La senadora Patricia Bullrich volvió a generar ruido en el gobierno libertario al cuestionar el modelo económico de Javier Milei y Luis Toto Caputo: en redes sociales, reconoció que el ajuste está afectando a millones de argentinos. Bomba.

“Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”, dijo la ex presidenta del PRO. “No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro”, concluyó.

Bullrich golpeó sobre el discurso de Milei que suele jactarse de “haber sacado a 20 millones de la pobreza”. Si fuera así: ¿por qué es necesario que el modelo se sienta en la vida cotidiana? No cierra. Mientras, el 70% de los argentinos no llega a fin de mes y cree que la economía empeorará a futuro.

El periodista mileista Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia, acusado de intento de homicido de una mujer. Fue ex asesor del gobierno de Javier Milei y de otros gobiernos de ultraderecha de Sudamérica. Se jacta de hacer campañas de fake news y en ese marco creó “La derecha diario”, un portal que difunde mentiras a favor de los gobiernos de derecha del mundo. “Ojalá sea el Magnetto de la derecha”, dijo Cerimedo en relación al todopoderoso dueño del Grupo Clarín

En 2018 creó La Derecha Diario, un medio propagandista y sensacionalista de noticias falsas que busca interpelar desde la indignación y el odio y que tiene presencia en casi toda Latinoamérica. Es el portal preferido del presidente Milei, que diariamente suele compartir sus artículos en redes sociales.

En 2019, a instancias de Patricia Bullrich, Cerimedo se acercó a la campaña de reelección de Mauricio Macri y a partir de ese entonces se convirtió en uno de los asesores estrella de la derecha y luego de la ultraderecha, de la mano del aumento de la relevancia de las redes sociales en las campañas políticas. Fue acusado en Brasil por ser parte de un intento de golpe de Estado durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Lo que se dice un buen muchacho.

La ministra de Seguridad reconoció que en 2025 los suicidios dentro de las fuerzas federales aumentaron un 30% respecto de 2024 y vinculó la problemática con los bajos salarios y los crecientes niveles de endeudamiento. El dato expone el fuerte impacto de la crisis económica sobre los efectivos durante el gobierno de Javier Milei.

La situación encendió una nueva señal de alarma dentro de las fuerzas de seguridad. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, admitió que durante 2025 se registró un 30% más de suicidios que el año anterior y señaló que uno de los factores que agravan el cuadro es el elevado nivel de endeudamiento que atraviesan los efectivos.

“Hay más suicidios en las fuerzas, sí. En 2025 hubo un 30% más que en 2024”, reconoció la funcionaria, quien identificó a la salud mental como uno de los principales problemas. Sin embargo, al explicar las causas que rodean al fenómeno, puso el foco también sobre la situación económica de los integrantes de las fuerzas.

Monteoliva reconoció que existen niveles de endeudamiento formales e informales dentro de las fuerzas y sostuvo que muchas de esas situaciones requieren asistencia para poder ser encauzadas. El Ministerio, según explicó, incorporó esta problemática como uno de los ejes de sus políticas de bienestar y comenzó a implementar medidas vinculadas con asistencia y orientación financiera.

Salarios que no alcanzan y una deuda que crece

El reconocimiento de la ministra adquiere especial gravedad en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y creciente endeudamiento de los hogares. La problemática no es exclusiva de las fuerzas de seguridad, pero el impacto sobre efectivos que cumplen tareas de alta exigencia y responsabilidad genera una preocupación adicional.

Los datos sobre endeudamiento familiar muestran un fuerte deterioro. La morosidad de los hogares pasó de niveles considerablemente menores en 2024 a registrar posteriormente un marcado incremento, mientras cada vez más familias recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos como alimentos, servicios y otras obligaciones.

De acuerdo con el relevamiento citado, el 62% de los argentinos tomó deuda y más de la mitad de quienes lo hicieron recurrió al crédito para cubrir gastos corrientes. A su vez, dos de cada tres personas agotan sus ingresos antes del día 20 del mes, una señal del creciente deterioro de la capacidad de consumo y ahorro.

