En medio de la profunda crisis que atraviesa el mercado interno y que sigue dejando víctimas en el entramado productivo, cerró una histórica fábrica de yogures y flanes y 400 trabajadores quedaron en la calle.

Tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024, la Justicia confirmó en noviembre de 2025 la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La firma, que había sido adquirida por el grupo Grupo Vicentin, estaba a cargo de la elaboración de reconocidos yogures y postres de SanCor, una marca emblemática de la tradición láctea argentina.

A pesar de sus inicios prometedores, la empresa acumuló importantes deudas con proveedores, transportistas y empleados. Desde 2023 arrastraba atrasos salariales y había aplicado suspensiones masivas, en un contexto de caída del consumo y fuerte retracción de la actividad.

ARSA operaba dos plantas clave: una en Arenaza (partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires), donde trabajaban 180 empleados, y otra en Monte Cristo, Córdoba, con alrededor de 200 trabajadores. Ambas eran el núcleo de la producción de postres lácteos refrigerados para SanCor.

Entre los productos más destacados que salían de sus líneas de producción se encontraban los yogures Yogs y Primeros Sabores, orientados al consumo familiar, y una amplia gama de flanes y postres como los tradicionales flanes caseros SanCor, Shimy, Sancorito, Sublime y Vida, que durante décadas formaron parte de la mesa de millones de argentinos.

El cierre de ARSA no solo implica la pérdida de 400 puestos de trabajo, sino que vuelve a evidenciar el impacto de la crisis sobre la industria alimenticia y el mercado interno, con empresas que no logran sostener su actividad frente al derrumbe del consumo, la oleada importadora y el aumento de los costos.

En el distrito más rico del país, los propios datos oficiales muestran que la pobreza sería al menos seis puntos más alta que la informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una brecha difícil de atribuir únicamente a diferencias técnicas.

Impulsada por aumentos en alimentos como carne, frutas y verduras, la canasta de indigencia trepó 5,6% en enero y alcanzó los 767 mil pesos. La canasta de pobreza también subió —3,7%— y en ambos casos los incrementos superaron la inflación mensual de la Ciudad (3,1%). Es decir, mientras los precios de los consumos básicos avanzan por encima del promedio general, las mediciones nacionales no reflejan con la misma intensidad ese deterioro.

Para Eduardo Chávez Molina, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, la diferencia no es menor y responde a la metodología utilizada. Según explicó, la Ciudad realiza un relevamiento directo del gasto de los hogares: el encuestador consulta cuánto se destina efectivamente a alimentos, ropa y otros consumos esenciales. El INDEC, en cambio, estima los gastos no alimentarios mediante un coeficiente, un mecanismo que —según cuestiona— mantiene rezagados rubros sensibles como tarifas, medicina prepaga y educación privada.

La utilización de esta metodología indirecta no es exclusiva del organismo nacional: también la emplean las provincias, lo que dificulta dimensionar con precisión la magnitud real de la pobreza y la indigencia en el país. En ese contexto, la distancia entre lo que muestran las estadísticas y lo que se percibe en la vida cotidiana se amplía.

“En el resto del país no lo vas a ver reflejado en términos estadísticos, lo vas a ver reflejado en la situación social”, advirtió Chávez Molina, quien consideró probable que los niveles reales de pobreza e indigencia sean más altos que los publicados, aunque la metodología vigente impide comprobarlo con exactitud.

Paradójicamente, incluso con criterios distintos, la medición porteña no enfrenta cuestionamientos de legitimidad en la captación de hogares bajo la línea de pobreza. El contraste deja expuesta una tensión de fondo: mientras el costo de vida golpea con más fuerza a los sectores vulnerables, las cifras oficiales nacionales parecen amortiguar ese impacto en los papeles, pero no en la realidad.

La norma, sancionada junto al Presupuesto 2026, comenzó a regir el primer día hábil de enero y, con la reanudación de la actividad judicial en febrero, empezó a mostrar su impacto concreto: expedientes que se caen a un ritmo de entre 15 y 20 por día o incluso más según un relevamiento periodístico.

La entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) desató una fuerte controversia tras el cierre masivo de causas por evasión tributaria en los tribunales penales económicos. La norma, sancionada junto al Presupuesto 2026, comenzó a regir el primer día hábil de enero y, con la reanudación de la actividad judicial en febrero, empezó a mostrar su impacto concreto: expedientes que se caen a un ritmo de entre 15 y 20 por día —o incluso más— según un relevamiento periodístico.

