El Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA presentó un mapa interactivo que sistematiza por primera vez información oficial sobre la extranjerización del suelo argentino.

El relevamiento, elaborado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, constituye la primera herramienta pública que ordena y visibiliza datos oficiales dispersos sobre la propiedad de la tierra en manos extranjeras. El mapa permite identificar regiones, superficies y patrones de concentración territorial, y pone en evidencia la magnitud de un proceso que se profundizó en las últimas décadas.

La publicación del informe no es casual. Llega en un momento crítico, cuando vastas zonas del sur argentino enfrentan incendios forestales de enorme gravedad, y cuando el Gobierno nacional impulsa cambios normativos que apuntan a desmantelar las protecciones legales que restringen la venta de tierras a extranjeros. Para los especialistas, la combinación de ambos factores expone un escenario de alto riesgo para la soberanía territorial y ambiental.

Desde el Observatorio de Tierras advirtieron que la extranjerización no es solo un problema de titularidad legal, sino una cuestión estructural que involucra el control de recursos estratégicos como el agua, los bosques, la producción de alimentos y la biodiversidad. En muchos casos, señalaron, grandes extensiones de territorio quedan bajo decisiones que se toman fuera del país, sin considerar las necesidades de las comunidades locales.

El mapa interactivo busca precisamente romper con esa opacidad. Al sistematizar información oficial, permite dimensionar el fenómeno y generar herramientas para el debate público, la planificación y la resistencia social frente a políticas que favorecen la concentración y la entrega de tierras a intereses financieros y corporativos.

Organizaciones sociales, ambientales y campesinas remarcaron que la ofensiva del Gobierno para eliminar los límites a la extranjerización se inscribe en una lógica más amplia de “poner el país a la venta”, donde el territorio aparece como un activo negociable y no como un bien común estratégico. En ese marco, alertaron que la flexibilización normativa profundizaría desigualdades y conflictos territoriales.

El informe del CONICET y la UBA se transforma así en una herramienta clave para comprender lo que está en juego: mientras se debilitan las protecciones estatales, crece la presión sobre el suelo argentino. El debate ya no es solo jurídico o económico, sino profundamente político: quién controla la tierra, para qué y en beneficio de quién.

Según un cálculo del economista Nadin Argañaraz en base a datos de ANSES, INDEC y el Banco Central (BCRA), los trabajadores registrados estatales tuvieron una pérdida salarial superior al 30% real entre noviembre 2023 y diciembre 2025. Mientras tanto, los salarios de los trabajadores privados registrados fueron los que menos descendieron, en torno al 1,5%. No gana nadie en la economía de Milei.

Si bien la mayor pérdida de los empleados públicos se produjo durante 2024, en 2025 ese proceso se profundizó: el primer año del gobierno libertario cerraron con una pérdida del 27% frente a noviembre 2023, mientras que en 2025 alcanzaron un recorte del 33,5% contra el mismo mes.

Las jubilaciones de millones de personas corrieron la misma suerte con una caída en torno al 25%. Milei decidió bajar la inflación a costa de trabajadores y jubilados. Y tampoco lo logró porque la inflación mensual sigue tan alta como en 2015, el último año de Cristina Kirchner (ese año, el salario en dólares era el más alto de Sudamérica).

Se trata de casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a fortalecer la infraestructura, el equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales de las y los brigadistas, en un escenario de incendios cada vez más frecuentes y devastadores.

Mientras los incendios forestales avanzan sin control en la Patagonia y ya arrasaron miles de hectáreas de bosques nativos, se conoció un dato que desató un fuerte escándalo: en 2025 el Gobierno nacional dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto destinado al manejo del fuego, equivalente a casi $20.000 millones, y proyecta para este año un recorte histórico en los fondos para prevención y combate de incendios.

Actualmente hay al menos cinco focos de incendios activos en la región patagónica. El más grave es el de Puerto Patriada, en El Hoyo (Chubut), donde el fuego ya afectó unas 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo, según datos oficiales. A este foco se suman los incendios en Puerto Café, en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut); en el Túnel Inferior del Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz); y en Cerro Chañy y Polcahue Norquinco, en Aluminé (Neuquén), de acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias.

El incendio de El Hoyo comenzó el lunes 5 de enero y provocó la destrucción de viviendas y la evacuación de miles de personas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que la investigación judicial comprobó que el fuego fue iniciado de manera intencional mediante el uso de acelerantes. “Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, advirtió el secretario de Bosques provincial, Abel Nievas, mientras continuaban las evacuaciones en Epuyén y El Hoyo por el avance de las llamas.

