Asesinato de civiles palestinos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU comenzó hoy las audiencias preliminares en el caso presentado por Sudáfrica en donde se acusa a Israel de haber cometido un genocidio en Gaza. Después de un ataque de Hamas, la respuesta de Israel incluyó el asesinato masivo de civiles en territorios ocupados por palestinos.

La CIJ es el principal órgano judicial de la ONU, y tiene sede en la Haya, ciudad de Países Bajos. El caso podría demorar años, pero Sudáfrica pidió que se tomen medidas provisionales, como suspender la campaña militar de Israel en Gaza.

Sudáfrica acusó a Israel de violar sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio de 1948. Remarcaron que las acciones de Israel “son genocidas porque intentaron destruir una parte sustancial” de la población palestina en Gaza. La propuesta está apoyada por países árabes y ayer se sumó el aval de Brasil.

Otra mentira de Milei.

Increíble, pero real. El gobierno de Javier Milei aseguró en un comunicado oficial que la deuda con el FMI fue contraída durante la administración de Alberto Fernández.

“El Gobierno alcanzó un acuerdo con el FMI que le permitirá disponer de U$S 4.700 millones de la deuda contraída por el expresidente Alberto Fernández”, aseguró el oficialismo. Es una mentira brutal: la deuda con el FMI se contrajo en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, cuando era funcionario el actual ministro de Economía, Luis Caputo.

Ayer, Caputo anunció que el FMI desenvolverá 4700 millones de dólares para Argentina no caiga en default. Como contrapartida, la administración libertaria se comprometió a un ajuste brutal, que incluirá tarifazos. La inflación de este año superará el 200%.

Así lo aseguró un informe que tira por la borda la promesa de campaña del presidente Javier Milei de dejar de emitir.

El Gobierno de Javier Milei emitió más de $6 billones durante su primer mes de mandato, así lo detalló un informe del medio económico Bloomberg. En contra de las ideas del propio Milei que en campaña reiteró su intención de interrumpir la emisión monetaria, la promesa de respetar contratos le impide, de momento, lograr que la máquina de hacer billetes no funcione más en Argentina, tal como explicó el vocero presidencial Manuel Adorni esta semana.

Cabe señalar que en estos primeros 30 días del Gobierno de Milei, el Banco Central dejó de emitir pesos para financiar al Tesoro de manera directa e indirecta, uno de los principales factores de expansión monetaria de los últimos años.

Sin embargo, no pudo cerrar el grifo del todo ya que debió seguir emitiendo para atender compromisos por otras cuatro vías: el pago de interés de sus pasivos remunerados, la compra de divisas, el rescate de las Lediv y la ejecución de los puts por parte de los bancos. Esas cuatro vías de emisión, resumió la consultora Eco Go en su primer informe semanal de 2024, implicaron una expansión de pesos por un total de casi $7 billones.

El trabajo, no obstante, computa el total de la emisión monetaria acumulada durante todo el mes de diciembre. Otros economistas, en tanto, estiman una contracción de la base monetaria desde que Milei asumió hasta los primeros días de enero.

Los $7 billones, detallan desde la firma, abarcan los $2 billones de expansión por compra de divisas al sector privado, $2,4 billones por intereses de pasivos remunerados y otros $2,4 billones por otros factores, entre los que se encuentran los puts ejercidos de títulos públicos en pesos y las Lediv que volvieron a pesos.

Hacia adelante, los analistas coinciden en que la entidad que preside Santiago Bausili deberá seguir emitiendo pesos aunque creen que lo hará a un ritmo menor respecto del que se observó el último mes del año pasado

Así lo informó la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña, el precio de los productos de la Canasta Básica Total se disparó 24,7% el mes pasado.

La Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC) de la ciudad de Buenos Aires informó que una familia tipo porteña de cuatro personas, dos mayores y dos niños, sin tener en cuenta el alquiler y las expensas, necesitó $494.791 en diciembre para no ser considerada pobre.

En tanto, el mismo grupo familiar debió cobrar más de $745.270 para ser clasificada como de clase media. Para no ser indigente y cubrir las necesidades de la Canasta Básica Alimentaria fueron necesarios $290.411.

La canasta básica total (CBT) aumentó 24,71% durante en diciembre pasado, tres puntos y medio porcentuales por encima de lo que marcó la inflación general de ese mes en la ciudad de Buenos Aires, que fue del 21,1%.

