alentadora para la secretaria general de la Presidencia. Según una encuesta de la consultora Synopsis, el rechazo cayó al 70%, lo que implica una baja de 3,6 puntos porcentuales respecto de abril, cuando había alcanzado su pico histórico de 74,6%.

Sin embargo, la mejora en la imagen negativa no se tradujo en un crecimiento de la aprobación. Por el contrario, la imagen positiva también retrocedió: pasó del 11,1% en abril al 9,7% en mayo, marcando su propio piso histórico. La caída del rechazo, en este contexto, no refleja un vuelco a favor sino un crecimiento de la indiferencia o la indecisión entre quienes antes la rechazaban.

El dato consolida un patrón preocupante para el entorno presidencial: Karina Milei acumula meses de deterioro sostenido en su imagen pública, con una aprobación que nunca logró despegar y que ahora se ubica por debajo del umbral del 10%. La consultora Synopsis viene midiendo su figura de manera sistemática, y los números de mayo no sugieren un punto de inflexión sino una meseta en niveles históricamente bajos.

Según datos de la OCDE, el país captó apenas USD 3.134 millones de inversión extranjera directa en 2025, el nivel más bajo entre las principales economías de América Latina, pese al régimen de incentivos impulsado por el gobierno de Milei.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina registró en 2025 el nivel más bajo de inversión extranjera directa (IED) entre las principales economías de América Latina, captando apenas USD 3.134 millones. El resultado expone una de las principales contradicciones del modelo económico de Javier Milei: un gobierno que hizo de la atracción de capitales su bandera central, pero que no logra traducir ese discurso en flujos concretos de inversión productiva.

La brecha con los líderes de la región es abismal: Argentina recibió menos del 5% de lo que captó Brasil, y quedó incluso por debajo de economías considerablemente más pequeñas como Costa Rica. A casi un año de la aprobación del RIGI, las inversiones efectivamente realizadas representan menos del 5% de los montos comprometidos por las empresas que se presentaron al régimen, según un informe de Misión Productiva elaborado en base a estadísticas de la OCDE.

Entre los principales factores que explican el mal desempeño argentino, el informe señala la fuerte caída del consumo y de la demanda interna, la paralización de la obra pública, la escasez de crédito productivo, la apreciación cambiaria y el deterioro de la competitividad de sectores transables. El propio análisis subraya que la capacidad de atraer inversiones no depende solo de beneficios fiscales o regulatorios, sino del funcionamiento general de la economía: nivel de actividad, acceso al crédito y estabilidad de largo plazo.

Tras la difusión del informe, el ministro Luis Caputo salió al cruce de las críticas y aseguró que existen proyectos por USD 140.000 millones en carpeta. Sin embargo, la distancia entre los compromisos anunciados y las inversiones efectivamente ejecutadas sigue siendo el talón de Aquiles del modelo. La OCDE, por su parte, proyecta un crecimiento del PBI del 5,2% para Argentina en 2025, destacando las reformas regulatorias impulsadas por el gobierno. El contraste entre el optimismo macroeconómico del organismo y los magros números de IED resume el dilema argentino: crecer sin inversión genuina es una apuesta de alto riesgo.