El consumo de energía eléctrica en la Argentina volvió a retroceder en noviembre de 2025, reflejando con claridad el impacto de la recesión económica y la desaceleración de la actividad productiva.

La demanda nacional cayó 3,2% interanual y alcanzó los 10.712,3 GWh, el nivel más bajo para ese mes desde 2021, según datos oficiales de CAMMESA difundidos por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).

Aunque las temperaturas más moderadas incidieron en el menor uso residencial, la caída del consumo se extendió también a los sectores comercial e industrial, lo que confirma que el descenso no responde solo a factores climáticos sino, principalmente, al enfriamiento general de la economía y al parate en amplios segmentos de la actividad fabril.

En términos mensuales, la demanda mostró una leve suba del 1,2% respecto de octubre, pero la comparación interanual evidencia un deterioro marcado frente a noviembre de 2024. El registro actual incluso se ubica por debajo del nivel de noviembre de 2021, consolidando una tendencia descendente que se profundiza en la segunda mitad del año.

El comportamiento acumulado refuerza este diagnóstico: en los primeros once meses de 2025, la demanda eléctrica total cayó 0,4%, mientras que el año móvil exhibe una retracción del 0,6%, configurando un escenario de consumo contenido de carácter estructural, asociado a la pérdida de dinamismo económico.

Retrocesos en todos los segmentos

La baja fue generalizada en todos los tipos de usuarios. El consumo residencial, que representó el 43% del total, cayó 2,8% interanual. El segmento comercial, directamente afectado por la contracción del consumo y los servicios, mostró el descenso más pronunciado, con una baja del 6,5%. En tanto, la demanda industrial retrocedió 0,4%, un dato que refleja la persistencia de niveles bajos de producción en el sector fabril.

Este desempeño confirma que la industria continúa operando por debajo de su capacidad, en un contexto de menor inversión, caída de ventas y dificultades para sostener el nivel de actividad.

AMBA y provincias: consumo en baja

En Capital Federal y el Gran Buenos Aires —que concentran cerca del 30% del consumo eléctrico del país— la demanda cayó 3,9% interanual. Edenor registró una baja del 3% y Edesur del 4,6%, en un escenario de menor consumo combinado con mayores tensiones operativas en la red.

A nivel nacional, el mapa del consumo también refleja el impacto de la recesión. En noviembre, 16 provincias registraron caídas interanuales, con fuertes descensos en el NEA y el Litoral. Misiones (-33%), Formosa (-12%), Chaco (-11%) y Corrientes (-10%) encabezaron las bajas, mientras que Santa Fe (-5%) y Mendoza (-4%) evidenciaron la retracción en regiones de peso productivo.

Si bien algunas provincias mostraron subas, en muchos casos asociadas a actividades específicas o a factores climáticos, el balance general confirma un consumo eléctrico estancado o en retroceso, en línea con una economía que continúa sin señales claras de recuperación.

En conjunto, la evolución de la demanda eléctrica se consolida como un indicador clave del actual escenario recesivo: menos consumo en hogares, comercios y, especialmente, en la industria, da cuenta de una actividad económica que sigue lejos de reactivarse.

El Gobierno de Javier Milei salió en fuerte defensa a la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Pero quedó en offside ahora porque Donald Trump decidió, en principio, negociar con el chavismo y no con Corina Machado, como pretendía Milei.

En un comunicado, la Cancillería planteó que “valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”. Por ahora hay silencio sobre los últimos movimientos del líder republicano.

“Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario”, aseguró Cancillería. Milei apostó fuerte a Corina Machado y… ¿perdió?

“Vamos a estar a cargo del país hasta que esté salvo y seguro”, afirmó Trump mientras presiona por acceder a las riquezas petroleras de Venezuela.

Donald Trump volvió a exhibir sin matices una concepción imperial y extractivista de la política exterior estadounidense hacia América Latina. Tras la captura internacional de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos aseguró haber mantenido una conversación con la dirigente designada Delcy Rodríguez, a quien le exigió un “acceso total” al petróleo de Venezuela, condicionando la estabilidad del país al control de sus recursos estratégicos.

“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas que nos permitan reconstruir su país”, afirmó Trump, en una declaración que deja al descubierto el verdadero objetivo de la intervención: el control de la mayor reserva de crudo del planeta. Lejos de apelar a argumentos humanitarios o democráticos, el mandatario vinculó de manera directa la ocupación política con la apropiación de los bienes naturales venezolanos.

