El partido que conduce Máximo Kirchner emitió un duro comunicado en torno a la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner y decretó el estado de alerta y movilización en todo el país.

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional, emitieron comunicados respaldando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que se diera a conocer la condena en su contra en la Causa Vialidad, donde la condenaron a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El partido que preside Máximo Kirchner se declaró en estado de alerta y movilización frente al avance del “entramado mediático-judicial” sobre dirigentes del peronismo.

“El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires manifiesta su solidaridad con la compañera vicepresidenta y se declara en estado de alerta frente al avance de estos sectores sobre los dirigentes y las dirigentes de nuestro espacio político“, señalan en el comunicado.

Mostraron cómo actuó el Poder Judicial en esta causa y sentenciaron: “Es una condena a cualquier dirigente que no se arrodille ante los intereses que defiende un grupo de privilegiados. Es una condena a todo proyecto político de origen popular y democrático que no se someta a las reglas de los que quieren los que verdaderamente detentan el poder político en la Argentina. Un poder ajeno al control democrático”.

Desde el ámbito nacional, el PJ expresó el “enérgico repudio a la persecución judicial y el intento de proscripción” contra Cristina Fernández de Kirchner y remarcó que “la causa judicial que se inició no respetó las garantías ni el debido proceso y no tuvo otro objetivo que perjudicar su imagen pública y la del peronismo”.

La denuncia exige “la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos”.

El Gobierno nacional denunció a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”, según se informó oficialmente.

“Por instrucción del Presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial que dio a conocer Télam.

Entre otras pruebas, se pide que la Justicia ordene “la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos”.

Dádivas

Hace algunos meses, una investigación periodística de El Destape reveló la constancia de vuelo que mostraba la nómina de los hoy denunciados y, el fin de semana último, el diario Tiempo Argentino develó el contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versión construida de las características de ese viaje.

Según se precisó, en el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas al juez federal Julián Ercolini; al integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola y al titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso, Pablo Cayssials.

A ellos se suma el actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.

Por otra parte, se acusó por el ofrecimiento de dádivas al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador del inmueble en el que se habría desarrollado el encuentro, Nicolás Van Ditmar; al exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, Leonardo Bergroth; y a Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

En la denuncia se busca que se investiguen hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

“Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas”, señala el comunicado difundido por la Presidencia de la Nación.

Ya en territorio patagónico y “según la información que tomó estado público”, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

El escrito plantea que, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Graves delitos

Al mismo tiempo, la denuncia evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

“Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”, se afirma en el cuerpo de la denuncia.

Asimismo, el escrito presentado por el ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “Gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación”.

El lunes último, por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido al Ministerio de Justicia para que “se investigue penalmente” el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) tras compartir un viaje a Lago Escondido.

Al mismo tiempo, solicitó al Congreso que “avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.

También informó que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura pedirá el inicio de un sumario contra los magistrados implicados ante la Comisión de Disciplina del cuerpo.

La Liga de Gobernadores repudió el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner del TOF 2.

La Liga de Gobernadores consideró como “un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia” la condena a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa Vialidad.

Así lo transmitió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en un hilo de Twitter en el que señaló: “Desde la Liga de Gobernadores manifestamos que ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”.

En ese marco, el texto sostiene que “se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la Republica mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales“.

“Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente le adjudicaron actos y funciones de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución, como los actos de administración general y manejo de fondos públicos”, se indicó.

Luego, se expuso que “durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”.

En ese marco, se advirtió que “los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió CFK y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones”.

En el texto posteado por el gobernador bonaerense se subrayó que “todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública”.

“Los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular”, continuó el pronunciamiento.

Así, evaluó que “esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder”.

“La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos”, remarcó.

“El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir”, cerró.

Durante los noventa, el empresario inglés de 85 años compró la estancia que hoy es el centro de atención de la polémica.

Esta semana estalló el escándalo que sacó a la luz un encuentro entre magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia, en la estancia de Lago Escondido, provincia de Río Negro, del magnate inglés Joe Lewis, amigo de Mauricio Macri.

Este magnate británico se lo conoce como la cara visible de un poderoso grupo económico dueño del club Tottenham de la Premier League inglesa, y su fortuna rondaría los $5,3 mil millones.

Además es propietario de parte de Pampa Holding, la empresa energética vinculada al empresario Marcelo Mindlin que opera en Argentina y que tiene entre sus activos a Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país.

Las miradas se dirigieron a Lewis de manera directa entre 2016 y 2019, ya que el margen de ganancias de Edenor aumentó exponencialmente con la política de tarifas del gobierno del entonces presidente Macri.

Durante los noventa, el empresario inglés de 85 años compró la estancia que hoy es el centro de atención de la polémica. Ubicada en Río Negro, el Lewis fue denunciado por adquirir esas hectáreas -alrededor de 12.000- en un valor muy por debajo de los del mercado.

Además se lo investiga por triangulaciones en la operación de adquisición de las tierras, dado que habría eliminado su nombre extranjero para no figure como propietario de esa cantidad de tierras en una zona de frontera.

