En el entorno de Karina Milei crece la inquietud por la posibilidad de que Manuel Adorni tenga otros episodios de su vida privada aún no expuestos, que podrían agravar el impacto político sobre Javier Milei.

El Presidente salió a respaldar a su jefe de Gabinete luego de que se conocieran nuevas revelaciones sobre un patrimonio que no habría sido declarado. A los 15 mil dólares que destinó a vuelos en apenas un mes —pese a percibir un salario de 3,5 millones de pesos— se sumó la existencia de una propiedad en el country Indio Cuá, donde los valores rondan los 150 mil dólares y pueden trepar hasta los 250 mil.

“El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”, publicó Adorni en redes sociales junto a una imagen con Milei, quien posó con un mameluco de YPF y su habitual gesto ante cámara. Dentro del oficialismo, sin embargo, generó malestar el tono irónico del mensaje en medio de un contexto cargado de cuestionamientos.

“Tenemos temor de que sigan apareciendo situaciones comprometedoras”, reconoció en off un funcionario cercano a Karina Milei, el mismo sector al que responde Adorni. La desconfianza hacia el jefe de Gabinete fue en aumento a medida que sus explicaciones, cambiantes, quedaron en tensión con nuevas evidencias que lo exponen a cuestionamientos éticos e incluso a posibles derivaciones judiciales.

En ese marco, a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito presentadas por Marcela Pagano podría sumarse ahora una causa por dádivas. Según reveló Clarín, el vuelo privado que utilizó para viajar a Punta del Este habría sido costeado por la productora Imhouse SA, vinculada al periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni, quien además lo habría alojado durante su estadía en Uruguay.

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal por posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones y al proceso sobre el predio estatal.

La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis, que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La presentación judicial, que se conoció este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio estatal entre 2025 y 2026.

Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de 3.650 millones de pesos para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

En ese proceso, la denuncia advierte posibles vínculos societarios entre las firmas participantes —como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.

Además, se señalan variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.

Sospechas sobre la concesión de Tecnópolis

Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión de Tecnópolis, un proceso estimado en más de 183.300 millones de pesos y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

La denuncia también detalla conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que —según la presentación— podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Posibles delitos

De acuerdo con el documento al que accedió Noticias Argentinas, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la diputada solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.

El vocero presidencial vuelve a quedar en el centro de la escena por su patrimonio, en medio de cuestionamientos por sus gastos y su discurso contra los privilegios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, suma una nueva polémica tras conocerse que una vivienda en un exclusivo country, con expensas cercanas a los $700 mil mensuales, figura a nombre de su esposa. La información generó interrogantes sobre la situación patrimonial del funcionario y el origen de los fondos, en un contexto donde ya venía siendo cuestionado por su nivel de gastos.

La propiedad se encuentra en un barrio cerrado de alto nivel y forma parte de un conjunto de datos que comenzaron a circular sobre los bienes vinculados al entorno familiar de Adorni. La revelación se suma a las dudas que ya habían surgido por los consumos con tarjetas de crédito y otros movimientos que exceden ampliamente su ingreso declarado como funcionario público.

Más allá del detalle puntual del inmueble, el caso vuelve a poner en discusión la coherencia entre el discurso oficial y las prácticas de algunos integrantes del gobierno. Adorni ha sido uno de los principales voceros de la narrativa libertaria contra “la casta” y los privilegios del Estado, lo que amplifica el impacto político de este tipo de revelaciones.

En ese marco, crecen los cuestionamientos y los pedidos de explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario y su entorno. Mientras el Gobierno insiste en la austeridad como bandera, los datos que se van conociendo alimentan la controversia y refuerzan las críticas sobre posibles inconsistencias entre lo que se predica y lo que efectivamente ocurre.

El Gobierno dejó trascender que estaría dispuesto a apoyar militarmente a Estados Unidos en el Golfo Pérsico si así lo solicitara, pero dentro de las propias Fuerzas Armadas y del área de Defensa crecen las dudas sobre la capacidad real del país para intervenir en un conflicto de esa magnitud.

El secretario de Comunicación, Javier Lanari, aseguró que ante un eventual pedido de Donald Trump “cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, aunque reconoció que no existe actualmente una solicitud formal. En la misma línea, el canciller Pablo Quirno evitó confirmaciones y habló de “rumores”, mientras que otras fuentes oficiales aclararon que cualquier colaboración dependería de las posibilidades concretas de la Argentina.

