No solo la justicia investiga la estafa Libra que tendría como “responsable necesario” nada menos que al presidente Javier Milei. Una comisión en el Congreso Nacional arribó a estas 8 conclusiones clave sobre el escándalo:

1. Ejecutar la resolución de la Comisión Investigadora de denunciar al fiscal Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación.

2. Solicitar ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se aparte al Fiscal Taiano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados.

3. Requerir que Javier Milei y Karina Milei den explicaciones. Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

4. Requerir la interpelación de Manuel Adorni, que en su condición de Jefe de Gabinete debe responder por el Presidente ante el Congreso, y a Karina Milei, funcionaria con rango de ministra que tuvo participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA.

5. Remitir copia certificada del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA, para desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional.

6. Alertar y denunciar la grave persecusión judicial contra la periodista Natalia Volosin por difundir información relevante de la causa y el intento de vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística reconocido por el Articulo 43 de la Constitución Nacional a través de la citación a Volosin para declarar en la causa. Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que detenga inmediatamente toda citación y/o requerimiento contra cualquier periodista.

7. Presentar e impulsar el repudio de la Cámara de Diputados a los ataques de Javier Milei y el oficialismo contra la prensa y los medios de comunicación que difundieron las novedades relevantes de la causa judicial. Vamos a exigir que se reúna la Comisión de Libertad de Expresión y convoque a todas y todos los periodistas que publicaron las noticias relevantes, para expresarles nuestra solidaridad y para que puedan explicar de forma extensa en el Congreso sus descubrimientos. Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo.

8. Constituir una comisión adhoc de los Diputados y Diputadas para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa judicial que investiga los hechos.

8. Finalmente, hemos decidido evaluar una segunda etapa investigativa de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso.

El aumento de la mora golpea con fuerza al ecosistema fintech y tiene en Ualá su caso más observado. Según datos basados en el BCRA difundidos en la plataforma X los impagos en el segmento bancario de la compañía rondan el 43%, mientras que en el negocio no financiero escalan hasta el 63%, un nivel que encendió alertas en el mercado.

Desde la empresa relativizan esas cifras y atribuyen el desbalance a cambios en su modelo de negocio. Aseguran que a mediados del año pasado discontinuaron la originación de créditos bajo el esquema peer-to-peer y trasladaron su cartera de mejor calidad al banco propio, que hoy concentra la colocación de préstamos.

En ese marco, sostienen que, una vez depurada la información reportada al regulador, los niveles de mora se ubican en torno al 18% en enero y 17% en febrero. Sin embargo, también en redes, muchos usuarios contaron que quisieron retirar fondos de la aplicación y hay muchas demoras.

Según explican fuentes de la compañía, la cartera residual del negocio no financiero quedó compuesta mayormente por clientes en mora y sin el ingreso de nuevos créditos que compensen con pagadores al día, lo que distorsiona de forma significativa los indicadores.

Cristina denunció la selectividad del Poder Judicial y contrastó la persecución en su contra con la ausencia de causas sobre la deuda con el FMI.

En el tramo final de su declaración, Cristina Fernández de Kirchner amplió el foco y vinculó el funcionamiento del Poder Judicial con las decisiones económicas de los últimos años. En ese marco, cuestionó la ausencia de investigaciones sobre el endeudamiento externo y apuntó directamente contra el gobierno de Mauricio Macri.

Más adelante, la ex presidenta puso el eje en el rol del ex ministro de Finanzas Luis Caputo y denunció que no existe ninguna causa judicial relevante sobre el destino de los fondos provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “No sabemos dónde se fueron 20 mil millones de dólares”, afirmó, marcando el contraste con la persecución judicial que —según planteó— recae sobre dirigentes políticos.

En el mismo tono, sostuvo que los montos más significativos de presunta irregularidad no se encuentran en la obra pública sino en el sistema financiero: “Las cifras más brutales están en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, en las comisiones de deuda”, remarcó. Así, planteó que existe una selectividad en la acción judicial que evita investigar áreas clave del poder económico.

