En pleno debate por la polémica Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el conflicto en la empresa Lustramax dejó de ser un caso puntual para convertirse en una pieza funcional del discurso oficialista de flexibilización.

La crisis declarada por la compañía, los despidos y la escalada del enfrentamiento gremial son presentados como ejemplo paradigmático de los “excesos sindicales” que, según el Gobierno y sus aliados, justificarían una flexibilización de los derechos laborales.

La empresa, dedicada a la distribución de papelería y productos de limpieza y ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tras despedir al menos a 15 trabajadores, entre ellos delegados y activistas gremiales. Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de los despedidos, resolución que la compañía se negó a acatar.

La negativa empresarial derivó en protestas, asambleas permanentes y medidas de fuerza que incluyeron cortes en la Autopista Panamericana. Sin embargo, el foco del debate público rápidamente se desplazó del incumplimiento patronal hacia la criminalización de la protesta sindical, un corrimiento que fue amplificado por funcionarios, legisladores oficialistas y medios afines al Gobierno nacional.

El dueño de Lustramax, Ezequiel Sosa, sostuvo públicamente que la empresa se encuentra “al borde del cierre” y denunció amenazas, extorsiones y una supuesta “toma política” de la planta. “Estamos en un proceso de crisis y necesitamos reestructurarnos para que 200 personas no se queden sin trabajo”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que insistió en que no permitirá el ingreso de los delegados despedidos por razones de “seguridad”.

Desde el sector gremial y la izquierda, en cambio, rechazan la existencia de una crisis real y denuncian una maniobra de persecución sindical. La diputada Myriam Bregman advirtió que la empresa se encuentra en la ilegalidad al desconocer una resolución del Ministerio de Trabajo y sostuvo que el conflicto está siendo deliberadamente escalado para habilitar un escenario de desalojo y disciplinamiento. “Se busca construir un clima de violencia para responsabilizar a los trabajadores y desviar la atención del incumplimiento patronal”, señaló.

El caso tomó aún mayor visibilidad tras la intervención pública de la senadora libertaria Florencia Arietto, quien acusó a un grupo de trabajadores “aparateados por la izquierda” de bloquear la planta y violar la conciliación obligatoria. En sus redes sociales, la legisladora vinculó directamente (aunque sin pruebas) el conflicto con los cortes en Panamericana y alertó sobre la posible pérdida de 200 puestos de trabajo, reforzando el relato que presenta a la protesta sindical como una amenaza al empleo y a la “libertad de trabajar”.

Este encuadre no es casual. Para los delegados y organizaciones que acompañan la protesta, Lustramax funciona como un caso testigo utilizado por el oficialismo para instalar la idea de que los derechos laborales vigentes impiden la actividad empresarial y ponen en riesgo la continuidad de las empresas. En ese sentido, el conflicto es leído como parte de una estrategia más amplia para legitimar una Reforma Laboral que busca debilitar la organización sindical, limitar el derecho a huelga y flexibilizar las condiciones de despido.

Mientras la empresa insiste en judicializar el conflicto y obtuvo una orden de desalojo, los trabajadores mantienen el estado de asamblea permanente y denuncian una ofensiva política y mediática que intenta convertir un reclamo laboral concreto en una demostración pública de por qué, según el Gobierno, “hay que cambiar las reglas del trabajo”.

Así, lo que comenzó como un conflicto por despidos y condiciones laborales en una fábrica del conurbano bonaerense terminó transformándose en un símbolo funcional al relato oficial: un chivo expiatorio que busca justificar, en nombre del orden y la productividad, una reforma que redefine el equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo.

Un apagón eléctrico de gran magnitud afecta a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), e impactó en el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, por lo que podrían registrarse faltantes o baja presión en el servicio.

Un apagón eléctrico de gran magnitud que afectó a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) impactó en el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, por lo que podrían registrarse faltantes o baja presión en el servicio, informó este jueves la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la compañía explicó que el corte de energía, ajeno a la empresa, afectó a varias instalaciones clave que dependen del suministro eléctrico para operar con normalidad. Se trata de plantas y sistemas de bombeo que demandan una gran cantidad de energía para garantizar el abastecimiento de agua potable.