El núcleo de la polémica radica en la actualización extraordinaria de los montos mínimos para configurar delitos tributarios. La evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que implica incrementos superiores al 6500%. En el caso de la evasión a través de terceros, el umbral subió de $2.000.000 a $200.000.000, un alza cercana al 9900%. En términos generales, la ley elevó en torno al 3000% los pisos a partir de los cuales una conducta se considera delito penal.

Como consecuencia, la enorme mayoría de las causas en trámite quedaron fuera del ámbito penal. Según fuentes judiciales, son muy pocos los expedientes que superan los nuevos montos. El cierre se produce por dos vías: pedidos de las defensas para acogerse a la nueva norma o decisiones de los jueces que, aplicando el principio constitucional de la ley penal más benigna, extinguen las acciones de oficio. En muchos casos, los fiscales no apelan o retiran la acusación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dirigida por Andrés Vázquez, respaldó formalmente este criterio. En su primer instructivo de 2026 ordenó la aplicación “universal e irrestricta” del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos en causas ya iniciadas.

¿Una ley hecha a medida de la delincuencia?

El debate jurídico y político es intenso. Para los críticos, la ley funciona como una amnistía encubierta que beneficia a evasores y debilita la capacidad del Estado para investigar el origen de los fondos. El tributarista Marcos Sequeira sostuvo que la norma “beneficia a los grandes evasores” y modifica el paradigma histórico del derecho tributario al abandonar la lógica de control sobre la procedencia del patrimonio. Según su interpretación, el Estado prioriza que los fondos ingresen al mercado —ya sea para consumo o adquisición de bienes— por encima de la verificación de su origen.

En la misma línea, el excanciller Jorge Taiana cuestionó duramente la iniciativa y afirmó que la “hipócritamente llamada ley de inocencia fiscal” podría convertir al país en un paraíso para el lavado de dinero, en contradicción con compromisos internacionales asumidos por la Argentina, entre ellos los vinculados al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los defensores de la norma, en cambio, argumentan que el objetivo es concentrar los recursos del sistema penal en los grandes evasores y descomprimir los tribunales, trasladando los casos menores al ámbito administrativo, donde continuarían bajo sanciones y multas.

Mientras tanto, el efecto inmediato es tangible: centenares de expedientes cerrados y un cambio profundo en el alcance del derecho penal tributario, cuya dimensión institucional y económica sigue generando fuertes interrogantes.

La polémica por el millonario contrato del gobierno de Javier Milei con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), que dirige María Josefina Rouillet (esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger) sumó nuevos datos que agravan el escándalo.

Según una investigación del periodista Sebastián Lacunza publicada en Diario.ar, basada en información oficial del portal Compr.AR, apenas iniciado el mandato libertario la Cancillería renovó el convenio con la AACI con un incremento del 398%. La adjudicación firmada en febrero de 2024 ascendió a $55,3 millones, cuando la última renovación bajo la gestión de Alberto Fernández había sido por $11 millones en marzo de 2023.

El salto supera ampliamente la inflación acumulada desde entonces (276%), lo que implica un aumento real del 32%. El dato resulta particularmente sensible en el contexto del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno bajo la consigna “no hay plata”.

El contrato con la AACI se remonta a la gestión de Mauricio Macri. La primera adjudicación directa fue el 9 de marzo de 2018 por $1,8 millones. En noviembre de 2019 se elevó a $2,7 millones, por debajo de la inflación acumulada en ese período. Durante el mandato de Alberto Fernández, las renovaciones continuaron con aumentos que también quedaron por debajo o apenas en línea con la inflación: $4 millones en noviembre de 2020, $5,7 millones en marzo de 2022 y $11 millones en marzo de 2023.

El quiebre se produjo con la llegada de Milei. Tras el incremento del 398% en febrero de 2024, el 23 de diciembre de 2025 se adjudicó un nuevo contrato por $114 millones, otra vez con una suba superior a la inflación del período (82% en 22 meses).

En total, desde la última firma de la gestión anterior hasta la más reciente adjudicación bajo Milei, el contrato acumuló un aumento del 936%, frente a una inflación del 688% en el mismo lapso.

Mientras el Ejecutivo profundiza el ajuste en áreas sociales, culturales y presupuestarias, el crecimiento exponencial del convenio con la institución que dirige la esposa del ministro de Desregulación alimenta cuestionamientos políticos y judiciales. Para muchos críticos, el mensaje parece contradictorio: para algunas partidas “no hay plata”, pero para otras, sí.

La consultora EcoGo advirtió que los precios de alimentos y bebidas volvieron a acelerarse en la tercera semana de febrero y proyectó que el índice general del mes se ubicará en torno al 3%, con la carne y determinadas bebidas encabezando los aumentos y consolidando una dinámica que mantiene elevada la presión sobre el costo de vida.