Con el mismo énfasis, Cristina condicionó su participación en el proceso judicial y lanzó una definición política: aseguró que recién considerará responder preguntas cuando la Justicia cite a declarar a Macri, Caputo u otros funcionarios por el endeudamiento. “Ese día les voy a contestar preguntas”, advirtió, denunciando que el actual escenario judicial funciona como “un circo” orientado a legitimar decisiones ya tomadas.

Finalmente, la ex mandataria cerró con una advertencia de tono crítico sobre la situación económica y social. Señaló que, más allá de las maniobras judiciales y mediáticas, la realidad material terminará imponiéndose: “La gente necesita vivir”, afirmó. Así, vinculó la persecución judicial con un modelo económico que —según su visión— se sostiene mientras se deterioran las condiciones de vida de la mayoría.

Cristina expuso una trama de presiones, detenciones arbitrarias y maniobras ilegales que, según afirmó, convierten al expediente en una construcción mafiosa destinada a garantizar su condena.

Este martes en su declaración en el juicio por la causa conocida como Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner desplegó una batería de argumentos con los que buscó desmontar el expediente y exponer lo que definió como un sistema de “prácticas mafiosas” dentro del Poder Judicial. Además, la ex presidenta sostuvo que este proceso incluso supera en gravedad a la causa Vialidad, a la que hasta ahora consideraba el caso emblemático de persecución política en su contra.

En el mismo tono, apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío, a quienes acusó de haber actuado en connivencia con una estructura ilegal. “Ya no estamos ante jueces que condenan sin pruebas, sino ante un estadio superior: construyen pruebas”, afirmó. Además, denunció forum shopping, violación del juez natural y una “oleada de detenciones” destinada a extorsionar empresarios para que declararan en su contra.

Más adelante, la ex mandataria incorporó como elemento central la sentencia del caso Marcelo D’Alessio, donde —según remarcó— se probó la existencia de una asociación ilícita integrada por agentes de inteligencia, periodistas y funcionarios judiciales. Según su exposición, ese fallo confirmó el vínculo directo entre D’Alessio y Stornelli, al que definió como “un activo muy importante” dentro de la organización. En ese marco, describió episodios de extorsión documentados con chats, audios y registros fotográficos, que incluían pedidos de dinero a empresarios a cambio de no ser detenidos o involucrados en la causa.

Con el mismo ímpetu, detalló casos concretos como el de los hermanos Barreiro y el empresario Pedro Etchebest, en los que —según afirmó— se exigían sumas de hasta 500 mil dólares para evitar detenciones. “Mafia pura y dura”, sintetizó, al tiempo que cuestionó la validez de las declaraciones de arrepentidos obtenidas bajo presión. También denunció maniobras como la posible plantación de droga a un tercero o la planificación de cámaras ocultas contra abogados defensores, lo que, a su entender, revela “la catadura moral” de quienes impulsaron la investigación.

Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner remarcó la ausencia total de pruebas materiales en su contra: “¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo recibió? ¿Cuándo?”, se preguntó. En ese sentido, subrayó que no existe un solo testimonio directo ni actos funcionales que la vinculen con los hechos imputados. “Esto es un gran disparate”, concluyó, al denunciar que la causa se sostiene sobre acusaciones sin sustento y un entramado judicial que busca garantizar una condena previamente escrita.

El escándalo por la criptomoneda Libra dejó a Manuel Adorni en una posición incómoda dentro del Gobierno de Javier Milei, pero también lo convirtió en una figura difícil de desplazar. Puertas adentro reconocen que su continuidad no responde solo a una cuestión política, sino a un dato más sensible: lo que sabe.

Cerca de Javier Milei admiten que el vocero estuvo en la Quinta de Olivos en el momento en que se desarrollaron los hechos vinculados a Libra. Esa presencia lo ubica dentro del circuito de información y decisiones en torno al episodio, lo que complica cualquier intento de apartarlo sin generar un efecto indeseado.

En términos concretos, en el oficialismo entienden que Adorni no es un actor periférico en esta historia. Por el contrario, su cercanía al Presidente y su rol en la comunicación lo convierten en alguien que pudo haber tenido conocimiento directo o indirecto de lo ocurrido. Por eso, desplazarlo no sería una decisión neutra: podría abrir interrogantes sobre qué sabía y cuándo.

