La Vicepresidenta recibirá este lunes al mandatario de Brasil en sus oficinas del Senado.

Cristina Fernández de Kirchner confirmó que el lunes que viene, a hotas de la tarde se reunirá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en las oficinas que ocupa en el Senado nacional.

Según trascendió, en la charla que mantendrán los dos referentes políticos latinoamericanos en las inmediaciones del Congreso de la Nación, se referirán a temas relacionados a la gestión, al “lawfare” y a la proscripción.

La última conversación entre ambas figuras fue hace dos meses, cuando la segunda mandataria se comunicó con Lula para felicitarlo por haber ganado las elecciones. En esa charla, los dos se comprometieron a verse en la primera visita que el jefe de Estado brasilero hiciera a la Argentina.

Vale recordar que, la última vez que Cristina y Lula se encontraron fue a finales de 2021, donde ambos compartieron una cena en la Quinta de Olivos en la que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue el anfitrión.

El ministro de Economía solicitó investigar si existieron operaciones especulativas para concretar un ataque especulativo contra la moneda nacional.

El titular de la cartera económica, Sergio Massa, pidió este sábado investigar acerca de la existencia de maniobras especulativas para la compra de bonos de deuda exteranjera.

Para darle mayor claridad a la operatoria en el mercado y garantizar la trasparencia de las acciones del gobierno, el ministro también pidió que se invite a los bloques parlamentarios de la oposición a auditar el sumario que se espera iniciar el lunes.

Así lo hizo al enviar la solicitud al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, para “abrir las actuaciones pertinentes” que permitan “determinar la posible filtración de información sensible respecto de la decisión del gobierno en la recompra de deuda en moneda extranjera”.

El miércoles, Massa anunció la recompra de bnos de deuda extranjera por más de US$ 1.000 millones a raíz de la “ventana de oportunidad” que representa la caída del riesgo país, y la posibilidad de acceder al mercado de deuda por parte del Estado Nacional y el sector privado.

Pero con posteriridad al anuncio llamó la atención del mercado y del mismo gobierno algunas operatorias no habituales en el mercado de bonos que podrían indicar maniobras irregulares.

Massa, puntualmente, pidió indagar sobre “la existencia de maniobras especulativas en la compra-venta de títulos públicos en mercados regulados por la CNV bajo distintas monedas de liquidación con el objetivo de manipular la plaza y generar un alza en las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos” conocidos como dólar MEP y Contado con Liquidación (CCL).

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda pidió a la CNV la identificación en su caso de los posibles beneficiarios de esas maniobras, incluyendo aquellos que hayan comprado títulos denominados en dólares utilizando pesos y que hayan vendido esos mismos títulos contra moneda extranjera.

Asimismo le solicitó a la CNV se presente ante el Juzgado Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires en la causa caratulada Sanchez Klabermatten Alejandro s/ Averiguación de delito”.

La premisa es ponerse a disposición y aportar la lista de las personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos denominados en dólares con liquidación en moneda local y que realizaron ventas de esos mismos títulos con liquidación en moneda extranjera, en los días previos al anuncio de recompra de deuda.

“Esta intervención otorgará claridad a la cuestión planteada, toda vez que la decisión del gobierno en la recompra fue en protección de aquellos que de modo especulativo pretendieron desvalorizar nuestra moneda nacional y el valor de nuestra deuda soberana”, consideró el ministro.

Asimismo le solicitó a Negri que “concentrado en el principio de publicidad, invite formalmente a los bloques parlamentarios de la oposición para el seguimiento y toma de conocimiento de la investigación en curso”.

La expectativa del Ministerio de Economía es que las actuaciones que se inicien permitan esclarecer si la actividad de mercado estuvo asociada a una filtración de información sensible que permitió a algunos privilegiados hacerse con beneficios extraordinarios.

O, por el contrario, determinar si lo que hubo fue un ataque especulativo contra la moneda nacional que el gobierno desactivó con la medida de recompra de deuda en moneda extranjera.

