La petrolera estatal YPF cerró el trimestre con una facturación de USD 4.643 millones, pero registró una pérdida de USD 198 millones y un flujo de caja negativo de USD 759 millones, datos que contrastaron con el relato oficial de una gestión exitosa encabezada por Horacio Marín. ¿El gobierno de Javier Milei empeora los números de la petrolera para forzar su privatización?
De acuerdo a diferentes medios, en los tres trimestres publicados de 2025, la compañía acumuló pérdidas por USD 150 millones y un flujo de caja libre negativo de USD 2.081 millones.
El dato más sensible fue el salto de la deuda: pasó de USD 6.800 millones en diciembre de 2024 a USD 9.595 millones hacia el cierre de 2025. Fuentes internas estimaron que, con el último trimestre aún pendiente, el pasivo podría rozar los USD 11.000 millones.
El deterioro financiero avanzó en paralelo a una política de venta de activos. YPF vendió el 50% de Profertil por USD 635 millones a Adecoagro, una empresa vinculada a Daniel González, figura clave del área energética. La operación incluyó una compañía con un Ebitda anual cercano a USD 235 millones y fuerte peso estratégico en el mercado de fertilizantes. “Se fumó Profertil para aguantar un año malo de precios y dejó hipotecado un activo estratégico”, ironizó un directivo de la petrolera.
La industria metalúrgica sigue siendo uno de los sectores más castigados por el desplome de la actividad económica. El sector tuvo otra fuerte caída en diciembre para cerrar 2025 con los peores indicadores desde la pandemia.
La actividad metalúrgica tuvo en diciembre una caída del 7,1 por ciento respecto al mismo mes del año 2024, de acuerdo al informe que elabora la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En comparación con noviembre, la baja fue de 1,3 por ciento.
El 2025 cerró con una caída del 0,9 por ciento, un número que es muy malo si se tiene en cuenta que la metalúrgica venía con un desplome de 12,1 por ciento en 2024. Es decir que ni amague de un efecto rebote. Solo en la pandemia de COVID tuvo registro similares.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aprovechó el masivo desembarco de autos chinos para reforzar su postura a favor de la apertura importadora y lanzó duras críticas contra la industria automotriz nacional, a la que comparó con tecnología “prehistórica”.
El arribo del primer buque de la automotriz china BYD a la Argentina no sólo marcó un hito comercial, sino que volvió a encender la polémica política e industrial. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aprovechó el desembarco para reforzar su postura a favor de la apertura importadora y lanzó duras críticas contra la industria automotriz nacional la que atraviesa un difícil momento con suspensiones y caída de producción, a la que comparó con tecnología “prehistórica”.
A través de su cuenta personal en X, el funcionario celebró la llegada de vehículos chinos y sostuvo que, frente a ellos, los autos producidos en el país “lucen como los de Pedro Picapiedras”. “Si pudiéramos ir a China veríamos que los autos son todos eléctricos y con dispositivos de seguridad que hacen a los nuestros parecer de la Edad de Piedra”, escribió, al tiempo que alentó explícitamente una mayor importación: “Deberíamos celebrar la llegada de estos autos. De hecho, pedir más”.
Sturzenegger enmarcó su defensa en argumentos vinculados a la seguridad vial, la tecnología y los costos. Señaló que los autos eléctricos chinos no sólo incorporan sistemas avanzados de asistencia a la conducción, sino que además resultan más económicos de mantener. “Si nos interesa la vida de los miles de argentinos que mueren en las rutas todos los años, deberíamos festejar esta llegada”, afirmó, y destacó que el cupo de importación fue “sobredemandado tres veces”.
El buque Ro-Ro de la empresa china BYD descargó casi 7,000 vehículos eléctricos e híbridos en el puerto de Zárate.
Las declaraciones del ministro se produjeron en respuesta a las críticas del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien advirtió que el ingreso masivo de vehículos chinos implica una pérdida de divisas y una amenaza directa al empleo local. Para Sturzenegger, sin embargo, esos cuestionamientos responden a una mirada “anti comercio” y desligada del interés de los consumidores argentinos. “Quizás quienes critican deberían empezar por querer un poco más a los argentinos”, remató.
La postura del funcionario profundizó el debate sobre el impacto de la apertura comercial frente a economías fuertemente subsidiadas, como la china, y reavivó las tensiones con sectores políticos y productivos que denuncian prácticas de dumping y advierten sobre la destrucción de la industria nacional. Mientras Sturzenegger celebra la electrificación importada como sinónimo de progreso, desde distintos espacios cuestionan que esa visión avance en detrimento de la producción local, la inversión y el trabajo argentino.