En la medición semanal, los productos consumidos dentro del hogar subieron 0,5%, lo que llevó la variación acumulada de las últimas cuatro semanas a 2,7%, mientras que el promedio mensual se ubicó en 2,9%. Si se suman los consumos fuera del hogar, la proyección para el rubro alimentos y bebidas se mantiene en torno al 2,7% en febrero.

El capítulo carnes volvió a mostrar la mayor incidencia. En la semana, avanzó 0,8%, impulsado por el pollo con un alza de 2,6%, mientras que la carne vacuna aumentó 0,9%; en el acumulado mensual, el rubro trepa a 3,6% y registra una suba interanual superior al 43%.

La movilización al Palacio de Tribunales comenzará a las 11.30. La polémica reforma laboral incluye la disolución de la Justicia del Trabajo de Nación y su traspaso a la Ciudad de Buenos Aires con nuevos jueces.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización para este martes a partir de las 11:30 frente al Palacio de Tribunales, en apoyo a los trabajadores judiciales que este lunes tomaron la sede del Fuero Laboral. El conflicto se da en el marco de la disputa que abrió la polémica reforma laboral que logró sacar adelante el gobierno de Javier Milei y que dispone, entre otras cosas, el traspaso de la Justicia del Trabajo de Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

“Frente a un nuevo atropello del Gobierno Nacional, que avanza sobre la Justicia por medio de la Reforma Laboral, marchamos al Palacio de Tribunales en defensa de los trabajadores y trabajadoras”, advirtió la central obrera en un comunicado.

En su publicación, la CGT insistió: “En apoyo y solidaridad con el gremio de judiciales y en defensa de todos los trabajadores de la Argentina”.

La movilización se enmarca en un conflicto desatado por la reforma laboral aprobada la semana pasada en Diputados, en la cual se habilita la cesión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los tribunales laborales que actualmente operan bajo la órbita nacional, en cumplimiento de la demanda autonómica del distrito.

Como respuesta, este lunes trabajadores judiciales tomaron la sede del Fuero Laboral ubicada en pleno centro porteño. En su reclamo, advierten que están en riesgo más de 1.600 puestos de trabajo.

Reforma laboral anti trabajadores

Diputados aprobó la semana pasada la reforma laboral (que deberá volver al Senado tras la eliminación del Artículo 44) el dictamen modificado del proyecto que, además de cambiar sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo, redefiniendo el cálculo de indemnizaciones, las horas extras, las vacaciones y el derecho a huelga, entre otros puntos, también habilita la cesión a Ciudad de los tribunales laborales que actualmente operan bajo la órbita nacional, en cumplimiento de la demanda autonómica del distrito.

El Capítulo V de la reforma laboral, denominado “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en material laboral”, aprueba el convenio firmado semanas atrás entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, y ordena al Poder Ejecutivo a enviar al gobierno de Jorge Macri “los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo” para garantizar “su adecuado funcionamiento”.

La iniciativa establece un plazo de 180 días para la entrada en vigencia, tiempo durante el cual deberán trabajar en el plan de transición para poner en marcha los juzgados del trabajo de la Ciudad. Además, remarca que la Ciudad será la encargada de seleccionar los jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal que conformarán los diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y las dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Bajo el discurso de la “libertad de mercado”, la apertura importadora avanzó sin red de contención para la industria local, dejando como saldo fábricas cerradas, líneas de producción vaciadas y miles de trabajadores fuera del sistema formal.

Desde la asunción de Javier Milei, el mapa industrial argentino comenzó a achicarse a un ritmo alarmante. En nombre de la “libertad de mercado” y la apertura comercial, el Gobierno avanzó con una política de desregulación y reducción de controles que, lejos de fortalecer la producción nacional, terminó acelerando cierres de plantas, despidos masivos y un proceso silencioso pero constante de sustitución de producción local por importaciones. Los números son contundentes: en poco más de dos años se perdieron cerca de 22.000 empresas y más de 290.000 puestos de trabajo registrados.