El problema también alcanza a los trabajadores de las fuerzas de seguridad, que enfrentan el aumento del costo de vida con salarios que, según las denuncias planteadas por distintos sectores, no acompañan el incremento de los gastos. La consecuencia es un círculo cada vez más difícil de romper: ingresos insuficientes, endeudamiento, presión financiera y deterioro de la salud mental.

Una crisis que atraviesa a las fuerzas

La propia ministra intentó contextualizar el incremento de los suicidios señalando que el fenómeno también aumentó a nivel nacional. Sin embargo, el dato del 30% de incremento dentro de las fuerzas de seguridad revela la dimensión de una problemática que no puede quedar reducida a una cuestión individual.

El endeudamiento aparece así como uno de los factores que deben ser atendidos por las autoridades. La existencia de deudas formales e informales entre los efectivos muestra hasta qué punto la crisis económica puede penetrar en la vida cotidiana de quienes integran las fuerzas federales.

La situación plantea un desafío urgente para el Gobierno: garantizar salarios y condiciones laborales que permitan a los efectivos sostener dignamente a sus familias y evitar que la precariedad económica termine convirtiéndose también en una amenaza para su salud y su vida.

El reconocimiento de Monteoliva funciona, en ese sentido, como una señal de alarma sobre las consecuencias sociales de una crisis económica que ya no sólo se expresa en los índices de consumo, inflación o endeudamiento: también empieza a dejar consecuencias dramáticas dentro de las propias fuerzas de seguridad.

“Necesitamos más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta”, reclamó la senadora, en un mensaje que abre una incómoda discusión sobre el costo social del modelo libertario.

Patricia Bullrich eligió cuidadosamente sus palabras. La senadora nacional por La Libertad Avanza ratificó el rumbo económico del Gobierno, pero al mismo tiempo formuló un reclamo que deja al descubierto una preocupación cada vez más difícil de ocultar: la recuperación que promete el oficialismo todavía no llega con claridad a los bolsillos de las familias y las empresas.

“El rumbo es el correcto. Lo que necesitamos ahora es más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta en la vida cotidiana. Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino”, escribió Bullrich.

Aunque evitó cuestionar directamente a Javier Milei, el mensaje contiene una admisión significativa. Si el principal reclamo de una dirigente oficialista es que los resultados “se sientan” en la vida cotidiana, es porque una parte importante de la sociedad todavía no percibe los beneficios de la transformación económica que el Gobierno presenta como un éxito.

Una economía que todavía no llega a los hogares

La advertencia adquiere mayor relevancia en un contexto en el que el debate económico comienza a desplazarse de los indicadores macroeconómicos hacia una pregunta mucho más concreta: ¿cómo hacen las familias para llegar a fin de mes?

Los datos sobre endeudamiento y morosidad reflejan una situación preocupante. El Banco Central registró en abril una morosidad del 12,1% en los créditos destinados a las familias, mientras que durante mayo distintos informes basados en datos oficiales ubicaron la irregularidad del crédito familiar por encima del 12%, en niveles excepcionalmente elevados.

El problema se concentra especialmente en las tarjetas de crédito y los préstamos personales, instrumentos que para numerosos hogares dejaron de ser una herramienta ocasional para transformarse en un mecanismo para sostener el consumo y afrontar gastos cotidianos.

A esto se suma el crecimiento de los préstamos otorgados a través de billeteras virtuales. Para algunos especialistas, esta expansión podría estar vinculada con personas que encuentran mayores dificultades para acceder al financiamiento bancario tradicional y recurren a plataformas digitales para cubrir gastos o cancelar otras deudas.

La postal resulta difícil de compatibilizar con el discurso oficial de una recuperación que ya estaría beneficiando al conjunto de la sociedad.

El límite de los números macroeconómicos

El Gobierno de Milei convirtió el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y el reordenamiento de las variables macroeconómicas en los principales pilares de su gestión. Sin embargo, la estabilización de algunos indicadores no necesariamente implica una mejora inmediata en las condiciones materiales de los hogares.