Los investigados en esta causa por “aceptación de dádivas” son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

La mansión en Lago Escondido y las denuncias de la comunidad

Nadie le conoce la cara más que por imágenes o fotos que circulan por internet. Nadie dentro de los poblados cercanos o de las ciudades lo ha visto, por lo que su presencia es un misterio, como parte del férreo hermetismo que maneja para moverse sin ser detectado.

A la mansión en Lago Escondido sólo pudieron acceder políticos y empresarios, es decir, son los únicos que tuvieron la oportunidad de ingresar a la zona. No así los turistas o visitantes ocasionales, a quienes se les restringe el paso.

Esto ha sido el causante de muchas denuncias, especialmente por el derecho de acceso al lago. La titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) Magdalena Odarda obtuvo fallos favorables por reclamar el libre tránsito en 2009, 2012 y 2013.

Mientras tanto, Lewis nunca los cumplió y hoy, con la retención de unas 20 personas (entre ellas el médico Jorge Rachid) el tema por el incumplimiento de la decisión de la Justicia recobra fuerza.

De hecho, la causa en la que se lo investigaba por la triangulación en la compra de las tierras en 2016 (cuya querellante es Odarda) a pesar de haber prescripto, dejó un fallo vigente que ordena que los rionegrinos pueden acceder al Lago Escondido por las dos vías que ofrece la ruta 40.

A la propiedad del lago se suma un aeropuerto privado (también ubicado en Río Negro)que cuenta con una pista de casi dos mil metros de largo. Se localiza cerca de la costa atlántica de esa provincia, a 30 kilómetros de Sierra Grande. Desde allí se puede llegar a las Islas Malvinas en dos horas de viaje.

La fiscal de la causa avanza en la investigación de aceptación de dádivas del grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia, que se encontraron en Lago Escondido.

La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare pidió a la Justicia que se investigue por el delito de aceptación de dádivas al grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia por el delito de “aceptación de dádivas”, a raíz de un viaje que realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, provincia de Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis (amigo de Mauricio Macri) posee una estancia.

Los investigados en esta causa son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

Los involucrados mantuvieron conversaciones en un grupo de chat, en el cual se coordinaban estrategias para dar versiones falsas sobre los motivos de ese viaje, según se desprende del contenido de los mensajes que intercambiaron y que trascendió en los últimos días en varias informaciones periodísticas.

Etchepare consigna en su pedido de investigación por dádivas que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de octubre pasado viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.

El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia.

“Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”, remarca la funcionaria judicial.

En la presentación, la fiscal afirma además que el avión pertenece a una empresa que posee un nombre de “fantasía”, conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.

“A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, remarca la fiscal.

Los pedidos de prueba de la fiscal

Etchepare indica que “en cuanto a los pasajeros arribados” a Bariloche ese día “no figura en ninguno de los vuelos el ex presidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo“.

Además, la integrante del Ministerio Púbico Fiscal detalla haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) “la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado”.

“Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia ‘Lago Escondido’, puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia”, añade.

Y completa: “En las imágenes, aquél está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados”.

Etchepare comprobó además que los pasajeros fueron abordados directamente en la pista de aterrizaje por dos camionetas del alta gama que los llevó a la estancia, y en función de ellos pide explicaciones a las autoridades aeroportuarias por la supuestamente falta de controles.

Por eso para la fiscal, “si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios”.

Los participantes de ese encuentro “se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”, dice luego el texto.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas ‘al contado’ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, afirma Etchepare.

En ese sentido, considera que los hechos podrían encuadrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública en infracción a los artículos 248, 256, 256 bis, 257, 258 y 291 del Código Penal, y solicita que el denunciante sea aceptado como querellante.

Además, solicita que disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.” a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente”.

En las conversaciones del grupo de chats que integraban los involucrados, Ercolini y Juan Bautista Mahiques afirmaban que Etchepare había aceptado las sugerencias de cerrar la causa sin mayor trámite, una vez que se presentó la denuncia.

Proscripción de Cristina.

El ministro de Economía, Sergio Massa, expresó que se trató de “un fallo insostenible” el que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos públicos en el marco de la causa de Vialidad.

“Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica”, tuiteó Massa horas después de conocerse la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 2. Asimismo, expresó su “solidaridad” para con la ex Presidenta y advirtió que “se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada”.

“Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica… en días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada. Toda mi solidaridad con @CFKArgentina”, escribió en Twitter. Todo el arco político peronista respaldó a Cristina en el intento de un sector de la justicia de proscribirla políticamente, como ocurrió recientemente con Lula en Brasil e históricamente con Juan Perón.

Mafia judicial.

La condena contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sigue generando repercusiones políticas. En este contexto, la Liga de Gobernadores conformada por Axel Kicillof y los mandatarios provinciales del Frente de Todos emitió un comunicado comparando el veredicto de la Causa Vialidad con la proscripción del peronismo tras el golpe de Estado de 1955. “Ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”, aseguraron.