El ministro de Defensa dijo que la actitud británica es una “falta de respeto al derecho internacional”.

El titular de la cartera de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, reclamó nuevamente la ausencia de Gran Bretaña en la discusión sobre Malvinas y advirtió que “los poderosos no deben usar la fuerza para imponer sus intereses”, al despedir al primero de tres contingentes de Cascos Azules argentinos que parten este año hacia la misión de paz de Naciones Unidas en Chipre.

“La tarea de nuestra fuerza es controlar esa zona de amortiguamiento para evitar accidentes. Esto muestra que creemos en el derecho internacional y la negociación pacífica, para que los británicos se sienten a conversar de una vez por todas sobre (la soberanía de las islas) Malvinas”, expresó el ministro durante la ceremonia.

Y agregó: “No debemos olvidar que tenemos parte de nuestro territorio ocupado. Tenemos una disputa de soberanía pendiente de resolución porque una de las partes se niega a sentarse a conversar, en una muestra de falta de respeto al derecho internacional y a la solución pacífica de las controversias graves”.

De esta manera, Taiana encabezó la ceremonia de despedida en la I Brigada de la Fuerza Aérea de El Palomar, donde además aseguró que “en un mundo donde la guerra es una realidad, los poderosos no deben usar la fuerza para imponer sus intereses y modificar el orden mundial”.

El acto de despedida a los Cascos Azules locales, pertenecientes a las tres Fuerzas Armadas, se realizó en la pista de aterrizaje del aeropuerto de El Palomar.

“Tienen ustedes una tarea específica como Cascos Azules, y al mismo tiempo tienen la tarea de representar a nuestra patria para confirmar que somos un Estado soberano que no se va a someter a los designios de los poderosos”, expresó el ministro ante el personal militar de la comitiva.

Los Cascos Azules son efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de sus respectivos países y trabajan con la Policía de la ONU y sus colaboradores civiles para “promover la estabilidad, la seguridad y los procesos de paz”.

De esta manera, los miembros de la misión partieron a las 10.30 hacia la isla europea en un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea llamado “Islas Malvinas”, matrícula T-99.

Participaron el jefe de Estado Mayor ­Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo; el comandante ­operacional, general de Brigada Jorge Berredo; el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Xavier Isaac; el jefe del Ejército, teniente general Guillermo Parada; y el jefe de la Armada, almirante Julio Guardia.

El Senador por Neuquén del Frente de Todos planteó la necesidadde enfrentar la persecución y proscripción de la vicepresidenta de la Nación.

Al inicio de la entrevista, Parrilli habló acerca de las escuchas ilegales, las cuales “son materia de investigación judicial” solo cuando sirven para acusar “a los peronistas” y sostuvo que el Frente de Todos debe “tomar el bastón de mariscal” para “comenzar a proponer ideas” y así “superar la proscripción con la que el Poder Judicial está sometiendo a Cristina Kirchner”.

Pareciera que las escuchas ilegales son materia de investigación judicial solo cuando son para los peronistas, cuando son para los macristas no se puede abrir ninguna causa judicial por escuchas ilegales”, afirmó el Senador.

El legislador hizo referencia y respaldó las manifestaciones realizadas en un hilo publicado este mediodía por la Vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter, en el que cuestionó a la Justicia por la falta de un criterio común para determinar la validez de ese tipo de prueba.

Más tarde, Parrilli afirmó que “la realidad demuestra cómo cambian las opiniones” de la Justicia y señaló que los mensajes de la Vicepresidenta “demuestran claramente que hay un partido judicial en Argentina”.

Parrilli, además, expresó que: “Todos los que formamos parte del Frente de Todos, en especial los que reivindicamos la gestión y Néstor y de Cristina, debemos comenzar a presentar propuestas y superar esta proscripción a la cual el Poder Judicial está sometiendo a Cristina Kirchner”.

