Organizaciones políticas y seguidores de la expresidenta convocaron a concentrarse desde temprano en Constitución para respaldarla antes de su presentación judicial en la causa conocida como “Cuadernos”.

Militantes de distintas organizaciones políticas y seguidores de Cristina Fernández de Kirchner convocaron a una concentración para este martes por la mañana frente al edificio donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, en el barrio porteño de Constitución. La movilización está prevista desde las primeras horas del día, antes de que la expresidenta se presente a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py.

La convocatoria apunta a reunir a militantes y simpatizantes desde las 7 en San José 1111, dirección del departamento en el que reside la exvicepresidenta. Desde allí, quienes participen planean acompañar con una vigilia el momento previo a su presentación judicial, fijada para las 9 de la mañana.

El llamado comenzó a difundirse a través de redes sociales desde distintos espacios del peronismo. En ese marco, la organización La Cámpora publicó un mensaje convocando a movilizarse para respaldar a la expresidenta.

“Este martes vamos a San José 1111 a bancar a Cristina y nos quedamos hasta que vuelva. Y este 24 de marzo, seremos miles los que vamos a caminar desde la Ex ESMA hasta Plaza de Mayo, pasando por San José, para demostrar que realmente queremos otro país”, señala el mensaje difundido por la agrupación.

La convocatoria busca expresar un gesto de acompañamiento político y personal hacia la exmandataria en medio del proceso judicial que enfrenta. En distintos sectores del peronismo sostienen que la situación de Cristina Kirchner forma parte de una persecución política que se extiende desde hace años.

En ese contexto, la presencia frente a su domicilio se plantea como una forma de respaldo público hacia una de las principales referentes del espacio político, cuya figura continúa teniendo fuerte peso dentro del peronismo y en amplios sectores de la militancia.

Preparan un operativo de seguridad

Ante la convocatoria, se espera un operativo de seguridad en las inmediaciones del edificio donde reside la expresidenta.

Fuentes oficiales indicaron que habrá presencia policial para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el barrio durante la concentración. La custodia personal de Cristina Kirchner continúa bajo responsabilidad de la Policía Federal Argentina, mientras que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires estará encargada del control del tránsito y del espacio público.

Hasta el momento, las agrupaciones convocantes no anunciaron movilizaciones hacia los tribunales federales. La actividad se concentrará frente al domicilio de la exmandataria, donde se espera la presencia de organizaciones políticas, agrupaciones del Partido Justicialista y organismos de derechos humanos.

El contexto judicial

La comparecencia de este martes se produce luego de que la Justicia rechazara un planteo de nulidad presentado por la defensa de Cristina Kirchner y de otros acusados en la causa conocida como “Cuadernos”.

El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, reiteró que los cuadernos utilizados como evidencia central en el expediente “fueron manipulados”, por lo que —según su postura— no deberían ser considerados como prueba válida dentro del proceso.

También cuestionó la utilización de testimonios de imputados que declararon como arrepentidos, al sostener que esas declaraciones habrían sido obtenidas bajo presión.

Mientras el proceso judicial continúa, el acompañamiento de militantes busca enviar un mensaje político claro: para una parte importante del peronismo y de la sociedad, Cristina Kirchner sigue siendo una figura central de la política argentina y merece respaldo frente a lo que consideran una persecución judicial.

Empleados del ente estatal encargado de controlar a las obras sociales publicaron un comunicado donde advierten sobre las irregularidades en la gestión y una parálisis en la atención de reclamos de usuarios. También señalaron persecución laboral y alertan por el impacto en el acceso a la salud.

Por Santiago Masetti/ El conflicto gremial en la Superintendencia de Servicios de Salud viene escalando paulatinamente y suma tensiones. Los trabajadores del organismo denunciaron un proceso de vaciamiento bajo la gestión del actual superintendente, Claudio Stivelman, y advirtieron sobre irregularidades administrativas, persecución laboral y posibles despidos.

En ese sentido, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicaron que en el marco del conflicto, las medidas impulsadas por la conducción del organismo estarían afectando el funcionamiento de áreas claves encargadas de tramitar reclamos de usuarios del sistema de salud.

Los reclamos cajoneados por los funcionarios

Una de las graves consecuencias del conflicto impulsado por Stivelman tiene como objeto la paralización de expedientes vinculados a reclamos de beneficiarios de obras sociales. Muchos de esos trámites dependen de la rapidez con la que el organismo interviene para garantizar prestaciones médicas, por lo que las demoras pueden afectar tratamientos y servicios considerados vitales.