En la comparación interanual, la canasta Básica tuvo un aumento del 223,5%, con más impacto sobre el ítem “alimentos y bebidas”, lo que marca más de 25 puntos porcentuales que la inflación general interanual, llegando a 198,4%.

El plan del Gobierno nacional establece un fuerte incremento para la clase media. Todavía se espera la resolución de la audiencia pública.

La clase media será una de las más perjudicadas con el aumento de tarifas de gas que propone el Gobierno nacional. En la audiencia pública, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó que se retirarán los subsidios a las mayoristas en tres tramos: febrero, marzo y abril.

Las dudas se dispararon, pero ya se hacen proyecciones. Si el plan de la gestión de Javier Milei se lleva a cabo tal cual se estipula, un hogar de clase media pasaría de pagar 4 mil pesos a 25 mil pesos en su tarifa de gas.

Para entender cómo se llega a esa proyección hay que tener en cuenta una serie de disposiciones del Ejecutivo y conceptos de las boletas de servicios públicos.

La boleta de luz y gas tiene 8 componentes: dos de ellos son impuestos (nacionales, provinciales y municipales); otro componente que es el precio mayorista, es decir cuánto sale producir el gas natural o los megavatios eléctricos; y dos componentes en luz y dos componentes en gas están regulados, que son transporte y distribución. Esto implica que las prestadoras de servicio no pueden poner el precio que ellas quieran, sino que tienen que esperar que el ente regulador sea Enargas o el ENRE definan esos cuadros tarifarios.

Cuando las autoridades deciden aumentar los servicios públicos o bajar los subsidios, se debe saber cuál de todos estos componentes se tocan.

En este sentido, el Gobierno nacional emitió dos decretos de necesidad y urgencia (DNU). Uno de ellos establece una revisión tarifaria integral para transporte y distribución tanto de electricidad como en gas. El estudio implicará saber cuáles son los ingresos, la inflación, las inversiones y la rentabilidad de las prestadoras de servicio. El trabajo del ENRE y el Enargas se extenderá por un año.

El segundo DNU implicó que Nación le exija a la Secretaría de Energía llevar a cabo una revisión tarifaria donde solamente se va a subsidiar un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente en un hogar tanto para energía eléctrica como para el gas.

La novedad fue que los subsidios serán retirados en tres tramos de un 33%. Esto despertó las alarmas y comenzó a generar incertidumbre entre los usuarios de ingresos medios. “Ya no estamos hablando de transporte y distribución, sino que va más allá. El secretario de Energía tiene facultades para eliminar los subsidios a la energía eléctrica mayorista o al precio del gas mayorista y lo que dice es que voy a sacar todo el subsidio mayorista y lo voy a hacer en tres meses. Esa fue la gran definición de la audiencia”, consideró Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú.

“La clase media puede estar pagando un consumo medio de 4 mil pesos. Obviamente hay que ver qué pasa con transporte y distribución porque no sabemos el resultado de la audiencia. Sin embargo, hablando solamente del componente mayorista, la clase media podría llegar a pagar 25 mil pesos”, explicó Carbajales en diálogo con Radio Con Vos.

El otro anuncio que realizó Rodríguez Chirillo fue la implementación de una canasta básica energética, que implicará un bloque de energía tanto en gas natural como en energía eléctrica que será subsidiado por el Gobierno. “Uno tendrá una cantidad de energía disponible con subsidio y si se pasa se pasará a pagar la tarifa plena. Esto también puede ser para la clase baja (nivel 2), pero no sabemos ese nivel dónde va a quedar. No lo explicaron”, destacó el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación.

Para Carbajales, el incremento de las tarifas tiene lógica y se repite lo que se vivió en 2015-2016 cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó sincerar el precio de los servicios. El problema es que este tarifazo se da en un contexto de alta inflación y donde la clase media no para de recibir golpes al bolsillo.

Asimismo, no hay que pasar por alto el fallo CEPIS de la Corte, que establece que el ajuste debe hacerse de manera proporcional y gradual. “El secretario de Energía dijo que cómo lo va a dividir en tres meses, va a cumplir con el fallo. Yo la verdad que tengo dudas si realmente es gradual y si es razonable quitar así en tres meses todos los subsidios al precio mayorista”, advirtió.