Ahí aparece el reclamo de Bullrich. La senadora no cuestiona el rumbo, pero reconoce que existe un problema con la velocidad con la que sus supuestos beneficios llegan a la sociedad.

La diferencia entre la macroeconomía y la economía cotidiana puede convertirse en uno de los principales desafíos políticos del oficialismo. Mientras el Gobierno insiste en que el sacrificio actual permitirá una recuperación futura, millones de familias enfrentan en el presente mayores dificultades para sostener el consumo, pagar sus deudas y preservar su poder adquisitivo.

La respuesta de Milei frente al endeudamiento también expuso esa tensión. El Presidente sostuvo que se trata de una cuestión entre privados y llegó a afirmar que “nadie le puso un revólver en la cabeza” a quienes tomaron préstamos.

El contraste es evidente: mientras el Gobierno pone el foco en las variables macroeconómicas, Bullrich advierte que el cambio todavía debe llegar a las familias, las empresas y “cada argentino”.

En definitiva, su mensaje funciona como una señal de alerta dentro del propio oficialismo. El problema ya no es solamente demostrar que el modelo funciona en los números: el desafío es convencer a una sociedad que todavía espera sentir sus resultados en el bolsillo.

El argumento busca explicar una de las principales inconsistencias detectadas por el fiscal Guillermo Marijuán, pero abre nuevos interrogantes sobre la precisión y confiabilidad de la información patrimonial presentada por un supuesto profesional de las ciencias económicas.

El argumento busca explicar una de las principales inconsistencias detectadas por el fiscal Guillermo Marijuán, pero abre nuevos interrogantes sobre la precisión y confiabilidad de la información patrimonial presentada por un profesional de las ciencias económicas.

A simple vista, resulta difícil de comprender cómo un contador público puede confundir un dato central de su propia declaración jurada patrimonial y, además, firmar y presentar formalmente el documento con una cifra diez veces superior a la que, según ahora sostiene, correspondía.

Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, recurrió precisamente a esa explicación para intentar despejar las dudas planteadas en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Según el escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, en su declaración jurada correspondiente a 2024 consignó una deuda inicial de $130 millones, cuando en realidad —afirma ahora— debía haber escrito $13 millones. Ese supuesto error de un cero modificó sustancialmente la lectura de su evolución patrimonial.

El fiscal Guillermo Marijuán había advertido que, de acuerdo con la información declarada por Adorni, su deuda se había reducido de $130 millones a $60 millones durante el período. Es decir, aparecía una diferencia de aproximadamente $70 millones que no encontraba una explicación clara.

La defensa de Adorni sostiene ahora que esa reducción nunca existió: los $130 millones serían en realidad $13 millones y, por lo tanto, la interpretación realizada a partir de la declaración jurada habría partido de un dato incorrecto.

La explicación, sin embargo, difícilmente pueda evitar nuevas preguntas. No se trata de un error menor en un documento informal, sino de una declaración jurada patrimonial presentada y firmada por un contador público, precisamente el tipo de profesional que conoce la importancia de consignar correctamente cifras y movimientos financieros.

El episodio recuerda además otras explicaciones ensayadas en torno al patrimonio de los hermanos Adorni. En el caso de Manuel Adorni, las ganancias obtenidas con criptomonedas fueron invocadas para justificar parte del crecimiento patrimonial, mientras que también quedaron bajo cuestionamiento los préstamos declarados provenientes de jubiladas.

Ahora, Francisco Adorni sostiene que una cifra diez veces mayor en su declaración jurada fue simplemente consecuencia de “olvidarse” un cero.

Más allá de que la Justicia deberá determinar si se trató efectivamente de un error material o de una inconsistencia con otra explicación, el episodio vuelve a instalar un interrogante de fondo: ¿cuánto margen puede tener un funcionario para equivocarse en cifras patrimoniales millonarias antes de que la explicación deje de parecer un simple error administrativo?