Moreno cruzó a Sturzenegger por los autos chinos y advirtió sobre la destrucción de la industria nacional
Uno de los cruces más duros llegó de la mano de Guillermo Moreno, quien acusó al funcionario de ignorar el funcionamiento real del comercio internacional y de avalar un proceso de destrucción del trabajo argentino.
A través de un mensaje publicado en la red social X y un video explicativo, el dirigente peronista calificó como “técnicamente incorrectos” los argumentos de Sturzenegger y sostuvo que los precios de los vehículos chinos, en especial los eléctricos, están fuertemente subsidiados por el Estado chino. “El precio de los autos chinos está subsidiado. Está técnicamente mal lo que decís”, escribió Moreno, en respaldo a las advertencias formuladas previamente por el diputado Miguel Ángel Pichetto.
El precio de los autos chinos está subsidiado. Está técnicamente mal lo que decís, @fedesturze.
Moreno explicó que, cuando se analizan los costos reales, los valores actuales de los autos chinos no guardan relación con sus costos de producción. “Cuando los fuimos a estudiar, la diferencia de precios era del 10 o 12 por ciento, algo que se resolvía con logística. Hoy los precios responden a una estrategia de depredación de mercados”, afirmó, y advirtió que ese mecanismo termina expulsando a la industria local del mercado.
En ese sentido, cuestionó la apertura comercial sin condiciones frente a una potencia que no compite con reglas de mercado. “Así se destruyen industrias”, señaló, y remarcó que la preocupación no se limita al sector automotriz, sino que atraviesa a todo el entramado productivo nacional.
Moreno también apuntó contra el enfoque ideológico del oficialismo y sostuvo que va a contramano de lo que ocurre en el mundo. “El comercio internacional se administra para preservar el trabajo de la propia población. Ningún país serio deja que le destruyan su industria”, afirmó, y vinculó la actual política económica con experiencias pasadas que, según dijo, terminaron en desindustrialización y pérdida de empleo.
Finalmente, dejó un mensaje directo al ministro: “La realidad es infinitamente superior a la teoría. Te aconsejo que revises la teoría y salgas a caminar la calle. Fuiste a estudiar a Estados Unidos, pero no trajiste lo que hacen, sino sólo lo que dicen”, concluyó, en un nuevo capítulo del debate sobre apertura comercial, industria y soberanía económica.
Su paso por la conducción de Nucleoeléctrica Argentina quedó marcado por denuncias internas, contratos bajo sospecha, despidos en áreas técnicas clave y un creciente cuestionamiento político y financiero a la gestión.
El ambicioso “Plan Nuclear” que Demián Reidel prometió como eje estratégico para reposicionar a la Argentina en el mapa energético mundial terminó envuelto en un escándalo de proporciones. Su paso por la conducción de Nucleoeléctrica Argentina quedó marcado por denuncias internas, contratos bajo sospecha, despidos en áreas técnicas clave y un creciente cuestionamiento político y financiero a la gestión.
La controversia estalló en plena avanzada del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional, cuando una licitación clave dejó al descubierto presuntas irregularidades graves. Un gerente de Atucha I–II presentó una denuncia formal ante el Comité de Integridad de la empresa en la que detalló maniobras que derivaron en un aumento del 140% en el contrato del servicio de limpieza: de 4.400 millones de pesos a 10.700 millones por 24 meses. La operación debió ser suspendida tras la repercusión interna del caso.
Según la denuncia, desde una gerencia ocupada por funcionarios de máxima confianza de Reidel se impartió una orden directa al área de compras para “justificar con urgencia la diferencia” de precios. El señalamiento más grave recayó sobre el gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, acusado de presionar de manera directa a personal de menor rango para avalar el monto cuestionado. El texto habla de un accionar intimidatorio y de un clima de disciplinamiento interno.
Los intentos por respaldar la contratación recurrieron a valores de referencia de la Sindicatura General de la Nación, pero técnicos de la propia empresa advirtieron que el monto superaba en casi un 60% esos parámetros. A esto se sumó la desconfianza generada por la designación de un ex gerente de Nucleoeléctrica como síndico, lo que puso en duda la independencia del organismo de control.