En ese contexto, denunciaron que la gestión estaría promoviendo un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.

Por ello, explicaron que este esquema desvirtúa las funciones para la que fue creada la Superintendencia de Servicios de Salud, cuya función es ofrecer soluciones administrativas gratuitas sin necesidad de una asistencia legal.

Denuncias por irregularidades en obras sociales

El comunicado emitido por los trabajadores de la Superintendencia también apunta contra la falta de intervención frente a presuntas irregularidades en algunas obras sociales que no abonan los diferentes tratamientos .

En particular, los trabajadores denunciaron que la Obra Social Unión Personal estaría aplicando coseguros diferenciados a empleados estatales que no estén afiliados al sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), una práctica que calificaron como “discriminatoria e ilegal”.

Además, señalaron que otras obras sociales comenzaron a cobrar coseguros para intervenciones quirúrgicas, algo que contradice lo establecido por el Programa Médico Obligatorio.

Paros a la japonesa

Una vez iniciado el conflicto, los trabajadores realizaron dos paros a nivel nacional y otras variadas formas de protestas para lograr visibilizar el conflicto, por lo que indicaron que continuarán con nuevas medidas de fuerza.

Las formas de protestar, comenzaron con asambleas, manifestaciones y luego se adoptó una modalidad particular: los trabajadores realizaron lo que denominaron “paros a la japonesa”, en la que se intensifica la atención al público para amplificar la importancia del trabajo que realiza el organismo.

Desde que arrancó este año, durante las jornadas de paro se priorizó la recepción y resolución de reclamos de usuarios con el objetivo de demostrar el impacto que tiene el funcionamiento del organismo en la protección del derecho a la salud.

Los trabajadores sostienen que el conflicto no solo involucra sus condiciones laborales sino también el acceso de la población a prestaciones médicas. Por ese motivo, pidieron el acompañamiento de los beneficiarios del sistema y de la sociedad en general frente a lo que consideran un deterioro en el funcionamiento del organismo encargado de supervisar a las obras sociales.

También convocaron a la unidad de los trabajadores estatales y de distintos sectores sociales para enfrentar lo que definieron como un proceso de recorte de derechos y debilitamiento de las políticas públicas vinculadas al sistema de salud.

Un informe periodístico reveló presuntos vínculos entre la consultora de la esposa de Manuel Adorni, una asesora cercana a Karina Milei y empresas interesadas en la concesión del predio de Tecnópolis.

Un informe publicado por el portal El Disenso advirtió sobre un entramado de vínculos empresariales y políticos que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, a su esposa Bettina Angeletti y a una consultora vinculada al entorno de Karina Milei. La investigación describe una red de relaciones que conecta intereses privados con decisiones estatales en torno a la explotación del predio de Tecnópolis.

Según el informe titulado “La casta libertaria: Adorni, su esposa, Karina, la consultora y un negocio redondo”, la esposa de Adorni es dueña de la consultora +Be, que tendría como cliente a Foggia Group, una productora de espectáculos vinculada a la consultora Mara Gorini, quien a su vez trabaja bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei.

El trabajo periodístico señala además que Gorini habría mantenido vínculos societarios con esa empresa incluso después de comenzar a prestar servicios para el Estado, mientras que su pareja continuó al frente de la firma. Esta trama, según el informe, conecta a la consultora contratada por el entorno presidencial con compañías que participan de negocios vinculados a la administración pública.

El foco del posible conflicto de intereses aparece en torno a la licitación para la concesión del predio de Tecnópolis por 25 años. La decisión final depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que encabeza Adorni.

En ese contexto, el informe sostiene que una de las empresas vinculadas a este entramado aparece entre las interesadas en el negocio de explotación del predio, lo que abre interrogantes sobre posibles incompatibilidades entre las funciones públicas y las relaciones comerciales del entorno del funcionario.

Durante su participación en el Argentina Week en Nueva York, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, relativizó el entusiasmo que el Gobierno nacional buscó transmitir ante inversores y advirtió que el proceso de recuperación económica será desigual y atravesará tensiones sociales en el corto plazo.

“El crecimiento va a ser asimétrico”, sostuvo el mandatario mendocino al analizar el escenario productivo argentino. Según explicó, algunos sectores explicarán buena parte de la expansión económica, pero no tendrán impacto homogéneo en todo el país. “Si crecemos al cuatro por ciento, algunos de esos puntos los explica Vaca Muerta, que no está en todas las provincias; otro tanto la pampa húmeda, que tampoco está en todas”, señaló.

