Pese a la desmentida de Donald Trump, medios estadounidenses afirmaron horas antes que Estados Unidos se prepara para atacar bases militares venezolanas y que la agresión podría ocurrir en cualquier momento.

Medios estadounidenses afirmaron horas antes que Estados Unidos se prepara para atacar bases militares venezolanas y que la agresión podría ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, el presidente Donald Trump negó este viernes (31.10.2025) haber tomado la decisión de atacar Venezuela, después de que The Wall Street Journal y el Miami Herald publicaran reportes sobre una posible ofensiva.

—“No”—, respondió Trump a bordo del Air Force One cuando un periodista le preguntó si contemplaba ataques de ese tipo.

Mientras tanto, los movimientos militares de Washington en el Caribe no cesan. Estados Unidos ha desplegado ocho buques de guerra, aviones de combate furtivos F-35 en Puerto Rico y un grupo de ataque con portaaviones que se dirige a la región. Esta acumulación de fuerza militar —que la Casa Blanca insiste en vincular con operaciones contra el narcotráfico— ha encendido las alarmas sobre una posible escalada bélica en el área.

Una guerra bajo el pretexto del narcotráfico

Desde principios de septiembre, Washington ha lanzado una serie de ataques contra supuestas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Estas operaciones han dejado al menos 62 muertos y la destrucción de 14 barcos y un semisumergible.

Aunque la administración Trump sostiene que las pequeñas embarcaciones representan una amenaza a la seguridad nacional, expertos y organizaciones de derechos humanos califican las acciones como ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando las víctimas son presuntos traficantes.

Demostraciones de fuerza y recrudecimiento de tensiones

Además del despliegue naval, Washington ha realizado múltiples vuelos de bombarderos B-52 y B-1B cerca de la costa venezolana. La más reciente demostración de fuerza ocurrió el lunes pasado (27.10.2025), reforzando la percepción de que la región se encuentra al borde de un conflicto abierto.

Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de “fabricar una guerra” y de conspirar para derrocarlo. En medio del creciente despliegue militar y los intercambios de acusaciones, los tambores de guerra resuenan con fuerza en el Caribe, donde la línea entre la disuasión y la confrontación parece cada vez más delgada.

Desde el PRO interpretaron que Macri fue “ninguneado” por un Milei que no sólo no ofreció ministerios, sino que ni siquiera dejó abierta la puerta a cargos secundarios.

La esperada reunión entre Mauricio Macri y Javier Milei terminó en un choque de egos y sin ningún avance político. Durante una cena que se extendió por una hora y media en la Quinta de Olivos, el expresidente se encontró con un Milei exultante tras su triunfo electoral, que le repitió que hizo “todo bien” y que por eso lo habían “premiado” los argentinos y Donald Trump. Macri se fue con las manos vacías.

El encuentro había sido pautado en un contexto completamente distinto: cuando el oficialismo temía una derrota o un empate con el peronismo y enfrentaba una corrida contra el peso. Pero los diez puntos de ventaja obtenidos por La Libertad Avanza cambiaron los planes. En el entorno presidencial decidieron que ya no había motivos para entregar espacios de poder al PRO.

Macri percibió el desdén. En medio de la cena, las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán interrumpieron el diálogo y acapararon la atención de Milei. “No hay nada que contar”, deslizó con fastidio el exmandatario al salir del encuentro. Desde el PRO interpretaron que fue “ninguneado” por un Milei que no sólo no ofreció ministerios, sino que ni siquiera dejó abierta la puerta a cargos secundarios.

En la conversación, Macri intentó bajar el tono triunfalista del Presidente. Le advirtió que no desperdicie “la oportunidad histórica” que atraviesa la Argentina y le pidió no “tirar los penales afuera”. Pero sus advertencias cayeron en saco roto.

La designación de Manuel Adorni en lugar de Francos como jefe de Gabinete encendió aún más el malestar. “Poner a Adorni en lugar de Francos es como si nosotros hubiéramos puesto a Fer de Andreis en lugar de Marcos Peña”, ironizó un dirigente macrista, convencido de que el Gobierno no busca mejorar la gestión, como Macri venía reclamando.

Molesto, el líder del PRO publicó un mensaje en redes sociales donde lamentó la salida de Francos, a quien definió como “un hombre de equilibrio y sensatez”. “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, escribió.

El expresidente también marcó su desacuerdo con el rumbo político del Gobierno: “No logramos ponernos de acuerdo. Lamento esta situación porque el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse”.

