Desde Israel, el mandatario volvió a utilizar su cuenta de X para amplificar mensajes agresivos y reforzar su ya habitual consigna: “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

El principal blanco fue Carlos Pagni, a quien tildó de “operador serial” y “basura repugnante”, en una embestida que también alcanzó al diario La Nación, al que acusó de tener “complicidad absoluta”. La reacción presidencial llegó luego de que Pagni analizara la interna del oficialismo —con eje en las tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo— y su impacto en el rumbo económico y en la imagen pública del Gobierno.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio se inscribe en una escalada sostenida de ataques del mandatario contra voces críticas. Esta vez, incluso, los cuestionamientos alcanzaron a un medio que apenas un día antes había publicado un editorial de tono favorable al oficialismo, titulado “Preservar el programa, proteger a Milei”, interpretado por analistas como un gesto de acercamiento.

UNA BASURA REPUGNANTE.
Fin.

PD: hay complicidad absoluta por parte del medio que avala a un operador serial. https://t.co/SXV04qhX3R

— Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

La furia presidencial no se limitó a un mensaje propio: Milei replicó publicaciones de cuentas afines que desacreditaban el trabajo de Pagni, cuestionando su interpretación de datos económicos y descalificando su capacidad profesional. En esa misma línea, también compartió críticas del diputado Gustavo Arabia, quien viene apuntando sistemáticamente contra periodistas del mismo medio, como Jorge Liotti y Martín Rodríguez Yebra.

El trasfondo incluye versiones sobre tensiones directas entre la Casa Rosada y la conducción del diario, encabezada por Fernán Saguier, ante supuestos pedidos oficiales para desplazar a columnistas críticos, que habrían sido rechazados.

En este contexto, la reiteración de insultos y ataques personales desde la máxima investidura del país vuelve a encender alertas sobre el deterioro del vínculo entre el Gobierno y el periodismo, en una dinámica de confrontación que el propio presidente no solo sostiene, sino que profundiza.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volverá este martes a la Corte Suprema para encabezar la segunda audiencia por la deuda previsional que la Nación mantiene con la Provincia, un monto que ya asciende a $2,2 billones y que se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto con el gobierno de Javier Milei.

Kicillof llegará acompañado por su equipo de abogados, técnicos y funcionarios, en una señal clara del peso político y económico del reclamo contra el Ejecutivo nacional. El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando la administración nacional suspendió por decreto las transferencias que la Administración Nacional de la Seguridad Social debía girar a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias.

Desde entonces, la provincia de Buenos Aires no recibió fondos por ese concepto. En abril de ese mismo año, el mandatario bonaerense formalizó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigiendo la restitución de recursos contemplados por ley.

La primera audiencia, realizada el 17 de marzo, dejó señales favorables para la Provincia: el máximo tribunal rechazó el argumento de la ANSES sobre la supuesta falta de información para calcular la deuda y le otorgó un plazo de 30 días para verificar esa situación.

Desde el equipo técnico bonaerense califican esa postura como “inconsistente”, al señalar que el organismo pudo validar deudas de otras nueve jurisdicciones en poco tiempo, mientras mantiene sin resolución el caso de Buenos Aires, que concentra casi el 50% del déficit previsional de las provincias no transferidas.

Según fuentes cercanas al expediente, la Provincia incluso se ofreció a aportar información adicional, pero sostienen que quedó demostrado que la ANSES contaba con los datos necesarios. En ese sentido, apuntan a una decisión política del Gobierno nacional de suspender las transferencias.

La audiencia prevista para este martes a las 11 será clave, ya que se trata del caso más avanzado dentro de las ocho demandas que la Provincia inició contra la Nación en menos de tres años. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió que la deuda total asciende a $15,6 billones y que la pérdida de recursos desde la asunción de Milei alcanza los $22,2 billones.

En el centro de la investigación aparece un entramado entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y la productora Imhouse S.A., vinculada al periodista Marcelo Grandío, señalado como allegado personal del funcionario.

La situación judicial de Manuel Adorni suma nuevos elementos que no solo agravan las sospechas en su contra, sino que empiezan a resquebrajar la confianza dentro del propio espacio libertario que hasta ahora lo sostenía.

La ampliación de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón incorporó información que complejiza el expediente y refuerza la hipótesis de un presunto esquema de contrataciones irregulares en medios públicos.