El escenario se da en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, donde no se descarta un eventual despliegue en el Estrecho de Ormuz frente a acciones de Irán. Sin embargo, desde el ámbito castrense fueron tajantes: el país no estaría en “condiciones” técnicas ni operativas para una misión de ese tipo. Incluso, desde el Edificio Libertador remarcaron que “no hay ninguna posibilidad” real de intervención.

Las limitaciones incluyen problemas estructurales como bajos salarios, falta de financiamiento y equipamiento insuficiente. Fuentes militares señalaron que, en el mejor de los casos, podría evaluarse un aporte simbólico o limitado, aunque advirtieron sobre los riesgos de involucrarse en un conflicto de alta intensidad, incluyendo posibles bajas y eventuales represalias.

A modo de ejemplo destacan la baja disposición operativa de buques de la Armada con solo algunas corbetas y un par de destructores desfazados tecnológicamente, los cuales deberían actuar bajo el paraguas de unidades más capaces que les proporcionen protección, con lo cual su participación seria sumar problemas en lugar de soluciones, en especial considerando la diversidad de amenazas a las cuales deberán hacer frente una vez arribados a la zona de operaciones. La Armada tampoco cuenta con submarinos, ni buques para desplegar tropas, el logístico ARA Patagonia un veterano petrolero de flota de origen francés, aunque podría ser un activo importante para reabastecer a otros buques, no esta plenamente operativo y apenas participa de las campañas antárticas. Mientras que los OPV de la armada están dedicados a la custodia de los propios espacios marítimos, retirarlos a otra región tan distante seria un absurdo ya que por un lado se perderían activos para la custodia del propio mar argentino contra la pesca ilegal por otra parte su aporte en Medio Oriente seria marginal ya que apenas cuentan con armamento.

Diferencias con la política de Menem en los 90s

También se marcó una diferencia clave con el antecedente de los años 90, cuando Argentina en el marco del denominado “operativo Alfil” se sumo a la coalición internacional en la operación “Escudo del Desierto” participando con unidades navales en la Guerra del Golfo bajo mandato y resolución de la ONU: en este caso, implicaría alinearse directamente en un conflicto sin ese respaldo legal internacional constituyendo un grave y peligroso antecedente para el país.

En paralelo, el alineamiento político del presidente Javier Milei con Estados Unidos e Israel refuerza la hipótesis de apoyo, aunque hacia adentro crecen las advertencias sobre los costos políticos, estratégicos y operativos.

Un antecedente reciente es la incorporación de Argentina a la Fuerza Marítima Combinada (CMF), firmado por la entonces canciller Diana Mondino y el Ministro Luis Petri, se trata de una coalición naval liderada por Estados Unidos en Medio Oriente a la cual finalmente el país no aporto nada. La decisión fue cuestionada en ese momento por implicar el uso de recursos limitados en una región lejana y de alta conflictividad, lo que —según especialistas— expone aún más las debilidades logísticas y operativas del país frente a escenarios bélicos complejos.

El ministro de Justicia bonaerense aseguró que fue Macri quien intervino para favorecer al ex secretario de Obras Públicas y cuestionó el rol del Poder Judicial.

El ministro de Justicia bonaerense, Martín Mena, lanzó una fuerte acusación contra el expresidente Mauricio Macri al afirmar que fue quien permitió la liberación de José López, el exfuncionario detenido en 2016 con bolsos llenos de dinero. La declaración generó un momento de tensión en el estudio y dejó sin respuesta a los periodistas que lo entrevistaban.

“Macri sacó de prisión a López”, sostuvo Mena sin rodeos, al tiempo que planteó que la causa judicial estuvo atravesada por decisiones políticas y maniobras que exceden el plano estrictamente judicial. La frase sorprendió por su contundencia y abrió un nuevo foco de polémica sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la Argentina reciente.

Más adelante, el funcionario profundizó su postura y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial durante el gobierno de Cambiemos. En ese sentido, sugirió que existieron decisiones direccionadas que beneficiaron a determinados actores mientras se perseguía a otros, en una lógica que —según planteó— combinó intereses políticos y judiciales.

En el mismo tono, Mena también apuntó contra el rol de los medios de comunicación en la construcción de determinados relatos sobre las causas judiciales. Sus declaraciones generaron incomodidad en el intercambio con los periodistas, quienes evitaron confrontar directamente con la afirmación central.