Pero su advertencia más directa llegó desde el Congreso: “Tenemos 20 diputados, nos van a necesitar”, deslizó un legislador macrista. La frase refleja la tensión latente: con apenas poco más de 80 bancas propias, La Libertad Avanza dependerá de acuerdos para aprobar leyes clave como el Presupuesto o las reformas económicas.

En el PRO aseguran que la paciencia de Macri tiene límites. Ya en el pasado hizo sentir su enojo en el Congreso, cuando ordenó votar contra decretos del Ejecutivo tras sentirse desplazado por Milei. Esta vez, el mensaje es claro: sin diálogo ni respeto político, Milei podría enfrentar más de un revés parlamentario.

La CGT realizó una reunión ampliada en la sede de la Uocra, donde los principales referentes sindicales coincidieron en la necesidad de sostener la unidad frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Durante el encuentro, ratificaron que defenderán los derechos de los trabajadores a través del diálogo con legisladores y, si fuera necesario, mediante medidas de acción directa.

El encuentro, encabezado por el triunvirato conformado por Héctor Daer, Octavio Argüello y Gerardo Martínez, se extendió por más de tres horas y estuvo atravesado por la preocupación ante la iniciativa oficial que ya ingresó al Congreso. “Si es para retroceder, no va a haber negociación de ningún tipo”, advirtió Daer, mientras que Abel Furlán reclamó una “reacción concreta” de las organizaciones sindicales.

Los gremios cuestionaron aspectos del proyecto como la negociación por empresa y el denominado “salario dinámico”, a los que calificaron como intentos de flexibilización laboral. En paralelo, la CGT mantiene contactos con gobernadores y legisladores con el objetivo de frenar el avance de la reforma cuando se inicie el debate parlamentario en diciembre.

Las tarifas subirán 3,8% y volverán a superar la inflación y las paritarias, mientras el salario real continúa en caída.

El Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo incremento en las tarifas de gas y electricidad que regirá a partir del 1º de noviembre, con un ajuste promedio del 3,8 %. La medida, confirmada este viernes por la Secretaría de Energía, implica un nuevo aumento por encima de la inflación estimada y del ritmo de las mejoras salariales.

Según las resoluciones publicadas, el gas natural será el primero en registrar el alza, mientras que la electricidad tendrá una corrección similar que se oficializará en los próximos días. Las subas se suman a una serie de aumentos consecutivos que ya habían reducido el poder adquisitivo de los hogares.

El porcentaje definido supera el 2,5 % de inflación esperada para octubre y también los acuerdos paritarios recientes, la mayoría por debajo de la suba de precios. Con este esquema, el costo de los servicios básicos vuelve a presionar sobre los ingresos de trabajadores y jubilados.

A la par, el Ejecutivo autorizó una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos, lo que podría derivar en nuevas remarcaciones en naftas y gasoil. El descongelamiento de este tributo, junto con la eliminación de controles de precios, deja a las petroleras en libertad para definir sus propios aumentos.

La política de ajuste tarifario, presentada por el Gobierno como un paso hacia la “racionalización” del gasto público, consolida un escenario de encarecimiento sostenido en los servicios esenciales, con impacto directo sobre el consumo y el costo de vida de la población.

El presidente de Brasil ordenó intervenir en la investigación ante la pasividad del gobernador Cláudio Castro, acusado de encubrir ejecuciones y abuso policial.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dispuso el envío urgente de peritos federales a Río de Janeiro para investigar la masacre policial más letal en la historia del país, que dejó 121 muertos en los complejos de favelas Alemão y Penha. La decisión del Ejecutivo nacional llega tras el silencio del gobernador Cláudio Castro, cuestionado por organismos de derechos humanos por presunto encubrimiento y falta de control sobre sus fuerzas de seguridad.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó que un equipo de especialistas en necropsias, balística y ADN ya fue desplazado desde Brasilia. “El gobierno federal no permitirá impunidad ni manipulación de pruebas”, afirmó el funcionario tras una reunión de emergencia encabezada por Lula.

La intervención federal responde a las crecientes sospechas de ejecuciones sumarias y al intento del gobierno estadual de presentar la operación como un “éxito contra el crimen”. Testimonios recogidos por medios locales y organizaciones civiles aseguran que la mayoría de las víctimas no pertenecían al Comando Rojo, sino que fueron asesinadas dentro de sus viviendas.