El avance de la causa, impulsado tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, permitió acceder a contratos, transferencias y comprobantes que, según la presentación judicial, evidenciarían un mecanismo sistemático de contrataciones durante la gestión de Adorni. Este cúmulo de datos no solo incrementa la presión judicial, sino que empieza a generar incomodidad en su entorno político, donde surgen dudas sobre el costo y viabilidad de sostenerlo.

Uno de los focos está puesto en seis contratos de coproducción firmados entre RTA e Imhouse S.A., bajo la sospecha de que podrían haber beneficiado directamente a Grandío. La Justicia busca determinar si existió un circuito de retornos y si el funcionario utilizó su posición para favorecer a su círculo cercano.

A esto se suman elementos sensibles que profundizan el desgaste: transferencias bancarias desde la empresa del periodista hacia Adorni por más de $1,6 millones entre 2022 y 2023, un viaje a Punta del Este con gastos que habrían sido cubiertos parcialmente por la productora, y un presunto esquema de triangulación en las contrataciones que habría servido para evitar vínculos formales directos.

Además, la denuncia advierte sobre un incremento sostenido en los montos de los contratos, incluso en un contexto de ajuste en los medios públicos, lo que refuerza las sospechas sobre un posible beneficio indebido.

En este escenario, el caso deja de ser solo un problema judicial y comienza a tener impacto político. Aunque el oficialismo aún lo respalda, la acumulación de indicios introduce fisuras y debilita su posición interna. La investigación avanza y, con cada nuevo dato, el margen de maniobra de Adorni parece reducirse, mientras crecen las tensiones dentro del espacio que hasta ahora lo defendía.

Un informe bancario de más de 2.000 páginas, incorporado a la causa que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, suma elementos que complican seriamente la situación judicial de José Luis Espert.

La documentación no solo expone inconsistencias entre sus ingresos declarados y su nivel de gastos, sino que revela un entramado de transferencias millonarias y operaciones con presuntas sociedades fantasma.

Los registros muestran un punto de quiebre claro a partir de 2019, cuando Espert entabló relación con el empresario Federico Fred Machado. Desde entonces, su nivel de vida creció de forma abrupta —incluyendo la compra de una propiedad en Beccar por casi medio millón de dólares y la adquisición de bienes de alta gama— sin una correlación visible con sus ingresos en blanco.

Para sostener ese salto patrimonial, el informe detalla una serie de mecanismos financieros bajo sospecha. Entre ellos, se destacan depósitos en efectivo realizados de forma fragmentada —primero por ventanilla y luego a través de cajeros automáticos— en lo que los investigadores interpretan como intentos de eludir controles antilavado.

Sin embargo, los datos más sensibles surgen del origen de los fondos. La Justicia detectó transferencias por más de 44 millones de pesos provenientes de al menos ocho sociedades anónimas creadas recientemente, con estructuras similares y socios radicados en domicilios de bajos recursos. Estas características alimentan la hipótesis de que se trataría de sociedades pantalla utilizadas para canalizar dinero sin trazabilidad clara.

A esto se suman ingresos millonarios desde cuentas de personas físicas sin capacidad económica aparente para justificar esos montos. Solo entre 2024 y 2025, Espert recibió más de 67 millones de pesos mediante este tipo de operaciones, muchas de ellas realizadas en coincidencia con pagos de consumos de sus tarjetas.

El informe también identifica transferencias vinculadas a su entorno político y a causas bajo investigación. Aparecen giros desde cuentas asociadas a María Pía Novelli —investigada por la estafa cripto $Libra— y desde una socia de Luis Rosales, excompañero de fórmula de Espert. Si bien los montos individuales no son elevados, refuerzan el entramado de relaciones financieras bajo sospecha.

En paralelo, la Justicia analiza si el contrato de asesoría firmado con Machado por un millón de dólares funcionó como una pantalla para encubrir maniobras de lavado de activos vinculadas al narcotráfico. Está acreditado que Espert percibió al menos 200.000 dólares en ese marco.

Con este nuevo conjunto de evidencias, el cuadro judicial se agrava. El fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli ya rechazaron el pedido de liberación de fondos solicitado por la defensa, señalando inconsistencias en la situación patrimonial del economista. Incluso remarcaron que, tras iniciarse la investigación, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo.