En este contexto crítico, más de 20 organizaciones ambientales denunciaron que los incendios son “otro síntoma alarmante de la crisis climática global”, agravado por la inacción del Estado en materia de prevención.

Presupuesto sin ejecutar en medio de la emergencia

El principal programa nacional para el combate y la prevención de incendios es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente del Ministerio de Seguridad. Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2025 el organismo dejó sin ejecutar una cuarta parte de los recursos asignados.

De acuerdo con la organización, esos casi $20.000 millones “podrían haberse destinado a fortalecer la infraestructura, el equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales de las y los brigadistas”, en un escenario de incendios cada vez más frecuentes y devastadores.

La subejecución presupuestaria no es un hecho aislado. En 2024 sólo se ejecutó el 22% del presupuesto anual del SNMF, año en el que se registraron más de 301.000 hectáreas afectadas por el fuego en todo el país, el peor registro de los últimos seis años. En términos reales, el presupuesto ejecutado en 2024 fue un 81% menor al de 2023.

Un ajuste aún más profundo para 2026

Lejos de revertir esta situación, el proyecto de Presupuesto 2026 profundiza el ajuste. Según FARN, se proyecta una caída real del 71,6% en los fondos destinados al manejo del fuego respecto de 2025, y del 68,9% en comparación con 2023. Además, la participación del SNMF dentro del presupuesto total nacional se reduciría más de un 50%.

“Los montos asignados y ejecutados muestran con claridad que el manejo del fuego no es una prioridad para el Gobierno”, advirtió Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN. “La lógica sigue siendo actuar cuando los incendios ya están consumados, en lugar de invertir de manera sostenida en la prevención”, agregó.

Mientras el fuego avanza y las comunidades patagónicas enfrentan pérdidas ambientales, económicas y sociales irreparables, la combinación de subejecución presupuestaria y recortes futuros expone un escenario que ya genera fuertes cuestionamientos y reclamos por la responsabilidad del Estado frente a una de las peores crisis ambientales de los últimos años.

En medio de una ola de críticas en las redes sociales por el recorte de fondos para el combate de los incendios forestales, el presidente Javier Milei les agradeció a los bomberos y brigadistas que combaten la llamas en la Patagonia con una foto editada con inteligencia artificial. Decidió no viajar a las zonas afectadas por los incendios mientras viaja al exterior cada vez que puede por motivos poco relevantes.

“Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego”, escribió de modo formal Milei en X, como al pasar, para cumplir. En Instagram decidió compartir imágenes hechas con IA que lo muestran como un héroe en la zona de los incendios.

Recordemos que Milei es uno de los presidentes que más viaja al exterior, incluso para temas menores, como ir a cantar a shows en Estados Unidos o recibir premios que nadie conoce. Sin embargo, no tiene tiempo para acercarse a Chubut donde diferentes focos de incendio quemaron miles de hectáreas. Claro: si va a la Patagonia tal vez deba explicar por qué decidió ajustar sobre el presupuesto destinado a combatir los incendios.

Mientras brigadistas enfrentan incendios con recursos escasos en el sur del país, organizaciones sociales y ambientales advierten que el recorte estatal y la ofensiva legislativa del Gobierno nacional abren la puerta a la especulación sobre tierras, bosques y agua.

Los incendios que se expanden en distintas zonas de la Patagonia volvieron a poner en primer plano algo más que la emergencia ambiental. En Chubut, Río Negro y Neuquén, el fuego avanza en un contexto marcado por el ajuste presupuestario, el debilitamiento de políticas públicas y una agenda legislativa que, según denuncian organizaciones sociales, amenaza la soberanía sobre recursos estratégicos.

Aunque la Justicia investiga posibles focos intencionales y no hay imputaciones confirmadas, el eje de las críticas no pasa solo por el origen de las llamas sino por el escenario político que las rodea. Brigadistas y autoridades locales trabajan con medios limitados, mientras desde la Casa Rosada se impulsa un esquema de reducción del Estado que impacta de lleno en la prevención y el control de incendios.

Asambleas ambientales, sindicatos y organizaciones territoriales sostienen que el fuego se inscribe en una matriz conocida: desprotección estatal, tierras degradadas y posterior avance de intereses privados. En ese marco, advierten que varias leyes clave quedaron bajo presión o directamente vaciadas de contenido.