Desde el Palacio del Planalto se confirmó además la creación de un gabinete especial que coordinará las acciones entre la Policía Federal, el Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos. “La seguridad pública no puede ser sinónimo de exterminio”, señaló una fuente oficial, en alusión directa a la política represiva de Castro.

Mientras el gobierno de Río intenta justificar el operativo, el país asiste con conmoción a las imágenes de cuerpos apilados y viviendas perforadas por disparos de fusil. Amnistía Internacional, Río de Paz y otras entidades reclamaron una investigación internacional por violaciones graves a los derechos humanos.

El contraste entre la inacción del gobernador y la respuesta inmediata del gobierno federal marca un punto de inflexión en la relación entre Brasilia y Río. En los últimos años, el estado gobernado por Castro se consolidó como el de mayor letalidad policial del país, con más de 1.300 muertes anuales a manos de las fuerzas de seguridad.

“La policía no existe para matar ni para morir”, recordaron los organizadores del acto en Copacabana que rindió homenaje tanto a los cuatro agentes fallecidos como a las víctimas civiles. En las arenas de la playa, las cruces blancas y los carteles con mensajes de paz contrastaron con el silencio del Palacio Guanabara.

Menos de dos días después del triunfo en la provincia, Sebastián Pareja envió un audio de dos minutos y medio a concejales, armadores locales y referentes seccionales —varios de ellos críticos de su liderazgo— para que lo difundieran entre la militancia. En el mensaje, el dirigente se mostraba eufórico por lo que calificó como “un éxito rotundo”.

“La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires y yo, su presidente, Sebastián Pareja, se los agradezco de todo corazón”, cerró el audio, interpretado por muchos como un intento prematuro de reafirmar su autoridad en medio de la creciente disputa con Las Fuerzas del Cielo.

En ese marco, Pareja movió fichas dentro de la interna libertaria y salió a instalar a Los Inquebrantables, el espacio que lanzó el mes pasado junto a dos de sus principales operadores en el Conurbano: Ramón “Nene” Vera, en la Primera sección, y Luis “El Negro” Ontiveros, en la Tercera.

Según indicaron a LPO fuentes libertarias, como primer paso Pareja ordenó a los concejales más cercanos que identifiquen sus bancas con el sello de Los Inquebrantables, para marcar territorio y exhibir fuerza en la interna frente a los sectores que todavía ponen en duda su conducción.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de Javier Milei consagra un recorte histórico en el financiamiento educativo nacional. Según el texto enviado al Congreso, el Estado destinará apenas el 0,75% del Producto Bruto Interno (PBI) a Educación, el nivel más bajo en dos décadas y la mitad de lo invertido hace diez años.

El dato refleja la continuidad del ajuste fiscal que atraviesa el sector educativo: mientras en 2016 la inversión nacional equivalía al 1,52% del PBI, la proyección para 2026 confirma una caída sostenida. La Nación, que aporta cerca del 25% del presupuesto educativo público —frente al 75% que cubren las provincias—, también redujo drásticamente su participación.

Un informe de Argentinos por la Educación, elaborado por el economista Javier Curcio (IIEP-UBA-CONICET) junto con María Sol Alzú y Martín Nistal, advierte que si bien se prevé una leve recuperación del presupuesto educativo nacional para 2026 (entre 4,4% y 8% respecto de 2025), esta mejora es insuficiente para revertir la contracción de los últimos años.

En términos reales, la inversión nacional en educación en 2025 será la mitad de la registrada en 2023, según los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. En pesos constantes de 2025, el gasto educativo nacional cayó de $12,3 billones en 2023 a $6,2 billones en 2025, y apenas se prevé un leve aumento a $6,8 billones en 2026.

La tendencia de los últimos años muestra una etapa de estabilidad entre 2013 y 2017, seguida de una caída sostenida desde 2018, una recuperación parcial entre 2021 y 2023, y una contracción severa desde 2024. Con el 0,75% del PBI proyectado, el presupuesto 2026 marca un piso histórico en el financiamiento educativo nacional, muy por debajo del 1% que regía en 2005, cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo.

El proyecto oficial también propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 fija el compromiso de destinar al menos el 6% del PBI (sumando Nación y provincias) al sistema educativo. Esa meta solo se cumplió una vez, en 2015.

“El año 2026 consolida una reversión de más de dos décadas de avances en inversión educativa”, advirtió Javier Curcio, aunque reconoció que podría haber una tenue recuperación si se cumplen las proyecciones macroeconómicas.

