El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país, un entendimiento que expone el trasfondo geopolítico de la intervención estadounidense en la nación sudamericana y que va más allá de las narrativas oficiales de defensa de la democracia o lucha contra el terrorismo.

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó.

Trump informó además que ya instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para implementar el plan de manera inmediata. Según precisó, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses, consolidando un giro estratégico en la relación energética entre Washington y Caracas.

Negociaciones bajo presión y reconfiguración del mercado

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, funcionarios de ambos países mantienen conversaciones para reorganizar los flujos de exportación de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses. El objetivo sería redirigir cargamentos originalmente destinados a China y, al mismo tiempo, evitar nuevos recortes en la producción de la estatal PDVSA, seriamente afectada por el bloqueo.

Las negociaciones se intensificaron luego de que Trump exigiera la apertura del sector petrolero venezolano a empresas estadounidenses y privadas, bajo la advertencia de una posible escalada militar en caso de negativa. En este contexto, Venezuela acumula millones de barriles sin poder exportar, tras el endurecimiento de las sanciones impuesto por Washington a mediados de diciembre.

Fuentes del sector energético citadas por Reuters señalaron que Trump busca concretar rápidamente el acuerdo para presentarlo como un logro político y estratégico, incluso a costa de desplazar a China, principal comprador del petróleo venezolano durante la última década.

Chevron, licencias especiales y control de ingresos

Actualmente, las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos se canalizan casi exclusivamente a través de Chevron, que opera bajo una licencia especial otorgada por el propio gobierno estadounidense. La compañía exporta entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, mientras el resto de las petroleras internacionales continúan limitadas.

El plan anunciado por Trump contempla que los ingresos por la venta del petróleo sean administrados directamente desde la presidencia de Estados Unidos, una medida que refuerza la dimensión política y estratégica del acuerdo. Paralelamente, Washington y Caracas analizan la posibilidad de realizar subastas para compradores estadounidenses y otorgar nuevas licencias a socios de PDVSA.

En el pasado, este esquema permitió la participación de empresas como Chevron, Eni, Repsol, CNPC y Reliance, algunas de las cuales ya se estarían preparando para recibir nuevos cargamentos.

PDVSA, sanciones y reordenamiento geopolítico

La estatal PDVSA se vio obligada a reducir su producción en los últimos meses debido a la saturación de sus depósitos. Según Reuters, si no logra exportar en el corto plazo, enfrentará nuevos recortes. En contraste, funcionarios estadounidenses celebraron la posibilidad de incrementar el suministro hacia refinerías del Golfo.

Antes del endurecimiento de las sanciones, Estados Unidos procesaba cerca de 500.000 barriles diarios de crudo venezolano, un volumen que Washington ahora busca recuperar en un escenario de reconfiguración energética y geopolítica regional, donde el control de los recursos y de los flujos financieros vuelve a ocupar un lugar central.

Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo recorte estructural del sistema público de salud y estudia aplicar un esquema de gestión privada en cinco hospitales estratégicos de la provincia de Buenos Aires, cuatro ubicados en el Conurbano y uno en el interior. La iniciativa, impulsada bajo la lógica de la “motosierra” libertaria, implicaría tercerizar la administración y establecer el pago de cápitas para acceder a la atención, un cambio que encendió alarmas en el sector sanitario y desató un fuerte rechazo gremial.

Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un sistema de gestión mixta entre Nación y Provincia que garantiza atención pública de alta complejidad a millones de bonaerenses.

Aunque no hubo un anuncio oficial, el propio Gobierno admitió que evalúa “opciones de administración” y que la alternativa más firme es la aplicación del denominado “modelo español”, que supone concesionar la gestión hospitalaria a privados, financiados a través de aportes de obras sociales, prepagas y un sistema de cápitas. En los hechos, se trata de un avance privatizador que pone en cuestión el principio de acceso universal y gratuito a la salud.

Un ajuste con impacto directo en la atención

La iniciativa responde al objetivo central del Gobierno de Javier Milei de reducir el gasto público, incluso en áreas sensibles. Actualmente, el financiamiento de estos hospitales recae mayoritariamente en Nación: aporta el 80% del presupuesto del hospital de Cañuelas y el 70% de los otros cuatro, mientras que la Provincia y, en un caso, el municipio de La Matanza, completan el esquema.

El ministro de Salud, Mario Lugones, no descarta otras salidas —como el traspaso total de los hospitales a la órbita provincial—, pero en el propio sector sanitario aseguran que la decisión política apunta a avanzar con la tercerización, bajo la premisa de que los hospitales podrían “autosustentarse” con fondos del sistema privado. Una visión que, advierten especialistas y trabajadores, desdibuja el rol del Estado y profundiza la segmentación del sistema de salud.