Las transferencias millonarias, el uso de sociedades de dudosa actividad y la falta de correspondencia entre ingresos y gastos consolidan así un escenario cada vez más comprometedor para el exdiputado.

El sector registró una baja interanual del 4,1%, mientras que la utilización de la capacidad instalada se desplomó al 41,8%, su peor nivel en cuatro años, evidenciando un deterioro cada vez más marcado del aparato productivo.

Si bien el informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) mostró una leve mejora del 1,5% frente a febrero, el dato no alcanza para revertir la tendencia negativa: en el primer trimestre la actividad acumula una caída del 6,9% y se mantiene muy lejos de sus niveles más altos recientes.

El dato más preocupante no es solo la contracción de la actividad, sino el fuerte retroceso en el uso de la capacidad instalada, que cayó 5,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, advirtieron desde ADIMRA.

ℹ Ya está disponible el Boletín de Actividad Metalúrgica del mes de Marzo 2026.

🏭La actividad metalúrgica registró, durante el mes de marzo, una caída en términos interanuales de -4.1%.

📉Con respecto a febrero del 2026, la actividad tuvo una suba del 1.5%.

Informe… pic.twitter.com/jLN6In6jw7

— ADIMRA (@redadimra) April 20, 2026

La caída es generalizada y atraviesa casi todos los rubros. Apenas algunos sectores mostraron mejoras marginales, como Maquinaria Agrícola (1,8%), Autopartes (2,1%) y Carrocerías y Remolques (2,0%). En contraste, el resto del entramado metalúrgico continúa en terreno negativo: Fundición cayó 3,2%, Bienes de Capital 6,6%, Equipamiento Médico 6,5%, Equipo Eléctrico 5,8% y Otros Productos de Metal 6,7%.

El análisis por cadenas de valor refuerza el diagnóstico recesivo. Solo las actividades vinculadas al sector automotriz (2,0%) y agrícola (0,7%) lograron crecer, mientras que el resto mostró retrocesos, especialmente las ramas ligadas al consumo final (-8,8%) y la construcción (-6,7%). También se registraron caídas en petróleo y gas (-4,7%), minería (-2,7%) y energía eléctrica (-2,9%).

“El nivel de utilización de la capacidad instalada en valores mínimos expone con claridad el deterioro estructural del sector”, afirmó el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, quien advirtió además que la falta de demanda interna está agravando la situación, presionando los márgenes empresariales y afectando de forma directa al empleo.

Las perspectivas a corto plazo tampoco traen alivio: seis de cada diez empresas no esperan mejoras en los próximos tres meses, lo que refuerza la idea de una reactivación que no llega.

El impacto se extiende a todo el país. Todas las provincias relevadas registraron caídas interanuales, con Buenos Aires liderando el retroceso (-5,6%), seguida por Córdoba (-3,1%), Entre Ríos (-1,7%) y Mendoza (-0,7%). Santa Fe, en tanto, mostró una baja más moderada (-0,3%).

En paralelo, el empleo en el sector también continúa deteriorándose, con una caída interanual del 2,6% y una baja del 0,4% respecto al mes anterior, completando un panorama que confirma la profundidad de la crisis industrial.

Nicolás Márquez aseguró que la permanencia del jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, “le hace mal al Gobierno” y desgasta la imagen de La Libertad Avanza

Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei, volvió a cargar duramente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En declaraciones recientes, Márquez calificó al funcionario como un “piojo resucitado” y solicitó su renuncia inmediata, argumentando que su presencia en el Ejecutivo perjudica gravemente la gestión actual.

Durante una entrevista brindada a TN, el escritor explicó el uso del término, definiendo a Adorni como un personaje que “de la nada se encuentra con las mieles del poder” y accede a una situación de vida muy superior a la que estaba acostumbrado.

Márquez cuestionó el origen de este crecimiento patrimonial, señalando que el funcionario “no pudo explicar, mintió y se contradijo” respecto a las sospechas de enriquecimiento ilícito que lo rodean.

Según el análisis del biógrafo, lo único que sostiene hoy a Adorni en su cargo son “las fotografías” en las que se apoya para intentar reforzarse, ya que, a su criterio, el funcionario carece de peso político propio.