AySA aclaró que, aun cuando el servicio eléctrico sea restablecido, la normalización del suministro de agua no es inmediata, ya que los sistemas de bombeo deben atravesar un proceso de arranque secuencial. Por ese motivo, la recuperación del servicio y la presurización de la red se dará de manera gradual a lo largo de la jornada.

Como consecuencia del apagón, la empresa advirtió que podría haber baja presión y/o falta de agua en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de los partidos de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Ante la masividad del corte eléctrico y las altas temperaturas, AySA solicitó a los usuarios extremar los cuidados y hacer un uso responsable del agua potable, priorizando su consumo para actividades esenciales.

La periodista relató un episodio ocurrido en un cumpleaños privado en el que el expresidente habría manoseado a la esposa de un conocido. “Está sacado, no lo podemos parar”, habrían reconocido desde su propio entorno.

El expresidente Mauricio Macri quedó envuelto en un nuevo escándalo tras un fuerte relato realizado por la periodista Nancy Pazos, quien contó al aire un episodio ocurrido el pasado 5 de noviembre durante el cumpleaños de Osvaldo Bruco, dueño de un reconocido restaurante porteño.

Según narró Pazos, el hecho ocurrió cuando Macri, acompañado por Juliana Awada, compartía una charla informal con otra pareja invitada al evento. Al momento de pasar a las mesas, el exmandatario “se hizo el caballero”, dejó avanzar a las mujeres y, en ese contexto, manoseó a una de ellas. “Le metió la mano en el culo. No te estoy jodiendo”, aseguró la periodista.

Siempre de acuerdo al relato, la mujer sintió el contacto en la zona baja de la espalda de manera claramente insinuante. La situación generó un momento de enorme incomodidad y tensión, especialmente cuando la víctima se lo contó a su esposo, quien debió ser contenido para evitar un enfrentamiento en medio del cumpleaños.

Pazos agregó que el marido, completamente alterado, buscó a un amigo cercano de Macri para consultarle qué hacer ante lo ocurrido. La respuesta fue demoledora: “Está sacado; no lo podemos contener”, le habrían dicho desde el propio entorno del expresidente.

El episodio, relatado públicamente por una periodista con nombre y apellido, vuelve a exponer a Mauricio Macri en un contexto de conductas denunciadas como abusivas y genera un fuerte repudio político y social. Hasta el momento, el expresidente no realizó declaraciones públicas sobre el hecho.

El Indec reveló ayer el dato de inflación de diciembre 2025, que se ubicó en 2,8%, con un incremento interanual de 31,8%. Por su parte, la carne aumentó un 71% interanual, es decir, más del doble que la acumulada en todo el año pasado. Ese golpe durísimo al bolsillo de los argentinos repercute en que la carne dejó de ser un alimento cotidiano de las familias en el país.

Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en los últimos dos años el consumo per cápita de carne bovina en Argentina cayó de manera significativa y se ubicó en niveles históricamente bajos comparado con años previos (alrededor de 42-48 kg/año). Pese a que en 2025 hubo una leve recuperación respecto a 2024, el consumo siguió por debajo de los valores de 2023.

El gobierno de Javier Milei decidió sacar las retenciones a la carne y de ese modo beneficiar a otros países que compran carne argentina. En cambio, para los argentinos la situación es al revés: la carne está cada vez más cara y ya dejó de ser el alimento típico del plato argentino.

La temporada de verano 2026 avanza con números dispares en la Provincia de Buenos Aires. Tras las fiestas y el cierre de la primera quincena de enero, los principales destinos registran niveles de ocupación considerados aceptables, aunque lejos de una temporada expansiva. El rasgo dominante es la reducción de las estadías y un consumo más medido por parte de los visitantes, con picos concentrados entre viernes y domingo.

“La foto que vemos es bastante clara: no estamos ante una temporada de permanencias largas, sino de escapadas, con mucha decisión de último momento y una fuerte concentración de turistas entre viernes y domingo”, explicó Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), al presentar el relevamiento sectorial. El diagnóstico se repite tanto en destinos de costa como del interior bonaerense.

