La protesta será el lunes próximo donde se le pedirá al Gobierno de la Ciudad un sistema de promoción y protección integral para los chicos.

La comunidad educativa de la escuela 11 República de Haití del barrio porteño 21-24 de Barracas, convocó a una caravana de protesta el próximo lunes, con apoyo de organizaciones sindicales y legisladores, para exigir que “se fortalezca de manera urgente el sistema de promoción y protección integral” de niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, tras la muerte de una niña de 11 años.

“La comunidad educativa de la villa 21-24 Zabaleta encabezará una concentración el lunes a las 5 de la tarde en la puerta de la escuela y haremos una caravana educativa hasta la jefatura de Gobierno para exigir por las infancias y las niñeces dignas”, anunció Ailen Galante, docente de la escuela 11, en el distrito cinco, en diálogo con la radio AM 530.

Galante sostuvo que la comunidad educativa “está reclamando por un abordaje global de las infancias, porque la ausencia del Estado -en el caso de esta niña- es desde hace seis años y hay otros que fueron muchos más”.

Sobre el fallecimiento de la alumna el lunes pasado en el Hospital Penna, remarcó que las y los docentes “no estamos diciendo que la causa de muerte de la niña fue la desnutrición, porque no tenemos los resultados de la autopsia y el caso está judicializado”.

“Estamos muy dolides, con mucha bronca, y hoy nos tenemos que enfrentar a ser la cara visible de un Estado y tenemos que decirle nosotres a les niñes que nos falta una compañera suya”, aseguró Galante.

Sobre el pedido que había sido hecho al Gobierno porteño para obtener un incremento calórico en las viandas de la niña fallecida, la docentes recordó que se trata “de un trámite burocrático que lleva mucho tiempo y muchos pasos”.

“Para obtener un suplemento hipercalórico hay que dar cuenta que les niñes tienen desnutrición, el peso, la talla y conseguir un certificado médico, que se renueve todos los años, para que se fijen si te lo dan o no y llegue a la escuela un suplemento que no le hace la diferencia a nadie”, apuntó. Luego, aclaró que el suplemento calórico en el barrio 21-24 “se trata de un queso y dulce que mide unos 5 x 7 centímetros, que no te puede hacer la diferencia, como un suplemento vitamínico y de proteínas”.

Además, indicó que en la escuela 11 se entregaba un sándwich de jamón y queso con una fruta, en reemplazo de los bolsones de comida, y que la merienda y el desayuno “cuenta con media copa de leche con un paquete de tres galletitas“.

La persona aseguró que fue “presionado” por el Ministerio Público para perjudicar a un exabogado de esa organización política de Jujuy.

El nuevo juicio contra Milagro Sala, a quien se la acusa de planificar el supuesto robo de un expediente en 2007, tuvo una sorpresa este viernes: el primer testigo de la fiscalía declaró ante el tribunal oral que la semana pasada fue presionado en nombre del jefe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, funcionario leal al gobernador Gerardo Morales, para que “declare bien” en el caso.

Se trata de José Luis Ruiz, quien hoy vive en situación de indigencia. Aclaró que “declarar bien” significaba, según el mensaje que recibió, comprometer por lo menos a uno de los acusados, Alberto Bellido, que por entonces era abogado de la Tupac Amaru. De acuerdo a su declaración, a cambio le ofrecieron devolverle el trabajo, de donde lo echaron a hace algo más de tres años, y le darían los sueldos no percibidos todo este tiempo.

“No soy un corrupto, estuve 39 años en la justicia, nadie me va a hacer decir lo que no es”, declaró Ruiz ante el Tribunal Oral 3 de Jujuy, según publicó Página/12.

Por otro lado, denunció otro apriete: la policía lo viene siguiendo en los últimos tiempos y que incluso lo pararon en la calle, algo inusual.

El testimonio generó gran revuelo en la sala de audiencias. Ruiz dijo que el día que figura la desaparición del expediente, el 17 de diciembre de 2007, al mediodía, no recordaba haber visto a Bellido cerca de ese horario en tribunales.

El caso había sido cerrado en 2012 por prescripción con sobreseimientos para todos los imputados, pero en 2017 apareció en tribunales, recién salido de la cárcel debido a una causa por un secuestro extorsivo, un hombre llamado Alejandro Pilo Mansilla, exintegrante de la Tupac. Fue a declarar ante el fiscal Diego Cussel que él sabía del robo del expediente, que presenció su quema y que la orden la había dado Milagro Sala. Pese a esta aparente confesión, nunca fue imputado, pero logró la resurrección de la causa.