Caída en universidades, formación docente e infraestructura

La Secretaría de Educación tendrá un aumento nominal de entre 0,1% y 3,6% respecto de 2025, según la estimación inflacionaria utilizada (Gobierno o BCRA). En términos reales, se mantiene el estancamiento.

Las universidades absorberán el 77% del presupuesto educativo nacional —2,1 puntos menos que en 2025— y seguirán afectadas por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución fue frenada por decreto y judicializada por el sistema universitario. Desde el sector advierten un deterioro salarial superior al 30% desde 2023.

El Plan Nacional de Alfabetización concentrará el 9,2% de los recursos y se enfocará en ampliar la jornada extendida, aunque otros programas clave sufrirán recortes: formación docente (-25%), materiales educativos (+7,8%, por debajo de la inflación) y promoción de la lectura (+0,8%).

Las becas estudiantiles, tercera partida en importancia, recibirán el 5,8% del total. Las Becas Progresar tuvieron una reducción del 78% en términos reales desde 2023 y un 37% menos de beneficiarios.

El ajuste también alcanza a la formación tecnológica, que caerá 49,6%, y a infraestructura y equipamiento escolar, que se reducirá 62,9%, dejando sin fondos programas emblemáticos como Conectar Igualdad, el FONID y la Educación Sexual Integral.

“El presupuesto 2026 consolida el desfinanciamiento educativo iniciado en 2024 y 2025”, sostuvo el economista Juan Ignacio Doberti, para quien el Estado “deserta del sostenimiento de la educación básica y universitaria”. En la misma línea, Jorge Lo Cascio advirtió que la drástica caída en infraestructura y equipamiento “profundiza las desigualdades educativas y deja fuera de la alfabetización digital a amplios sectores sociales”.

El Presidente encabezó un encuentro con mandatarios provinciales para buscar consensos sobre las reformas laboral y tributaria, y avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026.

Con la intención de restablecer el diálogo político con los gobiernos provinciales, el presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión con 20 gobernadores en la Casa Rosada, en lo que el oficialismo presentó como el inicio de una “nueva etapa de acuerdos políticos y fiscales”.

El encuentro comenzó pasadas las 17 horas en el Salón Eva Perón y contó con la presencia de todo el Gabinete nacional, incluidos Luis Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Karina Milei y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La convocatoria fue impulsada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien destacó que el objetivo es “acelerar las reformas estructurales” y definir consensos sobre el Presupuesto 2026.

Entre los mandatarios presentes se encontraron Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros. En cambio, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) no fueron convocados, por decisión del Ejecutivo.

Los reclamos patagónicos dominaron la primera parte del encuentro. Los gobernadores Torres y Vidal insistieron en la eliminación de las retenciones al petróleo crudo convencional, un pedido que también compartieron las operadoras del sector. “Las empresas se comprometen a reinvertir todo el ahorro fiscal para aumentar la producción”, explicó Torres antes del ingreso a Balcarce 50.

Más adelante, el Presidente propuso avanzar en un pacto político para aprobar el Presupuesto 2026 junto con las reformas laboral y tributaria, que el oficialismo considera esenciales para “generar empleo y estabilidad macroeconómica”. Según fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete, Milei sostuvo que el nuevo escenario tras la victoria electoral brinda condiciones favorables para impulsar su paquete de leyes.

Por su parte, los gobernadores plantearon ajustar el superávit fiscal proyectado (del 1,5% al 0,9% del PBI) para destinar más fondos a obras públicas y transferencias federales. Desde el Gobierno, admiten que evalúan esa posibilidad como un gesto para reconstruir el consenso político y recomponer la relación institucional con las provincias luego de meses de tensión y recortes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció abiertamente el papel de su gobierno en el apoyo a Javier Milei en las semanas previas a los comicios.

“Fue una gran victoria en Argentina. Quiero felicitar al vencedor, que fue un gran vencedor y contó con mucha ayuda por nuestra parte. Contó con mucha ayuda. Le di un respaldo, un respaldo muy fuerte”, declaró Trump ante periodistas durante una escala en Asia.

El mandatario estadounidense hizo referencia al respaldo financiero y político brindado a Buenos Aires antes de las elecciones, luego de que el Departamento del Tesoro aprobara una línea de swap por US$ 20.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central argentino y dar oxígeno al programa económico del presidente Milei para poder llegar a los comicios.

Trump no solo celebró el resultado de La Libertad Avanza —al que calificó como “inesperado”— sino que también vinculó directamente la victoria con beneficios económicos para su país.
“Creo que ganamos mucho dinero gracias a esas elecciones, porque los bonos han subido, la calificación de la deuda ha mejorado. Esa elección hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos”, afirmó.