La Ley de Bosques Nativos es uno de los ejemplos más citados. El fondo destinado a compensar a las provincias por tareas de conservación y control viene siendo subejecutado desde hace años, una situación que se profundizó con el actual Gobierno. Sin recursos, alertan, la prevención se vuelve testimonial y el territorio queda librado a su suerte.

También genera alarma el debate en torno a la Ley de Manejo del Fuego. Proyectos que buscan flexibilizar la prohibición de vender o cambiar el uso de suelos incendiados son leídos por las organizaciones como una señal peligrosa: el incendio pasaría de tragedia a oportunidad de negocio.

La Ley de Glaciares y la de Tierras Rurales completan el cuadro. En el primer caso, se denuncia el intento de recortar áreas protegidas para habilitar emprendimientos extractivos, principalmente mineros. En el segundo, el cuestionamiento apunta al virtual congelamiento del registro que debería controlar la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, lo que facilita operaciones opacas y la concentración de grandes extensiones.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y movimientos socioambientales describen un patrón repetido en la región: incendios en zonas de alto valor ecológico, caída del precio de la tierra y posterior adquisición por grupos económicos para desarrollos inmobiliarios, turísticos o extractivos. Un esquema que se repite, aseguran, allí donde el Estado se retira.

En ese contexto, también circularon versiones sin respaldo judicial sobre la presencia de extranjeros en áreas afectadas antes de algunos incendios. Especialistas advierten que ese tipo de denuncias, sin pruebas, desvían la atención del problema central: la extranjerización de la tierra y la falta de control público, fenómenos ampliamente documentados.

El caso de Lago Escondido aparece como antecedente inevitable. La apropiación de tierras estratégicas y el control privado del acceso al agua expusieron, una vez más, las dificultades del Estado para hacer cumplir la ley incluso cuando existen fallos judiciales firmes.

Para las organizaciones, el núcleo del conflicto es el agua. En una región donde nacen ríos y se concentran reservas hídricas clave, la combinación de megaminería, negocios inmobiliarios y ajuste estatal configura un escenario de alto riesgo.

Mientras el fuego sigue activo y las investigaciones avanzan lentamente, las preguntas se acumulan: por qué no funcionan los organismos de control, quiénes impulsan los cambios legales y, sobre todo, quién gana cuando la Patagonia se quema. Para los sectores críticos, la respuesta apunta menos al azar y más a un modelo de país que, bajo el discurso de la libertad de mercado, vuelve a poner en venta el territorio.

Un informe sobre la ejecución presupuestaria de 2025 expone que, mientras el gasto social se desploma, el Gobierno prioriza el financiamiento de inteligencia y mecanismos de control, con consecuencias profundas para áreas esenciales como salud, educación y desarrollo.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de la gestión 2025 de Javier Milei reveló una profunda reasignación de recursos que refleja las prioridades del Gobierno: áreas esenciales como salud, educación, ciencia y obra pública sufrieron fortes recortes, mientras que los fondos destinados a organismos de inteligencia y seguridad crecieron de manera significativa.

Según el informe, el gasto público total cayó de manera real respecto a años anteriores, producto de un ajuste generalizado. Sin embargo, en medio de esa contracción, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, incrementó sus recursos de manera notable, en un contraste que plantea una pregunta central: ¿quién sale beneficiado con esta asignación de recursos?

En el área social, los recortes fueron severos. Hospitales nacionales, servicios de salud esenciales, y programas de prevención y atención territorial perdieron gran parte de sus partidas, paralizando en muchos casos su funcionamiento. Lo mismo sucedió en educación, donde iniciativas clave como becas, infraestructura escolar y programas de formación docente enfrentaron ejecuciones prácticamente nulas, dejando a escuelas y estudiantes sin herramientas básicas.

El desfinanciamiento también se extendió a la ciencia y la innovación, con organismos estratégicos como el CONICET y servicios meteorológicos recortando sus presupuestos, lo que dificulta la continuidad de investigaciones y proyectos vitales para el desarrollo del país. En simultáneo, la obra pública, el transporte y las transferencias a provincias y municipios registraron caídas bruscas, afectando la gestión local y el sostenimiento de infraestructura.

Mientras tantas áreas esenciales quedan desguazadas, la expansión de recursos para inteligencia revela una apuesta del Gobierno por reforzar mecanismos de control y vigilancia, en vez de invertir en servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta reasignación de fondos plantea un patrón preocupante: el Estado vuelve su mirada hacia el mantenimiento de estructuras de poder y control, en detrimento del bienestar social.