La sucesión de inconsistencias y explicaciones posteriores alrededor de los patrimonios de funcionarios y dirigentes libertarios empieza a configurar un patrón que merece especial atención. Cuando las cifras no cierran, aparecen errores de tipeo, ceros mal colocados o ingresos extraordinarios como explicación. Y en cada caso, las dudas terminan apareciendo después de que la Justicia o los investigadores detectan las diferencias.

En un Gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios y combatir la corrupción, las declaraciones patrimoniales deberían ser una herramienta de transparencia, no un rompecabezas que necesita ser corregido una vez que los fiscales encuentran las inconsistencias.

Nadia Beller fue baleada en Bolivia y se sospecha de Fernando Cerimedo, un hombre vinculado a la ultraderecha en Argentina, Brasil y Bolivia. En Argentina fue asesor estrella de los hermanos Javier y Karina Milei. Su mujer trabajo en ANDIS, donde se supo que se pagaban coimas a funcionarios libertarios. “Fernando me dijo que las coimas eran para Karina. Milei tiene un entorno muy podrido”, contó Beller.

“Fernando me dijo que los audios (de ANDIS) eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció”, relató.

“Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación. Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda [por su esposa] que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota’. Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido”, relató Beller que sufrió un intento de asesinato por parte de sicarios que la justicia vincula a Cerimedo, uno de los creados del portal La derecha diario.

Según ella, Cerimedo contaba que, en el gobierno argentino, “su relación más cercana era con Patricia Bullrich, con quien coordinaba cuestiones de seguridad” y que uno de los trabajos que hizo para la gestión de Milei fue “una campaña para anular a la vicepresidenta”, Victoria Villarruel.

La diputada nacional Marcela Pagano le pidió al juez Ariel Lijo que cite con carácter urgente a Nadia Beller, la mujer que permanece internada en Bolivia después de recibir varios disparos y que aseguró tener grabaciones de conversaciones con Fernando Cerimedo.

Según la presentación, el material podría ser clave para determinar quién obtuvo y filtró los audios que dieron origen a la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y bajo qué circunstancias fueron difundidos.

Pagano solicitó que Beller declare por videoconferencia, con intervención de las autoridades bolivianas, y que entregue las grabaciones, sus archivos originales y los dispositivos donde se encuentren. También pidió preservar la evidencia digital y garantizar la protección de la testigo.

El origen de los audios, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales de la causa es establecer el origen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. La Justicia todavía debe determinar cómo fueron obtenidos y si se trata de registros auténticos.

En su presentación, Pagano citó declaraciones públicas de Beller, quien afirmó que conserva conversaciones grabadas y que Cerimedo conocería la existencia de ese material.

La diputada considera que esas grabaciones podrían permitir contrastar los dichos de Cerimedo con lo que ya declaró ante la Justicia y aportar elementos para reconstruir la cadena de origen de los audios.

El planteo adquiere relevancia porque la Cámara Federal había ordenado avanzar sobre las dudas relacionadas con la procedencia de las grabaciones. Mientras tanto, permanece pendiente un peritaje sobre la voz de Spagnuolo, cuya realización se encuentra demorada.

El ataque en Bolivia y el riesgo sobre la evidencia

La urgencia del pedido también está vinculada con el ataque que sufrió Beller el lunes 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Según la presentación, dos personas que se movilizaban en una motocicleta le dispararon y le robaron su cartera y su teléfono celular. La mujer permanece internada en terapia intensiva.

Un día después, Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a regresar a la Argentina. La presentación aclara que ese dato no implica atribuirle responsabilidad por el ataque y que rige el principio de inocencia.

Pagano advierte que el robo del teléfono puede comprometer la preservación de las conversaciones y pidió que, si los registros continúan disponibles, se realice una extracción forense y se garantice su cadena de custodia.

También solicitó que se calculen mecanismos de integridad digital, como el hash SHA-256, para asegurar que los archivos no sean alterados.

Pagano también pidió proteger a la testigo

La diputada pidió además activar mecanismos de protección para Beller y preservar cualquier evidencia que pueda encontrarse en Bolivia.