Fuente: Mas Energía

La medida propia de una dictadura militar fue criticada ampliamente por distintos sectores

“Denlo por retirado”. Apenas sentada frente al plenario de comisiones que discute la ley ómnibus del Gobierno, Patricia Bullrich anunció que se quitará del texto el polémico y absurdo artículo que exigía una autorización especial del Ministerio de Seguridad para reuniones de más de tres personas en la vía pública.

La funcionaria intentó así abrir el paraguas y bloquear rápidamente la cataratas de críticas que se esperaba habrá durante la tarde de este miércoles desde la oposición durante su exposición en el marco del tratamiento de la iniciativa parlamentaria clave para Javier Milei.

Bullrich trató de remendar la bochornosa situación y argumentó que hubo una “mala interpretación del artículo”, en efecto el 331 dentro de ley ómnibus, y que quedaba circunscripta a regular la ley de Tránsito para impedir que haya cortes en el marco de su férrea estrategia antipiquete. “Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos y no necesitamos plantear eso en la ley de Tránsito”, explicó la ministra en sus primeras palabras.

Luego Bullrich desplegó durante su presentación, y antes de las consultas de los diputados, toda su estrategia de mano dura contra la protesta social y una férrea defensa de los agentes de seguridad, sobre todo en aquellos casos en los que policías son acusados de gatillo fácil. La ministra resumió su exposición en tres ítems: “Uno: orden económico, social, en las calles; fuerzas de seguridad que puedan trabajar sin sentir que pueda ser víctima, y que al policía no se lo puede agredir”.

La ministra adelantó que la ley ómnibus aumenta las penas para quienes realizan piquetes y, sobre todo, agrava a los que apuntó como “organizadores”. “Hay personas que tienen un sentido de organizar estos cortes y lo hace con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes: pérdida de un beneficio social. Esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de las personas. Las somete. El organizador es quien extorsiona o genera la quita de estos subsidios”, sostuvo la ministra. La norma estipula “para los organizadores” de 3 a 6 años de prisión y ser “solidariamente responsables” del costo del operativo de Seguridad.

Bullrich incluso ratificó la plena vigencia de su protocolo antipiquete, incluso en aquellos cortes por reclamos, por ejemplo, cuando se cortan las vías del tren por personas que sufren cortes de luz. “Es verdad que es muy malo no tener luz, pero también es pésimo que haya personas que no puedan volver a sus casas y deban quedarse horas y horas en la estación del tren. Esa decisión de sacar a las personas va a ser lo más rápido posible”, dijo la ministra.

Los dólares financieros dieron un fuerte salto durante la jornada de hoy y continuaron con su tendencia alcista de las últimas ruedas, el dólar blue trepó $70 y cerró a $1120.

En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que las subas en las cotizaciones de “los dólares financieros” de los últimos días son “una muestra gratis” de lo que puede pasar en el mercado de cambios y la economía en general, si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.

“Hacemos nuestra parte y necesitamos que la política haga su parte; sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba y hacia dónde vamos si la ley no se aprueba“, sostuvo en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada. Asimismo, consideró que el Gobierno del expresidente Alberto Fernández “defaulteó la deuda con los importadores”, a quienes “les prometió los dólares y nunca se los dio”.

“Para nosotros, tanto el DNU como la ley son piezas fundamentales” para que el Gobierno pueda llevar adelante sus políticas, aseguró y planteó que “el contenido de la ley no se negocia, lo que no significa que no estemos abiertos al diálogo y que no aceptemos sugerencias”.

El portavoz se refirió en su introducción a “alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio” y remarcó que “no es un tema menor cuando las cosas se hacen bien y tampoco cuando se hacen mal”.

En ese sentido, citó “las famosas medidas de urgencia del ministro (de Economía, Luis) Caputo”, con las que se logró “estabilizar algunas variables de la economía”.

El 12 de diciembre último Caputo anunció varias medidas, entre las que se destacó la fijación de una cotización del dólar oficial en 800 pesos, además de la aplicación de pequeños ajustes periódicos (conocidos en la jerga financiera como “crawling peg”) del 2% mensual.

Luego de que en las primeras semanas de vigencia de esa medida el mercado financiero se desenvolviera con relativa tranquilidad, Adorni mencionó que en los últimos días hubo una serie de “rumores que generaron que los dólares financieros salten, en números redondos, de los 900 a los 1.200 pesos”, en una dinámica que atribuyó a lo que puede ocurrir si “la política no acompaña” los cambios planteados por el Gobierno.