Se trata de la segunda vez que protagoniza un intento de suicidio desde el asesinato de su hijo en manos de la Policía de la Ciudad .

Cintia López fue internada nuevamente tras protagonizar otro intento de suicidio a nueve meses de perder a su hijo, Lucas González, quien fue asesinado por la Policía de la Ciudad que comanda Horacio Rodríguez Larreta luego de salir de un entrenamiento de fútbol en el barrio porteño de Barracas.

La situación salió a la luz tras la publicación en redes sociales del abogado de la familia, Gregorio Dalbón, quien ya en otras oportunidades también informó sobre episodios similares que atravesó la mujer.

“Lamento comunicar que hoy a 9 meses del asesinato de Lucas González, Cintia la mamá ha vuelto a intentar quitarse la vida. Motivo por el cual la volvieron a internar”, expresó Dalbón.

La mamá de Lucas González se encuentra en tratamiento por su vulnerable estado de salud mental, tras el crimen de su hijo. El último episodio que salió a la luz públicamente fue en febrero, cuando se cortó las muñecas y debió que ser internada de urgencia.

Los principales involucrados en el hecho, el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva, se encuentran detenidos y su causa se elevó a juicio oral, junto a la de otros doce implicados de la misma fuerza que fueron acusados de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

Por último, detuvieron a Teresa María Luján Scorza, una Policía que se desempeñaba en la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comuna 4, que fue acusada de “encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el ilícito precedente especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada al tratarse de un funcionario público que actuara con abuso de sus funciones y por haber cometido torturas”. 

Además, los mandatarios nucleados en esta Liga de Gobernadores vuelven a exponer sus planteos sobre la distribución de los recursos coparticipables y la disputa legal que se encuentra en la Corte.

La Liga de Gobernadores peronistas vuelve a reunirse este viernes al mediodía en la ciudad de La Plata para analizar las primeras medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, y cómo impactan en el presupuesto destinado a las provincias, las obras en ejecución y en el esquema de subsidios a la energía y el transporte.

La agenda de trabajo de tercer encuentro del espacio prevé la discusión de la reconversión de planes sociales en un cónclave que fue convocado a mediodía en la Casa de Gobierno provincial.

Los mandatarios nucleados en esta Liga de Gobernadores vuelven a exponer sus planteos sobre la distribución de los recursos coparticipables y la disputa legal que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.

Es que la ciudad de Buenos Aires reclama fondos que eran girados por el Gobierno macrista para el pago de la Policía porteña y que luego fueron reasignados por el Gobierno de Alberto Fernández.

El primer encuentro de la Liga fue en Chaco, y el segundo estaba previsto en Bariloche pero cambió de lugar sobre la hora. En aquella oportunidad, a fin del mes pasado, el encuentro pasó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la ciudad de Buenos Aires, y ese mismo día los mandatarios fueron a un verse con Alberto Fernández en la Casa de Gobierno.

Al día siguiente, Sergio Massa fue anunciado como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Silvina Batakis.

Se trata de Darío Nieto, quien había pedido que se declare la nulidad respecto del secuestro y la extracción de información de su teléfono celular en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa del legislador porteño y exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que había pedido que se declare la nulidad respecto del secuestro y la extracción de información de su teléfono celular en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Juntos por el Cambio (JxC).

La decisión fue adoptada por la sala IV del máximo tribunal penal, que declaró “inadmisible” el planteo tras considerar en “los argumentos de la parte se observa una mera disconformidad con la solución adoptada” por los jueces de la causa, según surge del fallo al que accedió Télam.

El planteo formulado por la defensa de Nieto, a cargo del abogado Gervasio Caviglione Fraga, cuestionaba la cadena de custodia del celular del otrora secretario privado de Macri y aseguraba que el teléfono fue manipulado cuando ya no estaba en manos de su defendido.

El teléfono celular de Nieto fue secuestrado el 25 de junio del 2020 y al día siguiente fue derivado desde la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional hacia la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina para efectuar una copia forense de la información que contenía.

El 29 de junio de 2020, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, encomendó a Gendarmería Nacional una nueva extracción “física” de ese mismo celular.