Luego de una operación militar que incluyó bombardeos y acciones de fuerzas especiales, Trump se autoproclamó líder de Venezuela. “Vamos a estar a cargo del país hasta que esté salvo y seguro”, sostuvo, para luego admitir que el trasfondo del conflicto es el manejo del petróleo. “Ellos nos arrebataron nuestro petróleo y pensaron que no haríamos nada”, declaró, en referencia a la nacionalización impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez.

El presidente estadounidense también lanzó amenazas directas contra Delcy Rodríguez, a quien advirtió que enfrentaría consecuencias aún peores que Maduro si no accedía a las exigencias de Washington. “Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario para hacer que Venezuela vuelva a ser grande”, afirmó, reforzando una narrativa colonial que subordina la soberanía venezolana a los intereses de Estados Unidos.

Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció que la agresión tiene como objetivo “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, especialmente su petróleo y sus minerales, y quebrar su independencia política”. En los últimos días, Trump reforzó esta línea al sostener que a las empresas estadounidenses se les negó el supuesto “derecho” a explotar el crudo venezolano. “Nos quitaron nuestro petróleo y lo queremos de vuelta”, insistió.

Amenazas a Colombia y México

La ofensiva discursiva no se limitó a Venezuela. Trump extendió sus amenazas a otros países y territorios, reafirmando una doctrina de seguridad nacional que coloca a América Latina como zona de intervención permanente. Colombia, México y Cuba fueron señalados como próximos focos de conflicto, mientras que el mandatario volvió a mencionar su interés estratégico en Groenlandia, aludiendo a la presencia de Rusia y China.

En el caso colombiano, Trump atacó al presidente Gustavo Petro y deslizó la posibilidad de una operación militar. Sobre México, reiteró su intención de enviar tropas para combatir al narcotráfico, pese al rechazo del gobierno de Claudia Sheinbaum, que insistió en la defensa de la soberanía nacional.

Las declaraciones de Trump no solo profundizan la tensión regional, sino que confirman una visión geopolítica basada en la fuerza, la apropiación de recursos y la negación de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, reeditando una lógica imperial que atraviesa la historia de la relación entre Estados Unidos y la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la presidenta a cargo de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro, “está cooperando” aunque aclaró que su país no le ofreció nada.

Respecto a la conducción de Venezuela, el líder republicano enfatizó que necesita que en el corto plazo Rodríguez le de “acceso total” a Estados Unidos. “Necesitamos acceso total. Acceso al petróleo y a otros bienes de su país que nos permitan reconstruirlo”. Por su pate, Rodríguez aseguró que piensan en “una agenda de trabajo conjunta” con Estados Unidos.

Para sorpresa de muchos, Trump negocia con el chavismo, quien por ahora retuvo el poder en Venezuela que ahora vuelve lentamente a la normalidad. En declaraciones a la prensa, el norteamericano rechazó que Corina Machado pueda hacerse cargo de ese país: “Es una mujer fantástica pero no puede ser líder, no es respetada en su país”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la operación militar en Venezuela y la detención del mandatario Nicolás Maduro, y sostuvo que el objetivo real de Washington es “apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”.

La exmandataria rompió el silencio tras conocerse la operación estadounidense denominada “Operación Resolución Absoluta”, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, en un hecho sin precedentes en la región. Cristina Fernández de Kirchner calificó el accionar de Estados Unidos como un “secuestro literal” y aseguró que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.

Desde su cuenta en la red social X, la dirigente sostuvo que las justificaciones oficiales de Washington sobre la defensa de la democracia o la lucha contra el narcotráfico no explican el operativo, y planteó que lo ocurrido “no es restablecer un gobierno democrático ni combatir criminalidad organizada”, sino una intervención con fines geopolíticos.

Kirchner advirtió que el verdadero objetivo de Trump es apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional, acusando abiertamente a la administración estadounidense de actuar para asegurarse el control de recursos estratégicos de Venezuela. Según su lectura, esta situación representa un peligroso antecedente que podría legitimar nuevas violaciones a la soberanía de países considerados más débiles frente a potencias con mayor poder económico y militar.