En ese contexto, Cornejo lanzó una advertencia sobre el clima social que podría generarse durante el proceso de estabilización: “La economía y el humor popular van a crujir este año”.

El gobernador también se refirió a las expectativas de inversión tras las reuniones con empresarios y fondos internacionales en Estados Unidos. Si bien reconoció que percibe un mayor interés por el país, aclaró que ese optimismo todavía no se traduce plenamente en decisiones concretas de inversión. “Yo percibo que hay entusiasmo, ahora, de ese entusiasmo a tomar la decisión de invertir, hay un paso todavía”, admitió.

En relación con el marco de incentivos que impulsa el Gobierno, Cornejo consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha funcionado como una herramienta excepcional para brindar garantías a los proyectos de gran escala. Sin embargo, advirtió que los inversores de largo plazo —especialmente en sectores como la minería y el petróleo— demandan previsibilidad que vaya más allá de un ciclo electoral.

“El mercado financiero ya refleja esa incertidumbre”, sostuvo el mandatario al analizar el comportamiento de los capitales. “Las que vencen antes de 2027 ofrecen mucho dinero los inversores financieros. Las que quieren pasar al otro año, al 2028, al 2029 o al 2030, ya no se animan a ofrecer dinero”, explicó.

Por eso insistió en que el país debe consolidar señales de estabilidad duraderas. “Para dar certidumbre a la inversión y a proyectos de largo aliento se necesita mucho más que el RIGI. Se necesita certidumbre”, remarcó.

Finalmente, Cornejo señaló que el desafío no recae únicamente en el Gobierno, sino también en el sector privado, que deberá adaptarse a un nuevo escenario económico. En esa línea, sostuvo que el oficialismo deberá fortalecer su base política para sostener el rumbo. “El Gobierno tiene que enfrentar esta situación con mayor fortaleza política, cuidar a sus aliados y trabajar en conjunto para que no se frustre el proyecto, como se frustró el de Mauricio Macri en 2018”, concluyó.

La escalada militar en el Golfo Pérsico ya impacta de lleno en el mercado energético mundial y obliga a Washington a tomar decisiones que evidencian la dificultad de sostener el conflicto sin provocar una crisis económica global.

En un movimiento excepcional, el gobierno estadounidense autorizó de manera temporal la compra de petróleo ruso que estaba sancionado y actualmente se encuentra cargado en buques en alta mar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la medida busca “promover la estabilidad en los mercados energéticos mundiales” en medio de la guerra. La autorización estará vigente hasta el 11 de abril y, según Washington, se limita únicamente al crudo que ya está en tránsito para evitar beneficios financieros significativos para Vladimir Putin.

La decisión refleja la presión que enfrenta la Casa Blanca ante el aumento del precio del petróleo. Tras varios ataques contra buques en el Golfo Pérsico, el crudo volvió a superar los 100 dólares por barril, generando turbulencias en los mercados internacionales.

La tensión se agravó después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, anunciara que su país continuará bloqueando el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. El dirigente iraní también prometió vengar a los ciudadanos iraníes muertos en los ataques de Estados Unidos e Israel.

El cierre de facto del estrecho ya provoca fuertes perturbaciones en el comercio energético global y obligó a los países industrializados a tomar medidas extraordinarias. La Agencia Internacional de la Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas —la mayor operación de este tipo en su historia— mientras que Estados Unidos aportará otros 172 millones de barriles desde su propia reserva.

Sin embargo, la flexibilización de las sanciones al petróleo ruso generó fuertes críticas en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que el cierre del estrecho “de ninguna manera” justifica aliviar las sanciones contra Moscú. En la misma línea se expresó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quien advirtió que la medida podría debilitar los esfuerzos para presionar al Kremlin en la guerra de Ucrania.

Desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky también criticó la decisión, calificándola como “un duro golpe” para su país y para la credibilidad de las sanciones occidentales contra Rusia.

Mientras tanto, en Moscú celebraron la decisión. El negociador ruso Kirill Dmitriev afirmó que Washington está reconociendo en los hechos que el mercado energético global no puede mantenerse estable sin el petróleo ruso. Según estimaciones del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, Rusia ya obtuvo unos 6.800 millones de dólares adicionales por la venta de hidrocarburos desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, Washington evalúa escoltar militarmente a los petroleros que atraviesen el estrecho de Ormuz, una operación que podría ampliar aún más el alcance del conflicto. Sin embargo, el llamado de Trump para que otros países envíen buques de guerra a la zona ha recibido una respuesta fría.