“Si lo echás, el problema no se cierra, se agranda”, resumió un funcionario con acceso al círculo más cercano del poder. La frase sintetiza el dilema: sostenerlo implica pagar un costo político, pero removerlo podría escalar el conflicto.

Además, la lógica interna del Gobierno refuerza esa decisión. Adorni forma parte del núcleo de confianza que rodea a Milei, donde también juega un rol clave Karina Milei. En ese esquema, las responsabilidades aparecen compartidas y cualquier movimiento individual corre el riesgo de exponer al conjunto.

Así, más allá de las críticas internas por el manejo del tema, el Gobierno opta por sostener al vocero. No tanto por su desempeño, sino por el delicado equilibrio que impone el caso Libra: en un contexto donde la información es poder, quienes pueden tener datos sensibles se vuelven, también, difíciles de reemplazar.

El escándalo por la criptoestafa vinculada a la moneda $LIBRA volvió a escalar con la reactivación de la comisión investigadora del Congreso, que ahora busca profundizar en base a las nuevas revelaciones que comprometen al presidente Javier Milei.

La decisión fue impulsada este lunes por el diputado opositor Maximiliano Ferraro, quien anunció la creación de una comisión “ad hoc” para analizar información reciente difundida por la prensa. Según el legislador, el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda LIBRA “no fue improvisado”, sino una operación planificada y coordinada.

El caso se remonta a febrero de 2025, cuando Milei difundió en la red X el proyecto de esta criptomoneda, cuyo valor se disparó brevemente antes de desplomarse, generando pérdidas estimadas en más de 100 millones de dólares para inversores. En ese momento, el mandatario negó haberla promovido y sostuvo que desconocía los detalles del proyecto.

Sin embargo, la investigación parlamentaria retomada ahora se apoya en nuevas pruebas, entre ellas un peritaje judicial al teléfono del empresario cripto Mauricio Novelli, señalado como cercano al oficialismo. De acuerdo con estas revelaciones, existirían comunicaciones directas entre el entorno presidencial —incluida Karina Milei— y los impulsores del proyecto, incluso en los minutos previos al lanzamiento.

También trascendió un supuesto borrador de acuerdo con Hayden Davis que contemplaría pagos millonarios a cambio de la promoción de la criptomoneda, lo que agrava las implicancias sobre el caso.

En paralelo, el foco de la comisión no solo apunta a las responsabilidades políticas, sino también al accionar judicial. Ferraro anunció que denunciará al fiscal Eduardo Taiano por presunto “entorpecimiento de la investigación” y posible encubrimiento, lo que añade una nueva dimensión al conflicto.

Con la comisión nuevamente en marcha, el Congreso reabre una investigación que combina denuncias de estafa, posibles conflictos de interés y cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia, en un escenario que podría tener fuertes repercusiones políticas para el gobierno.

Dos recientes informes, uno de Zuban Córdoba y otro de Pulso Research coinciden en que la opinión pública muestra un saldo negativo para el Gobierno nacional.

Según los estudios, este deterioro está impulsado por la crisis económica y por los escándalos de corrupción, entre ellos la causa ANDIS —con las presuntas coimas del 3%— y la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA.

El informe advierte que los resultados “consolidan un saldo negativo” en la opinión pública, con una brecha cercana a los 20 puntos entre rechazo y apoyo. Apenas el 35,4% respalda al oficialismo a nivel nacional, lo que refleja una caída sostenida tras el breve repunte registrado luego de las elecciones legislativas de 2025.

Tras las elecciones legislativas del 25, el gobierno registró un repunte en su evaluación pública y llegó a un escenario cercano al 50%-50%
En los últimos meses la desaprobación volvió a crecer y amplía la distancia en un contexto de crisis económica y nuevos casos de corrupción. pic.twitter.com/B7Twoa4w9c

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) March 16, 2026

Según las consultoras, en los últimos meses la desaprobación volvió a crecer con fuerza, impulsada por el deterioro económico y una serie de causas que erosionaron la credibilidad del Gobierno. Entre ellas, se destacan la investigación por la criptomoneda $LIBRA —difundida por el propio Presidente y que derivó en pérdidas para inversores— y la causa ANDIS, donde se investigan presuntas coimas del 3% que habrían involucrado a Karina Milei.