En línea con lo declarado por el Partido Justicialista, la Liga consideró que la “absurda” condena es el resultado de un proceso “atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales”. Todo esto tuvo el objetivo de “inhabilitar políticamente” a la actual vicepresidenta en la puerta de un nuevo año electoral. Horas después del veredicto la propia Cristina anunció que no será candidata “a nada”.

Para los gobernadores oficialistas, “la inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza”. En este sentido, recordaron la prohibición impuesta por la autodenominada Revolución Libertadora de 1955 y el terrorismo de Estado ejercido por la dictadura militar instaurada en 1976. El antiperonismo repite su estrategia: como con Perón, busca sacar de la política a la principal dirigente del momento.

A pesar de todo esto, concluyeron con una línea de optimista. “El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir”, sentenció la Liga de Gobernadores.

El PJ Bonaerense emitió un comunicado respaldando a la vicepresidenta tras la condena en la causa Vialidad. También lo hizo el Partido a nivel nacional.

“El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires manifiesta su solidaridad con la compañera vicepresidenta y se declara en estado de alerta frente al avance de estos sectores sobre los dirigentes y las dirigentes de nuestro espacio político”, destaca en el comunicado difundido esta tarde.

Para el peronismo bonaerense, la condena “no es solamente a Cristina Ferández de Kirchner” sino contra “las políticas que se implementaron entre 2003 y 2015”.

“Es una condena a cualquier dirigente que no se arrodille ante los intereses que defiende un grupo de privilegiados. Es una condena a todo proyecto político de origen popular y democrático que no se someta a las reglas de los que quieren los que verdaderamente detentan el poder político en la Argentina. Un poder ajeno al control democrático”, afirmaron.

Desde el ámbito nacional, el PJ expresó el “enérgico repudio a la persecución judicial y el intento de proscripción” contra CFK y remarcó que “la causa judicial que se inició no respetó las garantías ni el debido proceso y no tuvo otro objetivo que perjudicar su imagen pública y la del peronismo”.

También hubo una convocatoria a “las unidades básicas y sedes partidarias de todo el país a sumarse al estado de alerta y movilización”. “Los peronistas no abandonamos a quien se la juega por su pueblo: todas y todos con Cristina”, remata el comunicado.

Luego de conocerse la condena de la causa vialidad, le vicepresidenta cargó fuertemente contra el TOF 2 y adelantó que no será candidata en 2023.

La vicepresidenta Cristina Kirchner hizo su descargo luego de conocerse el veredicto en la denominada causa Vialidad en el que se la condenó a seis meses de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Cerca del final, adelantó que no será candidata en 2023. “No soy mascota del poder y nunca lo voy a ser”, afirmó.

En un extenso video donde repasó los chats entre jueces, exagentes de inteligencia, empresarios de medios y funcionarios del gobierno porteño, que tenía el objetivo de tapar un vuelo en un charter privado a Lago Escondido pagado por Clarín, Cristina apuntó uno por uno contra los integrantes del viaje y sentenció: “Esta condena tiene su origen en un sistema que yo casi ingenuamente el 2 de diciembre lo llamé lawfare. Es un estado paralelo, una mafia”, disparó.

En ese sentido, la vicepresidenta sostuvo que el Grupo Clarín “nunca pudo sacarle” a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que “al que pudieron sacarle” esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri “ni bien asumió”.

“El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen”, completó la expresidenta.

Más adelante, la dirigente afirmó que no va a ser candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023 y se dirigió en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, expresó: “El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa”.

Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos”, porque “condenan el modelo económico” del peronismo.

“El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos”, afirmó la Vicepresidenta a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

La figura de Asociación Ilícita fue desestimada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

Además, los jueces condenaron a 6 años de prisión a Lázaro Báez por administración fraudulenta en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

En el caso del exsecretario de Obras Públicas José López, la condena del TOF2 fue de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicas por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público.

Por otra parte, el Tribunal absolvió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti del delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.

Finalmente, el TOF 2 decidió absolver a Julio De Vido y a otros acusados, de acuerdo con el artículo 530 del código procesal de la Nación, en la investigación por la administración de la obra pública en Santa Cruz.

Tras las condenas, el juzgado ordenó el decomiso de algo más de 84 mil millones de pesos a los condenados en el juicio por la obra pública denominado “Vialidad”, actualizados al momento en que quede firme el fallo.

La última audiencia

La última audiencia del juicio abrió puntual a las 9.30 luego del ingreso a la sala de los tres jueces, custodiados por policías asignados a la seguridad de Comodoro Py y sin formular declaraciones a la prensa.

El único que se manifestó al llegar al edificio en el ingreso habilitado por la calle Letonia fue el juez Gorini, quien consultado por radio Mitre solo ponderó que “el juicio se hizo y llegó a su fin”.

Villafañe, un expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, quedó último en el cronograma para las palabras finales y le tocó hablar en el cierre del debate, algo que hizo a través de Zoom durante 40 minutos.

El exfuncionario, ahora jubilado, reclamó su absolución y negó haber cometido delitos al afirmar que “si hubiese tenido conocimiento de que esto que estábamos haciendo tenía algún viso de que fuese ilícito hubiese sido el primero en actuar inmediatamente para que no sucediera”.