Países como el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y China han señalado que todavía están evaluando sus opciones, mientras que Francia descartó por ahora desplegar buques militares en la zona.

La falta de un respaldo militar claro de sus aliados subraya las crecientes dificultades que enfrenta la Casa Blanca. Lo que comenzó como una ofensiva militar contra Irán se está transformando rápidamente en una crisis energética y diplomática global, donde el costo económico y político de la guerra empieza a pesar cada vez más sobre la estrategia de Trump.

Mauricio Novelli, el trader detrás de $LIBRA con quien Javier Milei intercambió ocho frenéticas llamadas minutos antes y después del lanzamiento del token, caminaba por Dallas en febrero de 2025 como si todo estuviera saliendo perfecto. El 4 de ese mes había abierto una caja de seguridad en el Banco Galicia, donde llegó con bolsos que vació junto a su madre y su hermana. Al día siguiente abordó el vuelo 832 de United Airlines rumbo a Estados Unidos.

Ya instalado en Texas, alternó reuniones con el empresario Hayden Davis y su entorno con salidas para ver partidos de la NBA. El 11 de febrero, mientras estaba en Dallas, apareció en el bloc de notas de su celular un texto que detallaba un acuerdo con el estadounidense: 1,5 millones de dólares como adelanto; otros 1,5 millones a cambio de un tuit en el que Milei presentara a Davis como asesor; y 2 millones adicionales tras la firma presencial de un contrato con el Presidente, en una reunión que también incluiría a su hermana, Karina Milei.

Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy permanecieron en Dallas junto a Davis y su equipo de Kelsier Ventures para preparar el lanzamiento de $LIBRA desde un hotel de lujo, mientras Milei publicaba el mensaje de respaldo a la criptomoneda desde la Quinta de Olivos el Día de los Enamorados.

El material surge del peritaje informático realizado sobre el teléfono de Novelli, al que accedió Página/12, y revela un acuerdo por al menos cinco millones de dólares que hasta ahora no había salido a la luz. El contenido deja en claro que parte de la negociación giraba en torno al respaldo público del Presidente al proyecto cripto.

El texto estaba redactado en inglés y su traducción es la siguiente:

“Hola amigos,

Este es el acuerdo final discutido con H.

1,5 millones de dólares en tokens líquidos o efectivo como adelanto.

1,5 millones de dólares en tokens líquidos o efectivo: Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis.

2 millones de dólares en tokens o efectivo: contrato firmado en persona con Milei para asesoramiento en blockchain/IA para el gobierno argentino y/o para Javier Milei, con revisión junto a Javier y Karina”.

Horas después de que se conociera el peritaje que determinó que Javier Milei mantuvo varios contactos telefónicos con el empresario cripto Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento de $Libra, uno de los estudios jurídicos que litiga en Nueva York en representación de un grupo de damnificados evalúa impulsar una investigación criminal que podría complicar al presidente.

La estrategia judicial, de alto voltaje y con potencial impacto para los hermanos Milei en los tribunales de Nueva York —mucho menos permeables al poder político que el fiscal argentino Eduardo Taiano— fue mencionada este sábado por la mañana por abogados de los afectados durante una reunión por Zoom, de carácter reservado, con integrantes de la Comisión $Libra de la Cámara de Diputados. Según el celular de Novelli, Javier y Karina Milei habrían cobrado 5 millones de dólares por la estafa.

Aunque los letrados pidieron discreción respecto de sus próximos pasos debido a la magnitud del caso, fuentes al tanto de ese intercambio confirmaron que solicitaron a los legisladores una copia certificada por el Congreso argentino de las conclusiones de la comisión parlamentaria. El objetivo es incorporarla al expediente civil que ya tramita en Estados Unidos y, eventualmente, avanzar con una querella criminal.

Entre la documentación requerida, los abogados también pidieron copia de las pruebas recolectadas por la comisión, incluidas las comunicaciones telefónicas que mantuvo Mauricio Novelli con Javier y Karina Milei entre la tarde del viernes 14 y la madrugada del sábado 15 de febrero de 2025, minutos antes y después del lanzamiento de la criptomoneda por parte del presidente.

Un informe técnico incorporado a la causa judicial reveló comunicaciones entre el presidente y el empresario Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit que promocionó el token. El hallazgo suma presión sobre la investigación por la presunta estafa vinculada a $LIBRA.