Márquez advirtió que, aunque Milei resista el cambio para no ceder ante la presión de la prensa en medio de esta “pulseada”, se trata de un “triunfo pírrico” debido al “desgaste furioso” que genera en la administración y la pérdida de apoyo para La Libertad Avanza.

Asimismo, Márquez subrayó que el comportamiento de Adorni contrasta con la “austeridad republicana” que el Presidente le exige a la ciudadanía. Mientras describe a Milei como una persona austera en su vida personal, remarcó que las acciones del jefe de Gabinete “desacreditan al Gobierno” y no se condicen con el esfuerzo y sacrificio que se le pide a la población.

Finalmente, el escritor sentenció que el cargo de jefe de Gabinete le queda “enorme” a Adorni y que el “desprecio popular” hacia su figura es consecuencia de sus propios actos.

“Lo que estoy pidiendo a gritos es que se retire, que se vaya”, concluyó Márquez, insistiendo en que el funcionario ya tuvo su “cuarto de hora” y debería dar un paso al costado para no seguir perjudicando la gestión de Milei.

Esta semana, la causa por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni avanza con nuevas indagaciones a testigos clave. La fiscalía encabezada por Gerardo Pollicita desplegó un cronograma de declaraciones en Comodoro Py con el objetivo de reconstruir la ruta del dinero vinculada a la compra de propiedades y a las refacciones realizadas en esos inmuebles. ¿Por qué dos jubiladas vendieron y le dieron un préstamo al comprador?

Los primeros en brindar testimonio serán los responsables de la inmobiliaria que intervino en una de las operaciones bajo análisis, la martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi, quienes deberán aportar detalles sobre la compraventa de un departamento en Caballito, con foco en los valores reales de la transacción y las condiciones en que se encontraba la unidad. Adorni pagó 100 mil dólares cuando no tenía ingresos registrados. ¿Cómo hizo?

Uno de los puntos centrales del expediente se abordará el miércoles, cuando declare Pablo Martín Feijoo. Su nombre aparece vinculado como posible intermediario entre el funcionario y dos jubiladas que financiaron gran parte de la compra mediante una hipoteca privada sin intereses, una modalidad que despertó interrogantes en la investigación.

Es difícil entender a la Argentina. La semana pasada, el presidente Javier Milei insultó furiosamente al editor y propietario de La Nación, Fernán Saguier. La respuesta de La Nación: sacó un editorial brutalmente libertario, en defensa del gobierno y de Milei en primera persona. ¿Eh?

“AQUÍ BASURA INMUNDA DE NUEVO MINTIENDO. Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable”, escribió Milei, rabioso, en X. Meses atrás el periodista oficialista Luis Majul logró acercar a las partes y concretó una reunión entre Milei y Saguier que terminó mal, porque dicen, el mandatario le pidió la expulsión de periodistas críticos de su gestión.

Hoy, La Nación respondió de manera llamativa. No defendió a sus profesionales sino que emitió un editorial muy a favor del gobierno: “Preservar el programa, proteger a Milei”. En el mismo, repite los eslóganes históricos de la derecha argentina en relación a las gestiones no peronistas. ¿Alguien entiende algo?

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, advirtió que podría convocarse a otra marcha federal si el Gobierno no avanza con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explicó Yacobitti, las universidades evalúan medidas tanto judiciales como de protesta ante el incumplimiento de la norma, pese a los fallos de primera y segunda instancia que ordenan su aplicación. En ese sentido, anticipó que, de no haber respuestas del Poder Ejecutivo, podrían organizarse movilizaciones a nivel nacional. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo.

El dirigente, exdiputado de la Unión Cívica Radical, precisó que el plazo para definir acciones se extiende hasta mediados de mayo. Además, aclaró que cualquier protesta se realizará con las universidades en funcionamiento: “Las medidas serán con las aulas abiertas”, indicó, diferenciándose de eventuales paros totales.

El conflicto se enmarca en la decisión del gobierno de Javier Milei de no avanzar con la implementación de la ley, al tiempo que presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de cuestionamientos por el supuesto impacto fiscal que el gobierno esgrime como argumento.

En paralelo, Yacobitti alertó sobre el deterioro del sistema universitario. Señaló que los salarios docentes han sufrido una fuerte caída —con pérdidas de alrededor del 60% en términos reales en algunos casos— y advirtió sobre la salida de profesores e investigadores, lo que compromete la continuidad académica y científica.