Al requerírsele mayores precisiones sobre qué podría ocurrir en caso de que el Congreso no apruebe la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, Adorni prefirió no especular sobre un “caso hipotético”, aunque alertó que “las consecuencias son impredecibles” y reiteró que ellas “están a la vista de todos con el salto del tipo de cambio de los últimos días”. Asimismo, cuestionó tanto los “rumores” como “los amparos en materia laboral”, aunque puntualizó que, fuera de ese capítulo, “el decreto (en alusión al DNU 70/2023) está en vigencia”.

Para el vocero presidencial, el mercado “pasó factura de determinadas desprolijidades“, aunque aclaró que éstas no eran responsabilidad del gobierno sino de “diferentes actores”.

Fuente: Télam

El santo Pontífice sostuvo que “la medida de una civilización se puede ver en cómo se trata a los más vulnerables”.

El Papa Francisco afirmó este miércoles que la política “no puede dejarse dictar leyes por las finanzas” o el mercado y aseguró que las civilizaciones se miden por “cómo se trata a los más vulnerables”.

“La medida de una civilización se puede ver en cómo se trata a los más vulnerables: no olvidemos que las grandes dictaduras, pensemos en el nazismo, descartaron a los vulnerables, los mataron, los descartaron”, sentenció el pontífice este miércoles al recibir a una delegación del grupo de diálogo político “Dialop”.

En ese marco, el pontífice enumeró a “los pobres, los desempleados, los sin techo, los inmigrantes, los explotados y todos aquellos a quienes la cultura del descarte transforma en desperdicio”.

“Y esta es una de las peores cosas. Una política verdaderamente al servicio del hombre no puede dejarse dictar leyes por las finanzas y los mecanismos mercado. La solidaridad, además de una virtud moral, es una exigencia de la justicia, que requiere corrección. distorsiones y purificar las intenciones de los sistemas desiguales, incluso mediante cambios radicales perspectiva para compartir desafíos y recursos entre hombres y pueblos”, fundamentó.

En otra avanzada extorsiva, la ministra de Seguridad sostuvo una campaña “del miedo” si no se aprueba lo que quiere el Ejecutivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este miércoles el proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, porque si “esta ley no se vota” el país “va a ir a una explosión” y enfatizó que es necesario que Argentina sea “amable para los negocios”.

La ministra, en declaraciones televisivas defendió la ley ómnibus de Milei y sostuvo: “Si esta ley no es votada en un país normal y si no toma el toro por las astas, va a ir una explosión”.

Luego, la funcionaria defendió la política económica del Gobierno: “Estamos en una inflación retrasada en donde el presidente dijo que el 30% es bajo”.

“Si nosotros no votamos lo que tenemos que votar, va a volver a la situación de falta de credibilidad que tuvo el gobierno anterior”, dijo Bullrich.

Además, señaló que “los precios están retrasados, las tarifas, las escuelas. Nadie gana plata en el país. Necesitamos recursos estratégicos para lograr que la Argentina se simplifique y sea un país amable para los negocios y para que se gane plata en el país es necesario que se voten esas cosas“.

La ministra de Seguridad señaló que el Gobierno “está decidido en hacer un cambio” y se diferenció del sector que representa el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, con quien compitió en la interna.

“El problema es que el Gobierno está decidido a hacer un cambio y sectores se resisten. Cuando jugué en la interna de mi partido, yo sabía que había actores dentro de mi partido que iban a una posición distinta”, indicó.

Milei versus los trabajadores.

Mientras el Congreso debate en comisiones la ley ómnibus, y el Gobierno intenta destrabar en la Justicia las partes del DNU que fueron suspendidas, desde la CGT ratificaron su rechazo a esas iniciativas que buscan desregular la economía para perjudicar a las industrias argentinas y terminar con el derechos de trabajadores. Por ahora, la CGT ratificó paro y movilización para el próximo 24 de enero.

En ese sentido, Pablo Moyano, líder de Camioneros, aseguró que las medidas de los gremios tienen como finalidad “exigirle y acompañar a los diputados y diputadas que tienen que poner la cara frente al pueblo y rechazar este DNU que viene a liquidar derechos de los trabajadores”.

“Hoy la CGT está más unida que nunca, más allá de las diferencias que podamos tener. Hoy el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la ley ómnibus y movilizar el 24. Y estar presente en cada conflicto que se va a ir generando”, aseguró.