El escándalo por los sobreprecios no fue un hecho aislado. La licitación coincidió con una reestructuración interna que incluyó despidos en áreas técnicas estratégicas. Dentro de la empresa crecieron las sospechas de que esos desplazamientos buscaban remover obstáculos a contrataciones direccionadas. Varias fuentes señalaron que algunos de los despedidos se habían negado a convalidar procedimientos irregulares o a incumplir normas internas.
A ese cuadro se sumaron otros contratos polémicos, como el de la migración del sistema SAP, cuyo presupuesto inicial de 600 mil dólares terminó escalando hasta los 7 millones. También se registraron fuertes críticas por el incremento de gastos en viajes, representación y el uso de tarjetas corporativas para pasajes en primera clase, además de reclamos de proveedores por pagos demorados.
Mientras el escándalo crecía puertas adentro, el perfil público de Reidel agravó la situación. En una exposición ante inversores afirmó que “Argentina es un gran país, el problema es que está poblada por argentinos”, una frase que generó rechazo y reforzó las críticas sobre su rol al frente de una empresa estratégica del Estado.
Desde el ámbito financiero también aparecieron cuestionamientos. Analistas recordaron la conocida máxima atribuida a Warren Buffett —“nunca pierdas plata”— y señalaron que ese principio no parece haberse reflejado ni en los antecedentes privados de Reidel ni en su gestión actual en Nucleoeléctrica.
El escándalo por los sobreprecios en Atucha dejó a Reidel en la cuerda floja. En el propio gobierno trascendió que el directorio de la empresa evaluó forzar su salida, aunque el funcionario logró sostenerse gracias a respaldos políticos de peso. Sin embargo, la crisis expuso con crudeza el contraste entre los anuncios grandilocuentes del “Plan Nuclear” y una realidad atravesada por proyectos paralizados, como el CAREM, el congelamiento de Atucha III (donde se reconocen presiones directas de los Estados Unidos) y promesas de inversiones internacionales que nunca se concretaron.
Lejos de consolidar una política nuclear sólida, la gestión de Reidel terminó bajo una lupa cada vez más intensa. El “Plan Nuclear” que prometía modernización y liderazgo tecnológico quedó asociado a denuncias de corrupción, contratos inflados y un escándalo que golpea de lleno la credibilidad de Nucleoeléctrica y del proceso de privatización impulsado por el Gobierno.
Aunque el índice al por mayor cerró 2025 en su nivel anual más bajo en ocho años, el rebote de diciembre y la aceleración sostenida de los últimos meses dejaron en evidencia límites crecientes del programa económico y pusieron en duda la solidez del proceso desinflacionario.
La inflación mayorista terminó 2025 con un aumento acumulado de 26,2%, un registro que el Gobierno presentó como un éxito, pero que quedó rápidamente relativizado por la dinámica de cierre del año. En diciembre, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) trepó 2,4%, marcando una aceleración que rompió la tendencia previa y volvió a encender alertas sobre el comportamiento de los costos en la economía real.
El dato, difundido por el INDEC, mostró que la desaceleración anual convivió con un cambio de ritmo en el último tramo del año, impulsado principalmente por los productos de origen nacional. Mientras los bienes importados subieron 1,7% en diciembre, los nacionales avanzaron 2,4%, con fuerte incidencia de combustibles, alimentos y productos agropecuarios, rubros sensibles tanto para la producción como para el consumo.
La suba mensual estuvo traccionada por los productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, petróleo crudo y gas, vehículos y bienes del agro, sectores atravesados por aumentos de costos, ajustes tarifarios y una estructura de precios cada vez más presionada por la recesión y la pérdida de escala productiva. El encarecimiento también se reflejó en los índices que excluyen impuestos y en el precio básico del productor, lo que sugiere que la presión no se limita a factores fiscales sino a problemas más profundos del esquema económico.
En la comparación anual, los aumentos volvieron a exhibir un mapa desigual. Tabaco, combustibles, bienes agropecuarios y la industria automotriz encabezaron las subas, mientras que otros sectores mostraron variaciones muy por debajo del promedio. Lejos de una corrección armónica, el proceso dejó distorsiones persistentes entre actividades, con impactos directos sobre cadenas productivas clave.
Pese a este cuadro, desde el Ministerio de Economía insistieron en atribuir el resultado anual al “ordenamiento macroeconómico”, el ajuste fiscal y la desregulación. Sin embargo, los números de fin de año pusieron en cuestión esa lectura optimista: tanto la inflación mayorista como la minorista mostraron un sendero ascendente sostenido desde mitad de año, con diciembre consolidando el regreso a niveles cercanos al 3%.