Las palabras del ministro reavivan el debate sobre la utilización política de la Justicia y el manejo de causas sensibles durante el macrismo. En particular, vuelven a poner en discusión el caso de José López, cuyo impacto mediático marcó un antes y un después en la agenda pública, pero que aún sigue generando controversias sobre su tratamiento judicial.

En un contexto de parate económico y cierre de empresas, el desempleo trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, desde el 6,4% registrado un año antes, según informó este miércoles el INDEC. La suba de 1,1 puntos porcentuales marca el nivel más alto para un cierre de año desde 2020.

En términos absolutos, la desocupación alcanzó a cerca de 1,7 millones de personas, lo que implica unos 230.000 desempleados más que a fines de 2024.

Si se toma toda la gestión de Javier Milei, el indicador pasó del 5,7% al 7,5%, con un incremento de 1,8 puntos. Aunque no se trata del pico de la actual administración —que llegó al 7,9% en el primer trimestre de ese mismo año—, sí constituye el dato más elevado para un cuarto trimestre, un período que suele mostrar mejores registros por cuestiones estacionales.

El deterioro del mercado laboral se da en paralelo a una fuerte retracción del sector privado, con más de 22.600 empresas cerradas desde el inicio del actual gobierno.

El ex jefe de Gobierno porteño cuestionó con dureza al PRO por alinearse con La Libertad Avanza y marcó diferencias “profundas” con Mauricio Macri. Mirá el video.

En una entrevista, Horacio Rodríguez Larreta dejó en claro que la relación con el macrismo está completamente quebrada y apuntó directamente contra su acercamiento a Javier Milei. “El PRO se pintó de violeta, se entregó a La Libertad Avanza, dio toda identidad”, disparó, en una de las definiciones más duras contra el rumbo que tomó el espacio que ayudó a fundar.

Más adelante, el ex jefe de Gobierno profundizó sus críticas y remarcó que ese alineamiento no solo implicó un cambio político sino también una pérdida de valores. “Si hay algo que tenía el PRO era que respetaba al que pensaba diferente. Hoy entregan un gobierno que hace de la agresión su forma de gobernar”, sostuvo, en clara alusión al estilo del oficialismo libertario.

En el mismo tono, Larreta insistió en que el partido abandonó sus principios históricos: “Muchos dirigentes del PRO perdieron valores que eran muy profundos, por eso se perdió identidad”. Y fue más allá al recordar que el espacio que fundaron “valoraba el rol del Estado y trabajaba para que funcione mejor”, en contraste con el actual apoyo a un gobierno que, según señaló, “dice que el Estado tiene que prácticamente desaparecer”.

La ruptura también alcanza a Mauricio Macri. Consultado sobre una eventual reconstrucción del espacio, Larreta fue tajante: “Tengo muchas diferencias con Macri y son profundas, no tengo ningún problema en decirlas”. Entre ellas, cuestionó el respaldo del expresidente a la actual gestión porteña y al gobierno nacional.

Finalmente, Larreta dejó en evidencia que no hay margen para recomponer el vínculo político. “Hace cuatro meses fueron a una elección totalmente entregados, subsumidos en las listas de La Libertad Avanza. Es lo último que sabemos del PRO”, concluyó, marcando un quiebre que expone cómo el avance libertario terminó por fracturar al macrismo desde adentro.

Mientras el Gobierno celebra la macro, la economía real muestra fábricas que bajan la persiana y empleo en caída.

Según un informe de la consultora Fundar, el sector privado argentino atraviesa un deterioro profundo, con un cierre masivo de empresas desde la asunción de Javier Milei. El estudio advierte sobre una contracción sostenida del entramado productivo, en un contexto de caída del consumo, apertura de importaciones y ajuste económico que golpea de lleno a la industria y las pymes.

Los datos son contundentes: desde el cambio de gobierno ya cerraron más de 22.600 empresas empleadoras en todo el país, lo que representa una caída significativa del tejido productivo. Este proceso no solo implica la desaparición de unidades económicas, sino también un impacto directo en el empleo formal y en las economías regionales, profundizando la recesión en múltiples sectores.

El fenómeno no es aislado ni sectorial. Casos como FATE, que cerró su planta en San Fernando tras perder mercado frente a un fuerte aumento de las importaciones, o los despidos en empresas como Newsan, Whirlpool o Quilmes, muestran que la crisis atraviesa toda la estructura productiva. Detrás de este deterioro aparecen tres factores clave en los que coinciden distintos diagnósticos: atraso cambiario, apertura de importaciones y caída del consumo interno, una combinación que remite, en varios aspectos, a la crisis posterior a la salida de la convertibilidad en 2002.