En ciudades como Tandil, la ocupación mostró contrastes según el tipo de alojamiento. Las cabañas alcanzaron promedios elevados, impulsadas por el turismo de naturaleza y los viajes familiares, mientras que los hoteles operaron con mayor rotación y estadías breves. “El turista prioriza experiencias concretas, viene menos días y cuida mucho el gasto. Incluso con buena ocupación en algunos segmentos, la rentabilidad es moderada”, señaló Genaro García, titular del área Turismo de FEBA.

En la costa atlántica, Monte Hermoso reflejó con claridad la dinámica de la temporada: fines de semana completos y semanas más tranquilas, con niveles que bajan entre lunes y jueves. En el corredor geselino, diciembre resultó flojo, aunque enero mostró una recuperación parcial, con Mar de las Pampas y Villa Gesell sosteniendo ocupaciones medias gracias a políticas de precios contenidas y ajustes muy por debajo de la inflación.

Mar del Plata, con una ocupación cercana al 65%, volvió a concentrar el mayor volumen de visitantes de la provincia. Sin embargo, el patrón de cautela en el gasto también se hizo sentir. “Hay presencia y movimiento, pero no hay derroche”, resumieron desde el sector. El balance de la primera parte del verano deja en evidencia una temporada marcada por la austeridad y el ajuste del bolsillo, un reflejo directo del impacto del rumbo económico nacional sobre el turismo interno, reseñó Política Argentina.

Las desvinculaciones fueron comunicadas de manera abrupta, sin previo aviso y a través de reuniones por Zoom, y según denunciaron los propios empleados, los puestos eliminados serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

A días del inicio de 2026, Mercado Libre ejecutó un despido masivo que alcanzó a 119 trabajadores del área tecnológica en América Latina, de los cuales 32 se desempeñaban en Argentina. Las desvinculaciones fueron comunicadas de manera abrupta, sin previo aviso y a través de reuniones por Zoom, y según denunciaron los propios empleados, los puestos eliminados serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

La medida fue adoptada por la empresa fundada por Marcos Galperín, empresario que se identifica públicamente con las ideas libertarias del presidente Javier Milei, y comenzó a trascender en redes sociales pocos días después del cierre de 2025. Frente a la repercusión pública, el medio El Destape se contactó con voceros de la compañía, quienes confirmaron los despidos.

Desde Mercado Libre intentaron presentar la decisión como una acción “puntual”, enmarcada en una supuesta “transformación” organizacional. En un comunicado oficial, la empresa señaló que se encuentra “evolucionando la organización de los equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido”, y precisó que “como parte de este proceso, 32 personas dejaron la compañía en Argentina”. También aclaró que la medida, según su versión, “no modifica la estrategia de crecimiento en el país ni en la región”.

No obstante, el relato de los trabajadores despedidos contradice el discurso empresarial. De acuerdo con testimonios recogidos, los empleados fueron convocados a reuniones virtuales sin información previa y, al conectarse, se encontraron con decenas de compañeros en la misma situación. En esos encuentros —realizados incluso en dos idiomas por la participación de personal de Brasil— se les comunicó la desvinculación inmediata, el pago de la indemnización y la obligación de entregar las computadoras y cerrar el vínculo laboral en el acto.

Una trabajadora consultada señaló que este tipo de recortes viene avanzando desde hace tiempo en áreas como Atención al Cliente y Experiencia de Usuario, donde la empresa estaría reduciendo personal humano para avanzar en procesos de automatización.

Según indicaron los propios empleados, Mercado Libre se encuentra probando bots y agentes de inteligencia artificial para asumir tareas que hasta ahora eran realizadas por trabajadores especializados. El caso vuelve a encender el debate sobre el impacto de la IA en el empleo, especialmente en el sector tecnológico, y pone en cuestión el rol de las grandes corporaciones en un contexto regional atravesado por el ajuste, la recesión y la pérdida de puestos de trabajo.

El volumen proyectado implica un consumo mensual que rondaría los $50 millones solo en medialunas, a valores actuales de mercado.

Mientras el Gobierno profundiza un severo ajuste que golpea a jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales, la Casa Rosada prevé destinar más de $1,7 millones por día a la compra de panes, medialunas y otros productos de panadería para el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo.