Para finalizar, manifestó que “no estaría mal” que se desarrolle un Congreso del Partido Justicialista (PJ) en febrero, para que ese partido “comience a tener algún protagonismo” y los congresales “puedan dar su opinión acerca de la marcha de la economía” y del Gobierno.

El Presidente afirmó que la reincorporación de la nación vecina a ese bloque regional permitirá avanzar en la integración de los líderes de la región.

Alberto Fernández manifestó su “certeza” de que la reincorporación de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) permitirá avanzar del mejor modo hacia la realidad de la integración regional y confió que el organismo ”pueda profundizar sus vínculos con China” al considerarlos como una cuestión “estratégica”.

De cara a la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la entidad, que se realizará el martes próximo en Buenos Aires, Fernández señaló que ese encuentro servirá para que “nos encontremos los líderes de la región y podamos debatir a ver cómo enfrentamos el futuro”.

En declaraciones a la Televisión Central China (CCTV) el Jefe de Estado reseñó la labor que desarrolla como presidente Pro Témpore del organismo y destacó que hizo “mucho hincapié en la necesidad de mostrar una América Latina unida frente al mundo”, además de llevar “los reclamos regionales” al escenario mundial.

“Planteé la posición latinoamericana en dos reuniones del G20, tanto en Roma como en Indonesia, y fui a la Cumbre de las Américas y planteé ante América del Norte nuestra preocupación por las injusticias que el sistema estaba generando”, dijo.

Sobre el funcionamiento de la entidad, Fernández opinó que “lo lamentable de los últimos años fue que Brasil haya salido del escenario internacional”, como consecuencia de las políticas instrumentadas por el expresidente Jair Bolsonaro.

Pero ahora, con la vuelta a la presidencia del país vecino de Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que tiene “certeza de que vamos a poder llevar adelante del mejor modo la idea de integración regional”.

La decisión se formalizó hace poco más de una semana, cuando el canciller Santiago Cafiero recibió al embajador de Brasil en la Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, quien le entregó la carta formal por la cual Brasil oficializó su retorno a la Celac, tras la decisión de Bolsonaro en enero de 2020, de suspender su participación en el bloque que reúne a 33 naciones de América latina y el Caribe.

A través de su cuenta personal de twitter, la Vicepresidenta apuntó contra la mafia mediática-judicial y cuestionó la reapertura de la causa Memorándum con Irán.

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, elaboró nuevas críticas a la Justicia, en esta oportunidad por las escuchas ilegales para permitir o no la investigación del delito. “La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, escribió.

En otro mensaje del hilo de twitter, Cristina recordó: “En el año 2016 en Comodoro Py los Camaristas de Casación Hornos y Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en ´una escucha ilegal´, metieron preso a Zannini y le prohibieron a Timerman tratarse de un cáncer en EEUU. Después de la legalización de la escucha, Macri -que era presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión”.

“Ahora en 2023, el Juez Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles, que arreglaba fallos de la Corte en chats con D’Alessandro, Mtro. de Seguridad CABA, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en ´una escucha ilegal´”, señaló la Vicepresidenta.

En otro de los mensajes, la ex presidenta puntualizó: “Por si alguien faltaba en este verdadero escándalo, el fiscal que intervino fue… ¡Stornelli! procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ´Operación Puf´, donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate”.

“Stornelli, para salvar al ladero de Rosatti -Robles- cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad”, apuntó, fiel a su estilo.

Par finalizar, Cristina se preguntó: “Hoy, a esta altura, hay que hacerse la pregunta del millón: ¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorandum con Irán?“.

La medida se formalizó este viernes a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Comercio estableció multas de hasta $ 71 millones, a los incumplimientos en que pudieran incurrir los supermercados minoristas y mayoristas que venden los productos participantes del programa Precios Justos.

En concreto, la normativa modifica la Resolución 118/2022 donde se establecían los rangos de multas previstos en los convenios de colaboración entre la Secretaría de Comercio y los municipios de las diversas provincias que contribuyan en las actividades de fiscalización y control de Precios Justos.