La expresidenta vinculó además la intervención a la histórica política del “Gran Garrote” (Big Stick), una doctrina que, en su interpretación, implicó el uso de la fuerza militar para proteger intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos en América Latina. En ese marco, sostuvo que este tipo de acciones resultaron en el pasado en “atraso económico y social” para los países afectados.

El mensaje de Cristina Kirchner llegó horas después de haber recibido el alta médica tras su internación por una complicación postoperatoria, con lo que su pronunciamiento marca una fuerte postura política internacional en un momento de alta tensión geopolítica.

Las declaraciones de la exmandataria reavivaron el debate en las redes sobre la política exterior de Estados Unidos y sus intervenciones en América Latina, así como también sobre las consecuencias de la captura de Maduro.

Por Lois Pérez Leira

La “Declaración de Nuestra América” no es un pronunciamiento más en la larga lista de comunicados regionales: es una toma de posición política explícita frente a la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela. El texto denuncia las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y el despojo de activos venezolanos, y expresa una coordinación que el movimiento comunista latinoamericano no exhibía con esta nitidez desde hace varios años.

Desde el Partido Comunista Mexicano hasta el Partido Comunista de la Argentina y el de Uruguay, el documento articula una respuesta continental que asume una premisa clara: lo que está en juego en Venezuela no es un conflicto interno, sino un ensayo de dominación aplicado a escala regional.

En Centroamérica y el Caribe, partidos como el del Pueblo de Panamá, el Guatemalteco del Trabajo, Vanguardia Popular de Costa Rica y el Partido Comunista de Honduras —junto al Partido de la Revolución Morazanista— sostienen una lectura sin eufemismos: la presión sobre Caracas funciona como advertencia para cualquier país que intente salirse del alineamiento estratégico con Washington.

Esa misma lógica aparece en el Caribe insular. El Movimiento Caamañista de República Dominicana, RASIN Kan Pèp La de Haití y el Consejo Nacional de Comités Populares de Martinica (CNCP, por sus siglas en español) advierten que la militarización de la cuenca caribeña no es defensiva ni circunstancial, sino parte de un dispositivo de control político y territorial.

En el eje andino-amazónico, el respaldo adquiere mayor densidad política. El Partido Comunista Colombiano, de Ecuador, Perú y Bolivia coinciden en señalar que las sanciones no solo buscan asfixiar a Venezuela, sino disciplinar a toda la región mediante el colapso inducido y la manipulación de la crisis migratoria.

La adhesión del Partido Comunista do Brasil introduce un elemento estratégico adicional: la discusión sobre soberanía financiera y la necesidad de romper la dependencia estructural del dólar como instrumento de castigo político.

En el texto, los firmantes sostienen que “la defensa de Venezuela no es asunto de una sola nación: es la defensa del derecho de todos nuestros pueblos a decidir su camino”, en una formulación que resume el eje político del documento.

De la denuncia a la acción

El documento, coordinado técnicamente por el dirigente chileno Daniel Jadue, evita el error habitual del progresismo declarativo. No se limita a denunciar, sino que plantea iniciativas concretas: un Mecanismo de Cooperación Humanitaria Soberana, la defensa del Partido Comunista de Venezuela en su propio territorio y una interpelación directa a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) para que abandonen la inercia diplomática.

El mensaje es claro y contundente: no hay neutralidad posible frente al cerco sobre Venezuela. Callar es convalidar.

Más allá de las siglas, la firma de todas estas organizaciones expresa la reactivación de un internacionalismo político que vuelve a leer la región como un campo de disputa geopolítica y no como un mosaico de crisis aisladas.

La arquitectura política de América Latina empieza a discutir, otra vez, la necesidad de romper con la tutela de Washington. Y una vez más, lo hace de forma valiente y consecuente con la historia de la liberación latinoamericana.

Con el nuevo año, el Gobierno habilitó otra suba en colectivos y subtes que profundiza el deterioro del ingreso. Los boletos aumentaron 4,5% y consolidan un esquema tarifario cada vez más expulsivo para usuarios y trabajadores.

El 2026 comenzó con un nuevo golpe al bolsillo de millones de personas que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o simplemente moverse. Desde el 1° de enero rige un incremento del 4,5% en las tarifas de colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires, en línea con la política de ajuste sostenido impulsada por el gobierno nacional.