El gasto surge de una licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia que, según informó el medio Realpolitik, contempla un contrato inicial de seis meses con opción de prórroga. De concretarse en su totalidad, el desembolso superaría los $311 millones, una cifra que contrasta con los recortes aplicados en áreas sensibles y con la caída generalizada del consumo en los hogares.

De acuerdo al pliego licitatorio, se adquirirán miles de unidades de pan miñón, pan árabe, panes para hamburguesas y medialunas —tanto de manteca como de grasa— en volúmenes que implican un gasto mensual cercano a los $50 millones solo en medialunas, a precios actuales de mercado.

La magnitud del gasto genera cuestionamientos en un contexto económico atravesado por el deterioro del poder adquisitivo y la retracción del consumo básico. Datos oficiales y mediciones privadas coinciden en señalar una disminución en la compra de alimentos, menos concurrencia a supermercados y un aumento de la morosidad en créditos y tarjetas, signos de un ajuste que impacta con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos.

El contraste entre el discurso oficial de austeridad y la decisión de garantizar un costoso servicio de panadería en la sede del Gobierno nacional vuelve a poner en discusión las prioridades del gasto público, en un escenario donde millones de personas enfrentan dificultades crecientes para cubrir necesidades básicas.

El presidente designó al primo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como nuevo Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), profundizando la lógica de convertir los activos estratégicos del Estado en un negocio familiar de la casta que dice combatir.

Tras la renuncia de Alfonso Peña, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2024, el Gobierno nombró a Diego Luis Adúriz como máxima autoridad ejecutiva de Yacyretá. Adúriz, hasta la semana pasada consejero del organismo, es primo de Toto Caputo y sobrino del empresario Nicolás “Nicki” Caputo, histórico beneficiario del poder político y socio recurrente del Estado argentino.

La designación quedó formalizada mediante el decreto 15/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Junto con Peña, también presentó su renuncia el consejero José Antonio López.

Adúriz ya formaba parte del entramado económico del Gobierno: había sido designado como representante de CAMMESA y se desempeñó como asesor del Ministerio de Economía durante 2024. Desde febrero del año pasado integraba el Consejo de la Central Hidroeléctrica y ahora asumirá la conducción de la represa binacional por un período que se extenderá hasta enero de 2031.

La actual composición del organismo fue definida directamente por Milei, quien designó a los representantes argentinos Ana Clara Almirón, Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea, estos últimos aún en funciones.

Además, el Ejecutivo completó el organigrama local de Yacyretá con el nombramiento de Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como consejero hasta el 31 de agosto de este año, en reemplazo del licenciado López.

Mientras el discurso oficial insiste en la lucha contra “la casta”, la conducción de una de las principales represas hidroeléctricas del país queda en manos del círculo íntimo del poder económico, confirmando que, lejos de achicarse, el Estado se reparte entre familiares y socios del Gobierno.

Milei construyó el relato del 17.000% de inflación y del 95% de pobres para describir una herencia catastrófica, pero la admisión oficial de una inflación del 211,4% expone que aquella cifra no se sostiene en ningún registro estadístico reconocido.

El vocero presidencial Manuel Adorni publicó este martes un mensaje en redes sociales en el que celebró que “la inflación del 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años”, y recordó que, al asumir el actual gobierno, “la inflación del 2023 había sido del 211,4%”. Con esos números, Adorni cerró su mensaje autoatribuyéndose un supuesto logro de gestión: “esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

Sin embargo, en el mismo movimiento, Adorni terminó desarmando el relato que tanto Milei como su equipo repitieron desde la campaña electoral y durante buena parte de su gestión. En múltiples apariciones públicas, el Presidente aseguró que recibía de Alberto Fernández una economía con una inflación anual de 17.000%. Por ejemplo, en un discurso y entrevistas de 2024 dijo categóricamente: “En seis meses redujimos la inflación del 17.000 al 50% anual”, frase que fue reproducida varias veces en medios pese a no estar sustentada en datos estadísticos oficiales.