En el escrito, Pagano sostiene que la condición de “amante” que se le atribuyó a Beller no impide que pueda declarar como testigo, ya que esa relación no figura entre las excepciones previstas por el Código Procesal Penal.

Ahora, la decisión queda en manos del juez Lijo. La declaración de Beller y las grabaciones que asegura conservar podrían aportar nuevos elementos a una de las principales incógnitas de la causa ANDIS: cómo se obtuvieron los audios que pusieron en marcha la investigación y quién estuvo detrás de su filtración.

Una investigación periodística reveló que la Fundación Argentina Global, cofundada por la actual secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro, lanzó un programa de formación dirigencial financiado y respaldado por las becas Chevening de la Embajada Británica en Buenos Aires.

La política exterior del Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de la polémica por su creciente acercamiento al Reino Unido. Una investigación periodística reveló que la Fundación Argentina Global, cofundada por la actual secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro, lanzó un programa de formación dirigencial financiado y respaldado por las becas Chevening de la Embajada Británica en Buenos Aires.

El dato adquiere especial gravedad por el cargo que ocupa Di Chiaro: es la funcionaria responsable de una de las áreas más sensibles de la política exterior argentina, precisamente aquella que debe sostener el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa, denominada “Future Leaders Programme Argentina”, está destinada a estudiantes avanzados y graduados universitarios y contempla talleres, encuentros con especialistas y actividades institucionales vinculadas con la política internacional. El programa cuenta con el respaldo de Chevening, mecanismo de becas del Gobierno británico que funciona desde hace décadas como una herramienta de vinculación y formación de dirigentes extranjeros.

El episodio genera alarma porque coloca a una organización estrechamente vinculada con una funcionaria de la Cancillería en colaboración directa con la representación diplomática del Reino Unido. La situación resulta particularmente sensible en un país que mantiene un conflicto de soberanía con Londres y que históricamente ha considerado la cuestión Malvinas como una política de Estado.

Formación de dirigentes bajo el auspicio de Londres

La gravedad del caso se profundiza por las características del programa. La iniciativa contempla una apertura a cargo de Fulvio Pompeo, exfuncionario de la administración de Mauricio Macri y cofundador del think tank, mientras que el cierre previsto para febrero de 2027 se realizará en la propia Embajada Británica.

La presencia conjunta de la Fundación Argentina Global, la Embajada Británica y el programa Chevening plantea interrogantes sobre el alcance de la influencia británica en la formación de futuros dirigentes argentinos y sobre el rol que cumplen funcionarios vinculados a la estructura de la Cancillería en este tipo de iniciativas.

El problema no es la existencia de intercambios académicos o diplomáticos con otros países, sino la particular contradicción que supone que una funcionaria responsable de la política argentina sobre Malvinas esté asociada a una organización que desarrolla un programa de formación dirigencial auspiciado por la potencia que mantiene la ocupación de las islas.

Una política exterior que despierta preocupación

El episodio vuelve a poner bajo la lupa el giro de la política exterior impulsado por Milei y su Cancillería. El acercamiento político con Londres y la búsqueda de una relación privilegiada con el Reino Unido generan cada vez más cuestionamientos entre sectores que consideran que la cooperación bilateral no puede avanzar a costa de relegar el reclamo soberano argentino.

La preocupación se potencia frente a la creciente actividad británica en el Atlántico Sur, incluida la presencia militar en las islas y la explotación de recursos naturales en áreas cuya soberanía Argentina continúa reclamando.

En este contexto, que desde el propio ámbito de la Secretaría de Malvinas surjan vínculos con programas de formación financiados y respaldados por la diplomacia británica resulta, como mínimo, una contradicción difícil de ignorar.

El caso expone así una cuestión de fondo que excede a una fundación o a un programa de becas: ¿está la Cancillería argentina permitiendo que los intereses y las herramientas de influencia del Reino Unido penetren en la formación de las futuras dirigencias del país mientras la Argentina continúa reclamando la soberanía de Malvinas?

Para sus críticos, el episodio constituye una nueva señal de alarma sobre una política exterior que, bajo la promesa de estrechar vínculos con las potencias occidentales, corre el riesgo de terminar siendo funcional a los intereses británicos en el Atlántico Sur.