Lejos de un equilibrio responsable en la asignación de recursos, esta política presupuestaria proyecta un cambio de rol del Estado, priorizando vigilancia y seguridad sobre salud, educación y desarrollo humano, con efectos que ya se hacen sentir en todo el territorio nacional.

El Gobierno nacional convocó a su mesa política en Casa Rosada para definir la estrategia de la controvertida reforma laboral, pero la jugada expone una interna con gobernadores y demuestra que la iniciativa no busca proteger el empleo sino abrir puertas a más endeudamiento y beneficios para sectores empresariales.

Javier Milei decidió poner el foco de su regreso de las vacaciones en intentar encaminar la aprobación de la reforma laboral en el Senado durante las sesiones extraordinarias, aunque lo que está en juego es mucho más que una discusión técnica sobre temas de trabajo: se trata de habilitar un paquete de cambios que profundiza la flexibilización laboral y -en los hechos- alimenta nuevas fuentes de endeudamiento sin respuestas reales a la crisis de empleo.

La reunión convocada en Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con la presencia del jefe de Gabinete y otros referentes oficialistas, tiene como objetivo introducir modificaciones tácticas al dictamen original con tal de seducir a gobernadores y aliados para que acompañen el tratamiento de la ley. Pero la negociación expone que la reforma no fue diseñada para generar más trabajo estable, ni para fortalecer derechos laborales; su esencia está orientada a favorecer a los grandes empleadores y al mercado financiero, con el argumento falaz de que así se incentiva la inversión.

Lo que el Gobierno presenta como “modernización laboral” esconde una agenda mucho más amplia: reducción de cargas patronales, apertura a convenios por empresa con menos protecciones, y una drástica debilitación del poder de negociación de los sindicatos frente al capital. Y si bien el oficialismo promete que “bajar el riesgo país” facilitará el rolleo de deuda provincial, la verdad es que la reforma termina financiando un esquema donde el capital financiero y los sectores más poderosos salen ganando mientras los trabajadores pierden derechos adquiridos.

El nerviosismo por asegurar votos llevó al Gobierno a negociar con gobernadores aliados la forma en que se repartirán las cargas tributarias y los capítulos de Ganancias, coparticipación e impuestos internos, una señal más de que la reforma tiene implicancias fiscales profundas que terminarán ampliando el espacio para la toma de deuda pública. Gobernadores alertan que la caída de la recaudación tendrá efectos negativos netos en sus distritos, lo que pone al descubierto que la iniciativa tiene más que ver con trasladar costos al conjunto de la población que con generar empleo genuino.

Lejos de un debate transparente sobre el impacto real en el mercado laboral y en la vida de millones de trabajadores, la Casa Rosada negocia bajo perfil, ajustando la letra del proyecto para “no complicar” su sanción en febrero, en un escenario donde la oposición y organizaciones sindicales ya cuestionan duramente que la reforma privilegie intereses empresariales y financieros.

El avance de esta reforma pone en tensión no solo a los sindicatos, que rechazaron de plano medidas que limitan el derecho de huelga y reducen aportes patronales, sino también a gran parte de la sociedad que observa cómo, mientras se promete crecimiento, la verdadera agenda parece ser abrir espacios para más endeudamiento y beneficios para las élites económicas, sin garantías de creación de empleo de calidad ni protección de derechos laborales.

La inflación porteña saltó al 2,7 por ciento y le pone presión al INDEC de Javier Milei: ¿mantendrá el rango del 2% o reconocerá que los precios se dispararon? El economista Marco Lavagna, titular del organismo público, viene siendo muy criticado por números cada vez más sorpresivos. La realidad: la desinflación se terminó.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires presentó este viernes el informe sobre los precios en diciembre de 2025, con un salto del 2,7 por ciento en el cuarto mes consecutivo de tendencia alcista.

Con ese número, el 2025 cerró en 31,8 por ciento. A priori, se trata de un número positivo comparado con años anteriores, pero en el mercado ven luces rojas en el último cuatrimestre. Desde el 1,6% de agosto, el IPC porteño se mostró al alza y nunca bajó del 2 por ciento. La política de desinflación de Milei encontró un límite en un piso alto, en torno al 2% y pico. Y todavía faltan los tarifazos y el ajuste por inflación del dólar, que podría retroalimentar la suba de precios.

La actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) expone una realidad inflacionaria mucho más elevada durante la gestión de Javier Milei.

Con la entrada en vigencia del nuevo indicador elaborado por el INDEC, la inflación acumulada desde el inicio del actual gobierno se ubica en torno al 270%, unos diez puntos porcentuales por encima de lo que mostraba la medición anterior y muy por encima de las cifras que hasta ahora se sostenían en el discurso oficial.