Con la actualización, el boleto de colectivo trepó hasta los $880 según el recorrido y la jurisdicción, mientras que el subte superó los $1.250 por viaje. El Premetro, en tanto, se ubicó por encima de los $440. Lejos de ser un hecho aislado, el aumento se suma a una cadena de subas que se arrastra desde 2024 y que convirtió al transporte en uno de los rubros que más rápido devora salarios.

En las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires, el tramo más corto ya ronda los $685, mientras que los recorridos más extensos alcanzan valores cercanos a los $900. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo quedó por encima de los $619 y escala progresivamente hasta casi $800 en los trayectos más largos. En el subte, la tarifa volvió a actualizarse y se consolida como una de las más altas de la región en relación al ingreso promedio.

El nuevo tarifazo vuelve a exponer una matriz de gestión que traslada el peso del ajuste a los usuarios, reduce subsidios sin recomponer ingresos y desatiende el impacto social de estas medidas. Para amplios sectores, moverse dejó de ser un derecho básico y pasó a ser una cuenta más difícil de pagar en un contexto de inflación persistente y salarios en retroceso.

Mientras el discurso oficial insiste en el “ordenamiento” de las cuentas públicas, en los hechos el transporte público se encarece mes a mes y empuja a miles de personas a recortar viajes, cambiar rutinas o resignar calidad de vida. El año recién empieza, pero el ajuste ya viaja en colectivo.

El excombatiente y secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM La Plata), Ernesto Alonso, advirtió que el presidente Javier Milei “viola públicamente la Constitución Nacional” con sus declaraciones sobre Malvinas y alertó sobre una “grave entrega de soberanía” en el Atlántico Sur.

Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, cuestionó con dureza la política del gobierno nacional en torno a la cuestión Malvinas y trazó un paralelismo entre la actual gestión y la dictadura militar que encabezó Leopoldo Galtieri en 1982, en declaraciones brindadas a la AM530.

“Nosotros hacemos este paralelismo por lo que representó aquella decisión de la dictadura, absolutamente alejada de una política de defensa de la soberanía nacional, basada en la doctrina de la seguridad nacional, con desapariciones, torturas, muerte y un proceso de privatización y enajenación de los activos del Estado”, sostuvo Alonso.

En ese marco, señaló que la guerra de Malvinas tuvo como consecuencia “la consolidación del imperialismo en el Atlántico Sur”, con la instalación de una fortaleza militar británica y un posicionamiento geopolítico clave para el control bioceánico, los recursos naturales y la proyección antártica. “Eso mismo es lo que estamos viendo hoy”, afirmó.

Alonso apuntó directamente contra el presidente Javier Milei por sus declaraciones en medios internacionales, en las que sostuvo que Argentina no renunciará al reclamo de soberanía, pero que las islas deberán ser devueltas “cuando los isleños lo deseen”. Para el dirigente del CECIM, esas expresiones “violan de manera flagrante la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional”.

“El presidente le está diciendo a la comunidad internacional que a una población implantada desde 1833 le correspondería el derecho a la autodeterminación, algo que no reconoce Naciones Unidas y que va en contra de toda la construcción histórica de la diplomacia argentina”, remarcó. En ese sentido, recordó la Resolución 2065 de la ONU, de 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, sin admitir la autodeterminación de los habitantes de las islas.

Alonso advirtió además que este tipo de declaraciones pueden tener consecuencias jurídicas internacionales. “Hay antecedentes, como el caso de Noruega y Dinamarca por Groenlandia, donde dichos de funcionarios terminaron haciendo perder reclamos soberanos. No es futurología: estamos ante una gravedad institucional”, subrayó.

El referente del CECIM denunció la existencia de “un plan sistemático de entrega”, que incluye el decreto 70/23, la transferencia de recursos estratégicos, el intento de derogación de la Ley de Tierras y la consolidación del control británico sobre el Atlántico Sur. “La Argentina está siendo colocada como un nuevo Potosí: recursos para afuera, argentinos afuera”, afirmó.

También alertó sobre el avance de la explotación hidrocarburífera en la cuenca Malvinas, con concesiones otorgadas por el Reino Unido y la posible entrada en fase de extracción, con apoyo de Estados Unidos y empresas aliadas. “Ya no hablamos de exploración, sino de extracción directa de petróleo de clase mundial”, señaló.