El Índice de Precios al Consumidor cerró diciembre en 2,8% y acumuló 31,5% en 2025. Transporte y vivienda lideraron los aumentos del último mes, en un contexto de tarifas en alza y salarios que no lograron recomponerse al mismo ritmo. La trayectoria mensual dejó en evidencia que el piso inflacionario alcanzado en mayo fue transitorio y que, desde entonces, los precios retomaron una tendencia ascendente casi sin interrupciones.
Así, mientras el Gobierno celebra mínimos estadísticos en la comparación anual, los datos recientes muestran una economía que no logra estabilizar sus precios y un proceso desinflacionario frágil, sostenido más por la recesión y la licuación de ingresos que por una reducción estructural de las presiones inflacionarias. El cierre de 2025 dejó, más que un logro consolidado, una señal de advertencia difícil de disimular.
El presidente de Estados Unidos publicó en redes sociales imágenes que lo muestran reclamando la isla ártica como parte del territorio estadounidense, en medio de un fuerte rechazo de aliados europeos y crecientes tensiones en la escena internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump volvió a escalar la controversia internacional con publicaciones en su red social Truth Social en las que aparece, con bandera en mano, “anexando” Groenlandia —territorio semiautónomo bajo soberanía danesa— y presentando un mapa que sugiere la inclusión de Groenlandia, Canadá y Venezuela dentro de una versión ampliada de Estados Unidos. Las imágenes, creadas con inteligencia artificial, fueron difusas como ilustraciones de su visión expansionista y provocaron críticas tanto en Europa como en foros diplomáticos internacionales.
Trump acompañó las publicaciones con mensajes que insisten en que Groenlandia es “imprescindible para la seguridad nacional y mundial” y aseguró haber discutido el tema con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de viajar al Foro Económico Mundial de Davos. Estas acciones se producen en medio de un contexto de tensión creciente entre Washington y la Unión Europea, con Bruselas considerando respuestas comerciales y arancelarias a las amenazas estadounidenses.
La difusión de estas imágenes expandidas —donde la bandera estadounidense cubre amplios territorios soberanos de aliados y vecinos— fue interpretada por críticos como una reafirmación de una política exterior agresiva y neoimperialista. Asimismo, líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaron como un error las advertencias de Trump y reforzaron su llamado al respeto de la integridad territorial de Groenlandia.
La polémica se da en el marco de otras acciones de Trump en los últimos meses, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su insistencia en reclamos estratégicos en el Ártico, que han tensionado las relaciones transatlánticas y sembrado dudas sobre el futuro del orden internacional basado en normas.
El mecanismo, impulsado por el Gobierno Nacional, tiene como objetivo explícito eliminar de manera definitiva los subsidios estatales y avanzar hacia una llamada “tarifa técnica”, cuyo costo ya recae casi por completo sobre los usuarios.
Febrero de 2026 traerá un nuevo incremento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del esquema de actualización automática que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional del 1%. El mecanismo, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo explícito eliminar de manera definitiva los subsidios estatales y avanzar hacia una llamada “tarifa técnica”, cuyo costo ya recae casi por completo sobre los usuarios.
La medida impactará de forma directa en millones de personas que utilizan a diario colectivos, trenes y subtes, en un contexto social marcado por la pérdida de poder adquisitivo y salarios que continúan corriendo por detrás de la inflación.
Desde marzo de 2025, el sistema tarifario del transporte funciona bajo un régimen de aumentos automáticos mensuales atados al IPC del INDEC. Si bien el argumento oficial apunta a evitar el atraso tarifario frente a los costos operativos de las empresas, en la práctica este esquema se traduce en subas consecutivas que no dan respiro al bolsillo.
Brecha tarifaria entre Ciudad y Provincia
Uno de los rasgos más notorios del nuevo cuadro tarifario es la creciente fragmentación de precios según la jurisdicción, una brecha que se profundizó tras la transferencia de competencias y subsidios a los gobiernos locales durante 2025.
Con una inflación de diciembre del 2,8%, los aumentos de febrero se aplicarán de manera desigual. En la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas se ajustarán en línea con el IPC, mientras que en el conurbano bonaerense los colectivos registrarán una suba del 4,8%, producto de la fórmula que suma a la inflación un adicional porcentual.
Colectivos: cuánto costará viajar
En las líneas de jurisdicción porteña, el boleto mínimo (0 a 3 km) pasará a costar $637,58, mientras que los trayectos más largos alcanzarán los $817,67.