A partir de enero de 2026, el INDEC comenzará a aplicar formalmente el nuevo IPC, basado en la actualización de los ponderadores de bienes y servicios según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). Sin embargo, estimaciones privadas que recalculan toda la serie con esta metodología ya permiten observar el impacto del cambio: mientras el esquema previo arrojaba una inflación acumulada cercana al 259% desde diciembre de 2023, el nuevo cálculo eleva esa cifra hasta aproximadamente el 270%.

El cambio metodológico no es menor. El nuevo índice otorga mayor peso a rubros como vivienda, servicios públicos, transporte y comunicaciones, sectores que registraron fuertes aumentos en los últimos años, y reduce la incidencia relativa de alimentos y vestimenta, cuyos precios mostraron una dinámica más contenida en el tramo reciente. De este modo, la medición se acerca más a la estructura real del gasto de los hogares argentinos, pero también deja al descubierto un proceso inflacionario más intenso del que reflejaban los indicadores oficiales anteriores.

En términos anuales, los datos oficiales disponibles hasta noviembre de 2025 muestran una inflación interanual del 27,9%, mientras que las proyecciones privadas estiman para diciembre un avance adicional de entre 2,3% y 2,5%, lo que llevaría el cierre del año a un nivel cercano al 31%. Recalculado con el nuevo IPC, ese desempeño anual se integra en un acumulado de gestión significativamente más alto, que reconfigura la evaluación del recorrido inflacionario del gobierno libertario.

Además de modificar ponderaciones, el nuevo índice amplía de manera sustantiva la base de información: se incrementa la cantidad de precios relevados —de 320.000 a 500.000— y se amplía el universo de informantes. Estas mejoras técnicas buscan mayor precisión estadística, aunque su efecto inmediato es mostrar con mayor crudeza el impacto de los aumentos de precios sobre el costo de vida.

¿Que esperar en 2026?

De cara a 2026, el cambio en la medición se da en un contexto de debate sobre la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria. Mientras el Gobierno confía en que el ajuste fiscal y la restricción monetaria permitirán continuar reduciendo la inflación, economistas y actores del sector privado advierten que, sin señales claras en materia cambiaria y de acumulación de reservas, el nuevo IPC podría seguir reflejando niveles elevados de inflación, incluso cuando el relato oficial apunte a una normalización más rápida.

El análisis por rubros refuerza realizado por la CAME muestra un diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales.

El comercio minorista pyme cerró diciembre con una caída interanual del 5,2% a precios constantes, un dato que vuelve a poner en evidencia la persistente crisis del consumo y el deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Aunque el índice anual acumuló una suba del 2,5%, impulsada por el fuerte arranque del año, el sector arrastra ocho meses consecutivos de retrocesos que confirman un escenario de debilidad estructural de la demanda.

En la comparación desestacionalizada frente a noviembre, las ventas mostraron un repunte del 5,2%, explicado principalmente por factores estacionales como las fiestas de fin de año y el cobro de aguinaldos. Sin embargo, este alivio coyuntural no alcanzó para revertir la tendencia descendente que atraviesa al comercio pyme desde hace meses.

El análisis por rubros refuerza el diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales. Las contracciones más profundas se observaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%), rubros estrechamente ligados al consumo discrecional y particularmente afectados por la pérdida de ingresos reales. La única excepción fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una leve suba del 0,8%.

En cuanto a la situación de los negocios, más de la mitad de los comerciantes (55%) señaló que su actividad se mantuvo estable en relación al año anterior, mientras que el 27,6% reportó un empeoramiento. Si bien este último dato muestra una mejora relativa frente a noviembre, cuando el deterioro alcanzaba al 37%, sigue reflejando un contexto de fragilidad para una porción significativa del sector.

Diciembre volvió a mostrar un consumo contenido y altamente racionalizado. Las familias priorizaron promociones y gastos esenciales, limitando las compras no indispensables ante la persistente pérdida de poder adquisitivo. Ni siquiera el impulso estacional logró modificar sustancialmente este comportamiento defensivo.

De cara a los próximos meses, prevalece una cautela optimista entre los comerciantes: aunque muchos esperan una mejora económica hacia 2026, la inversión continúa frenada por los altos costos, la baja rentabilidad y la debilidad de la demanda. El desafío central para el sector será dejar atrás los rebotes estacionales y lograr una recuperación genuina y sostenida del consumo.