Cierres de plantas y despidos concretos

La ola de cierres afecta a distintos sectores y regiones:

• La histórica empresa de neumáticos Fate cerró su planta en San Fernando, provincia de Buenos Aires, dejando sin empleo a 920 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a “cambios en las condiciones de mercado”, sobre todo la apertura de importaciones y la caída de la competitividad interna frente a productos extranjeros más baratos.
• En la segunda quincena de noviembre de 2025, al menos cinco plantas industriales cerraron sus puertas y despidieron a más de 400 empleados en sectores como metalurgia, electrodomésticos, textil y autopartes, con provincias como Buenos Aires, La Rioja y San Luis entre las más afectadas.
  • En ese contexto, Whirlpool cerró su planta en Pilar y desvinculó a 220 trabajadores.
  • Luxo y Vulcalar detuvieron producción y despidieron empleados en La Rioja y Sanagasta.
  • En San Luis, la autopartista Dana cerró su planta, afectando a unos 50 trabajadores.
• En la industria láctea, La Suipachense clausuró su planta en Suipacha (Buenos Aires), con 143 despidos, mientras que Otito cerró en Jujuy y dejó sin trabajo a otras 40 personas.
• El sector textil también fue duramente golpeado: TN & Platex discontinuó líneas de producción en Corrientes y La Rioja y desvinculó a 88 empleados, y otras firmas como Textilana (Mauro Sergio) suspendieron o redujeron dotaciones.

Organizaciones laborales y especialistas señalan estos casos como parte de un fenómeno más profundo de desindustrialización y pérdida de empleo manufacturero, producto de la fuerte presión competitiva de importaciones, que obliga a muchas firmas a replantear sus operaciones.

Reestructuraciones y el giro hacia la importación

No todos los casos implican cierres definitivos: varias empresas decidieron dejar de producir en el país para importar productos terminados, una forma de reestructuración que agrava la pérdida de empleo local:

• Según un informe internacional, el emblemático fabricante de termos Lumilagro redujo su producción local y ahora importa gran parte de sus productos desde el extranjero, con la consecuente reducción de su planta industrial y la pérdida de puestos de trabajo.
• Casos de fabricantes nacionales de electrodomésticos —como una empresa de Cañuelas que produce heladeras y otros bienes para marcas globales— muestran que la producción se ha reducido drásticamente, con despidos continuos y una creciente incorporación de productos importados bajo su propia marca.

Este patrón se replica en otros rubros y consolida un modelo que privilegia la importación por sobre la producción local. Muchas firmas señalan que la competencia desleal de productos importados más baratos, especialmente desde China, hace inviable mantener líneas de producción locales y los obliga a reorientar su negocio hacia la importación y comercialización de bienes ya fabricados en el exterior.

Despidos en serie y empleo en alerta

Además de las pérdidas de empleos por cierres de plantas, los despidos se multiplican en distintos sectores:

• Un relevamiento privado señaló que diversas empresas anunciaron ajustes, suspensiones y desvinculaciones que ponen 2.300 empleos en riesgo al inicio de 2026.
• Encuestas sectoriales indican que al menos el 15% de las industrias planea nuevos despidos durante el primer trimestre del año, especialmente en los mercados textil, automotriz y pyme.
• El efecto acumulado se nota también en cifras macroeconómicas: desde fines de 2023 se perdieron cientos de miles de empleos registrados y se cerraron miles de empresas en distintos segmentos productivos.

Analistas y sindicatos advierten que la crisis responde a varios factores:

• Apertura de importaciones sin controles efectivos, que deja al productor local en desventaja frente a productos terminados más baratos.
• Caída sostenida de la demanda interna, con el consumo deprimido y una utilización baja de la capacidad productiva de la industria.
• Costos de producción altos, combinados con competitividad cambiaria desfavorable.

Tanto gremios como la Unión Industrial Argentina, confirman que estas políticas configuran un proceso de desindustrialización acelerada, con impacto directo en la estructura laboral y productiva del país.

Lejos de tratarse de hechos aislados, los cierres y reestructuraciones respondieron a una matriz económica que prioriza la apertura importadora sin una política de protección o transición para el entramado productivo local. Mientras el Gobierno defiende la baja de aranceles y la eliminación de regulaciones como parte de su programa liberal, miles de trabajadores quedaron sin empleo y cientos de pymes no lograron sobrevivir a la competencia externa en un mercado interno deprimido.

El resultado se traduce en un proceso que distintos analistas ya describen como desindustrialización acelerada. No solo se perdieron puestos de trabajo: también se desmantelaron capacidades productivas, cadenas de valor y conocimientos acumulados durante décadas. La pregunta que comenzó a instalarse en el sector empresario y sindical fue si el país puede sostener crecimiento y desarrollo reemplazando producción nacional por contenedores importados. Hasta acá, la respuesta apunta a contradecir al gobierno.

Un empresario industrial de una pyme exportadora, con presencia en Estados Unidos, rompió el silencio y cuestionó la reforma laboral que impulsa el oficialismo, señalando que no garantiza mejoras reales para los trabajadores ni incentivos sostenibles para las empresas.