Persisten además dudas sobre el camino legal para implementar la medida. Dado que los hospitales SAMIC fueron creados por ley, cualquier cambio de este calibre debería pasar por el Congreso. Sin embargo, en la Casa Rosada no descartan un decreto presidencial para evitar un debate legislativo que podría resultar costoso, como ya ocurrió con el conflicto por el financiamiento del Hospital Garrahan.

Tensiones políticas y rechazo sindical

El trasfondo incluye además una fuerte disputa entre Nación y Provincia. Lugones reclama a la gestión de Axel Kicillof una deuda que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, rondaría los 500 mil millones de pesos, cifra que el ministro bonaerense Nicolás Kreplak rechaza, aunque admite la existencia de desfasajes en partidas. En este escenario, también se evaluó la posibilidad de provincializar los cinco hospitales, una opción sobre la que el gobierno bonaerense aun no se pronuncio.

La reacción más contundente llegó desde el ámbito gremial. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) denunció que el plan oficial “representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud” y advirtió que pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad.

“El avance sobre los hospitales SAMIC se inscribe en una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento del sistema público”, alertó el secretario general de la Federación, Pablo Maciel, quien remarcó que la alta dependencia de estos centros del financiamiento nacional vuelve particularmente grave cualquier intento de privatización. “Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, concluyó.

Tras la caída de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump ya no considera como un grupo real al denominado “Cartel de los Soles” que supuestamente lideraba el expresidente y manejaba el narcotráfico en Venezuela. Payasesca, Patricia Bullrich los había declarado “organización terrorista”.

El diario The New York Times reveló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se retractó de la calificación sobre el llamado Cartel de los Soles, una de las excusas que utilizó Trump para atacar Venezuela y capturar a Maduro. El Departamento de Estado, que conduce Marco Rubio, lo había declarado el año pasado como una organización terrorista.

Tras la detención de Maduro, Justicia publicó una acusación en la que deja de lado sus postulados anteriores sobre el Cartel de los Soles y ya no habla de una organización narcocriminal si no de un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” alimentada por el dinero del narcotráfico.

El medio destaca que en su anterior acusación Justicia se refiere 32 veces al Cartel de los Soles y describe a Maduro como su líder, pero ahora sólo lo menciona dos veces. Expertos en seguridad consultados por NYT dicen que Cartel de los Soles es un término coloquial inventado por los medios venezolanos.

La presidenta en ejercicio de Venezuela, Delcy Rodríguez, brindó una entrevista a medios locales y se refirió a la situación que vive ese país luego del ataque norteamericano. “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, dijo.

“Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional”, aclaró la mandataria.

“Los mártires, a quienes ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque”, explicó. Durante los ataques murieron alrededor de 100 personas.

“El desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional, como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta y primera dama Cilia Flores”, agregó Delcy sobre la situación de Maduro que espera juicio en Estados Unidos. De modo increíble, la justicia de ese país decidió quitar la acusación de líder del cartel de los Soles, algo que no existe, luego de haberlo anunciado durante semanas. Vale todo.

“Ayer Maduro dijo que es un prisionero de guerra. Y se declararon como inocentes y personas decentes, cuya protección como jefe de Estado fue vulnerada”, cerró la mandataria.

Un documento oficial presentado por el Gobierno de Estados Unidos ante un tribunal federal afirma que no existe una estructura criminal denominada “Cártel de los Soles”, desmintiendo la idea instalada en el discurso mediático y cuestionando una figura clave en la narrativa sobre el narcotráfico venezolano.

Una presentación formal de funcionarios estadounidenses ante un tribunal federal en el marco de una causa judicial reveló que, según la propia administración de Estados Unidos, no existe evidencia de la conformación formal de una organización criminal denominada “Cártel de los Soles” como unidad estructurada y operativa.

La expresión “Cártel de los Soles” había sido utilizada en múltiples ocasiones por distintos actores políticos, analistas de seguridad y organismos de prensa para describir a una supuesta red de narcotráfico vinculada a altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sin embargo, el documento oficial reconoce que no hay una entidad con ese nombre o configuración identificable legal o procesalmente.

En el texto judicial, los representantes del Gobierno norteamericano explicaron que aunque existen investigaciones sobre actividades delictivas y vínculos de funcionarios venezolanos con el tráfico de drogas, ninguna prueba concreta respalda la existencia de una estructura monolítica o cartelizada bajo el título de “Cártel de los Soles” con una jerarquía y operativa definidas como la de otros carteles tradicionales.

Este reconocimiento judicial contradice directamente el uso frecuente de esa denominación en discursos oficiales y mediáticos, que la emplearon como un sello para agrupar una serie de imputaciones y supuestos vínculos entre el régimen venezolano y el narcotráfico internacional.