La defensa de Nieto había remarcado que entre las dos extracciones de información se detectó una diferencia que consistió en la apertura de una ventana de diálogo de la aplicación whatsapp entre los usuarios Darío Nieto y Silvia Majdalani, que se encontraba vacía.

Cuando el planteo de Nieto fue rechazado por Villena y luego por la Cámara Federal de La Plata se indicó que la defensa no había logrado demostrar el agravio y se señaló, además, que de los estudios comparativos de la información surgida en el expediente podía evidenciarse que no existió alteración alguna.

En el fallo de este jueves, los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo sostuvieron que “los planteos concretos en los que la defensa sustenta el recurso interpuesto se basan en una discrepancia con la realidad que arrojan las circunstancias antes evaluadas y que fueron fundadamente valoradas por el a quo”.

“En efecto, en los argumentos de la parte se observa una mera disconformidad con la solución adoptada por el a quo, careciendo sus planteos de aptitud suficiente para habilitar esta instancia revisora toda vez que la ausencia de un auténtico caso de naturaleza federal impide someter la decisión recurrida a la Cámara Federal de Casación Penal”, agregaron.

“La defensa no ha logrado demostrar en su presentación recursiva de qué modo se han visto vulneradas las prescripciones establecidas en nuestra norma fundamental, limitándose a relatar su propia versión de los hechos sin evaluar fehacientemente de qué forma el modo en el que fueron realizados los procedimientos cuestionados importó un perjuicio concreto al encausado”, concluyeron.

En la causa por supuesto espionaje ilegal Nieto fue beneficiado con la falta de mérito toda vez que no surgieron del expediente elementos que permitieran atribuirle responsabilidad en los hechos investigados.

Así lo informó el ministro Massa en el cierre del encuentro del Consejo de las Américas que se desarrolla en Buenos Aires.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este jueves que “sin estabilidad macroecómica no hay paz social pero sin paz social no hay estabilidad macroeconómica” y agregó que “las tensiones se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado y los privados a la hora de invertir”.

Así lo expresó al disertar en el cierre del encuentro del Consejo de las Américas que se desarrolla en Buenos Aires, donde consideró que la estabilidad macroeconómica “es un trabajo conjunto entre el Estado, los gobernantes, pero también con los actores económicos y sociales de la Argentina”.

En este contexto, sostuvo que “las tensiones (sociales) se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado y los privados a la hora de invertir”.

En su alocución, Massa destacó los niveles de consumo y producción del país, y adelantó que el índice de desempleo bajó a 6,7%, al tiempo que remarcó el objetivo de lograr el orden fiscal y sostener el superávit comercial en lo que resta del año.

“En las próximas horas se conocerá una baja del desempleo al 6,7%, en línea con los números en distintas regiones y provincias, que muestran un crecimiento del 5% con números inesperados en materia de empleo formal”, remarcó Massa.

Asimismo, resaltó que hay “niveles de consumo en algunas regiones del país y de producción, y aumento de capacidad instalada que llegan a niveles que hace dos años, en medio de la pandemia, no imaginábamos”.

Para Massa, los principales objetivos del programa económico consisten en alcanzar el “orden fiscal, con un Estado ordenado cumpliendo sus metas” y “construir superávit comercial”.

De todas maneras, el ministro admitió que aún están en deuda en todo lo relativo a los niveles de ingresos y pobreza: “El ingreso cayó más de 23 puntos en los últimos seis años, por lo tanto tenemos que trabajar para mejorarlo, como así también políticas más fuertes en la lucha contra la pobreza y la indigencia”.

Destacó además que “encaminamos el trabajo y diálogo con el sector agroindustrial” y que “ayer y hoy las cerealeras empezaron a suscribir operaciones vía nodo para adelantar todo lo que es prefinanciación de exportaciones”.

“Estamos además buscando un acuerdo de trabajo técnico con los técnicos de la Mesa de Enlace para avanzar en un mecanismo más rápido de liquidación, que nos permita a nosotros como Estado nación aprovechar al máximo la potencia y la generación de riqueza que tiene el sector agroindustrial argentino que es fabuloso”, concluyó.

El mandatario recibió en Casa Rosada a los ex presidentes que se encuentran en el país para participar en el encuentro de la Celac, que se desarrolló en el CCK.

El presidente Alberto Fernández se reunió con los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Uruguay, José “Pepe” Mujica; de Guatemala, Vinicio Cerezo, y de Colombia, Ernesto Samper.