El desgaste también se refleja en otros sondeos. Un relevamiento de Pulso Research mostró que, por primera vez, más argentinos responsabilizan al actual Gobierno por la crisis económica (46,9%) que a la gestión anterior de Alberto Fernández (41,6%). Además, la aprobación de la gestión cayó a 37,2%, mientras que el rechazo alcanzó el 54,8%, el nivel más alto desde que se mide.

En paralelo, el malestar social también impacta en la imagen de los principales dirigentes. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof aparecen con mejor imagen que Milei, en un contexto donde incluso figuras del oficialismo como Patricia Bullrich o el expresidente Mauricio Macri registran altos niveles de rechazo.

Así, entre la crisis económica y las denuncias de corrupción, la gestión de Milei atraviesa uno de sus momentos más críticos, con indicadores en caída y una opinión pública cada vez más adversa.

El escándalo por la estafa Libra, una cripto promocionada por el propio Javier Milei que generó un negocio fenomenal. Ahora se saben detalles impresionantes: el presidente y su hermana Karina Milei habrían cobrado 5 millones de dólares para llevar adelante el negocio. Todas las claves:

1. Milei habría percibido unos 5 millones de dólares por promocionar la criptomoneda Libra. En el celular del empresario Mauricio Novelli, peritos del Ministerio Público hallaron un documento que describe un supuesto acuerdo para que el mandatario impulsara el token. El texto fue redactado tres días antes del tuit con el que Milei difundió la moneda, cuyo valor primero se disparó y luego se desplomó.
2. Ese documento menciona pagos por 1,5 millones de dólares como adelanto, otros 1,5 millones por la promoción en redes sociales y 2 millones adicionales tras la firma de un contrato de asesoría. En uno de los pasajes se señala: “Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H”, en posible referencia al empresario estadounidense Hayden Davis, vinculado al proyecto.
3. Los peritajes al teléfono de Novelli también detectaron llamados y mensajes con Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo en torno al lanzamiento de Libra. Solo entre el 14 y el 15 de febrero de 2025 se registraron al menos cinco comunicaciones entre Milei y Novelli previas al lanzamiento, y unas veinte posteriores. Además, hubo contactos con el entonces jefe de asesores Demián Reidel y cerca de 200 llamadas en total durante ese fin de semana. Toda esta información estuvo en poder del fiscal Eduardo Taiano desde el año pasado pero no se quiso avanzar porque era año electoral.
4. El 14 de febrero de 2025, Milei recomendó la criptomoneda Libra a través de su cuenta en X, en el marco del proyecto “Viva La Libertad Project”. El activo digital, presentado como una herramienta de financiamiento para empresas argentinas, tuvo una suba inicial muy fuerte y luego una caída abrupta. Cuatro horas después, el Presidente eliminó el posteo y afirmó no tener vínculo con la iniciativa.
5. El caso escaló cuando la periodista y abogada Natalia Volosin difundió un borrador del supuesto acuerdo entre Milei y Davis, junto con un comprobante de una transferencia por 250 mil dólares realizada por María Pía Novelli —hermana de Mauricio Novelli— a Kelsier Ventures, la firma de Davis. Según Volosin, esos documentos estaban en poder de la fiscalía desde noviembre pasado. Tras más de un año de investigación, la primera citada a declarar en el juzgado de María Servini es la propia periodista.
6. En paralelo, abogados de Estados Unidos que representan a damnificados por la criptomoneda evalúan impulsar una investigación penal contra Javier Milei en tribunales de Nueva York. La posibilidad fue mencionada en una reunión por videoconferencia con diputados de la comisión Libra del Congreso. Los letrados solicitaron copias de las pruebas, incluidas las comunicaciones entre Milei, Karina Milei y Mauricio Novelli, para sumarlas a un eventual expediente.

La adjudicación de más de 100 millones de pesos a una entidad encabezada por la esposa de Federico Sturzenegger desató denuncias por posible conflicto de intereses, reclamos de explicaciones al Gobierno y una investigación judicial que aún continúa.