La declaración también pone en evidencia la complejidad y fragmentación de las redes delictivas en Venezuela, donde actores vinculados a actividades ilícitas pueden operar sin constituirse en un cartel formal y centralizado, lo que complica las atribuciones judiciales y los procesos de imputación en materia de crimen organizado.

El impacto de este reconocimiento puede tener repercusiones tanto en la política internacional como en las estrategias de persecución del narcotráfico, porque desdibuja una narrativa instalada durante años que había servido de argumento en sanciones, discursos diplomáticos y campañas mediáticas contra el gobierno venezolano.

Con esta presentación, Estados Unidos puso en blanco sobre negro lo que expertos alertaban desde hace tiempo: la existencia de estructuras ilícitas no siempre coincide con la formulación simplificada de un cartel unificado, y la investigación judicial seguirá su curso con base en hechos y pruebas, no en denominaciones preestablecidas.

Acorralado por la falta de dólares, el equipo económico apeló a la emisión monetaria para recomponer reservas y volvió a subir con fuerza las tasas. El Tesoro llega sin caja al pago de deuda de esta semana y negocia auxilio externo bajo presión.

El Banco Central reabrió una puerta que el propio Gobierno prometía mantener cerrada: la emisión de pesos para comprar divisas. En una jornada atravesada por la tensión cambiaria, la autoridad monetaria adquirió dólares con dinero recién creado, mientras el Ministerio de Economía endurecía las tasas para contener la demanda y evitar una nueva corrida.

La maniobra dejó al desnudo un problema estructural que la retórica oficial no logra tapar. La estabilidad cambiaria depende de instrumentos cada vez más costosos para la actividad económica y, aun así, no resuelve la escasez de divisas que enfrenta el Tesoro a días de un vencimiento clave de deuda externa.

Para frenar al dólar, el Gobierno combinó intervención directa con un salto abrupto en los rendimientos en pesos. Primero, el Tesoro salió a vender divisas y a convalidar tasas más altas; luego, el Central ingresó al mercado y concretó su primera compra de reservas del año financiada con emisión. El resultado fue un alivio transitorio, a cambio de mayor presión recesiva.

La urgencia explica la secuencia. Economía necesita reunir unos USD 4.200 millones para cumplir con compromisos que vencen esta semana y el reloj corre en contra. Los fondos deben transferirse a los agentes de pago internacionales en cuestión de horas, mientras continúan las negociaciones con un grupo de bancos extranjeros para obtener financiamiento de corto plazo.

El ancla elegida vuelve a ser la tasa de interés. Pero el remedio no es inocuo. El encarecimiento del dinero impacta de lleno en empresas y hogares, restringe el crédito y eleva el riesgo de incumplimientos en un contexto donde la morosidad ya muestra señales de alarma. El mercado financiero reflejó el ajuste con tasas de fondeo en niveles extremos.

La operatoria del Central implicó una emisión significativa de pesos que luego fue parcialmente absorbida mediante instrumentos de esterilización. Lejos de resolver el problema, la estrategia engrosa los pasivos remunerados que el propio presidente señala como uno de los factores de inestabilidad macroeconómica, en una contradicción cada vez más evidente entre discurso y práctica.

Del lado del Tesoro, la caja sigue corta. Los dólares disponibles no alcanzan para cubrir amortizaciones e intereses de bonos bajo ley local y extranjera. La expectativa oficial está puesta en un crédito puente de bancos internacionales, pero la discusión sobre garantías demora el acuerdo y mantiene bajo presión a los títulos públicos y al riesgo país.

El plan alternativo de captar divisas en el mercado interno tampoco rindió lo esperado. El blanqueo fiscal no generó el flujo de dólares prometido y los bancos advierten que las regulaciones vigentes siguen limitando el ingreso de fondos. En paralelo, el Gobierno mira a las provincias endeudadas como última fuente de dólares, aunque los plazos legales conspiran contra la urgencia.

Así, entre emisión monetaria, tasas al límite y negociaciones contrarreloj, el Gobierno gana horas pero no soluciona el fondo del problema. La calma cambiaria se sostiene con parches financieros, mientras la economía real paga el costo de un ajuste que, lejos de estabilizar, profundiza las fragilidades del esquema oficial.

El bloque PRO puso en duda el respaldo al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia que reforma la Ley de Inteligencia impulsado por La Libertad Avanza, marcando una fuerte interna política en el oficialismo mientras crece el rechazo en distintos sectores de la oposición y la sociedad.

El oficialismo vive una tensa disputa interna a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 941/2025) que modificó de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y habilitando atribuciones polémicas, como la realización de tareas de contrainteligencia y la aprehensión de personas sin control judicial estricto.

Mientras La Libertad Avanza empuja la medida con el argumento de “modernizar” el sistema de inteligencia, el bloque PRO en la Cámara de Diputados decidió no garantizar su apoyo hasta no conocer los protocolos de aplicación y establecer controles democráticos claros. Los referentes del PRO, liderados por Cristian Ritondo, expresaron su preferencia por evaluar técnicamente las normas que van a regir la implementación antes de convalidar la reforma.