Aunque aclaró que el respaldo no fue “solo por dinero”, destacó el impacto financiero positivo de la estabilidad argentina:

“No estamos en esto por dinero. Pero sí nos fijamos en el valor de los bonos y la deuda”, subrayó el presidente norteamericano, quien planea reunirse esta semana con su par chino, Xi Jinping.

Trump también elogió el desempeño electoral de Milei:

“Fue realmente inesperado conseguir esa victoria. Algunos pensaban que sería difícil ganar. Y no solo ganó, sino que ganó mucho. Así que fue algo fantástico. Y quizá nosotros ayudamos.”

En sus declaraciones, el presidente estadounidense mencionó además a varios de sus funcionarios clave en la política hacia la región: el secretario del Tesoro Scott Bessent, el representante comercial Jamieson Greer y el secretario de Estado Marco Rubio.

“Estamos apoyando a muchos países de Sudamérica. Nos centramos mucho en Sudamérica y estamos consiguiendo un gran control en la región, incluyendo el hecho de que no queremos sus drogas. No queremos que las drogas entren en nuestro país”, dijo, en alusión a la reciente presión de Washington sobre Colombia y su presidente Gustavo Petro.

Desde el Tesoro, Bessent reforzó la lectura política del triunfo libertario.

“Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política del gobierno de Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”, afirmó.

El funcionario estadounidense señaló que los resultados de las legislativas “otorgan a Milei un mandato renovado para el cambio” y podrían impulsar la llegada de inversiones privadas y la creación de empleo.

En un comunicado posterior, Bessent destacó además la composición social del voto libertario:

“Me alegró especialmente saber que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei.”

El respaldo explícito de Washington a la gestión de Milei y las declaraciones de Trump, que asocian el éxito electoral argentino con ganancias y control geopolítico para Estados Unidos, marcan una nueva etapa en la relación bilateral, con el gobierno norteamericano reconociendo abiertamente su influencia en los resultados políticos de Buenos Aires.

La inflación volvió a tomar impulso en octubre y, según estimaciones privadas, habría alcanzado hasta 3%, lo que la convertiría en la más elevada de los últimos seis meses. Los aumentos en alimentos y bebidas, fueron el principal motor de la suba.

El Gobierno llegó a las elecciones legislativas con un índice de precios que mostraba relativa estabilidad, pero sin señales firmes de desaceleración. Tras el 2,1% registrado en septiembre, las consultoras privadas advierten que octubre cerró con un registro mayor, en medio de presiones sobre los productos de la canasta básica.

Desde el Ministerio de Economía insisten en que el “bajo pass through” —la limitada transmisión de la devaluación a los precios— permitió contener la inflación pese a la volatilidad cambiaria. Sin embargo, los relevamientos del sector privado relativizan esa visión.

De acuerdo con LCG, los precios de alimentos y bebidas subieron 1% en la cuarta semana de octubre, con un promedio mensual de 2,9%. Dentro del rubro, los lácteos y huevos lideraron las alzas con un 8,1% en cuatro semanas, seguidos por panificados, cereales y pastas, con 4,8%. En su cálculo general, la inflación se ubicaría cerca del 2,5%.

El contraste aparece con Econviews, que detectó un aumento de 0,3% en la canasta alimentaria del Gran Buenos Aires, aunque con un acumulado mensual de casi 3%. Por su parte, Libertad y Progreso proyectó una inflación del 2,4%, mientras que Equilibra sostuvo una estimación más optimista del 2,1%, similar a la de septiembre. Aunque las cifras difieren, todas las consultoras coinciden en un punto: los precios de los productos básicos siguen subiendo.

A su vez, el índice de precios mayoristas mostró en septiembre una suba del 3,9%, una señal de que los aumentos podrían trasladarse a los precios minoristas en los próximos meses. Este dato —que implicó una aceleración intermensual de 0,8 puntos— pasó casi desapercibido para el Gobierno, que suele destacar solo los indicadores más favorables.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, difundido semanas atrás, proyecta una inflación mensual del 2,1% hasta diciembre, con una leve baja a 1,9% en enero de 2026. Sin embargo, ese escenario más prudente contrasta con la afirmación del presidente Javier Milei, quien aseguró que “a mediados del año que viene la inflación dejará de existir”. Por ahora, los datos muestran una persistente inercia inflacionaria que pone en duda la narrativa oficial sobre el “fin de la inflación”.