El encuentro se desarrolló en el despacho presidencial de Casa Rosada, y Fernández estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, y el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne; informaron fuentes oficiales.

El Presidente mantuvo un encuentro con los exmandatarios, que están de visita en el país en el marco del Seminario Internacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Banco de Desarrollo de América Latina (CELAC-CAF) “Unidad en la Diversidad”, en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

En un formato de tres paneles, se debatirá en torno a las oportunidades y desafíos de la integración de América Latina y el Caribe y el impacto del actual escenario global en el modelo de desarrollo de la región, informaron desde la Cancillería argentina, a cargo de la coordinación del evento.

“Desnudemos a aquellos que usaron la competitividad cambiaria que puso el gobierno para enriquecerse de manera inadecuada”, manifestó el ministro de Economía en el Consejo de las Américas.

Durante su discurso en el Consejo de las Américas, el ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió a los que aprovecharon el tipo de cambio para beneficiarse y sobre las cautelares presentadas para liberar importaciones, lo que Cristina Kirchner señaló como un “festival de importaciones”.

Ante políticos, empresarios y diplomáticos, el ministro apuntó contra los especuladores y los empresarios que se beneficiaron con un el tipo de cambio: “Vamos a tener un mecanismo de dureza con aquellos que quisieron hacer la típica avivada de ver cómo le afanaban reservas al Banco Central”.

Pongo otro ejemplo, una cautelar un juez planteando la urgencia de liberar 20 millones de dólares en toallas. ¿Cuál es la urgencia para la Argentina para que un juez saque un medida cautelar para liberar 20 millones de dólares en toallas?”, se preguntó.

Siguiendo esta línea, Sergio Massa se refirió al caso de las máquinas tragamonedas, y manifestó: “¿Argentina necesita tragamonedas o necesitan máquinas que aumenten la capacidad instalada de nuestras empresas para poder seguir creciendo desarrollándose?”, y comentó: “Todas estas situaciones vamos a denunciarlas por lavado de dinero en los Estados Unidos”.

“El empresario que lo hace siente que tiene la impunidad de que lo apoya la justicia argentina. Y a lo mejor le duele más perder la visa que tiene para ir a vacacionar a Miami. Vamos a usar ese instrumento para defender las reservas argentinas”, remarcó.

Yasky se sumó al reclamo de otros sindicalistas.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, insistió en el pedido para que el Gobierno otorgue un aumento salarial por decreto y señaló que “para empezar a hablar, 30 mil pesos debería ser el piso de la suma fija“.

“Estamos en un momento donde no se puede seguir postergando una decisión que signifique recomponer el ingreso y los salarios”, sostuvo el también diputado nacional del Frente de Todos. Después de la marcha de ayer, el sindicalismo renovó el reclamo al gobierno para que tome medidas para los trabajadores.

En declaraciones radiales, el referente sindical planteó que la Casa Rosada debe avanzar en “un aumento por decreto para todos los trabajadores del país a través de una suma fija que después sea absorbida y discutida en la paritaria, que signifique recomponer de manera automática y en un solo día los salarios de los que menos tienen”.

“Es imprescindible esta medida de emergencia» ante una inflación sin freno que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores”, añadió.

Nuevo operativo de la DGI y la AFIP.

Inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautaron casi 7.000 toneladas de granos no declarados que se encontraban almacenados en silobolsas dentro de un feedlot. Fue el resultado de un operativo de fiscalización y control realizado este miercoles en la localidad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires.

Durante el operativo, personal dependiente de la Dirección Regional La Plata de la DGI interdictaron 5.486 toneladas de maíz partido, 1.216 toneladas de soja y 174,70 toneladas de trigo. Dichos granos son utilizados para el consumo animal, previo procesamiento de los mismos, para los animales que se encuentran en el feedlot donde se actuó. Un animal en este tipo de establecimientos come un promedio de 12 kilos diarios de alimento. Es decir con estos ratios, se podrían alimentar 1.000 cabezas por un período aproximado de 19 meses, reseñaron diferentes medios.

Los granos incautados totalizan 6.876,70 toneladas y equivalen a la carga de 230 (doscientos treinta) camiones, tomando en consideración una carga de 30 toneladas por camión, es decir, un total de casi 5 kilómetros colocando uno tras otro.

La causal de las interdicciones quedó configurada al comprobarse que los granos que se encontraban en los silo bolsas mencionados anteriormente no cuentan con el debido respaldo documental.