La normativa de 1994 en su artículo 47 establecía como sanciones, según el caso, un apercibimiento, el decomiso de las mercaderías objeto de la infracción, la clausura del establecimiento o, en el caso de las multas económicas, sanciones de entre $ 100 y $ 5 millones, teniendo como parámetro el alcanzar el triple del beneficio ilegal obtenido por la infracción.

A través de la Ley de Presupuesto de este año se dispuso un aumento de hasta 4.200% en dichas multas, tomando ahora como parámetro -ajustable a la inflación- la Canasta Básica Total (CBT) para el Hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).

Por tanto, tomando la última canasta publicada de diciembre pasado (de $121.420) , las multas pueden comprender entre los $ 60.710 y los $ 254.982.000.

Tomando este marco, el área conducida por Matías Tombolini, actualizó hoy las multas que pueden resultar pasibles los supermercados ante eventuales incumplimientos.

En el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos, las multas se ubicarán entre los $4.613.960 y los $ 35.697.480, con los montos mínimo y máximo de las multas variando en función del punto de venta, otra novedad de la normativa que anteriormente no los diferenciaba.

En el caso de la primera reincidencia, las multas se podrán incrementar en un 40%, mientras que si se incumple por segunda vez podrán aumentarse hasta un 100%, llegando así hasta los $71.394.840 en el caso de los mayoristas.

En el caso de que ocurra una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos, sin que se encoraran ofertados sus respectivos sustitutos, las multas serán de entre $1.821.300 y $ 14.327.560.

Si existiera una falta en la identificación de la señalética del programa de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes, se aplicarán sanciones de entre $1.427.040 y $ 13.477.620.

Antes las sanciones en este caso rondaban entre los $ 200.000 hasta $ 400.000, por lo que la multa máxima, en el caso de los mayoristas, tendrá un incremento de 3269,41 %.

Asimismo, cuando en el caso de utilizarse la señalética, se dispongan productos que no correspondan, las multas pasarán de un rango de entre $150.000 a $300.000 a ser de entre $1.335.620 y $ 10.684.960, dependiendo el punto de venta.

En el caso de hallarse el “establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio”, las sanciones pasarán de un rango de entre $250.000 a $500.000 a ser de entre $ 2.306.980 y $ 17.727.320.

La resolución de hoy también fija multas para el caso de los productos no alimenticios, diferenciando entre “tiendas” y “supertiendas” de dichos productos, al igual que sus plataformas web, y aplicando el mismo porcentaje de incremento en el caso de reincidencias.

Para las plataformas web y tiendas se aplicarán las mismas sanciones que los puntos “web” y “express” de los alimentos, mientras que para las “supertiendas” serán equivalentes a las de los supermercados.

Se cuenta con los votos para iniciar el proceso legislativo.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el jueves 26 de enero para resolver si abre el proceso de jury a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Presidente Alberto Fernández y gobernadores.

La intención del oficialismo es convocar para el jueves a las 10 a la comisión, que preside la diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos Carolina Gaillard, para analizar los expedientes vinculados al mal desempeño de los integrantes del máximo tribunal.

El oficialismo tiene los votos en la comisión para iniciar el proceso, pero no lograría los dos tercios necesarios para avanzar en el recinto con el dictamen acusatorio.

La iniciativa, presentada por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

La principal bancada opositora adelantó que participará del debate, pero no dará quórum en la comisión, al advertir que se trata de “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia.

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) acompañaron el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que impulsó el Presidente Alberto Fernández junto con gobernadores.

“La arbitraria e ilegal sentencia a favor de la Ciudad Autónoma de ­Buenos Aires (CABA), firmada por los integrantes del máximo tribunal en perjuicio del federalismo y las ­provincias, es una clara muestra del accionar en beneficio del PRO y la alianza Juntos por el Cambio como representantes de los grupos concentrados de poder”, aseguraron en un comunicado.