La tensión se agudiza porque el DNU, al ser un decreto de necesidad y urgencia, no puede ser modificado parcialmente en el Congreso: debe ser aprobado o rechazado en bloque. Para el PRO, esta situación deja al partido amarillo en una encrucijada: apoyar sin garantías sería avalar potestades que consideran excesivas; oponerlo por completo implicaría abrir una grieta con LLA dentro del propio oficialismo.

Este manejo cauteloso contrasta con la postura del núcleo duro de La Libertad Avanza, que busca demorar el debate hasta que se definan los protocolos, con la intención de avanzar sin fricciones mayores en la agenda de reformas institucionales. La estrategia de LLA apunta a frenar la embestida opositora y exigir que el DNU sea tratado recién en el período ordinario de sesiones, lo que podría postergar cualquier resolución hasta febrero.

La interna se vuelve más visible en medio del creciente rechazo opositor: bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas e izquierda presentaron acciones legales para que el decreto sea declarado inconstitucional y se frene de inmediato su aplicación, además de reclamar la alta probabilidad de que habilite facultades propias de un “estado policial”.

En este escenario, el PRO parece marcar una distancia estratégica tanto del decreto como del entusiasmo que muestra LLA por avanzar sin diálogo amplio. La jugada política planteada por Ritondo y su bloque expone que el respaldo automático del PRO al Gobierno de Milei ya no está garantizado, y que las tensiones internas del oficialismo podrían complicar más que consolidar la gestión en temas de alta sensibilidad institucional.

Tras un fin de semana turbulento marcado por la agresión de Estados Unidos a Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó con dureza a Estados Unidos por el bombardeo sobre Caracas y, tras ser blanco de amenazas directas por parte de Donald Trump, aseguró que está dispuesto a defender a su país incluso por la vía armada.

En medio de ese escenario, el líder colombiano respondió: “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. Asimismo, negó enfáticamente vínculos con el narcotráfico y sostuvo que su patrimonio es público, por lo que calificó como “ilegítimo” el planteo de EE.UU.

En un extenso mensaje, Petro llamó a reconfigurar el vínculo regional al considerar que “los socios comerciales deben cambiar y América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo”. Incluso, cuestionó el rol de la CELAC: “Hoy no nos sirve por su norma de consenso absoluto, no falta el o la presidente que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros, añoran arrodillarse ante el rey”.

El mandatario colombiano sostuvo que “EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler, ni Franco, ni Antonio de Oliveira Salazar” y que “por generaciones, los sudamericanos no olvidarán”. En esa línea, lamentó que esa “herida quedará abierta”, pero remarcó que “la venganza no debe existir porque mata el corazón”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dolor de toda la derecha argentina, descartó que vaya a haber elecciones pronto en Venezuela. Ayer, Delcy Rodríguez, juró ante la Asamblea Nacional como nueva presidenta de Venezuela, después de la detención de Nicolás Maduro. 

Según Trump, la actual mandataria venezolana “estuvo cooperando” con funcionarios estadounidenses y adelantó: “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”.

En es sentido, descartó que haya un llamado a elecciones: “Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”. En ese sentido, vale recordar las palabras anteriores de Trump sobre Corina Machado, quien fue premiada en Europa con el Premio Nobel de la Paz: “Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.

El presidente venezolano y su esposa comparecieron este lunes ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos se declararon “no culpables”.

Nicolás Maduro y Cilia Flores hicieron su primera aparición ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, donde fueron formalmente presentados en audiencia tras su detención en Estados Unidos. Durante la diligencia, ambos se declararon “no culpables” de los cargos que les imputa la fiscalía estadounidense, que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos graves.

La audiencia, presidida por el juez federal Alvin Hellerstein, se realizó con traducción simultánea para los acusados, y en ella Maduro sostuvo que es inocente y declaró que “sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela”, mientras que Flores también rechazó las imputaciones y afirmó su inocencia.

La comparecencia, que se llevó a cabo apenas días después de la captura de la pareja en Caracas en una operación militar liderada por Estados Unidos, fue breve y centrada en la identificación formal de los acusados y en la lectura de sus respuestas ante los cargos, sin que se avanzara en la discusión de los méritos de la causa.

El tribunal fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo de 2026, cuando se espera que se planteen cuestiones procesales más profundas, incluida la posible discusión sobre la legalidad de su captura y la invocación de inmunidad como jefe de Estado por parte de la defensa.

Este episodio judicial es parte de un proceso mayor que seguirá desarrollándose en los próximos meses, en el marco de las acusaciones federales en Estados Unidos, que señalan a Maduro y a otros funcionarios venezolanos por presuntos vínculos con actividades criminales de gran escala.