El escándalo por el contrato millonario entre la Cancillería y una institución dirigida por la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. La polémica se originó cuando se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, pareja del funcionario.

La contratación, destinada a brindar cursos de inglés al personal diplomático, fue realizada mediante un procedimiento administrativo que renovó un acuerdo que existe desde 2018. Sin embargo, la situación generó sospechas por un posible conflicto de intereses, dado que el beneficiario del contrato es una institución encabezada por la esposa de un ministro del propio gobierno. Por ese motivo se presentaron denuncias penales que apuntan a investigar posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y violación de deberes de funcionario.

La controversia también alcanzó al Congreso: legisladores de la oposición pidieron informes al Poder Ejecutivo para que explique en detalle cómo se realizó la adjudicación, qué criterios se utilizaron y si se cumplieron los mecanismos de transparencia exigidos para este tipo de contrataciones estatales. Además, denunciantes señalaron que habría existido una omisión en los procedimientos de control vinculados a la Oficina Anticorrupción.

Desde el gobierno intentaron desactivar la polémica. El canciller Pablo Quirno defendió la contratación y aseguró que no hubo irregularidades, afirmando que la entidad ya trabajaba con la Cancillería desde años anteriores y que en este caso intervinieron organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

Por ahora, el caso no fue cerrado: las denuncias continúan en la Justicia y la contratación sigue bajo cuestionamiento político. Mientras tanto, el episodio dejó al ministro Sturzenegger en el centro de un nuevo debate sobre conflictos de interés dentro del gobierno, en un contexto donde la administración de Javier Milei afirma impulsar una agenda de transparencia y reducción del gasto estatal.

La expresidenta cuestionó la decisión de citarla a declarar de forma presencial en Comodoro Py y denunció una “farsa procesal”. También apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la situación económica.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar con dureza al Poder Judicial y al gobierno nacional en un extenso mensaje publicado en redes sociales, horas antes de presentarse a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py por la causa conocida como “Cuadernos”.

En su publicación, la exmandataria denunció la existencia de un entramado entre sectores del Poder Judicial y los medios de comunicación para sostener lo que definió como una persecución política en su contra.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, escribió.

Cristina Kirchner apuntó directamente contra el Tribunal Oral Federal N°7, al que acusó de ceder ante presiones mediáticas para exigir su presencia física en los tribunales.

“El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de presencialidad”, sostuvo.

Según planteó, el cambio de modalidad tendría como objetivo generar impacto mediático. “La foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el show debe continuar”, ironizó.

En ese marco, la exvicepresidenta confirmó que fue citada a presentarse de manera presencial este martes a las 9 de la mañana en Comodoro Py.

Críticas a Milei y a la situación económica

En el mismo mensaje, Cristina Kirchner también dedicó varios párrafos a cuestionar la situación económica del país bajo la gestión del presidente Javier Milei.

La exmandataria enumeró una serie de indicadores sociales y económicos que, según afirmó, muestran el deterioro del país.

“Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; salarios en caída libre; familias endeudadas y cada vez más gente en situación de calle”, describió.

También señaló que, pese al fuerte ajuste económico aplicado por el gobierno nacional, la inflación continúa por encima de los dos puntos mensuales.

Para Cristina Kirchner, ese panorama configura lo que definió como “la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”.

La referencia a la causa LIBRA

En otro tramo del mensaje, la expresidenta también mencionó la investigación conocida como “LIBRA” y apuntó contra el fiscal Eduardo Taiano.

Según sostuvo, existen pruebas sobre lo que definió como una “estafa” vinculada a ese expediente que —según su denuncia— no avanzan en la Justicia.

“Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del fiscal Taiano, son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA”, escribió.

La exmandataria sostuvo que en esa causa el presidente Milei “habría pactado la módica suma de cinco millones de dólares”, en referencia a presuntas irregularidades denunciadas en ese caso.

El mensaje fue publicado en la previa de su declaración judicial y se suma a una jornada que tendrá también movilizaciones de militantes y organizaciones políticas frente a su domicilio en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.