Incluso en declaraciones más técnicas, Milei insistió con el mismo número: “Cuando vos tomás lo que dio mayorista, que fue 54%, lo anualizás y te da 17.000%” — un intento de justificar con un cálculo poco convencional una cifra apocalíptica que nunca se materializó en los datos del INDEC. Además, en el ámbito de la campaña y eventos partidarios vinculados a La Libertad Avanza, aseguró que “dejaron plantada una inflación del 17.000%, que iba a dejar 95% de pobres”, asociando ese número a una herencia catastrófica del gobierno anterior.

En el mismo tono, esta contradicción no es un detalle menor ni un ajuste técnico de cifras: si la inflación real del último año de Alberto Fernández fue del 211,4% y no del 17.000%, entonces las cifras ultraexageradas que Milei decidió llevar en discursos oficiales, entrevistas y presentaciones públicas no se sostienen con ninguna estadística reconocida. La repetición constante de este número funcionó como relato político para justificar recortes, ajustes y la narrativa del desastre, pero hoy queda expuesto como una construcción retórica que el propio vocero del presidente no pudo sostener cuando fue a dar los datos oficiales.

Finalmente, mientras el gobierno celebra porcentajes más moderados y se aplaude a sí mismo, queda claro que el relato presidencial estuvo montado sobre cifras que no correspondían a la realidad y que, en muchos casos, eran deliberadamente alarmistas. Que el propio vocero tenga que publicar los datos oficiales y dejar de lado la versión presidencial desnuda no solo un error técnico, sino un engaño político que se usó para condicionar decisiones económicas profundas y dolorosas para la mayoría de los argentinos.

Llevarán al presidente ante la Justicia federal tras sus declaraciones sobre la autodeterminación de los kelpers. Advierten que el Gobierno nacional incurre en una grave vulneración de la Constitución y consolida una posición funcional a los intereses británicos.

El Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) denunciará al presidente Javier Milei ante la Justicia Federal por sus reiteradas declaraciones sobre la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas, a las que calificaron como un aval explícito al colonialismo británico y una claudicación del reclamo histórico argentino.

La presentación judicial se realizará luego de que el jefe de Estado ignorara una carta documento enviada el 2 de enero, en la que se le exigía una retractación pública por sus dichos. El escrito, firmado por el presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, intimaba a Milei a corregir afirmaciones que, según los veteranos, contradicen de forma directa la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La controversia se originó en una entrevista concedida por Milei al diario británico The Telegraph, publicada el 29 de diciembre de 2025, donde sostuvo que Malvinas “debería regresar a la Argentina solo a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Para los excombatientes, esa definición implica reconocer el principio de autodeterminación de una población implantada por la potencia ocupante.

El planteo no fue aislado. El 2 de abril de 2025, durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente profundizó esa línea al afirmar que “el voto más importante es el que se hace con los pies” y expresar su deseo de que los kelpers “algún día voten con los pies a la Argentina”. Incluso sostuvo que el objetivo del país debía ser volverse tan atractivo que los habitantes de las islas prefirieran ser argentinos.

Las organizaciones de veteranos consideran que esas expresiones configuran una renuncia política al reclamo soberano y una adopción abierta del lenguaje colonial británico. Señalan que la Constitución Nacional es taxativa al ratificar la soberanía “legítima e imprescriptible” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y al establecer su recuperación como un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino.

El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante legal del CECIM, confirmó que la denuncia será presentada en los próximos días ante la Justicia Federal de Comodoro Py. La intención es solicitar la habilitación de la feria judicial y, de no prosperar, avanzar con la presentación en febrero, una vez reanudada la actividad judicial. “Le dimos un plazo prudencial para que se retracte y no lo hizo”, afirmó.

No es la primera vez que las declaraciones de Milei generan reacciones judiciales. En abril del año pasado, tras su primer pronunciamiento favorable al principio de autodeterminación, la Confederación de Combatientes de Malvinas denunció al presidente por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria. Aquella causa no avanzó.

Para los excombatientes, sin embargo, el problema persiste y se agrava. Advierten que el Gobierno de Milei no solo guarda silencio ante los reclamos, sino que consolida una política exterior que debilita la posición argentina y rompe con décadas de consenso democrático en torno a Malvinas, transformando una causa nacional en una concesión ideológica.