Los indicadores oficiales también reflejan la gravedad del escenario. Según el INDEC, más de la mitad de las empresas industriales (52,4%) reportaron carteras de pedidos por debajo de lo normal, lo que evidencia la debilidad del mercado interno como principal limitante para la producción. En la misma línea, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 53,6% en enero, marcando el peor inicio de año desde 2002.

A su vez, un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) expuso fuertes tensiones financieras: el 45,6% de las empresas reportó dificultades para afrontar pagos de salarios, proveedores, impuestos o compromisos financieros, mientras que el 22,2% redujo su plantilla de personal. Estos datos surgen de una encuesta realizada a 644 compañías de distintos tamaños y sectores, lo que confirma la extensión del problema en todo el entramado productivo.

En este contexto, distintos sectores advierten sobre el riesgo de un “industricidio” si no se corrige el rumbo económico. Mientras el Gobierno insiste en que el ajuste es necesario para estabilizar la macroeconomía, los datos muestran que la supuesta recuperación aún no se materializa y convive con un deterioro profundo en la economía real. La apuesta oficial a una mejora futura contrasta con un presente marcado por fábricas que cierran, empleo que se pierde y un tejido productivo cada vez más debilitado.

Un peritaje judicial sobre el teléfono del lobista Mauricio Novelli aportó nuevas revelaciones en la causa por la megaestafa cripto vinculada a $Libra, al exponer una presunta relación económica sostenida con el entorno del presidente Javier Milei desde al menos 2021.

Los datos extraídos muestran que Novelli habría realizado pagos mensuales en dólares —mediante transferencias y efectivo— tanto a Milei como a su hermana Karina Milei. Inicialmente, durante la etapa en que Milei era diputado, los montos rondaban los 2.000 dólares y eran justificados formalmente como tareas de capacitación, aunque los audios sugieren pagos regulares que excedían ese marco.

La investigación también detectó que, ya con Milei en la presidencia, los pagos no solo continuaron sino que habrían aumentado. Registros y mensajes mencionan montos de hasta 4.000 dólares destinados a Karina Milei, lo que refuerza la hipótesis de un esquema sistemático.

Caso $LIBRA | Los pagos que exponen cómo Mauricio Novelli forjó su relación con los hermanos Milei en el camino al poder.

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— Hugo Alconada Mon (@halconada) March 17, 2026

Estas revelaciones agravan las sospechas sobre la posible vinculación directa entre el entorno presidencial y el entramado de $Libra. Además, se señala que, mientras se realizaban estos pagos, Novelli accedía a ámbitos oficiales y utilizaba la imagen presidencial para promocionar iniciativas como el Tech Forum, donde se impulsó la criptomoneda luego asociada al fraude.

La Justicia investiga si estos movimientos configuran delitos como cohecho o dádivas, en una causa que suma presión sobre el Gobierno y amplía el alcance del escándalo.

La presentación de Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Py no solo tuvo impacto en el plano judicial y mediático, sino que despertó un fuerte respaldo en redes sociales, donde predominó un clima favorable hacia la ex mandataria.

Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal N° 7 en la causa Cuadernos, la conversación digital se intensificó rápidamente. Según un informe flash de la consultora INGOB, actualizado a las 12:30 del martes 17 de marzo, se registraron más de 60 mil menciones, con más de 20 mil usuarios participando activamente entre posteos y retweets, y un alcance superior a las 3,7 millones de visualizaciones.

El dato más significativo fue el nivel de aprobación: el 58% de las interacciones en redes resultaron positivas hacia CFK. Este respaldo se dio en un contexto en el que la conversación aún se encontraba en ascenso, impulsada principalmente por dirigentes del peronismo e influencers afines, que desde el día previo promovían activamente el apoyo a CFK logrando en parte romper el cerco mediático impuesto por los grandes medios y su narrativa contraria a la ex presidenta.

El perfil de quienes participaron también refleja una base activa: el 51% de los usuarios fueron hombres y 7 de cada 10 tenían entre 25 y 44 años, una franja etaria particularmente dinámica en la discusión política digital.

Si bien el respaldo fue mayoritario, la conversación no fue homogénea. Sectores opositores, incluidas cuentas y trolls vinculados al espacio libertario y al PRO, promovieron críticas hacia Kirchner y sus declaraciones. Entre las voces más destacadas del contrapunto apareció Patricia Bullrich, quien se sumó al debate desde una posición crítica.