Pese a este escenario, el vicerrector destacó el posicionamiento internacional de la UBA, que mantiene varias carreras entre las mejores del mundo según rankings recientes, y remarcó la eficiencia del sistema público. “Gastás mucho menos por alumno que en universidades comparables”, afirmó.

Finalmente, planteó la necesidad de abrir canales de diálogo con el Gobierno para destrabar el conflicto y garantizar el financiamiento. Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que el costo de la ley resulta difícil de afrontar en el corto plazo y analizan alternativas para su implementación.

Argentina abandona su histórica neutralidad para integrarse al eje bélico de Israel. Los polémicos acuerdos de defensa mutua ponen en alerta la seguridad nacional por el alineamiento total de Milei.”

El Gobierno de Javier Milei dio un paso histórico y controvertido en su política exterior al firmar en Jerusalén los denominados Acuerdos de Isaac. Esta iniciativa, lanzada formalmente este 19 de abril de 2026, no es un tratado comercial tradicional, sino un marco de cooperación estratégica integral que abarca defensa, inteligencia y ciberseguridad. El nombre del pacto es un homenaje directo a los “Acuerdos de Abraham” de 2020 (que normalizaron relaciones entre Israel y países árabes), pero con un giro hacia el Hemisferio Occidental, buscando consolidar un bloque de naciones bajo la tradición judeocristiana.

La mayor polémica de estos acuerdos radica en el compromiso de seguridad y defensa mutua frente a las amenazas transnacionales. El texto establece una coordinación directa para combatir el terrorismo y el narcotráfico, poniendo un foco obsesivo en frenar la expansión de las redes operativas de Irán en Latinoamérica. Para los críticos, este nivel de involucramiento operativo —que incluye el intercambio de inteligencia en tiempo real— rompe con la histórica neutralidad argentina y posiciona al país como un actor beligerante en una guerra ajena, lo que podría aumentar el riesgo de represalias en territorio nacional.

Un dato que ha pasado desapercibido, pero que es central en la letra chica, es el financiamiento inicial de la iniciativa. El proyecto se lanzó con un fondo semilla de 1 millón de dólares proveniente de la Fundación del Premio Génesis. Este dinero es el componente monetario del llamado “Nobel Judío” que Milei recibió en 2025; el mandatario rechazó el premio personal y pidió que los fondos se destinaran a crear la organización “American Friends of Isaac Accords”, con sede en Nueva York, para promover estos acuerdos en toda América.

Respecto a la participación internacional, Argentina es la primera y única nación del planeta en firmar los Acuerdos de Isaac hasta la fecha. A diferencia de los Acuerdos de Abraham (firmados por Emiratos Árabes, Baréin, Marruecos y Sudán), los de Isaac son una creación binacional impulsada por el embajador Axel Wahnish y el propio Milei. Durante la ceremonia, Netanyahu expresó su “gran esperanza” de que otros países latinoamericanos se sumen, pero por ahora la Argentina lidera este eje de forma solitaria, enfrentando el recelo de vecinos como Brasil y Colombia, que ven con preocupación la militarización de la agenda diplomática.

El acuerdo que firmó Milei rompe con la histórica neutralidad argentina y posiciona al país como un actor beligerante en una guerra ajena, lo que podría aumentar el riesgo de represalias en territorio nacional.

En el plano práctico, el acuerdo incluye la apertura de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre y una fuerte integración en Inteligencia Artificial aplicada a la vigilancia. Este último punto también despierta suspicacias por el uso de tecnologías de reconocimiento y ciberpatrullaje israelí en las calles argentinas. Además, el pacto refuerza la obligatoriedad de contenidos educativos sobre el Holocausto y la prevención del antisemitismo, lo que algunos sectores pedagógicos califican como una “imposición cultural” dentro del sistema público de enseñanza.

Finalmente, el alineamiento se completó con la ratificación de Milei de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y su declaración de que la guerra de EE.UU. e Israel contra el régimen iraní es “lo correcto”. Mientras el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, bendijo la firma como una “oportunidad extraordinaria”, en Argentina el debate recién comienza: el país ha quedado formalmente atado a una arquitectura de defensa diseñada para un escenario de guerra global, cuyos beneficios económicos todavía están por verse frente a los evidentes riesgos geopolíticos.