El RIGI exhibe una economía a dos velocidades: mientras las provincias petroleras y mineras acumulan regalías extraordinarias, la industria nacional pierde actividad y es desplazada por importaciones. Empresarios y pymes metalúrgicas advierten que el régimen, lejos de generar el prometido “derrame”, consolida un modelo extractivista que deja cada vez menos espacio para la producción argentina.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado por el Gobierno como una herramienta para atraer capitales y transformar la estructura productiva, comienza a mostrar una de sus principales contradicciones: los beneficios se concentran en los grandes proyectos de Oil & Gas y minería, mientras las industrias que deberían abastecerlos quedan relegadas frente a la competencia importada.

La brecha es particularmente visible en las provincias productoras. Neuquén, epicentro de Vaca Muerta, encabeza el crecimiento de las regalías, mientras la Patagonia concentra actualmente el 64% del total nacional. Durante el primer semestre del año, además, la región registró un incremento del 32% en la producción computable de crudo.

Para los gobernadores, esta renta se convirtió en un respaldo financiero cada vez más importante: las regalías llegaron a representar el 11,77% de los ingresos totales de las provincias productoras durante 2025. Chubut y Santa Cruz también tienen una participación significativa en esa distribución.

Pero el supuesto efecto multiplicador no se replica en las fábricas argentinas. El caso de la industria metalúrgica resulta particularmente revelador: según Adimra, el sector acumula una contracción del 5,4% en 2026, luego de retroceder otro 5,4% en 2024 y 3,2% en 2025. La actividad quedó así por debajo de los niveles registrados en 2022.

El RIGI que importa en lugar de producir

La contradicción se vuelve todavía más evidente al observar las importaciones realizadas por los Vehículos de Proyecto Único (VPU). De los USD 284 millones FOB importados hasta mediados de año, el 87% correspondió a productos que forman parte del núcleo de la oferta metalúrgica nacional.

Entre las compras aparecen tanques y cisternas de acero por USD 75,2 millones, tubos para oleoductos por USD 11,2 millones y hasta elementos básicos de bulonería, como tornillos, tuercas y arandelas.

Es decir, el problema no se limita a la importación de tecnología sofisticada que la Argentina no produce: también ingresan bienes que podrían ser fabricados por empresas nacionales, incluso dentro de las cadenas de valor vinculadas directamente con el petróleo, el gas y la minería.

La paradoja es que uno de los sectores industriales estratégicos para el desarrollo de los proyectos extractivos no logra convertirse en proveedor privilegiado de esas inversiones. En cambio, termina compitiendo con productos extranjeros favorecidos por el propio régimen.

La letra chica que diluye el compre nacional

El Gobierno sostiene que el RIGI contempla una prioridad mínima del 20% para proveedores nacionales. Sin embargo, empresarios y cámaras del sector cuestionan la manera en que esa obligación puede ser computada y advierten que las excepciones previstas por la normativa terminan debilitando su impacto real.

El problema comienza por la propia base sobre la cual se aplica el porcentaje. De los USD 126.500 millones anunciados en inversiones, la condición central de permanencia en el régimen se vincula con un monto mínimo de USD 16.100 millones. Sobre una base considerablemente menor se determina el porcentaje de compras nacionales.

A esto se suma que la normativa permite computar dentro del 20% tanto bienes como obras, sin establecer una proporción específica. De esta manera, gastos inevitablemente locales, como movimientos de suelo o construcción civil, pueden utilizarse para cumplir con el requisito sin que necesariamente exista una demanda equivalente para la industria manufacturera.

También existe una cláusula vinculada al precio y la disponibilidad que permite comparar la oferta nacional con el valor de importación. Para las empresas argentinas, esta situación representa una competencia particularmente desigual cuando los proyectos cuentan con beneficios arancelarios que reducen los costos de los productos extranjeros.