Esos espacios gremiales, que lideran respectivamente el bancario Sergio Palazzo, el camionero Pablo Moyano, el docente Hugo Yasky y el estatal Hugo Godoy, afirmaron en el texto que a ese fallo “se sumó la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema y la decisión de Horacio Rosatti de colocarse como su presidente y arrogarse funciones legislativas”.

También enfatizaron que la Corte Suprema ya había dado muestras de “su ausencia de idoneidad y mal ­desempeño”, porque en 2017 “pretendió frenar los avances sobre derechos humanos al avalar el beneficio de dos por uno para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que fue evitado por la masiva movilización popular”.

Asimismo, reseñaron que “la Corte actuó regresivamente sobre los derechos laborales, contrariando el principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitó el derecho de huelga, desconoció la relación de dependencia de contratados, cercenó reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, redujo indemnizaciones por accidentes y consideró prescripto el reclamo de crédito laboral por crímenes de lesa humanidad”.

Alberto Fernández viajó hasta La Pampa, donde se puso en marcha un sistema de soldadura automatizada de última generación para cumplir con el proyecto del Gasoducto.

El presidente Alberto Fernández recorrió este jueves las obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en La Pampa, donde se puso en marcha un sistema de soldadura automatizada de última generación que se utiliza por primera vez en la Argentina y permitirá alcanzar los niveles de productividad necesarios para cumplir con el proyecto.

El jefe de Estado puso en valor “la tecnología que empresarios argentinos han traído para desarrollar esta obra” y señaló la importancia de que la misma finalice “a mediados del año que viene, para seguir camino a Santa Fe y desde allí proveer de gas no solo al norte de la Argentina, sino también a Brasil, que está necesitando energía gasífera y se la podremos suministrar”.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, ubicado en la localidad de Doblas, permitirá ampliar en un 25 por ciento la capacidad del sistema de transporte de gas natural argentino desde Vaca Muerta y ahorrar más de 2.900 millones de dólares al año entre sustitución de importación de combustibles y reducción de subsidios.

Con una extensión total de 573 kilómetros, además de aumentar la disponibilidad de gas a precios competitivos, generará 10 mil puestos de trabajo directos y otros 40 mil indirectos, entre la construcción y la mayor producción prevista en Vaca Muerta.

“Esta es una obra central para el futuro de la Argentina”, destacó Fernández y proyectó qué se conseguirá con el nivel de producción que se alcance. “Nos va a garantizar contar con el gas que todo este tiempo tuvimos que importar perdiendo divisas y recursos que podremos utilizar en la producción y el trabajo”, destacó el mandatario, que estuvo acompañado del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

El apoyo de grandes grupos empresarios a los integrantes del máximo tribunal de Justicia estuvo a cargo de un abogado macrista.

Mientras el pedido de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se debate en las comisiones del Congreso Nacional, un grupo de 500 empresarios de grandes grupos económicos y profesionales de importantes estudios jurídicos publicaron un carta reclamando que se frene el Juicio Político a los magistrados.

La misiva estuvo bajo la coordinación de Guillermo Lipera, expresidente del macrista Colegio de Abogados, y tuvo entre sus firmantes a Verónica Andreani (Andreani) Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Nicolas Braun (La Anónima), y Cristiano Rattazzi (FIAT).

El escrito se da poco después de que se conociera que el próximo 26 de enero es la fecha fijada para que inicie el trabajo de la comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard en la Cámara Baja

“Los abajo firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina, nos dirigimos en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, comienza el escrito.

Además, consideran esto fundamental “para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos” (sic).

En otro tramo, el pedido plantea: “Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”.

En ese marco, cuestionan: “¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”

La postura de los representantes de los grupos económicos concentrados e integrantes de la familia judicial es diametralmente opuesta a la de los sindicatos que expresaron su apoyo al avance del juicio Político de la Corte. Tal es el caso del respaldo de la Corriente Federal, el Frente Sindical y las dos CTA.