Finalmente, Alonso anticipó que desde el CECIM evalúan enviar una carta documento al presidente para exigir que rectifique sus dichos. “Acá está en juego la integridad territorial y todo el andamiaje de la política soberana argentina. Milei dejó de ser un panelista: está haciendo exactamente lo que le dicen que haga, y de manera eficaz. Esperamos una respuesta institucional de los otros poderes del Estado ante semejante barbaridad”, concluyó.

La senadora libertaria Patricia Bullrich no logró imponer la designación de Gerardo Milman como director dependiente de la Presidencia Provisional. Milman perdió una nueva beca estatal… ¿Quien frenó la designación de Milman?

Desde el gobierno acusaron al vicepresidente Victoria Villarruel de frenar el nombramiento de Milman, aunque otras versiones hablan de una decisión de Karina Milei, que no quería esa asunción por el vínculo de Milman con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner. “Todos los días en el Senado iba a ser un show opositor con este tema”, aseguran cerca de Karina.

La situación judicial del ex funcionario macrista nunca fue aclarada en la causa por la investigación del intento de asesintato a Cristina. Según un testigo, Milman habría asegurado en una charla que “cuando la vieja esté muerta yo voy a estar de viaje”. Esa charla ocurrió antes del intento de magnicidio. Cuando la justicia le pidió su celular, Milman presentó uno nuevo y no el que tenía cuando pasaron los hechos investigados.

Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP), el 77,6% de los argentinos afirma que su salario quedó por detrás de la inflación, mientras que el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja.

Pese a que el Gobierno sostiene que los salarios comenzaron a ganarle a la inflación, un relevamiento de la consultora Zentrix muestra una realidad muy distinta en la percepción social. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP), el 77,6% de los argentinos afirma que su salario quedó por detrás de la inflación, mientras que el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja.

El contraste con el discurso oficial es marcado. De acuerdo con el INDEC, en octubre los salarios crecieron en promedio 2,5% mensual y 43,1% interanual, superando a una inflación que habría avanzado 2,3% mensual y 31,1% interanual. Sin embargo, el propio desglose del organismo muestra que los salarios registrados —que representan el 70,07% del total— aumentaron por debajo de la inflación, con subas de apenas 2,0% mensual y 31,0% interanual. El promedio positivo se explica casi exclusivamente por los salarios no registrados, que representan solo el 19,93%, pero tuvieron incrementos muy superiores.

Más allá de los números oficiales, la encuesta de Zentrix revela un clima social claramente adverso. El 55,3% de los encuestados califica la situación económica general como negativa, una evaluación mucho peor que la de la situación personal, lo que —según el informe— confirma que “el clima macroeconómico es percibido como más crítico que la experiencia individual”.

Desconfianza creciente en los datos oficiales

El estudio también expone un fuerte deterioro en la credibilidad del INDEC. El 59,7% de los encuestados afirma no sentirse representado por el dato de inflación que publica el organismo, en un contexto atravesado por la polémica en torno al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y las revisiones retroactivas que modificaron la lectura de la tendencia económica.

Para Zentrix, estas correcciones contribuyeron a profundizar la desconfianza pública y a ensanchar la brecha entre los indicadores oficiales y la percepción cotidiana de los hogares.

Ajuste en el consumo y fin de año con restricciones

“El cierre del año encuentra a una porción creciente de la población ajustando consumos, postergando gastos y enfrentando mayores dificultades para llegar a fin de mes”, advierte el informe. En ese marco, el 48,5% de los encuestados señala que su gasto en las fiestas será inferior o muy inferior al del año pasado, con menor volumen de compras, sustitución de productos y conductas defensivas.

Las vacaciones también aparecen atravesadas por el ajuste: el 39,3% declara no contar con recursos para viajar este verano, mientras que entre quienes sí lo harán predominan escapadas cortas y turismo de cercanía, lo que la consultora define como “decisiones económicas forzadas”.

Al pedir una sola palabra para definir 2025, predominan términos como “desastre”, “destrucción”, “horrible” y “espantoso”, aunque “esperanza” aparece como la principal palabra positiva. Para Zentrix, esa convivencia refleja el balance social del año: salarios que no alcanzan, consumo recortado y una fragilidad generalizada, atenuada apenas por la expectativa de que el próximo año marque un punto de inflexión.