El derrame que no llega a las fábricas

La defensa oficial del RIGI se apoya en la expectativa de que la expansión de Vaca Muerta y de la minería termine generando actividad en sectores periféricos. El Banco Central incluso destacó en su último Informe de Política Monetaria que por cada puesto de trabajo asalariado formal creado en las petroleras se generaron 3,2 empleos en otros sectores económicos de Neuquén.

Sin embargo, la pregunta central no es solamente cuántos empleos indirectos genera el boom extractivo, sino qué tipo de estructura productiva deja detrás.

Si las grandes inversiones demandan bienes y servicios del exterior que podrían producirse localmente, el efecto multiplicador sobre la industria nacional se reduce. Y si las empresas argentinas deben competir en condiciones desfavorables contra proveedores extranjeros beneficiados por exenciones, el prometido proceso de industrialización asociado al RIGI pierde fuerza.

Así, mientras las provincias productoras celebran un boom de regalías y los grandes proyectos extractivos reciben beneficios extraordinarios, buena parte del entramado manufacturero enfrenta caída de actividad y pérdida de mercados.

La advertencia empresarial apunta justamente a esa contradicción: el RIGI puede estar generando una economía dinámica alrededor de la extracción de recursos, pero sin garantizar que esa riqueza se transforme en industria, empleo de calidad y desarrollo de proveedores nacionales.

El riesgo es que, detrás del discurso del “derrame”, se consolide una economía de dos velocidades: una vinculada al petróleo, el gas y la minería, beneficiada por incentivos fiscales y aduaneros; y otra integrada por las fábricas nacionales que deben sobrevivir a la recesión y competir contra importaciones incluso dentro de los proyectos que deberían impulsar su crecimiento.

Más que una cadena de valor nacional, el modelo amenaza con consolidar un esquema extractivo donde la riqueza sale del subsuelo, las regalías crecen y las importaciones ocupan el lugar que la industria argentina esperaba conquistar.

El caso de las casas prefabricadas chinas

Uno de los ejemplos más contundentes aparece en la industria forestal. Según denunció la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop), la demanda de viviendas de madera para trabajadores y depósitos vinculados con Vaca Muerta fue cubierta en buena medida con productos provenientes de China, mientras aserraderos y productores argentinos atraviesan una fuerte retracción.

El presidente de Fedecoop, Gustavo Hein, alertó sobre suspensiones, cierre de aserraderos y caída de los precios para los productores forestales. La crisis está directamente vinculada con el derrumbe de la construcción, que lleva aproximadamente dos años y medio con una demanda deprimida.

La consecuencia es especialmente grave para provincias como Misiones, Corrientes y Entre Ríos, donde miles de pequeños y medianos productores dependen de la actividad forestal.

Pero el contraste con Vaca Muerta resulta difícil de ignorar.

Mientras en el norte y el litoral argentino los productores tienen dificultades para vender su madera y los aserraderos reducen personal o cierran, en el corazón del boom petrolero las empresas encuentran más conveniente importar viviendas terminadas desde China que comprarlas a productores y fabricantes argentinos.

“Era más fácil traerlas de China que comprárselas a los misioneros, correntinos o entrerrianos que producimos madera”, advirtió Hein.

El episodio sintetiza el problema que empresarios de otros sectores vienen señalando alrededor del RIGI: el crecimiento de un enclave extractivo no garantiza la creación de una cadena de valor nacional.

Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza y uno de los empresarios más poderosos de Córdoba y del país, lanzó una advertencia que expone las crecientes tensiones del modelo económico libertario: mientras el Gobierno reivindica el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación, buena parte de la economía real sigue sin encontrar alivio. “A la gente no le alcanza para llegar a 15 de cada mes”, afirmó.

El diagnóstico adquiere especial relevancia porque no proviene de un dirigente opositor ni de un referente sindical, sino de uno de los principales empresarios del interior productivo. Roberto Urquía, exsenador nacional y dueño de Aceitera General Deheza (AGD), reconoció que existen sectores que atraviesan un buen momento, como la minería, Vaca Muerta y parcialmente el campo, pero advirtió que el panorama es muy diferente para el comercio y otras actividades vinculadas al mercado interno.