Un empresario industrial de una pyme con exportaciones a Estados Unidos se diferenció públicamente de la postura oficial y expresó su rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso, sosteniendo que no responderá a las necesidades reales del mercado de trabajo argentino y que podría profundizar problemas estructurales.

El empresario explicó que, desde su experiencia exportadora, la creación de empleo de calidad depende de políticas de largo plazo que garanticen estabilidad, financiamiento adecuado y condiciones competitivas para la producción nacional. Según su análisis, la reforma laboral tal como está redactada no aborda esos factores esenciales y apuesta por flexibilizaciones que no se traducen en más trabajo formal ni mayor producción.

Para este empresario, que ha logrado colocar productos argentinos en mercados internacionales como el estadounidense, la discusión sobre legislación laboral debería centrarse en fortalecer la productividad y fomentar acuerdos entre trabajadores y empresas, en lugar de promover cambios que, en su visión, se enfocan únicamente en reducir costos laborales sin garantizar crecimiento sostenido.

Además, manifestó preocupación por el impacto que este tipo de reformas puede tener en las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la generación de empleo en gran parte del país, especialmente en regiones productivas fuera de los grandes centros urbanos. En su opinión, las pymes necesitan instrumentos que les permitan competir, invertir y sostener puestos laborales estables, algo que no se resuelve únicamente con modificación de normas laborales.

El empresario exportador remarcó la importancia de entender las particularidades de cada sector productivo y de construir consensos amplios antes de aprobar cambios que afectan a millones de trabajadores y empresas. Su posición contraria a la reforma se suma a otras voces del sector privado que también vienen advirtiendo sobre posibles efectos adversos si no se toman en cuenta variables como el acceso al crédito, la infraestructura logística y los costos impositivos.

Con el debate parlamentario en marcha y la reforma laboral atravesando distintas instancias de discusión, las críticas como la de este empresario ponen en evidencia que no todas las cámaras del sector productivo acompañan la iniciativa oficial, generando un escenario de mayor complejidad política y económica en torno al proyecto.

Se profundiza en Georgalos la crisis desatada en el último trimestre de 2025. Ahora, la empresa que creo golosinas icónicas de la Argentina como el Mantecol, notificó una nueva ronda de suspensiones, que involucra a delegados sindicales y personal con más de 30 años de antigüedad. La crisis de las empresas no para por el modelo de Javier Milei que se jacta de las tasas por las nubes, la apertura de importaciones y el dólar híperbarato.

Finalizado el proceso de suspensiones que se extendió por tres meses y que acaparó a la totalidad de los 600 operarios de la planta de Victoria, ahora el nuevo periodo de suspensiones arranca con una tanda de 20 trabajadores, los que sufrirán un recorte del 20% en sus salarios.

Pero en el sector también hacen acuse de recibo del golpe que representa la importación de golosinas y alimentos desde Brasil, que alienta el gobierno de Milei. Lo del gobierno libertario es insólito: su política favorece a los trabajadores de otros países mientras las plantas no paran de cerrar en el país. El modelo no da para más.

La imagen del Gobierno nacional volvió a deteriorarse en febrero y consolida una tendencia que golpea de lleno a la figura presidencial, en un escenario marcado por la crisis económica y la persistente presión inflacionaria.

Así lo revela el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador cayó 0,6% respecto de enero y acumula una baja interanual de 6,8%, profundizando el desgaste en la opinión pública.

Según el relevamiento, el ICG se ubicó en 2,38 puntos en febrero sobre una escala de 0 a 5. Aunque el nivel aún se mantiene cerca del promedio de la gestión de Javier Milei (2,44 puntos), la dinámica de los últimos meses confirma un deterioro sostenido en la evaluación social del Gobierno.

El informe señala que, si bien el índice se movió dentro de un rango acotado —entre 1,94 y 2,86 puntos durante la actual administración—, la tendencia reciente muestra oscilaciones negativas que evidencian un progresivo debilitamiento de la confianza.

El desempeño fue dispar entre los cinco componentes que integran el ICG. Dos subíndices registraron mejoras: Honestidad (2,76 puntos; +2,6%) y Eficiencia en la administración del gasto público (2,29; +2,7%).

Sin embargo, los retrocesos se concentraron en dimensiones centrales para la imagen presidencial. La Capacidad para resolver los problemas del país cayó 4,9% (2,70 puntos), la Evaluación general del Gobierno descendió 1,8% (2,18 puntos) y la Preocupación por el interés general retrocedió 1% (1,99 puntos).

En plena crisis económica, el principal deterioro se observa en la percepción sobre la capacidad de gestión y en la evaluación global de la administración, dos variables clave que impactan directamente en la imagen del Presidente y refuerzan la sensación de desgaste acumulado.