En la Provincia de Buenos Aires, el impacto es aún mayor: el viaje mínimo subirá a $721,08 y los recorridos de más de 27 kilómetros llegarán a $988,63 por tramo.
Las líneas nacionales que conectan la Ciudad con el Gran Buenos Aires mantienen, por ahora, valores más bajos gracias a los subsidios nacionales remanentes, con tarifas que oscilan entre $494,83 y $678,42.
Trenes y subtes: aumentos y penalizaciones
El sistema ferroviario conservará una estructura tarifaria segmentada, con valores que irán de $280 a $450 según el recorrido. Sin embargo, el subte porteño concentrará uno de los aumentos más fuertes.
El boleto plano pasará de $1.260 a $1.336 para quienes tengan la tarjeta SUBE nominalizada. Para los usuarios que no hayan registrado su tarjeta, el aumento es claramente punitivo: el pasaje ascenderá a $2.124,24. En el caso del Premetro, la tarifa con SUBE registrada será de $467,60.
Un ajuste permanente que redefine la movilidad
A diferencia de años anteriores, cuando los incrementos eran esporádicos y discrecionales, 2026 consolida un esquema de subas previsibles pero constantes. Aunque el Gobierno destaca que el adicional sobre la inflación se redujo del 2% al 1% respecto de 2025, el mecanismo garantiza que las tarifas del transporte nunca queden por detrás de los precios.
Especialistas en consumo advierten que esta dinámica genera una inercia inflacionaria difícil de revertir. Mientras el objetivo fiscal de reducir subsidios se cumple, la carga económica se traslada casi por completo a los usuarios, obligando a reconfigurar hábitos de movilidad en una metrópolis donde trasladarse se vuelve, mes a mes, un lujo cada vez más caro.
El secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Javier Milei, Darío Genua, fue desmentido por exfuncionarios y por el propio expresidente Alberto Fernández luego de asegurar que el acuerdo para que Argentina integre un nanosatélite a la misión ARTEMIS II de la NASA se concretó en 2025.
Documentación oficial prueba que el entendimiento científico y diplomático fue cerrado en 2023, durante la gestión del Frente de Todos.
El exministro de Ciencia y Tecnología y actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, acusó a Genua de “mentir” y de “colgarse de un logro que no le pertenece”. A través de sus redes sociales, difundió un documento oficial de la NASA que confirma que el acuerdo entre la agencia estadounidense y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue firmado antes de la asunción de Milei.
“El acuerdo es de 2023, no de 2025 como afirma Genua”, señaló Salvarezza, y remarcó que se trató de un proceso de cooperación internacional iniciado y consolidado durante el gobierno anterior.
Argentina tiene capacidades en CyT, pero para competir debe aumentar la inversión. La ley 27.614, que Milei quiere derogar, buscaba llegar al 2032 con una inversión del 1% del PBI. Milei invierte menos del 0.25%. https://t.co/6F1qvtN3Kc
A las críticas se sumó el expresidente Alberto Fernández, quien también aclaró públicamente que el convenio con la NASA fue cerrado en 2023 como parte de una política de Estado destinada a fortalecer el desarrollo científico nacional y la inserción internacional de la Argentina en proyectos estratégicos de alta complejidad tecnológica.
Un funcionario sin logros propios, colgado de un sistema sometido a la motosierra libertaria
El eje de los cuestionamientos apunta a que el secretario de Ciencia libertario intentó presentar como un logro de la gestión Milei la participación argentina en la misión tripulada que orbitará la Luna, pese a que el actual gobierno aplica el ajuste más profundo de las últimas décadas sobre el sistema científico.
“Argentina tiene capacidades en ciencia y tecnología, pero para competir necesita aumentar la inversión”, sostuvo Salvarezza, quien denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27.614), aprobada por el Congreso en 2021 y virtualmente desactivada tras la llegada de Milei al poder. La norma establecía alcanzar en 2032 una inversión del 1% del PBI, mientras que el actual gobierno destina menos del 0,25%, con una inversión real que hoy ronda el 0,17%, la más baja de los últimos 50 años.
Argentina se sumo oficialmente al programa Artemis en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, consolidando una larga trayectoria de cooperación con la NASA.