“Ya no vende directamente, sea chino, sea nacional”, describió Urquía al graficar la profundidad de la caída del consumo. La frase resume uno de los principales problemas de la economía: aun con una macroeconomía que el Gobierno presenta como ordenada, la demanda interna continúa debilitada y numerosas empresas enfrentan crecientes dificultades para sostener sus niveles de actividad.

El salario se evapora antes de mitad de mes

El empresario puso el foco especialmente en el deterioro de los ingresos y en sus consecuencias sobre trabajadores y empresas. “Hoy les cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no le alcanza, no para llegar a fin de mes, no le alcanza para llegar al 15 de cada mes”, sostuvo.

La advertencia expone una de las principales contradicciones del discurso oficial: mientras la Casa Rosada destaca el equilibrio fiscal y la baja de la inflación como grandes logros, esos resultados todavía no se traducen en una mejora perceptible para numerosos sectores de la economía real.

El propio Urquía reconoció que “la macro está bien” y destacó el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero inmediatamente marcó el límite de ese diagnóstico: ese proceso “no llega a algunos sectores de la micro”. Es decir, la estabilidad de las cuentas públicas no alcanza cuando comercios, empresas y familias siguen enfrentando una fuerte retracción de la demanda y del poder adquisitivo.

Una crítica que llega desde el corazón del empresariado

Las declaraciones de Urquía adquieren una dimensión política y económica particular porque se suman a un creciente malestar que comienza a atravesar incluso a sectores empresarios que tradicionalmente reclaman estabilidad macroeconómica y reglas claras.

El planteo deja en evidencia que el problema ya no puede reducirse a una disputa entre el Gobierno y sus opositores. Cuando uno de los empresarios más importantes de Córdoba advierte que los comercios no venden, que las empresas tienen dificultades para pagar salarios y que los trabajadores no llegan al día 15, aparece una señal de alarma proveniente del propio sector productivo.

Urquía también cuestionó las dificultades que enfrenta el interior para hacer llegar sus reclamos al Gobierno nacional. “A la gente del interior nos cuesta mucho llegar al diálogo con el Gobierno nacional”, afirmó, aunque reconoció que existe contacto con algunos ministros, entre ellos Luis Caputo y el jefe de Gabinete.

En ese sentido, reclamó mayor protagonismo para el interior productivo y recordó que la Argentina excede ampliamente al área metropolitana. “Argentina es mucho más que el conglomerado importante de gente que vive entre la General Paz y otras avenidas”, sostuvo.

Tasas de hasta 1.300% y críticas a la falta de regulación

Otro de los puntos que generó preocupación fue su cuestionamiento a determinadas fintech y financieras digitales. Urquía denunció que algunas llegan a cobrar tasas de hasta 1.300% anual, una cifra que calificó directamente como “una cosa de loco”.

Frente a estos niveles de financiamiento, reclamó una intervención más activa del Estado. “El Gobierno está para eso, está para los abusos”, afirmó, en una definición que también marca distancia con una concepción de Estado limitado a su mínima expresión.

El empresario fue incluso más allá y cuestionó el trato diferencial que, a su entender, recibe el capital extranjero frente a la producción nacional. “Ahí va la alfombra roja”, señaló sobre las inversiones externas, mientras sostuvo que la producción argentina “no tiene un embajador que la defienda”.

Así, desde uno de los sectores más poderosos del empresariado cordobés emerge un diagnóstico incómodo para el Gobierno: la estabilidad macroeconómica no está logrando recomponer la economía cotidiana. Comercios que no venden, empresas que tienen dificultades para pagar salarios, trabajadores cuyo ingreso se termina antes de mitad de mes y tasas de financiamiento exorbitantes configuran un escenario que empieza a generar preocupación más allá de los sectores tradicionalmente críticos del oficialismo.

Y que estas advertencias surjan desde el corazón del empresariado productivo constituye, acaso, una de las señales más contundentes de que el malestar con el rumbo económico comienza a adquirir un carácter cada vez más transversal.