Un nuevo informe pericial incorporado a la causa por la criptomoneda $LIBRA reveló que el presidente Javier Milei mantuvo intercambios de mensajes y llamadas con el empresario Mauricio Novelli minutos antes y después del lanzamiento del token que terminó envuelto en denuncias de estafa. El dato surge del análisis de teléfonos y dispositivos secuestrados durante la investigación judicial.

Según el peritaje, Novelli —quien actuó como nexo entre los impulsores del proyecto cripto y el entorno presidencial— se comunicó varias veces con el mandatario antes del mensaje publicado en redes sociales que promocionó $LIBRA. Los registros indican que hubo al menos cinco llamadas en los minutos previos al posteo, lo que abre interrogantes sobre una posible coordinación previa en la difusión del token.

El informe también señala que el empresario mantuvo contactos con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y que incluso habría participado en la coordinación de las respuestas que el presidente brindó posteriormente en una entrevista televisiva cuando el escándalo ya había estallado.

La causa judicial busca determinar si la promoción pública del proyecto cripto por parte del presidente —que incluyó la difusión del código del token en redes sociales— formó parte de una maniobra que terminó beneficiando a un pequeño grupo de operadores mientras miles de inversores registraban pérdidas tras el desplome del valor del activo.

Con estas nuevas evidencias incorporadas al expediente, la investigación continúa avanzando para establecer el grado de conocimiento y eventual responsabilidad de los distintos involucrados en el lanzamiento y la difusión de $LIBRA, uno de los escándalos financieros y políticos más resonantes del último tiempo en la Argentina.

El jefe de Gabinete quedó envuelto en una nueva polémica luego de que trascendiera que los gastos mensuales con tarjetas de crédito vinculadas a su familia superan ampliamente sus ingresos declarados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse datos sobre los gastos con tarjetas de crédito asociados a su familia. Según revelaciones periodísticas, mientras el funcionario percibe un salario cercano a $3.500.000, los consumos registrados en tarjetas superarían los $17 millones mensuales, una cifra que generó interrogantes sobre el origen de los fondos.

El dato se conoció en medio de una serie de controversias que involucran al funcionario, entre ellas el viaje a Nueva York junto al presidente Javier Milei y la presencia de su esposa en la comitiva oficial. La situación despertó cuestionamientos públicos porque el nivel de gastos revelado parece muy superior al ingreso que el propio Adorni percibe por su cargo en el Estado.

El caso se suma a otras polémicas recientes vinculadas al entorno del funcionario, como el viaje en avión privado a Punta del Este junto a su familia, que también generó dudas sobre cómo se financiaron esos traslados. Incluso un periodista cercano a Adorni terminó reconociendo públicamente que el vuelo había sido pagado “con plata del Estado”, una declaración que luego intentó corregir pero que agravó el escándalo político.

La controversia ocurre además en un contexto donde el propio Adorni se presenta habitualmente como uno de los principales voceros del discurso oficial contra los privilegios de la política y el uso indebido de recursos públicos. Mientras crecen las críticas y los pedidos de explicaciones, el caso volvió a abrir el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del gobierno libertario y las prácticas de algunos de sus funcionarios.

El fallido del ministro de Economía Luis Caputo tras su participación en la “Argentina Week” dejó al descubierto, quizás sin proponérselo, la lógica que guía al gobierno libertario en su política económica.

“Gran trabajo vendiendo la Argentina”, celebró Caputo al felicitar a los gobernadores que participaron del encuentro con empresarios en Estados Unidos. La frase, lejos de pasar desapercibida, terminó funcionando como una admisión involuntaria de la estrategia oficial: presentar al país como una oportunidad de negocios para capitales extranjeros.

El ministro destacó que durante las reuniones “todos apoyaron el rumbo” del gobierno y elogió el rol de los mandatarios provinciales en la promoción del país ante inversores. Según Caputo, el clima que se percibe en el exterior es de entusiasmo y anticipa “un impresionante clima de inversiones” en los próximos meses.

Sin embargo, el comentario sobre “vender la Argentina” generó críticas porque resume con crudeza la orientación del programa libertario: la idea de convertir al país en una plataforma abierta a los grandes capitales internacionales, promoviendo la entrega de activos, recursos y generando oportunidades de negocio ante el sector privado global a expensas del patrimonio publico nacional.

El lapsus del titular de Economía terminó, así, exponiendo de manera transparente lo que para muchos analistas constituye el núcleo del proyecto económico oficial: la promoción de la Argentina como mercancía barata en el mercado global de inversiones.