Las críticas apuntaron directamente a Genua, cuya gestión está marcada por despidos masivos, cierre de programas de investigación, cancelación de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y la paralización de proyectos estratégicos como los reactores nucleares CAREM y RA-10, además de planes satelitales como el desmantelamiento de CEATSA (empresa clave donde se testean los satélites antes de su lanzamiento) y el desfinanciamiento de proyectos satelitales como SAOCOM, SARE y SABIA-Mar. También se denunció el avance para vender tierras del INTA y el cierre de programas clave del INTI, entre otros retrocesos.
Según datos del sector, la inversión en organismos científicos y centros del CONICET cayó un 44,5%, mientras que los salarios de investigadores e investigadoras se desplomaron un 38,5%.
El Gobierno celebra un logro de un sistema que está desmantelando
Pese a este contexto, el Ejecutivo difundió un comunicado celebrando como propio el hito tecnológico de la integración del microsatélite ATENEA a la misión ARTEMIS II, un proyecto desarrollado por la CONAE junto a organismos y universidades nacionales.
¿Qué es ATENEA?
ATENEA es un CubeSat de clase 12U, diseñado y construido en la Argentina, que será lanzado como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, el vehículo de lanzamiento más potente desarrollado hasta la fecha por esa agencia.
El microsatélite ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para su lanzamiento. Durante la primera etapa de la misión, ATENEA será liberado a una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, estableciendo un récord para un satélite argentino.
El objetivo principal de ATENEA es validar tecnologías críticas destinadas a futuras misiones espaciales, incrementando el nivel de madurez tecnológica de subsistemas desarrollados en el país.
A lo largo de su misión, el satélite permitirá medir dosis de radiación en órbitas profundas, evaluar el desempeño de componentes comerciales en el ambiente espacial, recopilar datos de posicionamiento GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validar enlaces de comunicación de largo alcance, fundamentales para la exploración del espacio profundo.
Rol clave de las Universidades Públicas
En el desarrollo de ATENEA participaron la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), VENG S.A. (Vehículo Espacial Nueva Generación), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
La selección de ATENEA para esta misión de la NASA constituye un reconocimiento al alto nivel de las capacidades técnicas y operativas de la Argentina en el ámbito espacial. La participación en vuelos con tripulación humana requiere estándares particularmente elevados de confiabilidad, seguridad y validación tecnológica, y refuerza la inserción del país en programas internacionales de exploración lunar.
Lo llamativo, remarcan desde el sector científico, es que mientras el gobierno desfinancia y paraliza el sistema que hizo posible este desarrollo, el secretario Genua intenta capitalizar políticamente un proyecto que nació, creció y fue acordado internacionalmente antes de la llegada de Milei, y que hoy sobrevive pese al ajuste libertario.
Investigadores de Conicet presentaron un mapa interactivo donde puede verse la foto de la extranjerización de la tierra en Argentina. De acuerdo con el estudio, más de 13 millones de hectáreas -casi el 5% del territorio nacional, una superficie similar a Inglaterra- pertenecen a firmas o Estados extranjeros.
Según la Ley de Tierras, sancionada por Cristina en 2011, derogada por decreto por Milei en 2024 y actualmente judicializada, se fija que las personas o empresas extranjera no pueden poseer más del 15% del total de tierras ruales por provincia o departamento.
Por provincia, esa reglamentación no se viola en ninguna – la mayoría está en torno al promedio nacional – aunque hay varias que están cerca del límite: Misiones, Salta, San Juan, Mendoza.
Sin embargo, la cuestión cambia cuando se analizan departamentos: según el mapa, 36 distritos exceden lo establecido por la ley. La mayoría de los casos no se encuentran en la Patagonia, como suele creerse. En algunos departamentos, la situación es crítica: Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta). En ellos, la extranjerización supera el 50%.
Según los investigadores de Conicet Julieta Caggiano y Matías Oberlin “el patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos”.
Mientras que el empleo formal y las jubilaciones perdieron frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijos -AUH- y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Javier Milei. Como suele pasar con los gobiernos de derecha, la crisis económica que generan obliga a implementar las partidas en políticas que supuestamente detestan, como los planes sociales.
A diciembre de 2025, la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. Más de seis millones de planes. Todo un récord libertario que habla de la crisis de empleo que hay en Argentina por las políticas de ajuste de Casa Rosada.
Esos planes sociales son los que explican que no haya habido estallido social hasta ahora mientras el salario de empleados públicos y privado cayó entre el 10 y el 30%. El 70% de las familias argentinas no llega a fin de mes y sobrevive gracias al ahorro (generados en gobiernos de otro signo político).
